Indice.
1.
Introducción.
2. Distrito
Federal.
3. Guerrero y Lucio
Cabañas
5. Bibliografía.
1. Introducción.
Durante las décadas pasadas, el estado de
Guerrero fue la cuna de violentos movimientos sociales, todos
estos causados por las inmensas diferencias sociales, la
desigualdad y la marginación.
El Estado se
caracterizó por crear las condiciones para el surgimiento
de grupos
guerrilleros armados, en lugar de responder a las necesidades de
la gente; reprimiéndolas y quitándoles lo
más indispensable: Su dignidad.
El estudio del período conocido como la guerra sucia,
abarca a partir de 1968 a 1980, fecha en la cual la mayor parte
de los movimientos quedaron latentes, gracias a la eficiente
represión oficial de la cual fueron objeto. Si con la
misma eficiencia el
Gobierno
cumpliera su función,
como desapareció a cuanta persona
osó desafiarle, jamás se hubiera llegado a la muerte de
tantos inocentes y al sufrimiento de los que menos tienen.
Antonio Olívar Zúñiga.
Acapulco, Gro. Otoño 2002.
Guadalajara desempolva su propia "guerra sucia".
Mientras las autoridades investigan la "guerra sucia" contra
opositores izquierdistas en las décadas de 1960 y 1970, la
ciudad donde se fundó la mayor guerrilla urbana en la
historia del
país ha comenzado a desempolvar su propio pasado.
En Guadalajara, capital del
occidental estado de Jalisco y considerada la tercera mayor
ciudad de México, se
fundó y operó la Liga Comunista 23 de Septiembre,
el grupo
guerrillero más numeroso del país.
"Hay una historia ahí que está incompleta, tenemos
la historia que contó el vencedor, el Estado, para
nosotros ahora es el momento. Es tiempo de contar
nuestra historia", dijo Armando Rentería, ex miembro de
la
organización.
México no ha sufrido brutales dictaduras como las que
gobernaron con mano de hierro otras
naciones latinoamericanas, pero ha tenido episodios como la
masacre de Tlatelolco y la "guerra sucia".
Durante la llamada guerra sucia, cientos de simpatizantes de
izquierda detenidos por el ejército y la policía
desaparecieron, según organismos civiles.
El ejército mexicano ha sido acusado de represión
violenta contra movimientos insurgentes en esas décadas,
bajo gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que
mantuvo el poder de 1929
a 2000.
El presidente Vicente Fox, quien inició su mandato en
diciembre del 2000, se comprometió a investigar y castigar
a los responsables de los crímenes de la guerra sucia.
Ex guerrilleros, familiares de desaparecidos y ex presos
políticos han comenzado a organizar foros, armar un
archivo
documental de la izquierda armada y a hacer apariciones en
medios de
comunicación.
"Todos estamos de acuerdo en dar nuestra versión, aunque
no todos quieren salir en los medios,
todavía sigue habiendo el temor a que nos repriman. Sobre
todo que nos hostiguen en nuestros trabajos", dijo
Rentería, cuatro veces preso, quien recibió
amnistía gubernamental en 1978.
En México operaron unos 29 grupos guerrilleros entre 1965
y 1980 con casi 2.000 militantes, según reportes
policiales no oficiales revelados por el activista y
académico mexicano, Sergio Aguayo.
El mayor grupo armado en México se creó en 1973 en
una finca del sureste de Guadalajara, cuna del tequila y el
mariachi.
Una decena de organizaciones
armadas de todo México fundaron la Liga Comunista 23 de
Septiembre.
"En Guadalajara fue en el único lugar donde la guerrilla
urbana logró apoyo de barrios, eso hizo la diferencia
(…) además de estudiantes, la guerrilla logró
base social", dijo Aguayo en un reciente programa
televisivo de la Universidad de
Guadalajara que abordó la guerra sucia local.
"Ninguno pensaba ser guerrillero, nuestra demanda
inicial era democratizar la Universidad (…) pero el gobierno no
dio otra opción", dijo en entrevista
Jesús Morales, ex militante de las Fuerzas Revolucionarias
Armadas del Pueblo, guerrilla también fundada y con
operación en Guadalajara.
Para Aguayo, la guerrilla urbana de la década de 1970 en
México fue consecuencia inmediata a la represión
gubernamental y la peligrosidad de los movimientos armados
disidentes fue exagerada por el gobierno ya que nunca
representaron una amenaza por su número y por la falta de
apoyo del gobierno de Cuba.
Aguayo dejó Guadalajara a inicios de la década de
1970 por amenazas tras pertenecer a "los Vikingos", una pandilla
de los barrios marginados de la ciudad.
La Liga Comunista 23 de Septiembre operó en todo
México. El secuestro de
empresarios y políticos considerados como simpatizantes a
favor del gobierno fue una de sus principales fuentes de
financiamiento.
En 1973, el grupo plagió a los cónsules de Estados Unidos y
de Inglaterra, en
1977 a Antonino Fernández, miembro del consejo de administración de la gigante cervecera
Grupo Modelo y en
1976 miembros de la agrupación intentaron secuestrar a la
hermana del entonces presidente electo José López
Portillo.
Además, en 1973 se adjudicó los secuestros y
asesinatos del empresario mexicanos Eugenio Garza Sada y Fernando
Aranguren.
"A pesar de todas las tergiversaciones nuestra principal
actividad era la educación, las
actividades militares eran secundarias, eran sólo para
financiar nuestra causa" nunca se buscó el
enriquecimiento, ni el daño a civiles, dijo Mario
Cartagena, ex miembro de la Liga Comunista 23 de Septiembre.
"Ya pagué parte de lo que hice (…) no me arrepiento
porque buscábamos cambiar nuestro sistema",
agregó, desviando la mirada al hablar de la tortura
policial que amputó su pierna durante su detención
en el Campo Militar Número Uno de la Ciudad de
México.Según la Comisión Nacional de
Derechos
Humanos en México, durante la guerra sucia hubo 532
desaparecidos, de los cuales 275 habrían sido ejecutados.
Sin embargo, los ex guerrilleros aseguran que son más los
desaparecidos y que algunos de los detenidos durante la guerra
sucia ni siquiera eran guerrilleros.
"Concretamente es mi padre, lo detuvieron y está
desaparecido", dijo Jorge Mayoral quien desde 1977 forma parte
del Comité Eureka de desaparecidos.
"Después de que detuvieron a mi padre, supimos que mi
hermano, que teníamos años sin ver, andaba de
guerrillero y por eso se lo llevaron, pero ese no era problema de
mi padre", dijo Mayoral.
Fantasmas de desaparecidos políticos rondan en el
Distrito Federal.
A los ocho años de edad, Alicia de los Ríos supo
por boca de sus abuelos que no era verdad que su madre no
vivía con ella porque estudiaba en una ciudad, a cientos
de kilómetros de distancia.
La niña, que a los 11 meses de nacida llegó a la
casa de sus abuelos maternos -quienes la registraron como su
sexta hija- se
enteró de que su madre formaba parte de un movimiento de
izquierda y que había sido aprehendida en enero de 1978,
tras un enfrentamiento con la policía en la Ciudad de
México.
De la madre de Alicia, encargada de la estrategia
militar de la Liga Comunista 23 de Septiembre, no se supo nada
más: desapareció como otros cientos de
simpatizantes de izquierda durante la llamada "guerra sucia" de
las décadas de 1970 y
1980.
"Se pueden colgar (tardar) todavía 20 años y se van
a morir los viejos, pero no es tanto por el simple hecho de
denunciar sino también de prevenir", dijo Alicia de los
Ríos, ahora de 25 años, y cuyo padre,
también militante de izquierda, murió en un
enfrentamiento con la policía unos meses antes de que ella
naciera.
"La desaparición forzada es un duelo que nunca termina, no
sabes si llorarle a un muerto o a un vivo, pero la ausencia
ahí está", agregó.
Durante los años de la "guerra sucia", miembros del
ejército y policías participaron en la
"desaparición forzada" de simpatizantes y militantes de
izquierda, a quienes retuvieron y torturaron en bases militares,
prisiones clandestinas o en oficinas de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS),
según activistas.
Pero ni el gobierno en aquel entonces ni los posteriores
investigaron lo sucedido a las cientos de personas desaparecidas
en varios estados del país.
El silencio oficial sobre la "guerra sucia" se sumó a lo
ocurrido en dos masacres de estudiantes: una el 2 de octubre de
1968 y la otra el 10 de junio de 1971, consideradas dos de los
capítulos más sangrientos de la historia reciente
de México.
El 2 de octubre de 1968, días antes del inicio de los
Juegos
Olímpicos en México, lo que comenzó como
una manifestación pacífica en la céntrica
plaza de Tlatelolco de la capital terminó con un saldo
oficial de 28 personas muertas, aunque cifras de organismos
civiles calculan el número de decesos en 300.
Durante años, familiares y sobrevivientes han
señalado como directamente responsables de las dos
matanzas al fallecido ex presidente Gustavo Díaz Ordaz,
quien gobernaba el país en 1968 y a su sucesor, Luis
Echeverría, quien detentó el poder de 1970 a 1976 y
fue ministro del Interior en el mandato de Díaz Ordaz.
Echeverría, quien vive en México retirado de la
vida política, es también mencionado como
responsable de las desapariciones forzadas de la "guerra sucia"
junto con su sucesor, José López Portillo, quien
encabezó el gobierno de 1976 a 1982.
Los tres ex mandatarios pertenecían al ex gobernante
Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó
México durante siete décadas consecutivas hasta
diciembre del 2000, cuando entregó la presidencia tras la
victoria electoral del conservador Vicente Fox meses antes.
De lo ocurrido en 1968 en Tlatelolco, Díaz Ordaz
asumió la responsabilidad política e
histórica, pero su 'mea culpa' no satisfizo a nadie y esa
matanza se ha mantenido viva en la memoria
colectiva a través de los cientos de artículos y
notas periodísticas que se han escrito sobre ella,
además de libros e
incluso rodado películas.
Tratando de cumplir sus promesas de campaña, Fox
creó en enero de este año una fiscalía especial para investigar delitos del
pasado, que se ha enfocado en la "guerra sucia" y las dos
masacres de estudiantes.
La fiscalía ha llamado a declarar a Echeverría, al
general en retiro Luis Gutiérrez Oropeza, jefe del Estado
Mayor Presidencial en 1968, y al ex alcalde de la Ciudad de
México en 1971, Alfonso Martínez.
Echeverría y Gutiérrez Oropeza se acogieron a un
derecho
constitucional que les permite abstenerse de declarar en su
contra. Martínez murió a inicios de noviembre a los
80 años de edad culpando a Echeverría de la matanza
del 10 de junio, cuando hordas policiales reprimieron
violentamente una marcha estudiantil.
"No puede quedar así como un dato para la historia que lo
desaparecieron y ya, que nos digan quién se lo
llevó, quién fue el responsable y dónde
dejaron su cuerpo", dijo Andrea Radilla, cuyo padre fue detenido
por militares en el sureño estado de Guerrero en 1974 y
del que su familia no
volvió a saber nada.
Radilla, quien duda que su padre esté aún con vida,
cuenta que lo detuvieron para que explicara por qué
componía corridos alusivos al legendario guerrillero de
Guerrero, Lucio Cabañas, y porque era amigo del
lugarteniente del rebelde, Genaro Vázquez.
La Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos
en México (Afadem) posee una lista con nombres y apellidos
de 1.225 personas desaparecidas, de las cuales 642 son de
Guerrero, uno de los estados más pobres del país y
que ha sido tierra de
cultivo de movimientos armados.
La vigencia o no de los delitos cometidos esos años ha
alimentado una polémica en torno a las
pesquisas de la fiscalía, que fue reavivada recientemente
por Fox.
Fox dijo que era muy probable que muchos de los culpables no sean
castigados pues los delitos ya habrían prescrito,
según declaraciones reproducidas por la prensa en
México.
No obstante, las palabras del mandatario recibieron una
reacción inmediata. El presidente de la Suprema Corte,
Genaro Góngora, dijo que los jueces son los que
tendrán "que decidir si ya prescribieron las acciones a
seguir", posición con la que coincidió el fiscal
especial, Ignacio Carrillo.
"No importa si algunos (de los culpables) están muertos y
otros están vivos. Treinta y cuatro años han pasado
desde 1968 y 31 años desde 1971; unos meses más no
van a hacer mucha diferencia", dijo Jesús Martín
del Campo, quien fue detenido en la manifestación de
Tlatelolco mientras que su hermano murió en la masacre de
1971.
Pero más allá del castigo, familiares aseguran que
lo más importante es impedir que incidentes similares se
repitan.
Breve biografía de Lucio
Cabañas.
El Estado de Guerrero, en México, ocupa una
extensión de 63794 kms² y es conocido mundialmente
por alojar en su seno al
puerto de Acapulco. Sin embargo, es una de las entidades
más marginadas del país.
Caciquismos añejos, abusos, corrupción, crímenes, violaciones,
miserias, insalubridad, una inequitativa distribución de la riqueza, atrasos, son
algunos de los factores que a diario deben de combatir los
campesinos de Guerrero. Ello explica el alto número de
homicidios anuales, el hecho de que algunos campesinos siembren
droga como un
método de
salir rápidamente de la pobreza o
bien, engrosar movimientos armados.
Nacido de padres campesinos en Atoyac el 15 de diciembre de 1936,
Cabañas conoció la pobreza desde
pequeño. Dejó de ir a la escuela a los 10
años para trabajar en el campo.
Luego trabajó en un hotel y distribuyó masa para
tortillerías para financiar sus estudios y convertirse en
maestro.
"Tuvo que usar el papel con el
que envolvían las tortillas porque no tenía
dinero para
cuadernos", dijo su hermano David, de 54 años y quien
peleó al lado de Cabañas en la sierra.
Mientras daba clases en Atoyac, un grupo de maestros de la
escuela primaria Juan Alvarez pidió ayuda a
Cabañas, pues los padres, que eran campesinos, no
podían pagar cuotas ni uniformes.
"Era sencillo, humilde pero con un extraordinario poder de
convocatoria", comentó la ex profesora Hilda Flores, de 70
años. "Podías pasar tres o cuatro horas
escuchándolo y no aburrirte".
Cuando los inconformes ocuparon la escuela, el gobierno local
envió a la policía. Cinco padres de familia
murieron en el enfrentamiento del 18 de mayo de 1967.
Repentinamente Cabañas se convirtió en un
prófugo.
"No fue una rebelión planeada", dijo la maestra Lupita
Marín, de 50 años. "Fue obligado por las
circunstancias (a tomar las armas), por la
injusticia y pobreza bajo el sistema" del PRI,
explicó.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió la
presidencia a manos de Vicente Fox en julio de 2000,
después de 71 años en el poder, pero en Guerrero y
en Atoyac se ha mantenido en el poder, que alcanzó en
1929.
Cabañas y su Partido de los Pobres luchó durante
siete años contra propietarios de tierras que explotaban a
los campesinos.
Hoy, los jóvenes de Atoyac saben poco sobre
Cabañas. Su nombre no está en los libros de
historia ni en alguna calle, en contraste con los numerosos
monumentos e íconos que tienen otros rebeldes
mexicanos
En Atoyac, la vida ha cambiado poco desde los días de
Cabañas. Muchas aldeas cercanas aún no cuentan con
electricidad o
agua
potable.
Norma Mesino, de 28 años, una líder
del grupo campesino OCSS, dijo que su organización y otros grupos recaudan fondos
para una estatua de Cabañas y pronosticó un
homenaje multitudinario si los restos encontrados son
efectivamente suyos.
Sin embargo, Wilibaldo Rojas, de 40 años, director de la
escuela estatal Preparatoria 22 no está seguro de
eso.
"Hacen falta otros 20 años para que sea aceptado, pues
afectó poderosos intereses".
Particularmente, Lucio Cabañas Barrientos y Genaro
Vázquez Rojas fueron líderes de 2 grupos armados
que durante la década de los 70 combatieron en la Sierra
de Guerrero. Ambos estudiaron en la Escuela Rural de Ayotzinapa y
actuaron en los mismos escenarios: el sindicato de
maestros, el Movimiento Revolucionario del Magisterio, el
Movimiento de Liberación Nacional, en la oposición
política del Estado de Guerrero hacia los gobernadores
Caballero Aburto y Abarca Calderón para separarse
finalmente de la estructura
gubernamental de la que provenían. Ambos tomarían,
de manera separada, los caminos de la clandestinidad y lucha
armada.
El 11 de noviembre de 1966, Genaro Vázquez es detenido por
la policía de Guerrero, a las puertas de la Central
Campesina Independiente, en la ciudad de México y
conducido a Chilpancingo, capital de Guerrero. Tras una estancia
en prisión, es liberado a balazos el 22 de abril de 1968
cuando era transportado por la policía a un consultorio de
dentista. Su grupo realizó diversos combates y secuestros,
con rescate. Genaro era un hombre con una
mayor preparación política e ideológica que
Lucio. Murió a los 35 años de edad en mal estado
físico la madrugada del 2 de febrero de 1972, como
consecuencia del acoso en un accidente automovilístico en
la carretera México-Morelia.
Lucio Cabañas Barrientos nació en El Porvenir,
municipio de Atoyac de Alvarez, el 12 de diciembre de 1938 en el
seno de un hogar campesino; muere antes de cumplir los 36
años.
Estudió la carrera de maestro en la Normal de Guerrero y
comenzó a realizar batallas legales, siempre dentro de una
activa vida estudiantil, apasionado a la política siempre.
Participó en lides estudiantiles; fue líder de la
Normal, representó a sus estudiantes en diversas partes de
la República. Después fue elegido Secretario
General de la Federación de Estudiantes Campesinos
Socialistas de México en 1962. Luego regresó a la
Normal para terminar sus estudios. La primera plaza que
recibió fue en un poblado llamado Mezcaltepec, municipio
de Atoyac, a 100 kilómetros de la Sierra. Posteriormente
fue cambiado a Atoyac, cabecera municipal, la escuela "Modesto
Alarcón" donde se hizo líder magisterial para
representar a los maestros de la zona. Era llamado frecuentemente
como conciliador de problemas
incluso de otras escuelas. Precisamente en 1965, el hecho de
intervenir en la solución de un conflicto de
la Escuela "Juan Álvarez" originó que el entonces
gobernador del Estado, Dr. Raymundo Abarca Alarcón
promoviera su cambio al
Estado de Durango. En Durango también participó en
movimientos, como el Movimiento del Cerro del Mercado, contra
el gobernador Alejandro Páez Urquidi, razón por la
que fue devuelto a su lugar de origen.
Lucio era tranquilo en el plano personal. No
bebía, no fumaba. Asistía a fiestas con poca
regularidad. Su expresión y comportamiento
eran tranquilos y de carácter
amigable. Sumamente frío y reflexivo.
Durante su época (1960) de alumno líder de la
Normal, los estudiantes de la Universidad se declararon en
huelga para
pedir el reconocimiento de la autonomía universitaria,
recorriendo la mayoría de las escuelas del estado. En
asamblea, los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa acordaron
apoyar dicha huelga. También recibieron la visita de
Genaro Vázquez que en esos días organizaba la
Asociación Cívica Guerrerense.
Durante su tiempo de maestro rural solía visitar
poblaciones paupérrimas como Mexcaltepec y Agua
Fría, donde la interacción con sus alumnos le
ganó las simpatías de la mayoría de los
organismos de izquierda, especialmente del Partido Comunista.
Cabañas exhortaba a sus alumnos a la instalación de
un nuevo régimen, en el que no tuvieran cabida los ricos y
en el que se expropiaran las fábricas para cederlas a los
trabajadores. Proponía, además, reformas
financieras, judiciales, educativas y sociales enfocadas al
bienestar de los trabajadores, campesinos y mujeres, y el cambio
de la política de dependencia de México hacia
Estados Unidos. Todo esto provocó que fuera expulsado del
estado a una escuela de Durango, pero después
regresó, cuando los alumnos pidieron la destitución
de la directora del local donde impartía cátedra,
además de su propia reinstalación.
Enemigo acérrimo del PRI, Lucio Cabañas crea el
Partido de los Pobres como forma de organización
estudiantil y campesina. Los estudiantes se autodenominan "los
enfermos" (ya que si Lenin decía que el extremismo es una
enfermedad infantil del comunismo,
nosotros, sí, somos los enfermos, pues no hay nadie
más extremista que nosotros).
El 18 de mayo de 1967 se presentó una revuelta en Atoyac
debido a un conflicto del personal docente de la Escuela "Juan
Álvarez". Al haber logrado retirar días antes a una
directora, el gobierno se negó a retirar también a
los partidarios de la misma, lo cual ocasionaba división
en la escuela. El citado día un grupo de padres de familia
y personal de la Policía Judicial y la Motorizada
impidió el paso a los profesores, un agente intentó
quitarle a Lucio el micrófono que usaba para evitar que
los profesores entraran. Al comandante del Cuerpo Motorizado se
le escapa un tiro y comienza la confusión. En el tiroteo
hay una ráfaga que intenta abatir a Lucio pero
afortunadamente sale ileso y escapa hacia la Sierra.
Durante años, Cabañas operó en la costa
guerrerense y sus Brigadas Campesinas Justicieras atacaron a
batallones del Ejército y unidades de la policía,
robando bancos y
secuestrando hacendados, ganaderos y comerciantes, pero siempre
manifestándose contra el gobierno local.
El Pdlp nunca logró una vinculación orgánica
con los obreros, pero sí realizó acciones
espectaculares, como el secuestro del entonces gobernador electo,
el priísta Rubén Figueroa Figueroa, del 30 de mayo
al 8 de septiembre de 1974, fecha en que fue liberado, tras la
entrega de 50 millones de pesos.
Al paso de los años, la figura de Cabañas hizo
más impacto muerto, que vivo, porque las condiciones que
dieron origen a su alzamiento poco cambiaron en Guerrero. El Pdlp
sobrevivió hasta 1989 y después se fusionó
con otros grupos clandestinos, que en 1995 derivaron en el EPR y
luego en el ERPI y las FARP.
Cabañas y el Che
Curiosamente, la muerte de
Cabañas guarda un extraño paralelismo con la
ejecución del aún más legendario Ernesto
Che Guevara,
ocurrida el 9 de octubre de 1967 en el poblado de La Higuera,
Bolivia.
Diezmado, hambriento y enfermo, el Che había sido cercado
el 8 de octubre, en la Quebrada del Yuro, y capturado por las
tropas de Gary Prado Salomón (actual embajador de Bolivia
en México). Su cadáver, junto con los de seis de
sus compañeros, fue arrojado el 11 de octubre a una fosa
secreta, al lado de la pista de aviación de Valle Grande,
y durante tres décadas fue buscado infructuosamente,
despertando todo tipo de especulaciones, hasta que, en julio de
1997, un grupo de antropólogos cubano-argentinos lo
halló y lo trasladó a Cuba. Desde el 12 de octubre
de ese último año, Guevara descansa en Santa Clara,
la ciudad donde obtuvo su mayor triunfo guerrillero, al pie de un
enorme mausoleo que Fidel Castro erigió en su
honor.
Lo mismo pasó con Cabañas.
Poco después de la liberación de Figueroa, Lucio y
sus hombres se refugiaron en el municipio de Tecpan de Galeana.
El entonces secretario de la Defensa Nacional, Hermenegildo
Cuenca Díaz, quien con desprecio lo tachaba de simple
abigeo, lanzó contra él más de cinco mil
soldados, en una cacería pocas veces vista.
El propio Figueroa, que aún sin ser gobernador ya
tenía el control
político de Guerrero, presumía que Cabañas
contaba con más de mil hombres (de hecho, reconoció
después, que en esa campaña murieron más de
800 guerrilleros) y usó todas sus influencias para que el
comandante de la XXVII Zona Militar, el general Eliseo
Jiménez Ruiz, no escatimara recursos para
atrapar a los rebeldes.
La traición.
Durante un enfrentamiento con los soldados en el cerro Achotla,
el 11 de octubre de ese año, 1974, Lucio Cabañas
logró escabullirse y camino a uno de sus escondites se
desbarrancó, causándose tres heridas en la pierna
izquierda. El Ejército le perdió la pista durante
varias semanas, hasta que, mediante un delator, Pedro Macedo
Jaramillo, logró acorralarlo, el 30 de noviembre, en Los
Corales. Aunque ahí Lucio tuvo 17 bajas, nuevamente
logró escapar con tres de sus milicianos. Sin embargo,
Eliseo Jiménez Ruiz tomó, en el pueblo, como
rehenes a las hermanas Amalia, Jorgelina, Goyita y Paula Ramos
Ramírez,
cuyas edades iban de 16 a 20 años, y amenazó con
torturarlas, violarlas y matarlas si no se le informaba el
paradero del guerrillero.
El truco dio resultados: al día siguiente, el comisario
municipal de Guayabito, Gilberto Ramos Soto, se presentó
en el cuartel militar y contactó al general con el
narcotraficante Isabel Ramos Ruiz, alias Sandino, quien, a cambio
de las jóvenes y de impunidad para él y su familia,
reveló el lugar donde se encontraba el maestro.
El 2 de diciembre, tropas de las Fuerzas de Tarea, encabezadas
por el general brigadier Jesús Gómez Ruiz rodearon
a Cabañas en El Ototal y ahí le dieron muerte,
dejando sólo vivo a Marcelo Serafín Juárez
(Roberto). Pero un día después fue asesinado por el
suboficial Mario Terán. Lucio cayó el 2 de
diciembre de 1974 en El Ototal (Tecpan de Galeana), junto con dos
de sus compañeros: Lino Rosas
Pérez (René) y otro apodado Arturo.
El deceso de Lucio Cabañas ocurrió a las 9:10 de la
mañana, a manos del capitán de Infantería,
Pedro Bravo Torres, quien le disparó en el rostro,
mientras el soldado Emiliano de la Cruz lo remataba
tirándole a la espalda.
Poco después, el general Eliseo Jiménez se
llevó los restos, en helicóptero, hasta el cuartel
del XXVII Batallón de Infantería, en Atoyac de
Alvarez.
La mañana del 3 de diciembre, el cuerpo del guerrillero
fue dado en custodia al gobernador Israel Noguera
Otero, quien de inmediato ordenó que se le sepultara en el
panteón municipal de Atoyac, haciendo después la
entrega simbólica a sus familiares.
Durante casi tres décadas, igual que al Che Guevara, a
Cabañas se le supuso desaparecido o escondido en otro
país, con la idea de que el cadáver enterrado en
Atoyac era el de alguno de sus compañeros.
Conmemoración en Atoyac.
El 18 de mayo de 1967 fue trágico en la sierra de
Guerrero, la policía judicial del estado quiso impedir un
mitin de la Sociedad de
Padres de Familia de la escuela primaria Juan Alvarez y
trató de apresar a Lucio Cabañas, que laboraba como
profesor en otra escuela pública cercana, la Modesto
Alarcón. Poco antes de las diez de la mañana una
comisión le pidió que fungiera como orador, pues el
que tenían previsto no se presentaría. Lucio
aceptó, pero pidió que lo esperaran hasta las diez
y media, para aprovechar el tiempo del “recreo'' en su
escuela.
Aún podemos repetir el recorrido que siguió Lucio
Cabañas desde la Modesto Alarcón hasta el
jardín central de Atoyac, pues los trazos de las calles no
han cambiado y el puente sobre el arroyo Cuitero sigue siendo el
mismo. No así el jardín central, que se ha
modificado sustancialmente y que no permite imaginar en un solo
plano la concentración de manifestantes, la
represión, el forcejeo y los disparos de los agentes
judiciales entre la multitud, su empeño por abrirse paso y
detener o eliminar a Lucio Cabañas.
Esta masacre marcó el inicio de la guerrilla de Lucio
Cabañas. O mejor, esa masacre lo obligó a
remontarse a la sierra y a defenderse de la persecución
con que intentaban eliminarlo. No es exagerado decir, por tanto,
que su guerrilla nació como una forma de autodefensa.
Tampoco lo es afirmar que si bien se masacró queriendo
evitar una manifestación popular, lo que se
consiguió fue producir una guerrilla que se estuvo
combatiendo durante siete años y que, una vez muerto en
1974 Lucio Cabañas, muchos pensamos desaparecería
durante el sexenio del gobernador Rubén Figueroa Figueroa.
Ahora podemos inferir sobradamente que esa guerrilla no
desapareció del todo.
En junio de 1995 se trató de impedir otra
manifestación en Atoyac de Alvarez. Los cuerpos policiacos
del estado de Guerrero masacraron por ello a 17 campesinos en el
vado de Aguas Blancas. Todos sabemos que se frenó esa
manifestación, pero no las que en cascada se produjeron
hasta la aparición, un año después, de la
guerrilla del EPR. La simetría se antoja evidente. El
modus operandi para frenar manifestaciones y producir guerrillas
también parece el mismo. Además, a pesar de los 28
años que separan a ambas tragedias, podríamos
sentir que asistimos a una sola. Y posiblemente así
es.
Por algunos comunicados primero del EPR y ahora del PDPR-EPR, y
como bien lo supo Inteligencia
Militar, entre las organizaciones que integraron este
levantamiento se encuentran el Procup, las Uniones del Pueblo y
el Partido de los Pobres o PDLP, que en muchos sentidos y
momentos se conectaron o concurrieron en el movimiento
guerrillero de Lucio Cabañas. Por ello podemos sospechar
que la masacre del vado de Aguas Blancas no produjo una nueva
guerrilla, sino quizás solamente la reaparición de
la misma lucha.
Pero, ¿cómo explicar la permanencia o, al menos, la
recurrencia a lo largo de casi 30 años de una misma lucha
guerrillera? Creo que la única explicación que cabe
es, paradójicamente, lo inexplicable. Lo volveré a
decir. ¿Por qué después de las contundentes,
severísimas medidas militares que se tomaron en los
años 70 contra la guerrilla de Lucio Cabañas, no se
tomó en la sierra de Guerrero otro tipo de medidas
educativas, de salud, de comunicación, económicas, agrarias o
comerciales? ¿Por qué preferir el emporio del
narcotráfico al progreso social y
económico de esa sierra guerrerense? ¿Qué
oscuros intereses se benefician con esa falta de decisión
de transformar económica, educativa, socialmente a la
sierra de Guerrero? Estas circunstancias “inexplicables''
podrían dar cuenta de la continuidad o, al menos, de la
recurrencia de las luchas sociales de Guerrero. Es como un aviso
para que las medidas de cambio no se decidan solamente en la sana
teoría
de los análisis macroeconómicos: tomemos en
cuenta, como dato relevante de Seguridad Nacional, lo que ocurre
a nivel del terco y empobrecido suelo de la
realidad social mexicana. También ese modus operandi y sus
efectos deben ser vistos como una luz roja de lo
que podría ocurrir en cualquier parte del país o
incluso en el avance de manifestantes hacia Los Pinos.
Aquel mitin que quiso frenar en vano la policía judicial
del estado el 18 de mayo de 1967 fue recordado ahora, 30
años después, en el mismo Atoyac. Varios centenares
de personas se manifestaron por las mismas calles y la misma
área del jardín central que recorrió ese
día Lucio Cabañas, en las vísperas de su
alzamiento en armas. Maribel Gutiérrez refirió,
además, en La Jornada, que durante esa
manifestación el presidente del PRD estatal, Octaviano
Santiago Dionisio, afirmó que si Lucio Cabañas
viviera, estaría en el PRD. Entiendo la exaltación,
a 30 años de distancia, con que el actual dirigente
perredista pudo llegar a proponer tal posibilidad. Pero no nos
engañemos. Hay razones suficientes para reconocer que si
Lucio Cabañas viviera, no estaría en el PRD sino en
el EPR.
Exhumación reivindicaría como héroe
a Lucio Cabañas.
Hace décadas, en Atoyac de Alvarez, cualquier persona que
hablara del maestro rural que se convirtió en líder
guerrillero, Lucio Cabañas, corría el riesgo de ser
torturada o asesinada como sospechosa de ser simpatizante de la
izquierda.
Durante la llamada "guerra sucia" de las décadas de 1970 y
1980, el nombre de Cabañas se convirtió en un
símbolo de rebelión y muchos de los que lo
enarbolaron están desaparecidos, aunque no tuvieron
ninguna relación con el rebelde.
Ahora, los restos de Cabañas, quien peleó contra la
corrupción e injusticia en nombre de los pobres,
podrían estar al lado de los restos de los héroes
de la Revolución
Mexicana como Emiliano Zapata y
Pancho Villa.
Los que podrían ser los restos de Cabañas -muerto
por el ejército en un enfrentamiento el 2 de diciembre de
1974- fueron exhumados en Atoyac tras años de gestiones de
su familia.
La autónoma Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
está involucrada en las pruebas de
ADN a los
restos para verificar su autenticidad.
La exhumación se realizó después que la CNDH
presentó un informe sobre
violaciones a los derechos humanos por fuerzas de seguridad del
Estado en la década de 1970 y se cree que podría
legitimar la leyenda de Cabañas como un luchador
social.
Más de 400 personas desaparecieron de Atoyac desde fines
de los años 60, muchos de ellos remotamente relacionados
con Cabañas, de un total de 1,300 desapariciones ocurridas
en todo el país.
En el sofocante municipio de Atoyac, con 65 mil habitantes,
ubicado entre las montañas de la Sierra Madre y la costa
del Pacífico en Guerrero, la memoria de
Cabañas aún vive.
"Lucio fue uno de los primeros que tenía la idea de que
podía haber igualdad para
los pobres", dijo Felipe Castro, un vendedor de filtros de agua.
"Era sencillo y no era prepotente. Era un gran maestro. No lo
olvidaré", subrayó.
"Era un mártir, un testimonio de la maldad de los
gobiernos pasados", opinó Máximo Gómez, un
sacerdote de 69 años rechazado por la Iglesia
Católica por sus supuestos vínculos con los
rebeldes.
Epílogo de un Guerrillero.
(Fragmento de nota aparecida en El Sur).
Los parientes más cercanos de Lucio Cabañas, su
hermano Pablo Cabañas y su hija Micaela Cabañas
Ayala, están listos para que se les practique el examen de
ADN para comprobar si el cuerpo sepultado en Atoyac pertenece al
del dirigente guerrillero, después de que la
exhumación que estaba programada para el sábado 24
se canceló por la inasistencia de los médicos
forenses argentinos.
Los familiares, que este sábado tardaron más de una
hora en localizar la tumba, darán a conocer la nueva fecha
de la exhumación, y esperan que el próximo 2 de
diciembre, cuando se cumplen 27 años de la muerte de Lucio
Cabañas Barrientos, ya se sepa el resultado y se termine
la incertidumbre.
De acuerdo con la petición de los familiares, en la
exhumación y análisis de los restos deberán
participar especialistas de la CNDH, de la UNAM.
Guillermina Cabañas quien dijo que fue hostigada
políticamente hasta 1981 por lo tuvo que abandonar su
pueblo de San Juan de las Flores, dijo "queremos que
conjuntamente con los argentinos se realicen las pruebas de ADN
con los parientes más cercanos que son Pablo
Cabañas y la hija de Lucio Cabañas, Micaela
Cabañas Ayala quien radica en Xaltianguis".
Apuntó que como familiares quieren que se le dé
cristiana sepultura al cuerpo de Lucio Cabañas porque se
lo merece, él se preocupo por la gente más
desprotegida; "esperamos si se dan las condiciones para que el 2
de diciembre ya los antropólogos de Argentina tengan
el resultados de las pruebas para realizar en el aniversario
luctuoso con su novena y sus rezos como se acostumbra en la
costa".
Después de 27 años, Pablo Cabañas Barrientos
con los familiares más cercanos a su hermano Lucio se
presentaron por primera vez a conocer el lugar en donde
presuntamente fue sepultado el 2 de diciembre de 1974 por la
noche, como narró la señora Evelia Organista Sonora
quien fue la que reveló la ubicación de la presunta
tumba de color blanco sin
cruz y nombres de sus moradores de un revocado rústico con
sólo dos floreros vacíos de granito.
Aseveró que ese día hombres vestidos de civiles
sepultaron a una persona, de lo que ella se dio cuenta porque
igual que ahora, vivía a un costado del
panteón.
Recordó que esas personas le pidieron un candil, para
hacer el entierro, y que en esa gaveta se dice que yacen encima
de los restos de Lucio Cabañas los de Raúl
Gallardo, y que esa lápida fue cuidada por la
señora Elizabeth Flores Reinada, madre de la profesora
Hilda Flores Solís, luchadora social, para que no fuera
sacado el cuerpo de Lucio Cabañas.
Nota del Autor: En noticias posteriores, se confirmó que
este cuerpo era efectivamente el de Lucio Cabañas,
poniendo fin a toda duda acerca de su muerte. Aún se desea
ponerle una estatua, a pesar de la resistencia de
algunos sectores del gobierno.
"No hay poder sin represión Pero, más que
eso, se podría afirmar que la represión es el alma
misma del poder… Por eso, los mecanismos y la tecnología de la
represión revelan la índole del poder."
("Poder y Desaparición", Pilar Calveiro. Ediciones
Colihue, Argentina, pp. 24 y 25.)
El análisis de los elementos que conforman el tipo penal
del delito de
desaparición forzada de persona conduce a caracterizarlo
como de lesa humanidad, o sea como una conducta que
ofende y lesiona no solamente a las víctimas directas, a
sus familiares y compañeros de lucha, sino a toda la
especie humana. Tan grave es, que en la doctrina del Derecho
Internacional se le equipara al genocidio.
1.- Los agentes activos del
delito son el Estado, el gobierno que lo representa y los cuerpos
policíacos y militares en que aquéllos se sustentan
(así como los organismos irregulares que éstos
prohíjan). Aun cuando es cierto que la responsabilidad
penal se individualiza a la hora de la aplicación de
sanciones, la responsabilidad en este ilícito se deriva de
la pertenencia a los órganos que ejercen el poder. Es la
impunidad que proporciona el ser parte del aparato estatal lo que
permite que se detenga a personas sin forma legal alguna, se les
someta a toda clase de tratos inhumanos, crueles y degradantes,
se les intente privar de su calidad humana y,
llegado el caso se les prive de la vida o se les impida privarse
de ella tan sólo para demostrar quién tiene esa
"facultad".
Hay autores intelectuales, que son quienes planean, financian y
ordenan las desapariciones, lo que les acarrea beneficios
económicos y políticos. Los autores materiales son
de diverso tipo y van desde los secuestradores hasta los
torturadores, pasando por los asesores y los que operan
administrativamente las cárceles clandestinas.
2.- El pasivo del crimen (en el sentido de ofensa
gravísima que damos a esta palabra los latinos y no en el
que le dan los sajones, sinónimo de delito) es
generalmente un militante de alguna organización de
izquierda al que "la inteligencia" oficial caracteriza como
"subversivo", "transgresor" o "terrorista" que pone en riesgo la
estabilidad de las instituciones
dominantes. Pero eso no impide a los activos detener y
desaparecer a cualquier otra persona que tenga (o ellos crean que
tenga) alguna relación con la lucha social, o que sea un
testigo incómodo, a simplemente que haya que sembrar
terror entre la población para persuadirla de hacer algo o
disuadirla de hacerlo.
3.- El íter crimen consiste en un secuestro (que puede ser
al amparo de las
sombras o a plena luz del día y en medio de testigos),
seguido de la remisión a un sitio clandestino de
reclusión, donde los registros no son
oficiales y los detenidos son aislados por completo del resto del
mundo. Se niega información sobre ellos e incluso se niega
la detención. Ahí "se vale" hacer cualquier cosa
con ellos, con el fin de sacarles información o de
mantenerlos como rehenes para que sus compañeros de lucha
sepan qué atenerse. La desaparición es un delito
continuo, pues sólo deja de cometerse cuando el detenido
es liberado o puesto a disposición de una autoridad para
que se le siga un proceso
legal.
Pasan los años y los efectos del ilícito siguen
produciéndose y por ello son imprescriptibles la
acción penal y la pena aplicable. Se conocen casos de
mujeres desaparecidas que, como parte de la tortura, fueron
embarazadas y luego privadas de los hijos (que en ocasiones
fueron entregados a los torturadores).
4.- Para que se dé la desaparición forzada, se
tiene que contar con una estructura material y con personal de
diversas especialidades. Un constructor tiene que diseñar
y acondicionar los sitios de reclusión y de tortura
(quirófano le llamaban en el Cono Sur del Continente). El
equipo debe ser pagado a cuenta del erario, de modo que hay que
disimularlo de algún modo en las cuentas
públicas.
Hay médicos y psiquiatras que asesoran a los torturadores
para que el dolor que apliquen les ofrezca mejores resultados.
Los custodios cobran también como "servidores
públicos", lo que implica que están en alguna
nómina.
Se utilizan vehículos (terrestres y aéreos),
armamento y equipo de comunicación, cuyo costo pesa sobre
los contribuyentes, pero que muchas veces no forma parte de los
bienes
públicos.
5.- El absoluto incumplimiento de las normas
jurídicas vigentes convierte a la desaparición
forzada en una acción brutal, inhumana y
prácticamente animal. Implica que los criminales
actúan con saña, con dolo y con suma violencia. Por
eso lastima a todos los seres humanos y se intenta erradicarla
para siempre de la faz de la tierra.
Durante décadas, el gobierno de México se dijo
democrático y respetuoso de los derechos humanos.
Negó que practicara la desaparición forzada de
personas, lo mismo que las ejecuciones fuera de juicio. Se
preció incluso de que no aplicaba la pena de
muerte, ni siquiera porque la Constitución de la república la
permite para el plagiario, el salteador de caminos y el traidor a
la patria en guerra extranjera.
La historia ha comprobado que, al igual que en otros
países latinoamericanos, aquí se desarrolló
una guerra sucia, para derrotar a grupos que se alzaron en armas
contra el sistema imperante. Y entre los métodos
que se utilizaron, estuvo la desaparición forzada.
Se crearon aparatos represivos irregulares, como "La Brigada
Blanca", que persiguió "subversivos" por todo el
territorio nacional colocándose por encima de las
autoridades legales y con permiso para matar y desaparecer. Se
sembró el miedo al divulgar extraoficialmente sus
actuaciones, pero manteniéndolas oficialmente ocultas. Se
detuvo a miles de ciudadanos y ciudadanas sin forma legal ;
algunos fueron ejecutados y otros permanecen en situación
de desaparecidos.
Ha sido tan fuerte la presión
social para que se investiguen y castiguen estos hechos, que la
gubernamental Comisión nacional de Derechos Humanos tuvo
que reconocerlos en el informe que rindió en diciembre del
2001. Este logro de los mexicanos no debe ser menospreciado, pero
tampoco sobrevalorado. Porque es un intento de presentar y tratar
el tema como cosa del pasado y no de nuestros días;
más como una antesala del punto final que se aplicó
en países centro y sudamericanos, que como un primer paso
hacia la verdad y la justicia.
Afirmamos que en México se sigue cometiendo el delito de
desaparición forzada de personas, y que mientras no se
sancione a los culpables el tema pesará en la conciencia
colectiva e impedirá el tránsito a la democracia.
Como todo político en campaña, Vicente Fox
prometió el manto de la guadalupana a quienes votaran por
él. Pero también como todo político en el
cargo, una vez que se sentó en la silla presidencial se
retractó de crear una Comisión de la Verdad. Su
argumento es que basta con que funcionen las instituciones
establecidas para que se resuelvan los problemas, por más
agudos que sean como el de los desaparecidos y otros
crímenes históricos del régimen de Partido
de Estado (asesinato de Rubén Jaramillo, genocidio del 2
de octubre de 1968 y otros).
Sobre esa base, en diciembre del 2001 emitió un acuerdo
por el cual ordenó al procurador General de la
República que creara
una Fiscalía Especial que indague los crímenes "del
pasado". Tomó como punto de partida el informe de la CNDH
que reconoce solamente 275 desapariciones forzadas. Fue
así como designó agente del Ministerio
Público para este caso a Ignacio Carrillo Prieto, quien
niega ser parte del nefasto "Grupo Carpizo" que ha monopolizado
en los años del neoliberalismo
los organismos oficiales de derechos humanos y que tiene
penetración en otros sectores del gobierno (como la propia
PGR, el IFE y el Consejo de la Judicatura Federal).
Además del fiscal especial, habrá un comité
de apoyo designado por el secretario de Gobernación. No se
sabe a ciencia cierta
qué harán uno y otro, pues los términos del
acuerdo de creación son bastante ambiguos. Por eso los
organismos de defensores no gubernamentales de derechos humanos
recibieron la noticia con bastante escepticismo.
Hay quienes piensan que se debe tratar de incidir en la
conformación del comité de apoyo al fiscal
especial. Pero mientras no se sepa para qué va a servir,
es mejor no ocuparse de él y seguir insistiendo en la
Comisión de la verdad, ciudadana, autónoma y con
autoridad para hacer coadyuvancia con el Ministerio
Público.
En conclusión, no se advierte voluntad política en
el gobierno foxiano para entrar a fondo al asunto de los
desaparecidos y demás crímenes históricos
del priato. Parece estar pesando más su alianza en busca
de gobernabilidad que su promesa de encontrar "peces gordos"
en la violación grave a los derechos humanos.
5. Bibliografía.
Reuters.
Diario 17.
El Sur.
Revista
Proceso.
"Poder y Desaparición", Pilar Calveiro. Ediciones Colihue,
Argentina.
Autor:
Antonio Olívar Zúñiga
28 años, Licenciatura en Ciencias de
la
Comunicación, 2002.