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El Modelo policial Hegemónico en América Latina




Enviado por rmcheves



    1. La realidad
      policial.
    2. Modelo policial hegemónico
      (MPH).
    3. ¿Qué
      hacer?.
    4. Corolario.
    5. Referencia
      Bibliográfica.

    I. Introducción.

    El tema que trataremos merece un adecuado tratamiento,
    habida cuenta de la notable liviandad y banalidad con que se
    viene abordando el tema policial, preponderantemente desgastado
    por quienes poco saben o directamente nada se sabe, o que en el
    mejor de los casos asocian diferentes disciplinas para su
    abordaje.

    No podemos analizar la relación Policía y
    Comunidad, sin
    considerar e incorporar necesariamente al Estado en sus
    relaciones con ambas. Esto conforma una trilogía, donde
    históricamente la agencia policial, fue deliberadamente
    obligada a ocupar un lugar nada conveniente y de intermediaria,
    con dedicación casi exclusiva en la regulación
    social, desvirtuando sistemáticamente su misión
    institucional.

    II. La realidad
    policial.

    Comenzaremos reconociendo los diferentes factores que
    conforman y condicionan la realidad policial. Para arribar a este
    objetivo,
    imprescindible para formular las consideraciones necesarias y
    válidas para un cambio futuro;
    realizamos una lectura en su
    aquí y ahora como de su devenir histórico en cuanto
    a su pertenencia Estatal, a sus relaciones con la Comunidad y las
    actividades realizadas en contra de la delincuencia.

    Consecuentemente, identificamos y citamos a
    continuación, una serie de presupuestos
    que en más o en menos, subdivididos o agrupados
    diferentemente, básicamente representan los más
    importantes y que necesariamente deben ser analizados en su
    conjunto.

    Conflictos con
    la comunidad. Distanciamiento.

    Desempeño exclusivo de tareas operativas.
    Eliminación de oportunidades y otras
    supletorias.

    • Descontrol del accionar de la delincuencia.
    Desprotección.

    • Casos de violaciones a los derechos humanos
    y de corrupción.

    • Inadecuada estructura
    institucional. Disfuncionamiento.

    • Precaria e inadecuada capacitación profesional.

    • Pérdida de identidad.

    • Influencia política.

    • Falta de recursos
    financieros que atiendan debidamente a los funcionarios
    policiales en sus necesidades y decoro personales.

    • Idem sistemas y
    medios
    logísticos para cumplir acabadamente su misión
    específica.

    La Policía tiene conflictos con
    su comunidad, desde el preciso instante de su creación, lo
    cual tiene mucho que ver con los aspectos y características de la misión a
    cumplir como de la metodología tradicionalmente empleada para
    llevarla a cabo, aunque más adelante veremos la existencia
    de componentes más fuertes y profundos. Estos conflictos,
    se traducen preponderantemente en actos de violencia,
    corrupción, violaciones sistemáticas
    a los derechos
    humanos, descontrol del accionar de la delincuencia y aún
    su aislamiento institucional; todo lo cual converge, en la
    desprotección ciudadana, en su distanciamiento y alto
    grado de cuestionamiento social.

    En la generalidad, todas las formaciones policiales, se
    dedican por imperio de la Ley, al mantenimiento
    del Orden Público y la Seguridad
    Pública a la vez que la protección de su Comunidad
    contra el accionar de la delincuencia, de manera tal, que si bien
    ningún habitante reprocharía a priori, todos o
    alguno de estos máximos preceptos, en cambio
    sí lo haría, sobre la forma o manera que tiene la
    Policía de cumplirlos. Y a este aspecto, hay que agregar y
    dejar bien en claro, que la policía no hace lo que quiere,
    sino aquello que le es ordenado, por lo que sería
    mediatizar nuestro estudio, si nos cerráramos, y
    consideramos que la problemática referida a su
    cuestionamiento o mal funcionamiento, nace y muere con
    ella.

    Con respecto a sus actividades en procura del Orden
    Público y la Seguridad
    Pública como razón de Estado para el
    bien común, fueron históricas y
    sistemáticamente tergiversadas por los diferentes
    gobiernos; orientándolas hacia un fuerte control y
    disciplinamiento social y enmascarando, detrás de la
    agencia policial, además de un marcado absolutismo,
    la realización de intereses ideológicos y
    político-partidistas. Efectivamente, sus potencialidades
    jurídicas y corporativas (humanas y de recursos
    logísticos y financieros), fueron desgastadamente
    distraídos para la contención y/o resolución
    de conflictos emergentes del campo social, donde la
    represión policial se observó como la repuesta
    oficial y de primerísima línea; en lugar de
    destinarlas a la protección de la ciudadanía y el
    desarrollo
    comunitario.

    En cuanto a su accionar contra la delincuencia, cuenta
    con una estructura
    organizativa y funcional rígida, obsoleta y
    preponderantemente negada hacia todo avance tecnológico,
    producto de un
    marco legal inadecuado y tendencioso que la conminaran
    tradicionalmente, a impulsar y mantener un esquema de
    prevención basado exclusivamente en la eliminación
    de oportunidades, preponderando la saturación de objetivos en
    forma indiscriminada y eventual, como de precarias técnicas
    de investigación, requiriendo grandes aportes
    económicos por parte de la Comunidad, habida cuenta que se
    alimenta permanentemente de personal
    policial, de recursos materiales y
    financieros. La falta de actividades relacionadas a la
    conformación de una cartografía delictual con su
    correspondiente informe
    científico, permitiendo así, la
    identificación y el
    conocimiento de las causales del delito que le
    permitan colaborar en el desarrollo
    social; la ubican en desventaja y le impiden un trabajo
    efectivo y eficaz en los niveles pertinentes de la
    prevención. Es decir, que además de evitar que el
    delincuente delinca, se pretende lograr que el delincuente no sea
    tal y que la víctima no llegue a serlo; lo cual requiere
    de una planificación policial que incluya y
    permita una coordinación multisectorial e
    interdisciplinaria, orientada a la elaboración de un
    diagnóstico criminológico del
    territorio donde ejerce su función
    con todos los operadores del sistema.

    A modo de ejemplo, una tradicional medida, fue siempre
    estructurar grandes despliegues de policías y patrulleros
    en su ámbito de responsabilidad como mega operativos puntuales y
    coyunturales; pero, si bien eliminaron muchas posibilidades de
    delinquir, en los lugares donde fueron fijados sus asientos; no
    le han asegurado el control de la
    delincuencia; es más, le producen el desconcierto de
    comprobar su aumento, muchas veces tildándolo de
    inexplicable, derivando en su fracaso institucional. Esta clase
    de esquemas preventivos, en el mejor de los casos, reacciona
    positivamente después de la comisión del delito y
    trabajando en sus efectos, pero con poca incidencia para
    evitarlo, aunque la realidad también nos demuestra que ni
    aún después, cumple acabadamente con su
    misión por la carencia de Planeamiento e
    Inteligencia
    como de personal, de
    medios y
    sistemas
    logísticos con los cuales responder, degenerando
    así en impunidad, desconcierto, reproche y
    desprotección social.

    Y en este punto, nos apartamos de la doctrina del
    Derecho por cuanto el concepto de
    impunidad, desde la óptica
    del ciudadano común, que con sus impuestos
    sostiene un sistema que no le
    sirve, no lo asegura ni le brinda protección; comprende y
    se explica a través de la falta de calidad y
    cantidad de funcionarios, recursos y métodos
    para su contención personal y represión delictual,
    imputándosele al gobierno y
    preponderantemente a la Policía, una pasividad o actividad
    ineficaz contra el delito y no haber llegado a tiempo y dejarlo
    ser víctima.

    Esta situación, se agudiza al absorber funciones
    supletorias que importan tareas que no le corresponde hacer y
    normadas en otros instrumentos jurídicos, pero
    convenientemente incorporadas por Ley como
    cuestiones de auxiliaridad para con otros organismos a la vez que
    demostrando, una clara falencia del Estado que llega a provocar
    la pérdida de identidad de
    sus miembros, los cuales constantemente se preguntan si en
    realidad son funcionarios policiales o custodios de detenidos,
    vigiladores y guardadores de vehículos automotores
    secuestrados, o empleados a pleno de los otros poderes del
    Estado. Así es, los detenidos en dependencias policiales
    como la custodia de secuestros producto de
    ilícitos, las notificaciones judiciales y otros
    trámites de efecto privado, son en realidad una deliberada
    y perversa delegación de funciones
    enmascarada en la auxiliaridad, distorsionando la misión
    policial y haciendo peligrar la seguridad ciudadana.

    La ciudadanía entonces, se siente desprotegida y
    enfadada con la policía pues la obligan a ubicarse en
    primera fila de una obra de teatro en la cual
    observan como la delincuencia triunfa. El funcionario de
    policía por su parte, se siente también defraudado
    por el Estado,
    pues a diario observan, cuánto dedican en recursos y
    esfuerzos a otras tareas distintas a la policial, en desmedro de
    aquélla que le corresponde por mandato
    comunitario.

    En la generalidad, el poder
    político demuestra una influencia perjudicial, avanzando
    sobre la institución policial con designios
    ideológicos, partidistas y coyunturales como en
    términos electoralistas, que nada tiene que ver con su
    misión, o teniéndola, la obligan a cumplir
    estrictamente sus órdenes, sin posibilidad de
    revisión e inspección, pero en cambio sí, a
    hacerse cargo de las responsabilidades emergentes de los futuros
    fracasos. Esto produce un condicionamiento que vulnera muy
    fuertemente su normal desempeño, pues el pretendido, es que el
    poder
    político, debe ser consecuente con las relaciones
    interinstitucionales y referidas estrictamente a la dependencia
    estructural, fijando los lineamientos gubernamentales para la
    Seguridad Ciudadana como de los sistemas de verificación o
    control. Evitará extralimitarse en sus atribuciones e
    incidir negativamente en la labor cotidiana de los cuerpos
    policiales, comprobándose que en muchas ocasiones, su
    perjudicial influencia ha llegado hasta niveles mínimos y
    primarios de neto corte policial, tales como ordenar traslados y
    designaciones de personal, servicios
    policiales, ubicación de patrulleros, formas de llevar a
    cabo procedimientos,
    custodias o paradas policiales, etc., desestimando la autoridad y
    disciplina
    internas, sin el pleno y necesario conocimiento
    profesional para ello.

    En este mismo contexto y primando la necesidad de
    satisfacer meros intereses particulares y/o partidistas, se han
    generado megas estructuras
    organizativas y se han elegido funcionarios, en algunas agencias
    policiales con anterioridad a la creación de los cargos
    para ejercerlos, en contradicción con la doctrina
    más elemental y tradicional del Derecho como de la
    Organización, o caracterizándose por la falta
    de idoneidad y capacidad para asumirlos. Esto ha conducido a un
    generalizado disfuncionamiento y falta de control institucional,
    que en lo interno convergen en burocracia y en
    el relajamiento integral de la
    administración, y en lo externo, posibilitando
    diferentes situaciones que incluyen sistemáticas
    violaciones a los derechos humanos,
    actos de corrupción y de libre albedrío,
    incluyéndose el desamparo del trabajador policial y la
    negación y/o incumplimiento de sus derechos.

    Entonces, nada nos sorprende si por regular de esta
    manera la vida de la comunidad, se produzca el distanciamiento y
    recelo de ella, a la vez que el descontrol en su lucha contra el
    delito. Pero esto no es todo, le debemos sumar el hecho de que
    nunca fue tratada como un área profesional, de la misma
    forma que fueron la salud, justicia o
    educación,
    entre otras. Siempre la Policía fue destinada a prestar un
    servicio,
    primero a la institución Estado y en segundo
    término a la Comunidad y en donde, la autoridad
    moral y
    técnica, rarísimas veces se concilió con la
    autoridad formal, tanto en las designaciones como en el ejercicio
    funcional. A modo de ejemplo, ningún gobierno
    designaría al frente del área de Salud a un abogado o en el
    área de Arquitectura y
    Urbanismo a un Odontólogo; menos aún para el
    área de Justicia, a
    quien no posea título de abogado, pero en cambio el
    área policial, fue siempre permeable para coronar a
    ciertos profesionales como abogados o integrantes de las Fuerzas
    Armadas, en franco desconocimiento y negación de la
    carrera policial. Pero esto no es casual, advirtiéndose en
    algunas agencias, precariedad o falta de una política de personal
    que conlleve a una buena selección
    y un soporte académico que los aparte de meras técnicas
    investigativas y del manejo de algunas armas como del
    seguimiento profesional de los funcionarios policiales para
    reaseguro de la Comunidad, de la Institución y de ellos
    mismos, ante la posibilidad de cualquier práctica
    inconstitucional. Volveremos sobre esta cuestión
    más adelante.

    Un tema importantísimo es el salario de los
    funcionarios policiales, que representa un gran problema de
    Estado por resolver. ¿Hasta dónde se pretende
    explotar la lírica de la vocación de servicio, de
    la integridad, de la moral y de
    las buenas costumbres?; ¿Cómo puede
    exigírseles conductas poco menos que excepcionales y
    anticorruptas, a quienes en muchísimas ocasiones, no
    tienen para comer o se presentan al servicio dejando a sus
    familias sin dinero y
    además, bajo condiciones laborales deplorables?. Tengamos
    presente que el trabajo
    policial es riesgoso e insalubre, por lo que una jornada de labor
    mínima de conformidad a los contenidos de las
    legislaciones nacionales y además bien paga, es la
    adecuada, debida y aconsejada.

    Las situaciones dramáticas propias de la función y
    vividas a diario por los agentes policiales, importan la
    necesidad de un seguimiento y apoyo psicológico que en la
    generalidad no se cumple (por no decir que no existe),
    generándose una falta de contención y atención que pueden derivar en peligrosas
    patologías, muchas veces exteriorizadas y canalizadas a
    través de sí mismo, de la comunidad en general, de
    los imputados en particular como del grupo familiar
    al cual deterioran y/o destruyen.

    Por otra parte, la Policía es y funciona gracias
    al esfuerzo y patrimonio
    personal, tanto espiritual como pecuniario de sus trabajadores
    policiales; de lo cual, el Estado, se
    beneficia continua y cotidianamente, a la vez que le resulta
    vital para el sostenimiento del sistema imperante por cuanto
    funciona carente de toda clase de recursos oficiales. De igual
    manera y a escala
    institucional de las diferentes dependencias, que autofinancian
    su misión, en el mejor y lícito de los casos, con
    la colaboración de la comunidad.

    Entonces, esta realidad no es peor, gracias a las
    personas de los funcionarios policiales encargados de hacer
    cumplir la ley que nunca han bajado sus brazos y siempre, todos
    los días, se enfrentan contra el delito en defensa de la
    Comunidad, muy a pesar de sus vidas y de sus afectos y dentro de
    un esquema laboral, donde
    sus derechos como trabajadores so pretexto de la vocación
    de servicio, pocas veces o nunca, se han tenido o se tienen en
    cuenta.

    III. Modelo
    policial hegemónico (MPH).

    Como hemos visto, surge de la realidad policial, una
    serie de presupuestos
    que interactúan entre sí y dentro de un
    círculo vicioso, retroalimentado y conformando una
    problemática estructural y sistemática, como de
    carácter histórico.

    Veamos a continuación, sus aspectos constructivos
    y de sostenimiento, que se corresponden con:

    • Relación Estado-Sociedad.

    Respeto y
    acatamiento irrestricto -y hasta ciego- para con el
    Estado.

    • Marco jurídico inadecuado y tendencioso.
    Legislaciones convenientemente orientadas hacia un fuerte
    control y disciplinamiento social.

    • Metodología. Corte represivo. Efectos del
    delito.

    • Estructura organizativa y funcional.
    Militarismo.

    • Corrupción.

    La problemática policial en la República
    Argentina como en
    toda América
    Latina, tiene que ver con la respuesta histórica de la
    Institución Policial, a un modelo utilitarista y
    hegemónico, que no es fortuito o espontáneo, sino
    deliberado y cuya génesis, se pierde con los
    años.

    Con esto no estamos afirmando que fueran los
    conquistadores, quienes nos regalaran un modelo policial, de
    ninguna manera, aunque muchas características clásicas de tiempos
    coloniales aún persisten en la actualidad.

    El modelo policial hegemónico, ya tiene
    más de cien años y aún se sostiene, pese a
    las fuertes pseudo reformas de corte gatopardista que se le han
    practicado. Un punto de partida posible para nuestro análisis, sería la
    conformación de los Estados en América
    Latina que en la generalidad y respetando las
    particularidades de los diferentes países involucrados, se
    producen a fines del siglo XIX con características muy
    similares.

    Entonces, recordemos en principio, la constitución de los Estados Nacionales,
    emparentados con las institucionalizaciones de los
    Ejércitos Nacionales, habida cuenta de la necesidad,
    además de limitar sus fronteras, de impartir orden y
    poseer, a la vez que ejercer, el poder político
    interno.

    Pero esta necesidad, iniciada con un marcado y
    enmascarado absolutismo,
    se legitimará sobre la base de la razón del Estado
    para el orden y el bien común en sus relaciones con la
    Sociedad.

    En este cuadro de situación, sus primeras medidas
    estuvieron orientadas a su constitución y modernización,
    preponderando el fortalecimiento de la justicia, del
    ejército y de la policía e imponiéndoles,
    supletoriamente, una doctrina de alto potencial
    filosófico, donde su actuación, en pro del proceso de
    organización nacional, se emparentaba
    igualitariamente con lo patriótico.

    Debe quedar bien en claro, que el modelo de Estado
    Nacional no fue meramente un conjunto de medidas orientadas hacia
    una meta; representó toda una ideología que derivara en una nueva
    cultura
    impuesta por la clase dirigente, poseedora del poder
    político y económico hacia el resto de la población, actora pasiva de su propio
    devenir histórico. Se sentaron las bases jurídicas
    para una sociedad violenta, donde unos pocos satisfacían
    sus intereses a expensas del resto de la población. El protagonismo
    oligárquico en este proceso,
    construyó primero y se valió después, de una
    serie de estructuras,
    entre las que se ubicó nuestro modelo policial, como
    también el de la instrucción pública, el
    modelo de salud, el de una justicia corporativa, lamentablemente
    aún vigentes; generando y tolerando la coexistencia de dos
    países en un mismo territorio, el legal y el ilegal;
    respetando la Ley pero con muchas excepciones. Prostitución-antiprostitución,
    aborto-antiaborto, matrimonioconcubinato, juego
    oficial-juego
    clandestino, etc., representan las controversias más
    claras y demostrativas de esta construcción; pero para todo caso,
    países con seguridad insegura, sin estructuras dirigidas
    hacia el bienestar social, particularmente referidas a la
    prevención del delito a la vez que altamente permisivos al
    avance del Estado sobre los derechos de las personas y con los
    reaseguros brindados por un sistema jurídico
    corporativista, por cierto injusto, reaccionando eficazmente ante
    cualquier reproche individual.

    En este contexto, las condiciones de exclusión
    social que trajo aparejado las políticas
    impuestas, deliberadas por cierto, y la necesidad de
    contención de las masas reclamantes por parte del Estado,
    determinaron la necesidad de constituir un verdadero sistema de
    dominación por encima y a expensas de lo prevencional en
    materia
    delictual, en el cual la policía, fue siempre uno de sus
    soportes fundacionales y fundamentales, desarrollando
    notablemente, un fuerte y excesivo control y disciplinamiento
    social, desvirtuando su razón de ser.

    Al modelo de Estado Nacional, sostenido hasta muy
    avanzado el siglo XX, le sigue el Benefactor, verificado en la
    década del ´40 y reeditado en los años
    ´70, el cual se caracterizó por orientar el
    ejercicio del poder político hacia el espectro social. Si
    bien constituyó un modelo de inclusión social que
    comprendió y movilizó a amplios sectores de la
    población, la metodología empleada lo llevó
    a situaciones comprometidas y reñidas con los aspectos
    básicos de toda democrática como la falta de
    representatividad de las minorías, derivando
    lógicamente, en reiterados reclamos y conflictos
    sociales.

    Por su parte, el aparato policial, intacto y con la
    doctrina del modelo anterior, paradójicamente sedujo al
    modelo Benefactor, resultándole apto y muy conveniente
    para responder y aplacar estos reclamos y/o contener los
    conflictos suscitados, apoyándose en un vigente
    corporativismo jurídico dogmático, también
    heredado y permitiéndole continuar con un control y
    disciplinamiento, acordes al grado de conflictividad social
    emergente.

    Un aspecto estructural y común de ambos modelos de
    Estado, fue el despliegue operativo cada vez mayor de personal y
    medios de la Policía, sobre todo en la vía
    pública de las ciudades, lo cual permitía la
    observación y control directo de la
    población, a la vez que lo propio para con la
    delincuencia. Esta situación generada, muy conveniente e
    importante, además de neutralizar en cierta medida el
    accionar delictivo, disimulaba perfectamente al modelo policial
    hegemónico, enmascarando el seguimiento ciudadano so
    pretexto de la investigación predelictual y descartando
    toda posibilidad de aislamiento, a la vez que aplacar
    considerablemente, un directo y permanente cuestionamiento a su
    organización.

    Paradójica y felizmente, la Institución
    Policial fortaleció su condición de agencia social
    referencial por cuanto al existir un contacto e
    interacción cotidiana entre la gente y sus funcionarios
    policiales, tanto en las calles como en sus dependencias,
    encontró su verdadera identidad y cumplir con su verdadera
    misión que no es otra que contener y proteger a los
    habitantes y colaborar denodadamente en el desarrollo
    social, a la vez que lograr la resolución de muchos y
    variados problemas
    relacionados específicamente a la seguridad
    comunitaria.

    El modelo que sigue es el denominado
    Burocrático-Autoritario que hace su aparición en
    las décadas de los ´60 y ´70 aproximadamente,
    siendo una mezcla perversa de intereses financieros
    internacionales con un alto grado de intelectualidad mecanizada
    pero con una propuesta concreta y necesaria para su puesta en
    marcha y mantenimiento:
    la contención y la represión popular.

    Para ello, una estrategia basada
    en llevar una voz de mando a todos los niveles de la Comunidad y
    donde lo social, responda a postulados técnicos y
    formulaciones matemáticas, sin posibilidad alguna de
    intromisión perjudicial desde las ciencias
    sociales; fue su característica más evidente y
    la ejecutara, iniciándola con un potente shock social, de
    la magnitud que únicamente lo producen los golpes de
    Estado, y sustentándola continuadamente a través de
    un fuerte y excesivo control y disciplinamiento de la
    población, sin disimular la ilegitimidad e ilegalidad de
    su existencia, de su permanencia en el poder como de las medidas
    para destrabar los conflictos sociales emergentes.

    Entonces y lamentablemente, necesitó de una
    corporación que lleve a cabo estos preceptos; y qué
    mejor que la policía, otrora creada para fines similares y
    formando parte de ese Estado que se pretende imponer para
    transformar la vida ciudadana. Pero la realidad
    sociopolítica, sobre todo a partir de la década de
    los años ´70, modificó la operatividad
    policial, verificándose un absoluto repliegue de personal
    y recursos logísticos hacia sus dependencias, provocando
    la pérdida del contacto diario con la gente, su
    aislamiento y el descontrol ciudadano a la vez que una cuota muy
    significativa en el fracaso de su lucha contra la delincuencia.
    Sus acciones,
    condicionadas ideológicamente desde el gobierno que
    usurpaba el Estado, para dar una respuesta armada hacia los
    movimientos terroristas, se hicieron cada vez más
    agresivas y represivas a la vez que indiscriminadas, llegando
    hasta niveles de crisis
    institucional inmanejables y con marcado desconocimiento
    funcional, lográndose para todo caso, la
    victimización de grandes y diversos sectores de la
    población como periódicas ocupaciones
    territoriales.

    Finalmente llegamos al actual modelo, que intenta
    construir un Nuevo Estado sobre la base de racionalizaciones y
    profundas transformaciones. Se advierte que pretende cumplir con
    la premisa democrática de la representatividad, mas tiene
    serios inconvenientes con la participación integral de la
    población. Efectivamente, los fuertes y continuos ajustes
    en el plano económico, basados en la cara oscura de un
    neoliberalismo
    perverso y con influencia en todas las áreas de la vida
    comunitaria; construyen y sostienen un modelo de exclusión
    que abarca a grandes y diversos sectores de la población,
    derivándose inevitablemente, en conflictos
    sociales.

    Y esto lo notamos a diario con la simple lectura de un
    periódico o la escucha de un noticiero,
    reproduciendo sucesos acaecidos en cualquier parte del mundo y
    especialmente en Latinoamérica; comprobándose como
    denominador común, que la respuesta primaria, dada por los
    gobiernos ante los diversos reclamos formulados por amplios
    sectores de la comunidad (estudiantiles, obreros, desocupados,
    jubilados, etc), se corresponde con la acción policial,
    muchas veces inusual, incontrolada y brutal.

    No cabe la menor duda que la orientación de este
    nuevo Estado es el ansiado Estado de
    Derecho, pero las sucesivas etapas que debe sortear para su
    meta, traen consigo una radicalización de la marginalidad,
    conformando una plataforma permeable al conflicto
    social violento y que conlleva al escape delictual,
    situación que se ha verificado y es una constante en el
    tiempo, a la
    vez que también lo fue y es, la utilización del
    aparato policial con fines de aplacar la conflictividad social
    pero de neto corte represivo. Se pretende un esquema operativo y
    una apertura policial hacia la Comunidad como forma de revertir
    lo sucedido en la etapa anterior a la vez que disminuir y
    controlar el accionar de la delincuencia, lo cual implica una
    fuerte inversión espiritual y material para su
    puesta en marcha y sostenimiento, donde la vigencia del modelo
    hegemónico es el principal factor negativo.

    Vemos entonces cómo el Modelo Policial
    Hegemónico, tiene su génesis en común con la
    formación de los primeros Estados en Latinoamérica, que no precisamente
    respondiera exclusivamente, a proteger al habitante de la
    delincuencia. Se construyó y sostuvo un aparato, al cual
    le fijaron una ideología preponderantemente represiva que
    condicionó su práctica policial hasta nuestros
    días, aunque en algunos casos, notablemente modificado y
    disimulado. De esta manera, se lograría la
    resolución de problemas tras
    la imposición de aquellas políticas
    oficiales que provoquen reclamos y conflictos por parte de la
    población; abordándolos sistemáticamente,
    mediante la fácil y rápida, aunque nada
    democrática, solución policial.

    Esto no descarta, de ninguna manera, que este modelo
    haya tomado y sostenido como ya dijéramos, viejas
    características y doctrinas policiales de tiempos
    anteriores a su conformación y que datan desde la
    época misma de la Colonia. Tampoco representa una
    plantilla rígida que involucra a todas las fuerzas
    policiales de la Región, muchas de las cuales pueden haber
    tenido un devenir histórico-institucional distinto; pero
    sí responde, a una generalidad muy aproximada.

    La fuerza
    policial, en el marco de su modelo hegemónico, fue creada
    para ser violenta y responder así, a una también
    creada sociedad violenta; operando inmersa en la violencia con
    violencia. Esta relación lograda por el Estado para con su
    Sociedad y en donde la Policía ocupara
    históricamente una posición intermedia,
    necesitó de un marco legal adecuado y conveniente que le
    fijara una organización perfectamente diseñada y
    una metodología funcional que respondiera con este modelo
    y sus fines. Este diseño
    institucional, poco refleja el sentir comunitario,
    asignándole deliberadamente una perjudicial estructura
    organizativa y funcional, de notable sobredimensionamiento a la
    vez que burocratizada, e impidiéndole promover o
    participar, en todas las acciones
    dirigidas a adelantarse a la comisión del
    delito.

    Las legislaciones policiales, desde los tiempos mismos
    de su creación, no son el fiel reflejo de las expectativas
    de la comunidad. No existe en sus letras, una
    interpretación adecuada de la verdadera misión de
    la Policía como agente de control social, dedicada a la
    protección comunitaria y que la obligue a trabajar en
    todas las formas y niveles de la prevención. Y en esto,
    mucho tiene que ver el sostenimiento de políticas de
    gobierno por sobre las de Estado o existiendo éstas, su
    falta de sustentabilidad y la errónea consideración
    de separar aquéllas de corte social, económico y
    cultural con de las de orden criminológico; determinando
    un abordaje fragmentado de la problemática delictual desde
    lo ocasional y a través de un sistema que no le
    permitió combatirla correctamente sino provocar su
    descontrol. Por otra parte, la persistencia o reincidencia
    delictual, fue interpreta y afrontada de la misma forma,
    aportando así, una considerable cuota al fracaso
    policial.

    En este contexto, la necesidad de funcionarios
    policiales con permeables personalidades, tal vez aquéllas
    de mentes empíricas y de moral
    utilitaria, se hacen imprescindibles para la sustentabilidad del
    Modelo. Normalmente y salvo excepciones, se recurre a un
    conservadorismo generacional que se refleja en la tendencia hacia
    quienes son adultos maduros en franca negación de los
    funcionarios jóvenes o de las nuevas generaciones, como
    del temor a sus potencialidades; salvo que éstas, aseguren
    con una labor obediente, la continuidad del sistema y el
    acatamiento irrestricto a las directivas oficiales en materia de
    control social. Es que el Modelo Policial, nunca deseó
    funcionarios de buen nivel cultural para ocupar cargos de
    conducción por el temor a que sean o se conviertan en
    inmanejables, para lo cual primó, una mala o improvisada
    selección y propiciando una carrera
    policial de resistencia
    personal y no de calidad
    profesional. A esta altura, dos preguntas se hacen
    interesantes:

    ¿Está preparado un gobierno para poseer
    una agencia policial que verdaderamente lo asesore
    profesionalmente en materia de protección
    ciudadana?.

    ¿Están preparados los gobiernos o mejor
    dicho, los gobernantes de turno, a que su agencia policial les
    manifieste que tal o cual medida o acción que la
    involucre, no pueda realizarse por causas técnicamente
    justificables o por qué constituye una violación a
    los derechos humanos?.

    Personalmente creo que no; no está el gobernante
    de turno preparado para escuchar realmente un informe asesor;
    quiere escuchar que todo lo que ordene se cumpla; quiere escuchar
    palabras mágicas como: sí, se puede, o
    déjelo en mis manos, o yo me ocupo, o quédese
    tranquilo que me hago cargo.

    Entonces, esto requiere y hace, a un acatamiento ciego a
    las directivas gubernamentales, donde lo legal o ilegal,
    legítimo o ilegítimo, está determinado por
    el funcionario político del momento y donde los
    funcionarios policiales, son sustraídos o deliberadamente
    se sustraen ellos mismos de todo razonamiento, revisión o
    inspección de lo ordenado; quizás por temor,
    conveniencia o necesidad. Por ello, el ejercicio del mando, su
    verticalidad y autoridad, fueron convenientemente utilizados para
    permitir que muchos funcionarios policiales, algunos sin saberlo,
    otros por temor y el resto, felizmente los menos, plenamente
    conscientes, cumplieran ordenes que derivaran en delitos.

    Pero no se quiere decir o pensar, en una policía
    deliberativa que no acate las órdenes oficiales del
    gobierno; de ninguna manera, el pretendido es deliberar para el
    correcto y democrático desempeño de sus funciones y
    la debida interpretación -a ultranza- de la Obediencia
    Debida o Deber de Obediencia, evitando hacer o dejar de hacer
    todo aquello que se le ordene y sea o represente groseramente, la
    comisión de un delito o falta administrativa.

    La metodología empleada tradicionalmente por la
    policía genera conflictos, pero no es caprichosa y tiene
    su razón de ser, en las propias relaciones que el Estado
    promueve y sostiene con la Sociedad. En los niveles cotidianos de
    su trabajo contra la delincuencia, esta metodología le
    impone una prevención por eliminación de
    oportunidades que no es otra cosa que evitar que ¨la
    ocasión haga al ladrón¨; frase
    doméstica, a partir de la cual, se orienta su despliegue
    operativo con acciones para que el delito no se suceda y por
    ende, la delincuencia no prolifere; lo cual en principio,
    sería lo más lógico e importante y la
    comunidad se sentiría segura; pero lamentablemente,
    eliminando las oportunidades delictuales, no se elimina la
    existencia misma de la delincuencia ni se reduce su accionar, por
    el contrario, aumenta, pues sus exponentes se mantienen activos y
    fortalecidos, en permanente acecho y en procura de esa
    oportunidad, que les permita cometer delitos.

    Esta forma de prevención, la lleva a cabo a
    través de una saturación de objetivos y de
    técnicas de investigación criminal, mediante
    tradicionales estrategias que
    implican tácticas de presencia policial real y efectiva en
    todos aquellos lugares susceptibles y posibles de comisión
    del delito como de indagaciones predelictuales. Nuevamente
    sería lo ideal, pero el delincuente que observa esa
    presencia, ese objetivo
    saturado, recurrirá a otro lugar en donde no se encuentre
    y pueda delinquir. De esta manera, se produce una
    movilización horizontal de la delincuencia de un
    territorio a otro (transdistritalización,
    transprovincialización y/o transnacionalización o
    internacionalización del delito). Por otra parte, las
    citadas investigaciones,
    ante la falta de eficaces y efectivos controles institucionales,
    tal vez inadecuados o tendenciosos, dieron lugar a la
    reunión de información que no fue empleada para una
    debida saturación de estos objetivos, sino para el
    seguimiento ideológico de las personas como a la
    manipulación o regulación de la propia
    delincuencia, en beneficio corporativo y personal.

    Un esquema de estas características,
    además de ser económicamente insostenible para las
    comunidades, por cuanto se alimenta constantemente de más
    y más funcionarios policiales, recursos financieros y
    logísticos; genera una permeabilidad hacia la corruptela y
    no tiene incidencia, como señaláramos, en la
    disminución del delito, cuyas causas, si bien conocidas no
    son atendidas o neutralizadas; mientras que la delincuencia
    permanece activa y aún creciendo.

    En el mejor de los casos, el éxito
    de estos sistemas, implica mayor infraestructura en materia
    judicial y penitenciaria, traduciéndose nuevamente en una
    cuestión de finanzas que
    la comunidad sostendrá a base de sus impuestos.
    Reiteramos entonces que únicamente se estaría
    evitando la producción delictual, que como ya
    dijéramos, si bien sería lo ideal no siempre es
    efectiva ni es lograda, muy a pesar de esta trilogía:
    policía-justicia-penitenciaría, sin olvidar que
    quien necesita y/o quiera delinquir, por las causas que fuesen,
    perfeccionará sus métodos
    para el cometido, tales como organizarse y aún llevar a
    cabo, tareas de inteligencia
    que le permitan planificar su producción ilícita.

    La necesidad de contar con funcionarios para cumplir las
    tareas de presencia real en la vía pública e
    investigativas, que este modelo preventivo le impone; empeora
    aún más la situación institucional de la
    Policía, pues la condiciona negativamente,
    obligándola a subordinar, la calidad a la cantidad, y
    resultándole por demás impropio, toda exhaustiva
    selección unida a una profunda capacitación y seguimiento profesional, que
    conlleve a restar personal y provocando una conformación e
    integración indeseada de funcionarios en
    las agencias policiales.

    La posibilidad de gastar siempre en recursos materiales, se
    hace imposible para las comunidades; entonces, se abandona
    paulatinamente el esquema de saturar objetivos para eliminar
    oportunidades, derivando en una realidad delictual que la supera
    y que por otra parte, su capacidad operativa le sea insuficiente
    ni siquiera para cumplir con la investigación
    postdelictual o la debida atención a las víctimas. Por ello,
    este sistema de prevención deriva en que la Policía
    dedique su trabajo, preponderantemente a delito cometido,
    disponiendo del personal y medios con que cuentan (nunca
    suficientes) para los efectos del delito y su posterior
    investigación, lo cual se torna también
    imposible.

    La corrupción, es uno de los presupuestos de la
    realidad policial que no puede ni debe dejarse pasar por alto. Si
    bien no existen investigaciones
    globales que permitan concluir sobre el tema, casos aislados de
    origen judicial, periodísticos o porque no, del imaginario
    colectivo, nos permite inferir con cierto grado de convencimiento
    que no es coyuntural ni aislada, sino sistematizada y
    estructural. El Modelo la genera y la necesita para sus fines,
    pero como la Institución Policial, no es la corrupta (las
    instituciones
    son inmaculadas), sino corruptos son algunos de sus funcionarios;
    los cuales, se encuentran inmersos y aceptando las reglas de
    juego impuestas, haciéndolos vulnerables primero, y a
    posteriori, autores, partícipes o encubridores del escape
    delictual y/o figuras del orden administrativo o interno. Para
    ello, los agentes policiales fueron y son conminados permanente,
    pero subrepticiamente, a cometer directa o indirectamente delitos
    o a encubrirlos, bajo sus propias responsabilidades y para
    satisfacer las exigencias del Modelo vigente so pretexto de la
    aplicación de la Ley. Como mero ejemplo, si un superior
    ordena a un subalterno a cometer un delito, bajo cualquier
    circunstancia, y éste lo cumple, en la generalidad y sin
    perjuicio del encuadramiento referido a cada ordenamiento
    jurídico local, estamos ante el más amplio caso de
    corrupción, y por otra parte genera una zona negra e
    incontrolada, donde jamás podríamos conocer con
    certeza, cuántos delitos debió haber cometido el
    subalterno, para cumplir con aquél que le fuera
    ordenado.

    Un agente policial mal pago y en condiciones laborales
    inadecuadas; una dependencia policial con escasez de personal,
    recursos materiales y financieros, pero obligada a trabajar como
    si los tuviera; un Estado que conoce perfectamente de la falta de
    recursos en general de su Institución Policial pues no los
    suministra, pero conminándola igualmente a cumplir su
    misión como si contara con ellos, a la vez que
    exigiéndole eficiencia,
    eficacia y
    responsabilidad; son aspectos generadores y
    regeneradores de corrupción. La trama se cierra con la
    existencia de una doctrina íntima e inconfesable, entre el
    Estado y la Policía, ejecutada por esta última y
    desconocida para la Sociedad, la cual además de impedirle
    toda participación en la cosa pública, la somete a
    su control y regulación.

    Asimismo, se regeneran nuevas situaciones de shock entre
    el personal policial, quien comprueba en su labor cotidiana como
    sus esfuerzos extraordinarios contra el delito y el debido
    cumplimiento del deber, fueron y son en vano. En este desaliento
    por el resultado de su trabajo policial, mucho tienen que ver las
    demás instituciones
    involucradas en la resolución del conflicto
    delictual, asumiendo responsabilidades directas las autoridades
    judiciales y legislativas que ofrecen una labor lenta, ineficaz,
    improvisada, precaria y con claro desconocimiento funcional que
    hace peligrar a la Comunidad. Desde sus cómodos despachos
    estatales, están más preocupadas en la
    opinión publicada de la prensa o de los
    sectores de oposición política que de la opinión
    pública de la gente o del esfuerzo y la vida de los
    agentes policiales.

    Y en este sentido, los agentes policiales, fueron
    siempre desde la propia institución policial, el peor
    enemigo del Modelo; pues la gran mayoría, llevan a cabo su
    tarea, respondiendo con notable profesionalismo, vocación
    y honestidad,
    comprendiendo perfectamente que la comunidad requiere de su
    protección y ésta, desde lo externo de la
    institución, reclamando al Estado, su derecho a vivir en
    seguridad.

    El Modelo entonces, no contó con la forma tan
    particular de ser y comportarse de los policías, sin
    distinción de sexo,
    jerarquía o grado (como de los maestros, como de los
    médicos o enfermeros, etc., en sus áreas
    correspondientes), semejantes unos a otros cualquiera sea el
    lugar del mundo donde presten servicios y
    conformando una verdadera subcultura policial que trasciende lo
    nacional y absolutamente diferente y diferenciada de la
    ideología y práctica tradicional que ha
    caracterizado institucionalmente a este Modelo.

    IV. ¿Qué
    hacer?.

    Mucho se habla del incremento de la delincuencia, que
    genera preocupación e inseguridad en
    la población como del mal funcionamiento de la
    Policía, que conlleva a su alto cuestionamiento. Lo
    más llamativo de todo esto, es reconocer en algunos
    discursos
    oficiales, el reciente descubrimiento de que la
    problemática de la seguridad y la cuestión
    policial, hayan adquirido ribetes de tal magnitud, que se
    convirtieran en asuntos de Estado. Esto verdaderamente nos
    alarma, pues para los profesionales de la seguridad, tanto
    ésta en lo general como la agencia policial en particular,
    siempre fueron inequívocamente asuntos de Estado y
    sistemáticamente, fueron desoídas todas sus
    advertencias sobre un pronóstico oscuro y la necesidad y
    urgencia de promover un cambio en el sistema para no llegar
    justamente, a la realidad que estamos viviendo.

    Pese a nuestras afirmaciones y determinaciones, no
    contamos con una fórmula mágica, aplicable para
    cualquier caso y que además tenga el éxito
    asegurado. Tampoco, proponemos modelos, pues
    entendemos y pretendemos que ello debe ser una construcción nueva y original, consecuente
    con la historia, la
    vida cultural, social y económica de cada país;
    entonces, a continuación ofrecemos una serie de
    consideraciones, orientaciones y recomendaciones para observar
    ante una situación de cambio policial.

    Se:

    • Tomará razón de la realidad
    policial y generar su profunda reversión.

    • Rescatará el espíritu de la
    Sociedad en materia policial y de seguridad en términos
    de Ley.

    • Fortalecerán sus relaciones con la
    Comunidad.

    • Cambiará el accionar y la
    metodología. Operatividad con cientificidad y tecnología.

    • Establecerán las bases necesarias para
    una transformación cultural de la Policía hacia
    la protección de los derechos humanos. Carrera
    policial.

    • Definirá una racional estructura
    organizativa y funcional de la policía.

    • Instituirán mecanismos de control de
    gestión y evaluación de la labor
    policial.

    • Asignará y distribuirá
    adecuadamente el presupuesto
    para el correcto desempeño de la Policía y el
    bienestar de sus integrantes.

    Los temas tratados, nos
    permitieron tomar razón de la realidad policial, que si
    bien se nos presenta como una problemática emergente, es
    en verdad centenaria aunque urgentemente, hay que revertirla.
    Esta reversión, hacia un nuevo modelo policial no
    hegemónico y a la vez sustentable para un Estado de
    Derecho, no es imposible pero sí costosa, sobre todo
    en lo cultural y espiritual más que materialmente, a la
    vez que debe apoyarse necesariamente sobre una firme voluntad de
    realización por parte de todos los actores
    sociopolíticos, y donde el Estado cumple un rol
    fundamental, pues implica la destrucción de ese Modelo
    Policial Hegemónico, que convenientemente creara y
    sostuviera en América
    latina, a través de sus sucesivos gobiernos.

    Para ello, se iniciará un proceso de reforma con
    la Policía y con los policías, y desde
    ningún aspecto, sin o contra ella y sus integrantes; que
    estará orientado a esa destrucción pero ejecutado
    muy cuidadosamente y mediante una estrategia de
    sustitución simultánea que evite los efectos
    perjudiciales y desalentadores, producidos a causa de los
    vacíos sistémicos.

    Toda reforma, además de contar con un importante
    cuerpo axiológico del cual se emanan sus políticas;
    se sustenta sobre una serie de pilares o ejes principales a cuyo
    alrededor, giran las estrategias y
    tácticas que se pondrán en marcha.

    En este sentido, y reconociendo a todos los trabajadores
    como los actores fundamentales, y el potencial más valioso
    de cualquier empresa o
    corporación; el eje director de cualquier reforma policial
    que se denomine como tal; tendrá entonces como
    protagonistas y sin lugar a dudas, a los funcionarios policiales
    encargados de hacer cumplir la ley como sus condiciones de
    seguridad e
    higiene en el trabajo, en
    el concepto
    más amplio posible: selección, formación,
    salario, salud y
    bienestar, capacitación y actualización,
    seguimiento del desenvolvimiento profesional como todo otro
    aspecto que haga a la defensa de sus derechos en
    complementación con su servicio comunitario.

    Con relación al cuerpo axiológico que
    guiará a la empresa,
    determinándole su futuro perfil institucional,
    comprenderá y fijará claramente que el
    propósito fundamental del trabajo policial, es la
    prevención del delito y la protección de la vida
    comunitaria. Para ello, ejecutará un accionar
    sistemático, intercolegiado y multisectorial, a la vez que
    orientado hacia los niveles pertinentes de la prevención,
    ya sea en la eliminación de oportunidades como en la
    observación y reconocimiento de las causas
    culturales, sociales y económicas determinantes para la
    producción delictual, en coordinación con todos los organismos
    oficiales y privados comprometidos en la modificación del
    panorama social y aún más, con una respuesta
    profesional que permita indicar la oportunidad y grado de
    responsabilidad que éstos deban asumir.

    Entonces, la Policía es un agente de control
    social de contacto y referencial, en lo externo y en el
    ámbito colectivo, importante y necesario, cuyas
    incumbencias van más allá de la preservación
    del orden público, la seguridad pública y la
    investigación de hechos delictivos, sino también,
    la determinación de sus causas generadoras, colaborando
    para mejorar la calidad de
    vida de la comunidad, virtud a una coordinación con
    todos los actores sociales. Volveremos en el tópico
    siguiente a tratar sobre la Policía y la
    Comunidad.

    Esta coordinación se logrará a
    través del planeamiento
    policial que le permite un trabajo eficaz y eficiente ante los
    requerimientos de seguridad, asegurándole la correcta
    asignación y desempeño de sus funcionarios en
    tareas que le son específicas, a la vez que el buen uso de
    los recursos y de una adecuada estructura organizativa y
    funcional. De esta manera, se estaría ratificando lo dicho
    sobre la plena y necesaria consideración de sus
    funcionarios y sus condiciones generales de labor como de los
    sistemas y medios logísticos y financieros disponibles
    para que éstos, puedan cumplir con el mandado de la
    comunidad, expresado en términos de Ley.

    Se comienza entonces con la producción de un
    diagnóstico de la realidad policial,
    imprescindible y pretendiendo definir un universo
    compuesto por todas las variables
    ordenadas conforme sus características y efectos
    (identificando particularmente las negativas) y agrupadas en:
    independientes, interdependientes y dependientes,
    permitiéndonos a partir de allí, producir un
    plan integral
    que establezca objetivos generales y operacionales como las
    políticas, estrategias y tácticas, necesarias para
    la puesta en marcha de una reforma policial
    sustentable.

    Al decir diagnóstico, nos estamos refiriendo a la
    fase del proceso planificador donde se lleva a cabo la
    observación, selección y análisis de los signos (lo que se ve; lo
    objetivo) y los síntomas (lo que se siente; lo subjetivo)
    de la realidad a tratar. Esto hace necesario determinar una
    situación que será analizada integralmente para
    responder a preguntas tales como: ¿Dónde se
    está?. ¿Cómo se está?.
    ¿Qué se tiene?. ¿Dónde se quiere ir?.
    ¿Qué se necesita? y ¿Cómo se hace
    para llegar a la
    meta?.

    En este contexto, está comprendida la realidad
    criminológica territorial donde la Policía lleva a
    cabo su misión; por ello, contará con los
    necesarios estudios de victimización y tendencias
    delictivas con la correspondiente cartografía delictual y los informes
    científicos sobre la delincuencia; conciliando para un
    futuro modelo prevencional, el tradicional esquema de
    eliminación de oportunidades con aquél que promueva
    el trabajo sobre las causas generadoras del delito.
    Efectivamente, esto quiere decir que la policía debe
    comenzar a trabajar sobre una prevención basada en
    políticas que hacen al desarrollo
    social y con el conjunto de los operadores del sistema porque de
    no suceder así y continuar como hasta ahora, las
    comunidades en general y la policía en particular,
    fracasarán en su lucha contra la delincuencia.

    El público quiere seguridad, estar y sentirse
    seguro, como
    elementos fundamentales para su calidad de
    vida, y el Estado debe procurarlo, pero integralmente y no en
    exclusiva con la agencia policial, que representa aunque muy
    relevantemente, una de las muchas profesiones que han de
    interactuar, solamente una parte de ese todo que es la Seguridad.
    Esto requiere una apertura policial hacia una operatividad con
    cientificidad y notable apoyo tecnológico, empleando todas
    las posibilidades y potencialidades que ofrece la ciencia y
    la tecnología, desde la formación de
    personal policial hasta recursos materiales e
    informáticos, aplicadas hacia un sistema de
    prevención múltiple y de simultáneo
    abordaje, que no escatime gastos, evitando
    precariedades e improvisaciones, dirigido y potenciado hacia las
    causas y los efectos del delito, y descartando toda posibilidad
    de primar respuestas hacia una u otra unilateralmente.

    Una pregunta emergente y desde lo práctico, es:
    ¿Cuál sería la formula polinómica que
    nos permita conocer, por ejemplo, la cantidad de personal
    policial o vehículos patrulleros necesarios para una
    ciudad y que responda a los cambios de la Sociedad que la
    habita?; cuya respuesta correcta es que no existe tal formula.
    Tradicionalmente, los cuerpos policiales dentro de su doctrina de
    planificación, cuentan con plantillas
    orientadoras que se refieren a la conformación en cantidad
    y calidad de sus Cuadros de Organización, de sus
    Mínimos Operacionales Necesarios, etc., para su despliegue
    operativo. Estos habrán servido en otras épocas y
    en el mejor de los casos, producto de identificar y considerar un
    determinado cuerpo de variables,
    pero que en la actualidad, el tema de la necesidad de
    funcionarios policiales o vehículos patrulleros como sus
    tácticas, estrategias y metodologías, forman parte
    del informe científico correspondiente al citado estudio
    de victimización y tendencias delictivas para un sistema
    de prevención como el tratado precedentemente y que toda
    institución, para no trabajar a ciegas, debe poseer
    referido al territorio al cual protege. El problema de estos
    estudios, es que a priori, suelen asustar a los gobiernos en los
    aspectos correspondientes a sus exigencias en materia policial
    que se traducen lógicamente en finanzas, no
    solamente para la puesta en marcha, sino para su mantenimiento,
    provocando, en la mayoría de los casos una suerte de
    abandono y desistimiento oficial, que deriva en el fracaso de la
    gestión. Pero en contrapartida, las
    ventajas que ofrece un sistema preventivo de un abordaje
    múltiple y simultáneo, es brindar la posibilidad
    que, cuanto más se invierta en políticas integrales,
    orientadas al desarrollo social para revertir las causas del
    delito, la inversión en recursos para la
    eliminación de oportunidades se hará
    considerablemente menor. Y estos presupuestos deben sopesar, pues
    justamente, de apoyarse en un esquema preventivo basado
    exclusivamente en la utilización de personal y recursos
    materiales; el tiempo comprobará su ineficacia para la
    neutralización del delito a la vez que imposible su
    continuidad; igualmente, si se elige un sistema preventivo,
    apoyado exclusivamente en el desarrollo social, se
    verificará que, mientras se llevan a cabo los estudios
    para identificar las causas, o ya identificadas para su
    reversión, la producción delictual será
    ilimitada e incontrolada.

    El análisis normativo vigente en materia
    policial, en el contexto de la legislación penal y
    procesal penal de cada país, es de suma importancia para
    determinar, si corresponde o no su modificación en todo o
    en parte. Asimismo, se hará lo propio con su estructura
    organizativa y funcional, tendiente a comprender sus niveles de
    responsabilidad, sus vías de comunicación, las cuestiones inherentes a
    la autoridad, administración y metodología
    empleada en lo interno y externo, a la vez que detectar anomias,
    situaciones anárquicas y enárquicas, producto del
    sobredimensionamiento y la repetición funcional como la
    reformulación y/o actualización de funciones y
    tareas, muchas de las cuales enmascaran detrás de la
    auxiliaridad profesional, una contraproducente delegación
    funcional. El organigrama
    policial será racional, reducido, integral con demanda de
    poco personal para tareas administrativas, con miras a retomar la
    senda de la operatividad continua, efectiva y eficaz,
    propiciándose también, la privatización de actividades referidas por
    ejemplo, a talleres mecánicos como de obras y
    mantenimiento en general, archivo,
    impresiones y encuadernación, limpieza y aún las
    comunicaciones, entre otras.

    Mucho se habla de la controversia entre:
    "garantismo-mano dura" que polariza la opinión de todos
    los sectores, en "garantistas y duros"; nuestra meta debe
    orientarse a comprender y practicar, que: "la única mano
    dura, es la que garantiza la Ley". El peso más pesado
    entonces, es el de la Ley; pero enmarcado no solamente en un
    fuerte y decidido enfrentamiento contra el delito, sino
    también contra sus causas motivadoras. En este mismo
    sentido, la Policía no es un organismo independiente a la
    cual se contrata para un servicio también independiente y
    que realiza a su antojo e incontroladamente; es el instrumento
    creado y sostenido por el Estado para la Defensa de su Comunidad,
    haciendo exclusivamente, todo aquello que la Ley determine que
    haga y no prohíba. Entonces, las atribuciones que la Ley
    le otorgue, serán por mandato y en defensa de la gente,
    comprendiéndose en ello, los mecanismos de
    anticorrupción y abuso de la función que la misma
    Ley fijare.

    A riesgo de ser
    reiterativos, quede bien en claro que el poder es de la Ley y no
    de la Policía, esta última cumple con aquello que
    la Ley le ordena que haga y pueda hacer, como todo aquello que la
    misma no le prohíba hacer. Así también,
    determinará perfectamente la manera de enfrentar al delito
    y a sus causas generadoras.

    De propiciarse una reforma en materia
    jurídico-policial, ésta contendrá en su
    espíritu, el de la comunidad que será
    convenientemente rescatado y en este aspecto, un mero acuerdo
    político-partidista no es del todo aconsejable. El tema
    policial, es tan suficientemente delicado e importante por su
    incidencia en la calidad de vida de los habitantes, que amerita
    sin duda promover un gran debate
    legislativo y aún llamar a la consulta popular vinculante;
    contemplándose además, las conclusiones de las
    encuestas,
    jornadas, seminarios y reuniones de expertos como consultas con
    todos los actores sociopolíticos per se o a través
    de sus organizaciones.
    Toda normativa, sentará las bases doctrinarias para una
    nueva cultura
    policial que se manifestará en su labor cotidiana y en
    virtud a una metodología orientada hacia la
    prevención del delito con promoción y respeto de los
    derechos humanos. Además, fijará una racional
    estructura organizativa y funcional absolutamente
    desburocratizada y con perfecta determinación de sus
    unidades y cargos, tanto en lo interno para los fines de la empresa como
    en lo externo, en su servicio de protección a la
    comunidad.

    En este último aspecto, entendemos y
    recomendamos, una organización policial que cumpla
    claramente con la división del trabajo, separando
    entonces, a ¨los que operan de los que piensan¨, es
    decir, entre los elementos cuya misión y funciones se
    orientan a llevar a cabo las tareas físicas y operativas,
    de aquellos cuya misión y funciones, sean las de staff o
    asesoramiento. De esta manera, no aportamos nada nuevo, pues
    estamos ratificando el tradicional Sistema de
    Organización, conocido como Mixto o Lineal de Estado Mayor
    (también conocida como de supervisión doble o múltiple), sin
    pretender con ello, retroceder en el tiempo u olvidarnos de la
    época en que vivimos con respecto a la moderna
    concepción de la empresa; pero es
    el que mejor responde a regímenes estatutarios y
    jerarquizados de carácter
    oficial como son los policiales en América Latina y El
    Caribe. Ahora bien, este sistema es el que tiene la
    mayoría (por no decir todos) de los cuerpos policiales,
    los cuales lamentablemente, no supieron ni pudieron explotarlo
    debidamente, a raíz de su acatamiento fiel al Modelo
    hegemónico, que lo convirtió en la cara opuesta y
    perversa de lo militar y de un militarismo perjudicial;
    impidiéndole así, desarrollarlo en su real magnitud
    y potencialidad, desplazando continuadamente o bien
    restándoles importancia, a las áreas de staff o
    planeamiento, so pretexto de fortalecer las operativas, en el
    marco de una realidad criminológica descontrolada y
    desbordante, que los superaba.

    Desde la óptica
    estrictamente técnica y organizacional, en toda estructura
    policial, deberá verificarse la existencia primero, y sus
    efectos después, de todos los elementos que hagan a una
    organización administrativa inequívocamente
    democrática. La cuantificación y
    cualificación de estos componentes, varía conforme
    con el criterio de análisis empleado, no obstante lo cual,
    podemos considerar que en la generalidad, deben estar presentes,
    el elemento activo de toda organización, representado por
    las personas y sus actos, el vínculo asociativo, la
    coordinación, el elemento finalista como así
    también, los aspectos relacionados al tipo de
    organización, a la horizontalidad y la división del
    trabajo, la verticalidad, responsabilidad, autoridad y
    jerarquía, la consultoría y la auxiliaridad, el control de
    gestión y la capacitación interna.

    En principio, debe reconocerse e identificarse, correcta
    y adecuadamente la condición de organización
    compleja de todo sistema policial que se pretenda instaurar y/o
    reformar. Seguidamente y como ya expresáramos, el punto de
    partida esencial y principal, son las personas que integran
    la
    organización policial, y preponderantemente los actos
    que éstos realizan dentro, y para la misma.

    Contendrá además, un potenciado
    vínculo asociativo, producto de la previsión de
    mecanismos para las relaciones internas y ejecutados conforme a
    una coordinación racional y sistemática.

    Hablar del elemento finalista, sobre la base de lo dicho
    precedentemente, quiere decir que las acciones llevadas a cabo en
    la organización por el personal policial, están
    dirigidas a la realización del propósito
    fundamental de la misma, que en nuestro caso, es la Seguridad
    Pública de los habitantes.

    Las cuestiones de horizontalidad y distribución del trabajo, deben encontrarse
    igualmente previstas, mediante la existencia de espacios
    institucionales propicios para la especialización policial
    como la existencia de una escala
    jerárquica, y la necesaria subordinación de quienes
    son los ejecutores del trabajo propiamente dicho para con
    aquellos que constituyen el centro de coordinación o
    vértice piramidal de la conducción; o dicho de otra
    manera, entre los que operan de los que piensan. Debe verificarse
    también, la debida aplicación de principios de
    unicidad y uniformidad, característicos en toda
    organización, sobre todo en las policiales, en el marco de
    la correcta división del trabajo, evitándose
    así, la sobrestructuración y clonación funcional.

    En cuanto a la verticalidad como las cuestiones
    inherentes a la responsabilidad, autoridad y jerarquía,
    igualmente estarán comprendidas, al reconocerse
    inequívocamente, un tipo de organización que
    concilie la jerarquía de mando con la supervisión doble y múltiple, o
    dicho de otra forma, de línea y staff, compatible y
    aconsejada en virtud de la condición de compleja y formal
    que tienen los sistemas policiales en general, permitiendo
    cumplirse simultáneamente, con los aspectos relacionados a
    la disciplina y
    la autoridad pero con asesoramiento y supervisión, desde y
    entre los diferentes niveles, y a través de canales
    técnicos. En este mismo contexto, estará bien
    determinado, el orden de prelación de los elementos que
    componen la estructura del sistema policial, lo cual,
    además de especificar los diferentes niveles de
    responsabilidad de la conducción, cumple con la
    verticalidad de la línea de la orden, en sentido
    descendente de arriba hacia abajo y por ende, la consecuente
    respuesta inversa, de abajo hacia arriba. Además, en cada
    unidad orgánica determinada en todo anteproyecto, se
    especificará su rango y misión, cumpliéndose
    de esta manera con la doctrina tradicional del derecho y la
    organización, en cuanto a la anterioridad del cargo al
    funcionario que ha de ocuparlo y de todo aquello que la Ley
    pretende que éste último, ejecute en su nombre.
    Esto hace a la autoridad formal necesaria dentro de la
    organización, para disponer el cumplimiento de todas las
    acciones tendientes al logro de los fines policiales, y que se
    complementará con la legislación vigente en materia
    de personal.

    Con relación a la función consultiva y
    auxiliar, representada a través de los organismos de
    staff, esto se cumplirá plenamente a la luz del tipo de
    organización elegido. Efectivamente, dentro de la
    estructura policial, quedarán establecidas
    convenientemente dos áreas ocupadas respectivamente por la
    consultoría y la auxiliaridad. En la
    primera, se contemplan fundamentalmente, dos unidades
    tradicionales para el asesoramiento de la conducción, y
    con sus funciones bien delimitadas para la operatoria policial
    como son, la jurídica y la técnica. En la segunda,
    la auxiliaridad estará reconocida mediante la
    determinación de unidades orgánicas
    características para el cumplimiento de funciones como las
    de Personal, Logística, Comunicaciones, Informática, Administración, Sanidad, etc, que
    serán agrupadas convenientemente. Sin perjuicio de ello,
    la génesis y espíritu de la norma legal que
    formalice la estructura policial, obligará también
    a todos los diferentes elementos especializados que integran la
    organización del sistema policial, a aportar su cuota de
    asesoramiento y auxiliaridad.

    Un tema medular, es el control de gestión
    interno que necesariamente debe existir en todas las estructuras
    organizativas y funcionales democráticas, con su base
    filosófica orientada a ese propósito y contando con
    los mecanismos de sustento para la prevención, mediante la
    detección, identificación y neutralización,
    a través de actos ejecutivos, de cualquier
    situación de carácter organizacional y/o
    jurídica que condicione o posibilite el fracaso de la
    labor operativa policial. En este sentido, todo anteproyecto
    ofrecerá el espacio institucional interno, adecuado para
    cumplir con este ineludible requisito de toda buena
    administración, sin perjuicio de otros sistemas estatales
    provinciales, previstos para el acceso externo y fluido, hacia la
    organización policial, con propósitos
    similares.

    De corolario, todo futuro sistema policial, dentro de
    uno mayor que es el de la Seguridad Ciudadana, cumplirá
    con las exigencias y formalidades técnicas, inherentes a
    una organización administrativa democrática,
    permitiendo una correcta operatoria en un Estado de Derecho,
    tanto en lo interno, externo, discrecional, como del control de
    gestión.

    No falta quienes, por interés,
    utilitarismo, desconocimiento o convicción, confunden al
    sistema de organización policial mixto como perteneciente
    a un militarismo perjudicial, lo cual es incorrecto, pues si bien
    se reconocen aspectos tradicionales de clara doctrina militar, de
    ninguna manera debe tildárselo de inadecuado o
    antidemocrático, y si está aplicado a pleno, se
    concilian perfectamente todos los aspectos relacionados con el
    ejercicio libre de la profesión policial en materia de
    protección ciudadana, a la vez que aportando conocimientos
    especializados, originalidad y creatividad
    para el asesoramiento de los diferentes elementos con tareas
    operativas, sobre la mejor manera de llevarlas a cabo y en un
    ámbito donde debe existir necesariamente, la unidad de
    mando, la autoridad, la disciplina y la estabilidad. Estamos
    convencidos que coadyuvará a la generación de una
    democrática cultura policial sustentable, y con esto
    lamentamos muchísimo alarmar a quienes
    inequívocamente confunden autoridad y disciplina, con
    autoritarismo o militarismo perjudicial; únicamente
    pretendemos que aprendan sobre instituciones policiales. Si
    durante mucho tiempo, gracias al Modelo Policial imperante,
    autoridad más obediencia haya sido igual a delito e
    impunidad, gracias a los intereses inconfesables de unos pocos,
    felizmente muy pocos; no podemos ni debemos permitirlo más
    y decir basta. Las instituciones como dijimos, no son las
    corruptas sino los hombres; obediencia más autoridad, a
    los fines del trabajo policial, no son malas palabras sino
    condiciones de ética
    profesional que conllevan a la protección de la vida
    de las personas. En este mismo contexto, desde un punto de vista
    académico y teórico, el sistema de
    organización mixto, por sí solo, no implica un
    perverso militarismo; a esta ideología, lo llevaron
    aquellos funcionarios, partidarios del Modelo Hegemónico,
    que por otra parte, les resultaba altamente beneficioso en lo
    personal. De igual forma, tampoco lo estrictamente militar
    implica militarismo perjudicial o totalitarismo, sino que son los
    hombres que la dirigen, que promueven prácticas
    antidemocráticas; aunque no obstante ello, sea incorrecto
    y nada ideal su aplicación en las agencias policiales,
    pues lo militar es de génesis diferente a lo
    policial.

    Podemos avanzar un poco más, considerando que
    toda agencia policial, debajo de su nivel más alto de
    conducción (Jefe policial de carrera), necesariamente
    conformará su Plana Mayor, en función de
    mínimos organismos superiores para atender integralmente
    las áreas de: Prevención del Delito y
    Protección Ciudadana, Planificación, Control de
    Gestión y Opinión
    Pública. La primera, dedicada a lo explicitado en su
    misma denominación y es la que desarrollará el
    trabajo operativo proyectado para la tutela de la comunidad. La
    segunda, fijará la más amplia doctrina
    institucional en función de las políticas de
    seguridad formuladas por la autoridad de gobierno. La tercera,
    dedicada a detectar, corregir y/o neutralizar situaciones
    psicosociales conflictivas y/o delictivas dentro de la
    organización, y la cuarta, con incumbencias en las
    relaciones con la comunidad en el concepto más amplio
    posible, desde la publicidad de los
    actos institucionales para conocimiento
    de la población, hasta responder concretamente a la
    necesidad que ésta, participe e interactúe en la
    formulación de propuestas públicas para su propia
    seguridad. Algunos ordenamientos jurídicos, determinan
    funciones judiciales a la Policía, en consecuencia, nada
    impide que sean intercalados los estamentos necesarios para el
    cometido. Por otra parte, este esquema general, debe
    desarrollarse convenientemente, estableciéndose los
    mecanismos de comunicación y coordinación para
    responder al sistema de prevención elegido.

    Otro eje fundamental en todo proceso de reforma, lo
    constituye la determinación de una Carrera Policial que
    haga posible y sea el soporte académico-profesional de esa
    transformación cultural.

    En cuanto a su ubicación en el espectro
    gubernamental, entendemos que debe poseer la vinculación
    más directa posible con el poder político, evitando
    innecesarias intermediaciones y con ello, no aportamos nada nuevo
    al reconocer que toda agencia policial por su devenir,
    características, amplitud y calidad de su misión,
    debe conformar un organismo con rango de Secretaría de
    Estado.

    Los funcionarios designados para la conducción de
    una nueva Policía, serán funcionarios de carrera,
    exhaustivamente seleccionados, exigiéndoles la idoneidad y
    el
    conocimiento suficientes para ocupar sus cargos en cuanto a
    la función y tareas a desarrollar; lo cual quiere decir
    que además de la autoridad formal, posean autoridad
    técnica o moral, evitando lamentables improvisaciones a
    expensas de los contribuyentes, quienes tendrían que
    subvencionar a funcionarios con notable desconocimiento sobre
    como brindarles seguridad y protección, o que
    éstos, pretendan aprender o llevar a cabo un postgrado
    académico desde tales cargos, para todo caso no es posible
    permitir que se ¨aprenda sobre la marcha¨. En este mismo
    contexto, la estructura determinará el mecanismo de
    relación con los funcionarios policiales en
    situación de retiro, a los fines de mantenerlos informados
    sobre el devenir institucional, como si es voluntad de
    éstos, y salvo que expresamente no estuviera normado en
    los respectivos regímenes locales de personal, se
    constituyan de manera individual o grupal, en fuentes
    permanentes de asesoramiento integral.

    La Inteligencia Policial, está convocada a
    desarrollar un papel de
    significativa importancia en la determinación de la
    realidad criminológica del ámbito de
    responsabilidad territorial donde se ejerza la misión
    policial. Debe trabajar también, en la
    investigación criminal mediante la reunión y
    análisis de toda la información correspondiente, a las
    sucesivas etapas del ¨iter criminis¨, preponderando las
    predelictuales, y consecuentemente la postdelictual. Así
    también conocer al oponente, determinar su modo de operar
    para adelantarse a sus acciones y neutralizarlo. Su
    producción laboral,
    tendrá incidencia directa en el despliegue operativo y
    metodológico policial con el propósito de lograr
    una saturación de verdaderos y potenciales objetivos para
    la delincuencia, accionando para evitar su proliferación,
    adelantándose a la comisión del delito y/o
    neutralizar su producción.

    Pero la falta de ésta, conlleva, en el mejor de
    los casos, a un trabajo improvisado y a ciegas, realizando una
    saturación indiscriminada y desesperada de objetivos, que
    torna insostenible todo esquema de prevención por lo
    costoso y desgastador; y además, sin incidencia en la
    disminución del accionar de la delincuencia la cual, en
    contraposición, aumenta.

    En suma, la Inteligencia Policial conciliará la
    teoría
    repetitiva del delito, conformando un mapa criminal que
    ubicará en tiempo y espacio al delito como su
    desplazamiento histórico con la teoría
    del raciocinio delictual, considerando entonces la posibilidad de
    la planificación criminal por parte del sujeto que aporta
    con ello una situación imponderable.

    La cuestión financiera es de suma importancia.
    Todo sistema policial en el marco del más amplio sistema
    integrado de seguridad, es caro y no admite regateos. Así
    como en un hospital, resulta inadmisible la falta de un
    médico o un medidor de presión
    para la atención de la salud de la población; una
    dependencia policial jamás puede carecer de personal,
    patrulleros o insumos para la protección comunitaria. Un
    despliegue policial requiere de funcionarios policiales a los que
    hay que pagar y bien, como de sistemas logísticos que
    comprendan recursos materiales suficientes para evitar toda
    posibilidad de improvisación o corrupción. Por
    ello, la asignación como la distribución de estas finanzas, requiere de
    un alto grado de profesionalidad y responsabilidad (por ello, los
    elementos de staff en su organización) como del control de
    gestión.

    IV.
    Corolario.

    El propósito fundamental de toda
    Institución Policial en cualquier región del mundo,
    sin perjuicio de la legislación vigente de cada
    país, es la Aplicación de la Ley.

    Esta importantísima frase que sintetiza la
    expresión más pura de la juridicidad, mediante la
    realización de deseos, esperanzas y expectativas de cada
    Sociedad a través de su Contrato Social,
    debería ser concluyente y determinante, sin ser necesario
    mayor abundamiento o explicación.

    Empero, la historia nos demuestra, en
    la generalidad y muy especialmente en la particularidad de
    nuestro país, que las fuerzas policiales se han visto
    envueltas en situaciones altamente comprometidas con una franca
    violación a los derechos humanos de la propia comunidad a
    la cual pertenecen y sirven, sembrando una dudosa
    constitucionalidad en su cotidiano quehacer laboral y poniendo en
    tela de juicio su profesionalidad a la vez que provocar un alto
    cuestionamiento y reproche político y social.

    Independientemente y más allá de una
    evaluación mucho mas profunda sobre el
    comportamiento
    de la Institución Policial en su Comunidad, en el marco
    del ordenamiento jurídico local, sus integrantes tienen
    una tradición y cultura de "Cumplimiento de la Orden". Esa
    Orden, escrita o verbal, la emana un Superior quien ejerce una
    influencia inmediata y paradigmática, mucho más
    fuerte y coercitiva que la letra misma de la Ley.

    Es importante entonces que la Orden Policial sea a su
    vez la expresión más pura de la Ley. Y que esta
    Ley, sea la mejor posible.

    Entonces, debemos formar personas para una cultura
    democrática pues así tendremos policías con
    cultura democrática a quienes se capacitará en lo
    específico de la misión a cumplir para que sus
    órdenes guarden el espíritu de la Ley a la vez que
    interpretar rápidamente aquellas que guardan rasgos
    ilegales como también ilegítimos.

    Pero esta formación debe corresponderse
    también con la situación que se plantea en los
    regímenes policiales; por un lado la no
    deliberación, es decir no deliberar en cuanto al apego,
    respeto y cumplimiento de la Ley, pero por el otro, mostrar
    nuestra condición de profesionales que nos obliga a
    repasar su letra y verificar en el plano institucional la
    posibilidad de que su aplicación, pueda implicar
    injusticias o consecuencias graves que escapan a su marco
    tutelar.

    La Policía entonces está obligada a
    responder ante estas situaciones por los canales establecidos
    porque de esta manera responderá a su compromiso con el
    orden democrático. Vale aclarar que no es nuestra
    misión proponer leyes, eso es
    inequívoco de la Legislatura quien detenta el "poder de
    policía" pero sí, su repaso y alertar sobre
    consecuencias injustas que su aplicación pueda
    ocasionar.

    Vean como la selección de personas para ser
    Policías como su capacitación y formación
    para la función y el seguimiento personal, revisten
    carácter de excelencia. Por que cada policía
    formado y egresado de los correspondientes institutos, es quien
    deberá discernir en el aquí y ahora de una calle
    cualesquiera de nuestra Patria, virtud a mérito,
    oportunidad y conveniencia y con la autoridad que emana de la Ley
    qué conducta adoptar
    frente a determinada situación en la que esté
    involucrado un cohabitante, incluyendo la factibilidad de
    regular sus derechos constitucionales.

    Es por ello que tratándose de Agencias Policiales
    no sería inadecuado hablar de Aplicación de la
    Ley para los Derechos Humanos
    con lo cual
    sentenciaríamos que ninguna Policía como alguno de
    sus integrantes, pretenda ubicarse por encima o más
    allá de la Ley.

    La Institución Policial o alguno de sus
    integrantes que sustente una cultura que importe Aplicar la Ley a
    expensas de la comisión de algunos delitos, en realidad
    además de no estar aplicándola, la está
    violando mediante la adopción
    de conductas ilícitas o mafiosas.

    Dicho esto, debemos reconocer a la Institución
    Policial como la Defensora Oficial de los Derechos Humanos de los
    habitantes de su Comunidad y consecuentemente llevar a cabo todas
    las acciones orientadas a la generación de una nueva
    cultura donde Aplicar la Ley por parte de la Policía sea
    ni más ni menos la respuesta a una estrategia y
    tácticas de respecto a los Derechos Humanos. Si no fuera
    así, tendríamos cualquier cuerpo, formación
    o banda, pero nunca una Policía.

    Para ello y como dijimos, es imprescindible generar una
    nueva cultura policial, es decir un cambio filosófico que
    se traduzca en mentalidad y metodología diferentes, donde
    el habitante se sienta protegido como regla general y no como
    suceso extraordinario.

    Pero además, Aplicar la Ley en el marco de
    respeto y protección de los Derechos Humanos, es
    también velar por las condiciones de seguridad e higiene en el
    trabajo donde cada funcionario policial se sienta plenamente
    protegido por el Estado en su condición de tal.

    Esto significa entonces, el inexcusable compromiso
    estatal de sustentar en adelante una conducta policial
    de transparente constitucionalidad y de protección laboral
    de sus trabajadores.

    Referencia
    Bibliográfica.

    Cheves, Raúl Marcelo; "Policía en naciones Unidas
    II", Segunda Edición Actualizada (2000)

    Raúl Marcelo Cheves

    www.way.com.ar/rmcheves

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