La Reforma Agraria y la Ley de Tierras (página 2)

El
Desarrollo del
Mercado de
Tierras en Venezuela

En Venezuela,
desde la conquista, los productores agrícolas han tenido
acceso a la tierra
agrícola mediante procesos
esencialmente no mercantiles (invasión, clientelismo, uso
de poder
político, etc.). Sin embargo, desde fines de los
años cincuenta, se ha desarrollado un mercado de la
tierra en el
ámbito nacional, al cual los agricultores y ganaderos se
dirigen a a realizar sus ofertas y demandas.

Este mercado se compone de tierras privadas así
como bienhechurias fomentadas en terrenos públicos. En
este sentido la reforma agraria, iniciada en Venezuela hace
41 años, ha jugado un papel
relevante al titular las ocupaciones formalmente ilegales
herederas de la composición colonial.El desarrollo
histórico de la distribución de la tierra en
Venezuela dio como resultado un sistema
dicotómico de propiedad
donde predomino un sistema de
plantación-conuco en la región central y un sistema
de ganadería
intensiva en el hato de los llanos. Las plantaciones orientaban
su producción al mercado externo. Estos dos
sistemas de
producción fueron determinando un patrón de
concentración de la propiedad
debido a su expansión productiva. Por su lado, la producción familiar campesina corresponde a
una evolución de las formas indígenas
(áreas de los Andes, y el Macizo Oriental) o de los
pueblos de misiones. El sistema de producción campesino,
al no tener una vocación expansiva ha visto reducido, en
términos relativos, su participación en la tenencia
de la tierra.

Este panorama histórico puede considerarse, en
términos generales, como representativo de la tenencia de
la tierra hasta avanzado el siglo XX, a pesar de la
pérdida de vigencia de la hacienda como eje de desarrollo
agrícola en la región central a partir de los
años veintes.

A partir de 1950, se desarrollan medianas empresas con
características tecnológicas nuevas
cuya producción se orienta hacia el mercado interno. Para
1961, las empresas de
mediana superficie aportaban alrededor del 50% de la
producción agrícola del país. Al mismo
tiempo, el
hato llanero inicia un proceso de
modernización mientras buena parte del sistema productivo
de las haciendas se va reestructurando hacia explotaciones
medianas debido en particular a la reforma
agraria. El proceso de
reestructuración da origen al desarrollo de unidades de
explotación campesinas que aplicaron paquetes
tecnológicos de explotaciones medianas dando lugar a la
sub-optimización de los recursos.

Todas estas formas de desarrollo productivo agropecuario
obtuvieron el control de la
tierra en el marco de procesos
políticos en los cuales el Estado ha
ocupado siempre un papel
determinante. Los sucesivos gobiernos, desde la Corona hasta la
actual Administración, organizaron la
transferencia al control privado
del patrimonio
territorial público. El proceso fue cambiando de figuras
jurídicas que van de la merced colonial a los programas
vigentes de reforma
agraria, pasando por las enajenaciones de baldíos en
el siglo XIX. Gran parte de las reformas jurídicas
regularizaron situaciones de hecho originadas en la
ocupación o en el despojo. Algunos estudios destacan la
importancia de la reforma agraria implementada a partir de 1958,
pero los resultados obtenidos no parecen coincidir con las
opiniones emitidas. Al observar la evolución de la tenencia de la tierra
(Cuadro I), vemos que la reforma agraria no tuvo influencia
decisiva en el ámbito de transformación de la
estructura de
explotaciones pequeñas. Esencialmente existió un
incremento de la importancia relativa (de 20,3% a 34,3%) de la
superficie de las explotaciones de tamaño medio (de 50 a
1.000 ha), las cuales supuestamente no eran el objetivo
central de la reforma agraria. En cambio, las
pequeñas explotaciones ven su importancia relativa
estancarse (alrededor del 8%).

Si bien la reforma agraria fue poco activa en el proceso
de redistribución de la tenencia entre los pequeños
agricultores, cumplió un papel esencial en la
transferencia de tierras públicas a manos privadas y en el
desarrollo del mercado de tierras. En el período
1961-1992, la transferencia de la tenencia (ya que a ésta
se refiere, y no a la propiedad) en terrenos públicos se
adquiere (o se formaliza) a través de dos procesos: el
otorgamiento de títulos supletorios y la reforma agraria.
Los títulos supletorios son otorgados por los tribunales
de primera instancia. Formalizan el reconocimiento de la
propiedad de un productor sobre bienhechurías
(especificadas en el título) fomentadas en terrenos
públicos. La reforma agraria tampoco transfiere la
propiedad: los títulos de "propiedad" de todo tipo
entregados por el organismo responsable de su
implementación (Instituto Agrario Nacional, IAN) dejan a
éste el control absoluto de la facultad de disponer del
destino de la tierra. El beneficiario no la puede vender sino
solamente traspasar las bienhechurías fomentadas
en

ella, y necesita para esto la autorización del
directorio del IAN. Igualmente, no la puede hipotecar sin dicho
permiso. Los títulos del IAN se refieren pues al
reconocimiento de una forma de tenencia en las tierras del mismo
instituto. La evaluación
cuantitativa de este proceso resulta difícil, debido al
abandono de la parcela y la venta de las
bienhechurías correspondientes por parte de los
parceleros.

Hasta 1973, y con una intensidad decreciente, la reforma
se caracteriza esencialmente por el otorgamiento de
títulos y el reconocimiento más o menos
tácito, o bien la tolerancia, de la
ocupación del patrimonio
territorial del IAN por parte de todo tipo de productores. Se
trata pues de una transferencia de tenencia a productores,
campesinos en su mayoría. Se estima que la superficie de
tierras del IAN en manos de pequeños y medianos
productores era de alrededor 2.708.000 ha. A partir de 1978, el
IAN se orienta hacia la regularización de situaciones de
hecho creadas en su patrimonio territorial debido a la creciente
ocupación de este último por parte de todo tipo de
productores. Después de algunas realizaciones aisladas, se
implementa un programa masivo
de "regularización de la tenencia" en el marco de decreto
246 del 23 de agosto de 1979, que concierne, hasta el año
1992, a 116.065 beneficiarios en una superficie de 5.014 .000
ha.

Se trata de una extensión sustancialmente mayor
que la abarcada por las dotaciones del primer período. El
decreto 246 distingue las regularizaciones onerosas, a favor de
medianos productores, y las gratuitas, a favor de pequeños
productores. Asumiremos los medianos productores como
agricultores empresariales, y los pequeños productores
como campesinos. Las cifras ofrecidas por el IAN hasta el
año 1992. En resumen, en 1958 no existía un mercado
nacional de la tierra. Si bien en ciertas regiones existía
una actividad mercantil importante, en otras no se observan
intercambios en el sector. A partir de fines de los años
60, los intercambios van a intensificarse en todos las regiones,
y se puede hablar de la constitución de un mercado de la tierra en
el ámbito nacional. Se hace necesaria aquí una
primera distinción entre el rol del Estado y los
agentes privados. Respecto del papel del Estado
(gobierno central,
estatales, municipales) en el mercado de la tierra. El Estado no
es muy activo en el mercado de tierras; compra muy poco, y
prácticamente no vende.

Evidentemente esta situación beneficia a los
agentes sociales que gozan de un acceso más fácil a
los distintos organismos públicos implicados en el
funcionamiento del mercado de la tierra. Probablemente lo que se
está constituyendo es una tenencia a la mediana
dimensión, paralelamente al desarrollo de empresas
comerciales. Si enfocamos los agentes privados en el mercado de
la tierra, varios aspectos merecen ser tomados en cuenta. En
primer lugar, la creciente importancia de las sociedades
anónimas como compradores de tierras (llegan en los
últimos años a constituir más del 35 % en
ciertas regiones) lo que tal vez apunte al desarrollo de
relaciones cada vez más comerciales en las unidades de
producción. En segundo término, la aparición
masiva de los bancos
comerciales en el otorgamiento de hipotecas, paralelamente al
aumento del número y monto de las mismas. Por
último, una creciente proporción de residenciados
fuera del distrito entre las personas naturales compradoras en el
mercado.

El conjunto de las observaciones anteriores parece
orientar hacia: (i) una agricultura en
la que el uso de la tierra está siempre más
regulado por el mercado, y siempre menos por otros procesos
(dotación, ocupación de hecho, etc.); (ii) un
mercado de la tierra que tiende a expulsar a los campesinos y a
establecer un control cada vez mayor de la tierra por parte de
personas de profesión no agrícola; (iii) una
reforma agraria cuya actuación se enmarca hacia la
implementación de las condiciones de
mercantilización de la tierra, con resultados notables,
más que hacia una redistribución de la tenencia a
favor de los campesinos, hacia la distribución a favor de productores
medianos.

Los años actuales:
reforma agraria y mercado de la tierra.

La reforma agraria y la formalización de la
tenencia en tierras públicas. Si bien los autores insisten
en general en destacar la importancia de la reforma agraria
implementada a partir de 1958, el papel de esta última no
parece coincidir con las opiniones admitidas en general al
respecto. La reforma agraria no tuvo influencia decisiva a nivel
de la transformación de la estructura de
la tenencia, como lo demuestran los datos ofrecidos
por los censos agrícolas< [7] reseñados en el
cuadro 1. Observamos esencialmente un aumento de la
importancia relativa (de 20,3 a 34,3%) de la superficie de las
explotaciones de tamaño mediano (de 50 a 1.000 ha), las
cuales supuestamente no eran consideradas directamente por la
ley de reforma
agraria. Las pequeñas explotaciones (menos de 50 ha) ven
su importancia relativa estancarse (de 8% a 7,8%).

Aunque resulte claro que la reforma agraria fue poco
activa en el proceso de redistribución de la tenencia
entre los pequeños productores, podemos afirmar que
cumplió un papel esencial en la transferencia de tierras
públicas a manos privadas y el desarrollo del mercado de
tierra. En el período en examen, la transferencia de la
tenencia (ya que a ésta se refiere, y no a la propiedad)
en terrenos públicos se adquiere (o se formaliza) a
través de dos procesos: el otorgamiento de títulos
supletorios y la reforma agraria.

Los títulos supletorios son otorgados por los
tribunales de primera instancia (art. 798 del código
de procedimiento
civil). Formalizan el reconocimiento de la propiedad de un
productor sobre bienhechurías (especificadas en el
título) fomentadas en terrenos en general
públicos.

A partir de 1971, existe la posibilidad de cuantificar
este otorgamiento: se establece la obligación, por parte
de dichos tribunales, de solicitar el pronunciamiento de la
Procuraduría de la Nación,
previo al otorgamiento del título, si se trata de terrenos
baldíos. La Oficina Nacional
del Catastro es el organismo encargado del estudio
correspondiente. Los datos que posee
al respecto permiten evaluar en un 2,4% la proporción de
la Superficie de las Explotaciones Agrícolas en 1961 (SEA
1961) formada a nivel nacional entre 1971 y 1985, a partir de
títulos supletorios en terrenos baldíos, con un
promedio de superficie por título de 287 ha (Delahaye,
1986, p. 15). No representan pues una transferencia masiva, y
conciernen superficies medianas.

La reforma agraria tampoco transfiere la propiedad: los
títulos de "propiedad" de todo tipo entregados por el
organismo responsable de su implementación (Instituto
Agrario Nacional, IAN) dejan a éste el control absoluto
(por lo menos del punto de vista administrativo y legal) de la
facultad de disponer del destino de la tierra. El beneficiario no
la puede vender sino solamente traspasar las bienhechurías
fomentadas en ella, y necesita para esto la autorización
del directorio del IAN. Igualmente, no la puede hipotecar sin
dicho permiso [8]. Los títulos del IAN se refieren pues al
reconocimiento de una forma de tenencia en las tierras del mismo
instituto. La evaluación
cuantitativa de este proceso resulta difícil, debido a que
el abandono de la parcela y la venta de las
bienhechurías correspondientes por parte de los
parceleros, son ignorados por las estadísticas del IAN [9]. Examinaremos la
sitúa a través de dos etapas en el proceso iniciado
en 1958 e instrumentalizado por la ley de 1960 (para
esta periodización ver Delahaye, 1990).

Hasta 1973, y con una intensidad globalmente
decreciente, la reforma se caracteriza esencialmente por el
otorgamiento de títulos (hemos visto que éstos se
refieren a la tenencia y no a la propiedad) y el reconocimiento
más o menos tácito, o bien la tolerancia, de la
ocupación del patrimonio territorial del IAN por parte de
todo tipo de productores. Se trata pues de una transferencia de
tenencia a productores, campesinos en su mayoría, pero con
una cierta proporción, difícil de cuantificar con
precisión, de medianos productores. Un balance cifrado de
la situación para el año 1975, lo ofrece el
"Inventario de
tierras y beneficiarios" del IAN: evalúa la superficie de
tierras del IAN en manos de pequeños y medianos
productores en 2 708 000 ha, es decir 10% de la SEA
1961.

A partir de 1978, el IAN se orienta hacia la
regularización de situaciones de hecho creadas en su
patrimonio territorial debido a la creciente ocupación de
este último por parte de todo tipo de productores.
Después de algunas realizaciones aisladas ("dotaciones a
medianos productores", aplicación del decreto 350, etc.
Ver al respecto Delahaye, 1983, pp. 117 y sg.), se implementa un
programa
masivo de "regularización de la tenencia" en el marco de
decreto 246 del 23 de agosto de 1979, que concierne, hasta el
año 1992, a 116 065 beneficiarios en una superficie de 5
014 000 ha. Se trata de una extensión sustancialmente
mayor que la abarcada por las dotaciones del primer
período.

El decreto 246 distingue las regularizaciones
"onerosas", a favor de "medianos productores", y las "gratuitas",
a favor de "pequeños productores". Asumiremos los medianos
productores como agricultores empresariales, y los
pequeños productores como campesinos. Las cifras ofrecidas
por el IAN hasta el año 1992 indican 2 706 000 ha de
superficie "regularizada" para los primeros y 2 308 000 ha para
los segundos (cuadro 2). El abandono de la parcela (y el
consiguiente traspaso de la tierra correspondiente a medianos
productores) por parte de los campesinos beneficiarios se puede
evaluar en un 5% anual de la tierra asignada (Delahaye- Richter,
1981, vol. 1, pp. 123 y sg. Esta cifra correspondía a un
promedio a nivel nacional, calculado para los años
1969-1975). Si aplicamos esta relación a la superficie
"regularizada" a favor de los campesinos, constatamos que
más de 1 300 000 ha de ésta serán,
en el año 2 000, de propiedad de medianos productores,
quienes controlarán entonces mas de 3 600 000 de las 5 014
000 ha abarcadas por el programa. Se observa que el más
amplio programa de transferencia de tenencia en el marco de la
reforma agraria está beneficiando esencialmente a
productores medianos, y no a campesinos. Ello indica una
continuidad en el proceso histórico de formación de
la propiedad y tenencia en Venezuela: la regularización
viene a oficializar una situación de hecho (compra ilegal
de "bienhechuría" u ocupación pura y
simple).

Por otro lado, la reforma agraria
desempeña un papel fundamental en la implementación
de un mercado nacional de la tierra agrícola (Delahaye,
1983, pp. 83 y sg.). El IAN es un agente esencial en la
mercantilización de la tierra agrícola, tanto en la
medición de la tierra en los casos de
adquisición de tierras privadas, del catastro de las
tierras públicas transferidas, o de las parcelaciones,
como de la fijación del precio de los
terrenos.

No solamente la reflexión teórica nos
lleva al mercado, sino también el examen de la realidad
del proceso de reforma agraria. Vamos a describir brevemente las
operaciones
efectuadas en dicho mercado, así como los agentes que en
él intervienen.

El mercado de la tierra. En 1958 no existe un mercado
nacional de la tierra. Si bien en ciertas regiones existe una
actividad mercantil importante, en otras no se observan
intercambios en el sector: en municipios como los de El Amparo o
UrdanetaLa Victoria (Dtto. Páez del estado Apure), se
intercambia anualmente menos del 0,01% de la superficie de las
explotaciones agrícolas, en el período
1958-67.

A partir de fines de los años 60, los
intercambios van a intensificarse en todos los distritos
estudiados [10], y se puede hablar de la constitución de un mercado de la tierra a
nivel nacional. Para observarlo, delimitaremos los mismos lapsos
indicados en relación con la reforma agraria (1958-73 y
1974-1992).

Características de las operaciones
efectuadas. Se observan evoluciones similares en todos los
distritos estudiados [11]:

• La actividad del mercado en términos de
  número y monto anuales de las compraventas e hipotecas
  parece muy generalmente ser sustancialmente más
  elevada en 197492 que en 195873 (en el caso de las hipotecas,
  el monto anual en el segundo lapso es, en todos los
  distritos, más de 10 veces superior al del primer
  lapso);
• La movilidad de la tierra agrícola en el
  mercado [12] es muy alta en el segundo lapso estudiado (3,5%
  o más después de 1975 en todos los distritos
  estudiados; y hasta 15% en algunos. Una cifra normal en otros
  países de economía de mercado es el
  2%);
• El precio
  estimado de la tierra presenta una evolución
  comparable en todos los distritos estudiados (figura 1):
  progresión lenta entre 1958 y 1973 y aumento
  pronunciado (más de 400%) entre 1974 y 1980.
  Después de una estabilización o baja relativa,
  se observa un nuevo aumento a partir de 198384, y una baja a
  fin de los ochenta. En nuestra opinión, el paralelismo
  de esta evolución en los distritos estudiados es uno
  de los argumentos más relevantes a favor de la
  conformación de un mercado de la tierra a nivel
  nacional. Estas variaciones simultáneas deben
  responder, lógicamente, a cambios en las
  determinaciones del precio de la tierra a nivel nacional. No
  es fácil proponer explicaciones concretas en
  relación con dichas variaciones. Sin embargo, un
  factor importante puede ser el monto de los créditos agrícolas, que sube
  drásticamente desde 1974: la cuantía otorgada
  por los bancos
  públicos cuadruplica, mientras los bancos privados
  están obligados, a partir de este año, a
  consagrar parte de su cartera crediticia al sector
  agrícola. La propiedad de la tierra pasa entonces a
  ser un requisito para la obtención de un crédito, lo que ejerce una presión en el alza del precio de los
  terrenos.

FIGURA 1 – Precio por hectárea (promedio
móvil sobre tres años)

Para ver el gráfico seleccione la
opción "Descargar" del menú superior

Agentes sociales presentes en el
mercado

Se hace necesaria aquí una primera
distinción entre el Estado (es decir el gobierno y los
organismos públicos en general) y los agentes
privados.

Respecto del papel del Estado en el mercado de la
tierra, es importante insistir en tres aspectos:

• El control normativo, es decir, la
  evaluación de la medida en la que se aplican las
  disposiciones legales referidas al funcionamiento del mercado
  (conformidad de las actas con los textos vigentes, respecto
  de las interdicciones de ventas de
  "bienhechurías" en tierras del IAN, etc…. En este
  punto, los organismos públicos a nivel nacional se
  muestran poco activos,
  mientras que a nivel regional su actuación parece
  ceñirse a "pactos locales", en los cuales las
  relaciones de fuerza
  parecen sobreponerse a las normas
  nacionales y, evidentemente, favorecen a los agentes sociales
  más poderosos de la comarca;
• La propiedad territorial pública: A pesar de
  ser muy extensa en varios distritos [13], el Estado no parece
  muy activo en este sentido: compra muy poco, y
  prácticamente no vende. Su actuación se asemeja
  a la de la estatua del comendador: aunque no dé
  señas de actividad, cualquier cambio en
  la situación deberá ser avalada por
  él;
• beneficiarios: Evidentemente esta situación
  beneficia a los agentes sociales que gozan de un acceso
  más fácil a los distintos organismos
  públicos implicados en el funcionamiento del mercado
  de la tierra, en particular a nivel local, donde se conforman
  los "pactos locales" aludidos más arriba. Los
  campesinos serán difícilmente los beneficiarios
  en estas luchas. ¿Serán mas bien los
  "latifundistas", nuevos o antiguos, denunciados tantas veces?
  Los datos existentes no parecen orientarnos en este sentido.
  La regularización "onerosa" de la tenencia, dirigida
  explícitamente a favor de los productores no
  campesinos, corresponde a un promedio por título
  otorgado de 131,5 ha, en un conjunto que no presenta
  prácticamente superficie mayores de 500 ha por
  título. Por otra parte, en ninguno de los distritos
  estudiados, ni en los estudios de casos realizados, se
  observa la constitución de explotaciones de gran
  superficie a partir de las bienhechurías compradas en
  tierras de la reforma agraria.
• En este sentido, parecen poco favorables a los
  campesinos las denuncias genéricas de un
  neo-latifundio que se formaría a partir de las tierras
  de la reforma agraria, por lo menos en el caso venezolano.
  Probablemente lo que se está constituyendo es una
  tenencia de mediana dimensión, paralelamente al
  desarrollo de empresas comerciales. Más conveniente
  podría ser el esclarecimiento, tal vez fastidioso, de
  los mecanismos menudos del funcionamiento material del
  mercado de la tierra, cuyo conocimiento es aprovechado por ciertos
  grupos, por
  ejemplo para comprar (ilegalmente, lo vimos) sus
  bienhechurías, a un módico precio, a los
  campesinos "beneficiarios" de la reforma agraria. Es en este
  sentido que resulta importante insistir en la observación de las modalidades
  concretas de la actuación de los organismos
  públicos.

Ahora bien, si enfocamos los agentes privados en el
mercado de la tierra, varios aspectos merecen ser tomados en
cuenta:

• La creciente importancia de las sociedades
  anónimas como compradores de tierras (llegan en los
  últimos años a constituir más del 35 %
  de éstos en ciertos distritos; en todos, se observa un
  incremento importante), lo que tal vez apunte al desarrollo
  de relaciones cada vez más comerciales en las unidades
  de producción;
• La aparición masiva de los bancos
  comerciales en el otorgamiento de hipotecas, paralelamente al
  aumento del número y monto de las mismas constatado
  más arriba, a partir de 1974 (vimos la
  significación de esta fecha para la
  problemática del crédito agrícola y sus
  consecuencias a nivel del mercado. Constituyen más del
  60% de los acreedores hipotecarios después de ese
  año, mientras que antes representaban una
  proporción muy baja. Sin embargo dichos bancos no
  manifiestan interés en el control directo de la
  propiedad de la tierra: no hallamos una sola ejecución
  de hipoteca por su parte;
• El aumento general de la proporción de
  comerciantes y de profesionales dentro de los compradores de
  tierras, lo que representa una presencia creciente, en la
  propiedad y la tenencia, de profesiones no vinculadas
  directamente con la actividad agrícola, cuyo objetivo
  exclusivo en la producción es muy probablemente la
  rentabilidad de su inversión: se fortalece el carácter cada vez más comercial
  de la producción;
• Una creciente proporción de residenciados
  fuera del distrito entre las personas naturales compradoras
  en el mercado, quienes se ubican en su mayoría en la
  capital
  del estado, o incluso en Caracas, lo que refuerza las
  observaciones anteriores.

Puesto que los campesinos como tales no aparecen en
los datos recogidos en las actas del registro, solo
a través de inferencias se puede tratar de percibir su
actuación. En efecto, están indicados como
"agricultores", junto con todo tipo de productores
empresariales medianos o grandes. Para obtener un grupo con un
porcentaje determinante de campesinos, consideramos las
transacciones de compra-ventas de
superficie menor de 50 ha, en las cuales el vendedor tiene la
profesión de "agricultor", vive en el mismo distrito y
es venezolano. En todos los distritos, este grupo vende
a un precio por ha sustancialmente inferior al observado en el
total de las ventas de tales superficies (cuadro 3). Si bien
estas indicaciones no pueden tomarse al pie de la letra,
evidencian una posición desventajosa de los campesinos
en el mercado registral. Se puede observar (Delahaye, 1979, pp.
217 y sg.) como su actuación en el mercado formalmente
ilegal de los traspasos de bienhechurías en tierras del
IAN se traduce por su evicción de los terrenos del
Instituto.

El conjunto de las observaciones
anteriores parece orientar hacia:

• Una agricultura en la que el uso de la tierra
  está siempre más regulado por el mercado, y
  siempre menos por otros procesos (dotación,
  ocupación de hecho, etc.);
• Un mercado de la tierra que tiende a expulsar a los
  campesinos y a establecer un control cada vez mayor de la
  tierra por parte de personas de profesión no
  agrícola y domicilio urbano, mientras se asiste a un
  crecimiento de la proporción de
  compañías anónimas y de bancos (en este
  último caso, solamente a nivel del crédito
  hipotecario);
• Una reforma agraria cuya actuación se
  enmarca hacia la implementación de las condiciones de
  mercantilización de la tierra, con resultados
  notables, más que hacia una redistribución de
  la tenencia a favor de los campesinos, que no se ve efectuada
  en la práctica. De hecho, esta redistribución
  se opera a favor de productores medianos. Los datos del
  cuadro 1 confirman este estancamiento de la tenencia de los
  pequeños productores y el progreso de los
  medianos.

Un análisis basado únicamente sobre la
reivindicación teórica de la renta y su lógica
consecuencia, la reforma agraria, no permite pues un conocimiento
real del tema en Venezuela, ya que el mercado determina
transformaciones que cuestionan los logros de la
reforma.

Venezuela: el mercado se impone solapadamente a la
reforma agraria.

La evolución histórica de las formas de
producción agrícola en Venezuela y de la
formación de la propiedad y de la tenencia de la tierra
[5] van a determinar las características del mercado de la
tierra.

Formas productivas,
tierra y estado venezolano:
una estrecha relación

Un análisis muy estructurado del surgimiento y
desarrollo de las formas históricas de la
producción agrícola puede encontrarse en los
trabajos del equipo socio histórico del Centro de Estudio
del Desarrollo de la Universidad
Central de Venezuela, CENDES (ver al respecto
Carvallo-Hernández, 1980).

Predominan la hacienda, constituida, esencialmente en la
región central, en base al "binomio
plantaciónconuco" y orientada hacía la agro
exportación (ver Hernández, 1988),
así como el hato de los llanos dedicado a la ganadería
extensiva (ver Carvallo, 1985). Los autores explican como estas
dos formas de producción determinan un patrón de
concentración de la propiedad y/o de la tenencia de la
tierra, debido a sus necesidades en espacio.

Por su lado, la producción familiar campesina
corresponde a una evolución de las formas indígenas
(Andes, Macizo oriental) o de los pueblos de misiones; al no
poseer esta característica de acaparamiento territorial:
más bien ha visto su reducido ámbito constantemente
cuestionado por la expansión de la hacienda y del hato.
Entre las unidades productivas que controlan amplias superficies,
y los exiguos terrenos poseídos por los campesinos, no
parece posible que haya lugar para explotaciones de mediana
extensión, por lo menos en proporción relevante. El
panorama puede considerarse, en términos generales, como
representativo hasta avanzado el siglo XX, a pesar de la
pérdida de vigencia de la hacienda como eje del desarrollo
agrícola en la región central a partir de los
años veinte. Solamente a partir de 1950 se desarrollan
empresas con características tecnológicas nuevas
(uso intensivo de insumos industriales) y de mediano
tamaño, cuya producción se orienta hacía el
mercado interno (Llambi, 1988). Ya en 1961, las empresas de
mediana superficie aportan la mitad de la producción
agrícola del país (Rodríguez, 1987, p. 199),
lo que indica su importancia para el abastecimiento nacional. Al
mismo tiempo, el hato
llanero inicia un proceso de modernización (descrito en
Carvallo, 1985), mientras buena parte de las haciendas ven sus
relaciones de producción transformarse profundamente
(Hernández, 1988), o incluso desaparecen, debido en
particular a la reforma agraria. Esta última está
al origen del desarrollo de unidades de producción
campesinas específicas, las cuales aplican el paquete
tecnológico moderno de las empresas medianas sin tener una
real posibilidad de obtener resultados comparables (ver al
respecto CENDES, 1978, vol. 1, pp. 38 y sg.).

Todas estas formas de producción obtuvieron el
control de la tierra en el marco de procesos
sociopolíticos en los que el Estado ocupa siempre un papel
determinante. Los sucesivos gobiernos, desde la Corona hasta la
actual Administración, organizaron la
transferencia a control privado del patrimonio territorial
público, a través de varias figuras, que van de la
merced colonial a los programas
actuales de reforma agraria, pasando por las enajenaciones de
baldíos en el siglo XIX [6]. Buena parte de ellas,
empezando por las mercedes coloniales, regularizaron situaciones
de hecho originadas en la ocupación o el
despojo.

El mercadeo
agrícola según el proyecto de
ley.

El mercadeo
agrícola constituye un subsistema importante en la
economía
de un país. En consecuencia, "la política de mercado y
precios
representa el instrumento más importante de la política agraria del
Estado" (12). En el caso de Venezuela en forma general, sin
embargo, "la comercialización de muchos renglones, sobre
todo los de consumo
directo, sigue siendo desorganizada, y en ella, aunque existen
intermediarios de diferentes escalas de operaciones, el mayor
poder se
encuentra en las roscas que controlan la distribución al
mayor de los productos, y
cuya acción ha limitado la obtención de precios
remuneradores por parte de los productores" (20).
Históricamente, las deficiencias en la comercialización agrícola han sido
según Urdaneta (20):

1. Elevado número de intermediarios, que ayudan a
encarecer los servicios
generales de la comercialización agrícola
(almacena-miento, transporte,
etc.).

2. La existencia de oligopsonios (la agroindustria,
empresas exportadoras de productos del
sector), impidiendo que los productores obtengan precios
adecuados y acaparando los productos.

3. El comercio al
por mayor se realiza por camioneros y mayoristas, mientras que el
comercio al
detal está atomizado y, en la mayoría de los casos,
no cuentan con las suficientes facilidades para la
conservación y almacenamiento de
productos, lo que origina pérdidas por deterioro y
degradación de los mismos.

4. Por otro lado, el transporte de
bienes y
productos agrícolas presenta innumerables fallas, debido a
que los medios de
transporte son ineficientes y obsoletos y los caminos y
vías de penetración están deterioradas o son
intransitables.

5. La logística de la distribución
física
existente impide una disponibilidad y acceso adecuado, debido a
que en la mayoría de los casos se emplean procedimientos
rudimentarios, insalubres y poco confiables
técnicamente.

6. Ausencia casi total de clasificación y
normalización de los productos
agropecuarios.

7. Falta de uniformidad en las unidades de medida y peso
utilizadas.

8. Los sistemas de
información de mercado son deficientes en lo referente
a los precios y las necesidades de productos del
mercado.

Tomando en consideración lo antes expuesto, el
proyecto del
Ley de Desarrollo Agrícola (16), en su Título V
(Comercialización Agrícola) busca:

1. La creación de un Sistema Nacional de
Comercialización Agrícola (Artículo
49).

2. La creación de un Sistema de
Información de Mercadeo Agrícola
(Artículo 50).

3. Vigilar y controlar el proceso de mercadeo
agrícola (Artículo 51).

4. Programas sociales temporales de abastecimiento de
productos básicos para la población (Artículo 52).

5. Medidas que garanticen la estabilidad de los ingresos de los
productores (Artículo 53).

6. Fomento de otras formas de organización económico-social como
las cooperativas
(Artículo 54).

7. La coordinación de instrumentos
correspondientes a la importación y exportación de productos agrícolas y
de uso agrícola. (Artículo 55).

Las anteriores disposiciones pueden condensarse en
principios que
regirán lo relativo en materia de
precios y lo relacionado con disposiciones que buscan un cambio
estructural en el sector agrícola.

Tomando en cuenta las disposiciones contenidas en ese
proyecto de ley, las observaciones se centrarán en los
siguientes aspectos: intervenciones a nivel del mercado interno,
las regulaciones en el comercio exterior
y la ausencia, por lo menos en esta normativa, de principios que
orienten una política agraria social. En lo referente a la
estabilización de precios para el mercado interior y la
regulación del comercio
exterior, no se especifican aspectos de importancia
como:

1. Que la legislación propuesta no se debe
utilizar como herramienta para eliminar a las fuerzas del
mercado.

2. Que debería sentar las bases para que los
precios de los productos e insumos agrícolas se aproximen
a los precios de mercado a largo plazo, de tal forma que el
negocio de la comercialización agrícola se estimule
sobre bases sólidas y realistas.

3. Que la legislación garantice, al menos, que
los precios se deberían estabilizar dentro de niveles o
bandas relativamente estrechas.

4. Limitar la comercialización de productos
agrícolas por parte del Estado, debido a que ha demostrado
ser un instrumento ineficiente para la estabilización de
los precios. Más bien, la legislación
debería incluir una norma o disposición que indique
funciones de
carácter compensatorio del mercado y
representar un elemento complementario para las organizaciones
privadas (12).

5. No se asume con sinceridad la liberación del
comercio dentro de un marco de solidaridad y
cooperación social como un principio. La experiencia
demuestra que el comercio de productos agrícolas es
asumido de mejor forma por los mercados privados
bajo condiciones de reglas claras de competencia. En
consecuencia, se evita establecer una normativa de reanimar el
comercio privado, creando bases legales adicionales para la
desregulación. El Estado, mientras tanto, le
competería crear y desarrollar la infraestructura física para la
comercialización (Mercados
municipales, la Bolsa Agrícola, entre otras); controlar y
regular las ineficiencias más dramáticas del
mercado, que no pueden ser superadas por la empresa
privada; proporcionar información referente a terrenos aptos para
el cultivo disponible y su localización, pronósticos de cosechas, almacenamiento,
etc.

6. Se deja un espacio abierto a todo lo referente a
la
administración de aquellos mecanismos necesarios para
la importación y exportación de
productos agrícolas. En este aspecto, se parte, para
nuestro criterio, de la premisa que la producción
excedente es lo exportable y no que la producción es de
hecho exportable. Por otro lado, a la importación de
productos e insumos agrícolas se le sigue dando el mismo
tratamiento poco claro que en el pasado. Es decir, se pretende
dar una solución con productos foráneos, cuando en
realidad es un problema de oferta en el
ámbito nacional, sustentado quizás por el hecho de
que la agricultura venezolana no puede competir con los
principales países exportadores debido a las grandes
diferencias que existen en tecnología y productividad
(14). En tal sentido, se debe lograr la armonización
bilateral entre la norma marco y las políticas
que desarrolla y pretende desarrollar el ente gubernamental
responsable.

7. La concertación entre los diferentes agentes
económicos y no económicos de la cadena de
comercialización agrícola carece – aparte del
Sistema Nacional de Comercialización Agrícola – de
principios que institucionalicen un proceso de mercadeo altamente
organizado y sobre bases realistas, donde la
intermediación sea la institucionalización de la
actividad económica de los intermediarios, ya sea
ésta por sus prácticas, relaciones con el Estado,
un conjunto de acciones de
tipo gremial que tienen carácter de permanencia y de
vigencia en la sociedad. En lo
que respecta al elemento social, si bien es cierto que en otras
legislaciones se puedan recoger normas referidas
a la seguridad
social del trabajador del campo, por lo menos en esta
legislación no se recogen aspectos como seguros por
accidentes,
seguros de
salud y menos
aún la seguridad
después de que el trabajador del campo llegue a la
jubilación por medio de un sistema de pensiones o un
seguro de
vejez adecuado
y digno; subsidios para el cese de la producción, pagos
compensatorios, etc.

En estos temas, al menos el proyecto de Ley de
Desarrollo Agrícola no es claro si las personas que
trabajan en el sector agrícola deben contar con un sistema
autónomo de seguridad
social o integrado al existente y si se van a aprobar fondos
de pensión para los trabajadores del campo o se
hará uso de cualquier otra figura jurídica
equivalente. De aprobarse una legislación, ya sea
autónoma o integrada a la Seguridad Social
Nacional, ¿cuál debe ser el aporte de los patronos,
de los trabajadores y del Estado?, ¿Cómo se
instrumentará la asistencia médica requerida?,
¿Cómo se recaudarán los aportes y
cómo se devolverán, si es que se hacen, al
contribuyente los aportes dados de acuerdo a las posibilidades
reales del sistema?.

Y por último, ¿Cual nivel de capacitación y
adiestramiento debe tener la mano de obra y qué se ha
hecho y se debería hacer para mejorar los niveles de
capacitación, sobre la base de un
compromiso con ese trabajador?. Éstas y otras preguntas
deben ser aclaradas, dado que no se puede pensar en un sector
agrícola medieval, sino enmarcado en un Estado responsable
y preocupado no de cuanto debe ser el salario
mínimo rural o que el costo de la mano
de obra en Venezuela es más barata o cara que la del resto
del mundo, sino cómo producir efectivamente lo que el
país está realmente capacitado para producir,
cuánto cuesta producir y qué hacer para incrementar
los niveles de efectividad y competitividad
en el sector.

OBJETIVOS DE LA
AGRICULTURA DENTRO DEL SISTEMA
AGROALIMENTARIO.
La agricultura como componente
primario del abastecimiento alimentario, comprende la
generación de renglones alimenticios en las ramas vegetal,
animal y pesquera. No obstante, dentro del enfoque el sistema
agroalimentario, esta función
básica de generación de productos alimenticios, no
culmina aquí, sino que abarca además, el aspecto
agroindustrial y de comercialización, donde se realizan
las transformaciones necesarias al producto para
su distribución y consumo final.
Igualmente, dentro de este contexto de enfoque sistémico,
el componente externo que incluye las importaciones y
exportaciones de
alimentos y
materias primas para la agroindustria, así como otros
insumos, equipos, semovientes, tecnología, recursos
humanos, etc., son parte fundamental del sector
agropecuario.

Visto el sector agropecuario como un sistema
agroalimentario, inserto en un modelo de
Desarrollo
Económico Sustentable, su Misión,
debe ser establecer una nueva ética
económica, que apunte a la realización de
actividades ecológicamente sustentables, donde la
producción agrícola primaria y agroindustrial,
hagan énfasis en las practicas conservacionistas, no
contaminantes, con tecnologías limpias, para alcanzar los
niveles adecuados, en volúmenes, cantidades y
rendimientos, que garanticen la seguridad alimentaria y faciliten
una ordenación sustentable del territorio.

Dentro de este contexto, los Objetivos del
sector agropecuario deben ser:

1. Impulsar el crecimiento sostenido de un modelo de
   desarrollo agrícola sustentable, eficiente y
   competitivo, en función
   de nuestras ventajas comparativas y la selección de rubros ecológica y
   culturalmente bien adaptados.
2. Propender a la satisfacción, en el mediano
   plazo, de los requerimientos alimentarios de la población en términos de
   suficiencia plena, lo cual exige que la producción
   interna cubra al menos el 74% de las necesidades de nutrientes
   de la población.
3. Contribuir al abatimiento de los niveles de
   inflación a través del incremento de la oferta de
   productos agropecuarios.
4. Fortalecer el logro del equilibrio
   en la balanza de
   pagos, mediante la determinación de los rubros
   prioritarios para el consumo interno y para la
   exportación, de acuerdo a las ventajas comparativas y la
   concertación de decisiones entre los productores y los
   agroindustriales.
5. Velar por el mejoramiento de las condiciones de vida
   y producción en el medio rural, incrementando la
   generación de empleo
   directo e indirecto, apoyando con financiamiento adecuado a los productores y
   aplicando incentivos y
   medidas proteccionistas.
6. Establecer políticas de ordenación
   territorial que preserven las tierras de vocación
   agrícola para este sólo propósito,
   mediante la zonificación de cultivos y
   desconcentración de actividades.

Obstáculos en
la defensa del derecho a la tierra.

En la lucha por la defensa del derecho a la tierra, las
organizaciones
indígenas y campesinas venezolanas enfrentan
cotidianamente una serie de obstáculos y limitaciones que
dificultan su labor. En el momento actual, algunas de las
principales barreras que las organizaciones enfrentan son las
siguientes.

a. Obstáculos generales ante las instancias
oficiales

• Ineficiencia, lentitud y ausencia de voluntad
política dentro de los entes encargados de resolver los
conflictos
agrarios.

• Vulnerabilidad de los organismos del Estado a
la presión
de sectores poderosos — terratenientes, ganaderos,
militares, empresas mineras, etc. — involucrados en los
conflictos
agrarios. Parcialización de los funcionarios hacia estos
sectores.

• Limitaciones económicas, de personal y
presupuestarias que entorpecen y paralizan sus funciones. En
el caso de la Procuraduría Agraria, por ejemplo, la
existencia de un sólo Procurador por estado; en el caso
del IAN, la escasez presupuestaria que impide la
adquisición de bienhechurías.

• Ausencia de títulos por parte de gran
número de familias campesinas y comunidades
indígenas.

• Ausencia de información dentro de las instancias
responsables sobre la situación de las tierras en
cuestión. Inexistencia o insuficiencia de estudios
catastrales y levantamientos topográficos
requeridos.

• Irresponsabilidad y desorden en el otorgamiento
de títulos, que se traduce, por ejemplo, en la doble
titulación sobre unas mismas tierras.

• Lentitud y complejidad en los procedimientos
establecidos de dotación y regularización de la
tierra, especialmente en lo relativo a transferencia de
baldíos del MAC al IAN.

• Incomprensión por parte de las
autoridades, de la cultura y
concepción de la tierra de los pueblos indígenas
— sus formas de uso, rotación, etc. — que
hace que sus solicitudes parezcan exageradas debido a la
extensión territorial.

• Actitud
represiva hacia los sectores débiles por parte de los
cuerpos de seguridad del Estado (especialmente la Guardia
Nacional) cuando intervienen en conflictos agrarios.

b. Limitaciones a nivel formativo

• Desconocimiento de sus derechos por parte de la
población indígena y campesina.

• Escaso manejo de conceptos, instrumentos y
mecanismos de defensa legales por parte de los dirigentes y
demás miembros de las organizaciones.

c. Limitaciones organizativas

• Pasividad, desmovilización y
partidización dentro de sectores campesinos.

• Escasez de organizaciones que trabajan en
defensa del derecho a la tierra.

• Insuficiencia de personal,
recursos
económicos y logísticos dentro de las
organizaciones existentes.

• Partidización de algunos de los
líderes y organizaciones existentes.

d. Limitaciones geográficas y
culturales

• Gran amplitud de la extensión
geográfica a cubrir por las organizaciones locales y
regionales.

• Dificultad de acceso a comunidades
remotas.

• Obstáculos climatológicos que
dificultan el transporte y comunicación con los afectados
(especialmente en el caso de las comunidades
indígenas).

• Barreras idiomáticas y culturales.
Necesidad de utilizar traductores, con los que no siempre se
cuenta. Dificultad para comunicarse y transmitir los conceptos
e ideas en cuestión a causa de las diferencias
culturales (en el caso de las comunidades
indígenas).

ESTRATEGIAS PARA
LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE
DESARROLLO ALTERNATIVO PARA EL SECTOR
AGROPECUARIO.

Al gobierno del Presidente Hugo Chávez, le
corresponde desarrollar su gestión, en un marco de crisis y
conflictos en el entorno socioeconómico y político,
acompañado de una amplia expectativa de cambios profundos,
no sólo en el ámbito local, sino también
regional y mundial. Este marco, presionara fuertemente para la
concreción a corto plazo de medidas que muestren el camino
de un modelo de desarrollo alternativo viable, que responda a las
expectativas de las grandes mayorías que sustentan hoy su
base política.

El sentido de tales cambios, estará caracterizado
por las tendencias actuales a la
globalización de la economía, el mejoramiento
de la productividad y
la calidad, la
redefinición del Estado, la descentralización, el fin de los partidos
tradicionales, el fortalecimiento del individuo y de sus
expresiones organizacionales en la sociedad civil,
el predominio de la informática y el foco en eficiencia del
desempeño a nivel publico y
privado.

Estamos obligados, entonces, a estimular y proponer
acciones que
liquiden las dominaciones políticas y económicas
por parte de las naciones industrializadas y los grupos de poder
internos, que acabe con los despilfarros y las explotaciones,
revirtiendo el proceso de empobrecimiento de nuestros pueblos,
que promueva la sincera integración de nuestros países sobre
la base de una plataforma común, que respete las
diferencias y que tienda al logro de un equilibrio
global para la sobré vivencia de la humanidad y la
naturaleza,
que impulse una distribución justa de la riqueza, dentro
de un estado de libertad
individual y colectivo, con un mejoramiento de la capacidad de
participación del ciudadano en la toma de las decisiones
que afectan su presente y su futuro.

Todo ello dentro de un concepto de
bienestar colectivo que tenga sentido mas allá de los
indicadores
económicos y enmarcado en los objetivos del
Desarrollo
Sustentable. Tomando en cuenta las anteriores
consideraciones, junto con la definición de la seguridad
alimentaria como un asunto de interés
nacional y la agro producción, como una actividad de
primerísima importancia, por su carácter de
proveedora de alimentos y
materias primas, altamente empleadora y descentralizadora en
términos territoriales, el Frente Agrario Nacional del
MAS, propone una serie de programas que se traducirán en
medidas concretas, tendientes a incrementar la rentabilidad,
productividad y competitividad
de la agricultura nacional, sobre bases ecológicas y
ambientales.

A nivel político y
programático:

• Implementar una estrategia
  direccional y comunicacional, para todos los niveles de
  gobierno y a través de los medios de
  comunicación de masas, que difunda y establezca la
  imagen del
  país que queremos construir, con objetivos claros y
  precisos, fundamentados en el modelo de desarrollo
  sustentable, de manera de unificar y armonizar la variedad
  de programas de desarrollo socioeconómico que se
  impulsaran desde el Ejecutivo Nacional.
• Promover un modelo de Desarrollo Agropecuario
  Sustentable, donde se priorice la capitalización del
  recurso humano, a través de la
  educación y participación como elemento
  fundamental para la generación de riquezas y bienestar
  colectivo, dotando a la población de los instrumentos
  para superar por si mismos las carencias y dificultades que no
  les permiten avanzar.
• Formular las políticas y programas de
  desarrollo agropecuario en el marco de la Descentralización, de manera de ajustar
  las estrategias a
  las necesidades reales de los productores y tener como
  principales protagonistas de la
  administración, ejecución y control de esta
  gestión a los propios actores locales:
  organizaciones gremiales, Alcaldías y
  Gobernaciones.

A nivel Institucional

• Fortalecimiento del rol rector del Ministerio de
  Agricultura y Cría, como orientador de las
  políticas de desarrollo agrícola en cuanto a la
  coordinación interinstitucional de los
  organismos involucrados, así como de los sectores
  productivos, en todo lo relacionado con los circuitos
  agroalimentarios.
• Redimensionamiento operativo de los entes
  públicos administradores de las políticas
  agropecuarias, a través de una efectiva
  descentralización y transferencia de competencias,
  reduciendo o eliminando los niveles o direcciones regionales
  del Ministerio de Agricultura y Cría, evitando la
  duplicación de funciones con las Gobernaciones y
  Alcaldías.
• Superación de los errores de la administración pública
  centralizada, a través de una efectiva
  municipalización de las competencias en
  materia
  agrícola regional, que comprenda a las organizaciones de
  productores y las comunidades locales, como entes ejecutores y
  al mismo tiempo controladores de la eficiencia de
  los programas.

A nivel sectorial organizacional.
. Implementar un programa de agricultura sustentable,
promoviendo el cultivo de rubros con criterios ecológicos
y culturalmente dominantes, a través de programas de
zonificación de cultivos y campañas de cambios de
hábitos de consumo.
. Apoyar las organizaciones gremiales de los
pequeños y medianos productores, incentivando un nuevo
modelo organizacional que integre una red de asociaciones de
productores y cooperativas
rurales, abarcando todos los aspectos de la cadena
agroalimentaria, con criterios de sustentabilidad, productividad
y competitividad.
. Reorganizar el mercado de insumos y productos
agrícolas, concertando los productores y la agroindustria,
mediante convenios que establezcan niveles de producción,
precios, calidad,
condiciones de recepción y financiamiento.
. Establecer programas de producción en dos grandes
grupos, según su destino final, bien sea el abastecimiento
interno o las exportaciones,
basado en las ventajas comparativas que definan su productividad
y competitividad.
. Revisar el sustento legal de la tenencia de la tierra,
mediante programas de catrasto rural y ordenación
territorial, que permitan zonificar la producción y
explotación agropecuaria, con miras a configurar un
banco de
tierras, garantizando al productor la seguridad jurídica
necesaria.

PROBLEMAS A
RESOLVER.
En atención a la situación del sector
agropecuario, después de aplicación de la Ley de
Reforma Agraria, se constata la permanencia y agudización
de una serie de problemas que
ameritan una respuesta en el corto y mediano plazo, los cuales se
enumeran a continuación, con una propuesta genérica
para su resolución. Programas estos, que se
traducirán en medidas concretas tendientes a incrementar
la rentabilidad, productividad y competitividad de la agricultura
nacional, enmarcadas en los objetivos geopolíticos y
ambientales presentados en esta propuesta.

1.- Falta de abastecimiento de alimento en el
país: se hace necesario, diseñar un plan
estratégico que nos lleve a la sustitución de
los rubros no rentables y concentrar todo el esfuerzo en la
promoción y siembra masiva de rubros
agropecuarios con ventajas comparativas, orientados hacia una
fuerte política de exportación -importación,
en concordancia con una política de seguridad alimentaria,
que permita abastecer el mercado interno, sin castigar a los
productores con rubros no rentables y a los consumidores con
precios altos.

2.- Bajo nivel de exportaciones del sector agropecuario:
el problema del bajo nivel de nuestras exportaciones es que no
tiene una política nacional que estimule y apoye las
exportaciones del sector, las cuales deben sustentarse en un
estudio de
mercado y de selección
de rubros.

3.- Conflicto
entre productores y la agroindustria: para evitar los conflictos
entre los sectores productivos en una economía de mercado
abierto, capitalista y globalizada, como la actual, es necesario
ser competitivo y tener una renta razonable en el respectivo
negocio. Por ello, se debe establecer una concertación
estratégica entre los sectores productivos, que priorice
los aspectos e los que realmente seamos eficientes y
competitivos.

4.- Conflicto
entre productores e importadores: Igual que en los planteamientos
anteriores, el conflicto de las importaciones, se
soluciona con una política clara al respecto, donde se
armonicen a los sectores involucrados, asumiendo el compromiso de
no importar mientras exista producción
nacional.

5.- Financiamiento del Sector Agropecuario: se hace
necesario establecer convenios de financiamiento con la banca privada a
fin de que flexibilice el otorgamiento de crédito a los
productores. La banca privada
debe implementar un programa de apoyo al sector con respaldo del
gobierno nacional, basado en proyectos viables
y factibles económicamente.

6.- Colapso de las instituciones
publicas del sector agropecuario: para la implementación
de las políticas propuestas para la transformación
del sector agropecuario, se requiere una gerencia
actualizada, comprometida y con una nueva actitud que
lleve adelante estos proyectos.

7. – Deterioro de la infraestructura del sector: El
deterioro de la infraestructura agropecuaria requiere de una
evaluación y posterior tratamiento especial con el apoyo
de todos los organismos competentes del Estado, en concordancia
con la política de descentralización y
transferencia de competencias.

8.- Precarias condiciones de vida de la población
rural: con la aplicación de las medidas propuestas, la
agricultura será una empresa
rentable y los productores del campo, prósperos y
felices.

9.- Capacitación para la producción y
organización social: hoy por hoy, no existe
una política de capacitación a nivel rural. Su
implementación es vital, pero primero es necesario definir
los objetivos de esa capacitación, en base al modelo
económico y organizacional que queremos para los
productores del campo.

10.- Injusta distribución y tenencia de la
tierra: como consecuencia del modelo de desarrollo vigente para
el sector agropecuario, tenemos un campo abandonado y un
productor arruinado., la reforma agraria ha sido un rotundo
fracaso, salvo algunas excepciones. El productor del campo no
hubiera abandonado o vendido su parcela si ella significar por lo
menos el digno sustento y educación de su
familia.

El Problema de la Gerencia de
Tierras.

  Las riquezas naturales de Venezuela se ponen de
manifiesto en sus bosques. El 58% del territorio nacional es
boscoso. Nuestro país tiene un gran potencial forestal, ya
que más de la mitad de nuestros bosques están
conformados por especies comerciables. Sin embargo, la actividad
forestal ha sido poco planificada hasta ahora. El 0.7% de
nuestros bosques se

pierde anualmente y, aunque esta cifra esta por debajo
del promedio regional, podria ser aun mejor. La causa primordial
de la deforestación en Venezuela es la
búsqueda de terrenos para la cría de ganado,
actividad que degrada a capa vegetal de los suelos
rápidamente. La región donde esto es más
frecuente es en el piedemonte andino. La actitud permisiva del
gobierno contribuye a estimular esta actividad: muchos campesinos
han ocupado tierras propiedad del Instituto Agrario Nacional
(IAN) para deforestar y establecer actividades de
ganadería. El IAN permite adquirir derechos de propiedad sobre
terrenos ocupados luego de realizar ciertos tramites.

Al obtener sus derechos sobre los terrenos ya degradados
por la actividad ganadera, los campesinos proceden a traspasarlos
para ocupar nuevas tierras y comenzar el ciclo de nuevo. Este
proceso es un ejemplo de como el estimulo del gobierno en un
obstáculo para el desarrollo
sostenible.

Por otro lado, la explotación de los bosques con
fines madereros ha carecido de visión de futuro. Las
políticas de declaración de zonas boscosas como
'arreas de explotación controladas' han sido inefectivas
debido a decisiones contradictorias de otros entes del Estado
(como, por ejemplo, del IAN – caso mencionado arriba – y de la
CVG). El MARNR se ha visto en la necesidad de rescatar ciertas
reservas forestales para otorgarlas a compañías
privadas. Sin embargo, esta politica no ha sido perseguida con
agresividad suficiente.

  Igualmente, permisos de explotación a
corto plazo (a veces hasta de un año) han prevalecido en
los últimos veinte años, originando una
explotación irracional de los bosques. A pesar de que el
MARNR ha empezado a otorgar concesiones a treinta años
(con excelentes resultados), la derogación total de los
permisos a corto plazo no es un hecho todavía.

  La disposición de desechos tóxicos
y sólidos constituye asimismo un problema grave en
Venezuela. El déficit de rellenos para desechos se ha
venido atacando en los últimos años a nivel
municipal y permitiendo la participación de ONG, lo cual
ha dado excelentes resultados. Esta es una señal de que,
en el caso especifico de recursos terrestres, hace falta la
colaboración de organizaciones locales que vigilen en
cumplimiento de ordenanzas y velen por el cumplimiento de metas
ambientales especificas.

En este sentido, el
conocimiento de los 'locales' acerca de las peculiaridades de
cada región y los actores que influyen sobre el ambiente hace
que la actividad privada tenga mucho que aportar.

  Problemática
Institucional.

La Sección anterior se ocupo de señalar
problemas
específicos relacionadas con ciertos recursos y/o
actividades económicas. Sin embargo, las deficiencias
institucionales impiden la efectividad de la política
ambiental a todo nivel y constituyen una problemática que
decidimos considerar aparte de las demás. No es un secreto
que las politicas ambientales deben ir a la par de las
económicas para que el desarrollo sea sostenible y
duradero. El papel del gobierno en orientar las políticas
hacia el cuidado del ambiente es
primordial. Anteriormente, la preocupación ambiental no
había estado del todo ausente de las acciones del
gobierno. El MARNR fue el primer organismo en su tipo en América
Latina. Parte del dinero del
boom petrolero de los años setenta se utilizo en la
creación del sistema nacional de parques que hoy
tenemos.

Organizaciones no-gubernamentales también
surgieron en esa época y, contrariamente a lo que se
piensa, Venezuela posee uno de los mejores 'stocks' de capital humano
preparado para las tareas ambientales de toda América
Latina. A pesar del consenso que pareciera existir en las altas
esferas acerca de la importancia de la problemática
ambiental, la labor del gobierno se ha caracterizado por la
ineficiencia y por intricados procesos burocraticos que
constituyen incentivos para
la corrupción
(especialmente las cláusulas de arresto contempladas en la
Ley Penal del Ambiente). Dos problemas saltan a la vista.
Primero, el MARNR tiene una organización interna
deficiente, reflejada en retrasos y falta de coordinación
entre unidades del mismo. Por ejemplo, la división del
MARNR había sido ineficiente hasta hace algunos
años porque no se había hecho en función de
recursos especificos sino de areas: administrativa, investigación, infraestructura, etc.
Actualmente, se ha dado un proceso de reestructuración
donde las divisiones se concentran por areas de experticia
(Cuencas, Aire, Educación
Ambiental, etc.) en la que se pueden aprovechar el
conocimiento técnico de problemas especificos. Este
programa ha dado resultados mixtos, ya que en la practica han
habido problemas de presupuesto y de
burocracia
solapada. En principio, esta reformulación del MARNR esta
encaminada de forma correcta; sin embargo, hace falta evaluarla
constantemente y corregir las areas donde se este
fallando.

  Otro factor que hace inefectiva la labor del
MARNR lo constituye el solapamiento de su autoridad con
la de otras entidades gubernamentales. Por ejemplo, el MARNR
comparte labores ambientales con el MAC (fertilizantes,
reforestación), MSAS (labores de limpieza), el Ministerio
de Fomento (localización de industrias,
control de contaminación). La cooperación con
las empresas del Estado (en especial la CVG, que hasta hace poco
no contaba siquiera con una unidad de cuidado ambiental) ha sido
escasa, originando numerosos roces entre los
organismos.

La falta de legislación sobre el ambiente no es
un problema grave en Venezuela. De acuerdo con el Banco Mundial,
el cuerpo de leyes existente
hace que labores legislativas adicionales sean innecesarias. Un
defecto que se les atribuye a estas leyes es la falta
de multas significativas y/o inefectivas (como es el caso de la
provisiones de arresto contempladas en la Ley Penal del
Ambiente). Asimismo, las leyes tienden a ser punitivas con pocas
provisiones preventivas. Es en esta área donde hace falta
trabajar.

Los problemas que presenta la aplicación de la
legislación existente se evidencian cuando se observan los
mecanismos de vigilancia que poseen nuestros parques. Solo cuatro
de nuestros parques nacionales – Henri Pittier, Guatopo, el Avila
y Sierra Nevada – estan siendo bien gerenciados. El Parque
Nacional Canaima, por ejemplo, posee tres guardias

y unos pocos vehículos encargados de vigilar un
área del tamaño de Bélgica. En Los Roques
hay cientos de pescadores que realizan actividades de pesca
ilícitas. La paga a los guarda parques es poca y la
corrupción
es rampante.

Vale la pena destacar, no obstante, el acercamiento del
MARNR hacia ONGs tales como BIOMA y FUDENA. La cooperación
con estos organismos (y otros) es de especial importancia por la
experticia internacional que estos últimos poseen,
así como sus convenios con importantes
organismos.

La problemática de los cultivos de uso
ilícito.

En los países de la región los campesinos
productores de coca se resisten a la erradicación forzosa
de sus plantaciones y a la militarización de sus
territorios. Esto se lleva a cabo a través de una
política de Estado impuesta desde fuera de los
países, como es el caso de los llamados "Plan Dignidad",
"Plan Colombia" e
"Iniciativa Regional Andina".

Estas iniciativas son parte del despliegue
geo-estratégico del complejo militar-industrial de
Estados Unidos
para controlar los recursos
naturales de la Amazonía: petróleo,
gas, minerales,
maderas, fauna, agua, oxígeno, diversidad bio-genética y
conocimientos ancestrales de nuestras culturas.

La aplicación de dichos planes ha creado grandes
conflictos en la región, donde cada día suman
más muertos del sector campesino y golpizas brutales por
parte de los miembros de la policía y el ejército,
estos actos muestran una flagrante violación a los
derechos más elementales de los campesinos.

Esta situación conduce al hambre, miseria y
represión de los productores de hoja de coca, a pesar de
las promesas desde el gobierno de priorizar el desarrollo
alternativo. Esta política después de años
de aplicación lo único que ha logrado es enriquecer
a grupos de poder incrustados ocasionalmente en los diferentes
gobiernos, y empobrecer a las regiones productoras y sus
comunidades.

Reforma Agraria en Venezuela y sus
logros.

Campesinos reciben tierras, maquinaria
y créditos

Por Alex Contreras Baspineiro
6 de septiembre de 2003

"La única manera de acabar con la pobreza es
dándole poder a los pobres…"
Hugo Chávez Frías, Presidente de la
República Bolivariana de Venezuela

Estado de Lara, Venezuela, septiembre 2.— La
propiedad de la tierra en Venezuela —como en la mayor parte
del continente— ha estado desde hace años en manos
de terratenientes, politiqueros, hacendados y sicarios; hoy, a
través del proceso revolucionario de la Reforma Agraria,
la tierra está siendo entregada a los campesinos. La
tierra, que fue convertida en mercancía y no en un bien
común, y que sirvió para el enriquecimiento
ilícito de grupos de poder, empezará a ser
utilizada en actividades comunitarias y de desarrollo rural
integral.

Es que en la actualidad, en territorio venezolano,
soplan vientos de cambio.

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El presidente Hugo Chávez
entrega cartas agrarias a
campesinos.
D.R. 2003 Alex Contreras

El pasado el 31 de agosto en la Escuela Granja de
Cuara, Municipio Jiménez de Quibor (estado de Lara), el
presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo
Chávez Frías, entregó cartas agrarias a
los representantes campesinos de Barinas, Carabobo, Cojedes,
Lara, Portuguesa y Yaracuy. Además, les fueron entregados
tractores y raspas, así como créditos agrarios.
Los campesinos, que durante años lucharon por la propiedad
de la tierra, incrédulos festejaron la conquista
revolucionaria. Una gran cantidad de niños,
mujeres y hombres venezolanos, portando banderas, la
Constitución y una serie de pancartas, se dio cita en el
histórico evento, desde donde se transmitió para el
país el singular programa comunicacional "Aló
Presidente", dirigido por el presidente venezolano.
Braulio Álvarez, representante de la Coordinadora Agraria
Nacional Ezequiel Zamora (CANEZ) dijo que la entrega de tierras
se convierte en un acto de justicia con
los campesinos que durante años lucharon por la
recuperación de sus tierras.
Plan Zamora.

El Instituto Nacional de Tierras (INTI) de Venezuela
lleva adelante el proceso de entrega de tierras a los campesinos
en el denominado "Plan Zamora". El plan lleva ese nombre en
memoria de
Ezequiel Zamora, histórico líder
campesino venezolano que luchó por la reversión de
las tierras, la igualdad
social y por los derechos de los más humildes.
En la primera fase del Plan Zamora se logró la meta de
entregar más de un millón de hectáreas a los
campesinos venezolanos, beneficiando a más de 40 mil
familias con la entrega de 31.437 cartas agrarias, 121
maquinarias y 30 millardos de bolívares. La segunda etapa
de este plan pretende llegar hasta finales de año a la
entrega de dos millones de hectáreas.
Además, la Coordinadora Ezequiel Zamora agrupa a 22
movimientos campesinos, indígenas y de pequeños
productores venezolanos bajo una estructura
horizontal.
En el acto de entrega de tierras, junto al valeroso pueblo
venezolano, participaron representantes internacionales: el
hondureño Rafael Alegría del Movimiento
Vía Campesina, la indígena ecuatoriana Blanca
Chancoso de la Confederación de Nacionalidades
Indígenas, el hondureño Juan Tiney de la
Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones Campesinas y el
brasilero Egidio Brunetto del Movimiento Sin
Tierra. Todos atestiguando la Reforma Agraria, que es parte del
proceso de cambio en el vecino país.
Junto a este cambio agrario se puede destacar el proceso de
alfabetización con la Misión
Robinson, que pretende alfabetizar a más de un
millón y medio de venezolanos y venezolanas, la atención gratuita en el servicio de
salud con el
programa Barrio Adentro —con la atención de
más de 200 mil personas—, la profundización
de la
educación básica, superior y universitaria, y
otros logros.
Difícil proceso

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Campesinos en Comunare Rojo celebran
Reforma Agraria.
D.R. 2003 Alex Contreras

El proceso de entrega de tierras a los campesinos
venezolanos no es sencillo. Existen fuertes intereses de
empresarios y politiqueros que tratan de evitar por todos los
medios que se
haga justicia. En
los últimos años, 79 personas fueron asesinadas por
sicarios en la defensa de la tierra y algunos campesinos que se
sienten marginados tomaron medidas de presión para ser
escuchados por las autoridades. El director del
INTI, Leonel Ricaurte, expresó que la entrega de tierras
afecta a grupos de poder que desde hace muchos años
estuvieron gobernando Venezuela. El INTI venezolano es
sinónimo de trabajo, esfuerzo y transparencia.
En diferentes comunidades campesinas venezolanas se vive un
ambiente festivo por la entrega de tierras. Un día antes
del acto central de la entrega de tierras, cientos de campesinos
se reunieron en Comunare Rojo (en el estado de Yaracuy) para
expresar su total apoyo al proceso revolucionario. Con música, poesía
y cánticos, pero también con mucho compromiso,
manifestaron que defenderán sus tierras, incluso
ofrendando sus vidas.
Solidaridad internacional.

El representante del Movimiento Internacional Vía
Campesina, el hondureño Rafael Alegría, en
representación de los dirigentes campesinos e
indígenas de otros países, expresó su
solidaridad con
los venezolanos y venezolanas. En un documento entregado en manos
del presidente Chávez se destaca el respaldo al proceso de
reforma agraria y de soberanía alimentaria emprendido por las
organizaciones campesinas venezolanas, y condenaron la
represión impuesta por "sectores recalcitrantes" que
pretenden mantener sus privilegios basados en los sicarios,
tratando de sembrar terror mediante amenazas y asesinatos de
dirigentes agrarios.
"La Vía Campesina expresa su firme apoyo al pueblo de
Venezuela y al proceso bolivariano que está en curso y
anuncia que en los próximos meses realizará una
Conferencia
Internacional de solidaridad con el proceso de reforma agraria
con las organizaciones que están comprometidas con la
justicia social y la búsqueda de alternativas concretas al
neoliberalismo", destaca el documento.
Pese a las amenazas y bajo la premisa de "globalizar las
luchas y la esperanza", los campesinos venezolanos
—después de años de injusticia— se
encuentran empeñados en lograr un desarrollo rural
integral. Es que como dicen dirigentes campesinos e
indígenas del continente: "la tierra es vida".

Conclusiones

El proyecto de Ley de Desarrollo Agrícola y
Seguridad Alimentaria es novedoso en aspectos como: el concepto de
seguridad alimentaria; el concepto de desarrollo agrícola
sustentable* el reconocimiento de que el sector agrícola
venezolano está inmerso y compitiendo en un contexto de
globalización (reconocimiento expreso de
los pasos dados por la reforma agrícola comercial del 90);
la unidad necesaria que se debe dar entre productores y
consumidores; el reconocimiento de que se declara a la actividad
agrícola de interés fundamental y prioritario para
el desarrollo
económico y social de la Nación;
promueve la descentralización en el ámbito de la
promoción de la actividad agrícola
y; que la alimentación es un derecho humano
fundamental. * Comunicación personal del Dr. Rafael
Inciarte Bracho. Juez Agrario del Estado Zulia. Entre los puntos
débiles se consideran: en primer lugar, el proyecto de ley
está imbuído de una filosofía
proteccionista, dejando constancia de la discrecionalidad del
Estado en la administración de las políticas
públicas que afectan al sector, lo que genera
incertidumbre y desinversión, puesto que consagra un
Ministerio de Producción y Comercialización
interventor, cuando, por otro lado, se quiere liberalizar la
agricultura; en segundo lugar, en el marco de la globalización económica, la tesis de la
seguridad alimentaria es contraria a los acuerdos que se
suscribieron a la luz de las
negociaciones de la Ronda Uruguay del
GATT (OMC), ya que se
fundamenta en la producción nacional, haciendo sujeto de
ese concepto al productor y no al consumidor que
puede ver restringida la garantía de conseguir ciertos
bienes en el
mercado; la seguridad alimentaria debe basarse en el incremento
de la productividad y competitividad del agro venezolano; en
tercer lugar, las experiencias de financiamiento de la actividad
agrícola y pecuaria experimentadas desde el decreto de la
Ley de Reforma Agraria pueden verse repetidas a partir de la
promulgación de esta Ley Orgánica de Desarrollo
Agrícola y Seguridad Alimentaria, ya que prevé la
posibilidad de otorgar al sector productivo agrícola un
tratamiento especial por la vía del establecimiento de
carteras obligatorias por un tiempo determinado por parte de la
banca comercial y la aprobación de medidas compensatorias
de ese subsidio para los productores con deudas de corto, mediano
y largo plazo si las tasas de
interés concretan un alza superior a un valor dado. La
presente propuesta se afianza en:

1. Que la legislación agrícola fomente la
creación y consolidación de Fondos Regionales de
Financiamiento Agrícola.

2. La norma jurídica agrícola debe
propiciar el establecimiento de bases para la creación de
una política
social agraria acorde con las verdaderas posibilidades de la
economía nacional.

3. Lo que se trata es de no ingresar en la pugna entre
productores nacionales y los sectores importadores y
Agroindustriales, donde se visualiza más que el
interés nacional de acceso a productos de calidad y a bajo
costo, es la
persecución del máximo beneficio por parte de cada
sector en perjuicio del resto de los agentes económicos
nacionales, especialmente los consumidores.

Einstein Alejandro Morales Galito