- ¿De qué viven las
Escuelas de Gobierno? - Caso Mexicano
- Subsidio directo a la
oferta - Músico pagado toca mal
son - Subsidio contra
Autonomía - Propuestas
Poca importancia se le ha dado al estudio
de los efectos que genera el esquema de financiamiento
de las instituciones
educativas. Por esquema de financiamiento
me refiero al mecanismo para obtener ingresos que
permiten solventar sus gastos. Por
ejemplo, en los casos de un obrero y de un empresario, los
ingresos
provienen del cliente que
compra servicios o
productos.
Ambos casos se ubican en un sistema de
riesgo, ya que
si no dan un servicio o un
producto del
gusto del cliente,
perderán los ingresos. Este sistema obliga al
obrero y al empresario a actuar de la mejor manera posible para
recibir el favor del cliente.
¿De qué
Viven las Escuelas de Gobierno?
Pero en las escuelas de gobierno el
sistema de financiamiento es muy diferente. La escuela recibe
recursos
directamente del gobierno. El personal recibe
su cheque de la
Federación. Este es un esquema de financiamiento
denominado de "riesgo cero", ya
que no importa si el cliente (los alumnos) queda satisfecho o
insatisfecho pues no hay riesgo de que la institución o la
burocracia que
la dirige, pierdan ingresos ya que los alumnos no tienen
influencia en ellos, pues no pagan nada ya que disfrutan de un
sistema de "educación gratuita".
De cualquier manera los cheques
llegarán seguros y
puntuales y todos los trabajadores cobrarán su quincena.
Los profesores tienen garantizado el sueldo con plazas sindicales
vitalicias y los directivos, además de sus sueldos,
dispondrán de los recursos
adicionales que envía el Estado; la
escuela
seguirá funcionando sin mayor
preocupación.
¿Es Importante Saber de dónde Viene
el
Dinero?
Saber de qué vive una persona o una
institución es de vital importancia. Hay países que
viven del petróleo
que extraen y con el producto de la
venta del
petróleo el gobierno construye escuelas
"gratuitas", hospitales "gratuitos", casas "gratuitas" y "regala"
despensas para que toda la gente no sufra de hambre. Crean
así una economía ficticia
basada en el subsidio. Esos países fracasarán tarde
o temprano y sufrirán hambres cuando se agoten sus pozos,
porque no usaron el
petróleo de manera constructiva y productiva para
desarrollar una economía sustentada
en el esfuerzo y talento personal de sus
ciudadanos. Transforman así la riqueza en desgracia de
todo un pueblo. ¿Acaso no tenían
alternativa?
Podemos decir que los esquemas de financiamiento poseen
más importancia de la que solemos otorgarles.
El sector educativo mexicano está conformado por
escuelas preescolares, primarias, secundarias, preparatorias,
bachilleratos, vocacionales, normales, escuelas de artes y
oficios, universidades, tecnológicos, y asociaciones
civiles y estatales dedicadas a la educación e
investigación. Hay escuelas de gobierno, de
la Iglesia y
privadas.
El 80 por ciento de las escuelas son de tenencia
gubernamental, el 15 por ciento están bajo administración de la Iglesia (y por
lo tanto del Estado) y solo
5 por ciento son de propiedad
privada. Empero, en el aspecto académico, todas las
escuelas tienen, por ley, que estar
bajo el control,
autorización y supervisión del Estado.
¿Cómo sobreviven estas escuelas? Las
escuelas de gobierno sobreviven por el subsidio que les otorga el
gobierno. Los recursos para subsidiar al sector educativo
gubernamental provienen básicamente de cuatro fuentes:
Impuestos,
petróleo, empréstitos y señoreaje derecho
del soberano para imprimir dinero.
Sea por petición de la gente, por una promesa de
campaña o porque los diseñadores de las políticas
educativas del estado así lo consideran, el gobierno
decide construir una escuela en determinado lugar. Para ello
cuenta con las facultades constitucionales de expropiar terrenos,
comprarlos o rentar algún lugar. Para la
edificación de escuelas el Estado
posee sus propias constructoras que estudian el terreno,
diseñan el plan
arquitectónico y entregan finalmente un edificio que
será administrado por la Secretaría de Educación
Pública (SEP).
La SEP nombra a un funcionario quien fungirá como
director del plantel. Para llenarlo con personal docente,
solicita al Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)
que le envíe profesores. El sindicato
también se encarga de enviar secretarias, vigilantes,
prefectos, barrenderos, etc. Ya con todo el personal se abren las
puertas para aceptar a los alumnos.
El aspecto digno de resaltarse aquí es que la
escuela de gobierno se verá sometida a un esquema
financiero que consiste en que el personal quedará
integrado a la nómina
del gobierno, se les considera trabajadores del estado y
recibirán los beneficios que otorga el gobierno a todos
sus trabajadores. No sólo serán parte de la
burocracia
gubernamental sino que pertenecerán al sindicato
más grande de América
Latina (más de un millón de miembros). Todo
este esquema se establece con la finalidad de que los padres de
familia no
paguen de manera directa por la educación de sus hijos. En
realidad sí lo hacen, pero vía impuestos, con la
parte de petróleo que les corresponde, con deuda o con
emisión de billetes. A todo este esquema le podemos llamar
sistema de subsidio directo a la oferta.
Las escuelas bajo administración de la Iglesia son, en
general, escuelas construidas por alguna orden religiosa apoyada
por donaciones diversas. Sus locales, según la ley, no pueden
ser propiedad de
la Iglesia ya que ésta no puede ser propietaria de
bienes
inmuebles. Por tanto, pasan a ser Propiedad Federal. Sin embargo,
la Iglesia cuenta con ciertas prerrogativas. Por ejemplo, las
órdenes religiosas tienen la capacidad de nombrar
directores de las escuelas, contratar profesores, determinar sus
sueldos y
salarios, decidir, con mayor autonomía, su propio
crecimiento, etc. Por lo general estas escuelas solventan sus
gastos de las
cuotas que se cobran a los alumnos y de donaciones de gente
altruista.
Las escuelas privadas laicas tienen por dueño a
alguien que arriesgó su capital para
comprar el terreno y edificar, o rentar el inmueble. Estos
particulares tienen el derecho de contratar a sus profesores,
decidir el nivel de sus sueldos, y cuentan con cierta libertad para
decidir el monto de las colegiaturas. No reciben subsidio de
gobierno, pero tienen que obtener el permiso del Estado para
funcionar y sus planes y programas, deben
ser los que le otorgue el mismo, y deben aceptar la supervisión continua de la SEP.
Así, en esencia, hay dos modelos
básicos: el de las escuelas que viven de impuestos y el de
las escuelas que viven de las cuotas que pagan los clientes.
¿Existe alguna diferencia significativa entre
ambos?
Podría pensarse que este aforismo sólo
vale para los mariachis, pero no es así. Si usted contrata
a alguien para que pinte su casa, seguramente le pagará
hasta que termine su trabajo. ¿Qué pasaría
si paga todo por adelantado? El pintor, con el dinero ya
en el bolsillo, se comportará de manera diferente que si
no le ha pagado. Pagar por adelantado implica reducir a cero el
riesgo de que el pintor no gane. Pagar hasta que termina hace que
el pintor sienta que si no hace bien su trabajo puede ser que no
le paguen. La clave de estos distintos comportamientos se
encuentra en la generación de sistemas de
riesgo cero o de riesgo al 100 por ciento.
Cuando una persona penetra
en un sistema de riesgo cero, desempeña el papel de un
burócrata cuyo ingreso es seguro. Pero si
la persona está inmersa en un ambiente de
riesgo al 100 por ciento estará fungiendo como
empresario.
Si una entidad vive de subsidios del gobierno carece,
naturalmente, del riesgo de perder ingresos, pues ya están
otorgados. Esta es la gran diferencia que tienen con
relación a una empresa
privada cuyos ingresos dependen de la satisfacción del
cliente.
La crisis
educativa de las escuelas de gobierno se debe sobre todo al
sistema de subsidio directo. Este transforma a todo el personal
educativo en burócratas del Estado, que no necesitan
preocuparse por mejorar el servicio
educativo; recibirán su salario
simplemente con desarrollar los planes y programas del
gobierno. Esta situación inhibe la creatividad,
la innovación y el mejoramiento de la
educación ya que se genera un ambiente
carente de la necesidad de competir con las demás
escuelas.
Por otro lado, el que los profesores reciban su salario del
gobierno también genera conductas inconvenientes hacia los
alumnos y padres de familia. Poco
pueden hacer los padres de familia ante un profesor
irresponsable. Si se quejan con el director y éste
pretende llamarle la atención al maestro es posible que tenga
que enfrentarse con el sindicato que siempre se pone del lado del
profesor. Además el director será mal visto por el
resto de los profesores así que opta por no mover el agua. Lo
mismo ocurre con un mal director de escuela: los padres de
familia tienen poco poder para
despedirlo, y si acaso ocurre, es posible que sólo se le
cambie de escuela; las autoridades enviarán entonces otro
que quizá termina siendo peor que el anterior.
Ni los alumnos, ni los padres de familia, ni los
profesores pueden ejercer influencia alguna para corregir
conductas inadecuadas del personal, del director, del sindicato o
de mafias que se forman en el interior del plantel. Si un
grupo de
profesores decide cerrar la escuela en protesta por cualquier
motivo, los padres de familia se ven impotentes y con
resignación tienen que esperarse hasta que los profesores
decidan volver a trabajar.
Los profesores carecen de la posibilidad de introducir
cambios a los planes y programas pues todo se debe de hacer de
acuerdo al plan oficial.
Más aún, si algún profesor tiene buenos
motivos para promover cambios, es posible que en castigo se le
congele con su bajo salario durante muchos
años.
No es un secreto que el mecanismo para que el gobierno
tenga control casi
absoluto sobre las escuelas se ejerce a través del
presupuesto
gubernamental. Las mismas autoridades educativas se han percatado
del daño que provoca un sistema educativo tan centralizado
y de allí ha surgido la idea de dejar en manos de las
entidades estatales la responsabilidad de la educación. Sin
embargo, aunque la intención parte de una
preocupación legítima, no tiene consecuencias muy
profundas debido a que el gran monopolio se
transforma en 32 monopolios más pequeños, pero
monopolios al fin. Además, el hecho de que los recursos
siguen saliendo del gobierno central se incurre nuevamente en un
inevitable centralismo
vía subsidio, "el que paga manda".
Se requiere una estructura
educativa fundada en un esquema financiero sano que permita a
cada escuela ejercer una auténtica autonomía para
innovar, mejorar y desarrollar mejores planes y
programas.
El nuevo esquema de financiamiento que propongo consiste
en cambiar los flujos financieros de manera que en lugar de que
las escuelas vivan del subsidio gubernamental, vivan de las
cuotas y colegiaturas que paguen los alumnos y padres de
familia.
Para ser más preciso, quiere decir que ninguna
escuela gubernamental debe recibir fondos públicos
directos. El gobierno, en lugar de dirigir los subsidios a las
escuelas, lo hará hacia los alumnos. Por ejemplo, a
través de alguna institución bancaria el alumno
recibe un bono intransferible para que lo coloque en la escuela
primaria que libremente haya elegido.
Con esta propuesta no se está eliminado el
sistema de educación gratuita ya que el alumno, a pesar de
que paga en la escuela de su preferencia, en realidad no le
cuesta, pues está recibiendo el bono del gobierno.
Aquí lo importante es que la escuela empieza a tratar al
alumno como un cliente importante al cual debe dar un buen
servicio educativo pues de otra manera el cliente se va a otra
escuela y con ello la primera pierde recursos.
Esta propuesta lleva toda la intención de
transformar en juez al alumno y al padre de familia, de manera
que pueden castigar o premiar a la institución educativa
que hace mal o bien su trabajo. Con este sistema, en realidad se
está creando un sistema de riesgo donde la escuela sabe
que para vivir bien tiene que hacer mejor su trabajo. En otras
palabras, se introduce un sistema de sana competencia.
Todas las escuelas estarían interesadas en recibir y
retener a la mayor cantidad de alumnos y para ello
intentarán ser mejores que las demás. De esta sana
competencia los
clientes, es
decir, los alumnos, serían los más beneficiados.
Por supuesto, este no es más que el primer paso para
lograr una revolución
educativa en la educación básica.
En el pasado, cuando se logró romper el monopolio
educativo de la Iglesia se logró una gran
revolución educativa. Infortunadamente pasamos del
monopolio religioso al estatal de la educación. Hoy se
hace necesario romper este monopolio para dejar la
educación en manos de la sociedad, de
todos aquellos que deseen aportar el mejor de sus esfuerzos y
talentos para construir un buen sistema educativo
mexicano.
Para ello se requieren las siguientes reformas
financieras.
a) Si se ha de mantener el sistema de "educación
gratuita", que no sea subsidiando a la burocracia sino al
alumno.
b) Se debe crear un fondo para financiar a todos
aquellos que deseen fundar escuelas privadas de todo nivel. Es
necesario preocuparse por el desarrollo del
sector privado para incrementar el nivel de competencia entre
estas escuelas y con ello el mejoramiento de la calidad
así como el establecimiento de cuotas y colegiaturas
más accesibles a la población. Además, con la
creación de este fondo, en realidad se estaría
destinando más recursos a la educación pero sin
gastar un sólo centavo, ya que con el tiempo se
cobraría el dinero con su
correspondiente interés.
c) Es necesario crear un fondo para financiar mediante
créditos a los alumnos para que compren sus
libros,
computadoras o
lo que necesiten. Que el alumno pueda disponer de recursos
financieros de manera inmediata y que el pago lo pueda hacer
cuando termine su carrera y con plazos adecuados.
El buen manejo del dinero federal puede ser un factor
detonante y constructivo de una gran revolución educativa
en México.
Bajo mejores esquemas de financiamiento los dineros pueden
transformarse en una gran palanca para lograr un sistema
educativo de calidad, a la
altura de los retos que nos impone el mundo moderno. Las cartas
están sobre la mesa: continuar con un sistema educativo
burocrático de monopolio gubernamental o construir un
sistema educativo justo, dinámico y competitivo en manos
de la sociedad.
Por
Santos Mercado-Reyes