Indice
1.
Antecedentes
2. El entorno
político
3. Los actores
políticos
4. Formación del actor
político
5. El factor
político
6. El factor
mercadotécnico
7. Tipos de
legisladores
8.
Epílogo
El espíritu de la moderación
debe ser
el que inspire al legislador.
MONTESQUIEU
El espíritu de las leyes
El presente trabajo tiene como objetivo
mostrar, desde la perspectiva particular del autor, algunas de
las formas (identificadas dentro de los partidos
políticos mexicanos) en que se moldean los actores
políticos que, en el corto o en el largo plazo,
habrán de acceder a algún cargo legislativo ya sea
en los Congresos estatales o federal, así como en los
Cabildos municipales.
Por supuesto, esta visión no es unívoca y mucho
menos pretende ser considerada como una verdad absoluta y ni
siquiera medianamente relativa. Tan sólo es resultado de
la observación realizada desde 1992, en la
cual el autor ha sido testigo de la formación de muchos
hombres y mujeres que hoy ocupan o ya han ocupado los cargos de
Diputados a los Congresos de las entidades federativas mexicanas,
Diputados o Senadores del Honorable Congreso de la Unión,
o Regidores de los Cabildos que forman parte de los Ayuntamientos
Municipales.
Así, el autor ha identificado como tales algunas de las
situaciones, factores y modalidades –tanto endógenas
como exógenas– en que se moldea el perfil del
ciudadano que, interesado ya en la participación en un
partido político, o dirigido a la participación
política
debido a sus actividades e intereses, aspira a ocupar un cargo
legislativo, o de manera incidental, se convierte en prospecto de
legislador.
Por tanto, se habrán de analizar dichas situaciones,
factores y modalidades desde una dimensión objetiva
–más allá de las filias y las fobias o
tendencias partidistas o ideológicas– e imparcial
–pues no intenta reivindicar ni denostar el papel de los
actores políticos ni de las instituciones
políticas en México– y esencialmente
académica, ya que se constituye en una investigación en la materia desde
la perspectiva del politólogo más que en una
crítica, un mero artículo o un testimonio personal.
Es preciso reconocer que el Estado
mexicano es presidencialista por naturaleza y por
idiosincrasia, ya que, tanto en las civilizaciones
prehispánicas como en la ibérica, el poder
tradicionalmente lo ejercía una persona.
Así, por ejemplo, "entre los aztecas el poder
público se depositaba en un consejo de ancianos, pero lo
ejercía la figura patriarcal del Tzín o
Señor, y en los barrios y regiones, los Caciques o
Tlatoanis"".
Por su parte, en España el
máximo soberano era el Rey, y aunque en México el
Presidente de la República está bastante lejos de
los rasgos de la monarquía, sí ha sido
históricamente una suerte de Tzín o Gran Tlatoani
dada su investidura y liderazgo
así como por sus ilimitados poderes y facultades.
Esta opinión se ve reforzada por el pensamiento
del ilustre historiador mexicano Daniel Cosío Villegas,
quien dijo que "el Presidente de la República cuenta con
facultades y recursos
amplísimos, procedentes de una gran variedad de
circunstancias, lo mismo de orden jurídico que
geográfico, económico, psicológico y hasta
moral", y que
"es la pieza principal, o única, si se quiere, de nuestra
organización y de nuestra vida
políticas". O al menos, hasta hace poco dejó de ser
la única.
Por lo demás, es un secreto a voces que, como jefe moral
de su partido –al menos así lo fue hasta el
último día del régimen
priísta–, el Ejecutivo Federal influye en la
decisión, e incluso designa a quienes habrán de
acceder a los cargos parlamentarios y, posiblemente, una vez
instaladas las cámaras de Diputados y de Senadores, a
quiénes habrá de elegirse como líderes de su
respectiva fracción parlamentaria y para presidir las
distintas comisiones legislativas.
Ello puede considerarse legítimo si se ve al presidente
como un hombre solo,
con enormes responsabilidades sobre sus hombros y enfrentando a
toda la representación nacional –nada menos que 500
Diputados y 128 Senadores–, lo cual anuncia una
situación de suyo complicada.
Máxime, cuando se cuenta con un sistema electoral
mixto como el mexicano, con legisladores electos por los principios de
mayoría relativa y de representación proporcional,
donde todas las corrientes y partidos, tanto mayoritarios como
minoritarios, tienen un significativo número de
legisladores, quienes, como es su obligación, están
dispuestos a exigirle cuentas a los
otros dos poderes de la federación, y especialmente al
jefe del Ejecutivo.
Por tal razón, parece lógico que el Presidente
busque el respaldo de sus correligionarios incorporados a la
representación nacional, para llevar a cabo sus programas y
proyectos.
Evidentemente, ello requerirá la fuerza de la
mayoría para obtener la dirección camaral, sea ésta total o
relativa.
El problema empieza cuando nadie es capaz de reconocer la
naturaleza de este fenómeno, mismo que se agudiza cuando
no se tiene la capacidad o el ingenio para explicar su
legitimidad, tanto como es legítimo y natural el deseo que
tienen otros partidos de convertirse en mayoría en el
Poder
Legislativo Federal.
Ahora bien, la buena voluntad que tienen los correligionarios
legisladores del Presidente de la República por apoyar a
éste ha caído en algunos excesos, al grado de
obligar a la colectividad a pensar que el Poder Legislativo, y de
paso el Judicial, están subordinados y supeditados a la
fuerza y liderazgo del Ejecutivo, además de que el
espíritu de compañerismo y servicio se
han convertido en amiguismo y servilismo.
Por ello, los partidos minoritarios y mayoritarios contrarios al
régimen tradicional –el del Partido Revolucionario
Institucional (PRI)–, desde hace muchos años, hablan
de una reforma política que fortalezca y dote de mayores
facultades al Legislativo y al Judicial de la Federación,
pues generalmente se cree que no existe una verdadera
división de poderes en México.
Incluso, cuando al fin el Presidente de la República tuvo
una Cámara de Diputados con una presencia efectiva de la
oposición, se llegó a hablar de gobierno dividido
–cosa errónea– en vez de división de
poderes…
El filósofo italiano Giovanni Sartori, en el
capítulo nueve –llamado Parlamento– de su obra
Elementos de teoría
política, se ocupa de lo que él denomina como un
problema por sí mismo y relativamente nuevo: la
profesionalización de la política.
"Un político profesional, en una primera
aproximación, es una persona que se ocupa, de manera
estable, de la política, y no puede considerarse como
tales, por lo tanto, a aquellos que se ocupan de ella de forma
ocasional o durante un período limitado, y que provienen
de una profesión privada que continúan ejerciendo a
latere, incluso cuando ingresan en el parlamento".
Si esta concepción se ubica en el escenario
político mexicano, se podría decir que los
políticos profesionales son todos los hombres y mujeres
que están ocupados, dirigiendo o colaborando en partidos y
organizaciones
políticas, gremiales y sociales (tales como las
agrupaciones políticas reconocidas por el COFIPE, sindicatos,
federaciones, confederaciones, uniones y clubes políticos
y sociales, organismos empresariales y demás instituciones
del mismo tipo), dependencias públicas centralizadas y
descentralizadas de los poderes, en los poderes mismos, etc. y
que, al concluir sus períodos de mando y
colaboración, los renuevan en esas o en otras áreas
del mismo escenario.
Este podría ser el caso hipotético de un
líder
sindical que de su sindicato pasa
a la central obrera y de ésta a su partido, o de
cualquiera de las anteriores al Legislativo, al Cabildo o a
alguna dependencia del Ejecutivo. O bien, el caso del hombre que,
tras dirigir un club o un organismo empresarial, pasa al
Legislativo o al Cabildo y después regresa a encabezar las
causas que lo llevaron al terreno político.
En esta segunda idea, el empresario ya ha delegado la
dirección de sus negocios
particulares en sus empleados de mayor confianza, y aunque los
supervisa, ya no los atiende por dedicarse de lleno a la
actividad política. Ahora bien, Giovanni Sartori nos da
una clasificación en la que se pueden ver las clases de
políticos que hay y que será de gran auxilio para
reforzar las ideas antes expresadas. A saber, se
tienen:
- Político no profesional;
- Político semiprofesional, y
- Político profesional.
El politólogo italiano nos dice que "el
político no profesional es el equivalente del
‘político-gentilhombre’ de antaño: el
gran industrial, la
personalidad cultural, el patricio propietario
agrícola, el rentista y otros casos similares. En resumen,
la persona para la cual, la política es claramente una
‘vocación’, no una ocupación en el
sentido económico del término", es decir, es una
actividad, no un empleo.
"Los políticos semiprofesionales son aquellos que
provienen de una carrera de partido, que poseen una
profesión privada y que, en cierto modo, siguen
ejerciéndola". Son aquellos que, por temporadas, realizan
política y, después de otras tantas temporadas, se
dedican a otras tareas. Para ellos sí es más
marcado el sentido de ocupación en el aspecto
económico, pero, pese a todo, no es el primordial y ni
siquiera el preponderante.
Finalmente, el teórico italiano se ocupa de los
políticos profesionales, o sea, "aquellos que no han
tenido nunca otra profesión y que, por lo tanto, son un
personal de rigurosa extracción partidista y
también una parte de aquellos que no tienen ya posibilidad
de retorno a su profesión civil" o a su anterior modus
vivendi, cualesquiera que fuese, ya sea como comerciantes,
mecánicos u otros y que, consecuentemente, en la
política tienen su fuente única o principal de
ingresos, de
desarrollo
personal y profesional así como la base para sus
proyectos de vida.
4. Formación del
actor político
Es posible advertir que en algo convergen las tres
clases de políticos descritas por Sartori: todo actor
político tiene una causa, ya sea política, social o
gremial, misma que puede constituir su proyecto de vida,
su interés
principal, uno de sus múltiples intereses, o cuando menos,
una situación que le preocupa y motiva lo suficiente como
para defenderla y canalizarla dentro del escenario
político.
Y claro, aunque el ser humano es, por antonomasia, un
ser político, muy pocos hombres y mujeres asumen
–según se vea– el riesgo o la
responsabilidad de convertirse en actores
protagónicos. Pero, ya sea en el caso de que los
políticos sean profesionales, semiprofesionales o no
profesionales, regularmente se forjan en tres frentes:
- El trabajo comunitario.
- El trabajo gremial.
- El trabajo de partido.
Y esos son los aspectos que determinan la
formación del nuevo legislador.
El trabajo comunitario
Dicen por ahí que la patria se construye desde muchos
frentes, y que puede hacerse patria en cualquier lado. Por
supuesto, la patria empieza en el lugar donde uno vive y con la
gente que le rodea. Por tanto, un líder y futuro
representante popular generalmente se inicia en el trabajo
realizado en pro del desarrollo de
su comunidad, del
mejoramiento de las condiciones de vida y la defensa de los
intereses y los derechos de dicha comunidad
y de sus habitantes.
El trabajo de gestión
social tiene los siguientes pasos:
- Se realiza una inspección y evaluación de las condiciones en que se
encuentra la comunidad, sopesando los avances y los
rezagos. - Una vez que se han identificado los rezagos o
carencias, se piensa en la manera más idónea para
cubrirlos o solucionarlos. - Se fomenta el espíritu de cooperación
de los cohabitantes a través de una aportación
individual de recursos financieros, materiales o
técnicos (fuerza de trabajo) para el cumplimiento del
objetivo propuesto. - Se cumple con los trámites oficiales
necesarios para llevar a cabo los trabajos de desarrollo
comunitario, o en su defecto, se gestiona el apoyo de las
autoridades públicas para que ayuden a la comunidad a la
solución o cobertura de sus necesidades. - En ocasiones, los mismos representantes comunitarios
se dirigen a los partidos políticos o a los
legisladores, quienes tienen una oficina
especializada en gestión social y desarrollo
comunitario.
En otros casos, los futuros líderes se incorporan
a un proyecto ya existente o a uno que ya se está llevando
a cabo. Pero, de una u otra manera, se familiarizan con los
problemas de
su entorno y, más tarde o más temprano, los
convierten en su causa personal y en las banderas que
habrán de defender.
Dependiendo del trato y la respuesta que reciban de
parte del Estado, se
definirá si apoyan en futuros procesos
electorales al partido gobernante o a alguna otra opción
partidista. Ese es uno de los principales compromisos de tipo
político que realizan y que, en buena medida, los
llevarán a incursionar como actores protagónicos en
el entarimado público.
A su vez, dependiendo del liderazgo que ejerza y del
número de seguidores que tenga, los partidos
políticos podrán o no considerarlo como un
prospecto viable de postulación política,
también dependiendo de si cumple o no con otros dos
requerimientos considerados esenciales: disciplina y
constancia partidistas, independientemente de que realicen o no
trabajo gremial o, en otro caso, trabajo de partido.
El trabajo gremial
Este tipo de trabajo se refiere a los servicios que
se prestan dentro de una organización ya sea de carácter
civil, laboral,
patronal, industrial, empresarial, académico, etc. bien
sea como dirigente o como colaborador. En el trabajo de esta
naturaleza puede haber organizaciones definidas en cuanto a su
orientación partidista, o bien, organizaciones
completamente imparciales y apartidistas (que no
apolíticas).
Respecto de las primeras no hay mucho que decir. Tan sólo
que, como forman de la estructura de
un instituto político, tienen derecho de obtener
postulaciones de miembros suyos a cargos de elección
popular o de dirigencia dentro del propio partido.
A esto se ha dado en llamarle cuotas de poder, cosa
errónea, pues no son grupos
electoreros que dan su apoyo –consistente en voto
corporativo– a cambio de
nominaciones. Si ese fuera el caso, sí se les
podría denominar cuotas de poder; si, por el contrario,
ése y otros apoyos se dan de manera permanente, es obvio
que genera compromisos mutuos que, tal vez en algunos casos
–de hecho, en la sana mayoría–, se ven
traducidos en nominaciones a cargos públicos de diferentes
tipos.
Respecto de las segundas organizaciones, generalmente se
mantienen al margen de toda participación política
o electoral. Claro que, sus dirigentes o representantes tienen
preferencias políticas aun cuando no militen activamente
en ninguna agrupación de esa naturaleza. Sin embargo,
pocas veces llegan a aceptar nominaciones a cargos
públicos, pues ello les obligaría a darle su apoyo
institucional con fines electorales o de tipo similar al partido
que los postula, cosa que podría desvirtuar su
actuación, objetivos o
carácter original.
Tanto en un caso como en otro, los dirigentes empiezan a formarse
como futuros representantes populares desde que asumen el
liderazgo formal y el efectivo de sus organizaciones y hacen
suyas las causas de éstas. En cualquier caso, pueden
llegar o no a realizar trabajo comunitario o de
partido.
El trabajo de partido
Con motivo del II Congreso Internacional de Derecho Electoral
celebrado en 1993 en la Ciudad de México, el investigador
José Juan González Encinar afirmó que "cada
vez son más los que piensan que los partidos
políticos son la locura de muchos para beneficio de unos
pocos". A simple vista, esto puede parecer verdad. Sin embargo,
los partidos políticos siguen siendo el mejor camino que
tienen los ciudadanos para acceder al poder
público.
Esto no sólo se debe a que los partidos son
organismos formados por personas con ideología e inquietudes afines, sino
porque, además, son la base de cualquier sistema
democrático, pues así, los ciudadanos se suceden de
manera libre, justa, equitativa, ordenada y pacífica en
la
administración del país y en la
representación nacional.
Por otro lado, es cierto que los partidos políticos son la
locura de muchos, y de ello hablan las grandes asambleas, las
nutridas sesiones de los consejos políticos, los
espectaculares congresos partidistas y las concurridas consultas
que a sus bases militantes realizan tanto partidos mayoritarios
como minoritarios. Eso, en el caso de México, es una
realidad definitiva.
Asimismo, en temporadas electorales, los candidatos a los
distintos cargos recorren incansablemente el territorio que
aspiran a gobernar o a representar, y se entrevistan infinidad de
veces con aquellas personas que constituyen votantes
potenciales.
Pero todo ese gasto en propaganda,
alquiler, adquisición y mantenimiento
de vehículos automotores, mobiliario y equipo de oficina,
pago de recursos
humanos, técnicos y materiales así como de
servicios generales, no tendría ningún fin
práctico y positivo si el electorado no se interesara por
conocer a los candidatos y, sobre todo, si no los apoyara o
sufragara por ellos, pues el solo hecho de interesarse en ellos
indica el deseo de participar directa o indirectamente en los
procesos públicos, ya sean decisionales o puramente
administrativos o legislativos. Por eso es que la fiebre de los
partidos políticos no puede -y no debe– ser para
beneficio de unos pocos, sino todo lo contrario.
"Siempre he pensado –y expresado– que la
presencia más constante y efectiva de los partidos
políticos ha permitido la diversificación
ideológica al interior de la sociedad, ya que
mantienen permanentemente sus actividades sociales, comunitarias
y, por supuesto, proselitistas". Y ese beneficio para todos o
para muchos debe verse reflejado en la dotación de obras y
servicios públicos.
Ahora bien, el trabajo de partido constituye formalmente la
línea de ingreso a la militancia y el activismo dentro de
un instituto político y, por ende, la adquisición
bilateral y recíproca de derechos y compromisos. El
trabajo de partido se circunscribe básicamente a los
siguientes rubros:
- Gestión social.
- Actividades proselitistas y electorales.
- Administración y dirección del
partido. - Capacitación electoral, formación
política y divulgación
ideológica.
Los futuros líderes y representantes
políticos inician sus actividades partidistas, por lo
regular, en las tres primeras áreas, pasando a la
última cuando ha salido avante de una serie de pruebas que no
han alterado ni su disciplina ni su constancia partidista.
Gestión social.- Como ya se ha dicho, la razón por
la cual son y existen los partidos es
–definitivamente– ganar elecciones para llegar a la
titularidad del poder público, y una de sus principales
herramientas
para ganar votos –junto con el proselitismo–
es la gestión social.
Ésta consiste en la celebración de trámites
ante las autoridades correspondientes y facultadas tanto para la
realización y dotación de obras y servicios
públicos, despensas y otros insumos básicos, como
para la promoción encaminada a crear o modificar
leyes y
programas que beneficien a sus militantes, simpatizantes y
público en general.
En este sentido, pesa mucho la influencia que el partido en
cuestión tenga dentro de los órganos de gobierno,
evidentemente, porque la titularidad de éstos es ejercida
por miembros de dicho instituto.
Actividades proselitistas y electorales.- Estas son,
básicamente, las giras, marchas y mítines en las
cuales se ensalzan las bondades de la ideología,
principios y programas partidistas, las cualidades de los
dirigentes, candidatos y gobernantes surgidos del partido,
así como los logros y conquistas obtenidas a partir del
trabajo legislativo, administrativo y de gestión.
Las actividades electorales se encuentran íntimamente
ligadas a las proselitistas, pues son permanentes y constituyen
–junto con la gestión social, como ya se dijo
antes– el mejor recurso para atraer a la gente y
convencerla de que ese partido tiene la mejor oferta.
Si el instituto político en cuestión ha hecho un
buen trabajo al frente del gobierno, sus argumentos
conquistarán al público de manera rotunda. De lo
contrario, cualquier discurso
saldrá sobrando.
Otras actividades inmersas en las de tipo electoral y
proselitista, son las que conforman todo el trabajo de administración de las campañas de
los candidatos (financiamiento, ingresos, egresos, comunicación
social y relaciones
públicas, recursos materiales, etc.), la logística (equipo de avanzada del
candidato, dirigente o gobernante; el equipo de sonido, la
seguridad,
transportes, etc.) y la propaganda e imagen del
candidato (distribución, ubicación y
colocación de publicidad
impresa y la optimización del uso de propaganda auditiva y
audiovisual, es decir, tiempos en radio y televisión).
Administración y dirección del partido.-
Estas son las actividades necesarias para el funcionamiento
interno del partido y/o de sus organizaciones y dependencias,
tales como el conjunto de tareas como las que corresponde
desarrollar al presidente y al secretario general así como
a los titulares de las secretarías del comité
(finanzas,
organización, acción y operación electoral,
etc.) y a sus delegados, subdelegados, comisionados, asesores,
secretarios particulares, personal auxiliar, secretarial, de
seguridad e intendencia, etc.
Estas labores dan vida al centro neurálgico de
las operaciones
partidistas con toda la carga que ello implica.
Capacitación electoral, formación
política y divulgación ideológica.- Este ya
es un trabajo muy especializado, propio de expertos en
Filosofía, Sociología, Derecho y Ciencia
Política, pues aquí se va a preparar a todo el
personal que va a desempeñar funciones de
representante partidista el día de la jornada electoral
así como al convencimiento y adoctrinamiento de sus
cuadros y militantes.
Así, gracias a la capacitación electoral, los
representantes electorales estarán preparados para cubrir
las formalidades propias del evento así como para
reaccionar adecuadamente ante cualquier contingencia o imprevisto
que pudiera presentarse y que, de no resolverse bien,
podría afectar el resultado final de la
votación.
La formación política consiste en la enseñanza de la ideología y las
doctrinas del partido para que sus militantes las asimilen y
vuelvan suyas, las divulguen con otros ciudadanos y sean
más conocidas cada vez. Esta labor de divulgación
no sólo la realizan los miembros activos del
partido de que se trate, sino también por medio de
boletines y órganos de comunicación interna, otros tipos de
publicidad impresa (inserciones en la prensa escrita,
folletos, volantes, etc.) y cápsulas de radio y
televisión.
A diferencia del trabajo comunitario, donde no importa mucho que
el futuro líder realice tareas gremiales o viceversa, el
líder partidista aspira a realizar tanto actividades
comunitarias como gremiales, pues sabe que entre más de
éstas realice, llegará a tener más
popularidad y votos.
Los partidos políticos suelen enviar a los cargos
legislativos a sus hombres y mujeres cuando tienen algunas de las
siguientes características:
- Liderazgo partidista.
- Arraigo popular.
- Espíritu combativo.
- Carisma.
- Capacidad técnica en materia legislativa y de
los procesos de gobierno. - Capacidad de negociación y concertación
política.
Otras veces, los partidos suelen nominar a los puestos
legislativos a hombres y mujeres que les han servido fielmente, a
saber, en algunos órdenes como los que enseguida se
mencionan:
- Por servicios prestados en circunstancias especiales,
independientemente del tipo de servicios y del tipo de
circunstancias. - Como reconocimiento a una trayectoria política
destacada. - Como reconocimiento a una trayectoria profesional,
administrativa, comunitaria, gremial, social, académica
o profesional relevante. - Como premio a su constancia partidista.
Asimismo, se pueden combinar tanto unos como otros
factores en la selección
de los candidatos a los distintos cargos de elección
popular, dando como resultado que, por ejemplo, actores con
liderazgo, combatividad e incluso capacidad técnica o de
negociación, reciban la nominación por los
servicios prestados a su instituto político.
Sin embargo, cada partido tiene sus propios criterios para
seleccionar a quienes serán, primero, sus candidatos a
cargos de elección popular y, posteriormente, miembros de
los Cabildos y Congresos, éstos últimos, tanto de
nivel local como federal.
Desde una óptica
personal, me atreveré a opinar sobre los procesos de
selección de los actores o actrices que habrán de
ser postulados a cargos de elección popular. Tal vez haya
quien tenga otra visión, pero esta es la mía y se
presenta respetuosamente.
Dentro de los partidos políticos mexicanos, y
esto no es privativo del Revolucionario Institucional, se suele
seleccionar a los prospectos de acuerdo con su liderazgo,
arraigo, combatividad, identificación con el
público, capacidad técnica, abolengo, capacidad
económica o amistad con el
gran o los grandes electores.
Cuando se habla de su liderazgo, arraigo, combatividad e
identificación con el público, definitivamente es
insoslayable el peso del personaje en los resultados definitivos
de los procesos electorales. Y ya sea o no de los gustos del gran
elector o los grandes electores (sean el pueblo o una
cúpula), su nominación está asegurada con
base en el criterio antes señalado, independientemente de
que tenga o no alguno de los otros factores citados, aunque
generalmente estas cualidades van asociadas e íntimamente
ligadas a las habilidades para el desarrollo y
estructuración de los procesos electorales de que se
trate. Ejemplos que, en lo particular me parecen dignos de
mención, son los inigualables Jesús Ortega
Martínez (PRD) y Fernando Gutiérrez Barrios
(PRI).
Ortega, uno de los perredistas más conocidos y
respetados al interior de su partido, fue Senador de la
República. Combativo, audaz y capaz, también fue
representante del PRD ante el Instituto Federal Electoral para el
proceso
electoral federal del 2 de julio de 2000, en el cual se
renovó al Jefe del Ejecutivo Federal y a la totalidad de
las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la
Unión.
Desde su postura, no sólo como legislador –pues
también fue Diputado a la LVII Legislatura– sino
como operador electoral, desarrolló una función
estratégica en las negociaciones, organización,
celebración y calificación de dicho proceso
democrático.
Fernando Gutiérrez Barrios, ex jefe de la Dirección
Federal de Seguridad, ex gobernador del Estado de Veracruz, ex
secretario de Gobernación y finalmente Senador, le
correspondió manejar el escabroso, polémico y
difícil proceso de selección interna de candidato
del PRI a la Presidencia de la República para el proceso
del año dos mil.
Hombre reconocido por la militancia priísta y por el
público en general, y poseedor de un gran prestigio por su
capacidad como operador político, le dio a este delicado
proceso un matiz de transparencia e imparcialidad, mismo que
sólo se vio manchado por la duda de que Francisco
Labastida fue un candidato oficial del presidente
Zedillo.
Con todo, la votación fue legal, y Labastida fue
nominado por la decisión mayoritaria de los militantes del
Revolucionario Institucional, independientemente de que se fueran
o no con la finta de que este personaje era –según
algunos– el candidato del Presidente, cosa por demás
improbable, pues –al menos a juicio personal– Ernesto
Zedillo ha sido el Presidente menos presidencialista que ha dado
el PRI.
Finalmente, su testimonio de trabajo como gobernante
electo de manera popular en su entidad natal, como activista del
PRI y como funcionario federal, le permitieron incrementar la
votación del 2 de julio de 2000 a favor de su instituto
político.
Cuando se habla de su capacidad técnica en materia
legislativa y de los procesos de gobierno, al actor se le concede
la nominación para que, desde el órgano legislativo
del nivel que se trate, funja como negociador desde la postura de
su partido con las posturas de los otros partidos, ya sea en
favor de las iniciativas provenientes del Ejecutivo, o bien, para
suavizar los efectos de éstas, mismos que, de cierto modo,
serían negativos para sus posturas e intereses o para los
intereses de la colectividad que representan.
Un gran ejemplo de este tipo de actor es Luis Donaldo
Colosio Murrieta, de quien una biografía suya dice
que "ocupó la presidencia de la Comisión de
Programación, Presupuesto y
Cuenta Pública, lo que le exigía una
relación más estrecha y sistemática con el
secretario de Programación y Presupuesto, licenciado
Carlos Salinas de Gortari. El trabajo que realizaba, no cabe
duda, era delicado y sumamente importante; la legislatura era
plural, lo que le permitió tener contacto con
representantes de diversos partidos".
Como legislador, Colosio demostró que no
sólo era un economista bien formado, sino un verdadero
político atento a los reclamos ciudadanos, buen
negociador, consciente del elevado rango republicano del Poder
Legislativo; en una palabra, demostró tener oficio
político.
Otro economista de reconocida trayectoria dentro del PRI fue el
Doctor Ángel Aceves Saucedo, quien como legislador,
cumplió con una tarea similar a la de Luis Donaldo
Colosio. El Doctor Aceves fue electo Diputado por el Primer
Distrito Electoral Federal con cabecera en la Ciudad de Puebla
por el período 1979-1982.
"En la Cámara de Diputados formó parte de varias
comisiones, fungiendo como Secretario de la Comisión de
Hacienda y
Crédito
Público de la propia Cámara. Posteriormente, el
político poblano accedió al Senado de la
República representando a su entidad natal entre los
años 1982-1988. En el Senado de la República
presidió la Comisión de Planeación
Económica y Social
y la segunda Comisión de Hacienda y Crédito
Público".
Posteriormente, el Doctor Aceves fue Diputado por el principio de
representación proporcional para los períodos
1991-1994 y 1997-2000, donde presidió en ambas ocasiones
la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta
Pública.
Cuando se habla de la capacidad de negociación y
concertación política del actor, se hace referencia
al obvio dominio de los
procesos legislativos y gubernativos, como se vio en el caso del
desaparecido Luis Donaldo Colosio, pero se profundiza en las
relaciones políticas al interior del Poder Legislativo con
el fin de garantizar su gobernabilidad, control,
ágil manejo y desempeño así como una
dirección basada en los principios de concertación,
conciliación y acuerdo.
Un paradigma al
respecto es el ya mencionado Porfirio Muñoz Ledo (en esa
época del PRD) y, por supuesto, sus compañeros
legisladores Carlos Medina Plascencia (PAN), Ricardo Cantú
Garza (PT) y Jorge Emilio González Martínez (PVEM),
quienes supieron negociar y establecer acuerdos y directrices de
trabajo aunque en muchas ocasiones no estuvo de acuerdo la
bancada priísta.
Igualmente, polémico por su actuación y
presencia, el coordinador del Grupo
Parlamentario del PRI, Licenciado Arturo Núñez
Jiménez, supo mantener cierto orden al interior de la
Junta de Coordinación Política de la
pluralísima, difícil y controversial
Quincuagésima Séptima Legislatura de la
Cámara de Diputados.
En el caso del Congreso Poblano, a este tesista le tocó
ver más de cerca la actuación del Licenciado Carlos
Palafox Vázquez, a quien el periodista Mauro
González Rivera (en esa época director del diario
Momento y, después, Director General de
Comunicación Social del gobierno de Melquiades Morales) le
llamaba El Diputado Caballero debido a su excelente trato y don
de gentes.
El ex Diputado Palafox, coordinador del Grupo Parlamentario del
PRI en la LIII Legislatura del Congreso del Estado y,
consecuentemente, Presidente de la Gran Comisión,
desarrolló una gran labor como negociador político
en favor del trabajo del entonces gobernador Manuel Bartlett
Díaz, pero sin perder su autonomía y visión
como Presidente del Poder Legislativo del Estado.
Como ya se ha mencionado, dicha legislatura fue bastante plural
al contar con la presencia de 22 legisladores del PRI, 14 del
PAN, 2 del PRD y 1 del PT. Sin duda, puede pensarse que con la
mayoría simple del PRI bastaba para imponer sus decisiones
e iniciativas.
Sin embargo, cuando se requirió de la mayoría
calificada para aprobar proyectos de delicado manejo como la
reorganización de la Comisión Estatal Electoral y
la promulgación del nuevo Código
Electoral, la capacidad negociadora de Carlos Palafox
allanó el difícil camino del acuerdo con un Partido
Acción Nacional bastante crecido, preparado y combativo,
dispuesto a no ceder a los criterios y decisiones del PRI y de
los gobernantes surgidos de éste.
Al final, un hombre sumamente identificado con el PRI,
el periodista Sergio Reguero Placeres, fue nombrado Presidente de
la Comisión Estatal Electoral, pero se designó
Consejeros Ciudadanos a personajes definitivamente opuestos a las
lealtades partidistas, como fueron los casos de los
académicos Israel Arroyo,
Procoro Cruz y Joel Carvajal.
Definitivamente, aquí se pudo observar que se combinaron
muchos de los elementos señalados al inicio de esta
sección dedicada al análisis del factor político en la
nominación de los candidatos a los distintos cargos de
elección popular, dando como resultado que, por ejemplo,
actores con liderazgo (como Luis Donaldo Colosio), combatividad
(como Porfirio Muñoz Ledo) e incluso capacidad
técnica o de negociación (como ambos), recibieran
la nominación por los servicios prestados a su instituto
político (pues ambos fueron determinantes para la vida de
su instituto político).
También se han otorgado las nominaciones a cargos
parlamentarios por servicios prestados en circunstancias
especiales, independientemente del tipo de servicios y del tipo
de circunstancias, y aquí se hace alusión al
carismático Diego Fernández de Cevallos, quien
fuera candidato presidencial del Partido Acción Nacional
en las elecciones de 1994.
Después de ese controvertido y reñido proceso, hubo
grandes sectores de la opinión
pública que presumieron que el Doctor Ernesto Zedillo
triunfó con base en la promoción del llamado voto
del miedo, mismo que consistió en hacerle creer al
electorado que un cambio de régimen podía ser
negativo, y que el jefe Diego no hizo nada para evitar la
consumación de este tipo de coacción del
electorado.
De una u otra manera, Diego Fernández de Cevallos
anunció públicamente que no volvería a
aceptar cargos de dirección partidista ni de
elección popular, cosa que cumplió durante el
período 1994-2000, situación que le regresó
su legitimidad y liderazgo moral con la militancia panista, con
todo y que trató de implicársele en
escándalos como el de Punta Diamante en
Acapulco.
Finalmente, su partido le postuló al cargo de
Senador para las legislaturas LVIII y LIX del Congreso de la
Unión. Y se quiere señalar un hecho preciso: esta
nominación –y se considera que ninguna, salvo casos
bastante excepcionales– no es gratuita, no es una especie
de canonjía o privilegio y, mucho menos, es
ilegítima.
Es verdad que en otras épocas solía
premiarse de esta manera a los operadores de los fraudes
electorales, a los hijos de políticos encumbrados y a los
y las amantes de grandes personajes –y hay casos vivos,
pero a efecto de no herir susceptibilidades ni ofender a nadie,
el autor se reserva de entrar en detalles o dar nombres– y
lo dejará como un dato que consigna la vox pópuli y
que, por supuesto, no le consta. Sin embargo, postulaciones como
la de Diego Fernández de Cevallos, en el caso del PAN es,
de toda suerte, merecida y legítima.
Se considera innecesario entrar en mayores detalles, salvo que
también se han dado en otros partidos políticos, y
aquí se desea evocar a Heberto Castillo (PRD) con todos
sus méritos políticos y académicos, o a
Manuel Bartlett Díaz, Senador electo para el
período 2000-2006, quien pese a no haber sido electo
candidato presidencial del PRI en 1999, no provocó
rupturas ni mayores polémicas, sino al contrario,
respetó la voluntad del padrón priísta y
apoyó las tareas electorales dentro de su partido.
Ahora bien, hay momentos en que las nominaciones se dan, como ya
se dijo antes, como reconocimiento a una trayectoria
política destacada; como reconocimiento a una trayectoria
profesional, administrativa, comunitaria, gremial, social,
académica o profesional relevante, o como premio a la
constancia partidista de un actor, aunque no se reconozcan
así como tales públicamente.
Esto implica que dichos reconocimientos se den, de toda forma,
hacia el interior de los partidos políticos y con toda la
confidencialidad que es posible, pues con seguridad serían
mal vistos por muchas personas, pese a que de ningún modo
haya ilegalidad o falta de legitimidad en ello, sino al
contrario.
Como reconocimiento a una trayectoria política destacada
no es necesario dar mayores detalles. Las nominaciones suelen
darse, en la mayoría de los casos, como un homenaje
silencioso a su experiencia, haciéndole notar a los
personajes que siguen siendo valiosos para la conducción
de las tareas de su partido y que, por supuesto, pueden coadyuvar
a ellas desde el seno de un órgano parlamentario.
Simplemente recuérdese a don Luis H. Álvarez, quien
fue Senador a las LVI y LVII Legislaturas. Esto se debió
no solamente por su liderazgo, capacidad legislativa y de
negociación, combatividad, etc. que de por sí es
bastante decir, sino además, porque tuvo todos los
méritos posibles: candidato presidencial del PAN,
presidente nacional de ese partido, en fin. De hecho, como se ha
reiterado, su postulación nunca se manejó como
reconocimiento a una trayectoria política destacada, pero
es un caso y una circunstancia innegables.
Como reconocimiento a una trayectoria profesional,
administrativa, comunitaria, gremial, social, académica o
profesional relevante se tiene que las postulaciones
también son otorgadas a personajes con amplias carreras y
cuyo liderazgo en cualquiera de estas áreas es
determinante para atraer votos. Pero igualmente, es una especie
de homenaje silencioso a una trayectoria.
Finalmente, la nominación que se otorga como premio a la
constancia partidista del actor es el fenómeno más
común que se da hacia el interior de los institutos
políticos.
Dicho fenómeno consiste en la postulación de
activistas a cargos de elección popular, teniendo como
criterio fundamental la presencia, arraigo y participación
permanente de éstos en las actividades partidistas, y
generalmente, también constituyen un reconocimiento a una
trayectoria comunitaria, gremial y, en ocasiones, social,
amén de que es el reconocimiento a una trayectoria
partidista destacada.
Sin embargo, los casos de Luis H. Álvarez, Heberto
Castillo y otros personajes, se da en el ámbito de una
trayectoria destacada en el escenario no sólo local, sino
regional e inclusive nacional. A diferencia suya, los actores
postulados en situación de constancia partidista son, en
la mayoría de los casos, personas dedicadas más
bien a su localidad y/o comunidad más que a su presencia
en los escenarios de proyección regional o
nacional.
Esos son, a grandes rasgos, los elementos y
características propios del factor político, a
través del cual se selecciona a aquellos actores que,
más tarde o temprano, habrán de convertirse en
legisladores. Ahora bien, una vez que ya fueron escogidos entre
los muchos cuadros que militan en su partido, estos actores deben
entrar a otro proceso que los habrá de proyectar hacia el
triunfo electoral: el diseño
de su imagen.
Página siguiente |