- Concepto general de
corrupción política - Concepto
restringido - Moralización
- El sistema
- Percepción internacional
y costos de la corrupción - La crisis
ética - Conclusión
Durante los últimos quince años las
prácticas de corrupción
atravesaron en todo el mundo una transformación de tal
envergadura, que actualmente se presentan como una de las
principales amenazas a la democracia y
las sociedades
modernas.
Existen gravísimas formas de corrupción. Durante los años ochenta
y noventa se ha apreciado en distintos paises una suerte de
corrupción generalizada que arrasaba con toda la sociedad.
Tal el caso de Italia que
presentaba un sistema donde
todo el mundo, en mayor o menor medida, lucraba de esta atmósfera de
corrupción generalizada. Existía una
aceptación tácita de todo tipo de
corrupción, porque todos – tanto los que estaban cerca
como lejos del poder –
parecían beneficiarse de alguna manera.
De igual manera,
distintos hechos de la realidad contemporánea nacional
imponen la necesidad de encarar con decisión un plan de lucha
contra al corrupción generalizada, que oscurece la
imagen del
país en el exterior. Estos hechos son, fundamentalmente,
la reiterada mala calificación que obtiene en los
últimos años la República Argentina en los
organismos internacionales que evalúan la situación
de corrupción en todos los paises, a la luz de las
opiniones vertidas por empresarios que deben operar en ellos, y
por los resultados de las encuestas que
recogen el reclamo unánime y mayoritario de erradicar este
mal social.
Actualmente la forma más grave de
corrupción es aquella que se gráfica como el
matrimonio
entre la corrupción política y las
distintas formas de mafia internacional. Nos encontramos con
la
globalización de la corrupción, lo que exige
respuestas globales para su erradicación.
CONCEPTO
GENERAL DE CORRUPCIÓN POLÍTICA
Existe coincidencia en que el concepto de
corrupción fue originalmente utilizado para definir el
proceso de
deterioro de productos
biológicos, como resultado de la insuficiencia o fin de
las funciones
vitales. Y se lo generalizó metafóricamente hacia
las cuestiones que hacen a la moral; es
decir para definir el deterioro de valores
reconocidos por la sociedad, con o
sin sanción jurídica.
Puede entenderse por Corrupción Política, toda
transgresión de normas dentro de
un determinado orden social, en este caso, de una sociedad
política como totalidad organizada, poseedora de una
cierta racionalidad. Transgresión que cuestiona en alguna
medida la supervivencia razonable de esa totalidad.
Desde el punto de vista normativo podrá
afirmarse que la corrupción política es un
atentado o transgresión de unas determinadas normas, principios y
valores que se
consideran importantes para la existencia y mantenimiento
de un orden social justo y razonable, y en consecuencia, digno de
ser vivido.
El primer gran problema para combatir la corrupción
política consiste en determinar que clase de normas han de
ser violadas para que se pueda hablar de corrupción y no
de otro tipo de fenómenos.
La corrupción política puede ser entendida
como violación de normas jurídicas y también
morales. Se podría afirmar que la corrupción
política es como un conjunto de faltas y delitos que no
siempre se pueden probar y que amenazan con extenderse por todo
un tejido social, económico y
político-estatal.
La corrupción, por lo tanto, puede ser tanto una
desmesura (¿inmoralidad? ¿imprudencia?) en el uso
de fondos públicos, como la compra (ilegal=delito) de
decisiones políticas
(generalmente de contenido económico).
La corrupción política tiene que ver,
indudablemente, con problemas
normativos.
La corrupción política se refiere a la vida
política y se especifica por los sujetos protagonistas de
su producción. "Vida política" es "Vida
pública", esto es lugares, sedes e instituciones
en los que están comprometidos intereses públicos o
generales; pudiéndose restringir su alcance a la "vida
institucional" de los distintos aparatos del Estado y a la
conducta de los
sujetos que intervienen en la vida política institucional
dentro de los aparatos del Estado.
No obstante y en función de
la indignación social, la corrupción
política también podría abarcar otros
aspectos u otros ámbitos, como por ejemplo la
corrupción de empresarios o ejecutivos pertenecientes al
sector privado.
Corrupción significa un cierto desorden social que
tiene el riesgo de
extenderse. Cuanto mayor sea la expansión más
negativa resulta su valoración, Se habla de
corrupción política cuando se advierte la
existencia de desviaciones morales y jurídicas
generalizadas, de una importante gravedad institucional.
La corrupción se caracteriza por constituir
transgresiones que tienen una alta dosis de clandestinidad, de
ocultismo y de falta de pruebas, lo
que lleva pensar que existen más actos de
corrupción política que los que realmente se pueden
probar, todo lo cual crea un grave desasosiego en
indignación social.
En principio la corrupción está definida en
os códigos penales de todos los paises. Sin perjuicio de
ello, de manera casi sistemática, se puede afirmar que
tales definiciones – en su gran mayoría- no
representan las formas actuales de corrupción.
La corrupción está en el centro de una
nebulosa de crímenes y delitos que
están ligados, pero el sólo delito de
corrupción no da cuenta de la complejidad del
fenómeno, ni de la multiplicidad de delitos
conexos.
No obstante que en algunos países resulte alto en
número de casos denunciados de corrupción, son muy
pocas las sentencias condenatorias por tal delito. Ocurre que los
magistrados no pueden probar los extremos exigidos por las normas
penales.
La prueba es casi imposible de obtener y los magistrados
deben recurrir a otros artificios y otros artículos del
Código
Penal para condenar estos hechos.
Hoy, la naturaleza de la
corrupción ha devenido sumamente sofisticada, al punto que
la torna prácticamente invisible, Se ha transformado en
algo tan discreto y pasa por mecanismos tan engorrosos que los
códigos penales no llegan a encuadrarla de manera
correcta.
La profesora Bárbara Barris White, de la Universidad de
Oxford, dice: " la corrupción no se reduce al soborno,
sino que se extiende a la evasión fiscal, a la
explotación laboral, y
distorsiona la ética que
debe regir una sociedad. Cuando lo difícil es ser un
funcionario no corrupto, la sociedad se encuentra al borde del
colapso, porque se puede entrar en un proceso de
deterioro vertiginoso… (y) puede dar lugar a la
creación de verdaderas mafias, que usan sus propios
métodos
para mantener sus situaciones de privilegio, las cuales, una vez
enquistadas en la sociedad, son muy difíciles de
extirpar….No se ve el prometido reino de la competencia
económica y la transparencia política, sino a
elites nacionales cada vez más inclinadas a utilizar
métodos
mafiosos…" (liberalizatión and the new corruption",
IDS Bulletin, abril de 1996)
Se puede afirmar que la situación descrita por la
profesora B.B. White se corresponde con la de la República
Argentina, en la
percepción de los medios de
difusión masiva, en la de instituciones
y organismos internacionales y en la de nuestra propia
sociedad.
Lo que caracteriza a nuestro tiempo es tanto
la existencia de una mayor conciencia y
conocimiento
de este mal social – dado que estamos en sociedades
democráticas avanzadas donde todo lo político se
conoce mejor-, como la exigencia de un mayor nivel de salud social a la
conducción política, que en sociedades autoritarias
y subdesarrolladas.
La mayor sensibilidad, conciencia y
conocimiento
de lo que debe ser y es un orden social hacen más
exigentes a las sociedades avanzadas e incluso generan una
especial preocupación y recelo de que este tipo de mal
social se extienda hasta límites
intolerables que podrían cuestionar gravemente el sistema como
sistema democrático. La "sensibilidad democrática"
es, una de las motivaciones más fuertes que han servido
para alertar sobre la corrupción política.
La más importante evolución respecto de la percepción
de éste flagelo es de los organismos internacionales como
el FMI, el Banco Mundial
y la Cooperación Andina de Fomento. Hace quince
años no se hablaba del problema y los economistas de estos
organismos no incluían a la corrupción como
criterio de análisis para la calificación como
buena o mala de la
administración de los paises con problemas. Hoy
la situación ha cambiado radicalmente y consideran que el
éxito
de un programa de ayuda
financiera está, cada vez más, ligado a la
cuestión de la corrupción.
No obstante ello, la corrupción ha aumentado,
así lo demuestra, por ejemplo, la masa de dinero emitida
por todo tipo de tráfico que además de resultar
creciente, se encuentra íntimamente ligada a la
corrupción de administradores y de hombres
políticos y se invierte en aquellos sectores donde resulta
posible reciclar capitales negros.
Principalmente el aumento de la corrupción se
explica por la verificación de cambios culturales. En todo
el mundo se transformó la opinión
pública sobre el rol del Estado y del mercado. Dicha
transformación presenta aspectos positivos y negativos;
positivos porque en muchos países el Estado se
mostraba incompetente e incapaz en su gestión
económica, gastando mucho dinero de sus
contribuyentes de manera incorrecta. Negativo por que en diversos
países hubo un exceso desvalorizando al Estado en su
función
de representante del bien común y de la cosa
pública, y ciertos funcionarios y políticos se
sintieron capaces de franquear la ética
pública, considerando al Estado como una suerte de caja
común en la cual podían hundir sus manos.
Por otra parte, se advirtieron transformaciones
ideológicas que privilegiaron, por ejemplo, la eficacia
inmediata en detrimento del respeto a los
procedimientos. Ha existido en estos países
una confusión entre mercado y
ausencia de reglas, esto que erróneamente se denomina
capitalismo
actual y que en realidad obedece a la caracterización del
capitalismo
salvaje de los años veinte del siglo pasado en los
Estados
Unidos.
En un sentido más restringido, es posible entender
también la corrupción política, como el
aprovechamiento de un cargo o función pública en
beneficio de intereses privados o particulares
compartidos.
Tal concepto forma
parte de la inmoralidad política, que es un tipo de
desviación de las conductas de los políticos
respecto a determinadas normas morales. Toda corrupción
política es una inmoralidad política, pero no toda
inmoralidad política puede entenderse estrictamente como
una corrupción.
En opinión de diversos autores, la corrupción
política dice fundamentalmente más de la
inmoralidad de los políticos que del uso ilegal del
poder, dado
que el problema de la corrupción política preocupa
a la ciudadanía como un fenómeno de inmoralidad
política.
Sin perjuicio de ello resulta necesario hacer
muchísimas precisiones al respecto, toda vez que no
cualquier inmoralidad de los políticos interesa a una
sociedad democrática y pluralista. No toda
transgresión moral es
percibida por la sociedad común caso de corrupción
política.
En los Estados democráticos de derecho toda
política está sometida necesariamente a una
moral
mínima socialmente aceptada que no es otra cosa que el
derecho, según esta tesis siempre
hay "algo de moral" en la política.
En toda política, al menos en una sociedad avanzada,
hoy se respetan reglas establecidas que expresan, entre otros,
valores
morales fundamentales para amplios sectores sociales. La
moralidad básica de la política es lo que en
definitiva se denomina "el principio de legalidad", que vale para
todos y también para los políticos. La existencia
del derecho es una forma de asegurar que determinados contenidos
morales van a ser respetados o se va a intentar que se respeten a
través de un aparato de fuerza
organizado como es el derecho.
La corrupción política también puede
ser delincuencia.
La delincuencia
política es una forma, la más radical, de
corrupción política (delitos cometidos por
políticos en el ámbito de sus actuaciones como
sujetos públicos). Y los políticos – como
cualquier otro ciudadano – serán corruptos en ese
sentido radical del concepto si no respetan la legalidad vigente.
Salvo casos excepcionales de desintegración social, los
políticos no suelen ser en este sentido corruptos,
después, no son delincuentes. Los políticos suelen
cumplir con esa "moralidad primera", esa moralidad asumida y
expresada como voluntad general que es la ley.
No obstante no todo lo que "debe hacerse" (por los
políticos o por cualquier ciudadano) está recogido
por el derecho. Hay muchas "normatividades" concéntricas y
tangentes que determinan la conducta humana.
Lo que está claro hoy es que el derecho no regula tantos
ámbitos de la práctica humana como controlaba en
otras épocas, cuando llegaba hasta controlar las
conciencias. Es una evidente y común convicción de
nuestro tiempo que el
derecho no está para ser "buenos" a los hombres en un
sentido estrictamente moral.
La necesidad de formular un concepto restringido deriva de
una amplia opinión
pública que entiende que la corrupción
política es algo más que simple delincuencia. En
este sentido, el problema más específico que se
plantea es si los políticos han de cumplir y respetar
otras reglas, además de las jurídicas, esto es,
unas llamadas reglas morales, normas que prohiben o mandan cosas
que no están prohibidas o mandadas por el derecho. En
otras palabras, la cuestión más debatida es si los
políticos tienen "deberes morales" que "no tendrían
jurídicamente que cumplir". El problema es, en otras
palabras, si la moralidad de los políticos (no su simple
legalidad) es una exigencia no sólo privada, sino
pública, una exigencia que puede ser planteada por los
ciudadanos (por el público)
La gravedad de la corrupción política nace de
la importancia de "ejemplificaciones" que tienen los
comportamientos políticos. Sus corrupciones tienen
más repercusiones a las que pueden tener los actos de
otros ciudadanos que también puedan ser corruptos.
Hoy la sociedad exige que los políticos sean no
solamente "legales" sino también "morales", es decir, que
respeten normas que no son sólo jurídicas, sino
también normas morales. Tal exigencia de la sociedad es un
fenómeno perfectamente constatable. Sin discutir si esta
exigencia es justificada o no y para que fines, están
claras dos cuestiones: primero; que la opinión
pública y la ciudadanía plantean frecuentemente tal
exigencia; segundo; no se sabe exactamente cuáles son esas
reglas morales que deben complementar las reglas jurídicas
y conformar la conducta de los
políticos.
Debemos preguntarnos entonces si existe una ética
política, una moral específica para los
políticos, y en última instancia, si se puede
justificar morales especiales según los status o las
funciones de
determinados individuos.
En principio, parece razonable hablar de morales especiales
o morales profesionales frente a una moral común. La moral
ordinaria sería aquella que responde a las características básicas de todo ser
humano, mientras que la moral profesional se deriva de las
especificidad de determinados papeles y status sociales, moral
que permite la realización de actos que desde el punto de
vista de la moral ordinaria estarían prohibidos ( o
mandados). Así se habla de la moral del médico, del
abogado, del magistrado, del militar, o del sacerdote.
También parece correcto afirmar que no es posible
una plena coincidencia entre una moral de lo privado ( de los
ciudadanos como sujetos privados) y una posible moral de lo
público ( de los políticos como sujetos
públicos). Quizá haya una razón importante
que explica que existan morales diversas, "situacionales" y es
que no hay principios
morales incondicionados, Lo político condiciona y
transforma principios morales más generales o comunes.
Así, los deberes de la vida pública se pueden
enfrentar a los deberes de la vida privada, como chocan la
lealtad a los amigos y el deber de imparcialidad propio de la
vida pública.
Max Weber
distinguía entre una ética de la convicción
y una ética de la responsabilidad; la primera basada en una
ética de principios, incondicional, que obra bien y deja
el resultado en las manos de Dios o a la responsabilidad de los demás. La segunda,
la ética de la responsabilidad insta a tener en cuenta las
consecuencias previsibles de la propia acción.
Weber se
inclinaba más por la ética de la responsabilidad y
admiraba a aquellos hombres maduros que sienten la
responsabilidad por las consecuencias, por lo que afirmaba que
"la política se hace con la cabeza, pero no sólo
con la cabeza" y caracterizaba a los "profetas
quiliásticos" como "odres llenos de viento que no sienten
realmente lo que están haciendo".
Ahora bien, sean de una moral especial y/o común, la
pregunta se torna inevitable; ¿ Cuáles son esas
normas morales que pueden llevar, en caso de ser incumplidas, a
la llamada "corrupción política", y no a una simple
"inmoralidad"?.
Sin perjuicio de reconocer que no existe un procedimiento
legitimado para determinar de modo concreto una
moralidad pública que vaya más allá del
derecho, se advierten experiencias políticas
y morales de las que pueden obtenerse criterios para entender que
clase de "inmoralidad" constituye la corrupción
política.
A modo de ejemplo, la sociología política podría
señalar criterios. El estudio de la opinión
pública indica que los ciudadanos – cada vez con
mayor énfasis – sentencia que los "políticos
debieran cumplir las promesas electorales"; "que no debieran
asignarse salarios o dietas
desproporcionados"; "que no debieran utilizar los fondos
públicos para gastos lujosos o
suntuarios";"que no debieran favorecer a compañeros del
partido, a amigos y parientes para cubrir cargos de libre
designación"; "que no debieran mentir"; "que no debieran
anteponer sus intereses privados o prtidistas a los intereses
generales". En síntesis,
esta moralización apunta a valores como la austeridad, la
solidaridad, la
veracidad, el buen ejemplo, etc., los que según la
ciudadanía conducirían a una política
más razonable.
La importancia de la moralización de la
política como superación de la corrupción
política (no de la simple delincuencia de los
políticos) reside en que puede constituir una excelente
vía, tanto para alcanzar una mayor vinculación
entre representantes y representados, sino también para
alcanzar una vida social más razonable y no simplemente
más justa.
La exigencia hacía los políticos, es que
éstos
deben sintonizar de mejor manera los valores e
ideales sociales mayoritarios que no hansido recogidos por las
normas jurídicas, pero que evidentemente sirven a una
mayor eficacia del
ordenamiento jurídico y a una mejor convivencia
política.
En este sentido "ser moral" significa "ser más
democrático", esto es, identificarse con las exigencias
morales (no jurídicas) que derivan de los modelos de
praxis social (sectoriales/globales) mayoritariamente compartidos
y que no pueden contenerse lógica
y razonablemente dentro de un ordenamiento
jurídico.
Debe exigirse a los políticos una mayor
"sensibilidad democrática", que les permita saber como
actuar más allá de lo que las leyes exigen y de
acuerdo con lo que quiere su pueblo, para lo cual deberán
estar dispuestos a escuchar las críticas y los deseos que
una
sociedad democrática manifiesta bien directamente
(elecciones, consultas), o bien indirectamente ( por medio de
instituciones públicas, movimientos sociales, asociaciones
privadas, medios de
comunicación social, etc.)
El problema de la corrupción no es una
cuestión sólo política o económica,
sino que es una cuestión social. La sociedad debe trabajar
en construir una "cultura de la
legalidad".
Sin perjuicio de considera que la democracia
lleva sobre sus espaldas un cargado saco de paradojas y de
promesas incumplidas, resulta claro que la causa de la
corrupción política y de su expansión no es
la democracia. La corrupción política no es un
motivo para cuestionar éticamente la democracia.
De la corrupción política provienen muchas de
las críticas al Estado Democrático. Los ciudadanos
se quejan de los políticos, pero terminan
quejándose del Estado a quienes esos políticos
dicen representar. Tal cuadro de situación está
llevando a imponer de nuevo la ley del
más fuerte, propia de un estado pre-social que legitima a
los titulares del poder económico, quienes promueven
sólo la eficiencia y la
productividad
y no hablan de justicia ni de
solidaridad.
La corrupción política nace fundamentalmente
de las carencias e insuficiencias de la moral cívica y
pública que necesita toda sociedad política para
sobrevivir. Las sociedades no se perpetúan sólo por
la existencia de un tejido jurídico-normativo; necesitan
además un tejido social moral y normativo. La
corrupción no podrá reducirse a límites
tolerables mientras no haya un tejido social hilvanado por
unamoral cívica y pública en el ámbito
político, y más allá del ámbito
político y entre todos los ciudadanos, desde los
políticos hasta los estudiantes primarios.
Todos nos indignamos frente a los altos niveles
de corrupción política, pero también
existen los profesores universitarios que no dan clases, los
alumnos que se copian, aquellos que siempre tratan de obtener
ventajas ilegales, los sistemáticos evasores o
defraudadores al fisco, los empresarios que corrompen a
políticos corruptos, los ciudadanos que viven entre lujos
suntuosos cuando existen miles de desocupados y personas que
carecen de las necesidades mínimas indispensables. Los
políticos no son los únicos corruptos. Como
enseña Meinecke hay que superar la idea que la
política es mala por definición o que es una
relación que necesariamente va a llevar a lo
inmoral.
Dentro de un sistema social hay instancias y estructuras de
especial virtualidad respecto de la conformación moral de
la vida política. En esta inteligencia
se puede afirmar que la corrupción política se
preconstituye en el mundo de lo privado, en esa sociedad civil
que preexiste a la vida política organizada. Los
políticos no nacen de la nada, ni vienen de lugares
especiales, sino que son personas que han sido formadas y
determinadas por las exigencias de socialización de un mundo privado de enorme
fuerza
constitutiva para otras estructuras
colectivas y públicas. De este modo, el sistema
económico, muchas veces, determina más las "formas
políticas". La competitividad
feroz, el insaciable afán de éxito y
de lucro, la desmedida afición al dinero, etc., son sin
duda, además de fuentes de
energía para el mundo económico y
empresarial (privado), los valores en
los que se educa a los jóvenes.
Enseña Ignacio Ramonet en su artículo "Los
nuevos dueños del mundo" que "…entre las personas
que más influyen en el mundo ya no se encuentra
ningún Jefe de Estado o Gobierno. Hoy
manda una nueva especie: los señores del
dinero…"
El desprestigio de la política y del Estado
está haciendo que los centros de las grandes decisiones
que afectan intereses generales (transporte,
salud, educación, comunicaciones, etc.) se ubiquen en el
ámbito de lo privado, donde la racionalidad de las
decisiones que afectan a esos intereses no se toman bajo las
exigencias de la igualdad y de
la publicidad que
son características propias de un Estado
Democrático de Derecho.
"Los sinvergüenzas públicos no son sino los
sinvergüenzas privados a los que se les ha dado por
comerciar con el bien común para su personal
provecho".
En una sociedad políticamente desarrollada con una
alta racionalidad democrática, el trabajo
político suele ser un noble servicio a los
demás, al interés
general, y está impregnado de un altruismo que está
muy lejos de lo que se ha dado en llamar la "seducción del
poder".
PERCEPCIÓN INTERNACIONAL Y COSTOS DE LA
CORRUPCIÓN
La Argentina siempre aparece en el grupo de los
paises más corrupto incluidos en el "Indice de
percepción de la corrupción" elaborado por
"Transparencia Internacional", ubicación que se encuentra
en estrecha vecindad con la de Rusia y Colombia. Sobre
un total de diez puntos (los mejores ubicados – Holanda,
Canadá, Nueva Zelanda, Suecia, Finlandia y Dinamarca-
tienen más de nueve puntos), la Argentina obtuvo para
1997, 2,81 puntos, cifra que a su vez fue un 50% inferior a la
obtenida en 1995. Este descenso indica un acelerado y constante
incremento de los niveles de corrupción en nuestro
país.
Desde otro punto de vista, los expertos señalan que el
impacto de la corrupción en la economía puede ser
equiparado a un incremento impositivo. Según Peter Eigen,
chairman de "Transparencia Internacional", la caída
del puntaje de la Argentina desde el 5,24 obtenido en 1995 al
2,81 de 1997, equivale a un aumento mayor al 8% en la tasa
impositiva.
Por su parte, el "informe sobre el
desarrollo"
del Banco Mundial
señala la importancia del costo de la
corrupción en términos de menor inversión y menor crecimiento. Al respecto,
el Foro
Económico Mundial, señala que en su ranking de
competitividad
–sobre 49 paises y en el período 1995/96- la
Argentina cayó del puesto 29 al puesto 37. Este
empeoramiento de la competitividad de la Argentina también
es registrado por la Universidad de
Lausanne (Suiza) la cual, a su vez, correlaciona la caída
de la competitividad con el aumento de la corrupción: los
sondeos de la Universidad de Laussane ubican a la Argentina entre
los cinco países más corruptos, en la inmediata
vecindad de Rusia y diez puestos por encima de Chile y
Brasil
(Clarín 2/9/97).
También el FMI opina
respecto del costo
económico de la corrupción. Preocupado porque los
países generen fondos para pagar la deuda, en un documento
de su directorio señala: "las deficiencias de gestión
del gobierno socavan
la confianza del mercado privado….y reducen el flujo de
capital y de
inversiones"
("Pautas para gestión de Gobierno", Directorio del FMI
–documento interno 1997).
En relación con los costos
económicos de la corrupción y refiriéndose
específicamente al caso Argentino, Paul Volker (ex
-titular de la Reserva Federal de EEUU) señaló:
"…se puede acelerar el crecimiento en la medida que se
respete la transparencia en los negocios y se
penalicen las conductas inapropiadas. De lo contrario, las
inversiones
pueden retirarse ocasionando una crisis…"
Por su parte la Iglesia
tampoco es ajena al fenómeno de la corrupción, ya
en el 2° Plenario de Obispos de 1997, Monseñor
Estanislao Karlic relacionó la corrupción con el
incremento de la brecha entre ricos y pobres: "…la
cuestión Argentina es fundamentalmente moral", dijo. Y
agregó: "en nuestro país son muchos los que tienen
una actitud
contraria a la ley moral, que se ha instalado como una
anticultura que disuelve la sociedad en una multitud de
individualidades egoístas. Esto constituye una profunda
herida a la nación,
porque no se es sociedad sino en la medida en que se vive la
amistad
social…"
LA
CRISIS
ETICA
Una encuesta de
Gallup efectuada en setiembre de 1996 permitió verificar
un hecho preocupante: el 58% de los argentinos pensaba que ser
una persona honesta
no servía, en el país, para alcanzar el
éxito.
A principios de 1989, sólo 3 de cada 100 personas
mencionaban la corrupción cuando se les preguntaba
cuál era el principal problema que tenía el
país. En 1992 3 de cada 10 personas incluyeron la
corrupción entre los grandes males de la vida
nacional.
En 1989 una nota formal del embajador norteamericano a nuestro
canciller destapó el "Swiftgate", escándalo que
puso a la corrupción en la agenda pública de los
argentinos.
El "Swiftgate" demostró que el Poder Judicial
opera sólo sobre una pequeña porción del
fenómeno de la corrupción: la mayoría de los
casos no se denuncia, de los pocos que se denuncian la
mayoría resulta imposible de probar y de los pocos que
llegan a probarse, la mayoría no llega a sentencia.
En 1990 y los años siguientes las denuncias se
incrementaron considerablemente, la respuesta política
consistió en desplazar a los jueces y fiscales que
investigaban y designar en sus lugares abogados cuya mayor virtud
fuera la lealtad. El Dr. Moreno Ocampo señala que al
antiguo problema de la corrupción se le sumó la
desligitimación del Poder
Judicial.
La gran aliada de la corrupción, como tantas veces se
ha dicho, es la impunidad. En la Argentina de los años
noventa, lamentablemente, la Justicia no
cumplió efectivamente ese papel. Por su
subordinación al poder político o por su directa
connivencia con intereses económicos algunos jueces se
convirtieron en una pieza más del tablero de la
corrupción institucional.
La Argentina no supo o no pudo –al menos de momento-
mejorar la calidad de las
estructuras del Estado, lo que resulta indispensable para
cualquier intento de lograr que la corrupción deje de ser
un componente sistemático de la vida nacional y se
convierta en una variable controlable.
Si bien nadie puede afirmar seriamente que la sociedad de
nuestro tiempo es más corrupta que las anteriores, si
puede señalarse que la percepción del
fenómeno de la corrupción se ha generalizado.
La lucha contra la corrupción es fundamental para
salvar justamente a la democracia y no debe hacerse sin importar
los medios, o sin
importar el espíritu. El objetivo
esencial consiste en restaurar el buen funcionamiento del sistema
político de la democracia. Hay que ser prudentes para que
esta lucha contra la corrupción no sea manipulada y
posteriormente convertida en una lucha contra la democracia.
Estos puntos van juntos: la lucha contra la corrupción y
la defensa de la democracia.
La corrupción es un mal moral, pero también
político y económico, paulatinamente deteriora la
democracia y constituye el más peligroso enemigo de
cualquier sistema socioeconómico basado sobre la competencia y la
igualdad de
posibilidades.
Que un régimen dictatorial se desmorone porque es
corrupto, no provocará el lamento de nadie ya que
quizás muera de su propio vicio. Pero no hay alternativas
a la muerte de
la democracia a causa de la corrupción.
¿Cómo se elimina la corrupción? El
problema tiene facetas culturales, que resultan imposibles
modificar por medio de una ley. El Estado
deberá trabajar intensamente en las aristas
institucionales y legales, en el corto y mediano plazo,
valiéndose de una clara y decidida acción
coordinada de los órganos de control del
Estado y fundamentalmente del Poder Judicial.
VICTOR HORTEL