De esta manera, y más allá de las diferencias, se repite la pretensión de un crecimiento económico permanente, de base material y desde el que se alcanzaría el bienestar social, entendiéndolo sobre todo como acceso al consumo. En esa visión, los impactos sociales y ambientales son minimizados y negados y la noción de límites ecológicos desaparece del horizonte de problematización, a pesar de tan claras advertencias: el agotamiento de algunos recursos como el gas natural, el deterioro creciente de los suelos, o la continua pérdida de áreas naturales. Los impactos ambientales son rechazados o negados bien apelando a la imagen de las enormes riqueza ecológicas disponibles en nuestro continente, o bien se minimizan desde el optimismo de que la ciencia y la tecnología de tipo occidental encontrarán soluciones a la contaminación o al agotamiento de los recursos.
Poco a poco, los gobiernos de izquierda derivan hacia un "capitalismo benévolo". Aceptan de buenas maneras, o a regañadientes, el capitalismo actual, pero insisten en que muchas de sus limitaciones pueden ser rectificadas desde el Estado. La idea de transformar radicalmente los estilos de desarrollo no ha cristalizado en el seno de los grupos gobernantes o en vastos sectores académicos, a pesar de la crisis en la que se encuentra sumido el capitalismo en los países industrializados. Como consecuencia, las bases conceptuales del desarrollo basado en apropiarse de la Naturaleza no se discuten a fondo y en la práctica se mantiene el mismo patrón de desarrollo basado en las materias primas. La recuperación de los precios internacionales de las materias primas parece desempeñar un papel anestésico y pocos se atreven a imaginar otros desarrollos alternativos.
2.5. LA IZQUIERDA HA DEJADO DE IMAGINAR
Las discusiones sobre desarrollo y extractivismo están íntimamente unidas. Como punto de partida en esta discusión es necesario precisar que el sendero extractivista, sea en su versión tradicional o en su versión progresista, en su versión clásica o en la renovada, es inaceptable. No sólo por su carga de impactos sociales y ambientales, sino porque sigue sin existir evidencia convincente de que su balance económico productivo sea finalmente favorable a nuestros países. El velado chantaje de aceptarlo para financiar los programas sociales también es inaceptable, en tanto no resuelve las crecientes protestas ciudadanas ni sirve para abordar adecuadamente las cuestiones de la justicia social. También es necesario abandonar el extractivismo para poder romper la larga historia de estrategias económicas que persisten en la inserción global de América Latina vendiendo materias primas, camino en el que no logramos generar articulaciones productivas nacionales o continentales.
Una primera traba en la discusión son las dificultades para imaginar alternativas al actual orden desarrollista. Un amplio conjunto de actores rechaza la necesidad de las alternativas porque están inmersos en la cotidianidad del capitalismo contemporáneo. Las urgencias diarias ocupan sus agendas y no siempre les es posible, o no la creen necesaria, una militancia social volcada a explorar algo distinto a lo ya conocido y sobre lo que no existen mapas precisos. Otros actores, que siguen siendo muy poderosos en casi todos nuestros países, creen y reproducen esas ideas desde espacios empresariales, académicos o periodísticos con discursos simplistas y conformistas. También es cierto que para muchos actores sociales el nicho de las alternativas ya está ocupado hoy por los gobiernos progresistas. Los ven como la alternativa y, por tanto, piensan que no hay que buscar nada nuevo más allá de ellos. Otros no profundizan en las alternativas debido a distintos grados de cansancio, desilusión o desconfianza con las experiencias de la nueva izquierda.
La larga lista de las bondades económicas de la minería o de los hidrocarburos se repite una y otra vez desde los espacios empresariales, políticos y académicos. Y las ideas de alternativas de desarrollo más allá de la minería o de los hidrocarburos son rechazadas como ingenuas, infantiles, peligrosas o imposibles. Se vive una extraña paradoja: la izquierda, que siempre soñó y amamantó alternativas al desarrollo convencional, concibiéndose como agente de cambio, ahora se congela, rechaza pensar en transformaciones, se atemoriza con ellas y erige defensas conservadoras.
2.6. EL DEPREDADOR, EL SENSATO, EL INDISPENSABLE
Ha sido común que empresas, muchos gobiernos y unos cuantos académicos afirmen que las denuncias y reclamos de alternativas expresan realmente la intención de prohibir todos los tipos de extractivismo. Se juega con el fantasma de la prohibición de usar minerales o con imágenes de un retroceso a un primitivismo simplista. Hay que desplegar opciones frente al extractivismo y en ese camino hacia alternativas reconocemos tres frases:
a). Extractivismo depredador – Corresponde a la situación actual, donde la actividad se hace a gran escala y el valor de los productos obtenidos no incluye los costos sociales y ambientales, que se externalizan.
b). Extractivismo sensato – Se aplica a proyectos extractivistas que cumplan realmente con las normas sociales y ambientales de cada país, bajo controles efectivos y rigurosos, que internalizan los impactos. En este caso, se apela a que los enunciados de la responsabilidad social empresarial trasciendan las declaraciones y se hagan realidad, se utilicen las mejores técnicas disponibles, en particular los sistemas de ciclo cerrado, con adecuadas medidas cuando se abandonan los proyectos. Esta es una fase intermedia en las alternativas, entendida como medida de urgencia para salir del actual extractivismo depredador. En esta fase la orientación exportadora global se reduce drásticamente.
c). Extractivismo indispensable – Es la etapa final, donde permanecerán los proyectos extractivitas que sean realmente necesarios bajo otro tipo de desarrollo.
Las alternativas que defendemos no apuntan a prohibir todas las actividades extractivitas, sino a redimensionarlas, permaneciendo las que sean genuinamente necesarias, las que cumplan condiciones sociales y ambientales, las que estén directamente vinculadas a cadenas económicas nacionales y regionales. En casos así la orientación exportadora global llega a un mínimo y el comercio de estos productos se destina sobre todo a mercados continentales.
2.7. HAY ALTERNATIVA A ESTA IDEA DEL DESARROLLO
Dada la íntima relación entre el extractivismo con las ideas sobre el desarrollo, las alternativas serán también alternativas al desarrollismo actual.
Actualmente, los "desarrollos alternativos" son cambios y ajustes necesarios para reducir y minimizar los costos sociales y ambientales y mejorar su contribución económica. Son modificaciones sobre todo instrumentales, que persisten en buena medida dentro de las ideas convencionales del desarrollo. Las "alternativas al desarrollo" (Gudynas, 2013), en cambio, pasan por discutir toda la base conceptual del desarrollo, sus modos de entender la Naturaleza y la sociedad, sus instituciones y sus defensas discursivas. Las "alternativas al desarrollo" apuntan a romper el cerco de la racionalidad actual, para moverse hacia estrategias radicalmente distintas, no sólo en su instrumentación, sino también en sus bases ideológicas. Desde esta perspectiva, el extractivismo sensato corresponde a los "desarrollos alternativos", mientras que el extractivismo indispensable sólo es posible bajo la construcción de una "alternativa al desarrollo".
En una transición post-extractivista y en una "alternativa al desarrollo" será necesario abandonar la clásica defensa del crecimiento económico como meta y necesidad del desarrollo para enfocarse en la calidad de vida de las personas y en la conservación ambiental.
2.8. UNA VIGOROSA GESTIÓN AMBIENTAL
El extractivismo depredador sobrevive gracias a la pobre y débil aplicación de las medidas ambientales, sea por omisiones, excepciones en los controles, o por las repetidas flexibilizaciones que aligeran las exigencias ambientales. Por lo tanto, las alternativas deben comenzar por algo tan simple como aplicar seriamente las evaluaciones de impacto ambiental, atender las exigencias de la normativa ambiental y fiscalizar que los proyectos las respeten de manera continua. Una aplicación seria, eficiente y adecuada de las evaluaciones y requisitos deja en claro que muchos proyectos no lograrían esos permisos o si los tuvieran tendrían lugar muchas revocaciones.
Los proyectos extractivos que obtengan permisos deben estar sujetos a una vigorosa gestión ambiental. Esta debe ser eficiente, cubrir todo el territorio de cada país y abarcar la totalidad del proceso productivo con exigencias sobre insumos, efluentes, emisiones, deposición final de los residuos, abandono del proyecto, etc. Los planes de manejo deben ser rigurosos, incluyendo medidas de mitigación, planes de contingencia para accidentes, etc. En el mismo sentido, se deben aplicar en todos los casos medidas complementarias que ya son comunes en los países industrializados, y apenas se utilizan en América Latina, especialmente seguros ambientales y fondos de garantía para los planes de abandono de minas y pozos. Esto determinará cambios importantes en aquellas empresas que aprovechan actualmente los débiles controles y seguramente varios proyectos dejarán de ser viables.
2.9. CORRECCIÓN DE LOS PRECIOS
Los precios de minerales e hidrocarburos deben ser corregidos incorporando sus externalidades sociales y ambientales. En la actualidad, precios como los del cobre o el petróleo no incluyen los costos por daños locales como la contaminación de los suelos o de las aguas. Asimismo, muchos de los "costos invisibles" son transferidos a los gobiernos locales, departamentales o nacionales, en un amplio abanico que va desde la pérdida de suelos agrícolas a los problemas de salud pública.
Para revertir esta situación es necesaria una medida simple y urgente: los análisis económicos deben ser sincerados y el precio de estos productos debe incluir todas sus externalidades. La contabilidad debe hacerse en serio, con precios corregidos, y considerando también la extracción de recursos no renovables como una pérdida. Obviamente, esto desembocará en un sustancial aumento de los costos del extractivismo y en el precio final de muchas materias primas. La corrección de los precios cambiará sustancialmente los resultados de los análisis costo-beneficio convencional. Muchos proyectos extractivistas han sido presentados como fenomenales éxitos económicos, simplemente porque los costos de los impactos sociales y ambientales no son contabilizados, quedaban invisibles en la contabilidad. Al corregir social y ambientalmente los precios se contabilizarán esas pérdidas y efectos negativos, y seguramente en muchos proyectos los perjuicios superarán a los beneficios.
La corrección de los precios seguramente también desencadenará cambios y giros en el comercio internacional. Esas materias primas se volverán más caras y los potenciales compradores buscarán otros proveedores más baratos o se conformarán con recursos alternativos. Pero si ese tipo de corrección de los precios la hace un único país de forma unilateral, los proyectos extractivistas sólo se mudarán a una nación vecina.
Por lo tanto, es indispensable que una medida de este tipo sea coordinada a nivel regional y que la corrección social y ambiental de los precios se armonice entre varios países. En la actualidad, esquemas de integración como el Mercosur o la Comunidad Andina no contemplan coordinar los precios de sus commodities de exportación. Por el contrario, compiten entre ellos ofertando o precios más reducidos o mayores ventajas para el inversor.
CAPITULO III
Conflictividad social en el Perú
3.1 LA DINÁMICA ACTUAL DE LOS CONFLICTOS SOCIALES EN EL PERÚ
La intensidad de la conflictividad social en el Perú ha construido nuevos escenarios que resulta fundamental analizar para proponer políticas para su tratamiento. Pero, resulta vital entender también cuáles son los procesos sociales que han dinamizado los conflictos sociales, y han llevado al país a esta crítica situación, que puede afectar, sin duda, la gobernabilidad democrática.
Considero que dada la diversidad de expresiones y de actores presentes en los conflictos sociales en el periodo 2006 -2015, es posible considerar la existencia de los siguientes procesos sociales:
3.1.1. Los conflictos mineros: las nuevas variantes de la conflictividad social.
La política de promoción de las inversiones mineras se diseñó en la década del 90 por el Gobierno de Alberto Fujimori, a partir de esa administración a la fecha se fue construyendo el marco normativo institucional para la promoción de las inversiones mineras, petroleras y gasíferas en las regiones del interior. Definida como una de las más importantes políticas dentro del modelo de desarrollo, las inversiones mineras se constituyeron en el dinamizador de la economía nacional. Quizá la expresión más intransigente de esta política la expresó el Presidente García con sus artículos "El Perro del hortelano" con el que ponía de manifiesto su voluntad de imponer al país la necesidad de priorizar las concesiones (y también la venta) de las tierras de comunidades campesinas y nativas, donde se encontraban las riquezas naturales codiciadas por los inversionistas privados.
Las cifras de concesiones mineras y petroleras son espectaculares: en el periodo 2006 – 2015 según la el informe de propuesta ciudadana "concesiones mineras en el Perú: análisis y propuestas de política" el 20% del territorio nacional, hoy se encuentra concesionado; de ese territorio concesionado el 49.63% son tierras de comunidades campesinas esto según el X observatorio del conflicto minero en el Perú. Si volteamos la vista hacia la amazonia encontramos que el 75% del territorio se someten operaciones de diversas actividades extractivas, principalmente la explotación de hidrocarburos, concesiones maderables, plantaciones de monocultivos y otros.
Lo cierto es que el despliegue de técnicos, operadores, vehículos de diversa índole en territorios de las comunidades campesinas y nativas generó una sensación de "invasión de territorios" que derivó en desconfianza, temores (reales o infundados) de que su modo de vida quedara definitivamente alterado.
La inversión minera constituía una de las principales fuentes de ingresos del presupuesto de la nación, distribuida luego a los gobiernos regionales y locales. Sin duda fue la actividad económica más dinámica, así por ejemplo solo en el periodo 2007- 2011, las inversiones mineras fueron 10,937, millones de dólares. El canon minero, las regalías y los aportes voluntarios, igualmente, sirvieron para que los gobiernos regionales y locales financien sus respectivos presupuestos (en el año 2010 por este concepto las regiones recibieron 3,961 millones de dólares y 380 mil dólares en lo que va del año 2011)
No obstante que las cifras mostraban que proyectos mineros y petroleros tenían éxito en la medida que lograban iniciar luego sus operaciones, lo cierto, es que la resistencia a la presencia de las inversiones mineras y petroleras fue creciendo y generando los mayores conflictos sociales. Los conflictos sociales fueron evidenciando los gruesos y lamentables errores que el Estado y las empresas mineras y petroleras cometieron en todo el proceso de concesiones y ampliación de operaciones. Fue a costa de graves conflictos con lamentables saldos trágicos, como hemos visto, que se pudo evidenciar los siguientes puntos críticos:
a) Estudios de Impacto Ambiental, cuya aprobación dependen del Ministerio de Energía y Minas. El cuestionamiento a los procedimientos de aprobación de los EIA, ha generado una crisis de credibilidad a las capacidades técnicas de la Dirección General de Asuntos Ambientales y Mineros. El punto más álgido se presentó en el reciente conflicto en la provincia de Islay con el cuestionamiento al proyecto minero "Tía María".
b) Talleres Informativos de presentación de los EIA, que generó reacciones contrarias de la población por considerar que no eran realmente procedimientos participativos y deliberantes. Esto generó la reacción de las autoridades locales y pobladores que reclamaban la "realización de las consultas ciudadanas" como procedimiento alternativo a los Procedimientos de Participación Ciudadana de aprobación de los EIA que estableció el Ministerio de Energía y Minas.
c) Derechos de uso de agua del suelo y subsuelo, otorgados por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), que generó cuestionamiento por parte de las Juntas de Usuario y comisiones de regantes quienes demandaban por su lado mayores inversiones para incrementar la oferta hídrica para las actividades agropecuarias. Este conflicto derivó en la polarización entre quienes promueven la minería y quienes promueven la agricultura; confrontación que no tuvo visos de mediación entre las partes.
d) Zonificación Ecológica y Económica y el Plan de Ordenamiento Territorial, que siendo un instrumento legal para proceder a un manejo ordenado del territorio por parte de los agentes económicos y sociales, derivó en una confrontación de las autoridades regionales con el gobierno central, respecto de la competencia de los gobiernos regionales de paralizar procesos de inversión minera en marcha.
e) La fiscalización de la actividad minera y los problemas generados por el impacto ambiental de las explotaciones mineras y petroleras. Las críticas a la actuación de OSINERGMIN (ahora de la nueva entidad fiscalizadora Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, dependiente del Ministerio del Ambiente) por su debilidad y poca capacidad de fiscalización de las empresas mineras y petroleras ante los daños ocasionados por ambiente por vertimientos de desecho y relaves mineros, por fallas en la seguridad en el transporte de minerales, petróleo y gas, han incrementado la desconfianza respecto de los impactos negativos de las actividades de las industrias extractivas. Es básicamente esta pérdida de credibilidad de la fiscalización ambiental la que ha incentivado el surgimiento de Frentes Anti Mineros, que usaron el tema de la contaminación y la falta de control, como principal argumento para construir frentes, alianzas de poblaciones para aponerse a la política de promoción de las inversiones mineras y petroleras.
3.1.1.1. Los casos más relevantes
Pero este complejo proceso de conflictos que enfrentaban a la población contra las empresas mineras evidenció, también tres tipos nuevos de conflictos sociales, que tenían orientaciones muy diferentes a las ya mencionadas. Estos son:
a) El conflicto con la minería artesanal y la minería informal. Se ha convertido en uno de los puntos más críticos de la confrontación social, motivada sobre todo por el boom de la minería aurífera, que ha estimulado para decenas de miles de pequeños productores y mineros informales se trasladaron masivamente a terrenos donde se encontraban vetas o yacimientos, generando una enorme presión social sobre las poblaciones rurales y graves daños al medio ambiente (ministerio de energía y minas, 2015) ; y también consolidado grupos económicos fuertes que tienen gran capacidad de movilización y confrontación.
El conflicto social con los mineros artesanales y mineros informales, se tornó violento no solo por las invasiones de terrenos concesionados a empresas formales, sino por las disputas con las comunidades campesinas y agricultores que veían amenazadas sus propiedades y producción agropecuaria. Abonó a esto, la poca eficiencia del Estado no solo en formalizar una actividad que no solo evadía el pago de tributos, sino que generaba graves y profundos daños al medio ambiente. Cuando el Gobierno decide formalizar esta actividad y expide los Decretos Legislativos 1010 y 1040, la respuesta de los mineros informales y artesanales fue de confrontación con trágicos saldos de muertes y heridos.
Sin embargo, este conflicto tenía otras expresiones: la oposición de las de las comunidades campesinas a la actividad minera informal; pero este conflicto no los enfrentaba al gobierno central, sino a las direcciones regionales de minería de los Gobiernos Regionales quienes eran los que otorgaban las concesiones. Los casos más críticos se han presentado en:
La cuenca del Río Ramis y la oposición de las comunidades campesinas de Azángaro y Huancané a los mineros informales de Rinconada. A pesar de un conflicto antiguo, en el cual se han organizado comisiones de trabajo, grupos de análisis, mesas de negociación, este conflicto se mantiene activo. Es uno de los de mayor envergadura. No hay términos de conciliación.
La minería informal de la zona de Huaypetue en Madre de Dios. El intento del Gobierno de prohibir el uso de dragas en la cuenca del río Huaypetue, y de avanzar en la formalización de la minería artesanal, ha generado niveles de violencia que se han extendido a otras zonas del país con saldos trágicos.
Cajabamba (Cajamarca), entre los mineros informales que invadieron el cerro Algamarca de propiedad de una empresa minera Sulliden Chahuindo); El conflicto de invasores del Cerro "El Toro" contra una empresa minera San Manuel (Santiago de Chuco – La Libertad); El enfrentamiento de los comuneros de Pomacocha (Paucar del Sara Sara – Ayacucho) contra los invasores informales al Cerro Luicho; El conflicto de los agricultores del valle de San Lorenzo y de la población de Tambogrande (Sullana – Piura) contra los mineros informales que se han posesionado en el distrito Las Lomas; los agricultores exigen que el Valle de San Lorenzo se declare como área protegida debido a la amenaza de contaminación de las aguas que afectaría seriamente la exportación de los productos del valle.
En todos estos conflictos sociales contra la minería informal lo más relevantes es que se evidencia la poca efectividad de los intentos por regularizar la formalización de la minería informal, y la regulación de la minería artesanal para garantizar no solo el cumplimiento de las normas de protección ambiental, sino de la regularización del pago de impuestos y tributos al Estado. Los saldos trágicos de estos enfrentamientos y la magnitud de la confrontación han evidenciado la extrema debilidad de los gobiernos regionales para el ordenamiento y formalización de los mineros artesanales. No hay forma de encontrar solución dialogada a este conflicto, porque toda formalización pasa por la definición de las concesiones, por un mayor control ambiental en el uso de insumos altamente contaminantes y, por supuesto, por el pago de tributos, hecho ha generado resistencia de las organizaciones de mineros informales en diferentes puntos del país, que exigen su propuesta alternativa de formalización, que incluye la legalización de sus operaciones en terrenos concedidos o de propiedad de comunidades.
A la fecha, el punto crítico se ha centrado en la derogatoria de las Leyes 1010 y
1040, así como la derogatoria de los Decretos de Urgencia Nº 012-2010, 04-2011 y 07-2011 La fuerte resistencia de los mineros informales busca, precisamente paralizar la aplicación de las que crea una zona de exclusión minera en Madre de Dios.
Las mesas de diálogo que se constituyeron para canalizar las demandas de los mineros informales, finalmente no tuvo resultados positivos. La FENAMARPE se retiró de las reuniones, y hoy, el tema de la minería informal es uno de los puntos críticos que puede estallar en cualquier momento, y frente a los cuales los mecanismos institucionales resultan poco eficientes para su resolución.
b) La confrontación de Gobiernos Regionales contra el Ministerio de Energía y Minas por competencias en torno a las concesiones mineras, lotes petroleros y gasíferos.
Actualmente los Consejos Regionales de Cusco, Puno, Cajamarca, Arequipa, tienen proyectados Ordenanzas Regionales que entran en colisión con las competencias del Ministerio de Energía y Minas de otorgar las concesiones de nuevos proyectos mineros en el territorio nacional.
Los recientes conflictos en el Sur: Proyecto Tía María en Arequipa, Proyecto Quellaveco en Moquegua, Proyecto Santa Ana en Puno, entre los más recientes, así como la intención de los gobiernos regional Cusco y Puno de Ordenanzas para impedir se otorguen nuevas concesiones mineras y petroleras dentro de sus regiones. Esta actitud, ha evidenciado que los gobiernos regionales, respaldados o presionados por los frentes de defensa de sus regiones, busquen una salida política administrativa como forma de impedir que prosperen estos proyectos y lograr su retiro de la región.
Las implicancias políticas de esta medida aún no están claramente evaluadas; no obstante, es probable que se esté gestando una confrontación de los Gobiernos Regionales que cuentan con recursos mineros y petroleros contra el Gobierno Nacional y la política de promoción de la inversión minera, petrolera y de gas en el territorio nacional.
c) La confrontación en torno a los Estudios de Impacto Ambiental (EIA)
El grado de violencia alcanzado en el distrito de Cocachacra de la provincia de Islay contra el proyecto minero Tía María de la Southern Perú Cooper Corporation (SPCC) y la violencia desatada en el distrito de Chugur, provincia de Hualgayoc, Cajamarca por la población que se opone al Proyecto Tantahuatay de la empresa Coimolache, tiene como centro del conflicto, el cuestionamiento al proceso establecido de participación ciudadana en la presentación de los EIA por parte de los proyectos de inversión minera8.
La oposición a estos proyectos cuestiona el procedimiento establecido para la presentación de los EIA, y en su intento por imponer un contrapeso a la competencia del Ministerio de Energía y Minas, han desarrollado las siguientes iniciativas:
i) La convocatoria de las Municipalidades Distritales a Consultas Ciudadanas a los vecinos para decidir si aceptan la presencia de los proyectos mineros. Aunque las consultas ciudadanas no tienen carácter vinculante, vale decir, no pueden afectar el proceso de aprobación de los EIA y de los permisos para el inicio; no obstante los casos donde se han realizado, en la práctica han paralizado los proyectos. Así pasó en el distrito de Tambogrande – Sullana, Piura; en la provincia de Huancabamba, Piura; en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay, Arequipa; y en todas ellas el grado de violencia alcanzado llegó a su clímax, luego de que la población aprobara por mayoría absoluta la negativa a la presencia del proyecto minero en su distrito.
ii) El cuestionamiento a la DGAAM en la aprobación de los EIA, Los pobladores y autoridades locales que se oponen a los proyectos de exploración han buscado anteponer al procedimiento de aprobación de los EIA, las ordenanzas municipales que declaran zonas de reservas protegida municipales a las lagunas y fuentes de agua de su circunscripción. Estos casos se han presentado en el reciente conflicto del distrito Chugur contra la empresa Coimolache; antes se presentó en la disputa de la municipalidad provincial de Cajamarca en torno al proyecto minero en el Cerro Quilish, entre los más importantes9.
d) La Zonificación Ecológica Económica y Ordenamiento Territorial, como instrumento de control de las concesiones mineras y petroleras. Así como para la aprobación de los proyectos de exploración minera y petrolera. Este argumento ha sido usado por las autoridades de los gobiernos regionales de Cajamarca, Puno y ahora, recientemente Cusco, con el objetivo preciso de contrapesar las decisiones del Ministerio de Energía y Minas respecto de la promoción de las inversiones mineras, petroleras y gasíferas en el territorio nacional. Aunque no se han aprobado, todavía Ordenanzas Regionales de Aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial y de Zonificación Ecológica y Económica, en la práctica, este argumento está confrontando a los gobiernos regionales con el gobierno nacional.
Uno de los resultados de este proceso de confrontación entre autoridades regionales y municipales contra la DGAAM y la política de promoción de las inversiones mineras, petroleras y gasíferas, ha sido, en la práctica la paralización de los proyectos de exploración; pero quizá lo más crítico, sea el debilitamiento y pérdida de credibilidad de la DGAAM y de los organismos de control y supervisión ambiental. Lo acontecido en torno a la aprobación del Proyecto Tía María puede ser ilustrativo: la DGAAM cedió a la presión social (se entiende luego de la trágica muerte de tres pobladores) y rechazó el EIA. Lo pudo hacer antes, pero no lo hizo.
e) Los conflictos por la redistribución del canon
El cuestionamiento a la norma que regulaba la distribución del canon minero ha sido fuente permanente de conflictos sociales que ha enfrentado a regiones.
Además de estos conflictos, se puede considerar como expresión de la lucha por la redistribución del canon los casos siguientes:
Los casos más significativos se han presentado en el conflicto entre las Regiones de Moquegua y Tacna, con saldos trágicos. Este conflicto obligó al Congreso y al Gobierno modificar la Ley del Canon para aplicar otro criterio en la distribución del canon10, sin embargo, los enfrentamientos entre ambas regiones no cesaron, se trasladaron hacia otro tipo de demandas, al punto que es probable que las tensiones se vuelvan a presentar ya sea por la definición de límites territoriales o por la propiedad de fuentes hídricas y recursos mineros.
El conflicto entre las provincias de Cañete (Lima) y Chincha (Ica) por los límites territoriales; conflicto que tiene a la base la disputa del terreno donde se asienta el complejo gasífero Pampa Melchorita del Consorcio Perú LNG11. Esta demanda no está canalizada, ha devenido en un tema de límites territoriales donde el Centro Poblado "Nuevo Ayacucho", que está en ambos lados de la línea de disputa, es el escenario de conflictos sorprendentes acciones de destrucción de infraestructuras de canales.
f) La alta conflictividad social como expresión de la mala relación de empresas que concentran conflictos con su entorno social.
Aunque no existe una relación detallada y pormenorizada de empresas mineras que enfrentan conflictos sociales con las poblaciones de su entorno, se puede establecer, sin embargo, según los reportes de la Defensoría del Pueblo, la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas y de la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales de la PCM, que en términos generales son cerca de
80 empresas mineras y petroleras (en fase de proyectos de exploración y/o proyectos de operación) los que han enfrentado conflictos con comunidades y organizaciones sociales de su entorno.
No todos, por supuesto, tienen la misma causa, ni son contrarios a la presencia del proyecto minero. Lo significativo, en este caso, es la evidencia de dos tipos de casos: a) empresas que concentran más de cuatro conflictos con comunidades de su entorno social, y b) empresas que mantienen conflictos de larga duración.
Respecto de las empresas que más conflictos concentran, hemos identificado a once (11), conflictos que, por lo demás se presentan en las distintas zonas de operación de las empresas, y que evidencian en cierta medida, que una mala estrategia de relacionamiento con las poblaciones y organizaciones sociales de su entorno. Es probable que estas empresas arrastren un pasivo ya sea por incumplimiento de compromisos o porque las relaciones de confianza, necesarias para construir una imagen empresarial proactiva con el desarrollo de la localidad, no ha construido confianzas. .
3. 2. Conflictos por Recursos Hídricos
La disputa por este recurso natural ha estado presente siempre en las comunidades y poblaciones rurales en todo el país. Ha enfrentado a distintos actores sociales, toda vez que este es un bien escaso y a la vez vital para el funcionamiento de la vida de las poblaciones urbanas y rurales, así como de las actividades productivas agrarias, industriales y mineras. Disputas, que por lo general han tenido la particularidad de ser reiterativos, han perdurado en el tiempo, generado divisiones entre comunidades, distritos, provincias y ahora regiones. Los precarios consensos y equilibrios logrados luego de las disputas volvían siempre a activarse cuando escaseaba el agua o se ponía en entre dicho los derechos de uso del agua de los ríos y lagunas; no obstante, la particularidad de estos conflictos es que no trascendían los espacios locales o de cuenca en el que se presentaban.
Lo nuevo en estos conflictos por el agua es que se producen dentro del desarrollo de dos dinámicas del crecimiento económico del país:
Por un lado, el dinamismo de los proyectos agroindustriales de exportación que requiere mayores volúmenes de agua para poner en producción las nuevas tierras agrícolas incorporada; así como el crecimiento del número de regantes que han demandado mayores obras de infraestructura de riego. Este incremento de la demanda por más agua, no solo ha reactivado tensiones que ha enfrentado a comunidades contra comités de regantes y regiones que se disputan la administración de proyectos de infraestructura hídrica. Conflictos, que por lo demás, han venido a reactivar rivalidades regionales.
Por otro, la creciente importancia de las inversiones mineras y de infraestructura hidro energética mineras, que requieren para su concreción la obtención de derechos de agua sobre cuencas, lagunas y aguas de subsuelo, y que puede llevar, en algunos casos al desplazamiento de poblaciones de sus lugares de origen. El problema central, sin embargo, es la presión ejercida por los proyectos de inversión minera para obtener la propiedad de derechos de uso del agua. Si a eso, le añadimos, los conflictos generados por la contaminación de ríos y fuentes de agua que han producido algunas operaciones mineras, podemos concluir, que los conflictos por el agua han adquirido una dimensión política mayor que pone en cuestión estrategias de desarrollo económico del país. El hecho que las inversiones mineras se hayan convertido en la principal fuente de ingresos para el Estado, y que existan políticas preferenciales para beneficiar la inversión minera, ha sensibilizado a las poblaciones rurales que se han movilizado con inusitada violencia contra estos proyectos. (MINEM, 2011).
Estas dos grandes tendencias han puesto en tensión a diferentes actores de la sociedad rural peruana, preocupadas ciertamente por la posibilidad que el recurso agua se agote por el incremento de la demanda sin que exista realmente un balance de la oferta hídrica en la mayoría de las cuencas, o, por el contrario, sea contaminada por las operaciones mineras.
Esto explica el incremento de conflictos por el agua en los últimos tres años: en enero
2008, la Autoridad Nacional del Agua registró 94 conflictos por el agua; en el 2010 esta cifra se incrementó a 244. Es probable, sin embargo, que este registro considere disputas entre regantes de un comité, o controversias en las Juntas de Usuario de Riego de diferentes cuencas, que no llegan a ser propiamente conflictos sociales. No obstante eso, si registramos los casos de conflictos sociales que se han presentado en las cuencas y que han motivado una intervención de diferentes instituciones regionales y del Gobierno Nacional, podemos encontrar que en 35 cuencas se han registrado conflictos sociales en los últimos tres años, algunos de ellos con graves y trágicas consecuencias (ANA, 2008). Lo importante a destacar en este tipo de conflictos es la intensidad con la que se presentan y la convocatoria, en torno a ella, a diversos actores sociales que levantan reivindicaciones regionalistas o de contraposición de la agricultura con la minería, en un claro afán de oposición de una actividad productiva contra otra.
Según la Autoridad Nacional del Agua, un conflicto por el agua es una disputa entre usuarios de riego por la administración de los Comités, los turnos en el uso del agua, o disputas conflictos de intereses que se presentan dentro de las Juntas de Usuarios de Riego. Pero visto desde la perspectiva del control de los recursos hídricos y de la defensa del recurso agua considerado como de propiedad de una región o de una provincia, los conflictos adquieren otra dimensión. Enfrentan a comunidades campesinas contra proyectos de inversión minera o petrolera que le disputan derechos de agua; a regiones por la ejecución o administración de proyectos de infraestructura hídrica, o a poblaciones por la defensa de cabeceras de cuencas a las que consideran intangibles.
a) La nueva institucionalidad y sus limitaciones
La radicalidad con la que se manifiestan estos conflictos y su persistencia en el tiempo nos hace preguntar respecto de por qué son de difícil tratamiento. Habiéndose constituido una nueva institucionalidad para la gestión del Agua (La Ley de Recursos Hídricos y la constitución de la Autoridad Nacional de Agua), y habiéndose elaborado normas que permiten la participación ciudadana en los procesos de aprobación de los proyectos de inversión en exploraciones mineras o de construcción de infraestructura hidroeléctrica, sin embargo, los conflictos por el agua no logran ser canalizados ni resueltos por los mecanismos formales establecidos.
Una razón que explica este hecho es ciertamente el problema de la debilidad institucional de los mecanismos existentes y la desconfianza en la actuación de las instituciones públicas encargadas de las autorizaciones de las concesiones mineras y de la aprobación de estudios de impacto ambiental. Lo más significativo de esta crisis de credibilidad es la exigencia de las organizaciones opositoras a los proyectos de inversión minera a que se otorguen concesiones sin antes haber definido la zonificación ecológica y económica y el ordenamiento del territorio para determinar si admite o no otorgar nuevas concesiones mineras. Este nuevo giro en la resolución de los conflictos, sin embargo, no resuelve el problema, sino que ubica el conflicto en otro plano: en la confrontación de las competencias del gobierno nacional con las competencias de los gobiernos regionales respecto de la ejecución de políticas mineras o hidro energéticas.
Otra razón, es que en ese conflicto, lo que se ha puesto en cuestión son los mecanismos de toma de decisiones en los procesos de aprobación de los proyectos de inversión en minería, petróleo, gas o proyectos hidro energéticos. Es obvio que la población no acepta los procedimientos establecidos por los reglamentos y normas de participación ciudadana para aprobar los Estudios de Impacto Ambiental. En su lugar, han confrontado estos mecanismos con la convocatoria a consultas ciudadanas que adquieren un carácter plebiscitario. La consulta ciudadana, convocada por las autoridades municipales, se ha convertido en un instrumento de validación de la protesta social sin que medie en su tratamiento el debate técnico. En el fondo, la disputa pone en cuestión el rol de la autoridad administrativa del Ejecutivo: Ministerio de Energía y Minas; Ministerio del Ambiente, Autoridad Nacional del Agua. De tal manera que lo que hoy está en cuestión ya no es solo el tema de la aprobación de los EIA, sino el traslado de la decisión de una instancia administrativa del Ministerio de Energía y Minas o de otras entidades del ejecutivo, a la población y a sus autoridades municipales locales.
Este es, quizá, el principal resultado de una larga experiencia de conflictos por el agua que ha enfrentado a las poblaciones rurales con los proyectos mineros.
Para una mejor comprensión del tipo de conflictos que se presentan en torno al uso o gestión del agua, hemos identificados tres tipos de conflictos:
i) Conflictos contra proyectos de exploración minera por uso de fuentes de agua y contaminación de las cuencas, que enfrenta a comunidades campesinas, agricultores de valle y autoridades locales regionales contra empresas mineras. Estos conflictos se orientan a cuestionar los procedimientos de concesiones mineras y derechos de agua, los procedimientos de aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental, y la demanda de la población de la consulta previa para otorgar la "licencia social". Los casos más críticos de este tipo de conflictos se han presentado en el sur: Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco y Puno; en el norte: Cajamarca y Piura; y en el centro, en Ancash.
ii) Conflictos contra proyectos de inversión hídrica, que enfrenta a poblaciones de regiones que se disputan derechos de uso del agua de una cuenca, y que ha involucrado a las autoridades de gobiernos regionales. Son conflictos que han adquirido el carácter de reivindicaciones regionalistas o afirmaciones localistas con el objetivo de afirmarse en su demanda. Los casos más críticos se han presentado en torno al Proyecto Majes Siguas II, que ha enfrentado a los gobiernos regionales de Arequipa y Cusco, quien a su vez, ha involucrado al gobierno regional de Apurímac para generar mayor presión para impedir que se ejecute la construcción de este proyecto. Pero existen otros que se reactivan periódicamente y que adquieren mayores niveles de violencia cuando se presentan como es el caso del conflicto en torno al Proyecto Especial Tambo – Ccaracocha (PETACC) que enfrenta a las regiones de Huancavelica e Ica por el uso de las aguas del sistema de Choclococha asignados para el valle de Ica. Los pobladores de Huancavelica exigen el uso compartido y el manejo integrado de dichas aguas, así como la re categorización del PETACC como proyecto bi regional. La autoridad regional de Ica y la administración técnica del PETACC se oponen a ello porque consideran que esa obra fue hecha y financiada por los iqueños; y el caso del conflicto por la Presa Ancascocha, que enfrenta a comuneros de Cora Cora Ayacucho, reclaman por el uso de las aguas de la presa Ancascocha que desde su construcción (1889) han venido siendo utilizadas solo en el valle de Yauca (Arequipa) y por usuarios de la localidad de Chaviña.
Otros resultados de este conflicto por el agua los podemos resumir en los siguientes puntos:
Que los conflictos han fortalecido el sentimiento de propiedad del recurso agua o de la cuenca por parte de una comunidad, una provincia o una región; y que llevado a nivel de sentimiento localista o regionalista ha ido construyendo liderazgos y organizaciones de corte muy radical en la confrontación.es el que se fortalece en la mentalidad de los pobladores y de las autoridades regionales.
Que los conflictos por la representatividad y legitimidad de las organizaciones de usuario de riego, que si bien forman parte de la construcción de liderazgos dentro de la nueva institucionalidad del agua (Autoridades Administrativas del Agua y los Consejos de Cuencas Hidrográficas) (diario el comercio, 2010), sin embargo, una forma de legitimar su liderazgo es tomando parte activa en los enfrentamientos contra las concesiones mineras dentro de las cuencas donde éstas funcionan.
Así, por ejemplo, las demandas de la Junta Nacional de Usuarios de Riego del Perú (JNUDRP, en adelante), que ha realizado dos movilizaciones nacionales, con saldos trágicos en cada una de ellas, centra su cuestionamiento a las normas que crean la institucionalidad del agua. Piden la derogatoria del Decreto Legislativo Nº 1081, que crea el Sistema Nacional de Recursos Hídricos y el Decreto Legislativo Nº 1083 y la parte pertinente que crea la ANA del DL N° 997, así como pide una concertación y un plan nacional para fomentar el manejo eficiente del agua (JNUDRP, 2009)
Las comunidades campesinas, por su parte tienen otras preocupaciones relacionadas con los temores de la contaminación del agua por las actividades de extracción minera y petrolera; y por la pérdida de sus tierras por la puesta en marcha de los grandes proyectos mineros y los proyectos hidroeléctricos. Eso es lo que explica las explosivas movilizaciones en Arequipa, Cusco, Puno, Tacna, Moquegua, Huancavelica, Cajamarca, Piura, entre las regiones con más conflictos.
El temor que la actividad minera modifique la hidrografía de las partes altas de las cuencas es la razón suficiente para que los comuneros y pobladores de las zonas de los valles pongan reparos a las concesiones en las cabeceras de cuenca. Esto explica las violentas manifestaciones de los pobladores de Huancabamba contra el proyecto Majaz, en Piura; o las movilizaciones de los ronderos en Cajamarca, Hualgayoc y Santa Cruz en la región de Cajamarca.
3.3. ANALISIS DEL CONFLICTO MINERO TIA MARIA
En el año 2010 la consultora pricewaterhousecoopers denomina al Perú como uno de los principales centros de inversión minera del mundo. Los gobernantes de turno hablan de cifras y proyecciones económicas basadas en la extracción de los recursos, y de la importancia del crecimiento económico que generan las empresas extractivas sin mencionar los costos sociales y ambientales que ello implica.
Los costos sociales durante el gobierno Alan García (2006 – 2011) murieron 193 personas en conflictos sociales, de los cuales fuero 153 civiles; mientras en la gestión de presidente Ollanta Humala, las cifras van en ascenso con el conflicto de tía María de southern copper son 60 muertos durante su casi cuatro años de gestión, debido a que la criminalización y la represión han sido una alternativa para imponer este modelo de desarrollo
3.4.1. Narrando el conflicto
El 23 de marzo se inició un paro indefinido en la provincia de Islay en la región Arequipa contra el proyecto minero Tía María de Southern Copper. La respuesta del Gobierno fue enviar más de 2,000 policías y, como consecuencia de ello, más de 20 personas resultaron heridas víctimas de cartuchos de perdigones o bombas lacrimógenas disparados por policías.
Para comprender mejor, a qué se debe la oposición de los agricultores de Islay a este proyecto minero, es importante tomar en cuenta algunos datos.
Tía María se ubica en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay, región Arequipa. Este proyecto tiene estimada una producción de 120 mil toneladas de cobre por año y una inversión de unos 1, 200 millones de dólares para su construcción. En principio, el inicio de sus operaciones estaba planeado para finales del 2011, pero ya han pasado cuatro años y el proyecto no se ejecuta debido a la oposición ciudadana.
Otros datos a tomar en cuenta son los siguientes:
1.- El EIA y sus 136 observaciones
En el 2009, se presentó el primer Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Tía María y recibió 136 observaciones de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicio para Proyectos (UNOPS).
En agosto del 2014, el Ministerio de Energía y Minas aprobó el segundo EIA sobre Tía María, a pesar de la preocupación de la ciudadanía. El Gobierno señaló que se habían subsanados las observaciones, pero los ambientalistas señalan que estas observaciones deben ser levantadas por UNOPS, la misma institución que las realizó.
El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, anunció que el viernes 10 de abril se va a publicar un documento con contenido técnico acerca del proyecto con el objetivo de aclarar que Tía María no afectará a la agricultura. Veremos cuál es la respuesta de los opositores.
2.- Los "héroes ambientales" de Islay
Durante el gobierno de Alan García, en abril del 2011, ciudadanos de la provincia de Islay protestaron contra Tía María. Producto de la represión policial, tres personas perdieron la vida. Néstor Cerezo Patana, Aurelio Huarcapuma Clemente y Andrés Taipe Chuquipuma murieron víctimas de perdigones disparados por policías. La provincia de Islay los declaró "héroes ambientales" en la lucha contra Southern Copper.
3.- El Valle de Tambo y el tajo abierto
Otro de los aspectos importantes es que si Tía María se ejecuta, se estará realizando explotación minera a tajo abierto en el Valle de Tambo, una zona dedicada a la agricultura. Los opositores argumentan que el proyecto minero afectará a las producciones agrícolas. Como señala el EIA, la explotación de Tía María será a tajo abierto, un cuestionado método de extracción que utiliza explosivos y deja enormes agujeros en la tierra.
4.- El apoyo de los alcaldes
La protesta en Islay no le mantendría tan firme si no contaran con el apoyo de los alcaldes del Valle de Tambo.
El domingo pasado, Richard Ale Cruz, alcalde provincial de Islay; Helar Valencia, alcalde de Cocachacra; y José Ramos, alcalde de Punta de Bombón, iniciaron una marcha de sacrificio hacia la ciudad de Arequipa. A su llegada, conversaron con la gobernadora regional Yamila Osorio, quien dijo que ya estaba pactada una cita con representantes del Ejecutivo.
5. El rol del Gobierno central
La minera Southern Copper se queja de la falta de apoyo del Poder Ejecutivo. Sin embargo, el Ministerio de Energía y Minas aprobó el EIA y cuando Julio Morriberón dijo que Tía María se cancelaba, la ministra Rosa María Ortiz salió a defender el proyecto y a manifestar el apoyo a la actividad extractiva. Además, minimizó la protesta en Islay. En declaraciones a la prensa dijo:
"?Tía María? no se va. La protesta de los antimineros es muy pobre, con el pasar de los días se ha desinflado. El gobierno está del lado de todo tipo de inversión, no solo minera".
6.- La falta de credibilidad de Southern Copper
La empresa minera con sede en México tiene serios cuestionamientos. En enero del 2015, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental pidió dos años y medio de pena privativa de la libertad y el pago de una reparación civil de 1 millón de dólares para el presidente ejecutivo de Southern Perú, Óscar González Rocha por el delito de contaminación ambiental en el mar de Ilo.
En mayo del 2008, el Osinergmin multó con 608 mil nuevos soles a Southern por cometer infracción a las normas medioambientales. La empresa minera no cumplió con el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, superó los límites máximos permisibles y atentó contra la Ley General de Salud, Ley General del Ambiente y el Reglamento para la Protección Ambiental en la actividad minero metalúrgico.
Gracias al Mapa de Infracciones Ambientales de Convoca.pe, pudimos conocer que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) multó 14 veces a Southern Copper por un monto total de 530, 745 dólares.
Conclusiones
1. las actividades extractivas especialmente la extracción de los recursos minerales es el factor principal del crecimiento económico del país y como estrategia de desarrollo a corto plazo. Existe correlación entre las actividades extractivas y los conflictos sociales a mayor extracción de recursos minerales será mayor los conflictos sociales.
2.- actualmente las actividades extractivas a diferencia de los décadas anteriores a los años 1990 no articula a la economía nacional, Que ese modelo no promueve la integración del sector primario con la industria nacional y con otros sectores productivos nacionales "a pesar de los profundos cambios políticos continentales (…) los sectores extractivos mantienes su importancia y son uno de los pilares de las estrategia de desarrollo actuales" (Gudynas, 2009), por el contrario genera externalidades negativas a la sociedad peruana, especialmente a las poblaciones rurales
Ese modelo económico anima con mayor peso a las políticas e inversiones del Estado y del exterior a que se propicie los medios necesarios para facilitar la comercialización de materias primas a nivel nacional, como también a nivel de las regiones y localidades. Sector productivo prioritariamente articulado con el mercado exterior, más que el mercado interior.
3.- modelo de desarrollo extractivistas consagra el modo de vida moderno, occidental, consumista y capitalista, que limita su noción de éxito y felicidad a tener cada vez más cosas materiales. Denigra como inferiores a otros modos de vida, comunitarios, indígenas, basados en otras formas de producción, intercambio y convivencia. Una y otra vez se repite la visión de la Naturaleza como una canasta de recursos que debe ser aprovechada
4.- . Los llamados a proteger el ambiente, o los conflictos sociales que se originan por diferentes externalidades ambientales y sociales, provocadas por este modelo, son muchas veces ignorados, casi siempre minimizados o rechazados y resistidos como "trabas" al desarrollo o son catalogados terroristas. Y los factores más resaltantes son: las metas incompatibles, hostilidad y la mala comunicación, el modelo económico basado en el mercado, desigualdad social, estratificación social.
Bibliografía
Acosta, Alberto.. (2009) La maldición de la abundancia. CEP y AbyaYala, Quito.
Alayza, Alejandra y Eduardo Gudynas (eds). (2011). Transiciones. Post extractivismo y alternativas al extractivismo en el Perú. CEPES, CLAES y RedGE, Lima.
Arellano-Yanguas, J. (2011). ¿Minería sin fronteras? Conflicto y desarrollo en regiones mineras del Perú. Lima: IEP / Fondo Editorial de la PUCP.
Aste Daffos, J. (1997). Transnacionalización de la minería peruano: problemas y posibilidades hacia el siglo XXI. Lima: Friedrich Ebert Stiftung.
Cardoso, F., y E. Faletto. (1969). Dependencia y desarrollo en América Latina. México D. F.: Siglo XXI Editores.
CEPAL. (1994). El regionalismo abierto en América Latina y el Caribe. CEPAL, Santiago.
De Echave, José, A. Diez, L. Huber, B. Revesz, X.R. Lanata y M. Tanaka. (2009). Minería y conflicto social. CBC, CIPCA, CIES e IEP, Lima.
Gudynas, Eduardo. (2009). Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. Contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual, En Extractivismo, política y sociedad. CAAP y CLAES, Quito.
Gudynas, Eduardo. (2010) La ecología política del progresismo sudamericano: los límites
del progreso y la renovación verde de la izquierda. Sin Permiso, Barcelona, 8: 147-167. Gudynas, Eduardo. Alcances y contenidos de las transiciones al postextractivismo.
Plan nacional para el Buen Vivir, 2009-2013.
GUDYNAS, E. (2011), "Más allá del nuevo extractivismo: transiciones sostenibles y alternativas al desarrollo;pp 379- 410, En: "El desarrollo en cuestión. Reflexiones desde América Latina", F. Wanderley, ed. Oxfam y CIDES UMSA, La Paz, Bolivia, 2011
SENPLADES. (2009). (Secretaría Nacional de Planificación), Quito.
Ponce, J. & Acosta, A. (2009). "La pobreza en la "revolución ciudadana" o ¿pobreza de revolución?". Quito: Ecuador Debate 81: 7-19.
Schütz, J. (2004). Bonanza macroeconómica y malestar microeconómico. Lima: Universidad del Pacífico.
Scurrah, M. (ed.). (2008). Defendiendo derechos y promoviendo cambios. El Estado, las empresas extractivas y las comunidades locales en el Perú. Lima: OXFAM, IBC e IPE.
Sotelo, Vicente y Pedro Francke. ¿Es económicamente viable una economía post-extracivista?, En A. Alayza y E. Gudynas, eds.
Tortosa, J.M. (2001). El juego global. Maldesarrollo y pobreza en el capitalismo global. Barcelona: Icaria.
Transiciones. Post extractivismo y alternativas al extractivismo en el Perú. (2011). CEPES, CLAES y RedGE, Lima.
Wallerstein, I. (1979). El moderno sistema mundial. La agricultura capitalista
y los orígenes de la economía-mundo europea en el siglo XVI. Madrid:
Siglo XXI Editores.
Autor:
Eloy Mamani[1]
[1] Es soci?logo por la universidad nacional del altiplano; especialista en temas ambientales y el desarrollo
 Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente  |