I. PLANTEAMIENTO DEL
PROBLEMA
La agrupación de las áreas de pensiones,
valores,
seguros y la
creación de un solo ente regulador, para estás tres
áreas, han creado una visión de conjunto y efectos
sinergicos, que han convertido a esté sector financiero no
bancario, en un actor importante de la economía de nuestro
país.
La reforma de pensiones, que se implementó a
partir de 1997 con la participación de las Administradoras
de Fondos de Pensiones (AFP) y los aportes obligatorios de los
trabajadores para la jubilación, ha permitido generar un
ahorro interno
que supera los 840 millones de dólares .
De los recursos que
administran las AFP, ciento ochenta millones de dólares
americanos pertenecientes al Fondo de Capitalización
Individual (FCI), deben invertirse anualmente en valores de
largo plazo emitidos por el Tesoro General de la Nación,
con el fin de financiar el pago de las Rentas en Curso de Pago y
la Compensación de Cotizaciones, del anterior sistema de
pensiones, por un periodo no mayor a quince
años.
Las recaudaciones anuales de las AFP en el FCI han
superado los 180 millones de dólares anuales, a partir de
la gestión
1999, con recaudaciones que alcanzan los 220 millones de
dólares anuales. Las AFP han manifestado su
intención de invertir en los sectores productivos del
país. Por mandato de la Ley de Pensiones,
las AFP solo pueden invertir en valores calificados (se
exceptúa de la calificación a los valores
emitidos por el
Estado).
Muller (2000) afirmó que existe el marco legal y
los recursos para
invertirlos en el Mercado de
Valores, pero que el sistema no funciona debido a que las
empresas
bolivianas son sociedades
cerradas y no son transparentes. Lupo (2001) corrobora esta
opinión indicando que para desarrollar un mercado de
valores se requiere de mucha transparencia en el sector
productivo. En 1999 el gobierno
anunció que 180 empresas estaban
en condiciones de ingresar en el mercado de
capitales; sin embargo, se aprecia que ni el uno por ciento
de ellas ha mostrado interés en
captar recursos de este mercado.
El sector productivo, en algunos casos, asume costos
financieros más altos por no ser transparente. Si las
empresas bolivianas no acceden al mercado de
valores, parte del ahorro interno
generado en nuestro país podra invertirse en valores de
mercados
extranjeros. Perdiendo el país estos recursos que
ayudarían a dinamizar la economía.
La Ley 1832: "Ley
del Mercado de Valores" que contempla el Mercado de Valores
bursátil y extrabursátil, norma la oferta
pública y la intermediación de Valores, incorpora a
las Entidades Calificadoras de Riesgo, con la
finalidad de calificar los Valores
por el nivel de sus riesgos.
El 4 marzo de 1999, la Superintendencia de Pensiones
Valores y Seguros (SPVS),
en uso de las facultades y atribuciones conferidas por Ley,
emitió el Reglamento de Entidades Calificadoras de
Riesgo.
Posteriormente este reglamento fue ampliado y se emitió
uno nuevo el 27 de junio de 2000. Estas normas permiten
que Entidades de Calificación de Riesgos extranjeras y
nacionales puedan registrarse y operar en Bolivia.
También establece que en los valores representativos de
deuda, la calificación es obligatoria.
El 2 de agosto de 1999, inició sus actividades en
Bolivia la
primera Calificadora de Riesgos: Duff & Phelps del
Perú (DCR), firma que tenía su casa matriz en
Estados
Unidos, la cual era la tercera Calificadora de Riesgos del
Mundo.
La calificación de riesgos para Valores en
Bolivia comenzó aproximadamente ochenta años
después, de que se iniciara la época moderna de la
calificación de riesgos en el ámbito
mundial.
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