Colombia es un país que durante los
últimos cincuenta años no logró importantes
avances ni el plano educativo, ni en el económico y menos
en materia de
competencia
ciudadana. La nación
sigue postrada en una violencia
política
cada vez más cruenta, y, con nuevos problemas
sociales, como el desplazamiento forzoso de miles de
compatriotas que aumentan los índices de marginalidad,
pobreza,
exclusión y neo-analfabetismo
cívico, en las principales ciudades del
país.
Un reciente estudio geográfico confirma como los
líderes de los grupos
insurgentes, los dirigentes del paramilitarismo y del narcotráfico han aprovechado este
fenómeno para apropiarse de las mejores tierras de los
campesinos desplazados, concentrando y acrecentando más su
demoledor poder
económico.
Las autodefensas, organizaciones
auspiciadas por terratenientes y ganadores colombianos, en sus
orígenes convertidas bandas de criminales que
competían inicialmente y en contra de la
subversión, por el control
económico y político de importantes regiones en
país, hoy ,se encuentran en proceso de
desmovilizarse como resultado de un eventual acuerdo con el alto
gobierno a
través de la Ley de
Alternatividad Penal, que facilitará su
incorporación a la vida civil.
Las tesis de las
autodefensas, se centra en la eliminación de las redes de cooperantes
(simpatizantes) o de miembros activos de la
subversión, han sido superadas por cuanto el Estado
colombiano, hoy cuenta con mejores instrumentos, con un ejercito
mejor entrenado y muy bien dotado en lo financiero. Hecho que nos
lleva a pensar que los patrocinadores del paramilitarismo no
encuentran la pertinencia de sostener dos ejércitos (uno
regular y el otro irregular) con la precaria situación de
las finanzas
públicas.
Estos grupos, los que
al amparo de
miembros activos de las
fuerzas armadas, altos oficiales de la policía y con la
ayuda de sectores importantes de la política nacional han
iniciado un proceso de
reinserción a la vida civil, -iniciativa, que es el
resultado lógico del aumento de la confianza a las fuerzas
armadas en la lucha estratégica contra la
subversión- están dispuestos a desmovilizarse en
forma total, siempre y cuando se les perdone sus delitos, se les
reinserte a la vida laboral y se les
dé capacitación permanente.
Todo parece indicar, que la posibilidad confrontar y
liquidar a las organizaciones
subversivas dentro de la política de la Seguridad
Democrática, es un hecho. Por eso, el principal objetivo del
fracasado referendo del
25 de octubre era sacrificar a los más pobres a
través de iniciativas de tipo fiscal en la
búsqueda de grandes recursos para
financiar la guerra
inútil que sólo deja muertos, secuestros,
desplazados, hambrientos y odios irreconciliables entre los
colombianos.
Las guerrillas, constituidas por cuadrillas,
generalmente de campesinos excluidos, que bajo una ideología marxista, combinan todas las
formas de lucha en procura de influir y sobre todo de ampliar su
accionar subversivo en contra del Estado:
secuestran, extorsionan, asaltan poblaciones, saquean, vuelan
oleoductos e infraestructura de servicios
públicos. Hoy están arrinconadas, ante las feroz
arremetida de las Fuerzas Armadas del presidente Uribe y en los
últimos combates han perdido buena parte de los coroneles
de la subversión.
Los colombianos identifican al ELN como a las FARC– EP y
las bandas del paramilitarismo como actores más
influyentes del conflicto.
Obviamente que el ejercito, la policía y algunas
organizaciones del Estado
victimas de la vorágine de la guerra
también terminaron realizando acciones
brutales en contra de la población civil como lo atestiguan los
últimos allanamientos en los que se han capturado a
cientos de colombianos acusados de encubridores o cooperantes de
la subversión. Los que después, -si no son
desaparecidos físicamente- terminan libres, por falta de
pruebas en los
juzgados.
La llamada sociedad civil
colombiana no ha podido construir un vasto movimiento que
logre una sólida resistencia civil
en contra de las fuerzas del paramilitarismo como de la
subversión, y por el contrario, se ha convertido en el
principal blanco de las acciones
terroristas, los secuestros y las "vacunas";
hechos que han generado una constante preocupación por
parte de la Comisión de los Derechos Humanos
de la ONU, quienes cada
vez están más alarmados por la situación
cada vez es más grave en lo que respecta a la
violación sistemática de derechos y libertades
fundamentales en Colombia.
La guerra inútil que vive este país, no
sólo afecta a los pobladores del campo, los mismos que son
obligados a desplazarse abandonando sus tierras y pertenencias,
sino también a los habitantes pobres de las grandes
ciudades que una vez atrapados en los cinturones de la miseria de
las grandes capitales son victimas de organismos que practican la
llamada "limpieza social", abominable crimen, que pretende
liberar a las ciudades de su indeseable presencia según
atestiguan las denuncias de organismos no gubernamentales que
claman y luchan a favor de los derechos
humanos.
"Desechable" es el término oprobioso e indigno a
que han sido reducidos por los escuadrones de limpieza, que
asesinan a todo aquel que por razones económicas o
sociales se ve obligado a vivir como nómada urbano y en
condiciones de indigente. La "limpieza" también se aplica
en las zonas indígenas y poblaciones próximas a los
refugios o santuarios de los guerrilleros, como un mecanismo de
presión
para eliminar las llamadas redes civiles de la
subversión o cooperantes de la guerrilla.
La salida al actual conflicto
armado, la construcción de una sociedad
más democrática y civilizada, sólo es
posible, si se supera la violencia y la
guerra sucia de los organismos de "limpieza social"; y sobre
todo, si se afecta el negocio del narcotráfico, principal agente financiador
del conflicto armado. En tal sentido, ampliar la democracia
significa asumir un mayor compromiso con los sectores más
pobres tanto del campo y como de la ciudad por parte del gobierno.
El estado de degradación y los deplorables
excesos de la guerrilla obligó al anterior presidente de
la república Andrés Pastrana a liquidar el proceso
de negociación iniciado con las FARC, el mayor
grupo
insurgente en Colombia. En ese
mismo sentido, el actual gobierno, en cabeza del presidente
Álvaro Uribe, consecuente con su programa de la
Seguridad
Democrática ha dado importantes pasos encaminados a
endurecer la posición del gobierno a través de mano
dura contra los grupos armados ilegales de la subversión
pero no parece hacer lo mismo contra los paramilitares, los
cuales se verán favorecidos a través de la llamada
Ley de
Alternatividad Penal.
El duro revés que recibió el alto gobierno
con el rechazo al referendo,
refrendado por triunfo electoral de la izquierda
democrática el 26 de octubre, debe servir de elemento para
que el presidente Álvaro Uribe redefina su política
autoritaria interesada en sacrificar a los más pobres en
beneficio del Fondo Monetario y de los más ricos en el
país.
Recordemos que a mediados de este año, varias
organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron
que durante el año 2002 en Colombia se registraron 32 mil
muertes violentas, 544 masacres con 2600 victimas, 5.600
homicidios políticos, 267 líderes sindicales
asesinados y 420 mil desplazados. Estos hechos confirman la
profunda crisis
humanitaria que padece la nación.
Y plantean que no están dadas las condiciones para
presumir la buena voluntad de los jefes de las
autodefensas.
Por otro lado, no es prudente hacerse ilusiones de paz
por la eventual entrega de hombres y armas de
organizaciones paramilitares. Y menos en los momentos en que la
violencia crece, día a día en el país, no
tiene sentido que se hable de evaluar competencias
ciudadanas en las instituciones
educativas del país. Para evaluar competencias
cívicas es preciso primero fortalecer la
comprensión de la cuestión humanitaria, el
conflicto armado interno y fortalecer el diálogo,
la concertación, el poder
ciudadano en el seno de las comunidades en contra de toda forma
de intolerancia que propicia la violencia y la guerra.
De igual forma, la familia de
los más pobres, en Colombia, se ha convertido en el
núcleo donde nacen y se reproduce el odio; la violencia
familiar que pasa por el maltrato al menor, a la esposa,
abuso sexual;
manifestaciones de incompetencia ciudadana que ratifica la
incapacidad tanto de la sociedad como del
sistema educativo
en formar competencias cívicas. Por tal motivo, la prueba
"Saber" realizada en el mes de noviembre, por el Ministerio de
Educación
Nacional con alumnos de grado 5º y 9º en todas las
instituciones
del país con referencia a las competencias ciudadanas no
sólo son ingenuas al pretender evaluar lo que el sistema
está incapacitado para enseñar a través del
ejemplo de las autoridades respectivas sino que es profundamente
demagógica cuando en su cuestionario
se pretende echarle la culpa y responsabilizar a los docentes de
los resultados de dicho examen aplicado a los más
jóvenes en Colombia.
Los demócratas sabemos que la estrategia
presidencial para acabar el "terrorismo" y
la subversión, está centrada en elevar el pie
fuerza,
fortalecer la capacidad de confrontación del ejercito,
construir un "ejercito" de civiles algo así como un
millón de informantes, creación grupos de soldados
campesinos, al tiempo que el
congreso aprueba normas como el
Estatuto Antiterrorista y la Ley de Alternatividad Penal. Estas
iniciativas han sido duramente cuestionadas por los organismos
que defienden los derechos humanos tanto en el ámbito
nacional como el internacional; a juicio de ellas, tanto la ley
de alternatividad como el estatuto lesionan las libertades
ciudadanas y no protegen los derechos humanos.
El proyecto Ley, de
Alternatividad Penal busca suspender las ordenes de captura
contra los jefes del paramilitarismo y crear espacios para
discutir con ellos el cese de hostilidades, concretar la entrega
de armas a
través de un olvido por parte de Estado a las acciones y
atrocidades cometidas. Es comprensible que el actual presidente,
este inclinado en negociar con las autodefensas, y por puesto,
trate, de aplicarles medidas de indulto, alivio de penas y muchos
casos de olvido a sus crímenes, dado que ellos son en el
fondo unos ejércitos privado de auxiliares y aliados del
establecimiento en la lucha estratégica en contra de la
subversión.
"Cada día parece más cierto que el
ejercito colombiano saca pecho y está en mejores
condiciones para asumir sólo la tarea de enfrentar y
derrotar a las guerrillas. Situación que es posible si la
sociedad asume el alto costo de la
guerra y sacrifica las libertades públicas consagradas en
la Constitución", este es razonamiento de los
sectores que desde la derecha política alientan a la
guerra total contra la subversión. Al contrario de lo
anterior, los demócratas insistimos que no es viable para
el Estado
sostener una guerra prolongada y total en actuales circunstancias
de crisis en las finanzas del
Estado y menos con la existencia de un ejército que devora
más del 90 % del presupuesto de la
nación en la lucha en contra de la subversión. Ese
es la verdadera razón que explica el interés
del alto gobierno por "desarticular" el paramilitarismo a
través de medios
jurídicos no previstos en la ley. Es decir no es
sostenible financieramente dos ejercitos.
Los demócratas creemos que mientras existan 10
millones de indigentes, y el 70 por ciento de población esté en condiciones de
pobreza,
erradicar la violencia es sólo un vano espejismo. Y menos,
cuando la violencia en los campos determina que el 1.5 por ciento
de los colombianos concentre el 83 % de la tierra
según un estudio de la FAO. Esto confirma que la guerra en
Colombia, es un gran negocio y la tentativa de llegar a cuerdos
con los líderes del paramilitarismo sólo busca
crear las condiciones para legalizar la apropiación
ilícita de tierras por parte de estos grupos al margen de
la ley.
No hay proceso de paz – por más generoso
que sea – cuando las heridas del salvajismo y de la barbarie
aún no han cerrado. No puede haber olvido por parte del
Estado a los crímenes cometidos por el paramilitarismo
porque a al Estado le corresponde reestablecer la memoria y
castigar por el daño causado por la mano asesina y al
autor intelectual de los crímenes cometidos por estos
grupos mal llamados de autodefensas, máximo cuando son
responsables de la mayoría de las masacras que enlutan
esta nación. El precio de la
paz no puede ser la impunidad y menos la indiferencia de la
sociedad civil
frente al crimen.
La actual crisis humanitaria que registra el
país, confirma que si no hay una política integral
para evitar el crecimiento de la violencia, no tiene sentido
evaluar a los más jóvenes en competencias
ciudadanas en las escuelas y colegios, y mucho, menos solicitar a
los maestros responder por la defensa de los derechos humanos
cuando la misma reforma a la justicia
supone la cancelación de principios e
instancias que garantizan un mínimo de convivencia.
Limitarle competencias a la Corte Constitucional, liquidar
mecanismos como la tutela también nos lleva a pensar que
la llamada Seguridad Democrática terminará abriendo
el boquete para ampliar la arbitrariedad, el abuso de la fuerza y el
terrorismo,
está vez, por parte del mismo Estado.
Sin duda el problema más grave que tiene el
país es la corrupción
y erradicarla significa mejorar la distribución del ingreso, reactivar la
economía y
generar una amplia política de austeridad. Esto es
absolutamente contrario a lo que esta ocurriendo a la hora de
escribir estas líneas, los medios de
comunicación del país registran como la
corrupción a continuado su efecto
demoledor. La nota periodística del mes registra como la
gerente de las
Empresas
Publicas de Medellín pagó 100 millones de pesos por
una vajilla para atender actos de protocolo de
dicha entidad y se gastó más de 20 millones de
pesos en representación en un viaje realizado a Rusia con
tarjeta de crédito
con cargo al municipio.
Al cierre de este articulo una noticia que concita al
país, un nuevo acto de barbarie en la capital del
país, 70 heridos y varios muertos producto de
una granada que fue arrojada en un establecimiento de la "zona
rosa" de Bogotá. Cada hecho, cada suceso confirma que los
compromisos humanitarios que deben hacer los colombianos en el
proceso hacia la paz es una tarea irrenunciable.
Finalmente recordemos que "La tolerancia debe
ser el nuevo nombre de la paz y para que se dé, es
necesario asumir el compromiso personal de ser
más tolerantes con nosotros mismos, con nuestras familias
y con todos los que nos rodean. Sólo así,
lograremos construir un mundo en donde la tolerancia no
sólo sea deseable sino también practicable"
señalaba el pensador colombiano Estanislao
Zuleta.
Alvaro Mina Paz