Indice
1.
Introducción
2. Contenidos en Grupos de
Negociación y Comités Especiales: Perspectiva de
contenidos y efectos
3. Previsibles Repercusiones
Económicas, Sociales e Institucionales
4. Políticas y
Acciones
De acuerdo a documentos a los
que se ha tenido acceso, a pesar de la notable discreción
con la cual al menos en un inicio se condujeron las negociaciones
del ALCA -lo que
promueve más previsible oposición de la sociedad civil–
lo que se busca es establecer básicamente una
expansión del Tratado de Libre
Comercio de América
del Norte –TLCAN. Esta
generalización del TLCAN o bien
la extensión de sus principios
básicos implicaría establecer: (i) primero,
acuerdos preferenciales de comercio los
que permitirían bajar los aranceles o
tarifas dentro de los países miembros; y (ii) segundo,
establecer la zona de libre
comercio.
Lo que se vislumbra es que los acuerdos extenderían el
alcance del libre comercio a
nuevos sectores sobre la base de las disposiciones de la
Organización Mundial de Comercio –OMC. La
declaración original en donde se menciona la
creación del ALCA, subscrita en Miami, en diciembre de
1994, incluía, como principios
básicos y objetivos, los
siguientes:
- Integración económica del
hemisferio; - fomento de la integración de mercados de
capital; - coherencia en relación con la Organización Mundial de
Comercio; - eliminación de barreras comerciales
arancelarias y no arancelarias; - eliminación de subsidios para exportaciones agrícolas;
- eliminación de barreras para inversiones
extranjeras; - marco jurídico para proteger a inversionistas
y sus inversiones; - medidas para mejorar las compras del
sector
público; e - nuevas negociaciones para la inclusión de
servicios.
Es de tomar en cuenta que hay temas preocupantes para
ALC y el proceso de
desarrollo que
no están incluidos de manera específica, tales como
medioambiente, derechos de los trabajadores
y papel del
estado. Se
consideró que estos temas son muy importantes, producto de lo
cual en el capítulo sobre elementos para posibles políticas
se incluyen consideraciones sobre ellos, no obstante no formar
parte del contenido de los grupos de
negociación o comités
especiales.
Las implicaciones generales más favorables para ALC
consistirían en que:
- Estados Unidos y Canadá abrieran efectivamente
sus mercados a
los productos de
mayor competitividad que se producen en la
región. Esto es particularmente importante si se desean
aprovechar las ventajas comparativas de los diferentes
países. En este tema es vital el incluir a productos
agrícolas, textiles y de manufacturación que
tienen barreras arancelarias y no arancelarias en los mercados
del norte; - El ALCA no se convirtiera en un freno para las
políticas de desarrollo
económico en general y de innovación tecnológica en
particular dentro de las naciones latinoamericanas. Si la
apertura al comercio es clave en generar un aprovechamiento de
las ventajas comparativas de los países, el aspecto
aquí mencionado es indispensable para promover y
vigorizar, incluso dentro de los mecanismos de mercado, las
ventajas competitivas de las diferentes sociedades.
No hacerlo equivaldría a perpetuar condiciones en las
cuales la región continuara ofreciendo únicamente
la "competitividad" de mano de obra barata, poca
observancia sobre problemas de
contaminación y el uso no sostenido de
sus sistemas
naturales; - El ALCA no entorpezca los esfuerzos por ampliar los
mercados internos de los países, ni al desarrollo
científico y tecnológico. Este es un tema muy
importante. El ALCA no debe ser el fin a alcanzar sino un
instrumento para el desarrollo de las sociedades y
para mejorar el nivel de vida. En la medida que los acuerdos
sirvan para una mejor inserción de en los circuitos
económicos internacionales, sirvan para promover acceso
a recursos
financieros productivos, y se promueva una mayor demanda
efectiva por la población, en un contexto de desarrollo
sostenible, se pueden generar escenarios para la mejora en
los niveles de vida. Así como los mercados
internacionales son un motor para el
crecimiento, los mismos no se oponen ni mucho menos a no
considerar al mercado
interno como un motor del
desarrollo
económico y social. Con esto último se
fortalecerían las condiciones mediante las cuales los
diferentes grupos
sociales pueden aspirar a una mejora en sus ingresos, se
lograrían ampliar las oportunidades para los grupos
sociales, especialmente para aquellos más
vulnerables. Las condiciones de mercado serían quienes
permitirían la asignación más efectiva de
los recursos en
tanto se eliminan las trabas burocráticas en la gestión institucional. - Los esfuerzos de integración regional dentro de los
estados miembros de AMLYC, no sean detenidos por el ALCA. Este
punto trata de subrayar la necesidad de que los países
de la subregión continúen en sus esfuerzos por
promover una integración efectiva, con apoyos
recíprocos especialmente en las áreas
de
(i) la complementariedad comercial y de intercambios
generales;
(ii) cooperación en los esfuerzos de estabilidad en los
problemas
monetarios;
(iii) promoción del financiamiento
para el desarrollo; el ALCA establece una relación que
debe crear comercio, más que desviar los intercambios,
pero aún así, no es la culminación del
esfuerzo integrador.
El esfuerzo debe ser alcanzado básicamente entre los
países de ALC dado que, entre otras razones, sus niveles
de desarrollo no son tan dispares como los que existen entre
ellos y Estados Unidos y
Canadá. En este punto los países de ALC debe
manifestar oportunamente y constantemente un asumir de sus
propias responsabilidades en función de
una búsqueda de mecanismos de desarrollo
conjunto.
2. Contenidos en Grupos de
Negociación y Comités Especiales:
Perspectiva de contenidos y efectos
Grupos de Negociación
- Acceso a Mercados
El mandato de este grupo se
refiere a seleccionar una metodología y un cronograma para la
eliminación de aranceles
y las barreras no arancelarias. Se requiere también
que se establezca un programa de
acciones
para implementar este mandato.
Debe notarse aquí que el gran riesgo y una
herramienta o instrumento que puede fácilmente
utilizarse con fines políticos es la de las barreras
no arancelarias. Prácticamente estas barreras
comprenden todo lo que hacen los gobiernos, incluso la
prestación de los servicios
y la protección de la salud y la seguridad
de los ciudadanos.
Es de prever que el mayor poder para
ejecutar medidas no arancelarias vendría de las
naciones de mayor poder
económico. Si una nación pequeña establece un
arancel por si sola, se expondría fácilmente a
represalias comerciales, como ha sido el caso en varias
ocasiones.Estas disposiciones expandirían los alcances
del acceso a mercados con repercusiones importantes. Se
incluiría por ejemplo, que los bienes
importados provenientes de otro país del ALCA
deberían ser tratados
no menos favorablemente que los bienes
nacionales. No obstante, el tratamiento nacional que se tiene
en el TLCAN no se extiende a las compras
del sector
público o a subsidios nacionales, y se le aplica a
los servicios de manera limitada.
Un tratamiento específico y una cláusula de
salvaguarda al respecto podría permitir proteger a
ciertos programas
nacionales en caso de que se les cuestione el tratamiento
nacional. En este aspecto como en la mayor parte de las
disposicones, el establecimiento de la institucionalidad
legal que ventilara las querellas judiciales es clave. En
esto, los gobiernos y/o las corporaciones multinacionales o
transnacionales que dispusieran de los recursos más
abundantes tendrían acceso a los abogados que les
fueran más eficazmente favorables (juicio legal
estricto) y a medios de
publicidad
para presentar sus casos (consideración del caso ante
la opinión
pública).
En estas condiciones la tendencia es que las reglas de acceso
a los mercados tendrán una cobertura más amplia
en los servicios. Esto puede afectar como se teme en varios
aspectos de los posibles contenidos del ALCA, el
funcionamiento y operativización de instituciones públicas. Se
verían afectadas de manera restrictiva, por ejemplo,
las compras que hacen los gobiernos con el fin de proteger a
proveedores locales, dado el mandato de
expansión de las disposiciones a compras del sector
público.
Otra de las tareas que este grupo
puede abordar es el de la eliminación de las barreras
técnicas del comercio, las cuales
tienen una relación directa con el tratamiento de
problemas del medio
ambiente. De conformidad con los lineamientos de la
OMC, el
acuerdo sobre las barreras técnicas al comercio es un
régimen internacional para armonizar las normas
aplicables al medio ambiente y
otros sectores que efectivamente crean un techo y no un
mínimo para la reglamentación concreta sobre
este tema.
Según este acuerdo, una nación al ser cuestionada debe
demostrar que sus normas
ambientales y de seguridad
son necesarias y requieren de medios
menos restrictivos desde el punto de vista comercial, a fin
de lograr las metas en materia de
conservación, seguridad alimentaria o de normas
sanitarias. Una de las mayores dificultades en este punto
consiste en determinar la capacidad de cumplimiento, en
recursos financieros y técnicos con lo que
podría establecerse, por parte de las naciones
especialmente aquellas que tienen mercados más
reducidos y un contexto institucional más
débil.
De nuevo, el riesgo
más evidente aquí es que se tome la
decisión de establecer condiciones en pro de un
relajamiento en las disposiciones ambientales y laborales, o
abordar procesos
judicialmente complicados, por demás prolongados y de
resultados inciertos.El mandato del grupo de negociación de
agricultura es eliminar los subsidios de
exportación agropecuaria que afectan al
comercio en el hemisferio, sobre la base del acuerdo sobre
agricultura (AOA) de la OMC. Se
trataría también de disciplinar otras
prácticas agrícolas que distorsionan el
comercio, y garantizar que las medidas sanitarias y
fitosanitarias no se utilicen como una barrera oculta al
comercio, utilizando al acuerdo de la OMC como modelo.
Las implicaciones aquí apuntarían a las
restricciones que están relacionadas con el apoyo a
los agricultores, la capacidad de mantener reservas de
alimentos, el
establecimiento de medidas para seguridad alimentaria y de
suministro de alimentos.
Las disposiciones que se tienen en el TLCAN no
impondrían normas específicas. Los
países estarían facultados para poner en
práctica las normas sanitarias y fitosanitarias (SPS)
de la OMC. Mientras el TLCAN promueve a las partes para que
armonicen sus medidas sobre la base de normas internacionales
pertinentes, la OMC tiene como meta retirar el poder de
decisión de los gobiernos nacionales con respecto a
salud,
alimentación y seguridad, y
otorgárselo a entidades normalizadoras internacionales
como Codex Alimentarius, un grupo élite de
científicos con sede en Ginebra, controlado mayormente
por las grandes empresas
agroalimentarias.
Una de las mayores dificultades que pueden ofrecer las
disposiciones en agricultura es acrecentar la dependencia de
las grandes industrias
agroalimentarias y de Estados
Unidos en materia de
aprovisionamiento de alimentos básicos. Por ejemplo,
durante los primeros tres años del TLCAN, las exportaciones de maíz
desde Estados Unidos se incrementaron de 75 millones de
dólares a 1,000 millones de dólares. De
conformidad con la interpretación rápida de
leyes
económicas esto puede entenderse como un apoyo con
mayor cantidad del grano y precios
más baratos que ayudan a los consumidores, pero tal y
como lo presenta Sara Anderson, hay otras implicaciones
importantes.
El resultado ha sido que los campesinos han abandonado sus
tierras. Con anterioridad estos campesinos eran capaces de
alimentar a sus familias y de proporcionar bienes y
servicios, aunque en cantidades familiares marginales, si se
contribuía al abastecimiento al mercado nacional.
Estas repercusiones hacen aumentar los niveles de pobreza en
México. Se estimaba que en 1994 la
mitad de la población subsistía en
condiciones de pobreza. En
1999 esa cantidad habría alcanzado a dos terceras
partes de los mexicanos.
Este aumento de desposeídos y marginados presiona por
un aumento constante y significativo en los flujos
migratorios especialmente a Estados Unidos. Esto
último hace que los costos de
los controles migratorios en las fronteras se aumenten.
Tomando en cuenta que los volúmenes de exportación han aumentado, el congreso
estadounidense amenaza con disminuir los subsidios y apoyos a
los agricultores en ese país. Lo que deja a estos
productores a merced de las volátiles condiciones
mercantiles y da mayor poder a las grandes transnacionales de
aprovisionamiento de alimentos. Estas corporaciones
también presionarían para que se instalen y
expandan los compromisos de "libertad
de mercado" que terminan siendo el condicionamiento de
mercados oligopólicos.- Agricultura
- Compras del Sector Público
El mandato del grupo de este grupo se refiere a ampliar
el acceso a los mercados para las compras del sector
público de los países del ALCA. Esto se
lograría mediante un marco normativo que asegure la
apertura y la transparencia en los procedimientos de
las compras del sector público, que asegure la no discriminación en las compras y un examen
imparcial y justo para la resolución de los reclamos y
apelaciones.
Las disposiciones aquí, nuevamente, pueden desembocar
rápidamente en poner más restricciones a las
instituciones
públicas en la promoción de la economía nacional.
Las medidas a adoptar incluirían a aquellas que favorecen
a proveedores
locales o nacionales. Mientras que las normas de la OMC no
indican explícitamente la ejecución de reglas de
acceso a mercados o tratamiento nacional en la compra de bienes y
servicios, las normativas del ALCA si lo pueden estipular.
Esto último correspondería a abrir todos los
contratos,
servicios, y bienes de gobierno a
licitaciones en las que pueden participar todas las empresas o
países del ALCA. Al parecer existe evidencia de que este
grupo ha solicitado un inventario de los
sistemas de
clasificación internacionales al respecto, así como
estadísticas respecto a las compras que
efectúan los gobiernos.
Sería de esperar que en aquellas áreas que
representaran una inversión o gasto de capitales más
significativos, las empresas de mayor capacidad puedan
presentarse a licitación y obtener los contratos. No es
algo desdeñable desde el punto de vista económico y
que se encuentra en consonancia con el aprovechamiento de
capacidad instalada, manejo técnico y economías de
escala. El
problema nuevamente es si estas medidas repercuten o no en la
ampliación de la demanda agregada
dentro de los mercados nacionales o si conllevan más
egresos incluso al exterior de los recursos nacionales o de
empréstitos. Los que en muchos casos crean más
vulnerabilidad y sólo permiten márgenes de maniobra
económica en términos coyunturales.
(d) Derechos de
Propiedad
Intelectual.
El mandato del grupo de propiedad
intelectual es el de reducir las distorsiones del comercio
hemisférico y promover y asegurar una adecuada y efectiva
protección de los derechos de propiedad intelectual. La
categoría de propiedad intelectual aquí designa
esencialmente a las patentes, las cuales otorgan un título
de propiedad exclusivo. Generalmente se extiende este derecho
exclusivo por las empresas a otros países signatarios del
acuerdo.
Este aspecto ha contado con mucha de la consideración y
trabajo de las naciones más desarrolladas. Es en ellas en
donde de una manera abrumadora se realiza la mayor parte de la
investigación científica. Aunque en
esos países el peso de las actividades del estado es
aún considerable, muchas de las patentes y de la investigación se encuentra en poder de
grandes empresas transnacionales o multinacionales, quienes son
las dueñas de las patentes. Varias de esas corporaciones
tienen un volumen de
ventas muy
superior al producto
geográfico bruto de varias naciones en ALC y el mundo.
Relacionado con este aspecto se sabe que a partir del 1 de enero
del 2000, muchos países de ALC están sujetos a las
reglas del acuerdo sobre aspectos de derechos de propiedad
intelectual con el comercio (TRIPS, por sus siglas en inglés). Se trata de un acuerdo de la
Organización Mundial de Comercio. Se considera que el
TRIPS tiende a favorecer en protección y
compensación a las empresas privadas, y no necesariamente
a los individuos más creativos de la sociedad,
especialmente en las condiciones de muchos países
latinoamericanos en donde los estados de derecho tienen
instituciones no totalmente consolidadas y los regímenes
legales adolecen de deficiencias.
Uno de los aspectos importantes de los TRIPS es que
privatizan y pueden permitir la monopolización de
productos derivados de la biodiversidad.
Bajo el amparo de estas
provisiones, las corporaciones tienen derecho a patentar
productos, procesos y
material orgánico en el campo de la biotecnología y medicina. Esto
abre toda la controversia de por ejemplo medicamentos en función de
enfermedades
mortales para las que no existe cura. En cuanto a la biodiversidad,
siempre ha sido tratada como propiedad de la comunidad. Los
problemas que se pueden crear serían múltiples si
por ejemplo una transnacional de semillas (Monsanto, para citar
un caso) señala que una comunidad viola
sus derechos por la utilización secuencial de una semilla
en cosechas sucesivas.
La firma de los países de ALC respecto a TRIPS
ocurrió a pesar de los esfuerzos de varios grupos
regionales que defienden la soberanía y el derecho comunitario a su
conocimiento
tradicional y su diversidad biológica. Debe tomarse en
cuenta que América
Latina tiene dos centros, de los ocho que hay en el mundo,
respecto a la diversidad biótica, uno entre Guatemala y
México
(tierras altas centroamericanas) y el otro en la frontera entre
Perú y Bolivia. TRIPS
facilita de manera más rigurosa los derechos y propiedad
de empresas monopólicas u oligopólicas.
- Inversión
Este grupo tiene el mandato de establecer un marco legal
justo y transparente para promover las inversiones mediante la
creación de un entorno estable y previsible que proteja al
inversionista, sus inversiones y flujos relacionados, sin crear
obstáculos para las inversiones provenientes del exterior
del hemisferio.
El mandato de este grupo es particularmente importante.
Nótese que conllevaría un peligrosísimo
riesgo: el de hacer que prácticamente la estructura
institucional estuviese al servicio de
los capitales de inversión. De manera que pareciera que el
objetivo es
promover el beneficio de los inversores casi a cualquier costo. Si este es
el espíritu y esto es lo que se lleva a la
práctica, se sacrificarían en función de
ello otros intereses tales como el desarrollo nacional, la
sustentabilidad del manejo de los sistemas naturales, los
derechos de trabajadores, e incluso muchas de las
políticas macroeconómicas si es que las mismas
constituyen "obstáculos" para las inversiones.
Según lo expresa el analista Barry Appleton, "este es el
espíritu del TLCAN". De ser así se
confirmarían muchas de las críticas más
drásticas contra el librecambismo comercial, el poder de
las transnacionales y la defensa de sus estrechos intereses
inmediatistas. Se trataría de poner en ejecución el
controversial Capítulo 11 del TLCAN, el cual podría
permitir que intereses privados de empresas, corporaciones o de
sectores productivos tengan prioridad por encima de los
gobiernos.
Se considera que el grupo de negociación sobre inversiones
ha incluido otros aspectos que dan una mayor cobertura al mandato
de este grupo. Estas otras disposiciones estarían
encaminadas a:
- Definiciones básicas de inversión e
inversionista; - alcance de aplicación de las cláusulas
de inversión; - tratamiento nacional en el sentido de que
ningún país puede discriminar a favor de su
sector nacional; - tratamiento de nación más favorecida,
es decir que el acceso que se otorgaría a inversionistas
de un país miembro de ALCA deberá
otorgársele a inversionistas de todos las naciones
miembros de ALCA; - expropiación e indemnización por
pérdidas, esto podría muy bien provocar que un
inversionista o empresa puede
reclamar indemnización financiera por ganancias y
negocios que
se pierdan debido a la creación o establecimiento de
reglamentos, leyes
ambientales, por parte del gobierno
participante; - movimientos de personal clave,
lo que podría permitir a empresas o corporaciones
trasladar a su personal
más importante sin mayores restricciones de los procesos
de migración; - requisitos de desempeño;
- solución de controversias, en este punto el
temor sería que un grupo de expertos o técnicos
pudiera declarar como no pertinentes disposiciones
reglamentarias. Con base en ello una empresa
podría reclamar pago de indemnizaciones.
En general los críticos más persistentes
del ALCA temen que esta sea la forma de como se
introduciría en la región el funcionamiento del
Acuerdo Multilateral de Inversiones. Este acuerdo fue propuesto
por la OCDE, pero fue abandonado por protestas de la sociedad civil.
El planteamiento habría consistido básicamente en
colocar muchos de los intereses de las inversiones por encima de
disposiciones de las instituciones públicas.
(f) Políticas de Competencia
El mandato de este grupo consiste en garantizar que los
beneficios del proceso de
liberación del ALCA, no sean menoscabados por
prácticas empresariales anticompetitivas. El grupo ha
acordado avanzar hacia el establecimiento de una cobertura
jurídica e institucional a nivel nacional, subregional o
regional que proscriba la ejecución de prácticas
empresariales anticompetitivas. También se ha tomado en
cuenta el desarrollo de mecanismos que faciliten y promuevan el
desarrollo de la política de competencia y
garanticen la aplicación de las normas sobre libre
competencia
entre y dentro de los países.
La medida aparentemente es congruente con buscar que los
mecanismos de mercado sean los que determinen la
colocación y uso de los recursos. Esos mecanismos deben
operar en condiciones de competencia. El problema es que las
medidas de este grupo pueden terminar operando contra la
fortaleza que en determinado momento pudieran tener empresas
nacionales o regionales. La medida atentaría más
contra ellas, dada la vulnerabilidad en cuanto a costos, cobertura
y economías de escala que
pudieran implementar, que contra monopolios u oligopolios que
están conformados por las grandes corporaciones
transnacionales. Por otra parte estas grandes empresas teniendo
mayores recursos pueden mostrar mayores influencias y
protección para sus intereses. Esta protección a
las corporaciones multinacionales se podría ver
complementado con las disposiciones acerca de los derechos
intelectuales (TRIPS), y los acuerdos de servicios
financieros.
(g) Servicios
El mandato de este grupo es amplio. El mismo se refiere a
establecer disciplinas para liberalizar progresivamente el
comercio de servicios, de modo que permita alcanzar un
área hemisférica de libre comercio, en condiciones
de certidumbre y transparencia y desarrollar un marco que
incorpore derechos y obligaciones
en servicios de alcance integral.
La intención aquí se evidencia en términos
de hacer compatibles los logros de este grupo de
negociación con lo que es el Acuerdo General sobre el
Comercio de Servicios (GATS). Este acuerdo se está
negociando en la actualidad en la Organización Mundial de Comercio
–OMC. Se espera que un acuerdo general entre Europa, Estados
Unidos y Canadá pueda lograrse para diciembre de 2002. La
modalidad que se sigue aquí es la de lograr un acuerdo
tipo "marco multilateral". Con base en ello se definiría
primero un campo amplio de alcances y luego se podrían ir
agregando nuevos sectores y reglas mediante negociaciones
específicas.
Las finalidades del GATS y la puesta en ejecución acerca
de los acuerdos a que se llegue pueden limitar
drásticamente las acciones de
los gobiernos. Específicamente se podrían ver
limitadas las sanciones jurídicas respecto a
prácticas comerciales o de prestación de servicios
ejecutadas a tenor de lo establecido por la OMC. Se
tendría una restricción en la dotación de
servicios por parte de los gobiernos, posibilitando que sean
empresas privadas las que los provean. Las áreas
incluirían sanidad, cuidado hospitalario, atención domiciliaria, odontología, educación en los
diferentes niveles, museos, cárceles, bibliotecas,
servicios jurídicos, energía, servicios
hídricos, de protección ambiental, propiedad
inmobiliaria, seguros,
servicios postales,
transporte y
medios de
comunicación social.
El acuerdo establecería una cobertura universal de los
sectores de servicios. Con base en ello, los gobiernos
podrían establecer regulaciones, pero las mismas
deberían ser compatibles con las disciplinas establecidas
en el ALCA. Se incluirían al respecto los elementos
siguientes:
- cobertura sectorial;
- tratamiento de nación mas favorecida (el
acceso otorgado a inversionistas o empresas de un país
del ALCA deberá ser otorgado a inversionistas o empresas
de todos los demás países del ALCA); - tratamiento nacional (deberá darse a los
inversionistas o empresas de todos los países del ALCA
el mismo tratamiento que se da a los proveedores de servicios
nacionales o locales); - acceso a mercados (disciplinas adicionales en
relación con medidas que restringen la habilidad de los
proveedores de servicio
para ingresar en mercados); - transparencia (que hagan de conocimiento
público todas las medidas pertinentes que podrían
incluir, entre otros aspectos, nuevas leyes, reglamentos,
directrices administrativas y acuerdos internacionales
adoptados por todos los servicios de gobierno que afecten al
comercio de servicios); - denegación de servicios (los miembros del ALCA
contarán con la capacidad para denegar los beneficios
del acuerdo de servicios a un proveedor que no cumpla con los
criterios establecidos. Los criterios incluirán
propiedad, control,
residencia y actividades empresariales
substanciales).
De incluirse los derechos de tratamiento nacional en el
ALCA, prácticamente la totalidad de servicios
públicos de los gobiernos podrían quedar abiertos a
la competencia de servicios prestados por empresas extranjeras
con fines de lucro. Se limitaría además, el apoyo
que los gobiernos pudieran dar a empresas nacionales que puedan
prestar los servicios.
No se trata aquí de invalidar lo que aparece como la mayor
capacidad de ejecución y flexibilidad de la empresa
privada ni de los mecanismos de mercado en cuanto a asignar
recursos. Ni se trata tampoco de ignorar los notables problemas
de burocracia e
incompetencia que muchas ocurren en entidades públicas.
Los problemas en última instancia, ocurren por la misma
naturaleza de
las unidades de producción. Las empresas privadas
están diseñadas para hacer máximas las
utilidades. Se produce para quien posea demanda
efectiva en el mercado, quien tenga la capacidad económica
de tener acceso a los satisfactores. Si alguien no posee esa
capacidad, no tiene acceso a los mecanismos de mercado y no puede
adquirir los bienes o servicio.
A eso debe agregarse el concepto de que
los precios para
que funcionen en el modelo de
mercado deben corresponder a condiciones de libre competencia (en
esas condiciones los precios se igualarán a los costos
marginales y las empresas pueden dar cobertura a mayor demanda).
Si las condiciones son de oligopolio o
monopolio, los
precios se tenderán a elevar (el precio
aquí tenderá a tener más relación con
los ingresos
marginales, elevando su cuantía y limitando las demandas
efectivas). En muchos de los casos de los servicios
públicos y en casos de bienes públicos y no
privados, se dan las condiciones para que ocurran monopolios
naturales.
- Solución de Controversias.
El objetivo
de este grupo es establecer un mecanismo justo, trasparente y
eficaz para la solución de controversias entre los
países del ALCA. Además se propone
diseñar medios para facilitar y fomentar el uso del
arbitraje y
otros medios alternativos de solución de diferencias
para resolver controversias privadas en el marco del
ALCA.
El mandado del grupo incluiría además, tomar en
cuenta, entre otros, el entendimiento relativo a las normas y
procedimientos por los que se rige la
solución de controversias de la OMC. En ese caso los
mecanismos, de seguirse, se asemejarían más a
los que prevalecen en la OMC que en el TLCAN, para la
resolución de controversias.
En el TLCAN, no se imponen un conjunto regulado de leyes y
disposiciones sobre el comercio. Los paneles de
solución de disputas actúan con base en las
leyes existentes en los países importadores. Si un
país pierde una disputa debe aceptar el fallo del
panel de solución y pagar "indemnizaciones adecuadas"
a la contraparte, el otro gobierno. De lo contrario se
expondría a que fuera objeto de represalias en
función de "beneficios equivalentes".
En la OMC, los paneles lo que tratan de identificar en un
sentido particular es si las prácticas que emplean los
estados constituyen o no un obstáculo para el libre
comercio. Se invalida la práctica que se lleva a cabo,
si ese es el caso. En el sentido de deliberación de la
OMC, un país que generalmente actúa en
función de los intereses de empresas, puede cuestionar
y llevar al alegato de la discrepancia, las leyes y
disposiciones de la otra nación.
En caso de pérdida un país tiene tres
alternativas: (a) pagar indemnizaciones al país
ganador; (b) cambiar la legislación de manera que
corresponda con las disposiciones de la OMC; o bien (c) ser
sujeto de las sanciones comerciales que imponga el
país ganador.
Uno de los riesgos
claros aquí es el dominio de
los Estados Unidos en materia de disputas y de
representación de grandes corporaciones. Ese papel lo
ha jugado contra Europa en
cuanto al problema de las cuotas bananeras y las
prácticas de discriminación de importación de la fruta de los
países de América Latina. El caso aquí es
que Europa y Estados Unidos mantienen una relación de
interdependencia y las represalias pueden ser
recíprocas. Una situación distinta es enfrentar
a Estados Unidos con Francia o
Alemania
que hacerlo con Haití, o con alguna de las numerosas
economías reducidas en AMLYC.
Por otra parte las conclusiones de los paneles de expertos,
en el caso de que favorecieran a un país
pequeño, no tienen la garantía de cumplimiento.
No existen mecanismos de cohercitividad en el sentido de
hacer imponer a un país poderoso, Estados Unidos o
Canadá, una decisión. ¿Qué
sanciones le puede imponer un país como Haití,
Nicaragua, El Salvador o Guatemala,
a la economía estadounidense? Las decisiones
pueden quedarse en el limbo de lo escrito, careciendo
además, de un peso estrictamente legal.
Además deberá tomarse en cuenta la
vulnerabilidad de los países en cuanto a los efectos
que pueden tener las sanciones. Los países de
economías más grandes estarían
más a resguardo. Los países de economías
pequeñas y dependientes de la exportación de
unos pocos productos pueden llegar a tener consecuencias
devastadoras de un fallo en su contra. Esto lleva
también a otro punto: lo más probable, y esa ha
sido la evidencia empírica en la OMC, es que sean las
naciones más poderosas las que emprendan los
alegatos.- Subsidios, Antidumping y Derechos
Compensatorios.
El mandato de este grupo cubre dos aspectos
básicos:
- Examinar maneras de profundizar, si correspondiera,
las disciplinas existentes que figuran en el Acuerdo sobre
Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC, y lograr un
mayor cumplimiento de las disposiciones de dicho acuerdo de la
OMC; - Llegar a un entendimiento común con miras a
mejorar, cuando sea posible, las reglas y procedimientos
relativos a la operación y aplicación de las
legislaciones sobre dumping y
subvenciones, a fin de no crear obstáculos
injustificados al comercio en el hemisferio.
Este punto claramente deja en ambigüedad lo que se
puede y no se puede desarrollar. Establece notables
condicionantes, lo atajos acostumbrados para interpretaciones
notariales y de abogacía: si correspondiera, cuando sea
posible. Con ello, la voluntad política y la
disposición de las partes juega un papel medular en el
avance o no avance en la formulación de los acuerdos. En
todo caso este punto afecta más a los países
más poderosos que están en la capacidad de
establecer medidas dumping, o en
subsidiar amplios programas
productivos.
En términos económicos el subsidio y las medidas
dumping podrían verse como beneficios al consumidor. Se
trata de que en última instancia los consumidores de una
sociedad, se
benefician de los subsidios que los habitantes de otros
países dan a sus productores. O en otro caso, de los
precios más ventajosos que se pueden tener (aún
bajo los costos de
producción).
Los problemas se derivarían de dos
aspectos:
- generalmente esos bajos precios no son permanentes;
una vez que los competidores han sucumbido a las
prácticas del dumping, se establecen condiciones de
monopolio u
oligopolio;
precisamente las condiciones que contravienen las normas de la
libre competencia; y
(b) lo que está en juego desde el
punto de vista de la economía
política es la vulnerabilidad de los países.
Entre una nación que es proveedora de alimentos y la otra
que vende frutas exóticas o flores, como exportaciones, es
claro que quien controla los alimentos tiene un instrumento no
sólo económico, sino también un medio que se
puede utilizar como presión
política.
El aspecto mediante el cual la OMC establece límites y
prerrogativas entre lo que puede ser sujeto de subsidio o no, ha
sido un tema que se ha considerado por muchos países en
desarrollo como un favor a las naciones más desarrolladas.
Complementariamente el artículo XXI de la OMC
eximiría de cobertura en estos aspectos a las actividades
militares. Esto puede desembocar en subsidios masivos a una
determinada empresa o
línea de producción o distribución, en nombre de la "seguridad
nacional" de los estados. Esto de paso, protege a las industrias
bélicas de cuestionamientos en la OMC. Estas condiciones
otorgan una notable ventaja competitiva a las naciones con
industrias armamentistas poderosas.
Comités Especiales
- Comercio Electrónico
Es importante el tema si se toma en cuenta lo que
parece ser ahora el crecimiento exponencial del comercio
electrónico. Se considera que en el 2000 las
ventas por
internet
en Estados Unidos habrían llegado a cerca de 30,000
millones de dólares, un aumento de 75 por ciento sobre
las cifras del año anterior. Para el 2005 el comercio
electrónico podría cubrir una cuarta parte
del total de comercio.
Este crecimiento del comercio electrónico lo
caracteriza por ser un sector emergente que promete gran
dinamismo en su desarrollo. Se considera que la comunidad
mundial de abonados a Internet
conoce un crecimiento exponencial y representa actualmente el
26% de la población de Estados Unidos, pero menos del
1% del conjunto de los países en desarrollo. Se
considera que el número de utilizadores de Internet,
estimado en 142 millones en 1998, debería ser al menos
de 420 millones en 2003.
La competencia especialmente intensa ocurriría entre
empresas estadounidenses, europeas y japonesas por controlar
las redes. Los
países en desarrollo y sus empresas, salvo alguna
excepción, están por completo al margen de esta
nueva fuente de riquezas. Esto se relaciona a una poca
capacidad de decisión e influencia de parte de las
naciones en desarrollo, especialmente las más
pequeñas. Con el afán de atraer capitales, este
tema sería considerado como marginal y de muy poca
influencia en las sociedades de los países del Gran
Caribe.
La perspectiva de desarrollo del mandato de este grupo
consistiría en evitar cualquier impuesto al
comercio electrónico. Este tipo de impuestos
junto al que se propone para las transacciones financieras
(impuesto
Tobin) han tenido cierto debate en
algunos círculos de Estados Unidos y Europa. Muchos de
los grupos que se pronuncian por controlar más a nivel
de estados los procesos de la
globalización se inclinan por este tipo de
mandatos. Con ellos el poder de los gobiernos como instancias
promotoras del desarrollo y representativas de la sociedad
tendría un mayor papel.
El impuesto Tobin, denominado así en referencia a
James Tobin –Premio Nobel de Economía en 1981-
consitiría en la aplicación de un impuesto de
0.25 por ciento en los intercambios financieros mundiales. Se
pretende con ello dar cierta estabilidad al sistema
financiero mundial, a la vez que las naciones
podrían tener espacio para la conducción de
políticas fiscales y monetarias.
Se estima que este impuesto, en esta tasa propuesta se
traduciría en una recolección de unos 250,000
millones de dólares por año, lo que se
podría destinar para impulso del desarrollo en las
naciones más necesitadas. La ayuda para el desarrollo,
según cifras de la OCED se ha reducido en 15 por
ciento en la última mitad de la década de los
noventas.Este comité especial surgió a
raíz de reconocerse las asimetrías entre las
economías de ALC. Lo que se propondría alcanzar
es un plan a fin de
crear oportunidades para la participación total de las
economías más pequeñas y aumentar su
nivel de desarrollo.
La finalidad de establecer algunos "gradientes" de
acción es importante, pero se trata de una labor muy
complicada. En cierta forma, algo parecido ha tenido que
hacer la Unión
Europea al hablar de la Europa de "dos velocidades". Las
naciones con economías más dinámicas y
desarrolladas establecieron un modelo de cooperación
con los países de mercados internos más
reducidos. Esto último abarcó a Irlanda,
España, Portugal, Grecia y
hasta cierto punto a la zona sur de Italia. La
iniciativa europea ha permitido establecer condiciones
especialmente de infraestructura productiva que sean capaces
de promover una competencia en el mercado con las naciones
más desarrolladas, tal el caso de Francia y
Alemania.
Para establecer este plan para las
economías pequeñas se requiere de mucha
voluntad política y cuidado en que las medidas no
vayan a distorsionar el dramático empuje
pragmático que se sospecha tiene la iniciativa
completa del ALCA: abrir mercados de parte de las
economías de AMLCY, liberar flujos financieros y
recortar acciones del estado. En ese sentido sería
poco lo que se podría hacer en economías cuyas
poblaciones tienen bajo poder de compra. Otro aspecto para la
operativización sería la demarcación de
lo que son pequeñas economías. ¿Se
considerarían allí las economías
medianas pequeñas (Uruguay,
Ecuador,
Guatemala y República Dominicana)?
Si el criterio es la carencia de poder de compra, o el poco
desarrollo de mecanismos de mercado, una característica que surgiría es
la consideración de quienes viven en condiciones de
pobreza en los países. Esta aproximación
sería más rigurosa si lo que se desea es
ampliar los mercados internos, promover más la demanda
efectiva de la población, disminuir el número
de personas viviendo en marginalidad,
y favorecer un clima de
más oportunidades para la gente. Con esas ideas como
finalidades si se generarían condicionantes que pueden
sustentar con mayor consistencia los mecanismos de mercado,
dentro y entre los países.- Economías más
Pequeñas - Sociedad Civil
El propósito de ese comité especial
sería el de tomar en cuenta la participación de la
sociedad civil. Ha sido evidente en muchos casos -especialmente
en los países más desarrollados, en donde la
sociedad civil tiene mayores posibilidades de organizarse debido
a que no existen los niveles de represión que han tenido
lugar en algunos países de AMLYC- que existe una notable
presencia contra los acuerdos de liberación de comercio y
desmantelamiento de la capacidad de los estados.
En ALC en donde los partidos
políticos no son exactamente instancias de
intermediación social, en el sentido de representar con
permanente autenticidad intereses de muchos sectores sociales,
surgen asociaciones de diverso índole. Aquellas que tienen
sus intereses más en los aspectos comerciales,
industriales, financieros y en general de los círculos
empresariales es muy probable que tengan representación en
las decisiones del ALCA. Se trata por lo general de grupos
influyentes a nivel de los formuladores de la política
pública y con presencia en los parlamentos.
No obstante, los grupos de trabajadores, pobladores y
consumidores no tienen una presencia importante, en general, en
los círculos de toma de decisión. Estos sectores
son importantes dentro de la sociedad civil. Tal y como se
encuentran en las condiciones actuales no han podido tener mucha
protección a sus intereses. No tomar en cuenta a los
sectores de representación más amplia de la
sociedad civil es hacer que los acuerdos puedan tener la
legalidad estricta, pero no el apoyo ni la legitimidad concreta
que les puede dar el respaldo de grupos amplios de la
población.
3. Previsibles
Repercusiones Económicas, Sociales e
Institucionales
Una de las más importantes repercusiones del ALCA
sería el contar con la efectiva apertura de mercados de
Estados Unidos y con un mayor acceso a capitales productivos que
aumentaran la formación de capital fijo.
Esto sí podría favorecer la creación de
condiciones para que el incremento de producción, el
crecimiento
económico no se tradujera en un mayor número de
personas viviendo en condiciones marginales.
Un sentido crítico del ALCA, que no deja de tener bases de
proyección al observar muchos de los efectos del TLCAN en
México, apuntaría a resaltar que uno de los efectos
sociales sería la expansión de empleo
manteniendo la pobreza. Se
refiere aquí a la previsible expansión de zonas
francas de producción mayormente conformadas por un parque
industrial de maquiladoras. Estas industrias de ensamblaje
reportan poco efecto en la ampliación del mercado
interno.
Sin embargo es de reconocer que hasta ahora la elites
políticas y económica no han podido establecer un
programa
constante de desarrollo. Los defensores de este impacto del ALCA
argumentarían que es cierto la expansión de este
empleo barato,
pero que al final es algo mejor que las actuales condiciones de
miseria y violencia
endémica que se vive especialmente en las zonas más
pobres de los países Centro Americanos y del Caribe.
Se reconoce que la búsqueda de los capitales productivos
debe reconocer el impacto que tiene el gran dinamismo del sector
financiero internacional. El volumen de la
economía financiera es 50 veces superior al de la
economía real y sus principales actores -los fondos de
pensión estadounidenses, británicos y japoneses-
dominan los mercados
financieros. Ante ellos, el peso de naciones como las
pequeñas economías del Gran Caribe, resulta muy
poco significativo.
Acrecentar los "costos sociales" sociales de las
privatización repercutiría en una
menor capacidad de los estados y el entorno institucional en la
sub-región. Cada vez más países que han
vendido sus empresas públicas al sector privado
internacional se han convertido de hecho en propiedad de los
grupos multinacionales, que actualmente dominan sectores enteros
de la economía del sur. En ocasiones pueden servirse de
los estados locales para ejercer presión
sobre los foros internacionales y obtener las decisiones
políticas más favorables a su papel preponderante
en lo global.
Todo esto se reconocería aún cuando también
conviene señalar que casi siempre, con la excepción
de México, la capacidad de los estados ha sido muy
reducida en las naciones del Gran Caribe. De allí que no
haya demasiado espacio para privatizaciones.
Los efectos económicos sociales e institucionales del ALCA
estarán relacionados con la correspondencia entre
estabilidad macro y el potencial de mejora de niveles de vida en
indicadores
concretos. Es imprescindible tener presente que las estabilidades
macroeconómicas de las naciones deben traducirse en
beneficios para los grupos más vulnerables y no
sólo en escenarios para acción de
capitales.
Las políticas de ajuste estructural impuestas a
los países en desarrollo desde los años 80 han dado
resultados satisfactorios a escala macroeconómica, pero
han significado un costo social
exorbitante y contraproductivo. Los gobiernos han "saneado" las
economías favoreciendo con mucho las inversiones
internacionales al tiempo que se ha
desgarrado la cohesión del sistema de
integración social.
La capacidad institucional de los estados está relacionada
con la mayor vulnerabilidad económica externa. Esto ha
sido la evidencia con la aceleración de la globalización y las crisis
financieras de los años 1997 y 1998. Estas condiciones
provocaron una reducción aún mayor de los gastos
públicos en salud y educación en nombre
de la lucha contra el déficit fiscal y un
aumento de las desigualdades y de la pobreza.
Es cierto que en los países en desarrollo éstas no
son producto exclusivo de las políticas de ajuste, pero la
evidencia es que hasta ahora esas políticas han
contribuido a acrecentar un menor número de oportunidades.
También hay que tomar en este sentido en cuenta los
círculos viciosos de la pobreza -escasos recursos
productivos, baja productividad,
baja producción, escasa capacidad de satisfacción
de necesidades básica y exiguos niveles de ahorro interno
de recursos. Además también imperan condiciones
reñidas con el mantenimiento
pleno del estado de
derecho.
En los impactos sociales e institucionales es importante
reconocer la baja capacidad de las entidades públicas. De
allí surgen varios factores que repercuten en climas de
ingobernabilidad. Los resultados se relacionan con condiciones
caóticas, al margen del estado de
derecho, en una condición de barbarie en donde
sectores de mafia imponen su ley. Aparecen
nuevos peligros: crimen organizado, delincuencia
explosiva, inseguridad
generalizada, fanatismos étnicos o religiosos, corrupción
masiva.
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