La democracia y sus formas: Los ciudadanos como actores sociales y operadores políticos (página 2)

Los actores sociales hoy en día, y a la luz
de la nueva constitución, debería ser
fundamentalmente los ciudadanos tal cual lo prevé la
Carta Magna en su Título III, De los derechos
humanos y garantías, y de los deberes, sin
ningún tipo de limitación como operador
político en su segunda dimensión; es decir, hay
derechos y deberes consagrados y juridificados, pero hay y
habrá otros derechos y deberes que sólo el
devenir de lo político podrá resaltar con sus
causas y consecuencias y eso solamente lo podría
establecer el libre ejercicio de la ciudadanía. Como
consecuencia de esto, las organizaciones sociales no pueden
seguir petrificadas resguardando derechos que solo el
ejercicio de ellos podría establecer la necesidad de
operatividad. En cambio,
las transformaciones contemporáneas exigen más
flexibilidad por parte de los actores para discernir sus
nuevas realidades. Uno de los errores más
emblemáticos de nuestro acontecer Nacional es seguir
previendo lo político con ópticas de otras
épocas. En otras palabras, la cinematografía
cambiante de la política de hoy se observa con la
estática fotografía del ayer, como si la
digitalización del acontecer no estuviera
presente.

La pluralidad y participación política
es una necesidad insoslayable de toda democracia que se jacte
de tal, pero, sin embargo, los actores no se modifican,
siguen siendo los mismos de años y décadas
anteriores cuando la ideologización de la
política exigía proporciones. Cuando el
absolutismo del Estado "moderno"
requería contrapesos. Cuando la capacidad individual
del ciudadano estuvo secuestrada por las organizaciones
intermedias, para arrancarle al Estado alguna prebenda
corporativa. Cuando la debilidad constitucional de los
ciudadanos sólo se resolvía con la unidad
institucional y así operar políticamente.
Cuando el esquema "amigo-enemigo" funcionaba para dirimir los
conflictos ya que no existía acción
comunicativa. Cuando la confrontación suma cero
justificaba el proceso político.

Hoy en día, tanto en Venezuela como en
algunas otras latitudes, los actores tradicionales no pueden
ser los mismos, ya que lo político no es ni se parece
a la cultura
democrática de la modernización. La modernidad
debe dar paso a una postmodernidad política y ella se debe
ver reflejada en su acontecer cultural. No es posible que en
la era de la digitalización, la Sociedad de la
Información en Venezuela siga siendo visto como algo
excéntrica de los países desarrollados, cuando
los ciudadanos tenemos capacidades y actitudes
para estar a la par de cualquier sociedad del planeta en el
ámbito de lo político. Un requerimiento
público transita tan rápido por la intranet
venezolana como en Holanda, por ejemplo. Nos podemos
comunicar y adquirir información y conocimiento tan eficientemente como los
estadounidenses. En consecuencia, por que limitar solamente
nuestra capacidad organizativa como actores sociales a
través de estructuras de funcionamiento que
correspondieron al pasado y que ya hoy no satisfacen
adecuadamente los nuevos requerimientos
ciudadanos.

Podemos poner un ejemplo que nos es propio. Un
ciudadano venezolano que vea vulnerado uno de sus derechos
hoy en día y gracias a la nueva Constitución,
puede solicitar un amparo
inmediatamente a través de la Red del Tribunal Supremo
de Justicia y
ser respondido en el término legal, lo cual lo hace de
efectos inmediatos. Anteriormente, ese mismo derecho
debía ser rescatado a través de un partido
político, sindicato
o gremio según fuese el derecho menoscabado y eso
significaba días, meses y hasta años
según el alcance del problema y no todos tenía
felices desenlaces. Era por eso que teníamos actores
fuertemente estructurados para que resistieran tiempo y
espacio histórico. Pero eso también significaba
verticalismo funcional, autoritarismo procedimental, que a la
larga terminaron conculcando hasta el mismo derecho que se
pretendía. Recordemos, en nuestro país, la
vieja practica partidocrática, sindical y gremialista
de la que aún hoy no nos hemos podido
deslastrar.

No pretendemos hacer desaparecer a los actores de la
noche a la mañana. Lo que queremos resaltar es la
necesidad imperiosa de no seguir aceptando a los actores
sociales tradicionales como únicos agentes para la
resolución de los conflictos constitucionalizados.
Esos viejos actores consagran intereses que pueden ser
extraños a la operatividad política hoy. Es por
eso que algunos se convierten en protagonistas del acontecer
Nacional de manera incongruente con la realidad. Seguimos
aceptando que un gremio o sindicato convoquen a una huelga
general para derrocar a un gobierno y
nos parece razonable; imaginemos por un instante al Cuerpo de
Bomberos de Caracas o a la Federación de Centros
Universitarios de la UCV haciendo lo mismo y que el llamado
sea acatado por toda la sociedad.

La institucionalidad de un gremio como actor social,
nos parece, desde el siglo XIX, como el agente deliberante
por excelencia, no sólo ante las reivindicaciones que
le son propias, sino ante cualquier requerimiento social que
se pueda obtener, todo dependerá del poder que haya
alcanzado en lo político. Es por eso que de inmediato,
cuando el Jefe del Cuerpo de Bomberos o el Presidente de la
FCU triunfen en sus solicitudes los apreciamos como candidato
Presidencial, trasladando de inmediato y de forma mecánica el triunfo de una
reivindicación social a la eventual conquista del
Ejecutivo Nacional.

Tamaña incongruencia no es posible sino
comprenderla a la sombra de la cultura híbridas que
nos señala Canclini, o el caudillismo decimonónico y cesarismo
democrático de Vallenilla Lanz, y esto no tiene nada
que ver con el ciudadano. Es necesario entonces realizar
otras reflexiones interpretativas sobre los operadores
políticos.

Los operadores políticos no sólo son
los actores, sino estos y su alcance en lo político y
sus conflictos. Un actor social que no operacionalise su
accionar no es un actor político. Es una entelequia
estructural de la sociedad. En consecuencia, los operadores
no pueden seguir siendo vistos por los ciudadanos, a la luz
de la nueva Constitución, como simples acciones
de los actores sociales. Los operadores políticos,
como hemos tratado de visualizar anteriormente, son
más que actores, son estos y sus consecuencia, si
partimos de la conceptualización de ciudadanía
y no del ente grupal.

Veamos. Un interés social juridificado que no
sea proclive de fácil realización, puede ser
motivo suficiente para el accionar inmediato de cualquier
ciudadano, el cual tendrá como misión
resaltar el incumplimiento del mismo. Otros ciudadanos
verán reflejados sus propios intereses y de
ésta manera surgirá la necesidad de sumarse y
fortalecer la actuación, lo cual los llevará a
robustecer también la configuración de una
estructura operativa de funcionamiento que le permita
economizar sus esfuerzos societales. Pues bien, así
podrán surgir tantos agrupaciones ciudadanas como
incumplimientos constitucionales o nuevas necesidades
insatisfechas existan, pero se verán limitados por sus
propio alcance, tanto de tiempo como de espacio. Por ejemplo,
un problema en el condominio tendrá la duración
que la solución permita. Si reparar el ascensor tarda
cinco días, pues hasta los cinco días
llegará la acción de los copropietarios. Ahora
bien, si eso significa que hay que destituir a la Junta de
Condominio por su irresponsabilidad, pues otra
operación esta en puertas, ya su alcance no es el
mismo ni el tiempo requerido para ese logro será
igual. La consecuencia de esto último será la
imperiosa necesidad de tener una estructura operacional a
través de un actor con mayor permanencia, pero
sólo hasta que el instrumento eleccionario permita la
composición de otra Junta. De igual manera, ante los
grandes, o pequeños conflictos nacionales o
internacionales como hemos indicado anteriormente.

Un operador político es una consecuencia de
un dificultad, o de una expectativa no resuelta. Su
dimensión determinará su permanencia y el
espacio requerido por parte del actor protagónico,
pero su base de sustentación deberá ser el del
ciudadano copropietario, no de la Junta de Condominio en
sí. La dimensión del conflicto
entrañará el tipo de estructura requerida y su
alcance. Si por ejemplo, no comparto el programa de gobierno
del candidato tal, me organizaré con otros ciudadanos
para proponer uno alterno y el resultado electoral
determinará mi permanencia o no ante el conflicto
electoral planteado.

Un actor tradicional y permanente personifica una
confrontación permanente, y eso significa
dedicación y esfuerzos que a lo mejor no está
en la línea de mis prioridades. ¿Será
por eso que la gente no se compromete con las reuniones del
Condominio? Volviendo al ejemplo del programa de gobierno. Si
soy un político de oficio me mantendré activo y
así mismo mis operadores políticos para el
próximo proceso electoral, el cual ya no podrá
ser lo mismo ni el mismo.

Otro ejemplo, la
Organización de las Naciones
Unidas se fundo y permanece por que los cimientos de su
creación es la de preservar la paz entre las naciones
y de la propia comunidad
internacional, ese es un problema permanente y en
consecuencia requiere un actor durable, aunque las operaciones
políticas para mantener la paz de las naciones cambien
constantemente, lo cual a su vez debería verse
reflejado en los protagonistas. Por qué afirmamos que
la ONU no es
una organización democrática, pues porque su
funcionamiento y operatividad sigue signada a los deseos del
Consejo de Seguridad
y no a la Asamblea.

En nuestra realidad circundante algo parecido
ocurre. Los actores sociales y los operadores
políticos se mantienen y permanecen inalterables, en
la mayoría de los casos, a pesar de que los actores
han cambiado, como resultado de la nueva constitucionalidad
política; es decir, partidos políticos vs.
ciudadanos. Esto nos parece incongruente con nuestras
capacidades ciudadanas constitucionalizadas y necesidad de
institucionalizar al ciudadano.

En otras palabras, los actores sociales
fundamentales han cambiado y como efecto de ello los
operadores políticos, pero los conflictos siguen
siendo los mismos. Gremios, sindicatos, asociaciones y grupos
de interés o de presión continúan operando en la
institucionalización de lo político como
entidades para-estatales, y siguen desconociendo la
política constitucionalizada, tal cual como las
antiguas estructuras de los viejos y cansados partidos
políticos lo hacían. En fin, el ciudadano sigue
atónito y excluido de sus propias
decisiones.

Deseo poner un ejemplo que puede ilustrar lo que
anteriormente hemos conceptualizado. A partir de 1993 la
crisis
existencial de los partidos políticos, como actores
del protagonismo social, se hizo evidente, pero no así
sus operadores. También observamos, una vez
más, en nuestro contexto político, que el
debate está abierto nuevamente a la vieja usanza de
los partidos en torno a las candidaturas presidenciales.
Militares, empresarios, sindicalistas, etc., han iniciado,
como siempre, la pre-campaña electoral por
posesionarse del esporádico votante para el 2006, o
antes si fuese necesario. El protagonismo no se solidifica
sobre la naturaleza de
un problema ciudadano o un conflicto de estos con la
sociedad, y con la mira puesta en su resolución, la
mayoría de los conflictos que percibimos es sobre el
Poder y su conquista o mantenimiento tal cual nos lo planteo Maquiavelo
en El
Príncipe. Hoy se dice, por sectores interesados,
que no hay oposición, cuando la oposición es la
más sólida y firme en sus propósitos. Lo
que no existe es un rostro electoral para la
confrontación, una alternativa electoral, un dirigente
que se pueda publicitar, y que logre amalgamar a los sectores
descontentos con la gobernabilidad actual, para luego
traducirlos en votos. Y esto, a mi entender es lo que agobia
al ciudadano y a la ciudadanía como ente societal. Las
marchas y contramarchas de nuestra realidad inmediata no es
otra cosa que el cautiverio electoral de los protagonistas
¿o es que alguno de los problemas
planteados como consignas en esas concentraciones ha tenido
algún resultado?

Entonces ¿cómo podemos abordar el
problema de los dilemas en la construcción de la
democracia en Venezuela? ¿Cuál es el medio o
instrumento para los encuentros entre actores sociales,
operadores políticos y la aun no conocida
ciudadanía? Esta será nuestra cuarta y
última reflexión.

Los actores sociales y los operadores
políticos pueden encontrarse congruentemente en la
resolución del dilema democrático a
través de las siguientes propuestas; pero antes,
permítaseme unas cavilaciones adicionales.

La conflictividad en el sistema político
venezolano y particularmente en su democracia no es tan
sólo entre el Estado y la Sociedad, como
históricamente lo hemos concebido, es también
la del ciudadano y su sociedad, es decir, sus propios
conflictos. Por ahora, parece ser que el Gobierno Nacional es
quien ha asumido el papel de
operador-representante de un importante sector de la
ciudadanía; es decir, entre ciudadanos y de estos con
la sociedad. Lentamente seguiremos observando y
percatándonos de esa conflictividad ciudadana y
social, sin que desaparezca por ello la del ciudadano y el
Estado.

La política venezolana se ha despartidizado,
es decir, desideologizado y desestructurado de los viejos
actores sociales, fundamentalmente; pero, no por eso, a
dejado de operacionalizar sus problemas políticos y
seguir a los superados actores sociales. Lo novedoso es que
los actores sociales tradicionales ya no poseen tanto peso
específico en la sociedad, como lo tuvieron ayer,
juridificados o no. Hoy la política se esta
ennobleciendo con la participación y protagonismo de
los ciudadanos, pero aun permanecen los viejos actores
sociales con nuevas capacidades operacionales que difunden en
el entramado cultural de la política como novedoso,
pero que en el fondo persiguen lo mismo.

La mujer, por
ejemplo, como entidad ciudadana y política es un nuevo
protagonista social que está contribuyendo a mejorar
el comportamiento político del
hábitat de la civilidad pacífica de los
conflictos, no sólo por extensión de su propia
mentalidad, sino como cultura de relevo entre los actores
tradicionales. Parecemos más beligerantes, y
también radicales, en nuestra participación,
llegando incluso al hiperprotagonismo cotidiano, pero
más pacíficos y civilistas.

Nos estamos acercando a una mejor comprensión
de los fenómenos políticos a través de
la praxis. El apego a la democracia y a sus instituciones de participación y
alternacia en el poder debe indiscutible e irrenunciable. La
politización de la sociedad hoy se presente abierta,
ya no hay excluidos ni exclusiones de los ciudadanos, sean
estos clérigos, militares, pobres o ricos,
constitucional e institucionalmente hablando. Se está
transformando la dimensión operacional de la
política. Se ventilan los compromisos de la manera
más cruda y realista, también se abusa es
cierto, pero lo que abunda no daña. Debemos preferir
el viento de los conflictos que el deslave de las
instituciones democráticas.

En fin, dilucidar los conflictos ciudadanos en
sociedad sin intermediarios petrificados; consagrar la
politización ciudadana en contra de la
ideologización partidista o grupal y enarbolar nuestro
apego a la institucionalidad democrática debe ser el
prologo de cualquier encuentro entre actores sociales y
operadores políticos para el desarrollo
y fortalecimiento de nuestra particular
democracia.

Vista así, retomamos las propuestas para un
sano encuentro enaltecedor de la ciudadanía
democrática.

En primer lugar, la creación de una nueva y
alterna agenda política ante la actual conflictividad,
la cual recoja entre sus puntos la necesidad del
reconocimiento explicito a las normas
existentes para los nuevos operadores políticos.
Ningún conflicto puede transitar por el
desconocimiento de las reglas establecidas, ya que ellas
poseen una fuerte dosis de legalidad y una consagrada
legitimidad consultiva. Cualquier intento por desconocer la
normativa jurídica debe ser a través de los
instrumentos previamente establecidos y no por una suerte de
suprajuridicidad política a través de las
pasiones humanas. La voluntad general no puede ser suplida
por otra vía que no sea la previamente conquistada en
nuestra Constitución.

En segundo lugar, el ciudadano es y debe ser el
único actor, no los grupos de interés o de
presión existentes, sean estos sindicatos, gremios,
corporaciones o cualquier otra entidad
jurídico-política. Los actores, como hemos
visto, operacionalizan los conflictos con un fin y un
propósito determinado en tiempo y espacio, cuya
resolución se busca a través de ellos mismo o
en última instancia en los órganos del Estado.
Las organizaciones ciudadanas no pueden seguir siendo vistas
como entidades supra-estatales. La ciudadanía debe
fortalecer la "neutralidad" de los poderes públicos
con su operatividad política y la creación de
nuevos actores sociales sin intermediarios permanentes que no
sean sus propios intereses.

En tercer lugar, la fortaleza de la
institucionalidad ciudadana y de las diversas ramas del poder
público, tanto Nacional, como Estadal y Municipal se
acrecentarán de acuerdo al uso que se hagan de ellas y
no la sesgada e interesada que pretendan los partidos
políticos, sindicatos o gremios, en torno a sus
particulares intereses o reivindicaciones. La pluralidad de
las instituciones democráticas debe ser una
garantía insoslayable del Estado de
Derechos.

La pluralidad ciudadana puede y es cambiante como lo
son sus conflictos. El pluralismo y la libertad
de organización y de participación es una
garantía propia de las sociedades
modernas, para preservar la diversidad, y ésta debe
ser operacionalizada políticamente por los ciudadanos
y los actores sociales que resulten de sus necesidades. En
consecuencia, preservar el pluralismo político de los
ciudadanos como principio inalienable de la sociedad moderna
es resaltar al ciudadano, no sólo como emblema
democrático sino como actor social y operadores
políticos.