Caso Lava Jato, corrupción en Brasil

Lava Jato es la más grande investigación contra la corrupción en la historia de Brasil e involucra a funcionarios del más alto rango del gobierno del ex presidente Luiz Inácio 'Lula' da Silva. Las pesquisas son dirigidas por la Policía Federal de ese país.

Las autoridades descubrieron que un grupo de directivos de grandes empresas se repartían un porcentaje de cada obra de Petrobras -la petrolera más importante de Brasil- con políticos y funcionarios poderosos. Se estima que el monto empleado para sobornos y transferencias ilegales asciende a US$4.000 millones.

Los detalles se conocieron cuando el empresario Alberto Youssef, investigado por este caso, se entregó a la justicia y se ofreció como colaborador eficaz a cambio de beneficios para él y su familia. Gracias a su testimonio han sido encarcelados peces gordos involucrados en los actos irregulares. Uno de ellos es José Dirceu, quien fue brazo derecho de "Lula"

Antecedentes del caso Lava Jato

(Castillos de arena)

Dalton Avancini, presidente de Camargo Correa.

Construir un castillo de arena define lo efímero. Ambicionar, en cambio, un imperio empresarial plantando sus cimientos en la arena, puede llevar a una pudiente longevidad. La corporación brasileña Camargo Corrêa sabe de lo uno y lo otro. Su fundador, Sebastião Camargo, inició su vida laboral en 1926 acarreando arena para la construcción en carretas tiradas por mulas. Cuando murió, en 1994, su viuda, Dirce Navarro de Camargo, heredó una fortuna que Forbes estimó en 11.500 millones de dólares. En 2014 el conglomerado tuvo un ingreso neto de alrededor de 9.656 millones de dólares, con operaciones en 22 países.

El camino que empezó con las carretas, la arena y las mulas y llevó a un imperio empresarial fue, sin duda, épico. Su historia oficial es un relato de trabajo disciplinado, decisiones lúcidas, acciones audaces en Brasil y el extranjero. Pero ahora hay una narrativa diferente. Empezó a contarse en 2014, con el inicio de la más importante investigación contra la corrupción en América Latina: el caso Lava Jato, sobre los multimillonarios robos y sobornos en Petrobras y las grandes empresas constructoras de Brasil.

"El vicepresidente, Eduardo Hermelino Leite, confesó haber efectuado sobornos millonarios a funcionarios de Petrobras"

Las investigaciones de fiscales y policías federales llevaron al arresto de ejecutivos principales de esas empresas. Entre ellos el presidente y un vicepresidente de Camargo Corrêa, que pronto llegaron a acuerdos de delación premiada.

El vicepresidente, Eduardo Hermelino Leite, confesó haber efectuado sobornos millonarios a funcionarios de Petrobras. El presidente, Dalton Avancini, detalló varias coimas, por decenas de millones de dólares, para asegurar contratos. Ambos describieron el funcionamiento de un cartel integrado con las otras principales empresas constructoras para repartir obras, sobornos y costos inflados. Varias de las otras compañías, lideradas por Odebrecht, han negado todo, pese a la evidencia en contrario.

¿Por qué confesaron los ejecutivos de Camargo Corrêa mientras los del frente liderado por Odebrecht insisten en negar a ultranza? La respuesta puede estar en una investigación previa, Castillo de Arena, hecha por la Policía Federal brasileña desde fines de 2008, con un solo objetivo: Camargo Corrêa.

Luego de escuchas telefónicas y de requisar una importante evidencia documentaria en los domicilios de ejecutivos investigados, la PF pudo describir pormenorizadamente un sistema de sobornos, en Brasil y el extranjero, manejado a través de una contabilidad y administración paralelas.

Las 283 páginas del informe de la Policía Federal revelan, con seudónimos más o menos transparentes, a varios de los sobornados de Brasil, Angola, Venezuela, Argentina, Bolivia y, por cierto, el Perú, mi país.

Esta precuela a la investigación de Lava Jato es la que ha tenido hasta ahora más resonancia en Perú. Sucede que el informe de la PF fue publicado completo en internet, con anotaciones precisas sobre los políticos presuntamente sobornados en el país durante los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García. Los nombres de ambos expresidentes figuran en las reseñas de la administración paralela, aunque las cantidades específicas de dinero aparecen asignadas a exministros y otros altos ejecutivos de ambos regímenes.

Los aludidos han negado haber sido comprados o alquilados. Camargo Corrêa ha negado también los sobornos. Se basa en su victoria judicial en el caso, cuando un tribunal superior brasileño desestimó la investigación policial por haberse iniciado con un testimonio anónimo. La fiscalía apeló, pero en febrero de este año el ministro del Supremo Tribunal Federal, Luis Roberto Barroso, rechazó la apelación.

Para Camargo Corrêa fue una victoria pírrica. Con la experiencia del derruido Castillo de Arena, los policías y fiscales del caso Lava Jato afianzaron las pruebas y articularon el relato de los hechos subterráneos, que en contrapunto a la hagiografía empresarial, no oscurece la realidad sino la alumbra al explicarla.

Observaciones: falta establecer el mecanismos por el cual se realizaba la transferencia de pagos de soborno.

https://idl-reporteros.pe/castillos-de-arena/https://idl-reporteros.pe/castillos-de-arena/

Archivamiento del caso "Castillos de Arena"

La Sexta Sala del Superior Tribunal de Justicia (STJ), compuesta por los vocales Maria Thereza de Assis Moura, Haroldo Rodrigues, Celso Limongi y Og Fernandes decidieron -con tres votos contra uno- archivar el caso "Castillo de Arena".

Los argumentos que archivaron en Brasil el caso "Castillo de Arena", que involucra a la empresa constructura Camargo Corrêa en presuntos pagos de soborno a políticos y favores para ganar licitaciones en diversos países, obviaron hechos relevantes para continuar con la investigación según el análisis del único vocal que se opuso a su anulación y otros documentos a los que accedió Convoca. Estos elementos ponen sobre la mesa la validez de los hallazgos encontrados por la Policía Federal de presuntas coimas de la empresa brasileña en momentos clave de la construcción de la carretera Interoceánica Sur durante el gobierno de Alejandro Toledo y Alan García, tal como reveló Convoca y BRIO. Tales evidencias cobran especial relevancia en Perú debido a las indagaciones ya iniciadas por las autoridades del Ministerio Público y la Procuraduría Anticorrupción.

 Sábado 28 de marzo de 2009, al final de la tarde
en las instalaciones de la Policía Federal de São Paulo. Unos hombres
caminan apurados en fila, casi en la penumbra, cubriendo sus rostros con casacas
y protegidos por otras personas de traje negro que bien podrían tratarse
de sus guardaespaldas. Mientras avanzan, una ráfaga de flashes de cámaras
fotográficas los persigue. Pero ellos no dan la cara. Son Pietro Giavina
Bianchi, Dárcio Brunato, Fernando Dias Gomes y Raggi Badra Neto, directores
de la constructora brasileña Camargo Corrêa, que luego de cuatro días
de detención salieron en libertad junto a otros seis investigados.

Esa tarde, los ejecutivos liberados por decisión de la jueza federal Cecilia Mello, dejaron en manos de sus abogados las explicaciones a la prensa frente a los hallazgos que los vinculaban con el llamado "doleiro" (cambista) Kurt Paul Pickel, denunciado por lavado de dinero y otros delitos financieros. 

  El trabajo de la Policía continuó en los
siguientes meses con hallazgos importantes que alcanzarían al Perú.
Con fecha 5 de octubre de 2009, los investigadores elaboraron un informe con
los documentos encontrados en el allanamiento a las oficinas y domicilio de
Pietro Giavina Bianchi de Camargo Corrêa. Entre esos papeles se encontraron
las evidencias de presuntos pagos de soborno para la carretera Interoceánica
Sur en Perú durante los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García,
que en junio último Convoca y BRIO sacaron a la luz y han propiciado
el inicio de las investigaciones de la justicia peruana.

El reporte de la Policía en el que se menciona a la Interoceánica no solo da cuenta de hechos irregulares en Brasil y Perú sino en otros países de América Latina y África. Como bien indica la Policía Federal, las indagaciones "se iniciaron para investigar la transferencia ilegal de divisas, de delitos en el extranjero y el blanqueo de dinero" que tenía como principal sospechoso a Pickel pero luego se encontraron evidencias de la conexión con Camargo Corrêa y el financiamiento de "la campaña electoral de diferentes partidos políticos" así como donaciones sospechosas que "estarían relacionadas con el apoyo a varias licitaciones para la ejecución de obras públicas".

A pesar de los avances iniciales de la Policía, el 5 de abril de 2011, la Sexta Sala del Superior Tribunal de Justicia (STJ), compuesta por los vocales Maria Thereza de Assis Moura, Haroldo Rodrigues, Celso Limongi y Og Fernandes decidieron -con tres votos contra uno- archivar el caso "Castillo de Arena".

La principal razón que argumentaron los que decidieron la anulación fue que la investigación se inició por una denuncia anónima de las prácticas ilegales de Pickel, pero no tomaron en cuenta las indagaciones que sirvieron para sustentar cada permiso que obtuvo la Policía de la justicia brasileña, tal como aparece en la argumentación del único vocal que votó a favor de continuar con el caso: Og Fernandes.

Convoca se comunicó con Fernandes y accedió a la argumentación
de su voto de 46 páginas, en la que presenta cuatro motivos por los que
no debió archivarse "Castillo de Arena". 

El voto disidente  

Aunque Fernandes no puede pronunciarse sobre ninguno de sus casos debido a que la ley se lo prohíbe, sus argumentos son claros y contrastan con lo que consideraron los otros tres vocales de la Sexta Sala: que la investigación "realizó inadecuadas medidas coercitivas absolutamente genéricas e invasivas a la intimidad", como se lee en la sinopsis en respuesta a los hábeas corpus 159.159-SP y 137.349-SP presentados por la defensa de los ejecutivos de Camargo Corrêa y Kurt Paul Pickel.

Según estos recursos legales presentados en 2009, "la denuncia anónima no fue sometida a una investigación preliminar" ni vincula "razones para utilizar una medida preventiva" pero según Fernandes esto no es verdad. En la sustentación de su voto, el vocal explicó como primer motivo para no archivarse el caso, que "paralelamente a la denuncia anónima hubo diligencias (…) de la autoridad policial que antecedieron al levantamiento del secreto telefónico (sigilo telefônico)".

Cuando la Policía Federal recibió la denuncia anónima de que un tal K.P, que luego se supo era Kurt Paul Pickel, estaría dedicado al desvío de divisas, los investigadores iniciaron sus indagaciones "en los bancos de datos" de la Unidad de Inteligencia de la Policía. Esto permitió identificar a Pickel y recoger indicios de que este personaje "estaría actuando en delitos contra el Sistema Financiero Nacional y de "lavado" de activos", tal como se señala en la misma decisión de la justicia federal que otorgó el 22 de enero de 2008 la autorización a la Policía para acceder al registro de llamadas de las empresas de telefonía y rastrear a Pickel.

La propia justicia de Brasil reconoció que el otorgamiento de este permiso era necesario al no existir "otros medios para investigar los hechos" e "identificar el presunto modus operandi y el origen de los fondos".

De acuerdo con el informe final de la Policía Federal sobre el caso, estas diligencias previas realizadas tras acceder a los registros de llamadas, permitió establecer que el "doleiro" Pickel tenía participación y vínculos en diversas compañías. Era uno de los socios de las empresas Cornwall Representações e Participações e Empreendimientos Comerciais LTDA (que estaba vinculada al Swiss Bank Corporation) y de Venture Partness Negócios e Finanças S/C LTDA.  Pero no solo eso, la Policía descubrió en sus investigaciones preliminares que Pickel mantenía "una intensa comunicación con directores del Grupo Camargo Corrêa, para quien estaría prestando sus servicios ilegales".

A pesar de los avances, la Policía explicó a la justicia brasileña que debido a la naturaleza de los de los delitos era "difícil comprobar" este tipo de "operaciones de "cabo" (sobornos), en las cuales no existen transferencias físicas de valores, ya sea por la dificultad de la identificación de los agentes, o la misma destrucción de las pruebas, en la mayoría de veces". Con estos argumentos, solicitó el 8 de febrero de ese año el permiso para la interceptación telefónica a las líneas de Pickel. La Justicia Federal otorgó la autorización cinco días después.

Con permiso judicial 

Og Fernandes precisó como segundo punto que el acceso a los "datos de las líneas telefónicas no debe confundirse con la interceptación de conversaciones telefónicas".

Como se ve en la secuencia de los hechos, estos pedidos fueron progresivos como parte del avance en las investigaciones realizadas por la Policía. Como tercer argumento, el vocal de la Sexta Sala del STJ expuso que "el levantamiento del secreto telefónico, en el momento en que se produjo, era indispensable para deslindar los hechos" verificados debido al alto riesgo de caer en conclusiones equivocadas.

Como cierre de su voto, Fernandes resaltó que no se perjudicó a los investigados en su derecho a acceder oportunamente al expediente. 

La argumentación del vocal pone sobre la mesa la validez de los hallazgos encontrados por la Policía Federal sobre presuntas coimas para la Interoceánica Sur. En forma simultánea, permite desenterrar otros indicios de irregularidades como las 22 adendas a los contratos de la obra que permitieron que se incremente, entre otros hechos, el precio inicial de la carretera de unos 800 millones de dólares a más de 2 mil millones.

Aunque el caso "Castillo de Arena" tuvo amplia difusión
en Brasil y su principal implicada, Camargo Corrêa, operaba en nuestro país,
la Fiscalía no solicitó información a Brasil, según
fuentes que tuvieron acceso directo a los hechos. En esos días en que
gobernaba Alan García, Gladys Echaíz era la fiscal de la Nación.
Su desempeño, desde abril de 2008 a mayo de 2011, fue vinculado al entonces
partido aprista debido a que su esposo Flavio Miguel Núñez Izaga,
fue alcalde de Chiclayo por el Apra y candidato en las elecciones regionales
de 2010 por el mismo partido. Echaíz no ha querido responder a las preguntas
de Convoca a pesar que se acordó con ella una entrevista telefónica
luego de mucha insistencia. 

Gladys Echaíz, ex fiscal de la Nación de abril de 2008 a mayo de 2011.

Recién en junio último, el Ministerio Público abrió
una investigación sobre el caso de IIRSA Sur declarando el caso como
"complejo" con un plazo inicial de ocho meses a diferencia de los
cuatro meses que tomaría una indagación regular. El procurador
anticorrupción Joel Segura explicó a Convoca que esto se debe
a la cantidad de implicados, los cargos que ocuparon en el gobierno, el número
de delitos, y la vinculación del caso con empresas extranjeras. "Pediremos
toda la información que sea necesaria a Brasil", aseguró
el procurador. Por lo pronto, ya solicitó la autorización para
viajar a ese país donde aguardan los indicios y evidencias que pueden
permitir llegar al fondo de los presuntos pagos de soborno de la Interoceánica
Sur. 

El procurador anticorrupción Joel Segura es quien está a cargo de las investigaciones sobre el caso Interoceánica.

Indicios y pruebas

En una entrevista con el diario La República el 30 de junio, el ex procurador Christian Salas señaló que en las investigaciones de Perú "no se pueden usar las pruebas invalidadas por Brasil", pero luego precisó a Convoca que pueden servir como "referencia". "Lo que necesitamos son indicios porque las pruebas las vamos a conseguir con estas medidas que estamos solicitando", añadió.

El ex procurador anticorrupción Christian Salas explicó a Convoca los requisitos para la apertura de una investigación preliminar por delitos de lavado de activos o corrupción.

 En la línea del vocal Og Fernandes y lo argumentado
por la Policía Federal de São Paulo, Salas consideró que en casos
de corrupción y lavado de activos, basta con indicios para solicitar
el levantamiento "del secreto de comunicaciones, secreto bancario e incautaciones".
 Explicó que es lo razonable porque si un fiscal "pide esta información
mediante oficio a la empresa Camargo Corrêa" nunca se la van a entregar. 

http://convoca.pe/agenda-propia/lo-que-la-justicia-de-brasil-obvio-al-archivar-castillo-de-arena

Entrevista al procurador anticorrupción Joel Segura

Procurador anticorrupción Joel Segura.

Las filiales peruanas de las grandes corporaciones de Brasil y los funcionarios peruanos vinculados con los casos de corrupción "Lava Jato" y "Castillo de Arena" aseguran que una cosa es lo que pasa en Brasil y otra en Perú. Pero el procurador anticorrupción peruano, Joel Segura, señala que ese argumento no es "atendible". Para él ya quedó al descubierto el grado de coordinación entre las empresas del país vecino y sus filiales en América Latina.  "Lo que pasa en Brasil está demostrando que la estructura de la corrupción está desarrollada en varios niveles", apuntó el procurador, a más de ocho meses de haberse iniciado las indagaciones en Perú y a dos años del inicio del proceso "Lava Jato" en Brasil. Aquí una entrevista amplia que tuvo con Convoca.pe sobre uno de los casos de corrupción más importantes de Latinoamérica que involucra la gestión de tres presidentes de Perú.

En junio de 2015, el procurador anticorrupción, Joel Segura, empezó a solicitar documentos a Brasil, mediante la Fiscalía de la Nación, para investigar a los funcionarios peruanos involucrados en las presuntas coimas por la construcción millonaria de la carretera Interoceánica Sur en manos de las empresas brasileñas Norberto Odebrecht S.A., Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez y Queiroz Galvão. Los documentos fueron solicitados después que Convoca.pe y Brío revelaran los llamados "capilés" (sobornos) de Camargo Corrêa en favor de funcionarios de los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García que aparecían en un informe de la Policía Federal como parte de la investigación "Castillo de Arena". Pero los papeles llegaron a "cuenta gotas" meses después. "Algunos recién en diciembre", apunta Segura.

Cinco personas de su equipo ven "diez casos de corrupción de alto perfil" a tiempo completo, entre ellos los casos vinculados con Brasil. La cantidad de información es abrumadora. En el expediente bautizado como "Interoceánica", explica Segura, se ha incluido las denuncias de la construcción de la carretera Interoceánica Sur, que de 800 millones de dólares pasó a bordear los dos mil millones de dólares de presupuesto sin respetar las normas y con cambios reiterados de los contratos: 22 adendas para los tramos 2, 3 y 4 de la carretera.  También se ha sumado el caso Sedapal por la construcción de la planta de tratamiento de agua en Huachipa que tuvo a cargo Camargo Corrêa y que involucra en presuntos pagos de coimas al ex ministro aprista Hernán Garrido Lecca y otras autoridades que gobernaron con Alan García. A estos primeros casos, se suma al expediente "Interoceánica" el de la empresa OAS por el dinero oculto que llegaba al Perú para ser entregado a la filial de esta empresa brasileña, según los testigos y delatores de Brasil. 

En forma paralela, las autoridades peruanas investigan otros casos de corrupción relacionados a inversiones de Brasil en gobiernos regionales. Son entre siete y ocho casos en diversos expedientes, advierte Segura. Las autoridades peruanas que indagan estos hechos apenas se están acercando a la "caja negra". En el caso de la Interoceánica Sur es donde hay más avances, dice Segura. "Toda la semana pasada han desfilado personas (en la Fiscalía) que han abierto un abanico de información", agrega. En esta entrevista, Joel Segura habla del modus operandi de las empresas brasileñas en el Perú, las coordinaciones con el país vecino para obtener información y los obstáculos para llegar a las entrañas de este sistema de coimas, cada vez más expuesto.

¿Han logrado obtener nueva información para establecer las responsabilidades y vínculos de los funcionarios del Perú con los casos de corrupción de Brasil "Lava Jato" y "Castillo de Arena"?

En el caso Interoceánica hay un avance interesante porque la Fiscalía ha logrado viajar en cuatro oportunidades a Brasil. Lamentablemente nosotros no hemos podido acompañarlos en ese viaje por diversos motivos. Es importante ponerse en contacto con la misma Fiscalía de Brasil. También ha habido pedidos vía cooperación judicial para que documentos, declaraciones vinculadas con el caso "Castillo de Arena" y "Lava Jato", puedan ser alcanzadas para avanzar en nuestra investigación. Se busca recopilar toda la información documentaria que sea posible. Por ejemplo, el caso Interoceánica tiene un componente bastante amplio de documentos: viene desde 2004, desde la habilitación de la carretera, todas las adendas al contrato, hay varios informes de la Contraloría General de la República. Ese conjunto de documentos permite en alguna medida posicionar cierta información  para que las personas vinculadas con la elaboración o participación en estos hechos puedan hacer sus descargos. La idea es entrar a esa fase.

(La construcción de la obra se inició oficialmente en marzo de 2006 sin Estudio de Impacto Ambiental y sin pasar por el Sistema Nacional de Inversión Pública que, según los expertos, en la práctica significaba no demostrar la rentabilidad social y económica de la obra. La concesión fue entregada solo con un Estudio de Factibilidad y no con un Estudio Definitivo de Ingeniería, lo que hizo que se subestimaran los costos de inversión y se abriera una puerta para que los propios concesionarios definieran los costos adicionales y el aumento del presupuesto).

¿Ustedes han logrado obtener la justificación técnica del incremento del Pago Anual por Obras (PAO) de la carretera Interoceánica? El Ministerio de Transportes nunca lo entregó a Convoca.pe. a pesar que era el tema de fondo.

Precisamente esa información es un elemento de sospecha. No me gustaría adelantar pero sí tenemos una hipótesis: no solo en el tema de justificación técnica sino otras acciones (de los funcionarios) que habrían servido para que este proyecto avance. Hay muchos elementos que caen en el espacio de dudoso y sospechoso que están vinculados con la ley.

Y que tienen que ver con el favoritismo de los funcionarios públicos a las empresas de Brasil…

Partiría por decir que es algo complejo. Lo fundamental es que en este caso lo que se va a analizar es si hubo o no un manejo responsable de los recursos al asumir el Estado peruano la ejecución de grandes proyectos de inversión con fondos públicos. El caballo de batalla es que son grandes proyectos de inversión aparentemente de interés público que justificarían acciones que están alejadas de un proyecto con una licitación normal. No dejamos de lado que se trate de un proyecto de interés nacional pero tampoco vamos a descartar que eso sea la justificación para que se pase por encima muchas reglas que estaban establecidas para garantizar la imparcialidad y un manejo responsable de los fondos públicos, que el funcionario haya defendido el interés del Estado y no el de las empresas.

Un argumento repetido de las compañías brasileñas que operan en el país es que una cosa son las empresas en Perú y otra las de Brasil. ¿Van a tomar en cuenta los documentos incautados por la Policía Federal de las oficinas de las empresas en Brasil como pruebas para establecer las responsabilidades de los funcionarios y las filiales en Perú? 

El argumento que tienen las empresas para descartar o limitar una investigación no es atendible. A estas alturas, lo que se está evidenciando en Brasil es una coordinación (de los funcionarios de las empresas del vecino país) con el resto de Latinoamérica, eso ya está al descubierto. Eso tiene que revisarse en cada caso pero de primera mano no podemos descartar la investigación y construir la responsabilidad de las empresas filiales y de las personas. También han existido argumentos, que seguro más adelante se va a conocer, que aquí no hubo delito de parte de las compañías sino que lo hicieron sus representantes, que la empresa no tiene nada que ver. Eso es un argumento que no tiene ningún sustento. Dada las circunstancias y los modos en que se ha ido operando, esto está adquiriendo consistencia y la verificación de la información está dando hipótesis afirmativas.

¿Hipótesis afirmativas de que las empresas de Brasil pagaron sobornos en Perú?

Todo lo que abona en esa línea se está tomando en cuenta.

Se ha logrado determinar que el modus operandi que empresas como Odebrecht usaron en Brasil para comprar políticos, ¿es el mismo que se aplicó en Perú?

No solo para el caso de Odebrecht, sino para las trasnacionales en general. En el sistema de justicia, la Procuraduría descarta definitivamente que en el caso de las empresas que pagan coimas sea el representante de la compañía que se sienta en una silla con el Presidente de la República, un ministro o un congresista, gente de Proinversión o el jefe que está licitando la obra, para entregarle un fajo de dinero. Esas son hipótesis que la ciudadanía se puede imaginar pero la forma de corrupción ha sido perfeccionada. Normalmente la corrupción busca la impunidad y la máxima reserva, incluso distanciarse de quienes actúan en la corrupción. Por eso es muy complejo y es necesario entender el rol de las offshore, cuál es su razón de ser, qué hacen en el mercado y quiénes las integran. Lo que pasa en Brasil está demostrando que la estructura de la corrupción está desarrollada en varios niveles y para eso se sirven de offshore, testaferros,  empresarios que se venden, intermediarios. La creación de esas offshore están usualmente en paraísos fiscales.

Uno de ellos es Panamá, donde se controlaron cuentas para pagar los sobornos a los funcionarios de Petrobras.

Esos son modus operandi que se están tomando en cuenta. No es una mirada pequeña de la corrupción, es una mirada bastante macro. En Perú, las experiencias de investigaciones complejas de corrupción están vinculadas a la época de Fujimori y (su ex asesor) Montesinos cuando se crearon empresas offshore para el pago de coimas. En la actualidad, también se usan maletas y ya no transferencias de las cuentas. Y en esa modalidad, ayuda mucho lo que puedan decir los delatores brasileños sobre los funcionarios peruanos. También hay que tomar cuenta que los empresarios hacen un análisis de costo y beneficio, y prefieren delatar a los políticos para evitar caer presos y salvar a sus empresas.

Una práctica de las empresas de Brasil ha sido pagar sobornos a los candidatos en plena campaña electoral. Hay menciones de presuntas coimas en el caso de la Interoceánica según los documentos que incautó la Policía Federal y que están asociadas a los apellidos Toledo y García. Algo similar sucede con el Proyecto OH con el que se vincula al presidente Humala. ¿Han logrado profundizar en estos indicios?

Más allá de estos datos, la transparencia de quiénes aportan a la campaña de los políticos es un mecanismo que necesita afinarse en el Perú. Por eso, un buen modelo de investigación tiene que abarcar todas las etapas previas (que le permitieron al funcionario llegar al poder). Este es un caso complejo. El sistema en el que nos movemos le garantiza al Presidente de la República una inmunidad absoluta. Solo si el Congreso sigue un procedimiento de desafuero, se puede autorizar a la Fiscalía de la Nación iniciar una investigación al Presidente. Mientras tanto lo que se puede hacer son indagaciones, cruces de información. Eso es lo que hemos solicitado a la Fiscalía.

En las elecciones de 2011, el partido Perú Posible de Alejandro Toledo reportó que recibió dinero de Queiroz Galvão y de Camargo Corrêa. Pero con la poca transparencia del manejo de los fondos de las campañas electorales, no se podría decir que es el único que recibió dinero de las empresas de Brasil.

Los organismos electorales deben afinar ese mecanismo de control. Deben garantizar que el candidato que postule sea honesto y no tenga ningún tipo de compromiso con una empresa. La realidad está demostrando que se necesita hacer un seguimiento de las finanzas de los partidos políticos.Definitivamente cuando una empresa financia a un político que tiene una gran expectativa que va a llegar el poder, en alguna medida esto le serviría a las compañías para direccionar las licitaciones. Y obviamente esto no tiene otro significado que el del adelanto. 

Los gobiernos de Alan García, Ollanta Humala y Alejandro Toledo, y sus vínculos con el caso 'Lava Jar se encuentran investivados por la procuraduría anticorrupción. Fuente: Andina.

¿Va a considerar en su investigación el caso de las agendas de la Primera Dama, Nadine Heredia, en las que aparece una cita entre el encarcelado expresidente de OAS, José Aldemario Pinheiro? La Procuraduría de Lavado de Activos ha solicitado a la Fiscalía que vea el caso. 

Por el momento yo no quisiera pronunciarme porque eso lo está viendo la Procuradora de Lavado de Activos. Pero si surgen elementos en relación a la hipótesis que estamos trabajando y hay una vinculación directa, no tiene que dudarlo. 

¿Está funcionando la cooperación judicial entre Brasil y Perú para avanzar en las investigaciones?

Yo tengo mucha crítica sobre este tema. En América Latina no se tiene un equipo multinacional de investigación. Europa sí lo ha tenido en varios casos importantes. Cuando Brasil pide información a Perú, esto empieza con el fiscal y el juez. Y de ahí tiene que derivarse a la autoridad central (Ministerio de Justicia) y luego a Cancillería. En el caso de Perú sucede lo mismo…tiene todo ese recorrido. Creo que ese es uno de los peores obstáculos. Debemos sentarnos de una vez y evaluar los trabajos conjuntos multinacionales. Si no es un desgaste de tiempo. Peor aún en estos casos de corrupción, la información se debe trasladar de manera mucho más rápida para evitar que los testigos terminen callándose la boca. Es momento de considerar lo que recomienda la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que las autoridades centrales de Perú y Brasil vean otro tipo de mecanismo. Se necesita una comunicación directa entre fiscales. No necesitas intermediarios, además por un tema de confidencialidad. Hay que repensar entonces estos mecanismos porque es lo único que nos va a llevar a tener casos concretos y bien hechos. Lamentablemente nos enfrascamos en una burocracia que impide avanzar. Ese es el problema de nuestro país, siempre está pensando en cosas pequeñas, en problemas internos. No se está pensando en normas para ver megacasos. Las dificultades son las normas de coordinación. No son ágiles. Entorpecen. Las cosas que pueden salir en un día, por el trámite burocrático terminan saliendo en dos semanas.

Es sorprende que en Brasil las autoridades hayan autorizado la incautación de computadoras y documentos de las oficinas de los empresarios involucrados en los casos de corrupción. ¿En el Perú se podrá ver algo así para llegar al fondo de esta red de coimas?

Aquí también se podría hacer algo así, pero eso depende del fiscal. Yo no estoy facultado a hacerlo. Los allanamientos se pueden hacer. En este contexto de corrupción intensa y de altos niveles, es necesario. Yo creo que si tú te enteras que una empresa  está quemando sus computadoras, no le vas a pedir al juez que te de la autorización para incautarlas. Hay que tratar de preservar toda la información posible para reconstruir los hechos criminales. Es lógica pura.

El caso 'Castillo de Arena? fue archivado en Brasil pero no por falta de pruebas sino porque los representantes de Camargo Corrêa argumentaron que se violaron sus derechos con el allanamiento de sus oficinas. ¿Usted va a considerar esos documentos como pruebas para el caso peruano?

Sí los vamos a usar como fuente de información. ¿Puede servir como medio de prueba? Eso es un debate con varias posiciones encontradas.

¿Para usted no serviría como prueba a pesar que explícitamente se habla de coimas?

Yo considero que sí, hay excepciones. La regla es que todo ciudadano
tiene derechos fundamentales que deben respetarse, pero si los casos se dan
con órdenes judiciales y han sido lo suficientemente ponderadas. Ese
no es un problema de quien ejecuta la orden (En el caso "Castillo de Arena"
le autorizaron a la Policía Federal a realiza el allanamiento). Esa es
mi posición, pero esa posición tiene que ser compartida con un
fiscal y un juez. Pero si uno va un tribunal como el que juzgó el caso
"Petroaudios" (que absolvió a los procesados por corrupción
porque consideró que las pruebas se obtuvieron de manera ilegal), estamos
fritos. Eso fue una bajeza. 

Odebrecht implicado (Camargo Correa no actuaba solo, aquí se inició a seguir la madeja)

 Otro aspecto que es importante considerar es que si bien la investigación "Castillo de Arena" se centró en Camargo Corrêa, en un peritaje realizado por expertos en ingeniería y licitaciones de la Policía Federal de Brasil al que accedió BRIO, se establecen indicios de sobreprecios en el contrato para obras relacionadas a la Refinería del Nordeste de Petrobras en Brasil que implican a Odebrecht. Según el documento, presentado el 14 de agosto de 2009, el consorcio integrado por Norberto Odebrecht, Camargo Corrêa y Queiroz Galvão obtuvo el contrato que, de acuerdo con los peritos, tuvo un sobreprecio de 21,56%. Lo que debió costar 353.071.663,94 reales brasileños (aproximadamente 185 millones de dólares) terminó en más de 429 millones de la moneda brasileña (más de 224 millones de dólares).  

 Pese a los hallazgos de la Policía Federal, Odebrecht
no fue parte del proceso "Castillo de Arena"; pero sí figura
entre los principales implicados en el reciente caso "Lava Jato",
donde se presume que la constructora lideraba una red de empresas que irregularmente
obtenían los contratos de Petrobras. Esa es la razón por la que
Marcelo Bahía Odebrecht fue detenido la mañana del viernes 19
de junio. 

 El más importante funcionario de la compañía
brasileña también tiene conexiones con Perú que ameritan
revisarse. Entre las 16 reuniones sostenidas por funcionarios de Odebrecht en
Palacio de Gobierno durante julio de 2006 y julio de 2011; en dos ocasiones
se consigna la presencia del empresario. La primera reunión se dio el
20 de setiembre de 2006, dos meses después de iniciado el mandato de
Alan García. El presidente de esta constructora brasileña visitó
Palacio de Gobierno junto con su representante en Perú, Jorge Simoes
Barata. La reunión con el entonces mandatario peruano duró casi
dos horas.

 Odebrecht regresó casi dos años después.
El 11 de setiembre de 2008 -cuando ya en Brasil se investigaba el caso "Castillo
de Arena"-el ex presidente García Pérez recibió durante
26 minutos a Jorge Simoes Barata, Emilio Odebrecht y al directivo brasileño
acusado de liderar la red de corrupción para obtener contratos de Petrobras,
la petrolera estatal brasileña que está en el medio de una tormenta
judicial por desviar dinero público y que, el 27 de setiembre de 2006,
suscribió un convenio con Petroperu y Perupetro en una ceremonia dentro
de Palacio de Gobierno en la que participaron los representantes de Odebrecht.
 

 Pero no es la única muestra de la cercanía con el hombre
que, según correos electrónicos obtenidos por las autoridades
brasileñas, habría coordinado la manera en que las empresas de
ese país se repartirían las ganancias de los sobreprecios de las
obras encargadas por Petrobras.   

• Una extraña donación: el Cristo del Pacífico

 En abril de 2011, Odebrecht donó el monumento Cristo
del Pacífico, aceptado mediante una resolución de la PCM. Según
esta empresa, la representación del Cristo de Corcovado de Brasil tenía
un valor de más de 830 mil dólares. En un comunicado del 10 de
junio, Odebrecht respondió al reportaje de Convoca y BRIO, señalando,
entre otras cosas, que la donación fue hecha por el Patronato del Cristo
del Pacífico "conformado por un grupo de empresas a través
de un acto público". Pero los documentos dicen otra cosa. 

 En marzo de 2011, la Asociación Odebrecht Perú para el Desarrollo Sostenible y la Conservación hizo formal la donación del monumento. Un mes antes, en febrero de 2011, se creó el Patronato del Cristo del Pacífico para ocuparse de las gestiones para la instalación del monumento en Chorrillos. Según consta en Registros Públicos, la única empresa que integra el Patronato es Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción. 

 Los casos "Castillo de Arena" y "Lava Jato"
en Perú recién empiezan a tocar fondo y la ruta asignada para
su excavación amenaza con debilitar las columnas sólidas de las
empresas más importantes de Brasil.  

 Así empezó y se archivó "Castillo de Arena"

 En 2008, el Ministerio Público de Brasil dirigió sus investigaciones contra la empresa Camargo Corrêa por supuestos delitos financieros. El caso se inició con una denuncia anónima contra Kurt Paul Pickel, ciudadano suizo nacionalizado brasileño a quien se le atribuía actuar en el mercado ilegal de cambio de divisas. 

 Tras las indagaciones iniciales, las autoridades encontraron evidencia
de la relación de Pickel con la compañía brasileña.
En febrero de ese año, la Policía Federal de Brasil fue autorizada
a intervenir las comunicaciones de Pickel y funcionarios de Camargo Corrêa.  

Para 2009, los directivos de la responsable del Tramo 4 de la Interoceánica Surfueron detenidos, sus oficinas allanadas y sus documentos incautados en lo que se conoció como la operación 'Castillo de Arena'. 

 A pesar de que los documentos eran contundentes para la investigación judicial, dos años después, en 2011, el caso fue archivado por medio de un hábeas corpus que cuestionó que las interceptaciones se autorizaran sobre la base de una denuncia anónima. 

 Ante el primer revés jurídico, el Ministerio Público brasileño insistió y sus apelaciones llegaron al Supremo Tribunal Federal (STF) -equivalente a la Corte Suprema- que, en febrero último, confirmó el archivamiento del caso. El magistrado Roberto Barroso fue quien emitió la resolución. 

LEGISLACIÓN DE BRASIL

1.1 Foro especial por prerrogativa de función

Más conocido como Foro Privilegiado, a pesar de no ser el término apropiado, el foro por prerrogativa de función es un beneficio que los ocupantes de determinados cargos poseen, y que afecta la investigación y juicio de casos de corrupción, como el de Lava Jato.

El Foro especial por prerrogativa de función es un mecanismo por el cual se altera la competencia penal de ciertas autoridades públicas; es decir, una acción penal contra una autoridad pública es juzgada por tribunales superiores, a diferencia de lo que ocurriría con un ciudadano común, juzgado por la justicia común.

Alguien podría afirmar que este foro privilegiado rompe el principio de que todos somos iguales frente a la ley, y de que por ello estamos sometidos a ella de la misma forma; sin embargo, ello no ocurre ya que se justifica en la necesidad de proteger el ejercicio de la función o el mandato público. Como es de interés público de que nadie sea perseguido por la justicia por estar en determinado cargo o función pública, entonces se considera que algunas autoridades sean juzgadas por órganos superiores de justicia, los que son más independientes. Lo importante a resaltar es que el foro protege a la función, más no a la persona. Por ello, cualquier autoridad deja de tener derecho a foro especial al dejar de ejercer su función pública; como ocurriría como los ex diputados, por ejemplo.

¿El foro privilegiado es exclusividad de Brasil?