Plan de manejo ambiental fase II

El Programa de Administración de Tierras de Honduras en su segunda Fase se ha propuesto proveer a la población, en el área geográfica del Proyecto, de servicios modernizados en administración de tierras, incluyendo mayor confiabilidad en las transacciones y un mejor y mayor acceso a los registros de la propiedad. Para alcanzar este objetivo, el Proyecto continuará promoviendo la confiabilidad del proceso de regularización, titulación y registro y el mejoramiento de los servicios de administración de tierras en términos de acceso y transparencia.

Para la segunda Fase del PATH se tiene proyectado un financiamiento neto de la AIF por 32.8millones de dólares (USD), sin contrapartida nacional, para ser ejecutados en un período de cinco años, del 2011-2016.

Tomando en consideración la Clasificación definida en la Política Operacional (OP4.01) referente al Licenciamiento Ambiental, el Proyecto se encuentra clasificado dentro de la categoría B, para lo cual se requiere un Análisis Ambiental Genérico en el cual se definan los potenciales impactos positivos y negativos y recomiendan las medidas necesarias para prevenir, reducir al mínimo, mitigar o compensar las repercusiones adversas y mejorar el desempeño desde el punto de vista ambiental y garantizar el cumplimiento de las Salvaguardas Ambientales del Banco Mundial.

En tal sentido dentro de los estudios requeridos para la aprobación de la segunda fase del PATH, se ha tenido a bien la realización del Análisis Ambiental con su respectivo Plan de Manejo Ambiental, del cual se resumen los principales aspectos a continuación.

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) ha sido incorporado a las actividades desarrolladas por los diferentes componentes del PATH II durante la ejecución de las diferentes actividades durante el año 2012, en estrecha relación con los co-ejecutores, principalmente con los relacionados con las actividades de demarcación de áreas protegidas y titulación de los pueblos Miskitos, como ser el Instituto de Conservación Forestal (ICF), Instituto Nacional Agrario (INA), así como otras instituciones de conservación de zonas protegidas y recursos naturales del país (DIMA (Dirección Municipal de Medio Ambiente, ASIDE Asociación de Investigación y Desarrollo Ecológico)y las respectivas unidades ambientales municipales de las alcaldías que forman parte del Programa de Administración de Tierras de Honduras.

royecto).

La segunda fase ha continuado siendo rectorada por el Instituto de Propiedad. (Institución creada mediante Decreto Legislativo No 82-2004, aprobado el 10 de marzo del 2004 y publicado en el diario Oficial La Gaceta el 29 de junio de ese mismo año), mientras el Instituto Nacional Agrario (INA) ha sido Co-responsable de ejecución del componente No 4 "Fortalecimiento de los Derechos de la Tierra del Pueblo Miskito".

Asimismo el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF, institución que sustituye a la AFE-COHDEFOR mediante Decreto Legislativo 98-2007, aprobada el 19 de septiembre del 2007 y publicado en el diario Oficial La Gaceta el 26 de febrero de 2008), en su condición de Institución rectora del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras, (SINAPH), con el cual se han co-ejecutados las actividades del componente No. 3 "Demarcación de Áreas Protegidas". En lo referente a la ejecución financiera esta ha estado la Unidad Administrativa de la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP-PATH).

Teniendo en cuenta las lecciones aprendidas de la primera fase y las buenas prácticas, el proyecto ha dado énfasis a mejorar la gobernabilidad del sector, el fortalecimiento institucional de agencias importantes, y en materia de descentralización un apoyo más enfocado a las municipalidades. Se ha contemplado además la previsión de mayores oportunidades al sector privado para ejecutar las actividades del Proyecto, como la modernización de registros, catastro y regularización, no obstante las actividades propias de emisión de Títulos continuaran por las Instituciones competentes.

Complementariamente, la segunda fase ha incluido en todas sus actividades la ejecución de una Estrategia de Comunicación más comprensiva; un Plan de Acción Fiduciario para mejorar la confiabilidad, y mitigar los riesgos fiduciarios, un Marco de Proceso para identificar y mitigar impactos adversos para la subsistencia de las personas afectadas por restricciones de acceso a áreas protegidas, y una Estrategia de Género para promover la equidad en los derechos de la tierra.

El Proyecto está integrado por cinco componentes:

1). Fortalecimiento institucional y del Marco de Políticas; Este componente apoyará el fortalecimiento institucional y a promover políticas para mejorar los servicios de administración de la tierra. Actividades bajo este componente por lo tanto, ayudaran a las instituciones co-ejecutoras y los municipios para operar de manera eficiente y sostenible el SINAP; llevar a cabo actividades de regularización de las tierras; mantener la información catastral, y promover la planificación territorial. Dentro de este componente se tiene previsto Elaborar el Plan Maestro y de Políticas para el desarrollo de un sistema nacional catastral, Modernización de al menos cinco (5) Registros de la Propiedad Inmueble utilizando el SURE en folio real, Establecimiento y operación de al menos ocho (8) municipalidades como centros asociados, Capacitación y entrenamiento en el uso del SURE de al menos setecientas (700) personas del sector público y privados.

2). Levantamiento Catastral y Regularización Predial; Este componente tiene como objetivo contribuir directamente a mejorar la seguridad legal de la tenencia de la tierra en Honduras a través de i) el levantamiento catastral georeferenciado de al menos 390,000 predios urbanos y rurales en el área de influencia del Proyecto, identificando la naturaleza jurídica de cada propiedad y su registro en SURE, ii) legalización, titulación y registro en Folio Real de al menos 90,000 predios dentro del área de influencia del Proyecto.

Demarcación de áreas protegidas; se tiene contemplado:

• Demarcación de al menos cuatro áreas protegidas dentro del área geográfica del Proyecto, aplicando el Manual de Procedimientos para la Regularización de Áreas Protegidas vigente y el Marco de Proceso del PATH.

• Seguimiento a la Ejecución del presente Plan de Manejo Ambiental del PATH II.

La selección de las áreas protegidas a demarcar se realizó en base a los siguientes criterios:

• a) El área a demarcar debe contener una base legal de
  respaldo, Acuerdo Ejecutivo o Decreto de Ley.

• b) Dentro del área debe de haber presencia institucional
  que desarrolle actividades de manejo y administración del área.

• c) Debe tener gran relevancia por la riqueza en su biodiversidad
  contemplada como área prioritaria dentro del SINAPH o autorizada
  por el ICF.

• d) Debe de existir presencia de asentamientos humanos dentro
  del área o en sus alrededores.

• e) Debe ser colindante con las zonas urbanas seleccionadas por el PATH II o cercanas a carreteras principales.

• f) Que la ejecución de otros proyectos o programas no se traslapen con las actividades ejecutar por el Proyecto.

4). Fortalecimiento de los Derechos de la Tierra del Pueblo Miskito; Se pretende: i) llevar a cabo de forma participativa la delimitación, demarcación, titulación colectiva y registro de las tierras de pueblos indígenas en el Departamento de Gracias a Dios enfocada en al menos 25 comunidades miskitas participantes, ii) brindar fortalecimiento institucional y apoyo organizacional a las comunidades Miskitas participantes, para establecer mecanismos alternativos de resolución de conflictos durante el proceso de delimitación, demarcación, titulación y registro, iii) Facilitar asistencia técnica y formación de capacidades a las comunidades Miskitas participantes, entre ellas: a) ordenamiento territorial y manejo de recursos naturales, y b) educación para maximizar la concientización de los aspectos legales y mejorar la capacidad organizacional relacionada con la tenencia de la tierra.

5). Gestión, Monitoreo y Evaluación.

Este componente cubre los costos administrativos de la Unidad de Coordinadora del Proyecto UCP y las actividades relativas a la supervisión, monitoreo y evaluación del proyecto.

En el documento se incluye un Marco de Referencia donde se describe la metodología, las competencias institucionales, el área geográfica del proyecto que comprende veinte y tres municipios contenidos en diez Departamentos (El Departamento de Cortes 9 municipios, Colon 2, Choluteca 1, Copan 1, El Paraíso 1, Olancho 1, Francisco Morazán 3, Yoro 3, Comayagua 1, y Gracias a Dios 1). Se describen aspectos relevantes del contexto actual para cada uno de los componentes.

Durante la segunda fase se tiene previsto modernizar el registro de la propiedad del Municipio El Progreso, y realizar el catastro del área urbana y rural, con una cantidad de 50,000 predios a regularizar. Dentro de esos procesos de regularización el proyecto se abstendrá de realizar actividades de catastro y censos de ocupantes en zonas vulnerables que hayan sido definidas por la municipalidad o por COPECO.

Los municipios con mayor cantidad de hectáreas propensas a inundación son los de Choluteca 91,296.3 has. (11.6%), Olanchito 75,684.3 has. (9.6%) y Danlí 72,046.9 has. (9.1%).

Dentro del área geográfica se encuentran 34 áreas protegidas de las cuales 27 han sido declaradas mediante decreto de Ley o Acuerdo Ejecutivo, se encuentran 7 áreas naturales propuestas para ser declaradas (Boquerón, Montaña de Botadero, Laguna de Karataska, Mocorón, Warunta, Rus, y El Cipresal). Y se definen cuatro áreas protegidas para ser demarcadas en la segunda Fase: 1). Piedra de Apagüiz, 2). Merendón, 3). Colibrí Esmeralda, 4). Mico Quemado. Se descartó Cápiro y Calentura debido a que existe la presencia del Proyecto PROCORREDOR y no se considera necesaria la inversión ya que ellos desarrollaran estas acciones en dicha área.

En relación a los derechos de tierra de los pueblos indígenas se establece que en las comunidades garífunas en el periodo comprendido entre 1993 y 2003 se titularon 32, 238.56 hectáreas y a nivel de todos los pueblos indígenas que han reclamado al Estado su acceso a la propiedad, se cuenta con un registro de 280,896.07 has, de las cuales los Lencas han sido el pueblo más beneficiado con un 53.15 % y el pueblo Chorti con el menor porcentaje del área total titulada con 1.35 %. Se identifican un total de 12 Consejos Territoriales Miskitos (KATAINASTA, FINZMOS, WAMAKLICINASTA, LATINASTA, AUHYA YARI, WATIASTA, BAKINASTA, RAYAKA, DIUNATH, BATIASTA, TRUKTSINASTA y BAMIASTA) distribuidos en los seis municipios del Departamento de Gracias a Dios. Un aspecto muy importante en relación a los procesos de titulación de los pueblos indígenas lo constituye el hallazgo que el pueblo Miskito no ha sido beneficiado con los proceso de titulación colectiva promovidos por el INA y a la fecha no se le ha otorgado un tan solo título de propiedad a este pueblo.

El marco de referencia también incluye una sección de las relaciones de las Salvaguardas Ambientales del bBanco Mundial con el Proyecto identificándose la OP4.01 Evaluación Ambiental, OP4.04 Hábitats Naturales, OP 4.10 Pueblos Indígenas, OP4.12 Reasentamiento Involuntario, OP4.09 Control de Plagas y OP4.11 Recursos Culturales Físicos.

Se identifican los impactos positivos así como los potenciales impactos negativos y además en el Plan de Manejo Ambiental se agrupan las actividades y sub- programas y se define un total de 13 Potenciales Impactos Negativos, y un total de 28 medidas de mitigación para poder contrarrestar esos poténciales impactos negativos en situaciones positivas, el PMA se ha diseñado para que cada una de las medidas de mitigación sean financiadas por los respectivos componentes el cual se tiene presupuestado en $500,000.00 para su ejecución satisfactoria, para lo cual debe prevalecer una efectiva coordinación interinstitucional.

El Especialista Ambiental en forma conjunta con el Comité Técnico del Proyecto (Conformado por el coordinador de Fortalecimiento Institucional, coordinador de monitoreo y evaluación y el Especialista Social) dará seguimiento a la ejecución del Plan de Manejo Ambiental.

Antecedentes

La inseguridad en la tenencia de tierras, rurales y urbanas, representaba una de las restricciones más severas al crecimiento de la inversión. Sumado a una fuente de inestabilidad social, y los desincentivos al uso sostenible de la tierra. La inseguridad producida por títulos traslapados, disputas violentas, y la ocupación ilegal de tierras en gran parte eran el resultado de un deficiente cumplimiento del marco legal en materia de tierras debido a instituciones administrativas débiles y con poca coordinación Interinstitucional. Se presentaban reclamos de traslapes. Alrededor del 30% de las 2.6 millones de parcelas estimadas en el país (1.8 millones en urbanas, 0.8 millones rurales), se encontraban registradas en el registro de la propiedad. Un estudio estimó que el valor total de esos bienes extralegales ascendía a un monto de US$12 billones. Lo que motivo al Programa de Administración de Áreas Rurales (PAAR) a movilizar crédito que constituye la fuente para la erradicación de la inactividad y desigualdad.

Los reclamos históricos de tierras por parte de las comunidades indígenas y afro-hondureñas adicionalmente complicaban el tema de los derechos de acceso a la tierra, problemas que no eran abordados adecuadamente.

Para tratar estos temas del sector tierras, el Gobierno implemento importantes reformas legislativas en la planificación territorial con la aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial, Reglamento de la Ley de Ordenamiento Territorial, Ley de Propiedad, recientemente aprobada la Ley Forestal Áreas Protegidas y Vida Silvestre y programas de inversión pública considerables.

El Programa de Administración de Tierras de Honduras busca establecer un sistema de derechos de propiedad nacional (Sistema Nacional de Administración de la Propiedad, SINAP) que sea completamente integrado y descentralizado. El Programa estaba propuesto para ser implementado en 20 años (en cuatro etapas de cinco años cada una).

Durante la Fase I, el PATH se trazó como objetivo la consecución de un sistema nacional integrado y descentralizado de derechos de propiedad bajo una misma entidad que genera, registra y vincula información sobre el uso de la tierra, su ubicación y status legal.

El PATH surge para establecer y operar un sistema de administración de tierras integrado y descentralizado, que provea, entre otras cosas, la información exacta sobre parcelas de tierras urbanas y rurales con el fin de crear un instrumento importante, eficiente y efectivo, en la ejecución de la estrategia para la reducción de la pobreza. Durante la Fase I se ejecutaron actividades en los Departamentos de Comayagua, Francisco Morazán, Cortés, Atlántida, Colón y Gracias a Dios.

2.1. OBJETIVOS DEL ANÁLISIS AMBIENTAL

Garantizar el cumplimiento de las Salvaguardas Ambientales del Banco Mundial y el Marco legal vigente en el País.

Objetivos Específicos

• Evaluar el documento conceptual del Proyecto y definir los impactos Potenciales Positivos y Negativos.

• Recomendar las medidas necesarias para prevenir, reducir al mínimo, mitigar o compensar las repercusiones adversas y mejorar el desempeño desde el punto de vista ambiental.

• Garantizar el respeto a las garantías individuales y colectivas de las personas naturales o jurídicas que se encuentran dentro del área geográfica del Proyecto.

• Contribuir a la protección del patrimonio cultural físico, de las especies, hábitat naturales críticos o de importancia especial, de las áreas protegidas y las áreas naturales propuestas dentro del área geográfica del proyecto.

III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Proyecto pretende proveer a la población, en el área de influencia, de servicios modernizados en administración de tierras, incluyendo mayor confiabilidad en las transacciones y un mejor y mayor acceso a los registros de la propiedad.

El Proyecto tiene cinco componentes:

• Fortalecimiento institucional y del Marco de Políticas

• Levantamiento Catastral y Regularización Predial

• Demarcación de Áreas Protegidas

• Fortalecimiento de los Derechos de la Tierra del Pueblo Miskito

• Gestión, Monitoreo y Evaluación

Componente: 1. Fortalecimiento institucional y del Marco de Políticas

Este componente incluye dos sub.-componentes:

1.1 Fortalecimiento del Marco de Políticas

Entre las principales actividades previstas se encuentran:

i) Consolidación de la política y estrategia de tierras a través de: (a) Talleres y asistencia técnica en temas comprendidos dentro del marco de políticas de tierras y regularización de tierras, (b) Elaboración de políticas y un plan maestro para desarrollar el sistema catastral del país.

ii) Fortalecimiento de la transparencia en la ejecución del Proyecto mediante la realización de la memos dos auditorías sociales sobre las actividades relevantes del Proyecto.

iii) Desarrollo de la Normativa y Marco Procesal para que los municipios puedan convertirse en Centros Asociados al IP y ejecuten las actividades del catastro, registro y regularización de la propiedad.

iv) Elaboración de documentos estándares para los protocolos notariales relacionados a los procedimientos de registro de la propiedad, a través de un proceso de consultas, la promoción de un acuerdo de propuesta para incrementar el acceso a los servicios notariales con la finalidad de incentivar la cultura de registro.

1.2 Fortalecimiento institucional

El objetivo del sub componente es fortalecer la capacidad institucional para ejecutar la administración de la tierra en el territorio nacional. Las áreas de énfasis contempladas en la Fase II son catastro, registro, mantenimiento, regularización y ordenamiento territorial.

Las principales líneas de fortalecimiento a las municipalidades e instituciones co ejecutoras serán equipamiento, capacitación, asistencia técnica, sistematización de procesos y coordinación interinstitucional para optimizar recursos propios y con otros proyectos.

El fortalecimiento institucional se realizará en:

• a) Instituto de la Propiedad

Mejoramiento a la capacidad administrativa y operativa mediante la facilitación de equipos, software y asistencia técnica para la ejecución del plan de desarrollo organizacional del IP y la integración de las actividades del PATH II en el IP, ii) continuará con la modernización de los registros de la propiedad, iii) el fortalecimiento de las Dirección General de Catastro y Geografía (DGCG), Dirección General de Registro (DGR), Dirección General de Regularización Predial (DGRP), iv) Fortalecimiento institucional en mecanismos alternativos de resolución de conflictos relacionados al levantamiento catastral y limites intermunicipales y v) fortalecimiento de la unidad informática del IP para operar el SURE y su interacción con los demás subsistemas del SINAP.

• b) Municipalidades como Centros Asociados

Los municipios recibirán además apoyo para que puedan llevar a cabo las actividades de titulación urbana y ordenamiento territorial, incluyendo zonificación y actualización de límites municipales.

c) Ordenamiento Territorial (OT)

Fortalecimiento institucional a la SEPLAN y AMHON y a las municipalidades para promover la incorporación gradual de las normas de OT en el Registro de Normativas de Ordenamiento Territorial (RENOT), el establecimiento de al menos un consejo Departamental de OT en el área de influencia del Proyecto. Con los fondos de preparación del Proyecto (PPF), se realizó un proyecto piloto en un municipio de Ajuterique, Departamento de Comayagua, cuyo plan de Ordenamiento Territorial será integrado al RENOT, para sistematizar todo el proceso, integrando y geo referenciando las áreas afectadas por normativas municipales, regionales y nacionales.

• d)  INA

Fortalecimiento de las capacidades de la institución con énfasis en la titulación rural y colectiva de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas, apoyo a la comisión intersectorial para la protección de los Derechos a la tierra de las comunidades Garífunas y Miskitas y fortalecimiento institucional al INA para la resolución alternativa de conflictos.

e) ICF

Fortalecimiento de las capacidades institucionales, incluyendo asistencia técnica y transferencia tecnológica para garantizar que juegue un papel activo en la implementación del SINAP.

Componente: 2. Levantamiento Catastral y Regularización Predial

Este componente financiará:

i. El levantamiento catastral, validación e incorporación al SURE (390,000 predios) de áreas previamente seleccionadas en 20 Municipios de 8 Departamentos del país. El proceso de levantamiento catastral podrá ejecutarse bajo la modalidad de contrataciones internacionales, nacionales o por la ejecución directa del IP/PATH.

ii. Proceso de regularización respondiendo a la necesidad existente en la población de obtener un Título de Propiedad inscrito en Folio Real.

iii. Levantamiento georeferenciado de los límites administrativos municipales y el ordenamiento territorial de los municipios seleccionados para la Fase II.

2.1. Levantamiento Catastral

El objetivo del sub.-componente es realizar el levantamiento catastral geo referenciado e identificar la situación jurídica existente, y su incorporación al SURE. Para el desarrollo de estas actividades se requiere de una serie de actividades preparatorias: Declaratoria de Zona Catastral por parte de la Dirección General de Catastro y Geografía (DGCG) del IP, toma de fotografía aérea y elaboración de orto foto digital o compra de imágenes satelitales, en la zona de cobertura del Proyecto.

Bajo este sub componente se realizará la agrimensura, validación e incorporación al SURE de al menos 390,000 predios urbanos y rurales ubicados en veinte (20) Municipios de ocho (8) Departamento del país. Esta actividad está limitada al cumplimiento de los siguientes requisitos:

• a) Estrategia de promoción y comunicación social aprobada.

• b) Certificación de técnicos.

• c) Aceptación de tolerancias y precisiones de acuerdo a las metodologías y equipos de topografía a utilizar, para el desarrollo del levantamiento catastral.

• d) Uso de las fichas de investigación de campo, elaboradas y aprobadas por el IP/PATH.

• e) Publicación del levantamiento catastral mediante la Vista Publica Administrativa.

El desarrollo de estas actividades se realizará con la participación activa de las municipalidades, ya que ellas serán los administradores de toda la información que se obtenga durante cada una de las actividades a desarrollar. Las Municipalidades tendrán participación en la supervisión de los levantamientos catastrales, asegurando el respeto a las normas de ordenamiento territorial propias de cada Municipio. De manera paralela como ya se explicó antes en el Componente I, se fortalecerá la unidad de catastro de cada Municipalidad.

La validación de los predios se hará mediante el proceso de Vista Pública Administrativa, hasta lograr la declaración de "Zona Catastrada" por parte de la Dirección General de Catastro y Geografía (DGCG).

• Regularización Predial

Generación de nuevos títulos de propiedad inmueble y su inscripción en Folio Real, así como regularización de predios con inscripción registral ya existentes y su traslado a Folio Real.

Regularización de predios con inscripción registral previa. El objetivo es realizar una investigación de los predios que poseen una inscripción registral en el Registro de la Propiedad, para comparar la realidad física y jurídica del mismo. El desarrollo de esta actividad requerirá de un trabajo conjunto de las Direcciones Generales de Registro, de Catastro y de Regularización Predial del Instituto de la Propiedad. La meta será 40 mil propiedades con regularización registral

Regularización de predios que no cuenten con documentos de propiedad, para ello se hará la identificación de la vía de regularización a aplicar y las gestiones en la institución competente para realizar la emisión de los nuevos títulos y su respectiva elevación a folio real. La meta es que al menos 50,000 predios pasen del sector informal al formal a través de la entrega de títulos de propiedad.

El total de predios a ser inscritos en Folio Real, será de 90,000; como resultado de las dos vías anteriormente descritas.

Componente: 3. Demarcación de Áreas Protegidas

Durante la fase I, la agrimensura y demarcación de áreas protegidas fue parte del Componente 2 "Regularización, Titulación y Registro Sistemático basado en Área. Durante la Fase II, se ha determinado separarlo como un componente, ya que el mismo será principalmente co-ejecutado por el Instituto de Conservación Forestal (ICF), una nueva agencia co-ejecutora del Programa que sustituye a la Administración Forestal del Estado (AFE-COHDEFOR), según la nueva Ley de Conservación Forestal y Vida Silvestre. Toda la información espacial y jurídica levantada en este componente será incorporada al SINAP.

La fase II incluirá:

• a) Demarcación de al menos 4 áreas protegidas seleccionadas de común acuerdo con el ICF. El PATH II continuará las actividades de delimitación y demarcación de zonas de amortiguamiento de áreas protegidas basada en los siguientes criterios:

• El área a demarcar debe contener una base legal de respaldo; Acuerdo Ejecutivo o Decreto de Ley.

• Dentro del área protegida debe de haber presencia institucional que desarrolle actividades de manejo y administración del área.

• Debe tener gran relevancia por la riqueza en su biodiversidad contemplada como Área prioritaria dentro del SINAPH o autorizada por el ICF.

• Debe de existir presencia de asentamientos humanos dentro del área o en sus alrededores.

• Debe ser colindante con las zonas urbanas seleccionadas por el PATH II o cercanas a carreteras principales.

• Que la ejecución de otros proyectos o programas no se traslapen con las actividades a ejecutar por el Programa.

Se contrató un Especialista Ambiental para que en forma coordinada con el ICF desarrolle las actividades y verifique el seguimiento al marco procesal de todas las actividades, así como las consultas extensas con todos los actores claves (incluyendo municipalidades, ONGs, patronatos, comunidades indígenas, entre otros) involucrados en el manejo o viviendo en las zonas de amortiguamiento. La difusión está siendo llevada a través de anuncios de radio, folletos y los talleres de validación, todo coordinado con el área de comunicación en seguimiento a la estrategia de comunicación. En cuanto la demarcación esté finalizada, el área será registrada en el RENOT.

• b) Realizar actividades específicas contempladas en la estrategia integral de comunicaciones del Proyecto, con la finalidad de concientizar a os pobladores de las áreas de amortiguamiento y sus alrededores, demarcadas por el Proyecto el tipo de uso del suelo designado.

• c) Implementación del Plan de Manejo Ambiental y el Marco de Procesos. Para garantizar una ejecución satisfactoria mediante el monitoreo del acatamiento de las salvaguardas ambientales y sociales del Banco y del PMA del Proyecto. Dentro de estas actividades se realizan monitoreos a las empresas ejecutoras de obras menores para garantizar el cumplimiento de la Guía de Seguridad Ocupacional y Mitigación de Impactos Ambientales, adjunto al final de este documento.

Componente: 4. Fortalecimiento de los Derechos de la Tierra del Pueblo Miskito

Este componente apoyará la continuación de las actividades de la fase I haciendo énfasis en:

• i) Titulación de las tierras en forma colectiva o inter comunitaria.

• ii) Fortalecimiento de las instancias organizativas de comunidades en la defensa legal y gestión sostenible de sus territorios.

Se llevará a cabo de forma participativa el proceso de delimitación y titulación comunitaria de tierras miskitas en el departamento de Gracias a Dios, utilizando la metodología y lecciones aprendidas durante la fase piloto. El INA en consulta con MASTA definirá al menos veinticinco comunidades a delimitar y titular.En cuanto al modelo de titulación en la Moskitia, se considera que será inter comunitaria salvando el principio de colectividad, lección aprendida en PATH I. El modelo antes mencionado es una propuesta consensuada por las comunidades al INA. Estos procesos de titulación se basaran en los respaldos legales que se estipulan para respetar los derechos de los pueblos indígenas y que están implícitos en las leyes nacionales y en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

La delimitación y demarcación de las tierras a titularse, se hará de manera participativa y culturalmente aceptable, lo cual consiste en reconocer como referencias físicas los límites naturales y culturales existentes así como el reconocimiento de voces y parajes. Esta forma de demarcación es consecuente con la cosmovisión de los pueblos de mantener la unidad y armonía entre las comunidades en cuanto al uso compartido de las tierras y los recursos naturales.

Complementario a la titulación de las tierras, el Proyecto apoyará con capacitación y asistencia técnica en planificación de desarrollo territorial, manejo de recursos naturales y legislación vinculante a los derechos de los Pueblos Indígenas, obtención de personerías jurídicas de cinco federaciones de la moskitia y se apoyará en la socialización y divulgación de las leyes en el ámbito comunitario

Se apoyará a las comunidades en la elaboración participativa de reglamentos para el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, asistencia técnica y capacitaciones en resolución alternativa de conflictos y ordenamiento territorial.

Los títulos de propiedad en las comunidades indígenas y afro hondureños, tienen la particularidad de ser inalienables, imprescriptibles e inembargables, lo que los limita para servir de garantía hipotecaria.

De igual forma, se apoyará a las organizaciones comunitarias con actividades de fortalecimiento, asistencia técnica y legal en la defensa de sus tierras, divulgación de las leyes relativas a los derechos de los pueblos indígenas y traducción de las mismas en lenguas propias de estos pueblos.

Componente: 5. Gestión, Monitoreo y Evaluación (M&E)

Este componente respaldará los costes relacionado con la administración del Proyecto, monitoreo y evaluación (M&E). La UCP adscrita al IP durante la Fase I, seguirá con la responsabilidad de la coordinación del Proyecto en su conjunto, y será llevado por un coordinador de Proyecto y ayudado por un equipo de especialistas técnicos, y personal administrativo. La UCP administrará el crédito y coordinará con otras instituciones, y ejecutara acciones de M&E. La UCP será responsable de:

a) Administración del Proyecto: i) Aspectos fiduciarios del Proyecto como gestión financiera, auditorias y adquisiciones, ii) capacitaciones y talleres, iii) asistencia técnica, iv) creación del comité de co-ejecutores, v) supervisión de la estrategia de comunicación del Proyecto

Las actividades de M&E incluirán:

• a) Operación del sistema integrado de administración financiero (SIAFI), que registra el avance de las metas físicas del Proyecto y financieras.

• b) Preparación del informe de progreso del Proyecto semestralmente.

• c) Levantamiento de línea base.

• d) Evaluación de medio término (MTR).

• e) La evaluación final de impacto de Proyecto.

• f) Preparación de informe de terminación (ICR).

IV. MARCO DE REFERENCIA

Metodología

Para poder desarrollar los objetivos y alcanzar los resultados planteados dentro de la Evaluación Ambiental, se desarrollaron las siguientes estrategias: procesamiento y análisis de fuentes primarias y secundarias de información.

Procesamiento y análisis de fuentes secundarias de información

Se elaboró un inventario de documentos identificando las fuentes de información existentes, así mismo se generaron mapas temáticos en relación al área geográfica del Proyecto.

Se realizó un análisis bibliográfico y documental de: las Políticas de Salvaguarda del Banco Mundial, Aspectos Biofísicos, Aspectos Socioeconómicos, Situación Etnográfica, Marco Jurídico e Institucional, Políticas Públicas y Cartografía, documentos de Proyecto (PADs) y Evaluaciones Ambientales de los Proyectos Corazón y PATH Fase I.

Procesamiento y análisis de fuentes primarias de información

• a) Gira de reconocimiento. Dentro del área geográfica definida para la fase II.

• b) Observación participativa.

• c) Análisis de estadísticas municipales de la Secretaría del Interior.

• d) Elaboración de instrumentos de entrevistas.

• e) Realización de entrevistas con informantes claves, funcionarios de gobierno central, ONGs, Gobiernos Municipales, Funcionarios del PATH entre otros.

Redacción, socialización y Validación del Análisis Ambiental y Plan de Manejo Ambiental

• a) Formulación del Primer Borrador.

• b) Realización de Talleres de socialización y validación con actores claves.

• c) Realización de Validación con actores claves y representantes del Banco Mundial.

• d) Solicitud de No Objeción del Banco Mundial.

Una vez redactado el documento final, socializado y aprobado con los diferentes actores, el mismo debe estar disponible para consultas del público en general en las Oficinas centrales del Programa de Administración de Tierras de Honduras con sede en Tegucigalpa, municipio del Distrito Central.

La socialización de la Actualización del Plan de Manejo Ambiental (PMA), fue realizada mediante la ejecución de cuatro talleres en las ciudades de Olanchito, San Pedro Sula, Danli y Tegucigalpa; los días 17, 18, 22 y 29 de marzo del 2011 respectivamente. En dichos talleres, se contó con la participación de representantes de diversas instituciones, como el ICF, INA, así como otras instituciones de conservación de zonas protegidas y recursos naturales del país (ver Actas y listas adjuntas).

Área Geográfica de Influencia del Proyecto.

El área geográfica definida para la segunda fase del PATH está contenida en diez departamentos: 1) Colón, 2) Copan, 3) Cortes, 4) Choluteca, 5) Francisco Morazán, 6) El Paraíso, 7) Yoro, 8) Comayagua, 9) Olancho y 10) Gracias a Dios y veintitrés (23) municipios.

c) Aspectos Institucionales.

En esta sección se describen las principales instituciones u organismos con competencia en relación a la administración de tierras en Honduras.

Instituto de la Propiedad (IP):

El Instituto de la Propiedad en relación a las áreas forestales presenta entre otras las siguientes competencias:

• Registrar, georeferenciar y mantener actualizado el sistema de información geográfico catastral, los límites de las zonas urbanas y rurales municipales, zonas rurales agrícolas y forestales; patrimonio histórico de la humanidad, zonas protegidas, áreas de reserva, áreas con servidumbres ecológicas, zonas costeras, zonas marítimas, cayos, manglares, zonas de riesgos y otras delimitaciones que conlleven afectaciones de uso o dominio.

• Declara las zonas catastradas

• Es la institución facultada para convocar a las vistas públicas administrativas. Titula en zonas urbanas hasta 1 ha. Y rurales hasta 25 has.

• Es la institución que rectora el Registro de la Propiedad Inmueble,

• Institución facultada para titular mediante el proceso de regularización predial.

Instituto Nacional Agrario (INA):

• Rectora de los procesos de Reforma Agraria. En caso que se detecten irregularidades en la ocupación o posesión de los predios coordinará con el ICF para lograr la solución de los conflictos que se presenten.

• Titular tierras forestales que se dedican al cultivo del café, sean de naturaleza nacional o ejidal rural no mayores a 200 hectáreas.

• Titula tierras nacionales a solicitud del IHAH, o municipalidades

• Titula a Pueblos Indígenas y Afro hondureños y grupos agroforestales

• En lo referente a los procesos de titulación de pueblos Indígenas corresponde al INA rectorar esos procesos según lo definido en el Acuerdo Ejecutivo No. 035-2001, mismo que crea la Comisión Intersectorial, esta Comisión está integrada por: INA, Secretaria del Interior y Población (SEIP), SERNA, Secretaria de Turismo, ICF, ODECO, OFRANEH, MASTA, y la inclusión del IP, IHAH, SEDINAFROH y SEPLAN:

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF):

Creado mediante Decreto Legislativo No. 98-2007 el 19 de septiembre de 2007 y publicada en el diario Oficial La Gaceta el 26 de febrero de 2008.

El Estado por medio del Instituto Nacional de Conservación y de Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, tiene las siguientes funciones:

• Administrar el recurso forestal público para garantizar su manejo racional y sostenible.

• Regular y controlar el recurso natural privado para garantizar la sostenibilidad ambiental.

• Velar por el fiel cumplimiento de la normativa relacionada con la conservación de la biodiversidad

• Promover el desarrollo del sector forestal en todos sus componentes sociales, económicos, culturales y ambientales en un marco de sostenibilidad

• Dar cumplimiento a los objetivos de la Ley Forestal Áreas Protegidas y Vida Silvestre.

Estructura del Sector Forestal:

El Sector Forestal está integrado de la manera siguiente:

• 1. El Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y VidaSilvestre.

• 2. La Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería (SAG).

• 3. La Secretaría Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA).

• 4. La Secretaría de Estado en el Despacho de Turismo.

• 5. La Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población (SEIP).

• 6. El Instituto Nacional Agrario (INA).

• 7. El Instituto de la Propiedad (IP).

• 8. La Escuela Nacional de Ciencias Forestales (ESNACIFOR).

• 9. El Instituto Hondureño del Café (IHCAFE).

• 10. El Instituto Hondureño de Cooperativas (IHDECOOP).

Y cualquier otra institución gubernamental existente o que se cree en el futuro vinculada con la política forestal de áreas protegidas y de vida silvestre.

Posee un (a) Director(a) Ejecutivo con rango de Secretario de Estado el cual es asistido por dos Sub directores:

• 1) Sub Director de Desarrollo Forestal.

• 2) Sub Director de Áreas Protegidas y Vida Silvestre.

Los nombramientos están reservados al Presidente de la República.

En un eje transversal al director ejecutivo y sub directores posee la Auditoría Interna y la Asesoría Legal, las Sub direcciones tienen una serie de Unidades de Apoyo entre ellas se mencionan: Informática, Unidad Administradora de Fondos, Asesorías, Comunicación Institucional, Gerencia Administrativa Central, Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión y además se cuenta con seis departamentos técnicos:

• 1. Desarrollo Forestal Comunitario.

• 2. Manejo y Desarrollo Forestal.

• 3. Centro de Información y Desarrollo Forestal.

• 4. Vida Silvestre.

• 5. Cuencas Hidrográficas y Ambiente.

• 6. Áreas Protegidas.

El ICF cuenta con presencia institucional en el territorio nacional y
para ello cuenta con 12 regionales y 16 Unidades de Gestión Forestal..

Consejos Consultivos:

Son instancias de participación ciudadana, de consulta, concertación, control social y coordinación de la acciones del sector público y de las organizaciones privadas y comunitarias involucradas en la protección, explotación, conservación y control social de las áreas forestales, áreas protegidas y la vida silvestre. Los tipos de consejos consultivos para tal fin son los siguientes: