El Japón del año 1976 (página 4)

Sin embargo, bajo la política del elevado crecimiento económico, también los precios subieron rápidamente, registrando una tasa de crecimiento anual de 3 a 7 por ciento durante la década de 1960 y los primeros años de la década de 1970.

En 1973, el índice de precios para el consumidor mostró un aumento de 11,7 por ciento debido a la crisis del petróleo, que perturbó temporalmente las relaciones de suministro y demanda.

En 1974, en medio de la inflación mundial, los precios para el consumidor registraron una proporción una proporción de aumento anual de 24,5 por ciento, el más alto de 1949.

Los aumentos en los precios corresponden principalmente a productos de pequeñas empresas e industrias primarias e igualmente al sector de servicios y al mercado agrícola, donde el incremento de la productividad no ha marchado de acuerdo con la fuerte demanda y los mayores costos, incluyendo la mano de obra.

No obstante, los salarios nominales se elevaron muy por encima de los costos para el consumidor y los salarios reales (actual poder adquisitivo de los salarios) también registraron un constante aumento durante la pasada década. Este aumento fue del 4,4 por ciento de promedio anual entre 1955 y 1960; del 3,6 por ciento durante el período 1960-1965; del 8,8 por ciento para el quinquenio 1965-1970 y del 9,5 por ciento entre 1970 y 1973. En 1974, la tasa de incremento de los salarios reales fue excepcionalmente baja, a pesar de la notable subida en los salarios nominales.

Los aumentos salariales a los trabajadores obedecieron a diversas causas, tales como:

• 1. Aumentos anuales como resultado de convenios colectivos.

• 2. Aumentos en las gratificaciones por reparto de beneficios al final de un ejercicio.

• 3. Ajustes salariales anuales con independencia de la actividad laboral, cambios de empleo o nivel profesional.

El primero de estos tres factores es el más importante. A partir de 1955, las sesiones anuales de convenio colectivo laboral venían a ser, dentro de cada compañía, como una conclusión de la "Ofensiva Laboral de Primavera" o la "Lucha de Primavera", ya que las demandas de aumentos salariales por parte de los sindicatos se proponen en febrero o marzo de cada año y los nuevos acuerdos entran en vigor en abril o mayo del nuevo año fiscal. Estas confrontaciones han dado origen, en años anteriores, a fuertes aumentos salariales anuales, de los que también se benefician los trabajadores no integrados en asociaciones laborales.

Por otro lado, la creciente escasez de mano de obra señalada anteriormente estimula el aumento en los niveles salariales. En un esfuerzo por obtener trabajadores jóvenes, las empresas japonesas han estado elevando considerablemente los salarios iniciales. Se ha observado esta actitud especialmente en las empresas más pequeñas, de baja productividad, hasta el punto de que casi han desaparecido las diferencias de salario, sobre todo para los jóvenes, sea cual fuere el tamaño de la empresa.

Sistema de Empleo

Los métodos de empleo asalariado en Japón incluyen ciertas características un tanto singulares. Una de ellas, conocida como "empleo vitalicio", permite a los profesionales jóvenes, que ingresan en una compañía inmediatamente después de su graduación, permanecer en la misma hasta su retiro. Los aumentos de sueldo se conceden regularmente y de acuerdo con la antigüedad en el servicio. Aunque la escasez de mano de obra tiende a debilitar este sistema aumentando la movilidad laboral y acortando las diferencias salariales entre los empleados antiguos y los más jóvenes, es probable que este método tradicional se mantenga durante muchos años.

Es normal que un empleado, a lo largo de su vida laboral, perciba bonos o pagas extraordinarias semestrales, además del salario contractual, horas extraordinarias y bonificaciones. En 1974, el pago total medio de bonos para todas las industrias alcanzó el equivalente a 4,8 meses de salario normal.

Otra característica peculiar es el gran número de programas e instalaciones para el bienestar que patrocinan las compañías, los llamados "beneficios adicionales, que abarcan desde pensiones de retiro y seguro médico a residencias y viviendas, guarderías infantiles, descuentos en los almacenes, así como también instalaciones médicas, educativas y recreativas. En el año fiscal de 1974, la proporción de gastos mensuales de bienestar por empleado al total de pagos en efectivo fue del 12,3 por ciento entre todas las industrias.

Sindicatos

El movimiento sindical obrero japonés ha hecho notables progresos desde la guerra. En junio de 1974, existían 67.829 sindicatos con un total de 12.325.000 miembros, que representaban 33,8 por ciento de la masa obrera del país.

Una de las características del movimiento sindical de Japón es que en la mayoría de los casos, los sindicatos están organizados sobre base vertical, en lugar de horizontal. En otras palabras, los sindicatos, por lo general, se organizan individualmente en cada empresa y agrupan a obreros de diferentes especialidades dentro de la empresa, en lugar de abarcar obreros de la misma especialidad en diferentes empresas sobre una base industrial total.

La mayor parte de los sindicatos de Japón están afiliados a federaciones o asociaciones nacionales, de las cuales las más grandes son Sohyo (Consejo General de Sindicatos de Japón) y Domei (Confederación Japonesa del Trabajo).

Los principales miembros de Sohyo son los sindicatos de empleados públicos, tales como la Unión de Empleados Públicos y del Gobierno de Japón, el Sindicato Nacional de Obreros Ferroviarios y el Sindicato de Maestros de Japón.

Domei está compuesta principalmente por sindicatos de la industria privada, entre ellos la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores Textiles, la Federación Nacional de Sindicatos de la Industria del Metal y la Unión de Marineros del Japón.

En junio de 1974, el número de afiliados a los diferentes grupos sindicales nacionales era la siguiente:

Sin embargo, la unidad básica de la organización y actividades del sindicato es la unión dentro de una empresa individual. En cada compañía o fábrica, esta sindicación Figuera en el propio contrato de trabajo. Las federaciones de industrias sirven de fuentes de coordinación e información, así como también de organismos de dirección para las uniones individuales.

Estas federaciones formulan los niveles sobre los que ha de encauzarse la demanda laboral de aumento de salario y basándose en cada uno de estos sindicatos locales, eleva su propia demanda a la dirección. El proceso de estas discusiones aisladas es observado atentamente por la federación particular correspondiente y las uniones miembros de la misma. En caso necesario, la organización propone a la unión la táctica a seguir y dirige su puesta en marcha. Entre estas tácticas se pueden citar el paro o las horas extraordinarias, reuniones de taller, manifestaciones de una o dos horas y huelgas de duración limitada. La ejecución de tales tácticas no indica que las negociaciones hayan llegado a un punto muerto, sino que se utilizan más bien para ejercer presión y fortalecer de este modo la postura negociadora de la unión.

Cuando se obliga a conceder un aumento substancial de salarios a una gran compañía de sólida posición financiera, especialmente si ocupa un puesto influyente en los círculos mercantiles, la federación de trabajadores utiliza este argumento para influir sobre otras negociaciones en curso. Empleando esta táctica, las principales uniones, por lo general, redoblan sus presiones a finales de abril en demanda de mayores salarios, a través de las sesiones del convenio colectivo correspondientes a la "Ofensiva laboral de Primavera". A pesar de que se han hecho esfuerzos para negociar convenios colectivos a nivel de industria con la ayuda de las federaciones laborales industriales, las decisiones finales se dejan a los sindicatos basados en la empresa individual.

Esta forma de convenio colectivo ha fomentado entre los sindicatos de empresa el deseo de tratar con la administración de un modo realista y adecuado a la situación actual de cada empresa y a mantener una cooperación mutua con la dirección para garantizar la prosperidad de la empresa a la que pertenece.

Vida familiar

Cambios de Post-Guerra

Desde final de la guerra, en la vida familiar del pueblo japonés se han producido y siguen produciéndose profundos cambios.

La democratización de post-guerra ha repercutido en todos los aspectos de la vida familiar, y ha dado origen a diversas situaciones nuevas.

Poco después de la guerra se llevó a cabo una serie de medidas para democratizar el sistema familiar de la nación. Por ejemplo, en 1974 se revisó el Código Civil a fin de situar a las mujeres en un plano de igualdad jurídica con los hombres, y para abolir el antiguo carácter patriarcal de la familia.

Al mismo tiempo, el rápido crecimiento de la economía ha producido un gran impacto en los esquemas de la vida diaria, especialmente en las zonas urbanas. Los cambios en el medio ambiente cultural, ocasionados por el progreso de la urbanización y las innovaciones tecnológicas, han contribuido a fortalecer la tendencia hacia unidades familiares más reducidas, básicamente formadas por padres e hijos, en contraste con la unidad familiar más amplia de los años anteriores a la guerra.

Además, después de la guerra se ha difundido la planificación de la familia, con lo que el promedio de hijos por pareja se redujo a 2,2 en 1967, uno de los más bajos del mundo.

Marido y mujer son iguales ante la ley, con igualdad de derechos matrimoniales, de herencia, posesión de bienes y solicitud de divorcio.

Estilo de Vida

El estilo de vida también ha cambiado con generalizado uso de los aparatos domésticos modernos, así como con la producción en masa de alimentos instantáneos, un surtido pequeño pero creciente de alimentos congelados, la ropa de confección y otros diversos artículos de primera necesidad.

Durante la década de los años 60 se progresó notablemente hacia una mayor igualdad de niveles de vida en todo el país, y el pueblo desarrolló una capacidad selectiva mucho más amplia, tanto en la elección de mercancías como en la forma de disponer del tiempo de ocio.

Esto ha proporcionado a toda la familia más tiempo para descansar y para dedicarlo a actividades educativas y culturales, especialmente a la esposa que antes se encontraba prácticamente "atada" a sus quehaceres domésticos cotidianos. Como consecuencia de la simplificación del trabajo doméstico y del mayor tiempo libre de que disponen, son más cada día las amas de casa que se integran a la fuerza laboral, aunque esto se deriva también dela escasez de mano de obra, especialmente a partir de la década de los 60.

La racionalización del estilo de vida y una nivelación general en los índices de ingresos y de consumo, además de la toma de conciencia del pueblo a través de la abundante información proporcionada por la prensa, la radio y la televisión, han dado por resultado una creciente "conciencia de clase media" en el pueblo en general.

Una encuesta realizada por la Oficina del Primer Ministro reveló que alrededor del 90 por ciento de los entrevistados se consideraban pertenecientes a la clase media, desde la clase media baja a la clase media acomodada.

Los patrones de consumo confirman esta nueva actitud. En febrero de 1975 la distribución proporcional de los principales aparatos eléctricos y electrónicos en los hogares japoneses fue del 48,7 por ciento y el 90,3 por ciento para receptores de televisión en blanco y negro, además en color respectivamente; el 97,6 por ciento para lavadoras; el 96,7 por ciento para frigoríficos; el 91,2 por ciento para aspiradoras; el 52,1 por ciento para tocadiscos estereofónicos, y el 17,2 por ciento para acondicionadores de aire. En mayo de 1975, aproximadamente una de cada 2,4 ó sea 6,7 personas japonesas poseía automóvil.

En el mes de junio de 1975, un 96 por ciento aproximado de los hogares de Japón tenía ahorros de algún tipo, con un promedio de 2.680.000 yenes (9.200 dólares) por familia.

Al mismo tiempo, se ha ensanchado la esfera de las actividades recreativas, y ahora los japoneses viajan por todo el país disfrutando de sus vacaciones. Por otra parte, el número de japoneses que viajan al extranjero por placer aumentó considerablemente al final de la década de 1960 y al principio de la de 1970, elevándose, por ejemplo, 3,52 veces en el período comprendido entre 1970 y 1974.

Bienestar Social

El Ministerio de Sanidad y Bienestar, la Agencia de Previsión Social, dependiente de aquel, son los principales responsables de los programas de seguridad de la renta nacional y de los servicios de bienestar, incluyendo el tratamiento médico.

Las corporaciones locales, a nivel prefectural y municipal, proporcionan diariamente los servicios necesarios a través de sus departamentos destinados al efecto, como las Oficinas de Bienestar y diversos organismos consultivos.

Fundamentalmente, los programas de bienestar social en Japón son una combinación de seguridad social, ofrecida principalmente por los centros de previsión social y asistencia pública, servicio médico, cubierto por el seguro de salud y bienestar público, en el que se incluyen servicios asistenciales para los ancianos, los incapacitados física y mentalmente y el cuidado de los niños que carecen de una vida familiar normal.

Los diferentes programas de bienestar cubren una gran diversidad de aspectos en la vida diaria del pueblo. Actualmente están alcanzando el nivel de los que rigen en los países más prósperos de Europa Occidental, Esacandinavia u Oceanía, en todo lo que concierne a la cobertura o las modalidades de los programas. Sin embargo, el desembolso actual per cápita en el capítulo de bienestar social es bajo comparativamente; si bien el número de personas acogidas a dichos programas y de beneficios distribuidos por tal concepto ha aumentado substancialmente en los últimos años.

Los planes de bienestar social ocupan un lugar destacado en la lista de prioridades del Gobierno. En el presupuesto inicial para 1975, el Gobierno asignó 3.927.000 millones de yenes (13.500 millones de dólares) al bienestar social, lo que supone el 18,4 por ciento del total comprendido en el Presupuesto de Contabilidad General.

En el año fiscal 1973, los programas nacionales de bienestar social representaron un desembolso de 6.162.129 millones de yenes, correspondiendo 3.418.719 millones de yenes (el 55,5 por ciento del total) al servicio médico, y 2.743.380 (el 44,5 por ciento) a los beneficios en efectivo satisfechos por la seguridad social y los programas de bienestar social. Esta cifra representa un incremento del 26,0 por ciento respecto al año anterior y constituye el 6,72 por ciento de la renta nacional para el mismo año fiscal. Este porcentaje supone un aumento del 6,40 por ciento sobre la cifra del año precedente. El total de pagos efectuados se elevó 1,6 veces sobre el valor correspondiente al año fiscal de 1970 y 3,8 veces el de 1965, lo que refleja la enorme ampliación de los programas de bienestar social en los últimos años.

Previsión Social

El sistema de seguridad social en general depende, en su mayor parte, de la previsión social, tanto para el pago de pensiones como para los servicios sanitarios. Dentro de la previsión social existen dos secciones principales: en una se atiende a la población laboral y empleados de los organismos públicos y privados, mientras que la segunda acoge a otras clases de empleados, como los trabajadores autónomos. Para la doble finalidad de pago de pensiones y servicios médicos, la primera de ellas se subdivide a su vez en numerosas categorías, que dependen principalmente de las diferentes profesiones de los asegurados y de los organismos a los que pertenecen.

Los diversos programas de previsión social se fueron estableciendo en varias fases durante el siglo pasado. De finales de siglo data el primer programa de pensiones para el personal militar y los empleados del gobierno. En la actualidad, el sistema completo de previsión social en Japón comprende un programa diversificando e inevitablemente complejo.

Seguro de Salud

Desde 1961, el pueblo japonés ha estado protegido en su totalidad por alguno de los programas de seguro de la salud, que ofrece tratamiento médico -gratuito o a bajo costo– al asegurado y a las personas a su cargo, además de diversas asignaciones por conceptos de sanidad. El financiamiento se obtiene de las contribuciones tanto de los empresarios como de los empleados o de los trabajadores autónomos, más subsidios del tesoro nacional.

El seguro de salud, al igual que el seguro de pensión, se divide en dos categorías: una para los empleados de organismos públicos y privados, las personas a su cargo, y otra para el resto del público residente en la localidad.

Esta última no es otra cosa que el vasto plan del Seguro Nacional de la Salud, que es administrado principalmente por las corporaciones locales. Los planes de seguro de la salud para los empleados comprenden: Seguro General de Salud para Empleados, que se destina a los trabajadores de las empresas privadas y cuya administración corre a cargo bien del Gobierno o bien de las entidades aseguradoras; Seguro de Salud para Jornaleros; Seguro Marítimo y diversos planes de seguro de la salud a cargo de Mutualidades, entre los que citan los destinados a los empleados del gobierno o de las corporaciones locales, empleados de las corporaciones públicas y profesores y funcionarios de la enseñanza privada.

En marzo de 1975, disfrutaban del seguro de salud 110,62 millones de personas; el 39,6 por ciento de éstas se hallaban acogidas al Plan de Seguro Nacional de la Salud, mientras que el 60,4 por ciento restante lo estaban a alguno de los planes de seguro de salud para empleados, incluyendo el 48,2 por ciento de beneficiarios del Seguro General de Salud para Empleados.

La participación de la cobertura del seguro en los gastos médicos de la nación se ha elevado en los últimos años en la forma que indica la tabla siguiente:

El plan de Seguro Nacional de Salud prescribe el pago del 70 por ciento de los gastos médicos para los asegurados y las personas a su cargo. En ciertos casos se abonarán cantidades mayores.

Los acogidos al Seguro General de la Salud para Empleados perciben la totalidad del costo del tratamiento médico, en tanto que a las personas a su cargo se le abona el 70 por ciento. En este último caso se abonan cantidades superiores si el gasto total sobrepasa una cantidad determinada.

Estos planes de seguro de la salud también incluyen el pago de asignaciones por enfermedad o daños durante ciertos períodos de tiempo, además de los casos de maternidad, parto y cuidado de niños e igualmente los gastos de entierro.

Seguridad de la Renta

Los programas de seguridad de la renta comprenden planes de asistencia, pensiones, seguro de desempleo, seguro de compensación por accidentes laborales y diversos beneficios en metálico sufragados por los planes de seguro de la renta, tales como asignaciones por enfermedad y daños.

Seguro de Pensión

El núcleo de los programas de seguridad de la renta está constituido por el seguro de pensión para ancianos, deudos (con distintos beneficios para las viudas con hijos, viudas solas y huérfanos) e incapacitados. Este sistema se inició en 1875, cuando se instituyeron dos planes primitivos para el ejército y la marina. A continuación se pusieron en marcha varios planes para los empleados del gobierno y de las corporaciones públicas, especialmente al principio de la década de 1920.

Posteriormente se establecieron el plan de Seguro Marítimo en 1939 y el Seguro de Pensión Laboral de 1941. Este último fue ampliado en 1944. Acababa la II Guerra Mundial se perfeccionó este plan, en 1954, para los empleados de las empresas privadas. El extenso plan del Seguro Nacional de Pensión, instituido por un decreto de 1959, se puso en marcha en 1961, con lo que se culminó la obra de proteger a toda la población japonesa con planes de pensión.

Seguro de Pensiones para Ancianos

Las pensiones de ancianos, junto con las de incapacitados y deudos, se dividen en ocho apartados. Para los empleados de la administración existe el Seguro General de Pensión para Empleados, dirigido por el Gobierno y complementado por diversos planes para otras categorías profesionales, como el Seguro Marítimo y programas de previsión que mantienen las Mutualidades, tales como los destinados a los empleados del gobierno y las corporaciones públicas y locales.

El Seguro Nacional de Pensión, administrado también por el Gobierno, acoge al resto de la población, incluyendo a los agricultores, pescadores, jornaleros y trabajadores autónomos.

Los programas de seguro de pensión están financiados por las contribuciones de los asegurados y los empresarios (en el caso de pensiones a los empleados) y por los fondos provenientes del tesoro nacional y de las corporaciones locales, incluyendo los ingresos producidos por las inversiones del fondo de reserva.

Seguro Nacional de Pensión: Por regla general, los ciudadanos japoneses de 25 a 59 años de edad se encuentran acogidos al Seguro Nacional de Pensión, salvo en el caso de que estén asegurados en otras entidades. Las personas aseguradas por este sistema tienen derecho a los beneficios por ancianidad al cumplir los 65 años si han contribuido durante más de 25 años, excepto en los casos en que se concede una exención del pago de la prima o se reduce el plazo de contribución. Esta prima se abona directamente al Gobierno a través de las oficinas locales destinadas al efecto y el valor de los beneficios en metálico depende, en general, del número de meses en que se ha efectuado el pago de la prima.

En marzo de 1975, se encontraban protegidos por este sistema 25,22 millones de asegurados, mientras que 1.432.000 personas disfrutaban de los beneficios por ancianidad.

Seguro General de Pensiones para Empleados: La mayor parte de las oficinas y fábricas de las empresas privadas con 5 o más empleados están obligadas a acogerse al Seguro General de Pensiones para Empleados, excepto en las industrias agrícola, forestal y pesquera y algunas empresas del sector de servicios.

Bajo este sistema, las personas disfrutan de los beneficios en metálico por ancianidad al cumplir los 60 años por regla general (55 años para las mujeres y los mineros), después de haber contribuido durante 20 o más años. Las primas se pagan a través de los empresarios y su valor varía de acuerdo con los honorarios del asegurado.

En marzo de 1975 se encontraban acogidas a este programa 23,65 millones de personas pertenecientes a 835.000 compañías y centros de trabajo en general. Por su parte, 1.244.000 personas percibían beneficios en metálico por ancianidad.

El nivel de este último tipo de beneficios, dentro de los programas del seguro de pensión, se elevó considerablemente en 1973. Estos programas cuentan con un sistema flexible de beneficios para proteger a los pensionistas contra las alzas de precios.

Dentro del Seguro General de Pensiones para Empleados el nivel normal de los beneficios por ancianidad es inferior al logrado en algunos países de Europa Occidental y América del Norte, por ejemplo; pero resulta equiparable en lo que se refiere a la proporción de los beneficios al nivel salarial medio (alrededor del 45% de los honorarios totales). En Japón, el número de beneficiarios es pequeño comparativamente, debido en gran parte a que estos programas son absolutamente nuevos, con excepción de los establecidos hace tiempo por las mutualidades, entre los que se incluye uno para empleados del gobierno. Se encuentran en curso de desarrollo y ampliación otros programas, especialmente el Plan del Seguro Nacional de Pensión; pero el número de personas que pueden beneficiarse plenamente de estos programas refleja ya un acusado incremento, que se repite año tras año, a medida que aumenta la proporción de ancianos dentro de la población total.

Pensión de Bienestar

Los beneficios que prescribe el programa de Pensión de Bienestar, se otorgan a las personas mayores de 70 años, viudas sin hijos e incapacitados no respaldados por ningún programa de pensiones bajo contribución o en cualquier caso, no calificados para percibir estas pensiones hasta el 1º de noviembre de 1959, fecha de establecimiento del Seguro Nacional de Pensiones.

El programa de Pensión de Bienestar, que comprende pensiones para ancianos, incapacitados y viudas sin hijos, se puso en marcha en 1959. En septiembre de 1974, un total de 4.544.00 personas mayores de 70 años recibían beneficios por ancianidad a cargo del Gobierno. En marzo de 1975 y dentro de este mismo programa, 477.000 personas enfermas o minusválidas percibían beneficios por incapacidad y alrededor de 7.000 personas recibían los beneficios correspondientes a las viudas sin hijos.

El número de beneficiarios de este programa exento de contribución disminuye a medida que los ancianos y viudas sin hijos se hacen acreedores a los beneficios de los programas bajo contribución, tales como el Seguro Nacional de Pensiones y el Seguro General de Pensiones para Empleados.

En septiembre de 1974, un total de 7,08 millones de ancianos disfrutaban de las pensiones por ancianidad a cargo de algunos de los programas bajo contribución del plan de Pensión del Bienestar. El 64,1 por ciento del total de pensionistas ancianos recibían beneficios por parte del plan de Pensión del Bienestar; el 13,8 por ciento, del Seguro Nacional de Pensión; el 11,7 por ciento, del Seguro General de Pensiones para Empleados; el 10,1 por ciento, de diversas mutualidades y el 0,3 por ciento del Seguro Marítimo.

Asistencia Pública

Los programas de asistencia pública se iniciaron en 1874, al establecer el Gobierno un reglamento de auxilio social para las personas necesitadas, imposibilitadas para obtener ayuda económica de sus familiares o de las comunidades locales. La Ley de Protección Asistencial de 1950 garantiza unos niveles mínimos de vida a todos los que se encuentran en situaciones precarias.

En el año fiscal de 1974, 1,31 millones de personas procedentes de 690.000 familias (según un promedio anual) recibían algún tipo de ayuda económica al amparo de este programa de Asistencia Pública. El número de beneficiarios de este servicio ha ido disminuyendo constantemente, lo que refleja las mejores oportunidades de empleo y los más altos niveles de ingresos alcanzados durante la pasada década. La proporción de asistidos, expresada en número de beneficiarios por cada mil personas del total de la población, descendió de 16,3 en el año fiscal de 1965 a 11,9 en el año fiscal de 1974.

La asistencia pública está formada por siete planes asistenciales: ayuda al pago de las necesidades diarias; gastos médicos, incluyendo gastos de hospitalización; y otros tipos de asistencia que abarcan la educación de los niños, vivienda, maternidad, instrucción personal y servicios funerarios.

Para la cobertura del costo de estos programas de asistencia pública, que son administrados por las Oficinas locales de Bienestar, el Gobierno aporta el 80 por ciento de dichos gastos quedando el restante 20 por ciento a cargo de las corporaciones locales.

El Ministerio de Sanidad y Bienestar Público, la lista de servicios en cada tipo de asistencia según las diversas composiciones y demás características de las familias en las diferentes localidades. Esta lista ha sido ampliada anualmente desde que el programa se puso en marcha en 1946 para adaptarla a la elevación del nivel medio de vida del pueblo y asimismo para compensar el aumento del costo de la vida.

Asignaciones para el Bienestar: Existen asignaciones especiales para padres y tutores de niños, e igualmente para ancianos e incapacitados. La Asignación para los Niños, que fue establecida en 1972, se concede al padre o tutor de un determinado nivel económico que tenga a su cargo y conviva con tres o más niños.

En octubre de 1975, esta asignación se concedía únicamente a partir del tercer hijo hasta que éstos alcanzasen los 15 años de edad, por regla general.

Entre otras ayudas especiales se puede citar la Asignación para el Cuidado de los Niños que se destina a las madres separadas o viudas con hijos, o a sus tutores. (La Asignación para los Niños se concede también en determinados casos). Asimismo existen la Asignación Especial para el Cuidado de los Niños, que se ofrece a padres o tutores de niños minusválidos y la Asignación Suplementaria para Minusválidos Graves, que se abona a los padres o a los propios interesados en caso de que estos sean adultos.

Servicios de Bienestar

Estos servicios protegen a las personas física o mentalmente incapacitadas, ancianos y niños necesitados de asistencia.

En colaboración con el Ministerio de Sanidad y Bienestar, y otros departamentos estatales encargados del bienestar, como los Ministerios de Educación y Trabajo, las corporaciones locales ofrecen servicios de bienestar mediante sus correspondientes departamentos y oficinas locales de Bienestar, así como también una serie de entidades asesoras.

En 1974, las 1.130 Oficinas de Bienestar repartidas por todo el país contaban con unos 14.000 funcionarios eventuales, además de los miembros de la plantilla y los funcionarios especializados, con aproximadamente 23.400 empleados voluntarios en calidad de consejeros o asistentes domiciliarios.

En el mismo año, existían en total 31.100 instituciones y centros de bienestar en los que se atendía, aproximadamente, a 1,9 millones de niños y adultos. Funcionaban también 380 organismos de bienestar social dedicados a la orientación, entretenimiento y otras actividades propias del bienestar en las comunidades locales.

En el año fiscal de 1973, el Gobierno aportó 358,8 mil millones de yenes al servicio de bienestar social. Cifra superior en 9,8 veces a la correspondiente al año fiscal de 1964, mientras que el valor total del presupuesto de Contabilidad General se había incrementado solamente en 4,5 veces durante la misma década. Las corporaciones locales, tanto a nivel prefectural como municipal, abonaron, por otro lado, un total de 1,736.1 billones de yenes para servicios sociales en el año fiscal de 1973.

Servicios para los Ancianos

La población de edad avanzada aumenta constantemente. En 1975 el número de personas mayores de 65 años se calculaba en 8,77 millones, lo que representa el 7,9 por ciento de la población total, que se compara con el 7,1 por ciento en 1970. Aproximadamente un 60 por ciento del total vive al cuidado de su familia y el 74 por ciento habita en casa de sus hijos.

La Ley de Bienestar para el Anciano, promulgada en 1963, estipula numerosos servicios entre los que se incluyen reconocimientos médicos, servicios domésticos y centros de asistencia.

Las corporaciones municipales dispensan exámenes sanitarios anuales con carácter gratuito a los mayores de 65 años. Los gastos de estos reconocimientos son sufragados proporcionalmente por el gobierno y las corporaciones prefecturales y municipales. La asistencia médica gratuita para las personas mayores de 70 años fue establecida en enero de 1973.

Ese servicio no incluye a los que disponen de medios propios por encima de un cierto nivel. El Gobierno aporta dos tercios del costo de este servicio médico del bienestar, mientras que una sexta parte es abonada por cada uno de las corporaciones prefecturales y autoridades municipales que administran el servicio en nombre del Gobierno.

En 1975, 9.260 Visitadores Domiciliarios retribuidos visitaron alrededor de 63.000 ancianos encamados de edad superior a los 65 años, de bajo nivel económico. Estas visitas las realizaban, por término medio, dos veces por semana, con el fin de atender a las tareas domésticas y a los problemas diarios. A algunos de estos ancianos inválidos se les proporcionó camas especiales, colchones, bolsas de agua caliente, palanganas y otros utensilios, así como servicios de rehabilitación con fines preventivos.

En el año fiscal de 1975, se envió por requerimiento un total de 13.000 Ayudantes Sanitarios, que atendieron a unas 500.000 personas mayores de 65 años que vivían solas. También se instalaron aparatos telefónicos totalmente gratuitos.

En octubre de 1974, un total de 1.530 residencias sanitarias y de ancianos, tanto públicos como privados, albergaba a 113.000 personas de edad avanzada, lo que representaba el 1,3 por ciento de la población mayor de 65 años. Las residencias públicas para ancianos proporcionan facilidades de alojamiento a las personas que, por razones económicas o de otra índole, necesitan este tipo de cuidados, según criterio de las corporaciones locales. Estas residencias de carácter estatal fijan una tarifa nominal a los que perciben ingresos por encima de un determinado nivel. Entre las residencias privadas existen algunas que reciben subvenciones estatales para el cuidado de las personas mayores de 60 años a un precio reducido.

Dentro de este tipo de instituciones existen 440 Centros de Bienestar para Ancianos, en los que se ofrece a sus residentes una serie de servicios tales como asesoramiento y sistemas de rehabilitación. Se dispone también de 1.110 albergues locales e instalaciones recreativas distribuidas por todo el país, especialmente los meses cálidos de la primavera.

Las corporaciones locales subvencionan un total aproximado de 100.000 clubs sociales para ancianos, cuyos miembros abarcaban, en 1974, el 49 por ciento de la población mayor de 60 años. Además de ciertas reducciones de impuestos para los ancianos, existen también oficinas de empleo e instituciones que facilitan créditos especiales. El Gobierno aporta subvenciones a las corporaciones locales destinadas a los programas locales de bienestar para ancianos, tales como el fomento de las actividades recreativas y deportivas entre este sector de la población.

Servicios para los Minusválidos

Según la Ley de Asistencia a los Minusválidos Físicos (1949), la Ley Básica de Protección a las Personas Mental y Físicamente Incapacitadas (1970), de contenido más amplio y otras disposiciones al respecto, el Gobierno y las corporaciones locales tienen el deber de proporcionar servicios asistenciales a las personas físicamente incapacitadas de edad superior a 18 años, cuyo número se calcula en 1,3 millones. Para los niños minusválidos funciona un servicio establecido por la Ley de Asistencia Infantil de 1947 y otra disposición.

Los servicios a los minusválidos incluyen: exámenes físicos, consejo, asesoramiento sobre problemas sociales y personales, así como los relacionados con la profesión. Estos servicios se facilitan en las Oficinas de Asistencia y centros de rehabilitación. Entre otros servicios se pueden citar: tratamientos preventivos y otros cuidados médicos, suministro de bastones para ciegos, aparatos auditivos, miembros ortopédicos, sillas de ruedas y otros instrumentos de auxilio, así como también atención institucional para protección y rehabilitación.

En 1975, existían 296 instituciones estatales y de otras categorías incluyendo las residencias, para rehabilitación y otros cuidados médicos o centros de trabajo especializados, además de 63 bibliotecas con el sistema Braille y 35 centros especiales de empleo para ciegos.

A los minusválidos graves, las corporaciones locales ofrecen los servicios de asistencia domiciliaria para el servicio doméstico, así como orientación y asesoramiento. En el año fiscal de 1975 había 1.170 Asistentes Domiciliarios para atender a los minusválidos graves. En caso necesario, se dispone también de asistentes especiales para ciegos y personal sanitario para los minusválidos que viven solos. Con carácter gratuito o en calidad de préstamo, se facilitan diversos utensilios de uso diario, tales como aparatos telefónicos, camas especiales, palanganas, máquinas de escribir, etc.

Con el fin de alentar a los minusválidos a vivir independientemente en la medida de lo posible, las autoridades locales ponen en marcha centros de trabajo apropiados y les otorgan consideración especial en la concesión de licencias para establecimiento de venta de tabaco e instalación de kioscos en edificios públicos.

En 1975, 30 ciudades fueron designadas comunidades locales modelo por sus instalaciones públicas y sus servicios de asistencia a los minusválidos. El móvil principal era el fomento y mejora de los servicios sociales en este campo a través de todo el país.

Tanto el Gobierno como las corporaciones locales promueven y cooperan económicamente en las actividades deportivas de los minusválidos, incluyendo su participación en encuentros internacionales.

Entre otros servicios y ayudas a los incapacitados se incluyen asignaciones mensuales de asistencia para los gravemente afectados cuyo volumen de ingresos no alcance un nivel establecido y que por otra parte residan en sus hogares; asimismo se establecen descuentos para los transportes públicos, incluyendo líneas aéreas para desplazamientos por el interior del país, disminución en las tasas por servicios públicos, reducción de impuestos, facilidades de crédito, servicio postal gratuito para las publicaciones en el sistema Braille y tarifas postales reducidas para las asociaciones de minusválidos.

El Gobierno, las corporaciones locales y los organismos asistenciales facilitan servicios similares a unos 111.000 niños incapacitados. Las instituciones públicas y privadas destinadas a estos niños alcanzaron la cifra de 290 en 1975, incluyendo las instalaciones para niños ciegos o sordos y guarderías para los seriamente afectados.

Los retrasados mentales, en número de 356.000 aproximadamente, reciben diversos servicios de acuerdo con la Ley de Asistencia a Personas Mentalmente Retrasadas (1960) y la Ley Básica de Protección a las Personas Mental y Físicamente Incapacitadas (1970), incluyendo consejos, entrenamiento en centros diurnos, atención en hogares residenciales para los casos avanzados, etc. En 1975, los centros de rehabilitación para cuidados diurnos y entrenamiento en general, ascendían a 309 y los centros de formación profesional a 102. Existen también 348 residencias y 168 centros de educación y entrenamiento para los que residen en sus hogares.

Bienestar Infantil

Según la Ley de Bienestar Infantil (1947), el Gobierno y las corporaciones locales cuentan, como órganos consultivos, con el Consejo Central de Bienestar Infantil y sus delegaciones prefecturales y municipales. Estos organismos inspeccionan los servicios de asistencia infantil y formulan sugerencias a las corporaciones correspondientes.

En abril de 1975, había 152 Centros de Orientación Infantil dotados de médicos, psiquiatras y otros especialistas, además de funcionarios eventuales. También prestan servicio alrededor de 160.000 asistentes sociales voluntarios, que lo son concurrentemente de asistencia infantil.

En virtud de la Ley de 1947, las futuras madres y los niños pequeños de familias con bajo nivel de ingresos deben recibir asistencia médica gratuita. Además, existían en todo el país, en abril de 1975, más de 18.000 guarderías sostenidas por las corporaciones locales o asociaciones voluntarias, en las que prestaban servicio 115.000 educadores calificados. Sin embargo, se necesitan más centros, con el fin de satisfacer la creciente demanda de las madres jóvenes que trabajan durante el día. Los niños que carecen de una vida familiar normal por alguna causa, son atendidos en 129 casas-cunas, 522 hogares infantiles y 5 residencias para niños inválidos sin hogar.

Por otra parte, en abril de 1975, habían sido recogidos 3.990 niños por 3.330 familias adoptivas. Además de éstas, muchas otras familias se hallan inscritas en la Asociación Nacional de Padres Adoptivos en espera de adoptar un niño. Entre los servicios de protección y orientación para niños que carecen de los cuidados familiares normales, figuran dos programas a corto plazo; uno referente a las familias adoptivas y otro a las guarderías de instrucción profesional para los jóvenes menores de 15 años.

En el año fiscal 1974, se registraron 249.000 casos de consulta, por mala conducta de niños de edad inferior a 14 años, ante los Centros de Orientación Infantil que funcionan en todo el país.

Algunos de estos niños, después de prestar declaración en los Tribunales Familiares, son enviados a los Hogares de Formación y Educación Juvenil, que en número de 58 imparten enseñanza y orientación general.

Con respecto a las instalaciones recreativas de carácter público, existen 44.000 parques infantiles y campos de juego, además de 2.100 hogares infantiles recreativos, todos ellos construidos y administrados por las autoridades locales con subvenciones estatales.

Familias sin Padre: Según una encuesta realizada en 1973, había en el país 626.000 familias sin padre. Las madres viudas o separadas que mantienen hijos menores de veinte años, tienen derecho a la Asignación para el Mantenimiento de los Hijos y a diversos servicios sociales, tales como créditos especiales de ayuda para abrir tiendas, formación profesional, vivienda, educación, asistencia médica y otros fines, orientaciones en las Oficinas locales del Servicio Asistencial a cargo de asesores especializados en estas materias, encauzamiento e instrucción profesionales y suministro de viviendas económicas; en el mes de abril de 1975, estas viviendas alcanzaban la cifra de 431 y en ellas residían 6.115 familias sin padre. Entre otros servicios para las madres viudas o separadas con hijos se incluyen 40 centros de asistencia y 24 hogares para recreo y descanso repartidos por todo el país.

Organizaciones Voluntarias

El Consejo Nacional de Bienestar Social, organización con capacidad legal no dependiente del Gobierno, posee delegaciones locales en todas las prefecturas y en la mayoría de las ciudades, con una plantilla de funcionarios en número superior a 1.600. Dichas delegaciones organizan y coordinan los servicios de bienestar en todas las comunidades locales.

De acuerdo con la Ley de 1948 relativa a los Empleados Voluntarios de los Servicios de Bienestar, más de 160.000 residentes locales han sido investidos por el Ministro de Sanidad y Bienestar, por recomendación de la corporación prefectural, para servir como funcionarios asistenciales honorarios ("minsei-iin") en sus comunidades de residencia, durante un período de tres años. Su misión es colaborar con las Oficinas de Bienestar y otras organizaciones asistenciales de sus ciudades, pueblos y aldeas en cuestiones relativas a este servicio, tales como realización de encuestas, asesoramiento y ayuda en las formalidades de rigor.

Los Comités de Fondos de Socorro, el Servicio de Voluntarios de la Cruz Roja Japonesa y alrededor de 1.000 organismos locales con denominaciones tan diversas como bancos de servicio social, bancos de buena voluntad o centros colaboradores del servicio social, así otros ejemplos de organizaciones asistenciales no dependientes del Gobierno. Las organizaciones voluntarias del servicio asistencial, incluyendo las patrocinadas por organizaciones religiosas, están asistidas y subvencionadas por el Gobierno y las corporaciones locales.

Asistencia médica

El promedio de vida del pueblo japonés en 1974 se ha elevado a 71,2 años para los hombres y a 76,3 años para las mujeres, con lo que se aproxima a los niveles más altos del mundo, registrados en los países escandinavos.

Aunque este aumento en el promedio de vida puede atribuirse, al menos en parte, al mejoramiento de los niveles de vida, en realidad se debe principalmente al progreso de la medicina. Hoy por hoy, las ciencias médicas modernas han vencido muchas enfermedades que en otros tiempos amenazaban la vida humana.

La tuberculosis, considerada fatal hace ya bastantes años, rara vez es ahora causa de muerte. También ha desaparecido enfermedades contagiosas agudas como el tifus, la difteria y la escalartina e igualmente son raros los casos de fiebre tifoidea y disentería.

El Gobierno da especial importancia a la medicina preventiva. En 1974 había establecido 839 centros sanitarios en todo el país, con objeto de mejorar la salubridad ambiental y de evitar la propagación de enfermedades contagiosas desde sus comienzos.

Por otra parte, ahora amenazan al pueblo japonés enfermedades como la apoplejía, la hipertensión arterial, los padecimientos cardíacos y los trastornos mentales, que son resultado de la fatiga y de las tensiones físicas y mentales, así como el cáncer, que en la actualidad es la segunda principal causa de la mortalidad, después de las enfermedades cerebro-vasculares.

Estas "enfermedades de la civilización" son ahora los principales asesinos, en lugar de las enfermedades contagiosas del pasado. La ciencia médica japonesa dedica sus esfuerzos y talentos a luchar contra estas enfermedades.

En 1974, Japón contaba con un médico por cada 779 habitantes, proporción que se compara favorablemente, por ejemplo, con la del Reino Unido.

Sin embargo, esta proporción varía según la región y aunque es elevada en las zonas urbanas, es insuficiente en las zonas interiores alejadas o en las islas distantes.

En todo el país se han mejorado considerablemente las instalaciones médicas, incluyendo los hospitales universitarios, que cuentan con los más avanzados equipos. Con el progreso tecnológico de las últimas décadas, la ciencia médica ha ampliado también sus horizontes y ha unido sus fuerzas con otras diversas ramas de la ciencia como, por ejemplo, en la aplicación de la electrónica a la medicina.

En 1974 se disponía de más de 1.147.000 camas de hospital, lo que equivale a 10,4 camas por cada 1.000 personas durante ese año.

La siguiente estadística ofrece un cuadro general de los servicios sanitarios de Japón a finales de 1974.

Nutrición

Desde el final de la guerra se ha producido un importante cambio en los hábitos alimenticios del pueblo japonés, aproximándose al patrón occidental.

Por ejemplo, muchos japoneses ahora desayunan con café y pan tostado. Al mismo tiempo, se ha mejorado notablemente el nivel de nutrición, como consecuencia de la elevación de los niveles de vida.

Ha disminuido el excesivo consumo de cereales, frente a un creciente consumo de carne, leche y productos lácteos. Aunque el gasto de los hogares urbanos en productos alimenticios aumentó en términos absolutos, el coeficiente de Engel declinó de 44,1 en 1959 a 34,2 en 1974 debido a que el incremento de los gastos totales fue relativamente mayor que el de los gastos en productos alimenticios.

En 1973, el japonés medio consumió 2.273 calorías diarias y su consumo de proteínas alcanzó los 84,1 gramos al día. Del consumo total de proteínas, el 27,6 por ciento proviene de los cereales (incluyendo el 19,7 por ciento del arroz); el 17,2 por ciento de las frutas y verduras; el 25,1 por ciento, del pescado; el 24,7 por ciento de la carne y el 5,4 por ciento de otros productos.

Vivienda

Según la última encuesta nacional sobre la vivienda, realizada por la Dirección General de Estadística, en octubre de 1973 existían aproximadamente 31,4 millones de hogares para 29,7 millones de familias, incluyendo las personas que viven solas.

* Excluyendo residencias, habitaciones alquiladas, etc.

Las cifras del censo nacional realizado en octubre de 1970 revelan que el total de 26,8 millones de viviendas existentes en ese año se repartía de la siguiente forma:

• 15,6 millones de viviendas ocupadas por sus propietarios.

• 1,7 millones de viviendas para alquiler, propiedad del Gobierno e Instituciones Públicas.

• 7,3 millones de viviendas para alquiler de propiedad privada.

• 1,9 millones de viviendas propiedad de diversos organismos, destinadas a sus Empleados.

• 0,4 millones de viviendas de otras categorías, incluyendo habitaciones alquiladas y establecimientos de hospedaje.

En ese mismo año, la composición media nacional de cada familia era de 3,69 personas (3,54 en las zonas urbanas y 4,12 en las rurales); el promedio de habitaciones por familia era de 3,92 (3,66 en las zonas urbanas y 4,67 en las rurales) y el tamaño medio del espacio habitable por persona era, aproximadamente, de 10,0 metros cuadrados (9,6 en las zonas urbanas y 11,4 en las rurales).

El espacio medio habitable por persona en 1973 era de aproximadamente 10,9 metros cuadrados, lo que supone un incremento del 20 por ciento aproximado sobre el valor de 1968. Al mismo tiempo, el número de personas que vivían en condiciones extremas de hacinamiento o de antigüedad de las viviendas, por debajo de unos niveles mínimos, era de 2,48 millones, es decir, el 8,4 por ciento del número total de familias. Comparando esta cifra con el 14,6 por ciento correspondiente a 1968, se aprecia un constante mejoramiento de las condiciones de la vivienda en Japón.

Otra encuesta realizada por el Ministerio de la Construcción en 1973 indicaba que el 35 por ciento de las familias de la nación estaba descontento en algún sentido con su vivienda, si bien esta cifra se ha rebajado con respecto a la de 1969, que era del 37 por ciento. Por el momento, el número de viviendas supera al de familias en cada prefectura del país. Después de garantizar una cifra suficiente de viviendas, el problema ha pasado de la cantidad a la calidad.

Inmediatamente después de la guerra empezó a realizarse un tenaz esfuerzo por mitigar la grave escasez de viviendas y para mejorar los niveles de habitabilidad. En 1950 se estableció la Corporación de Préstamos para Viviendas, con objeto de otorgar préstamos a largo plazo y con reducidos tipos de interés a los que desearan construir su hogar propio. Además, en 1955 se estableció la Corporación Japonesa de la Vivienda, cuyo principal objetivo es construir en gran escala edificios de apartamentos con muchos pisos dentro y alrededor de las grandes ciudades, donde la escasez de viviendas es extrema.

En cuanto al objetivo a largo plazo, en 1966 el Gobierno formuló el primer plan quinquenal de construcción de viviendas, en virtud de la Ley Homónima promulgada en el mismo año. La meta de este plan era construir 2,7 millones de viviendas mediante fondos gubernamentales o con ayuda financiera del Gobierno y 4,0 millones de viviendas con fondos privados.

El segundo plan quinquenal (años fiscales de 1971-1975) se propone construir un total de 9,5 millones de viviendas (3,8 millones con fondos públicos y 5,7 millones con fondos privados). De este total, 5,25 millones de viviendas (el 55 por ciento) serán ocupados por sus propietarios y los 4,25 millones restantes (el 45 por ciento) se destinarán a la venta o alquiler.

En 1974 se inició la construcción de 1,32 millones de viviendas, lo que representa un sensible descenso del 30,9 por ciento respecto a la cifra correspondiente del año anterior. Esto se debe a la disminución del número de viviendas levantadas con fondos privados, evidencia del efecto producido por la recesión económica durante ese año.

De las viviendas construidas en 1974, 681.000 fueron ocupadas por sus propietarios, 359.000 se destinaron a alquiler, 233.000 a la venta y 43.000 fueron construidas por diversos organismos para sus empleados. Según la procedencia de los fondos, un total de 919.000 fueron financiadas con fondos privados; 251.000 mediante la Corporación de Préstamos para Viviendas; 74.000 por las corporaciones locales y el resto mediante otros fondos.

Como resultado de los problemas económicos que han debido afrontar tanto el mundo empresarial como la hacienda pública a lo largo de los últimos años, se calcula, a mediados de 1975, que para el final de ese año fiscal (marzo de 1976), únicamente se alcanzará el 91 por ciento del volumen propuesto en el segundo plan quinquenal de construcción de viviendas.

Las corporaciones locales, la Corporación Japonesa de la Vivienda y la Corporación Local de Asignación de Viviendas son los principales organismos estatales dedicados a la construcción de viviendas públicas, mientras que los fondos públicos proceden de la Corporación de Préstamos para Viviendas. La construcción de viviendas estatales atañe al Ministerio de Construcción. Las empresas privadas que desean construir viviendas para sus empleados pueden obtener de la Corporación de Préstamos para Viviendas un determinado porcentaje de los fondos necesarios, así como préstamos de la Corporación del Servicio Asistencial, dependiente del Ministerio de Sanidad y Bienestar y de la Corporación para la Promoción del Empleo, organismo del Ministerio del Trabajo. El Gobierno posee viviendas en alquiler para funcionarios públicos, dirigidos por el Ministerio de Hacienda.

Protección del medio ambiente

En Japón viven aproximadamente 112 millones de personas sobre la exigua superficie de 377 mil kilómetros cuadrados (146 mil millas cuadradas), equivalente a la extensión del Estado de California, en los Estados Unidos.

Además, las zonas de llanura albergan las zonas agrícolas, residenciales, los ríos y las carreteras ocupan solamente el 30 por ciento de la superficie total.

Al mismo tiempo, la población y la trepidante industria se han ido concentrando progresivamente en las grandes ciudades a lo largo de las dos últimas décadas. El resultado, en parte, ha sido un grave deterioro del medio ambiente, con efectos tales como la contaminación del aire y del agua y la destrucción del paisaje natural.

El rápido crecimiento económico y la expansión resaltante de la estructura industrial, que actualmente es la segunda en importancia del mundo occidental, han estado acompañados por un considerable cambio en la industria ligera, de mano de obra intensiva, a la industria pesada consumidora de recursos. El modo de vida también ha cambiado con el advenimiento de la llamada "sociedad de consumo" en Japón, simbolizada por la popularidad de los automóviles de turismo. Estos factores también han contribuido al profundo desequilibrio ambiental que padece Japón en los últimos años.

Hoy en día, los japoneses reconocen la necesidad de proteger una naturaleza en peligro. Se han emprendido esfuerzos para crear un medio más grato, enmendando alguna de las anteriores omisiones y controlando la contaminación en el futuro.

Así, se ha dado mayor rigidez a los reglamentos que controlan la emisión de gases en las "exhaustaciones" de los automóviles. También se han reforzado los controles para los escapes de los óxidos de azufre, nitrógeno y carbono procedentes de los humos de las fábricas. Con ello, se ha conseguido rebajar el volumen de óxidos de azufre en la atmósfera de las zonas urbanas y la razón del incremento en las enfermedades fotoquímicas provocadas por los humos ha descendido ostensiblemente. Según las medidas tomadas en 16 estaciones dispuestas en ciudades seleccionadas de entre la más propensas a la contaminación atmosférica, el valor medio anual de dióxido de azufre en la atmósfera disminuyó de 0,006 ppm en el año fiscal de 1967 a 0,03 ppm en el año fiscal de 1973.

Los peces regresan a los ríos urbanos antes contaminados, tales como el río Sumida en Tokio. Diversas especies de animales y pájaros no domésticos que anteriormente habían desaparecido de sus regiones naturales pueden ser vistos de nuevo en muchas zonas del país. Progresa la campaña en favor de la ampliación de los parques nacionales; la plantación de árboles en zonas densamente industrializadas continúa a buen ritmo.

Aunque en Japón existían leyes que regulaban la minería desde los primeros años de su historia industrial, la promulgación de la primera legislación básica contra la contaminación producida por una gran variedad de fuentes (Ley Básica para el Control de la Contaminación Ambiental) no tuvo lugar hasta el año 1967. Desde entonces, han entrado en vigor leyes más específicas y detalladas.

Entre éstas se incluyen la Ley contra la Contaminación Atmosférica (1968), la Ley contra la Contaminación del Agua (1970), LA Ley de Recogida de Agua (1970), la Ley de Recogida de Basura y Limpieza Pública (1970), la Ley de Prevención de la Contaminación Marina (1970), la Ley de Prevención de la Contaminación en las Tierras de Labor (1970), la Ley de Control de los Malos Olores (1971) y la Ley de Conservación de la Naturaleza (1972). Una vez puestas en marcha, las medidas legales y administrativas para la protección del medio ambiente han alcanzado progresos notables durante los últimos años.

La Ley sobre las Querellas por Contaminación fue decretada en 1970 para atender las quejas relativas a la contaminación del medio ambiente, con el fin de proteger la salud de los afectados por los peligros de la contaminación y compensar a éstos por daños provocados, incluyendo los casos de muerte.

La Ley de Represión de los Delitos por Contaminación relacionados con la Salud Humana (1970) establece diversas penas para los delitos de vertido de substancias nocivas para la salud humana y daños causados al bienestar y salud pública por efecto de las fábricas.

En virtud de esta ley, se sanciona no sólo a los responsables directos de tales delitos, sino también a las corporaciones y empresarios que representen dichos responsables. Además como prueba del delito, se ha incorporado una disposición de "presunta evidencia" que facilita la prueba de la relación entre causa y efecto.

La Ley de Conservación de la Naturaleza (1972) y otras reglamentaciones pertinentes, incluyendo la Ley de Protección de la Vida Animal y la Caza (1918), la Ley de Parques Nacionales (1957) y la Ley para la conservación de la Belleza de las Ciudades, referente a la Conservación de los Árboles (1962), prescriben medidas estrictas para la conservación de las zonas vírgenes, lugares de gran belleza, objetos naturales de valor educativo y cultural, regiones donde habitan animales y pájaros curiosos o zonas de recreo al aire libre, así como para el desarrollo y mantenimiento de zonas verdes y parques en las ciudades.

La Agencia del Medio Ambiente, instituida en 1971, es el organismo central encargado de la protección del medio ambiente y de eliminar la contaminación. Además, se han designado nuevas autoridades administrativas en las corporaciones locales, para resolver los problemas relacionados con la contaminación en sus respectivas regiones.

El Gobierno está elaborando normas de calidad ambiental que sirvan de líneas maestras para abarcar una gran variedad de condiciones ambientales, tales como contaminación atmosférica y del agua, ruidos y vibraciones, contaminación del terreno, malos olores, conservación del suelo.

En 1975 se han establecido las normas para combatir la contaminación del aire y del agua y una parte de las molestias provocadas por los ruidos, para su aplicación en extensas zonas.

Además de las líneas maestras señaladas anteriormente, se están reforzando las normas de vertido de productos tóxicos. Estas regulan la salida de gases nocivos en las exhaustaciones de las plantas industriales y en contraste con los patrones de calidad, contienen disposiciones que obligan al cumplimiento de las mismas, con sanciones en caso de violación. En 1975 comenzaron a aplicarse las normas de vertido en el aire y en el agua.

Las personas que individualmente o en grupo cometan delitos de contaminación, contraen ahora responsabilidad legal por sus acciones y deben llevar a efecto todas las medidas prescritas por la ley para prevenir y eliminar cualquier riesgo y proporcionar la compensación a que hubiese lugar por los daños causados.

Bajo este Sistema de "Multas por Contaminación", se obliga actualmente a todas las industrias a desarrollar innovaciones técnicas eficientes y asequibles a sus economías para combatir la contaminación.

En las zonas en donde se considere que las leyes nacionales son inadecuadas, se están aplicando estatutos y reglamentos de carácter local como suplemento a las leyes nacionales en vigor. Actualmente, casi todas las regiones han establecido alguna forma de líneas maestras de alcance local para combatir la contaminación, que han obtenido notable éxito a nivel prefectural, teniendo en cuenta que las 47 prefecturas han dispuesto una reglamentación especial para esta materia.

Muchas de las disputas entre el supuesto infractor y el afectado en primer grado, se relacionan con cuestiones referentes al establecimiento de responsabilidades por riesgo de contaminación y pago de indemnizaciones. Salvo en el caso de que haya acuerdo privado entre las dos partes, estas disputas se instruyen por vía administrativa en espera de la decisión oficial o por el procedimiento legal de pleito.

Ha habido casos de denuncia criminal contra industrias que declinaron su responsabilidad por las consecuencias de sus actividades contaminantes. El número de casos de querella ha aumentado últimamente como resultado de la creciente conciencia pública por los peligros de la contaminación.

Las quejas elevadas ante los gobiernos locales respecto al rompimiento ambiental, en 1973 sumaron 86.777 casos. Entre estos casos, las quejas por ruido y vibración ocuparon el primer lugar (28.632), seguidas por las quejas contra olores desagradables (19.674) y contra la polución atmosférica (14.234).

En 1974 se registraron 115 querellas concernientes a la polución ambiental, incluidos 58 casos pendientes desde el año anterior.

Las medidas legislativas y administrativas en ayuda de la salud pública fueron reforzadas en 1973 con la Ley de Compensación de Daños a la Salud por Contaminación. El propósito de esta ley es abonar beneficios de compensación y pago de tratamiento médico a las víctimas de enfermedades determinadas en ciertas localidades designadas por el Gobierno, así como proporcionar los servicios médicos y de asistencia necesarios para dichos pacientes o sus familias.

Los pagos de este programa de compensación provienen de un fondo compuesto por sobrecargas abonadas por las empresas y otros centros responsables de la contaminación del aire y del agua, ya sea en casos generales o específicos. El plan de compensación es supervisado por las corporaciones prefecturales y municipales de las zonas designadas por el Gobierno.

El plan se puso en marcha en el año fiscal de 1974. En marzo de 1975, 23 Prefecturas y Ciudades habían sido consideradas como zonas con riesgo de contaminación.

En Julio de 1975 unas 4.200 personas de estas localidades habían solicitado compensación por daños a la salud. De éstas, 234 fueron autorizadas a percibir los beneficios de compensación que estipula el plan.

Tanto el Gobierno como la industria privada desarrollan actualmente una tecnología adecuada para garantizar la aplicación efectiva de las medidas de protección al medio ambiente.

Los gastos de investigación y desarrollo en el aspecto de la contaminación ambiental se han visto incrementados cada año. En el año fiscal de 1974 alcanzaron un volumen de 112,7 mil millones de yenes.

Se han ampliado considerablemente las asignaciones presupuestarias para las actividades que llevan a cabo el Gobierno y las corporaciones locales en materia de conservación del medio ambiente. En contraste con un crecimiento en el presupuesto nacional total, de 2,4 veces en el período 1970-74, las asignaciones para gastos relativos al medio ambiente aumentaron 4,1 veces. El 2,0 por ciento del presupuesto nacional para 1974, es decir, 339,7 mil millones de yenes, se destinó a los programas de conservación del medio ambiente.

A nivel prefectural y municipal, también se han ampliado sustancialmente las asignaciones presupuestarias. En 1974, el gasto total estimado en las actividades de conservación del medio ambiente por parte de las corporaciones locales, fue de 1,1969 billones de yenes, lo que representa un crecimiento del 25,5 por ciento respecto al año anterior. Esta cifra sobrepasó con mucho el 17,5 por ciento en que se vio aumentado el presupuesto total de las corporaciones correspondiente al mismo año.

También han aumentado en gran medida las inversiones en este campo por parte de la industria privada, especialmente en el desarrollo de instrumental y equipos para evitar la contaminación, incluyendo ingenios para la industria del automóvil. En el año fiscal de 1974, el valor de las inversiones ascendió a 1,188 billones de yenes, lo que representa el 16,4 por ciento del total de las inversiones en la industria.

Esta cifra contrasta con el 5,0 por ciento correspondiente al año fiscal de 1969 y con el 10,3 por ciento del año fiscal de 1973. Las inversiones en este sector por parte de la industria para el año fiscal de 1974 fueron 2,1 veces mayores que las correspondientes al año anterior y 9,5 veces superiores a las del año fiscal de 1969.

Vida cultural

Educación

Durante el largo período feudal que precedió a la Restauración Meiji en 1868, se crearon diversos establecimientos educativos para atender a las necesidades de las diferentes clases sociales. Los señores feudales de las provincias establecieron escuelas especiales para los hijos de los guerreros, mientras que las comunidades rurales mantenían algunas escuelas para las familias de mercaderes y agricultores acaudalados. Otro tipo de escuela privada era la "terakoya" donde se enseñaba la lectura, la escritura y la aritmética a los hijos de los plebeyos, especialmente en las zonas urbanas.

A partir de la Restauración de Meiji se ha dado especial importancia a la educación. En 1872 se adoptó un moderno sistema educativo nacional y el Gobierno estableció escuelas primarias y secundarias en todo el país. En 1886, todos los niños debían asistir a la escuela primaria durante tres o cuatro años. La educación obligatoria pasó a ser gratuita en 1900 y en 1908 su duración se extendió a seis años. Después de la Segunda Guerra Mundial este período se extendió a su actual duración de nueves años, que cubren la enseñanza primaria y a escuela secundaria elemental.

La estructura y los principios básicos del sistema educativo actual están formulados en dos leyes aprobadas en 1947: la Ley Fundamental de Educación y la Ley de Educación Escolar.

La idea central de la educación japonesa en la actualidad consiste en formar ciudadanos conscientes de un estado pacífico y democrático, que respeten los derechos humanos y que amen en verdad la paz.

Otro principio básico enunciado en la Ley Fundamental es la igualdad de oportunidades de educación para todos, de acuerdo con sus capacidades. La Ley prohíbe la discriminación basada en raza, creencias religiosas, sexo, clase social, situación económica o posición familiar.

La Ley destaca la importancia de los conocimientos políticos y de la tolerancia religiosa en el desarrollo de ciudadanos rectos, pero prohíbe específicamente cualquier nexo entre los partidos políticos, las religiones y la educación.

En el programa de las escuelas públicas se concede especial importancia a los estudios sociales. Esto responde a las orientaciones de la Ley Fundamental de Educación que estimula la educación social y demanda de las autoridades estatales y locales que establezcan instituciones tales como bibliotecas, museos y salones cívicos.

El sistema educativo está dividido en cinco etapas: jardín de infancia (de uno a tres años), escuela primaria (seis años), escuela secundaria elemental (tres años), escuela secundaria superior (tres años) y universidad (normalmente cuatro años). Además, están reconocidos los colegios de juniorado con cursos de dos años, y muchas universidades imparten cursos de graduados para estudios avanzados.

La educación es obligatoria durante un período de nueves años y se imparte en forma gratuita a todos los niños entre los seis y los quince años de edad en las escuelas primarias y secundarias elementales.

En la actualidad están matriculados en las escuelas el 99,9 por ciento de los niños japoneses comprendidos en esas dos edades escolares.

Además de las instituciones públicas de enseñanza, también hay escuelas privadas para todos los grados. Desempeñan un papel especialmente importante en la educación infantil, por medio de jardines de infancia y en los niveles avanzados, a los que no abarca el sistema obligatorio. En mayo de 1974 asistían a instituciones privadas el 75,7 por ciento de los alumnos de jardines de infancia y el 78,8 por ciento de los de enseñanza superior. En lo que respecta a los estudiantes de la escuela secundaria superior, el 30,6 por ciento de ellos asistía a escuela privadas.

La administración de la educación está descentralizada. El Ministerio de Educación desempeña el papel de coordinador, en términos generales. Las responsabilidades de los presupuestos escolares, programas educativos, nombramiento, así como la supervisión de las escuelas privadas y secundarias corresponde a las juntas locales de educación. Los miembros de las juntas de educación son seleccionados por el jefe administrativo de las corporaciones locales.

En lo que se refiere a las materias, cada centro escolar organiza su propio plan de estudios de acuerdo con el Programa preparado y publicado por el Ministerio de Educación. Las juntas locales de educación seleccionan los libros de texto entre los autorizados por el Ministerio.

Estadísticas de Planteles de Educación

En 1º de mayo de 1974, el número de instituciones de enseñanza, profesores, estudiantes y alumnos era el siguiente:

Las bibliotecas, museos y otras instituciones desempeñan también un importante papel educativo. En 1974 había 950 bibliotecas públicas con un total de 38.850.000 libros. En el año fiscal de 1974, el total de peticiones de libros a las bibliotecas ascendió a 69.130.000. Había también 739 museos, 224 museos de arte, 64 parques zoológicos, 73 acuarios y 96 jardines botánicos, en marzo de 1975.

En mayo de 1974 había 5.475 estudiantes extranjeros matriculados en universidades japonesas. La mayoría eran asiáticos, en número de 4.199; de ellos 760 de la República de Corea y 1940 de Taiwan. Además había 677 de América del Norte, 282 de Europa, 184 de Oceanía, 155 de América Latina y 102 de África y Oriente Medio. Cada vez es mayor el número de jóvenes de países asiáticos y de otros continentes, que llegan a Japón para recibir formación técnica en los institutos tecnológicos y científicos o en diversas plantas o factorías industriales.

Ciencia

Durante los 25 últimos años la investigación científica ha logrado maravillosos progresos en Japón.

Las Universidades y sus institutos de investigación desempeñan el papel más importante en la investigación científica a niveles básicos La dirección administrativa de esta investigación básica en las ciencias naturales corre a cargo del Ministerio de Educación, mientras que la investigación en las ciencias aplicadas y la tecnología depende de la Agencia de Ciencias y Tecnología, organismo de la Oficina del Primer Ministro.

El Consejo e Ciencia y Tecnología fue establecido en 1959, dentro de la Oficina del Primer Ministro, como un cuerpo consultivo del Primer Ministro en materia de asuntos políticos relacionados con la ciencia y la tecnología.

El Consejo de Ciencia, organismo consultivo del Ministerio de Educación, remite informes y formula sugerencias al Ministro sobre cuestiones políticas en el terreno de la ciencia. En 1974, el Consejo mantenía seis comités especiales, encargados, respectivamente, de la ciencia del espacio, fusión nuclear, ciencia de la vida, intercambio científico internacional, patentes y organizaciones de investigación científica.

En 1974, las universidades nacionales contaban con 63 institutos de investigación propios, dedicados al estudio de las ciencias naturales. Cuatro de ellos dependen directamente del Ministerio de Educación y son para utilización conjunta de varias universidades. Como ejemplo se puede citar el Laboratorio Nacional de Física de la Alta Energía, situado en la Nueva Ciudad de Investigación y Educación de Tsukuba, al norte de Tokio.

En abril de 1974 había en total 893 institutos de investigación científica y técnica, en Japón, incluyendo 714 establecimientos nacionales, prefecturales y de régimen especial y 179 privados. Además de estos institutos independientes, una gran cantidad de organismos públicos y empresas privadas tienen sus propios departamentos de investigación.