Unidad territorial de norte de
Santander
La Red de Solidaridad
Social (RSS), fue creada por iniciativa presidencial Mediante la
ley 387 de
1997 aprobada por el Senado de la Republica de Colombia. Esta
ley define los
lineamientos generales para la atención humanitaria de la población desplazada a causa del conflicto
armado interno.
La RSS es la entidad encargada de coordinar la atención brindada por los entes del
ministerio público como la Defensoria del Pueblo y la
Procuraduría además de la gobernación y las
alcaldías de los municipios expulsores y receptores de
dicha población. Otras funciones
definidas por la Ley 387 es la
administración del Sistema
Único de Registro de la
población desplazada SUR, La atención de urgencia y
de emergencia de los desplazamientos masivos e individuales
además del restablecimiento económico y la
atención psicosocial de las personas afectadas por el
fenómeno del desplazamiento.
Es entendido por el nivel central de la RSS que el
fenómeno del desplazamiento, Colapso a la entidad por lo
tanto se hizo necesario un replanteamiento de la misión de
la
organización. En este sentido el gobierno del
actual Presidente de la Republica Álvaro Uribe
Vélez, ha basado su accionar en la prevención del
desplazamiento brindando seguridad a los
actuales residentes en las zonas de conflicto,
además de garantizarles el retorno a aquellas personas que
deseen volver a sus lugares de origen.
El objetivo en el
actual cuatrienio de gobierno es el
retorno de por lo menos 30.000 familias desplazadas, corrido un
tercio del gobierno han retornado 12.000 familias por lo que se
espera superar esta meta. Otra de las funciones de la
RSS es la atención de las victimas de la violencia y el
terrorismo,
para ello la ley 418/97 establece socorrer en dinero a las
familias de las personas fallecidas por motivo del conflicto
interno además de los damnificados por el accionar del
terrorismo.
Desafortunadamente la RSS no cuenta con recursos para
atender a esta población. En la actualidad hace curso en
el Congreso de la Republica un proyecto de Ley
que permitirá incautar los bienes del
narcotráfico para utilizarlos en el pago de
las victimas de la violencia y el
terrorismo.
Debido a que los desplazados se han convertido en
personas que vemos cada día en mayor numero en las calles
de las ciudades colombianas, el papel de la
RSS ha cobrado relevancia ya que es la entidad que mas directa
injerencia tiene en el restablecimiento de los grupos de
población vulnerable, en especial los desplazados. Por
ello la entidad debe demostrar eficiencia en sus
procesos, los
lineamientos generales del nivel central están encaminados
ha optimizar los recursos
disponibles además de mejorar la cobertura en los servicios
prestados por la entidad. En este sentido la RSS ha entrado en la
política
impuesta por el gobierno nacional de hacer eficientes a las
entidades públicas llevándolas a mostrar resultados
a mediano y largo plazo.
El fenómeno del desplazamiento en Colombia es tan
antiguo como el conflicto interno surgido a mediados del siglo
pasado, aunque antes los desplazamientos eran de menor escala y
originados por motivos políticos, en la actualidad los
móviles son intereses económicos de los grupos armados,
los cuales pueden generar desplazamientos masivos de hasta 5.000
personas, lo cual origina un caos en las instituciones
encargadas de atender la emergencia, además el numero de
familias desplazadas individualmente es igual o superior a los
generados por los desplazamientos masivos.
En Colombia se encuentran registradas en el SUR
(Sistema
Único de Registro de la
población desplazada) aproximadamente 1’222.671
desplazados sin contar aquellas personas que por temor a las
retaliaciones de los grupos armados no declaran el desplazamiento
(fuentes
extraoficiales argumentan que el total de desplazados esta por
alrededor de los 3’000.000 de personas).
En el Norte de Santander la disputa de los grupos
armados de las FARC, el ELN y las AUC por los cultivos
ilícitos en la región del Catatumbo ha provocado
desplazamientos masivos a las cabeceras de los municipios
circunvecinos a la zona de conflicto y al área
metropolitana de Cúcuta. De estos unas 42.960 personas
están registradas en la Unidad Territorial Norte de
Santander en su mayoría de la zona del Catatumbo. Aunque
hay que hacer una salvedad que algunos desplazados son los
denominados "raspachines" los cuales vienen de otras zonas del
departamento o de fuera de este, para trabajar en el cultivo y
procesamiento de la hoja de coca. Es política de la RSS no
considerar como desplazados a las personas que laboran en los
cultivos ilícitos. Otro factor que ha potenciado la
disputa de los grupos armados por la zona, son las fumigaciones
aéreas que perjudican indiferentemente a uno u otro
grupo, lo cual
genera intereses en los cultivos no fumigados y en los
raspachines vacantes.
Los desplazados son en su mayoría campesinos que
viven en las veredas donde se cultiva la coca o en áreas
circunvecinas a los cultivos. En promedio son 5 personas por
familia aunque
en algunas residencias vivan dos familias encabezadas por padre e
hijo cuyo número de personas puede llegar hasta 14. Las
pertenencias que estas familias abandonan en el desplazamiento
son su residencia, herramientas
agrícolas, muebles y enseres, semovientes, cultivos de
pancoger entre otros. En muchos casos a las personas no se les
permite recoger sus bienes y
tienen que huir e internarse en el monte, hasta que los grupos
armados abandonan la zona, luego estas personas llegan a la
cabecera de los municipios más cercanos donde permanecen
en albergues improvisados a la espera que las fuerzas del orden
les garanticen la seguridad para
regresar a sus hogares, aunque la mayoría son amenazados
de muerte si
regresan.
Permanecen en los municipios, hasta que la alimentación y las
oportunidades de trabajo escasean, luego migran a la ciudad
buscando nuevas oportunidades y a familiares que los acojan
mientras se restablecen emocional y económicamente. Es
allí donde el calvario comienza por que la ciudad no es lo
que ellos se imaginaban, las oportunidades son pocas y la
dinámica social es muy compleja en
comparación con su anterior estilo de vida. El papel de la
RSS es registrarlos como desplazados y procurar por su
restablecimiento, hasta que puedan retornar a sus lugares de
origen.
Según la Ley 387/97 el estatus de desplazado es
por el termino de 3 meses en los que la RSS o en su caso una
ONG-operadora
se encargan de pagarles el arriendo, brindarles mercado, kit de
cocina, vajilla y hábitat, auxilio funerario y
atención psicosocial, estas ayudas pueden prolongarse por
otros 3 meses. En la actualidad la Red no cuenta con los recursos
suficientes para brindarles la atención humanitaria a
todos los desplazados, es por ello que pareciera que el estado no
estuviera haciendo nada por esta población, pero lo cierto
es que la cobertura puede estar en el mejor de los casos en un
75%. Además la atención no es completa aunque todos
tienen derecho a recibirla cuando sus necesidades lo
ameritan.
Una de las razones por las que los recursos de la RSS
son escasos es que la Ley 387/97 prevee una atención
integral al desplazado, lo cual es imposible con el presupuesto
actual de la entidad, en esta labor es esencial que los
Municipios y las Gobernaciones tanto expulsores como receptores
destinen mayores recursos para la atención. Por otra parte
el Gobierno Nacional es conciente de lo limitado de la cobertura,
por ello esta buscando el apoyo de organismos internacionales de
ayuda humanitaria de los Estados Unidos,
la Unión
Europea, Japón
entre otros, que mitiguen las consecuencias del conflicto armado
interno, producto en
parte del tráfico de drogas
destinado a estos países.
Muestra de ello es la reciente visita del Presidente
Álvaro Uribe a la Unión
Europea en la que hizo serios cuestionamientos a las
guerrillas de las FARC y el ELN en su accionar terrorista, la
existencia de campos de concentración de prisioneros, la
devastación del ecosistema
debido a los cultivos ilícitos y por ser los principales
causantes del desplazamiento. En esta gira estuvo el director de
la RSS Luis Alfonso Hoyos quien tuvo como misión
exponer ante las ONG’s
europeas el fenómeno del desplazamiento en Colombia y la
urgente consecución de ayudas para detener en parte este
flagelo de la sociedad
colombiana. Por otra parte varias organizaciones
hicieron cuestionamientos a las autoridades colombianas por
presuntas violaciones a los derechos humanos,
amparados en el nuevo estatuto antiterrorista y la
política de seguridad democrática impulsada por el
actual Gobierno. En parte la consecución de estas ayudas
para la población desplazada estará supeditada al
respeto de los
derechos humanos
por parte de la Fuerza
Publica.
Los recursos adicionales que la entidad gestione a nivel
internacional no contribuirían al mejoramiento de la
situación de los desplazados en el país, si el
funcionamiento administrativo de la RSS no es idóneo. Por
ello es que por sentencia de la Corte Suprema de Justicia
originada en tutelas interpuestas por los beneficiarios de la Ley
387/97 se exige a la RSS cumplir con dicha Ley para lo cual se da
plazo hasta el 31 de marzo de 2004. En su defecto exigirá
la reforma de la Ley con el fin de crear nuevos mecanismos que
mejoren el accionar de la entidad y por ende la condición
de la población desplazada. Esto obliga a la RSS a
reformar en parte su esquema organizacional y administrativo al
cual se hacen algunos aportes a continuación:
Hasta hace muy pocos años los conceptos modernos
de la administración no se aplicaban en la
mayoría de las entidades públicas. Fenómenos
como el déficit fiscal,
la
globalización, la privatización de entidades del estado, las
altas cargas prestacional y pensional, entre otras, ha llevado a
la liquidación de algunas organizaciones y
en el mejor de los casos a la fusión de
varias entidades. Una de las premisas del actual gobierno es la
disminución de gastos y la
eficiencia en
la gestión
publica. La RSS no ha sido ajena a esta política, es mas
la RSS es una de las entidades estatales con mayor responsabilidad
social ya que el desplazamiento es uno de los mayores
desastres de la sociedad
colombiana. Para enfrentar un problema como el desplazamiento
deben implementarse políticas
acertadas, además de la conjunción de varias
instancias nacionales e internacionales direccionadas y
ejecutadas por la RSS, pero para que este esfuerzo redunde en un
verdadero bienestar para la población afectada, la
gestión
administrativa al interior de la RSS debe optimizarse en lo
posible.
La mayoría de beneficiarios se quejan por la
demora en la atención, esto se debe en parte a que la RSS
debe registrar al desplazado quien previamente declara al
ministerio público su desplazamiento y las circunstancias
que lo provocaron, luego esta declaración pasa a estudio
de los coordinadores de la delegación de la Red, quienes
emiten un concepto a favor
o en contra del declarante, posteriormente esta persona junto con
su grupo familiar
es registrado en el SUR, solo después de este proceso que en
el mejor de los casos demora 3 semanas, el estado le
recose estatus de desplazado. Hay que imaginarse las peripecias
que estas familias deben pasar en este tiempo, luego
todo depende de si la entidad cuenta con las ayudas en el
momento. Muchas personas deben arreglárselas durante
algunos meses por su cuenta, mientras se registran y los recursos
son desembolsados del nivel central.
Unas de los falencias que la entidad debe solventar, es
que el esquema actual de las Delegaciones es muy rígido y
no se ajusta muchas veces a emergencias de gran escala como un
desplazamiento masivo de hasta 5.000 individuos. Las Delegaciones
dividen el área de los departamentos entre los
coordinadores disponibles, en el caso del Norte de Santander
existen 3 Coordinaciones de los municipios. Este esquema es
desequilibrado, ya que existen regiones como el Catatumbo y la
Provincia de Ocaña de donde provienen hasta el 80% de los
desplazados y es tarea de este coordinador evaluar las
declaraciones además de gestionar la atención
humanitaria. En este aspecto sugiero dividir a la entidad en dos
grandes dependencias; una de registro donde se ejecutarían
solo labores documentales, procurando eliminar los cuellos de
botella que demoran el proceso de
inclusión del desplazado. La otra se encargaría
exclusivamente de la atención humanitaria, entendida esta
labor como un sistema logístico en donde convergen las
actividades de gestión, aprovisionamiento, almacenamiento,
distribución y entrega de ayudas. Se
implementarían planes de contingencia donde toda la
entidad responda a situaciones de emergencia cuando estas se
presenten.
El otro gran inconveniente es la tramitomanía y
la dependencia administrativa de la delegación respecto al
nivel central. Para la consecución de ayudas se deben
realizar varias gestiones y justificaciones para que este apruebe
los desembolsos, lo que se traduce en demoras en la
atención. La entidad debe contar con la suficiente
autonomía administrativa y financiera para desarrollar su
misión.
No se entiende como algunas organizaciones
internacionales humanitarias, como el CICR, OIM, OEI, entre
otras, cumplen una labor silenciosa y eficiente en la
atención de la población desplazada, y la RSS quien
es una entidad con presencia en todo el territorio nacional y con
un presupuesto de $
40.000’000.000, escasamente atiende a parte de la
población desplazada. Esto es debido a que estas
organizaciones utilizan esquemas administrativos más
flexibles, acordes a la dinámica del fenómeno del
desplazamiento, además que tienen gastos de
funcionamiento acordes a la cobertura de los servicios que
prestan y destinan gran parte de sus recursos (de origen
extrangero), a la atención humanitaria. Pero esta labor
aunque valiosa es insufiente y amerita una consecución de
ayudas acorde a las dimensiones del problema, que lo ataque tanto
en sus consecuencias como en sus causas.
William Hernández Galvis,
Ingeniero industrial asesor de la RSS.