México Sus Partidos Políticos en el año 2000 (página 3)

"En la educación todos somos
corresponsables… por ello, quiero invitar a todas las
mexicanas y mexicanos, especialmente a los maestros, a
los padres de familia, a discutir, a debatir, a dialogar
sobre cómo hacer el gran cambio hacia la calidad
del sistema educativo, como hacer el gran cambio que
fortalezca la calidad de la educación, cómo
llevar a cabo una revolución en la calidad
educativa".

"Estoy convencido de que los cambios de fondo
deben buscar una educación de excelencia, de
calidad, sobre todo en las universidades. De nada sirve
buscar el desarrollo económico si no logramos
transformarlo en la solución de los problemas de
fondo que el país tiene, esos que son la pobreza,
la inseguridad y la violencia, hoy los
debemos de buscar con más empeño a partir
de los profundos cambios que en la democracia se
están haciendo".

"Estimularé la educación impartida
por instituciones privadas, que también debe ser
de calidad".

"Tenemos que lograr que la educación
vuelva a ser la palanca de la justicia social y la
palanca del progreso de las personas y del desarrollo de
nuestro país".

JOVENES

"Un Partido que no esté con los
jóvenes es un Partido que no tiene
futuro"

"Bienvenidos a la construcción de un
nuevo PRI, ese nuevo PRI lo vamos hacer con una alta,
rica y profunda participación de los
jóvenes que son quienes van a asumir el liderazgo
de los partidos y van a asumir también el
liderazgo de la nación conforme el tiempo
pase"

En la actualidad, no puede desconocerse la
enorme importancia de la juventud mexicana para la toma
de decisiones en todos los niveles. Cada vez es mayor la
participación y el interés por parte de la
juventud hacia la política.

El candidato priísta siempre ha estado
abierto a dialogar con la juventud, ha señalado
que "debemos reunirnos con todo aquél grupo de
jóvenes que desee hoy participar en
política para contribuir a definir entre todos
nosotros, el rumbo que le vamos a dar al país en
los siguientes años."

"Lo creo así, porque un Partido que no
esté con los jóvenes es un Partido que no
tiene futuro, un Partido que no esté con la fuerza
de las ideas, es un Partido el cual va a ser gobernado
por la inercia y por los acontecimientos de otros y va a
perder la capacidad de conducir los destinos del
país, en función de las ideas que creemos
que deben conducirlos y llevarlos a un mejor horizonte y
a un mejor puerto."

La juventud, históricamente, ha
constituido el sector inconforme de la población;
el que ha encabezado las grandes luchas por conquistar
espacios sociales, políticos y culturales, es el
sector que exige y demanda mayores oportunidades y
más justicia.

"Los jóvenes son la energía y la
esperanza de nuestra gran nación, los veo y
escucho en todos lados, me piden y con toda justicia
demandan no más crisis ni restricciones
económicas".

Labastida Ochoa sabe que el planteamiento
principal de los jóvenes de México es
participar, que su voz sea escuchada y su opinión
incluida en las grandes decisiones políticas, sin
buscar una posición personal, sino impulsados por
la inconformidad que los problemas del país les
provocan.

Las propuestas y los compromisos
políticos del Candidato priísta se han
caracterizado por un profundo espíritu de cambio,
porque sabe que existen en el país muchos rezagos
y deudas de justicia social.

"Parte de lo que está cambiando en el
país es que el Partido, al cambiar, al impulsar la
democracia como nunca lo había hecho, al estar a
la vanguardia de la democracia le abre las puertas a los
jóvenes y a todos los sectores del
Partido."

Si algo caracteriza a la juventud es el impulso
y la emoción por lograr que las cosas estén
mejores, no es sólo el interés por
participar, es el interés por no ser espectador,
sino actor de los cambios que el país demanda. Es
por ello que Francisco Labastida se ha comprometido a
integrar a la juventud en los proyectos
políticos.

"Les pido a ustedes que tomen lo mejor que
caracteriza a la juventud, que es el deseo de
transformación de México y que con
él luchemos para hacer un mejor
país."

"UN MEJOR FUTURO SIGNIFICA TRABAJAR PARA
BENEFICIO DE LOS JÓVENES"

Abrir más oportunidades de
participación política a los
jóvenes.

Luchar contra la
drogadicción.

Realizar la mayor reforma y hazaña
educativa que se haya dado en el país.

Hacer de la educación el motor del cambio
y de las oportunidades para los
jóvenes.

Impulsar una gran generación de
empleos.

Recuperar la tranquilidad y seguridad en las
casas, en las calles de todo el país.

Impulsar decididamente el deporte y el
esparcimiento.

Fortalecer las acciones que den mayores
oportunidades de acceso y contacto con la
cultura.

El programa integral que plantea Labastida para
el desarrollo de México, pretende alcanzar
condiciones de igualdad y de justicia social, como una
vía efectiva para abrirle expectativas reales a
los jóvenes que están egresando de las
carreras, "para que sepan que ahí pueden encontrar
una vía real de desarrollo para los siguientes
años, para ellos, sus familias, para la
generación de empleos, pero también para el
desarrollo de todo el país".

¿Quieres participar en la
transformación del país? Únete a
Jóvenes en Movimiento con Labastida, una organización apartidista conformada
por estudiantes, profesionistas y ciudadanos de todo el
país entre los 18 y los 30 años de edad que
tiene como fin específico promover activamente,
entre los jóvenes, el proyecto de nación y
la propuesta que tiene Francisco Labastida Ochoa hacia la
juventud.

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opción "Descargar" del menú
superior

INFANCIA

Labastida ha señalado que es necesario
dar prioridad a la niñez en todos sus
órdenes. Esto significa tomar consciencia de que
las niñas y los niños mexicanas son quienes
heredarán mañana el país que se
está construyendo hoy.

Se ha comprometido públicamente a
garantizar que los niños ejerzan todos los
derechos que UNICEF proclama.

"UNICEF dice que los niños tienen derecho
a la felicidad, no dice que tienen obligaciones, porque
sería absurdo ponerle obligaciones a los
niños, dice simplemente que tienen derecho a la
felicidad"

Para que los niños y las niñas
tengan este valioso derecho a la felicidad, es
fundamental que gocen de los satisfactores
básicos, es decir nutrición, educación, una
vivienda digna y servicios de salud.

Asimismo, deben tener también un ambiente
sano en donde se desarrollen, "un país en donde no
haya contaminación, un país en donde no
haya crimen, violencia, drogadicción o secuestros, y que el
ambiente familiar sea un ambiente de amor, de respaldo,
de apoyo a la conformación de una niñez que
tenga derecho, efectivamente, a la felicidad".

En nuestro país, desafortunadamente
existen serias carencias que impiden a la niñez en
su conjunto hacer uso de este derecho a la
felicidad.

"Los niños de la calle o los
niños de las comunidades y de los pueblos
indígenas a veces no tienen ni lo más
elemental, parte sustancial de lo que proponemos hacer y
de lo que vamos a hacer, si soy Presidente de la
República, es conformar condiciones de igualdad y
de equidad para toda la niñez en el
país".

"HAY QUE DAR PRIORIDAD A LA NIÑEZ EN
TODOS LOS NIVELES"

Ofrecer protección a la
niñez.

Garantizar que los niños ejerzan todos
los derechos que UNICEF proclama:

Que las niñas y las niños tengan
los satisfactores básicos:

· Nutrición

· Alimentación

· Educación

· Vivienda

· Salud

Un ambiente sin contaminación para que se
desarrollen.

Combatir el crimen y la violencia para que los
pequeños gocen de seguridad.

Luchar contra la drogadicción.

Conformar condiciones de igualdad y de equidad
para toda la niñez en el país.

Proveer de servicios básicos a los
niños de la calle y a los niños de las
comunidades indígenas.

Hacer una reforma educativa que alcance a toda
la república.

INGENIERO. CÁRDENAS Alias el
Cuahutemochas

  El Partido de la Revolución
Democrática considera que el desarrollo económico,
la democracia y el bienestar son aspiraciones no sólo
compatibles, sino convergentes en el propósito
común del progreso y la justicia que todos los mexicanos
anhelamos. En la oportuna y eficaz combinación de estos
grandes objetivos nacionales se sustenta el Programa para el
desarrollo económico con justicia social que aquí
presentamos a la nación.

Dado que los responsables del país en la etapa
del crecimiento sostenido no supieron conducir una evolución sana del Estado
posrevolucionario, y mientras los adalides del neoliberalismo
tienen al país en una crisis que se ahonda y extiende, el
PRD presenta a la nación un programa económico
capaz de combinar el desarrollo de la producción y la
estabilidad financiera con la atención a las necesidades
sociales de la población mayoritaria.

El Partido reconoce que es inviable cualquier propuesta
que implique volver al Estado autoritario y
antidemocrático, en cuya fase decadente cayó en el
populismo y
dejó incumplidos los preceptos constitucionales de
desarrollo soberano, sustentable y con justicia social. Pero
también afirma que en el neoliberalismo, México
camina entre graves desequilibrios económicos y sociales
que, de no revertirse a tiempo, reorientando el rumbo actual del
gobierno, pueden ocasionar graves alteraciones de la estabilidad
política y la paz social.

Ni vuelta al pasado ni asunción de una presunta
modernidad que, aplicada de modo acrítico, daña la
soberanía nacional, empobrece al pueblo y se olvida de la
justicia. La propuesta económica del PRD busca reducir, y
finalmente eliminar, los graves impactos ocasionados por el
brusco tránsito de una a otra visión de la
función económica del Estado mexicano.

El Partido lucha por configurar una nueva, efectiva y
moderna viabilidad económica para el país,
planteando un programa económico sin dogmas, que no asume
recetas ni del Estado totalitario ni del Estado neoliberal.
Ideología, sí, para la
orientación del gobierno y de la sociedad. Realismo y
visión en el diseño y aplicación de un
programa económico que dé su verdadera
dimensión a la economía productiva, y establezca
las condiciones financieras y las relaciones económicas
internacionales necesarias y suficientes, para que el Estado
mexicano asuma sus responsabilidades fundamentales respecto al
desarrollo y la justicia social.

El programa económico que el PRD ofrece al
país es incluyente, ajeno a toda clase de arquetipos
propios o extraños, y con un papel
claramente definido para todos los sectores y agentes
económicos. En este documento se reinterpretan y asumen
aspectos positivos de la economía de mercado, al tiempo
que se actualizan elementos básicos de justicia social
establecidos por la Carta Magna de
1917.

De manera sintética, las características fundamentales del Programa
para el desarrollo económico con justicia social
son:

Primera. Restablece la plena soberanía de la
nación, mediante el cuidadoso manejo y equilibrio de las
cuentas externas para garantizar tanto el desarrollo como el
cumplimiento de los compromisos internacionales.

Segunda. Busca salir de la crisis mediante "el fomento
del crecimiento económico y del empleo y una más
justa distribución del ingreso y la riqueza"
(artículo 25 constitucional).

Tercera. Aplica de inmediato las medidas para atender la
marginación extrema y elevar gradualmente el nivel de vida
de quienes tienen ingresos por debajo de cuatro salarios
mínimos, así como para revertir la
concentración del ingreso nacional.

Cuarta. Identifica con toda precisión el
equilibrio que debe procurar una estrategia bien diseñada
respecto al papel promotor, orientador y regulador que
desempeña el Estado y el que se le asigna al mercado, y
les otorga mutua funcionalidad, eficacia y
sentido complementario, en el marco de las libertades que
establece nuestra Constitución.

Quinta. Considera indispensable la redistribución
del ingreso nacional mediante un conjunto de políticas
coherente, particularmente de planeación
democrática y de inversión y gasto públicos,
a fin de reducir la enorme brecha que separa a millones de pobres
respecto a la minoría que vive en la opulencia.

Sexta. Redefine a fondo las relaciones entre el campo
mexicano y la ciudad, creando un orden rural nuevo que impulsa su
capitalización, promueve su organización productiva
y mejora las condiciones sociales para frenar la migración
hacia las áreas urbanas o al extranjero.

Séptima. Establece el indispensable equilibrio
entre el funcionamiento del sector externo y la ampliación
del mercado doméstico. El propósito fundamental es
proteger la planta productiva nacional sin menoscabo del papel
que deben jugar las importaciones, esencialmente las de bienes de
capital necesarios para la reconversión tecnológica
de la industria y los servicios del país.

El gran objetivo de este programa económico es
crear cinco millones de empleos en el periodo 1998-2000, de los
cuales cuando menos tres millones deberán ser permanentes
y bien remunerados. Asimismo tiene el propósito de frenar,
desde el primer año de aplicación, el deterioro
creciente del poder adquisitivo del salario, y gradualmente
recuperar la pérdida acumulada de 1982 a la
fecha.

Las restricciones aceptadas son el déficit en la
cuenta corriente, el déficit fiscal, y el desequilibrio
entre el ahorro y la inversión global. En estas
restricciones se busca mantener niveles manejables.

Para lograr los propósitos enunciados, buena
parte de esta propuesta económica descansa en los
programas sectoriales y regionales.

Es interés del Partido no solo exponer el
qué de su programa económico, sino también
el cómo, el cuándo y el cuánto. Para dar
estas respuestas, al final de este documento se presentan cifras
que avalan la propuesta. Si bien en trazos muy amplios, se
consideran suficientes para que los expertos puedan comprobar que
hay sustento en estudios técnicos del mayor
profesionalismo y profundidad. Desde luego, el PRD tiene
disponibles todos los expedientes técnicos para quienes
busquen mayor información sobre el programa
económico aquí expuesto.

Para cambiar el rumbo, mayoría en el
Congreso

La hegemonía priista ha impedido la existencia de
un Poder
Legislativo que sirva de contrapeso a las políticas
neoliberales, lesivas para el pueblo y la nación,
impuestas por los titulares del Poder
Ejecutivo. Las actividades del Congreso no despiertan
interés en el pueblo mexicano, porque el rumbo del
país es dictado desde el Palacio Nacional o desde Los
Pinos.

Por ello, la atención política sexenal
siempre se ha centrado en quién será el siguiente
presidente de la república, y ha pasado inadvertida la
integración del Congreso de la
Unión, compuesto por las cámaras de diputados y de
senadores.

Este desdén hacia las elecciones de diputados
federales ha sido la raíz y razón de los
extravíos del rumbo nacional, sea bajo el Estado rector,
sea bajo el actual modelo neoliberal. Los electores, a la hora de
sufragar, olvidan que el presidente de la república no
podría desordenar el rumbo político,
económico y social, si existiera un Congreso independiente
del titular del Ejecutivo, que velara por los intereses
nacionales y populares, y no por las carreras políticas de
los sumisos diputados oficiales.

El PRD aspira con realismo a ser mayoría en el
Congreso de la Unión. Para ello, necesita que todos los
sectores económicos y sociales del país analicen
las virtudes del Programa para el desarrollo económico con
justicia social, 1998-2000, porque con el voto de ellos, por
primera vez en México, desde la época del
presidente Benito Juárez, puede conformarse el Congreso
con legisladores verdaderamente independientes del titular del
Poder Ejecutivo, y ejercer a cabalidad las atribuciones que le
concede la Carta
Magna.

La posibilidad de poner en marcha este programa
económico no necesita esperar a las elecciones
presidenciales del año 2000. Desde ahora, si ganamos la
mayoría en el Congreso, se frenaría el destructivo
proyecto neoliberal proveniente de Los Pinos, revisando con el
Poder Ejecutivo aquellos aspectos positivos, eliminando sus
filosas aristas antisociales y ajustando el presupuesto de
egresos para darle prioridad a la recuperación productiva
y al gasto social. Se atenderá particularmente lo
relacionado con la salud, la nutrición, la
educación, la vivienda, la atención de niños
y ancianos, frenando el costo creciente de los servicios
públicos como agua, electricidad,
transportes y otros.

El PRI y el propio presidente Ernesto Zedillo
están manejando como estrategia electoral la necesidad de
que el partido oficial gane para asegurar la continuidad de una
supuesta recuperación económica que dicen vive el
país, así como para evitar el caos económico
y la fuga de capitales; y sobre todo, dicen, el PRI debe triunfar
para que haya gobernabilidad, porque según ellos si el
Congreso lo gana la oposición, ello impediría al
Ejecutivo su buen funcionamiento.

Estas argumentaciones son falaces, porque la supuesta
recuperación económica que el PRI y el gobierno
dicen garantizar, es a costa de seguir empobreciendo a la
población y concentrando la riqueza en pocas manos. El
caos económico que pronostican, por si no lo han
descubierto, es ya una realidad desde 1982 hasta nuestros
días. Los crímenes políticos, los
desequilibrios de la balanza de pagos,
y el manejo irresponsable del crédito público
provocaron la fuga de capitales y la devaluación de 1994, que dejó al
país con sus arcas vacías, situación que
resistió debido al megacrédito emergente concedido
por el gobierno de los Estados Unidos.
¿Más caos puede haber si gana la oposición
el Congreso? ¿Más fuga de capitales?
¿Cómo se le puede llamar a la crisis del sistema
financiero nacional que actualmente daña tanto a bancos como a
deudores?

Si gana el Congreso la oposición, no está
en peligro la gobernabilidad que los priistas esgrimen como
argumento para que los mexicanos les den su voto. Sucede que para
el presidente de la república y para los dirigentes
priistas, gobernabilidad es equivalente a indignidad y
sumisión del Poder Legislativo a las órdenes y
caprichos del titular en turno del Poder Ejecutivo.

En México quien legisla es el presidente de la
república, en tanto la aprobación de iniciativas en
el Congreso resulta un mero formalismo. En el Congreso de la
república priista, los diputados votan leyes hasta sin
haberlas leído ni, mucho menos, haber reflexionado sobre
sus consecuencias. A todo esto, los dirigentes priistas llaman
gobernabilidad.

LIC. MANUEL
CAMACHO .La Alianza Opositora

 Convencidos de que el 2000 será decisivo
para el futuro político de México la
Asamblea
Nacional Constitutiva instruyó al
Comité Ejecutivo Nacional del Partido a promover la
conformación de una gran alianza política de las
fuerzas de oposición con miras a lograr el triunfo en la
contienda electoral y estar en condiciones de impulsar una
plataforma común desde el gobierno que asegure los
profundos cambios que exige México. Para instaurar la
nueva República que sustituya al inestable y disfuncional
arreglo político vigente, es indispensable avanzar junto
con muchas fuerzas políticas y sociales -a la
definición del programa básico que impulsaremos de
manera conjunta y que tiene como eje el cambio de nuestro
régimen político. Habrá que establecer
cuanto antes acuerdos básicos que permitan modificar las
restricciones severas a la coalición de partidos en la
ley, garantizar equidad en el acceso a los medios de
comunicación y en el financiamiento de las
campañas, incluyendo las internas en donde se siguen
gastando fondos públicos a manos llenas.

Mientras no contemos con un nuevo arreglo institucional
que se derive de un nuevo pacto, el curso de la política
lleva al país a un verdadero precipicio. La apuesta del
gobierno es la fragmentación, la división de las
oposiciones, la intimidación de los reformistas en el PRI
y en la administración pública. Su mejor
escenario es el peor de los futuros para México:
desmovilizar, fincar su predominio en la desesperanza, llevar al
radicalismo a sus oponentes para aislarlos y poderles aniquilar.
Para derrotar esa apuesta se necesita voluntad y grandeza de la
oposición. Esta es la hora en la que deberemos actuar de
manera tal que merezcamos, de quienes nos sucedan, el
reconocimiento de que, de todos los momentos políticos que
como generación nos tocó enfrentar, esta, la hora
del 2000, fue nuestra hora mejor.

Para quienes queremos cambiar la situación
actual, lo más útil es unirnos en torno al punto
más vulnerable del régimen imperante: sustituir
pacíficamente al actual régimen por un nuevo
sistema, que con un pacto incluyente y una idea clara de
reconciliación nacional, dé a nuestro país
estabilidad mediante la alternancia. Debe ser una alianza con un
programa realista, garantías sólidas para la
sociedad y para las partes y que cuente con un equipo capaz y
unificado para gobernar.

. Chiapas

El Partido de Centro Democrático, considera que
el problema de Chiapas se ha vuelto a agravar, nadie esta ganando
y, de continuar la actual política, nadie ganará y
todos vamos a perder.

Debemos considerar que aún y cuando no se ha
llegado a un acuerdo de paz, la Nación ha logrado
importantes realizaciones respecto a Chiapas: se freno la
guerra y se
llego a una tregua, el ejercito ha dado muestras de enorme
disciplina, las asociaciones de ciudadanos han contribuido a
reducir los riesgos del conflicto, el Congreso y los Partidos han
tomado compromisos que en marcos institucionales ayuden a la paz,
las iglesias han coadyuvado al proceso pacificador, los medios
han desempeñado un papel extraordinario para frenar la
violencia y el EZLN, ha sido capaz de evolucionar en sus
posiciones políticas.

Por otro lado, podemos observar que la línea
política actual del gobierno frente al problema de Chiapas
no permitirá llegar a un acuerdo de paz. Si la
solución que se dé al problema de Chiapas no es
verdadera, veremos crecer el conflicto social y se
perderán los avances ganados. En cambio con una
solución verdadera se fortalecerá la estabilidad
política y los ciudadanos confiarán en métodos
pacíficos y legales de participación.

Hemos señalado que es demasiado peligroso que el
acuerdo de paz espere hasta el 2000. El acuerdo de paz posible,
está en la sociedad, en los partidos políticos y en
la opinión
pública. Es indispensable que se dé una
convergencia en favor de una solución
política.

La voluntad de diálogo debe ir acompañada
de acciones consecuentes.

1.- Reforma constitucional sobre los derechos
indígenas. Fortalecer el proceso democrático,
sometiendo a referéndum la reforma que aprueben el
Congreso de la Unión y los Congresos Estatales.

2.- Reconstitución de la autoridad en
Chiapas sobre bases de legalidad e imparcialidad.

3.- Distensión militar y control de armas. La
presencia del Ejercito Mexicano debe garantizar que el EZLN no
hará acciones ofensivas, así como que ningún
otro grupo (paramilitares) se encuentre armado.

4.- Reorganización de la autoridad federal y
estatal encargada de los programas sociales. Debe existir el
ánimo por parte del gobierno de fomentar una nueva
política
social incluyente de impacto inmediato.

5.- Participación política abierta del
EZLN. En el interés de la estabilidad política de
México, el EZLN debe optar en definitiva por la vía
pacífica de participación política. Con
voluntad de ambas partes para el acuerdo de paz, el EZLN
tendría la posibilidad de participar como partido en las
próximas elecciones federales del 2000.

Sin embargo, a estas alturas en que el Gobierno ha hecho
caso omiso a nuestras propuestas y a otras planteadas, en Chiapas
ya no es posible pactar la paz en este sexenio. Como en otros
campos, el gobierno perdió la oportunidad de resolver el
problema. Lo que necesita es: disminuir la presión
sobre las comunidades; controlar los desplantes autoritarios del
gobernador; y abrir la válvula de la lucha política
pacífica, con garantías plenas, para que los
chiapanecos escojan -con plena libertad– a su próximo
gobernador.

  . El Fobaproa

El Partido de Centro Democrático por conducto del
Dip. Marcelo Ebrard Casaubon participó activamente en la
H. Cámara de Diputados en defensa del equilibrio
constitucional de poderes, que durante el periodo de 1995 a 1998
se contravino: el control del Congreso sobre la deuda nacional
(aprobar, reconocer y mandar pagar). El gobierno federal
había emitido, sin consentimiento del Congreso de la
Unión, garantías y obligaciones en favor de las
instituciones financieras por el equivalente al doble de la deuda
interna total de la nación. Tanto el PAN como el PRD y la
oposición toda, compartíamos un punto
común.

La ausencia de control sobre el "saneamiento
financiero", se tradujo en un enorme costo que se transfiere al
contribuyente por 65 centavos de cada peso perdido en el
quebranto bancario. Sin el control de la representación
política, el grueso de los costos se pasó a la
cuenta de los ciudadanos y se asignaron garantías y
recursos públicos con una absoluta discrecionalidad, sin
más límite que el criterio y los intereses de la
administración. Otro punto común sería
reprobar la injusticia en la distribución de costos y a la
comprometida situación de las finanzas
públicas.

En efecto, la vía que escogió el gobierno
para el rescate bancario resultó la más onerosa
para el erario público y la más ventajosa para los
banqueros y los deudores más importantes (550
créditos concentran el 40% de la cartera cuyos derechos de
crédito adquirió el FOBAPROA) y, junto con el Dip.
Ebrard varios diputados formaron una alianza opositora
suficientemente amplia y responsable para obligar al gobierno a
entrar a una discusión sobre el sistema político y
su futuro.

Debemos entender que el FOBAPROA (Fondo Bancario de
Protección al Ahorro) fue creado como un seguro de
depósitos explícito -es decir con cobertura
limitada- en 1990 en vísperas de la reprivatización
bancaria. Su naturaleza es la de un fideicomiso de
carácter público, puesto que actúa como
fideicomitente ante la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, el fiduciario es el Banco de
México y tiene representantes en el Comité
Técnico la Comisión nacional Bancario y de
Valores.

Al aprobarse la creación del nuevo Fondo, se
planteaba, una combinación razonable de protección
al ahorro y al erario público e incentivos a los
inversionistas para supervisar el desempeño de las
instituciones financieras. La Ley de Instituciones de
Crédito recogió estos criterios y
añadió una definición: el FOBAPROA, si bien
fideicomiso público, no estaría sujeto a las normas
que rigen a las entidades de la administración
pública federal para evitar la inelasticidad derivada de
la potencial inclusión del patrimonio de las instituciones
en los bienes de la Nación.

Sin embargo, las cosas fueron en una dirección muy distinta a la que se
había previsto en la ley.

De inicio, la privatización se hizo mal. Hubo
poca transparencia en decisiones importantes de asignación
de las instituciones, se permitió que las operaciones de
compra fuesen excesivamente apalancadas y los precios finales de
adquisición elevados y, además, se permitió
la participación de personas y grupos que -ahora sabemos-
tenían antecedentes turbios o fortunas
misteriosas.

La supervisión fue débil e insuficiente.
Los controles fallaron: la Secretaría de Hacienda
permitió, la Comisión Nacional Bancaria dejó
hacer, el Banco de México no quiso o no pudo actuar a
tiempo, el Congreso de la Unión se mantuvo ajeno al
proceso merced al ilimitado poder del Ejecutivo en la materia y a
la cómoda
mayoría del PRI.

Aunque el FOBAPROA tenía el mandato autoimpuesto
de excluir de cualquier género de
protección a los créditos irregulares,
ilícitos o de mala fe, así como las obligaciones
subordinadas, todos entraron por la compuerta de la generosidad
gubernamental. Sin embargo, créditos sin garantías,
irregulares, relacionados para la adquisición de los
propios bancos con garantía accionaria, créditos
para campañas político-electorales del PRI,
obligaciones subordinadas, créditos interbancarios y
cruzados para operaciones poco claras, créditos con
sobrevaluación de garantías: todo entró al
torrente del costo fiscal, es decir, a pagarse por el
contribuyente.

Esta sola decisión modificó las cosas al
grado de que en vez de que las instituciones fuesen deudoras de
la Nación, la Nación se convirtió en deudora
de las instituciones bancarias. Por razones que el titular del
Ejecutivo no ha explicado al país.

La división de poderes constitucionalmente
procura evitar que el Ejecutivo comprometa el crédito de
la Nación sin el consentimiento de los gobernados. La
historia de este precepto es larga, proviene de la primera
Constitución Mexicana promulgada en Apatzingán en
1814. Y es el Presidente Zedillo quien nos informa en un
transitorio de una de sus iniciativas que ha tenido a bien
triplicar la deuda interna sin autorización de las
Cámaras.

El gobierno maniobró para ocultar las cosas a su
propia mayoría en la LVI Legislatura y, a partir de 1997,
para impedir que las oposiciones tuviesen acceso a la
información y le obligaran a rendir cuentas o a cambiar el
rumbo del saneamiento. Se cuestionó a los diputados
señalando que la Cámara no tenía facultades
para exigir esa información porque los bancos no
están incluidos en las entidades de control presupuestal,
sin embargo la Cámara puede auditar cualquier
operación en la que tengan que ver recursos
públicos federales.

Se acordó, entonces, ubicar como prioridad el
proceso para realizar la auditoría al FOBAPROA. El tema
generó, sorprendentemente, división en el PRI.
Surgió el Grupo Reflexión y presentó una
propuesta y apoyó también las auditorías. Por fin, después de 5
meses, la Cámara obtuvo las actas del Comité
Técnico del FOBAPROA y se las entregó a los
auditores coordinados por Michael Mackey. Un gran avance se
había conseguido: habría rendición de
cuentas.

Sin embargo, antes de que entraran los auditores del
Congreso, la CNBV había ordenado su propia auditoria
previa para "limpiar" el FOBAPROA de créditos y
operaciones cuestionables.

Ahora, a pesar de que la Cámara cuenta con
mayoría opositora (acusada de improductiva y conflictiva
por los voceros oficiales) había logrado abrir el debate
para modificar los designios del Ejecutivo, los acuerdos que le
han dado solución no resuelven el problema de fondo y solo
servirán para aplazar las cosas.

. Una Nueva
Constitución

 En el primer punto programático
señalado en el proyecto político de nuestro
Programa
de Acción, expresamos nuestra
posición política en favor de "Una Nueva
Constitución", que fortalezca los derechos ciudadanos y
reconstituya la autoridad política.

Los propósitos de ésta Nueva
Constitución buscan: terminar con una forma de gobernar
arbitraria, eliminar las imposiciones del Ejecutivo sobre los
poderes Legislativo y Judicial, impedir la aplicación de
la ley según la conveniencia política de los
gobernantes y acabar con las reformas coyunturales y
contradictorias a los derechos fundamentales consagrados en
nuestra Constitución.

Consideramos indispensable ordenar, reformar y adicionar
la Constitución a fin de que se amplíen las
garantías
individuales a los derechos políticos, se transforme
el sistema de planeación con procedimientos de
concertación social incluyentes, se funde un nuevo
equilibro de las instituciones políticas y se revise a
fondo el marco normativo relacionado con la responsabilidad de
todos los funcionarios público. Asegurar que el pueblo
ejerza su soberanía a través de sus representantes
y, cuando se trate de asuntos fundamentales, que pueda hacerlo
por medio de la participación directa vía
referéndum.

El espíritu del cambio es que se cumpla lo que
siempre ha anhelado la sociedad, hacer que la Constitución
contenga los ideales en que coinciden la gran mayoría de
los mexicanos: igualdad, tolerancia, seguridad, estado de
derecho, libertad, fin a las discriminaciones, etc.

Se debe establecer un nuevo procedimiento
para reformar la Constitución, en que el que expresamente
se disponga la intervención de la ciudadanía tanto
en su iniciativa como en su aprobación final mediante el
referéndum y que sin su consentimiento, ninguna reforma se
entienda como legalmente aprobada.

. La Energía
Eléctrica 

El Partido de Centro Democrático ha
señalado que la privatización del sector
eléctrico no es un problema exclusivamente técnico,
es sobre todo un asunto político, pues involucra una
reforma constitucional y decisiones de largo plazo: sobre
cómo financiar el desarrollo del sector, sobre la
política de tarifas y su repercusión social, acerca
de las consecuencias para los trabajadores y sus sindicatos, y
por todo ello, tiene que ver con la historia y con el futuro. Es,
ciertamente, más que una decisión
técnica.

Y son las decisiones inoportunas y carentes de
estrategia política que ha tomado el gobierno las que han
logrado provocar todo lo que parecía imposible. Han
logrado que los agravios de años se empiecen a acumular.
Que las voces que estaban apagadas, se vuelvan a sumar. Que los
movimientos que ya solo existían en el recuerdo, o que
estaban en una franca posición defensiva y de acoso, se
vuelvan a hacer presentes. Privatizar la energía
eléctrica, sin haber impulsado previamente un verdadero
debate nacional, donde se discutieran con objetividad las
distintas opciones para el desarrollo de la industria, sin haber
considerado las previsibles reacciones sindicales y
políticas (incluso dentro del PRI) en contra y
¿para qué hacerlo al final de la
administración? teniendo la sucesión en la
puerta.

El gobierno actual ya no hizo la transición. Y si
no cumplió con lo que ofreció, lo menos que podemos
pedirle es que no arrastre al país a una crisis
política y que cumpla con su responsabilidad de contribuir
a la estabilidad de la economía, mediante un pacto
político-social que asegure el tránsito sexenal
pacífico.

Por lo cual, procede por parte del gobierno intentar una
negociación seria, es más fácil convencer al
FMI (Fondo Monetario
Internacional) de la conveniencia de mantener la estabilidad
económica de México, que empecinarse en una
iniciativa que, para sacarla adelante hoy, quedaría tan
maltrecha, que dejaría irritados a todos: a quienes
tenían expectativas y a quiénes estaban totalmente
en contra, como ocurrió en el caso de la
petroquímica.

. Reforma Electoral

  El Partido de Centro Democrático por
conducto de los Diputados Marcelo Ebrard y Rogelio Chabolla,
participo activamente en la elaboración de la Iniciativa
de Ley para la reforma de diversas disposiciones del Cofipe, con
el objeto de eliminar los candados a las Coaliciones,
reintroducir la figura de las candidaturas comunes, garantizar el
voto de los mexicanos que se encuentran en el extranjero,
eliminar márgenes de sobrerrepresentación en la
Cámara de Diputados, avanzar hacia la equidad en el acceso
de los partidos a radio y televisión, ampliar la fiscalización
de la autoridad electoral sobre el ingreso y gasto de los
partidos incluyendo a las precampañas e incluir
disposiciones para impedir el uso de los programas de gobierno a
favor del partido oficial.

Queda claro que aún cuando en la H. Cámara
de Diputados ha sido aprobado el dictamen que reforma el Cofipe,
el gobierno con mayoría en el Senado, no quiere discutir
las reformas electorales porque estima que ello podría
llevar a cambios, aún elementales, que podrían
poner en entredicho las indebidas ventajas de que aún goza
su partido y podrían remover restricciones que
facilitarían la formación de una mayoría
alternativa en la elección del año 2000.

La estrategia política consecuente con esta
posición del gobierno llega hoy a su límite. Y si
el gobierno como abiertamente lo ha manifestado en verdad esta a
favor de la transición democrática en el
país, deberá discutir y aprobar dichas reformas en
el Senado el próximo periodo extraordinario de
sesiones.

Al aprobarse el dictamen de referencia, las fuerzas
políticas representativas del 60% del electorado mexicano
estarán exigiendo cambios indispensables a las reglas que
regirán el proceso electoral del año 2000.
Sólo la torpeza política podría explicar que
el gobierno se empecine en su actitud de defender condiciones
ventajosas para su candidato aún a costa de la legitimidad
del proceso electoral.

Hay insatisfacción de la mayoría con el
status vigente porque favorecen al PRI las severas restricciones
a la formación de coaliciones electorales para la
presidencia de la república, entre las que destacan los
imperativos a los partidos coaligados por integrarse en una
fusión
temporal total con programa, declaración de principios y
estatutos, favorece al PRI el trato a la coalición como un
solo partido restringiendo las prerrogativas de los
participantes. Favorece al PRI la eliminación de las
candidaturas comunes.

Favorece al PRI la sobrerepresentación de la que
goza actualmente en esta Cámara y que alcanza el 7.7%, es
decir, 38 diputados. Protege al PRI la inoperancia del ejercicio
del derecho al sufragio de los mexicanos en el exterior porque
ese partido teme que el voto de nuestros compatriotas le
será adverso. Favorece al PRI la inexistencia de una
adecuada fiscalización sobre precampañas. Favorece
al PRI el renacimiento
de las prácticas de uso y abuso de programas de
gobierno.

La diferencia esencial con el PRI radica en que, como
resultado de facilitar las coaliciones y reintroducir la figura
de candidaturas comunes, las alianzas interpartidarias
podrían resolverse también con mayor facilidad y
ello pone en grave riesgo la derrota al candidato presidencial de
ese partido cuya suerte depende del grado de división de
sus competidores.

Al pretender descalificar esta propuesta con el
argumento de que sería la medida de las oposiciones, el
PRI confirma que le resulta esencial mantener las cosas como
están porque, una coalición, obtendría el
triunfo en el 2000.

Ignora, sin embargo, que la ventaja o desventaja de una
u otra coalición dependería de la
interacción política de los partidos y del respaldo
del electorado y no de los efectos de una norma cuyo único
efecto es poner en igualdad de circunstancias al PRI y a los
otros partidos para propicias coaliciones.

Una o varias coaliciones electorales, aportarían
certidumbre a la sociedad porque precisarían la naturaleza
y alcance de los acuerdos interpartidarias. La sociedad
saldría ganando, porque la indispensable coalición
en el gobierno se sometería en el proceso electoral al
examen y sanción de los electores.

Existen otras importantes reformas que el tiempo no
permite desarrollar y que van en el mismo sentido de asegurar
transparencia y equidad en la contienda.

Destacan la prohibición de utilizar programas de
gobierno para apoyos de partidos o candidatos, así como
las restricciones al corporativismo.

Queda claro lo que hoy está de por medio, votar
para asegurar una competencia más justa y para facilitar,
desde luego, la conformación de una mayoría
alternativa que cuente con el respaldo suficiente para gobernar
con eficacia y rectitud a México.

. ELECCIONES INTERNAS DEL
PRI

Palabras de Manuel Camacho (9 noviembre
1999)

Con la elección primaria del domingo 7, el PRI
logró una victoria táctica. Es mejor reconocerlo.
Así lo muestran ya los números: de un 39% que
tenía el PRI, ha llegado en este momento a un 50%. Como
partido político y como lanzamiento de una candidatura
presidencial, el proceso ha sido exitoso. Sin embargo, el
resultado, que benefició al PRI, no beneficia a
México. Falló en su parte medular: no facilita
llegar a un acuerdo nacional para cambiar las instituciones
políticas del país e incrementa la inequidad en el
proceso político, con lo cual deja de resolverse lo que
fue el principal reclamo del 94.

Las primarias del PRI y haber perdido la oportunidad de
la Alianza de las fuerzas opositoras es una combinación
desafortunada para que los ciudadanos que ya no quieren al PRI
–el 60% al momento de la Alianza- puedan convertir su
inconformidad en un cambio de gobierno y de políticas
públicas.

La combinación de ambos factores
facilitará que muchos líderes sociales y de
opinión, se sumen a la candidatura presidencial del PRI.
El PRI ha hecho un gran montaje político. El aparato
llenó el vacío. El hueco del dedazo no lo ha
llenado ni la libertad política, ni la equidad
política. En vez del dedazo, hay un aparatazo.

Para que la oposición recupere el terreno
perdido, habrá que reconocer estos hechos. No se gana
nada, si los cuestionamientos se dan a partir de las
descalificaciones tradicionales. Negar la importancia que tuvo la
participación de millones de ciudadanos en una
elección primaria, es ir en contra de esa gente -que
merece el mayor respeto– y es, además, colocarse en una
posición en donde la comparación resulta
desfavorable para cualquier fuerza opositora.

Insistir en que sigue habiendo el dedazo, aún y
que el candidato del Presidente de la República
resultó victorioso en el proceso interno, es ir en contra
de las evidencias de la participación de millones de
ciudadanos y de un manejo publicitario que en esos momentos es
imposible de revertir.

Sostener que la realización de una primaria al
interior del PRI no cambia nada, es no entender cómo se
configura la lucha política. A futuro, introduce un
elemento nuevo de competencia política que tendrá
consecuencias en la definición de las candidaturas, en el
peso del propio PRI, en la consideración que los
aspirantes a las candidaturas deban darle a su partido y que
aumentará el peso de la opinión pública en
la selección
de los candidatos.

La elección del domingo y el procedimiento que la
acompañó, desde luego que tienen problemas.
¿Cuáles?

Aumentó la inequidad en la política cuando
ese es el principal problema de la política nacional.
Mientras persista esta inequidad, no habrá democracia. En
ningún país democrático del mundo hay la
inequidad que existe en nuestro país. La campaña
presidencial del PRI saldrá ahora mucho más cara,
porque ya hubo dos campañas. La primera, la del 99, ya se
hizo sin ningún control. Las cifras de lo gastado no
corresponden con los hechos. Mas, sin embargo, no hay elementos
suficientes para determinar la magnitud ni bases legales
–aunque desde luego de moral
política y en algunos casos también de ley- para
cuestionarla.

El aumento en la inequidad refuerza las complicidades
del régimen con una parte del sector empresarial, como
ocurrió en 1994. El costo de esos procesos es tan alto que
después trae al país problemas tan graves como lo
fue la manera nada transparente, ni legal, como se manejó
el asunto del rescate bancario. A los compromisos del 2000, ahora
habrá que agregar los compromisos del 99, con todas sus
consecuencias para la falta de rendición de cuentas y de
transparencia en nuestro país.

No hubo neutralidad del Presidente de la
República en el proceso. ¿Por qué si el
Presidente de la República se mantuvo, como él
sostiene, neutral en el proceso, su gabinete, los gobernadores,
los líderes priistas de las Cámaras, la
Secretaría de Gobernación, el aparato partidista y
los enlaces gubernamentales en los medios de comunicación, apoyaron en bloque a
Francisco Labastida? Adicionalmente, el día mismo de la
elección, desde la sede del Poder Ejecutivo, el Presidente
pronunció un discurso de
carácter partidario y con el propósito de
consolidar los resultados.

Por tratarse de un proceso interno, no vigilado, no hay
elementos confiables para opinar sobre la calidad del
procedimiento. Simplemente llama la atención que ante un
número de votantes como el que se presenta, no haya habido
filas en las casillas, ni hayan votado los
jóvenes.

No hubo entusiasmo popular. Sin desconocer la
numerosísima participación, llama enormemente la
atención la falta de entusiasmo incluso en el momento de
la victoria. ¿Por qué si el domingo por la noche se
estaba prácticamente eligiendo al próximo
Presidente de México, en el hotel donde había la
celebración, no estaba el pueblo? En vez de ciudadanos,
había aparato.

El tema de la política hoy, ya no es la
transición, es decir el cambio de régimen; vamos,
ni siquiera la alternancia. Ante lo que estamos es ante un
proyecto de restauración del régimen para regresar
la agenda del cambio político a las condiciones pre-1988,
donde el gran tema vuelve a ser lo que ocurre al interior del
PRI.

Después de lo acontecido, ¿qué
podemos hacer como oposición?

 Reconocer los errores cometidos antes de que sea
demasiado tarde y, por lo tanto, en los próximos
días, construir un pacto político entre todas las
fuerzas de la oposición, que les permita negociar de
manera equitativa con el régimen las condiciones para un
proceso electoral equitativo -que evidentemente no existe- y, con
ese pacto, obligar al régimen a una negociación de
fondo para hacer posible la reforma constitucional que establezca
la segunda vuelta para la elección presidencial cuando no
se alcance el porcentaje de la votación nacional, o la
diferencia entre el primero y segundo lugar que el Constituyente
determine.

Mientras había la posibilidad de hacer una
Alianza, que era lo que verdaderamente permitía llevar a
cabo un cambio de régimen político en el
país, introducir la segunda vuelta era asegurar la no
realización de la Alianza, puesto que el partido colocado
en segundo lugar, tendría el interés de dividir la
Alianza para obligar a los demás a sumarse a su
candidatura una vez realizada la primera vuelta. Ahora que ya no
fue posible la Alianza, y en las condiciones de desventaja que ha
creado la mayor inequidad del PRI, la segunda vuelta es una
decisión estratégica para las fuerzas de la
oposición y para contribuir a la gobernabilidad en el
próximo sexenio.

Un pacto político inmediato, de todas las fuerzas
de oposición, en los términos del COFIPE, para ir a
una negociación con el régimen, daría
aliento a las fuerzas opositoras y a los ciudadanos que quieren
el cambio. Pero un pacto político así, no es una
declaración, es estar dispuestos a comprometer el capital
político de cada partido, en una negociación que
obligue al régimen a sentarse en una mesa política
real, porque si los partidos de oposición no están
dispuestos incluso a llegar a la decisión de no
participar, no tiene caso intentarlo, pues sus efectos
serían contraproducentes.

De no haber ya el espacio para un pacto político
o la decisión de las fuerzas políticas para ir a
una confrontación real con el régimen, para
negociar las condiciones mínimas de equidad y de
competencia, entonces lo que queda es buscar que mediante la
consolidación de diversos polos políticos haya una
estrategia conjunta para evitar, al menos, que el PRI recupere la
mayoría en la Cámara de Diputados y el Gobierno del
Distrito Federal.

De no haber capacidad para nada de lo anterior, lo
único que queda es empezar a construir, a partir de una
campaña política testimonial, las bases para fundar
un nuevo sistema de partidos que esté a la altura que
corresponde a las aspiraciones y al nivel de desarrollo que ha
alcanzado la sociedad mexicana, donde más del 60% de la
población ya no quiere al PRI, pero no tiene opción
política para traducir su voluntad en resultados, en
cambio de gobierno y en cambios de política.

DECLARACION DE
PRINCIPIOS 

El Partido se funda bajo los principios políticos
republicanos y democráticos que garantizan: la igualdad de
derechos entre hombres y mujeres; el respeto a la vida, a la
libertad y a los derechos humanos;
la justicia y la equidad como afianzadores de la paz y el
desarrollo; el acceso a la igualdad de oportunidades; la
legitimidad del poder a partir del consentimiento de los
gobernados; la elección libre de los gobernantes; la forma
de gobierno que permita a los ciudadanos exigir cuentas y
controlar sus excesos; el derecho de los ciudadanos a modificar
la forma de gobierno cuando ya no garantiza su seguridad, su
libertad, sus propiedades y sus posibilidades de
mejoramiento.

Ratifica que la lucha política debe ser por
medios pacíficos y por al vía democrática.
Por tanto, este Partido observará en su acción los
preceptos de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y respetará las leyes e
Instituciones que de ella emanen.

Sostiene que debemos construir una Nueva
República a partir e la reconciliación nacional que
permita establecer un pacto que nos garantice seguridad y
estabilidad, que logre unir a la sociedad y que reconstituya las
instituciones, asumiendo el compromiso sobre bases
morales.

Enfatiza que la nación tendrá que ser
capaz de volver a pactar un destino común, mediante un
programa fundado en principios políticos republicanos y
democráticos, los cuales deberán ser reforzados y
ampliados permanentemente con la corresponsabilidad de los
derechos y obligaciones de una "Ética
ciudadana", en una sociedad abierta e incluyente.