Sistema Político
Mexicano
1. Plan
nacional de desarrollo
2. Lucha contra la
corrupción.
3. Politica exterior.
4. Tratados de libres
comercio.
5. TLC Con México Mas Ilusiones Que
Realidades
6.
Globalización y regionalización
7. La integración de México
al mercado mundial
8. El sector agropecuario
mexicano y el Tratado de Libre Comercio
9. Sexenio Ernesto Zedillo Ponce de
León
1. Plan nacional de
desarrollo
Este plan fue publicado en mayo de 1989, en el cual se
establecía, el principio que el estado
mexicano debía modernizarse para garantizar el estado de
derecho, armonizar los intereses de todos los intereses de
todos los grupos
sociales y promover las condiciones de crecimiento que
permitan un avance significativo en el bienestar de todos los
mexicanos y con ello fortalecer la soberanía y colocar a México
entre las vanguardias de las naciones.
Este plan se dividía en cuatros puntos:
A)soberanía seguridad y
promoción de los intereses de México
en el exterior.
b)ampliación de la vida democrática.
c)recuperación económica con estabilidad de
precios
d)mejoramiento productivo del nivel de vida
Objetivos generales de este plan
- Diversificar las relaciones políticas y economizas de México,
con objeto de crear condiciones mas equilibradas en las
relaciones con el exterior - Negociaron firmeza y responsabilidad la deuda
externa - Pugnar por que se respeten las reglas de un comercio
exterior amplio y justo - Combatir de manera decisiva el narcotráfico
- Preservar el estado de
derecho y la seguridad nacional - Perfeccionar los procesos
electorales y ampliar la participación política - Impulsar la concertación con las organizaciones
sociales en la conducción del desarrollo
una política de ingresos
públicos capaz de permitir el financiamiento
equilibrado de las actividades del sector publico
Una política de gasto publico orientada a determinar el
nivel de los gastos, de
acuerdo con la disponibilidad de financiamiento no
inflacionario
Una política de concertación tendente a mantener
certidumbre en la evolución de precios,
mediante compromisos de los diferentes sectores
Una política de ingresos públicos capaz de permitir
el financiamiento equilibrado de las actividades del sector
publico
Una política recambiaría que apoye la estabilidad
de precios, para evitar en lo posible ajuste cambiarios abruptos,
con base en un comportamiento
favorable de la economía,
principalmente de la balanza de pagos
Estos son los objetivos
primordiales de este plan y los de mayor importancia y mas
transcurrentes en este sexenio
El gobierno de
Carlos salinas de Gortari planteo, como parte de la visión
modernizadora, la necesidad de hacer trasparentes las relaciones
del estado con la iglesia
católica, con base en la idea de que la sociedad
demandaba la anulación de preceptos constitucionales que
ya no tenían razón de ser, por que generalmente
eran ignorados en la practica.
En consecuencia el ejecutivo federal envío al congreso la
iniciativa de reformar los artículos 3º,5º,24,27
y 130 de la constitución, la cual fue aprobada y
convertida en ley de
asociaciones religiosas y cultos públicos.
En el sexenio de Carlos salinas de Gortari se reformo el articulo
27 y de manera especifica esta reforma buscaba
alcanzar:
- Establecer flujos de capital
hacia la producción agropecuaria e impulsar una
organización eficiente para la
producción - Impulsar la inversión publica en infraestructura y
desarrollo
científico y tecnológico - impulsar en beneficio del productor y el consumidor,
la creación de sistemas de
comercialización Mas modernos - Poner al alcance de los productores insumos
competitivos y de alta calidad,
necesarios para la agricultura
moderna - Procurar el bienestar rural otra vez del programa
nacional de solidaridad
para mejorar el nivel de salud y
educación
- En junio de 1990 fue creada, por decreto la
comisión nacional de los derechos
humanos, respaldada en 1992 por la reforma ala ley federal
delos servidores
públicos, para obligar a funcionarios federales y
estatales a rendir informes que
dicha comisión les solicite, con exclusión de las
materias electorales, laboral y
jurisdiccional.
También se modificaron otras leyes con el fin
de mejorar la protección de los derechos humanos, entre
ellas la relativa a los derechos de las comunidades
indígenas , la de código
penal.
Respectos alas comunidades indígenas, fue
modificado el articulo 4o constitucional, al que se
añadió un primer párrafo
en donde se reconoce en que la composición pluricultural
esta basada en sus pueblos indígenas y que por lo tanto la
ley deberá proteger y promover sus lenguas, culturas ,
usos, costumbres, recursos y formas
especificas de organización social, además de
garantizarles el acceso efectivo ala jurisdicción del
estado.
La reforma electoral persistió hasta el ultimo
año del sexenio. En 1992 se acordó la
expedición de una nueva credencial con fotografía
para votar, en su cuarto informe de
gobierno el presidente salinas anuncio una nueva reforma para el
siguiente año, esta reforma especificaba órganos
específicos para el D.F y el nombramiento de un jefe para
este distrito.
Reforma al articulo 82 constitucional. A raíz de una
campaña encabezada por el panista Vicente fox Quesada
– hijo de padre Mexicano y madre Española que
aspiraba a ser candidato de su partido para la presidencia se
discutió en la cámara de diputado una propuesta de
reforma articulo 82 constitucional, en su fracción 1 en
relación con la posibilidad de eliminar el requisito de
ser hijo de padres mexicanos por nacimiento para aspirar ala
presidencia de la republica. En septiembre de 1993 se inicio el
procedimiento
de reforma y, tras acalorados debates ante las fracciones
partidistas en el congreso, la fracción 1del mencionado
artículo quedó como siguiente:
Ser ciudadano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo
de padre y madre mexicanos y haber residió en el
país al menos durante veinte años.
Entro en vigor el 31 de dic, 1991.
2. Lucha contra la corrupción.
En la cual se inscribo el sorpresivo golpe a
Joaquín Hernández Galicia alias la Quina el 10 de
enero de 1989 la procuraduría general de l
república dicto orden de aprensión por acopio de
armas y otros
delitos contra
quien aparte del control que
ejercita sobre el sector petrolero en calidad de líder
sindical.
En el mismo operativo contra la corrupción sindical fueron
detenidos los principales dirigentes del sindicato
petrolero entre ellos Salvador Barragán
Camacho.
Acciones economicas.
Fueron: la renegociación de la deuda externa, en el
saneamiento de las finanzas
públicas la privatización de empresas
estatales la desregularizacion arancelaria el inicio de los
tramites para el tratado del libre comercio el
ingreso ala OCDE, la búsqueda de la integración iberoamericana y los encuentros
con jefes de Estado y jefes de gobiernos de múltiples
piases
El triunfo del candidato del PAN ala gobernatura de Baja
California
Durante EL sexenio de Carlos Salinas de Gortari,
México tuvo una intensa actividad en política
exterior.
Salinas se propuso dar continuidad al proyecto
económico que se había dado en el sexenio
anterior
SAI la política exterior salinista pretendía llevar
a la practica la idea que la inserción de México en
el mercado
internacional, unida a la capacitación de inversiones
extranjeras constituía el medio mas adecuado para salir de
la crisis y
encaminarse luego hacia el desarrollo nacional.
El fin de la guerra
fría y en consecuencia a la rivalidad bipolar este
–oeste, dio paso aun nuevo tipo de relaciones
internacionales en las que México habría de
verse involucrado, dada su inmediata vecindad con Estados
Unidos.
El fin de la bipolaridad contribuyó ala
formación de un nuevo fenómeno geopolítico y
económico sin precedentes la cual se deriva el nombre de
globalización . Se trata de un
fenómeno que a un que característico del fin del siglo XX es el
resultado de un proceso
iniciado en Europa durante
los años inmediatamente posteriores a la segunda Guerra
mundial. Hecho realidad a principios de los
noventa, en coincidencia con la caída del socialismo.
Al principio del sexenio la
administración Salinista tenia ante si un gran reto de
reducir el monto de la deuda que en su momento alcanzaba la suma
de 81 003 millones de dólares como una de las metas para
lograra la recuperación económica que permitiera
recuperar la confianza de los inversionistas nacionales y
extranjeros.
Renegociación de la deuda externa.
Una de las primeras acciones del
gobierno de Carlos Salinas de Gortaris concisito en celebrar una
nueva renegociación de la deuda externa publica, con el
propósito expreso de lograr una disminución
sustancial de las transferencia de recursos al exterior, que a su
vez permitiera el logro de tres objetos, esenciales para la
recuperación económica:
1. Disminuir la carga gubernamental del servicio de la
deuda
2. Alentar la repatriación de
capitales.
3. Atraer la inversión
extranjera.
El reto implicado en este proceso consistía en
convencer al sector privado, nacional y extranjero, de que la
política
económica del nuevo gobierno era variable y digno de
confianza; Pero también implicaba convencer al gobierno de
estados Unidos, pues su apoyo era necesario para , llevar a cabo
la renegociación.
L as negociaciones empezaron en febrero de 1989 en mayo y junio
se firmaron los primeros acuerdos con FMI. El banco mundial
( BIRF) y el club de Paris.
El valor
económica de la deuda histórica acumulada se redujo
en mas de 20 000 millones de dólares, y con ello se logro
disminuir la deuda en relaciona con PIB. ,pues en
terminaos de su impacto económico equivalía a pasar
de 60% del producto
nacional, a fines de 1988, alrededor del 40% en Marzo 1990.
A lo largo del sexenio se realizo Salinista México
participo en tres reuniones : la segunda cumbre Iberoamericana
celebrada en Madrid, España en
1992 ; la tercera en Bahía, Brasil y la
cuarta en Cartagena de Indias, Colombia en
1994.
Participación de méxico en foros
internacionales.
Participación de México en la GATT EN 1985, México
PARTICIPO EN LAS NEGOCIACIONES DE LA RONDA URUGUAY, cuyo
existo considerado indispensable para impulsar el comercio
mundial de bienes y
servicio y cuyos acuerdos se concluyeron en diciembre de
1988.
Ingreso de México a la OCDE. El interés
del gobierno Salinista por el ingreso de México a la
organización para la cooperación y desarrollo
economito (OCDE) se interesaba en la orientación
internacional de su política económica en el
contexto de la
globalización.
Relaciones con los Estados Unidos. Negociaciones hacia
el TLC.
George Bush
Política económica
El logro de la estabilidad económica alcanzado por el
gobierno de salinas llego a considerarse como un nuevo "milagro
mexicano", elogiado en el ámbito internacional donde
incluso se habla de una "salinastroika", comparando, en cuanto a
la magnitud de los cambios, las reformas de ese presidente
mexicano con el viraje experimentado en la URSS gracias a la
perestroika de Mijael Gorbachev.
Todavía en 1994, no obstante los graves signos de
desestabilización política interna y su consecuente
efecto sobre los mercados
financieros, México seguía proyectado hacia el
exterior la imagen favorable
de una economía sana y en crecimiento: la inflación
se había reducido a un digito, con forme a lo planeado,
además de que el PIB había mostrado un promedio de
crecimiento de 3 porciento anual entre de 1989 y 1993, y las
finanzas
publicas se había mantenido superavitarias por casi todo
el sexenio.
Reforma económica
Primeras medidas hacia la recuperación económica:
desde principios del sexenio, Carlos salinas de Gortari
manifestó que su política económica
estaría orientada a continuar las reformas de
liberación comercial iniciadas por el gobierno anterior,
conducentes a la adopción
del modelo
neoliberal.
En buena medida , la recuperación económica
había sido obstaculizada por la gran transferencia de
recursos al exterior, es decir, el envió de divisas en
razón del pago del servicio de la deuda, que México
se veía obligado a hacer cada año desde la crisis
de 1982. para reducir esa transferencia, se considero necesario
el cumplimiento de tres objetivos : 1) disminuir la carga del
servicio de la deuda; 2) alentar la repartición de
capitales, y 3) atraer la inversión extranjera.
En 1990, el gobierno salinista hizo dos anuncios: la
reprivatización de los bancos y la
búsqueda de un tratado del libre comercio con EE.UU.,
agregando al que este país tenia ya con Canadá. la
iniciativa para acuerdo de libre comercio con estados unidos,
anunciada en agosto siguiente, fortaleció la confianza de
los empresarios porque demostraban que el gobierno
mantenía su propósito de liberación
económica.
Esas medidas, a las que se agrego la respuesta positiva del
gobierno EE.UU., anunciada en ante la propuesta de negociación del TLC parecía indicar
que por fin había comenzado la recuperación
económica de México.
Renovación del pacto de sectorial: el proyecto de
continuidad del modelo neoliberal implicaba la renovación
del pacto de solidaridad económica-firmado en diciembre de
1987 entre los sectores sociales y el gobierno de la republica- ,
con el fin de acelerar los mecanismos de liberalización,
incluyendo la desregulación, es decir, la
eliminación de los reglamentos establecidos en la etapa
proteccionista, que obstaculizaban el nuevo modelo
económico de apertura comercial.
A principios de enero de 1993 fue creado el pacto para
la estabilidad la competitividad
y el empleo
(PECE).
Como resultado de las medidas de recuperación, el gobierno
salinista logro la meta de
reducir la inflación a un digito, misma que pudo alcanzar
en 1993 cuando el INCP general se redujo de 11.9 por ciento en
1992, a 8.0 por ciento en 1993, llegando a 7.1 por ciento en el
ultimo año del sexenio.
No obstante, desde 1992 persistían entre los economistas
dos motivos de preocupación: uno erala inflación,
que a pesar de haberse controlado estaba muy lejos de alcanzar
tasas similares a las de estados unidos principal socio comercial
de México; el otro motivo preocupante se debía a
que el peso mexicano había estado apreciándose
–es decir, sobrevaluándose- , con el consecuente
efecto negativo en la balanza de comercial.
Sin embargo, la cuenta de capitales mostraban un efecto
favorable debido sobre todo a la reducción de
transferencias de recursos por concepto de la
deuda externa y al flujo de inversiones extranjeras totales que,
entre 1989 y julio de 1994, ascendieron a casi 50000 millones de
dólares; en consecuencia, el superávit de la cuenta
de capital de la balanza de pagos
fue de 31000 millones de dólares en 1993, cifra a la que
se suman los 12000 millones de dólares que ingresaron al
país en el primer semestre de 1994.
Reforma financiera: los objetivos de estabilidad
macroeconómica y promocional de ahorro interno
implicaron la reorganización de las instituciones
financieras del país, principalmente en cinco
áreas:
a) liberalización
financiera, destinada a continuar la reforma de octubre de
1988, que buscaba sustituir el rígido esquema anterior,
basado en controles de crédito , por un sistema de
mercado abierto.
b) Innovación financiera, mediante la
creación de instrumentos financieros que
permitirán al publico transferir recursos y financiar
proyectos al
costo mas
bajo posible, los cuales estarían protegidos contra los
riesgos de
inflación o devaluación.
c) Fortalecimientos de
intermediarios financieros, con la adopción de medidas
que permitan a las instituciones financieras captar el mayor
numero de clientes y
darles acceso a una variedad de servicios al
menor costo posible, al tiempo que
dichas instituciones mantienen su salud financiera.
d) Privatización de
banca
comercial, en el contexto de la reforma del estado fue enviada
al congreso una iniciativa presidencial para modificar la
constitución con el fin de permitir la
privatización de los bancos, nacionalizados en
1982.
e) Financiamiento del
déficit gubernamental, en la reforma financiera cambio la
manera en que se había financiado hasta entonces el
déficit gubernamental, al utilizar el mercado de
dinero a
travez del banco de
México con el fin de buscar la transición del
hacia un financiamiento no inflacionario.
Reforma fiscal. Entre
1989 y 1991 se llevo a cabo un reforma al sistema tributario que,
además de buscar una mayor recaudación de ingresos
públicos.
La tasa del ISR a las empresas se redujo de 42 por ciento a 35
porciento ajustado por inflación, mientras que la tasa
máxima pagada por las personas individuales bajo de 50 por
ciento a 35 por ciento, indicado al comportamiento del INPC.
Otras reformas fiscales fueron: la que buscaba simplificar los
mecanismos del proceso de repatriación de capitales, para
dar confianza a los nacionales interesados en traer su dinero de
regreso al país; y la relativa a deducciones y exenciones,
que consistió en un examen cuidadoso de la racionalidad
económica de las amparadas por la leyes anteriores y la
eliminación.
Desincorparacion de empresas estatales. Como parte importante de
la reforma económica salinista, se continuo con el proceso
de privatización de las empresas del estado iniciado por
el gobierno anterior, de acuerdo con lo establecido en el PND
1989-1994.
Las áreas estratégicas a que se refiere el plan,
especificadas en el articulo 28 constitucional, son
acuñación de moneda, correos, telégrafos,
radiotelegrafias y comunicación vía satélite,
emisión de billetes por medio del banco central, petróleo y
demás hidrocarburos,
petroquímica básica, minerales
radioactivos y generación de energía
nuclear.
Entre 1982 y 1993 se desincorporaron 942 empresas paraestatales
–incluyendo las correspondientes a la banca comercial-, 228
de las cuales corresponde al gobierno salinista. En
conclusión, el numero de empresas paraestatales se redujo
de 1555 en 1982 a solo 213 hasta mayo de 1993.
Otro importante aspecto relacionado con el sistema
bancario fue la iniciativa presidencial, aprobada por el congreso
de la unión en 1993, de otorgar la autonomía al
banco de México, de modo que ninguna autoridad
obligara a esta institución a otorgarle
financiamiento.
Proceso de liberación nacional. La
inserción de México en el marco global de las
encomias exigía como requisito indispensable la
liberalización comercial razón por la cual
constituyo uno de lo aspectos fundamentales de la reforma
económica. En síntesis,
la apertura comercial consistió en la eliminación
de barreras arancelarias y en la reducción de los aranceles,
mediante un proceso que, iniciado, en el sexenio anterior se
llevo a cabo entres etapas.
1.- en 1985 con la introducción al GATT:
2.- así entre 1988 y 1990 la época de una nueva
política sectorial.
3.- el establecimiento del TLC, con EE.UU. y CANADA.
4. Tratados de
libres comercio.
Periodo 1988 – 1994
Durante la administración de Carlos Salinas de Gortari
la cuestión agraria del país tuvo un cambio
radical, principalmente en al aspecto jurídico, ya que
durante su periodo se aprobaron diversas modificaciones a la
Constitución, específicamente al artículo
27, en lo relativo al reconocimiento explícito de la
personalidad jurídica de los núcleos de
población ejidales y comunales; asimismo se
le dio autonomía a los ejidos y comunidades en su
fracción VII. Por otro lado, se llevó a cabo el
reconocimiento específico de los sujetos de derecho agrario,
otorgándoseles también seguridad plena a las tres
formas de propiedad
rural. Se creó el programa voluntario del Programa de
Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de
Solares Urbanos (PROCEDE) para los ejidos, lo que generó
que con fecha 6 de enero de 1993 se publicara el Reglamento de la
Ley Agraria en materia de
certificación de derechos ejidales y titulación de
solares, lo que sentó las bases específicas para la
aplicación del citado PROCEDE, estableciendo los tiempos,
formas, requisitos y procedimientos
para la delimitación, asignación y destino de las
tierras ejidales, de la superficie parcelada, la de uso
común y la del asentamiento humano, así como los de
la expedición de los certificados y títulos
correspondientes y la posibilidad de adoptar el dominio pleno
sobre la parcela, fundamentada en la fracción VII del
artículo 27 constitucional. Bajo esta cobertura, los
campesinos tendrían la facultad de decidir si
utilizarían sus tierras de manera particular, sin perder
su calidad de ejidatarios. Durante ese régimen se
procedió a la desconcentración del sector agrario,
creándose la Procuraduría Agraria como organismo
con personalidad
jurídica y presupuesto
propios, con funciones de
servicio social encargada de la defensa de los derechos de
ejidatarios y demás integrantes del agro. Asimismo se
creó el Registro Agrario
Nacional.
Con el objeto de lograr la impartición de una
justicia
agraria ágil y expedita, durante este régimen se
crearon los tribunales agrarios, divididos para su
organización y funcionamiento en uno superior agrario y en
unitarios agrarios, estos últimos con sede en cada una de
las entidades federativas, otorgándoseles la
autonomía tanto jurídica como administrativa con
base constitucional, lo que les permitía emitir
resoluciones sin la influencia del poder
ejecutivo, lo que redunda en beneficio de la justicia
agraria.
Lo más destacado de ese régimen, fue la
expedición de la Ley Agraria, que modificó
sustancialmente los procedimientos y su sistema de
aplicación para los núcleos y comunidades agrarias,
además de tener la intención de desaparecer el
paternalismo tradicional que existió, aun de manera
perjudicial para el sector campesino, otorgándoles
facultades para organizarse y producir en beneficio propio y de
la nación.
5. TLC Con México Mas
Ilusiones Que Realidades
Hoy, primero de junio, se
cumple un año de la vigencia del Tratado de Libre
Comercio con México suscrito el 26 de junio del 2000
pero que por múltiples razones, primordialmente los
errores de procedimientos de nuestras autoridades, comenzó
a funcionar casi un año después de su
firma.
El TLC con México, negociado conjuntamente con
Guatemala y El
Salvador, con quienes Honduras conformó el llamado
Triángulo Norte, constituye una rica lección de
cómo se maneja nuestra política comercial
externa- si es que existe y cuyos resultados es conveniente
evaluar después de 12 meses de haber entrado en
vigor.
En realidad la historia del Tratado se
remonta a enero de 1991 con una iniciativa del entonces
presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, que se
concretó en los acuerdos de Tuxtla Gutiérrez que
contemplaban un tratado de libre comercio y un acuerdo de
complementación económica entre
Centroamérica y el país del norte en condiciones
francamente ventajosas para las naciones del istmo ya que
contemplaba una completa asimetría para los
centroamericanos además de apoyo financiero, tecnología y de
comercialización entre otras áreas.
Lamentablemente, antes de concretarse Tuxtla I se
produjo la crisis mexicana conocida como el "efecto tequila" y no
se pudo suscribir el acuerdo aunque también tuvo mucho que
ver la indecisión de los
centroamericanos.
Se perdió la coyuntura pero el Interés
mexicano resurgió a mediados de la década de los
90’s. De esta manera, se inició un nuevo
proceso de negociación pero bajo una tónica
totalmente distinta. Desde 1996 hasta la conclusión
del tratado la parte mexicana endureció sustancialmente
sus posiciones y aquel afán de apertura y solidaridad
evidenciado en Tuxtla I uno desapareció para transformarse
en una postura de inflexibilidad e intransigencia en todo aquello
que no favorecería sus intereses.
Los mexicanos fueron muy duros en la negociación
a pesar de que Centroamerica en su totalidad apenas representaba
el 0.8% de sus importaciones y
Honduras resultaba insignificante, 0.1% de su comercio de
importación. Como resultado de esta
actitud los
principales productos
hondureños con real potencial como la carne, los textiles,
electroconductores y otros, quedaron fuera del acuerdo comercial
ya que los mexicanos o bien pedían el cielo y la tierra para
su inclusión, exigían que fueron elaborados con
materias primas mexicanas o ponían otras barreras de
índole no arancelaria.
Esto propició que la negociación se
extendiera por casi seis años pues los centroamericanos,
que en las primeras etapas contaban con un fuerte contingente del
sector privado en su equipo negociador, se percataron de la
mercantilista posición mexicana y opusieron resistencia a tal
actitud que obviamente iba en detrimento de nuestros
intereses. Pero al final la cuestión cayó en
las instancias viceministeriales, ministeriales y
políticas y todo el trabajo
técnico se derrumbó. En conclusión las
presiones mexicanas tuvieron su efecto ante las endebles
posiciones de nuestros funcionarios y la complicidad de la
representación del COHEP que defendieron el tratado a capa
y espada.
En conclusión los mexicanos negociaron con
nosotros como si fuéramos una potencia
comercial olvidándose de todos los privilegios y
beneficios de que ellos fueron objeto en la negociación
del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (NAFTA) por parte
de Estados Unidos y Canadá.
A 365 días de la vigencia del tratado las cifras
nos dan la razón. Apenas hemos aumentado nuestras
exportaciones en
4 millones de dólares mientras los mexicanos,
paradójicamente las han disminuido aunque la brecha
comercial sigue siendo abismal, 163 millones de dólares
para el último año. La ANDI nunca estuvo ni
está en contra de un tratado pero si nos indigna la forma
en que es negociado. Es chocante como se excluyó a
la carne y otros productos del proceso de negociación y
como se protegieron los intereses de determinados productos a
base de influencias o porque personas involucrados en las
tratativas, del sector privado para mayor vergüenza,
ofrecieron sus "servicios profesionales" para salvaguardar
determinados bienes.
Paradójicamente quienes se han dado cuenta de que
fueron excesivamente mercantilistas han sido los mexicanos
quienes a través de sus representantes
diplomáticos, y otros instancias han estado promoviendo la
revisión del Tratado para dar apertura a aquellos
productos en los cuales nuestros país tiene potencial
exportador. Porque de las 17 mil partidas negociadas, dos
mil del sector agrícola y 15 mil del sector industrial,
Honduras solo tiene Interés en exportar con posibilidades
reales de negocios unos
10 rubros. Lo demás es potencial
mexicano.
Entonces, esa es la mal llamada política
comercial externa de Honduras. Cedemos a los presiones de
los otros países, marginamos a los sectores, como
ocurrió en la negociación con México y se
desmantelaron los equipos negociadores como está
ocurriendo actualmente para dar paso a la improvisación y
llevar siempre las de perder. Ahora se nos habla del Plan Puebla
Panamá
(PPP) y los gobiernos y organismos centroamericanos han
demostrado su entusiasmos por la iniciativa del Presidente Fox.
Pero nos preguntamos: ¿No se nos estará dando otra
vez gato por liebre? Y la pregunta viene porque México
está empeñado en el desarrollo de su región
sur, pobre y conflictiva, y para ello plantea una propuesta de
desarrollo turístico e industrial para esta zona a la vez
que una amplia red de infraestructura vial
par los países centroamericanos.
Sin embargo, los países de la subregión no
tienen los recursos para construir esta infraestructura y al
final resultaría que nos tendríamos que endeudar
para hacer más fácil el acceso a las unidades
productivas mexicanas.Este trabajo tiene como objetivo
central analizar el impacto que el TLC manifiesta en la zona
agrícola del Soconusco, Chiapas a la luz de la
fuerza con que
se imponen tendencias generales como la globalización y la
conformación de bloques
económicos, o bien de políticas nacionales
ajustadas al marco del TLC y del desarrollo diferenciado de
regiones internas en nuestro país. El análisis que nos proponemos llevar a cabo
no desea partir meramente del reconocimiento de las implicaciones
explícitas que contiene formalmente el TLC respecto del
sector agropecuario, ni solamente de la comprensión de los
ejes nodales de la política agrícola desplegada por
el gobierno mexicano en el último periodo, sino que
primeramente intenta establecer un puente analítico para
articular dos fenómenos representativos del movimiento
actual de reestructuración del capitalismo
mundial y de las transformaciones de nuestro país dentro
de la vía marcada por el TLC: la
macro-regionalización del mercado y de la economía
mundiales (como parte del proceso de globalización) y la
micro-regionalización de los espacios económicos
nacionales. En este sentido, se pretende ofrecer una
explicación plausible de cómo se presenta esa
relación en el caso elegido por nosotros, estableciendo
inicialmente los parámetros de la globalización y
de la constitución de regiones y bloques
económicos, de los cuales el TLC es un ejemplo bien
definido, para enseguida identificar la dinámica de integración de
México al mercado mundial y ubicar la problemática
de la agricultura en relación con las orientaciones
generales de la política gubernamental en el sector. Una
vez hecho esto, la argumentación se encaminaría a
describir las formas en que se reafirma la tendencia a
desarrollarse en el territorio mexicano regiones y micro-regiones
económicas, donde se pueden apreciar las diferencias con
que se ponen en juego recursos
públicos y privados y donde impactan de maneras a veces
totalmente distanciadas unas de otras, factores medulares como es
el caso del TLC. Aquí quedan asentadas brevemente las
características de la región del sureste mexicano o
más específicamente del estado de Chiapas y sus
contrastes con regiones como las del norte fronterizo o de la
parte más industrializada del centro; para continuar hasta
la micro-región del Soconusco dentro del estado referido.
Además de manejar información estadística y ejercicios de análisis
propios y ajenos, se hace uso de datos
empíricos recabados directamente en la región, para
llegar a algunos lineamientos de evaluación
del impacto del TLC en esta zona. De antemano podemos decir que
se vislumbra con claridad cómo la potencialmente mayor
apertura del mercado estadunidense a productos fundamentales del
área del Soconusco como el plátano y en menor
medida el café
provoca efectos relacionados con el aumento relativo o el
abandono de la producción sin que se cuiden requerimientos
técnicos o necesidades de desarrollo integral y
sustentable, además de que refuerza tendencias hacia la
sustitución a veces caótica o insostenible de los
cultivos que no se articulan al nuevo contexto. Pero al mismo
tiempo desencadenan fenómenos dignos de tomarse en cuenta,
tales como la tendencia paulatina a la preeminencia del nexo
económico (que después podría volverse
político y hasta cultural) con el exterior y no con el
espacio aledaño o con el resto de la nación, el
fortalecimiento de mecanismos de intermediación y
acaparamiento monopólicos por parte de los grandes
productores y comerciantes con el consecuentemente escaso derrame
de beneficios hacia los pequeños productores y los
jornaleros, o la ausencia de políticas sociales generales
vinculadas a un proyecto de nación y a una perspectiva de
desarrollo global de la región que se traduzcan en
mejorías evidentes en la calidad de
vida de la población asentada en ella.
6. Globalización y
regionalización
En la actualidad resulta difícil analizar
cualquier problema social sin tomar en cuenta su relación
con el fenómeno de la globalización. Para el caso
que aquí nos ocupa, este elemento adquiere una importancia
singular. En principio, el sentido fundamental del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLC),
no puede apreciarse si no es a la luz de la
globalización y de uno de sus componentes centrales que es
la formación de grandes regiones o bloques
económicos. La globalización, aun cuando algunos
analistas la han reducido a un fenómeno meramente
económico, implica cambios radicales en múltiples
aspectos, entre los cuales nosotros destacamos cinco: 1) la
mundialización de la economía, 2) la tercera
revolución
científica y tecnológica, 3) la crisis del
Estado-nación, 4) el nuevo orden político
internacional y 5) la cultura
global. Cinco elementos que permiten visualizar la magnitud del
proceso de la globalización. No obstante que en este
trabajo no podemos desarrollar ampliamente algunas
interpretaciones nodales sobre el asunto, tal y como lo hacemos
en otros documentos,
queremos mencionar que la globalización es entendida por
nosotros como una nueva fase del desarrollo capitalista, como un
componente medular del proceso de reestructuración del
capitalismo mundial que se inicia hacia la segunda mitad de la
década de los setenta y que hoy se muestra con mayor
claridad en los cinco puntos señalados arriba. Cada uno de
esos cinco elementos destaca fenómenos trascendentales,
tales como la mayor integración e interdependencia entre
las economías nacionales, la formación de regiones
o bloques económicos, el surgimiento de los mercados
financieros a nivel mundial, el fortalecimiento del comercio
intrarregional e intrafirma, el predominio de las
economías abiertas, el impacto de las innovaciones
tecnológicas en la producción y en la vida diaria
(microelectrónica, robótica,
nuevos materiales,
telecomunicaciones, biotecnología, etcétera), la crisis
de la figura del Estado-nación, la crisis de la
hegemonía de EE.UU. y del bipolarismo desarrollado en la
postguerra, o el despliegue mundial de una especie de cultura
global. Ahora bien, como lo hemos dejado ver, la
globalización ha generado la constitución de tres
grandes regiones o bloques económicos que representan un
factor de determinación del desarrollo y de la
integración de las naciones al mercado mundial. Esas
regiones son la Unión
Europea comandada por Alemania o por
la alianza germano-francesa, la Cuenca del Pacífico
liderada por Japón y
el proyecto de integración americana que empieza con el
TLC y que es hegemonizado claramente por los Estados Unidos.
Aquí de alguna manera se hace alusión a la forma en
que Braudel y sus simpatizantes han comprendido el movimiento del
tiempo, donde el curso cronológico del mismo no se ajusta
a la dimensión real de la historia; los ejemplos mejores
de esta idea son el largo siglo XVI que Braudel situaba entre
mediados del XV y mediados del XVII en razón del
desarrollo de En este horizonte de realidad, el
Estado-nación, o para simplificar el Estado nacional,
aparece como un puente o intermediario entre esas macro-regiones
y las micro-regiones constituidas históricamente en
espacios geosociales específicos. El Estado nacional juega
el papel de
interventor político para ajustar las condiciones de
funcionamiento de las micro-regiones de acuerdo con el proyecto
macro-regional definido en función
del marco de la globalización; ajuste que puede significar
el desarrollo de los medios para
lograr la integración de dichas micro-regiones mediante
políticas económicas adecuadas a tal fin o bien la
puesta en práctica de acciones estatales para moldear una
marginación políticamente controlada.Así, el
Estado no puede ser ya identificado bajo la idea de representante
soberano de una voluntad ciudadana nacional, sino más bien
como expresión nacional de una relación global que
ha desbordado los marcos nacionales, es decir, como un Estado
internacionalizado, que en el caso aludido funciona como mediador
político entre las macro-regiones derivadas y
sostenidas a partir de la globalización y las
microregiones que, más allá de los proyectos
nacionales, se hallan cohesionadas por determinantes
geohistóricas y culturales (condiciones
topográficas, formas de producción, factores
lingüísticos y étnicos, relaciones
económicas específicas, interacciones
simbólicas, etcétera) que requieren ser tomadas en
cuenta para lograr su integración subordinada al mercado
mundial, ya que son fuente de materias primas, de
energéticos o de fuerza de trabajo y potenciales mercados
accesorios. Por lo tanto, este proceso de globalización de
la economía mundial ha perturbado el funcionamiento de las
economías nacionales, entre ellas la nuestra por supuesto
y, como se ha visto, las bases jurídicas sobre las que
tradicionalmente se organizaban los estados nacionales, su
cultura, así como su estructura
social, ha cambiado drásticamente en las dos
últimas décadas. México, frente a este
proceso globalizador, ha trazado una estrategia de
integración a los mercados mundiales que no se
circunscribe a la firma del TLC (aunque sí es su
vía principal) sino que en forma paralela ha desarrollado
– y pretende ampliarlos en el futuro inmediato- acuerdos
comerciales con otros países y otros bloques
económicos. Con base en lo anterior y antes de ver la
situación de la agricultura en el TLC y su relación
con la microregión del Soconusco, micro-región
caracterizada por largas tradiciones de participación en
el comercio mundial y por fuertes vínculos internos de
identidad
cultural y estructural, debemos establecer algunos elementos de
análisis indispensables.
7. La integración de
México al mercado mundial
La integración de México al mercado
mundial y la desestructuración de los patrones de
desarrollo seguidos durante su industrialización sin lugar
a duda rebasa los límites de
la vigencia formal del TLC o mejor aun, el TLC representa
el medio singular a través del cual se consolida dicha
integración de acuerdo con el proyecto político
imperante en los últimos sexenios. Con esto queremos
asentar la idea de que los tiempos del TLC se inician aun antes
de ser proyectado, diseñado y puesto en marcha.
La apertura y liberalización de la economía
mexicana se presenta como un proceso paulatino y discontinuo, que
adopta modalidades particulares en diferentes momentos en una
clara tendencia a acentuarse. Así, ante la profunda crisis
política de 1968 y las dificultades mostradas por el
patrón de acumulación vigente en el sexenio de
Echeverría, todo ello en un contexto mundial de crisis y
reestructuración del capitalismo, dicho proceso pasa por
ciertas etapas: 1970-77, 1978-82, 1983-85, 1986-89, 1990-93 y
1994 a la actualidad.
Entre 1970 y 1977 dicha apertura se restringe al ingreso de
recursos financieros que agigantan la deuda externa y al
incremento de la inversión extranjera directa, ello
porque, debido a los componentes políticos de la crisis,
el acento de la acción del Estado se enfocó a ese
terreno más que a la ampliación de los contactos
económicos con el exterior, además de que en ese
momento el excedente de dinero mundial, especialmente de
eurodólares, exigía una salida como ésta
para países como el nuestro. De 1978 a 1982, a pesar de un
ajuste inicial de la economía mexicana, a partir de los
descubrimientos de grandes recursos petroleros, la vertiente de
inserción de México al mercado mundial se dio por
la vía del énfasis hacia la producción y
comercialización del petróleo y entonces se
detuvieron las proyecciones de ingreso al GATT, mismo que fue
rechazado en 1980. Con la entrada de De la Madrid a la
presidencia, la crisis financiera y la clausura del factor
petróleo a partir del derrumbe de los precios
internacionales, de 1983 a 1985 se comenzó el violento
ajuste de corte neoliberal bajo la orientación del FMI y
del Banco Mundial que de alguna manera representaba los pasos
básicos hacia la integración al mercado mundial. De
1986 a 1989, el camino se aclaró con el ingreso de
México al GATT en 1986, mediado por la relación con
EE.UU. y con la elaboración en 1987 del marco de
entendimiento con este país. Así llegamos al
año de 1990, cuando se tienen las primeras pláticas
secretas con el gobierno de EE.UU. encaminadas a la firma de un
acuerdo bilateral de libre comercio, el cual se abre y recibe la
adhesión de Canadá en 1991 y que se resuelve en
primera instancia en 1992, para ser ratificado en 1993 ya como
TLC de América del Norte (NAFTA por sus siglas en inglés). Obviamente nos encontramos en la
última etapa caracterizada por la vigencia formal del TLC
durante los años de 1994 a la fecha.
Antes de entrar propiamente al análisis y
evaluación de este periodo flexibilizado por las razones
anteriores en el caso de la micro-región del Soconusco,
queremos establecer algunas consideraciones generales en lo que
se refiere a la relación del TLC y la agricultura
mexicana.
8. El sector agropecuario
mexicano y el Tratado de Libre Comercio
Antes de la conclusión del TLC se preveía
con claridad que la desigualdad de las economías y
particularmente de los sectores agropecuarios de los tres
integrantes del Tratado era un factor determinante para
establecer su posible impacto sectorial. Por ejemplo se mostraban
que las diferencias específicas de productividad y
competitividad de la agricultura de México y de EE.UU.
eran tan grandes que no podría sino esperarse una total
inclinación de los beneficios del intercambio bajo el TLC
en favor del segundo.
La superioridad estadounidense se sostenía y se
sostiene en cuatro elementos fundamentales: 1) el desarrollo y
aplicación de tecnología durante un periodo largo
previo a 1990 que aun persiste, 2) las políticas de
subsidio y promoción que en aquel país tienen lugar
en apoyo del sector, 3) las diferencias topográficas y
climatológicas evidentemente mucho más benignas en
los estados Unidos tanto para la producción de granos como
de productos cárnicos y 4) la estructura de
comercialización interna y externa. Destacamos la
comparación entre México y Estados Unidos porque de
acuerdo con los datos del INEGI el intercambio de productos
agropecuarios de nuestra nación con sus socios se traduce
en los siguientes montos: 88 % de nuestras exportaciones van
hacia Estados Unidos y sólo 0.3 % hacia Canadá,
mientras que nuestras importaciones provienen del primer
país en un porcentaje de 80 % y del segundo tan
sólo el 2.23 %.
9. Sexenio Ernesto
Zedillo Ponce de León
1. Heredero accidental del presidente Salinas
Segundo de seis hermanos de una familia de clase
media-baja, recibió su primera educación en colegios
públicos de Mexicali, en el estado de Baja California
Norte, a donde los padres se habían desplazado desde
Ciudad de México en busca de mejores oportunidades de
trabajo. En 1965 continuó los estudios medios en Ciudad de
México y en 1969 se matriculó en la Escuela Avanzada
de Economía del Instituto Politécnico Nacional.
Obtenida la graduación, con los ingresos reportados por su
trabajo como auditor auxiliar en el Banco Nacional del
Ejército y la Armada, pudo matricularse en Economía
en la Universidad
estadounidense de Yale y posteriormente, ayudado por sendas becas
del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT), asistió a un curso de
posgrado en Bradford, Gran Bretaña, y al programa de
doctorado de Economía de Yale, donde obtuvo el
título correspondiente con una tesis sobre el
estudio del problema de la deuda
pública externa mexicana y su relación con las
expectativas de crecimiento de las exportaciones
petroleras.
En 1971, un año antes de licenciarse,
ingresó en el gobernante Partido Revolucionario
Institucional (PRI) y comenzó a trabajar en la Dirección de Política
Económica, adjunta a la Presidencia de la
República, lo que estimuló su interés por la
política. Impartió docencia en el Instituto de
Estudios Políticos, Económicos y Sociales (IEPES)
del PRI bajo el auspicio de Leopoldo Solís y a
continuación desempeñó diversos puestos de
responsabilidad en el aparato económico y financiero de la
administración. En estos años, Zedillo
cimentó su reputación de economista y su perfil de
tecnócrata, partidario de modernizar las estructuras
económicas y alejado de los sectores tradicionalistas del
PRI.
Desde 1978 y a lo largo de las administraciones de
José López Portillo y Miguel de la Madrid Hurtado,
Zedillo se desempeñó sucesivamente como: analista y
subgerente de investigación económica del Banco
central de México, BANXICO; responsable de la puesta en
marcha del Fondo de Intercambio, Cobertura de Riesgos y Confianza
(FICORCA), un órgano gubernamental, también
conocido como Fideicomiso
para la Cobertura de Riesgos Cambiarios, que permitió
reestructurar la deuda de muchas empresas mexicanas; y, desde
1987, subsecretario de Planeación
y Control Presupuestal en la Secretaría de Programación y Presupuesto del Gobierno
federal.
En diciembre de 1988 el nuevo mandatario priísta,
Carlos Salinas de Gortari, también economista de
formación, le nombró secretario, esto es, ministro,
de Programación y Presupuesto. Como tal, Zedillo se
encargó de ejecutar las directrices de austeridad en los
gastos del Estado prescritas por el FMI y asumidas por Salinas
como parte de su ambicioso programa de reformas liberales en la
estructura de la economía, y también
participó en el diseño
de las políticas de desarrollo y del Programa Nacional de
Solidaridad (PRONASOL), encaminado a paliar el coste de las
reconversiones en el terreno social.
En enero de 1992 Salinas le puso al frente de la
Secretaría de Educación Pública, donde
emprendió una profunda reforma de la educación
preescolar, primaria y secundaria, que se plasmó en el
Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación
Básica. En noviembre de 1993 el designado candidato
presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, a quien le
unía una visión democratizadora del sistema
político, le nombró coordinador general de su
campaña.
Colosio fue asesinado el 23 de marzo de 1994 durante un
mítin en Tijuana y seis días después, con el
país conmocionado por el magnicidio, el PRI se
decantó por Zedillo como nuevo postulante del oficialismo.
Hombre con una
imagen de servidor
público competente, inteligente y honesto, pero un tanto
gris y sin gancho, su ubicación en los círculos de
Colosio y Salinas se interpretó entonces como una
garantía para la continuidad de las reformas impulsadas
durante el sexenio que tocaba a su fin.
2. Una asunción oscurecida por la crisis
financiera
En las elecciones del 21 de agosto de 1994, Zedillo, sin
sorpresas, se hizo con la victoria por delante de Diego
Fernández de Cevallos, del conservador Partido de
Acción Nacional (PAN), y Cuauhtémoc Cárdenas
Solórzano, del centroizquierdista Partido de la
Revolución Democrática (PRD). Aunque su 50,2% de
votos era el más bajo porcentaje nunca recibido por un
candidato priísta, los comicios registraron una
participación también excepcional, del 77,7%, casi
20 puntos más que en 1988.
En las legislativas, el PRI pagó, entre otras
razones, por la creencia generalizada de que sus poderosos
sectores conservadores estaban detrás del asesinato de
Colosio y perdió 20 de sus 320 escaños en la
Cámara de Diputados (sobre 500), un descenso al que
también contribuyó la inusual limpieza del
escrutinio, fruto del pacto alcanzado por Salinas y los
principales partidos. Las elecciones fueron celebradas bajo el
Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales (COFIPE), aprobado por el Congreso en 1990, y
organizadas y supervisadas por sus organismos asociados, el
Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Federal Electoral
(TFE).
El 1 de diciembre de Zedillo tomó posesión
de su mandato sexenal como, según los observadores, el
primer presidente del PRI elegido sin el decisivo concurso de los
mecanismos tradicionales de fraude, no
obstante la detección del largo brazo de la maquinaria
priísta, como el uso proselitista de recursos
públicos, el empleo abusivo de los medios de
comunicación y la inducción al voto a cambio de emolumentos
en los ámbitos clientelistas.
El 19 de diciembre Zedillo topó con una de las
sorpresas más desagradables nunca encontradas por un
mandatario recién inaugurado: advertido por BANXICO de que
las reservas de dólares se estaban agotando en el intento
de sostener al sobrevalorado peso, el presidente aprobó
una devaluación del 15%, que fue invalidada de inmediato
por la dinámica del mercado libre.
Lo que se reveló, en toda su crudeza, fue una
gravísima crisis financiera provocada por el embarque
masivo de capitales especulativos, iniciado tras el asesinato de
Colosio y acelerado en las últimas semanas, que
totalizó los 24.000 millones de dólares. El peso,
puesto en flotación el día 22, cayó en
barrena y hasta el final de año perdió el 60% de su
valor, convulsionando los mercados internacionales -el
popularmente conocido como efecto tequila- y situando al sistema
financiero del país al borde de la quiebra.
La catástrofe pudo evitarse gracias a un
apresurado plan de socorro internacional, el 21 de febrero, que,
coordinado por el FMI y encabezado por el Tesoro de Estados
Unidos, inyectó 51.000 millones de dólares a cambio
de un drástico plan de austeridad, consistente en la
subida de los impuestos
indirectos y las tarifas de los servicios públicos, y la
contención de los salarios por
debajo de los nuevos precios.
La condición más extrema y dolorosa que le
impuso Washington al Estado mexicano fue el depósito de
los 7.000 millones de dólares anuales provenientes de la
venta del
petróleo en un banco estadounidense como garantía
de pago, toda una hipoteca sobre el florón de la
producción nacional. El mercado financiero volvió a
estabilizarse, pero 1995 lo cerró México con una
recesión económica del 6,9% del PIB y una tasa de
inflación del 52%.
Además, la restauración del orden
financiero condujo a la destrucción o la
subcontratación de millones de puestos de trabajo, a una
pérdida masiva de poder
adquisitivo de la población y al crecimiento de las rentas
más elevadas. Con un 40% de la población por debajo
del umbral de la pobreza y al
menos otro 25% en sus límites, México
acentuó su condición de uno de los países
con más desigualdades de toda América
Latina.
3. Impulsor de reformas decisivas en el sistema
político
Superada la tormenta monetaria, y con inusitado vigor, pues 1996
iba a registrar un 28% de inflación y una tasa de
crecimiento del 5,1%, Zedillo, comedido y disciplinado, se
concentró en una empresa no
menos formidable: el cumplimiento de sus promesas de
democratización del Estado y la sociedad sin poner en
peligro la unidad del propio PRI, que se resistía a
librarse de obsolescencias y a permitir que otros partidos y
organizaciones sociales ocuparan espacios de participación
en la esfera pública, celosamente salvaguardados con
vocación patrimonial.
Al llegar a la Presidencia, Zedillo se había
comprometido a continuar las reformas electorales, y por tanto
centró sus esfuerzos en asegurar la transparencia de los
comicios y la completa imparcialidad del IFE. La primera
concreción de este objetivo fue el pacto Compromisos para
el Acuerdo Político Nacional, suscrito el 17 de enero de
1995 por las tres fuerzas políticas citadas más el
Partido del Trabajo, esto es, todos los partidos representados en
el Congreso, a fin de promover el diálogo
para conducir una reforma electoral definitiva y solucionar el
problema de los frecuentes conflictos
poselectorales.
Esta modernización decisiva de las reglas de
participación política fue consagrada, en una
manifestación de consenso sin precedentes, el 31 de julio
y el 1 de agosto de 1996 con la aprobación unánime
por las dos cámaras del Congreso de la reforma de 19
artículos de la Constitución. El PRI asumió
la reforma en su XVII Asamblea Nacional celebrada del 20 al 22 de
septiembre siguiente, ocasión en que además
ratificó su compromiso social y revolucionario,
planteándose la necesidad de un cambio "en el asfixiante
modelo económico neoliberal", el mismo que, empero,
venía aplicando Zedillo por motivos coyunturales. Con
todo, la doctrina de "liberalismo
social" acuñada por el ahora demonizado y autoexiliado
Salinas, fue removida de la declaración ideológica
del partido.
La crisis interna del partido fundado en 1929 con el
nombre de Partido Nacional Revolucionario, iniciada con las
convulsiones del período salinista (debate
ideológico en torno al modelo
económico liberal, resistencias
de los sectores tradicionalistas, alzamiento indígena en
Chiapas, magnicidios de Colosio y del secretario general del
partido, José Francisco Ruiz Massieu) y continuada desde
que Zedillo dejó claro que no estaba dispuesto a gobernar
bajo presiones, se vio agravada con motivo de las elecciones
legislativas federales y estatales del 6 de julio de 1997,
primeras celebradas bajo la nueva normativa.
En aquella ocasión, por primera vez en su
historia el PRI perdió la mayoría absoluta en la
Cámara de Diputados con el 38,8% de los votos y 239
escaños, 59 menos que en la legislatura anterior,
así como las gobernadurías de Querétaro y
Nuevo León, que pasaron a manos del PAN y que se sumaron a
las que ya poseía en Guanajuato, Jalisco, Chihuahua y Baja
California, siendo éste en 1989 el primer estado que
perdió el PRI.
El oficialismo aseguró, con 76 escaños, la
mayoría absoluta en el Senado, pero perdió la
mayoría de dos tercios necesaria para aprobar
modificaciones constitucionales sin apoyos externos. El gran
vencedor de la jornada fue el PRD, cuyo líder,
Cárdenas, arrasó con el 47,6% de los votos en las
primeras elecciones a la jefatura de Gobierno del Distrito
Federal, centro de poder muy importante dado el peso
demográfico y político de la capital. Zedillo,
confrontado a esta insólita cohabitación, se
apresuró a felicitar a Cárdenas y
añadió que en lo sucesivo "ya nadie podrá
tachar al PRI de ser un partido de Estado".
4. Ambivalencia en el conflicto de
Chiapas
La delicada situación social en algunos estados,
alimentada por los abusos de los gobernantes locales del PRI,
obligó a intervenir a Zedillo. Así, en 1996
forzó las dimisiones de los gobernadores de Nuevo
León, tras protagonizar un escándalo de
corrupción, y de Guerrero, por intentar ocultar el
asesinato de 17 campesinos por las fuerzas de
seguridad.
Pero fue el heredado conflicto en Chiapas, ahora
extendido a otros estados del sur, con su complejo cuadro de
insurgencia armada, reivindicaciones indígenas de
autogestión y reparación socioeconómica, y
monopolio de
las estructuras productivas y de poder por la oligarquía
priísta, el problema más acuciante, que Zedillo
trató con la política del palo y la
zanahoria.
Tras fracasar las negociaciones con el Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el 9 de febrero
de 1995, poniendo fin a la tregua vigente desde el 12 de enero de
1994, ordenó al Ejército cercar la selva Lacandona
y capturar al líder de la revuelta, el carismático
y enigmático Subcomandante Marcos (al que de paso
intentó desacreditar revelando su supuesta identidad),
pero cinco días después mandó detener las
operaciones.
El 21 de abril representantes del Gobierno y la
guerrilla reanudaron las conversaciones en el pueblo de San
Andrés Larráinzar sobre la base de las demandas de
la última, las cuales condujeron desde septiembre de ese
año hasta febrero de 1996 a una serie de compromisos
puntuales de aplicación incierta. Los denominados Acuerdos
de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígenas,
firmados el 16 de febrero de 1996, quedaron en papel mojado
cuando la guerrilla acusó al Gobierno de hacer del
texto una
interpretación unilateral y no ajustada al espíritu
que lo impulsó.
El rechazo del Gobierno federal a la iniciativa de ley
de la Comisión parlamentaria de Concordia y
Pacificación (COCOPA), relativa justamente a los derechos
de los indígenas, más la negativa de Zedillo a
cualquier menoscabo del Estado de derecho en el territorio
controlado por el EZLN, el cual se aprestaba a crear
instituciones autónomas, propiciaron la reproducción de los enfrentamientos. Se
configuró así una dinámica alternante entre
diálogo y represión que dejó en suspenso
cualquier desenlace negociado.
Zedillo fundamentó su reluctancia a los Acuerdos
de San Andrés en la posibilidad de que las reformas
legales se tradujeran en enmiendas constitucionales, lo que
podría dar pie, en su opinión, a reivindicaciones
de tipo independentista, pero siempre se tuvo la sensación
de que el mandatario no tenía ninguna voluntad de
reconocer las verdaderas raíces del conflicto ni de
terminar con los atropellos de los caciques locales.
A la presión
policial contra los conatos de autogobierno indígena
siguieron el asesinato, el 22 de diciembre de 1997, en la
comunidad de
Acteal de 45 indios tzotziles pertenecientes a un grupo
pacifista católico simpatizante del EZLN por paramilitares
a las órdenes del PRI local, y en junio de 1998 nuevos
combates entre Ejército y los zapatistas, con el saldo de
una decena de muertos, que obligaron a Zedillo a realizar el
día 13 una visita de inspección. La matanza de
Acteal, concretamente, levantó una polvareda de
críticas contra Zedillo, cuya autoridad sobre los sectores
más reaccionarios de su partido quedó en
entredicho.
En añadidura, en Guerrero y otros estados del sur
comenzó sus actividades en agosto de 1996 un
Ejército Popular Revolucionario (EPR), insurgencia de
menor entidad pero de discurso
más radical que para unos tenía inspiración
maoísta y para otros se trataba de una creación de
elementos del partido del poder interesados en desestabilizar el
orden público.
5. Pragmatismo en
política exterior
Las dinámicas de integración
económica guiaron, como en la mayoría de los
países latinoamericanos, el hacer exterior de Zedillo, que
se caracterizó por un equilibrio
entre el pragmatismo liberal y la continuación de una
línea diplomática nacional que durante
décadas enarbolaron las administraciones priístas,
sustentada en principios como el respeto a la
soberanía nacional de los estados y la independencia
de tender puentes de cooperación con cualquiera de ellos,
si bien esta última característica había
tenido más relevancia en el pasado, cuando el sistema
internacional se movía por la lógica
de los bloques ideológicos y cobraba plena
significación la vía tercerista de los
países no alineados.
Por un lado, Zedillo alentó el buen entendimiento
con el Gobierno de Estados Unidos, país socio dentro del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y que
concentraba él solo las tres cuartas partes de todas las
transacciones comerciales de México. En 1998 el 76% de las
exportaciones y el 70% de las importaciones mexicanas se hicieron
con Estados Unidos; su valor sumó los 187.000 millones de
dólares, nada menos que un 120% de incremento con respecto
a 1993, el año previo a la entrada en vigor del TLCAN. La
tendencia siguió creciendo con rapidez hasta el final del
período presidencial de Zedillo, sobre todo en las
exportaciones, consolidando a México, ya muy por delante
de Japón y China, como el
segundo socio comercial de Estados Unidos después de
Canadá.
Los bajos costes salariales de México iban a
traer fuertes inversiones empresariales de los socios del norte
(fundamentalmente en el sector de las maquiladoras o empresas de
montaje), pero los críticos de la integración
comercial apuntaron los riesgos que supondría para la
economía nacional una recesión en Estados
Unidos.
Zedillo realizó allí su primera visita al
exterior como presidente titular el 10 de diciembre de 1994, con
motivo de la I Cumbre de Las Américas que se celebraba en
Miami, y su homólogo Bill Clinton hizo lo propio a
México el 7 de mayo de 1997. En este encuentro los
mandatarios firmaron un pacto de cooperación para la lucha
contra el narcotráfico, compromiso sin precedentes que
apaciguó sólo parcialmente las desconfianzas en el
Congreso de Estados Unidos hacia la capacidad del Estado mexicano
para combatir esta industria
delictiva, pese a las espectaculares detenciones de capos y su
extradición a la justicia estadounidense.
Estas exigencias persistentes, más el
endurecimiento de la legislación inmigratoria, dieron
ocasión para las recriminaciones mutuas y algunos
desencuentros. Zedillo no perdió oportunidad para criticar
el endurecimiento del embargo a Cuba, pero por
otro se aplicó en la devolución del préstamo
de emergencia de 1994, cuyo último tramo fue reembolsado
el 15 de enero de 1997, tres años antes del plazo
establecido e intereses incluidos.
Precisamente con respecto a Cuba, la
administración de Zedillo alteró la tradicional
política mexicana de "entendimiento" que durante muchos
años supuso un alivio al régimen de Fidel Castro,
acosado por Estados Unidos y boicoteado por casi todos los
países de América Latina. Zedillo reaccionó
con desagrado a determinados comentarios irónicos del
presidente cubano sobre el acercamiento de México al Norte
rico, a costa, supuestamente, de los lazos tradicionales con los
países pobres del Sur. En los últimos años
noventa el Gobierno mexicano instó a su homólogo
cubano a introducir mayores cotas de democracia y
libertad en la
isla.
Para compensar la creciente dependencia de Estados
Unidos, el Gobierno de Zedillo prosiguió el hilvanado de
una red de
tratados de libre comercio (TLC) bilaterales. El Acuerdo de
Complementación Económica suscrito con Chile en
septiembre de 1991 dio paso a un TLC el 1 de octubre de 1998 que
entró en vigor el 1 de agosto de 1999; el 1 de enero de
1995 entraron en vigor los TLC adoptados con Costa Rica el 5
de abril de 1994 y con Bolivia el 10
de septiembre siguiente, y el 1 de julio de 1998 lo hizo el
establecido con Nicaragua; mientras, prosiguieron las
negociaciones con Panamá, Perú, Ecuador y, ya en
el plano multilateral, con Honduras, Guatemala y El Salvador. Con
estos tres países, que forman el denominado
Triángulo Norte Centroamericano, México
adoptó el consiguiente TLC el 29 de junio de
2000.
Estos tratados, que se sumaron al adoptado en el seno
del G-3 (con Colombia y Venezuela) en
septiembre de 1990 y cuya aplicación comenzó el 1
de enero de 1995, subrayaron la pluralidad de los tratos
mexicanos, si bien su importancia real era relativa (menos, tal
vez, con Chile y el G-3), dado que el volumen del
comercio del país con el conjunto de América Latina
era mínimo y se situaba en torno al 5%. Además, sus
ventajas arancelarias iban a ser englobadas cuando entraran en
servicio el área de libre comercio del G-3 con
Centroamérica en 2003, y el Área de Libre Comercio
de Las Américas (ALCA), que afecta
a todo el continente y cuya fecha de arranque es 2005.
En una línea de verdadero diálogo
político se inscribió el acuerdo de libre comercio
con la Unión Europea (UE) firmado por Zedillo en Lisboa el
23 de marzo de 2000. Decidido el 24 de noviembre de 1999 y de
hecho el capítulo comercial del más ambicioso
Acuerdo de Asociación Económica,
Concertación Política y Cooperación -firmado
el 8 de diciembre de 1997 y en vigor el 1 de octubre de 2000-, el
documento de Lisboa pronosticaba una década hasta
completar el desarme arancelario a partir del 1 de julio de 2000
y con fechas de culminación en 2003, por lo que respecta a
la UE, y en 2007 en el caso de México.
Ahora bien, a nadie escapaba que el comercio de la UE
con el país azteca había crecido desde 1993 a menos
de la mitad de la velocidad con
que lo había hecho el comercio con el TLCAN.
Además, se trataba de volúmenes muy reducidos: en
1998 el comercio con todos los países de la UE
suponía el 4% de las exportaciones y el 8% de las
importaciones, esto es, el doble del comercio registrado
sólo con Canadá.
La voluntad de México de acercarse al viejo
continente durante los años de Zedillo, incluyendo la
cooperación en temas tan extraeconómicos como los
Derechos Humanos y la democracia, quedó suficientemente
expresada con la entrada en el Consejo de Europa como observador
permanente, el 1 de diciembre de 1999, compartiendo este estatus
de excepción con Estados Unidos, Canadá y
Japón.
Zedillo fue también el inspirador de la cumbre
internacional especial contra la droga, que del
8 al 10 de junio de 1998 reunió a una treintena de jefes
de Estado y de Gobierno en la sede de Naciones Unidas
en Nueva York, y participó en las cumbres anuales de la
Cooperación Económica Asia-Pacifico
(APEC), la Comunidad Iberoamericana y el Grupo de Río,
cuya decimotercera edición auspició en
México D.F. el 28 y 29 de mayo de 1999.
6. Último de doce presidentes consecutivos del
PRI
De cara a las elecciones presidenciales de 2000, que se
anticipaban como las más trascendentes en la historia
reciente de México, el 4 de marzo de 1999, en el 70º
aniversario del partido, Zedillo anunció un proceso de
primarias en el PRI para la designación del candidato a la
Presidencia, que ponía fin al histórico dedazo, la
designación inapelable por el presidente saliente del
aspirante a sucederle.
En esta línea, el Consejo Político
Nacional el 30 de abril eligió por sufragio secreto a
José Antonio González Fernández (era el
único candidato, pues los demás aspirantes se
retiraron alegando falta de equidad en el proceso de selección)
y Dulce María Sauri Riancho como respectivos presidente y
secretaria general del partido, y el 17 de mayo definió
las bases para el proceso interno de selección de
precandidatos.
El 7 de noviembre de 1999 el vencedor por rotunda
diferencia fue Francisco Labastida Ochoa, antiguo gobernador de
Sinaloa y hasta fecha reciente secretario del Interior del
Gobierno federal, puesto que suele considerarse el más
importante del Ejecutivo luego del propio presidente. Aunque
Zedillo había asegurado que se mantendría neutral y
que no apostaría por ningún candidato, se hizo
notar que Labastida era su hombre de confianza. De hecho, sus
rivales en las primarias no dudaron en acusarle de ser el
"elegido" del aparato presidencial y, por tanto, beneficiario de
múltiples recursos de partida. En cualquier caso, la
campaña, muy disputada y bronca, exteriorizó con
crudeza la lucha de banderías en el seno del
PRI.
Zedillo esperaba con este ejemplo de democracia interna
convencer al electorado de que el PRI seguía siendo la
fuerza política más capacitada del país para
sacarlo de sus problemas,
teniendo además presente que la economía
proseguía su buen rumbo. Sin embargo, pesaron más
el profundo deseo de cambio del electorado y la escasa
convicción del propio Labastida, considerado el perfecto
oficial reformista del PRI pero escaso de carisma y presuntamente
débil ante las presiones de los conservadores. En la
jornada del 2 de julio de 2000 el candidato priísta
cayó derrotado con el 35,3% de los votos ante el hombre del
PAN, Vicente Fox Quesada, que obtuvo el 42,9%.
El histórico resultado fue rápidamente
reconocido por Zedillo, que llamó a una transición
ordenada y ofreció su colaboración al presidente
electo, con el que se reunió a las pocas horas. Las
felicitaciones internacionales se dirigieron a Fox, pero
también a Zedillo, por haber hecho posible un proceso
electoral transparente y libre de los habituales episodios de
fraude institucional. En opinión del ex presidente de
Estados Unidos Jimmy Carter, observador del proceso, las
elecciones fueron "casi perfectas". Las consecuencias de la
debacle no se hicieron esperar.
Los dinosaurios de
la vieja guardia del PRI, cuyo ascendiente había decrecido
por las medidas aperturistas, arremetieron contra Zedillo, al que
responsabilizaron de un "error histórico" que, no
obstante, remontaron hasta comienzos de los años noventa,
cuando Salinas de Gortari introdujo el liberalismo
económico. La celeridad con que el presidente había
concedido la victoria a Fox produjo un malestar
añadido.
El 4 de julio dimitieron la presidenta Dulce
María Sauri y la Comisión Directiva en pleno "por
dignidad", renuncia que fue rechazada al día siguiente por
el Consejo Ejecutivo Nacional reunido en sesión de
urgencia. El día 6 de julio Zedillo, saliendo al paso de
las numerosas voces que le exigían la asunción de
responsabilidad por lo sucedido, emitió un comunicado por
el que se desvinculaba del conflicto interno del partido, a cuyos
miembros instaba a reconocer la derrota y animaba a hacer una
importante "introspección" para sacar lecciones por lo
sucedido y encarar positivamente el futuro. Un segundo aldabonazo
para el tambaleante partido fue la victoria en Chiapas del
candidato conjunto de la oposición, Pablo Salazar
Mendiguchía, en las elecciones gubernamentales del 20 de
agosto.
El 1 de septiembre siguiente Zedillo, en su
último discurso a la nación, declaró
sentirse satisfecho por que bajo su mandato México
había "completado su viaje hacia la democracia". El 1 de
diciembre hizo cesión de la banda presidencial a Fox en
una ceremonia que contó con una nutrida
representación internacional.
Por otra parte, la situación económica de
México no podía ser más disímil de la
que le estalló en las manos a Zedillo nada más
asumir seis años atrás: 2000 registró un
crecimiento del PIB del 7%, exactamente el doble que el
año anterior, y una inflación del 9,5%, el
índice más bajo de todo el sexenio. El peso estaba
estabilizado frente al dólar, BANXICO había
aumentado sus reservas monetarias y el descenso de los ingresos
del petróleo por los bajos precios internacionales se
había compensado en parte con el relanzamiento de las
exportaciones no petroleras. A modo de balance, en el sexenio de
Zedillo la economía creció una media del 3,4%
anual, la inflación media fue del 23% y, dato revelador de
la apertura de la economía, el comercio exterior
pasó de representar el 12% del PIB a comienzos de 1994 al
42% a finales de 2000.
La satisfacción general por el pacífico
cambio de régimen se reflejaba en las encuestas de
opinión, que concedían al presidente saliente un
índice de popularidad del 60%. Ahora bien, abrumadores
déficits sociales quedaban en el tintero, siendo flagrante
la asimetría entre el desarrollo
económico y el desarrollo
humano. Zedillo también se despidió con la
mácula de determinadas operaciones financieras
irregulares, como la montada para rescatar de la quiebra al Fondo
Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA) y el presunto
flujo de dinero de Petróleos Mexicanos (PEMEX) a la
campaña electoral de Labastida. Las sospechas apuntaron
incluso a un enriquecimiento ilícito en el entorno
familiar del propio mandatario.
7. Ex mandatario con importante rol internacional
El anterior presidente mexicano mantiene en la actualidad una
agenda internacional muy rica. Es miembro de los consejos de
administración de las corporaciones Procter & Gamble,
Union Pacific y ALCOA, y asesor de Daimler-Chrysler y Coca-Cola;
columnista regular en la revista
Forbes, además ha adquirido el perfil de experto
colaborador en altos organismos internacionales.
Así, poco después de dejar la Presidencia,
el secretario general de la ONU le
nombró para encabezar el panel sobre Financiación y
Desarrollo, el cual elaboró un documento, el denominado
informe Zedillo, que brindó el marco político de
discusión a la Conferencia
Internacional sobre Financiación al Desarrollo que se
celebró en Monterrey del 18 al 22 de febrero de 2002, y
que previamente fue analizado en la IV Conferencia Ministerial de
la Organización Mundial de Comercio (OMC) que tuvo
lugar en Doha, Bahrein, del 9 al 14 de noviembre de
2001.
En este informe presentado el 28 de junio de 2001,
Zedillo y sus diez colegas sostienen la necesidad de avanzar en
la liberalización de los mercados mundiales, pero teniendo
presente los intereses y necesidades de los países menos
desarrollados, una "Ronda de Desarrollo" que, a diferencia de
anteriores rondas de desarme arancelario, habrá de poner
el énfasis en los productos agrícolas y
manufacturados (textiles en particular) que exportan estos
países.
Profesor visitante del London School of Economics y,
desde abril de 2002, director del Centro para el Estudio de la
Globalización de la Universidad de Yale, Zedillo es un
economista tan solicitado que días después de aquel
su último nombramiento no tuvo ambages en descartarse para
suceder en 2005 al tailandés Supachai Panitchpakdi al
frente de la OMC, La postulación, fomentada por altos
ejecutivos del organismo, parece no interesar a Zedillo, que se
encuentra cómodo en el equipo de asesores personales del
todavía director general, el neozelandés Mike
Moore.
Los Sexenios de:
Carlos Salinas de Gortari
Ernesto Zedillo Ponce de León
Autor:
Deysi Maitret Castellanos
Selene Domínguez Palma
Ana Lily Oropeza Aguilar
Cesar Tejeda Candelero
Alejandro Téllez López
Eleazar Elstón Cáliz
Lic. Ciencia
Política y Admón. Publica