- Resumen
- Historia
- Posición del
FMI - Subsidios para
vivienda - Conclusiones
- Recomendaciones
- Bibliografía
- Lecturas
recomendadas
El objetivo de la
ponencia es estudiar si en realidad las políticas
de subsidios de vivienda que se aplican en el mundo, y en
particular en Colombia, se
cumplen realmente como dice la ley.
Se le dará inicio a la ponencia con una breve
introducción sobre la vivienda.
Más adelante se presentarán las políticas
que tiene el FMI al respecto
de los subsidios de vivienda.
A continuación se dará a conocer
cómo es la política de VIS
(Vivienda de Interés
Social) con una leve mirada a algunos países, en especial
Colombia, y el
sistema AFC
(Ahorro para el
Fomento de la Construcción).
Para finalizar la ponencia se darán las
conclusiones y recomendaciones pertinentes sobre el tema
expuesto.
ABSTRACT
In this paper we discuss the applications of housing
subsidies in several countries. In the Colombian case, we also
examine if such a policy obeys the corresponding laws.
To this aim, we analyze housing subsidy policy of the
IMF and some strategies for a solving the housing problems, such
as the VIS and the AFC systems.
Some recommendations are proposed as result from this
analysis.
La vivienda constituye un factor determinante de
desarrollo
social y económico, en la medida que posibilita la
disminución de la pobreza y
la miseria, la reactivación de la economía y la generación de
empleo.
(Departamento Nacional de Planeación, Sin año, [en
línea]).La vivienda es el bien más costoso que la
mayoría de la población puede aspirar a adquirir a lo
largo de su vida, por eso el financiamiento debe garantizar cuotas de
amortización ajustadas al ingreso de
la
familia, amplios plazos y requiere un sistema de
financiación propicio, confiable y sostenible.
(Arango, p. 241, 2001).La baja accesibilidad de la vivienda a nivel mundial
ha llevado al FMI a
formular estrategias para mejorar las políticas
de vivienda y en especial políticas para el subsidio
de vivienda, tales como: Regularización de la tenencia
de la tierra,
privatización de las viviendas
estatales, impuestos
sobre la propiedad,
autorización de los préstamos del sector
privado a tasas positivas y de mercado,
ampliación de las leyes de
ejecución de hipotecas, introducción de instrumentos de
préstamo mejorados, creación de subsidios
transparentes, concentración en los pobres,
subvención de las personas y no de las casas, examen
de los subsidios, construcción de vivienda destinada a
los más necesitados. (Mayo, p.46, 1994).La nueva política de vivienda de interés social en Colombia, ha
adquirido una creciente dimensión desde que se puso en
marcha. Sin embargo, no ha jugado hasta ahora un papel
importante en la reducción de los déficit de
vivienda pues la insuficiencia de recursos
públicos para subsidios a la vivienda ha influido de
manera importante en este resultado.Los principales oferentes de viviendas sociales han
sido empresas
constructoras privadas, las cajas de compensación
familiar, y organizaciones populares de vivienda. Esos
oferentes son de muy diverso tamaño pero aportan un
ambiente
de competencia en la determinación de los
precios de
mercado de
viviendas nuevas. (Held, 2000, [en línea])En Colombia nace el subsidio AFC (Ahorro
para el Fomento de la Construcción) el cual es un
beneficio tributario para las personas que adquieran un
crédito de vivienda. De esta forma,
podrán reducir su retención en la fuente hasta
en un 30%, al ser considerado parte de su ingreso como no
constitutivo de renta. El incentivo se puede obtener antes de
cinco años de haber dado la cuota inicial para la
vivienda. (Revista
cambio.com, 2001, [en
línea]).- INTRODUCCIÓN
A mediados de la década de los 40 el Estado
asume la vivienda como un asunto de interés
público, incluyendo la vivienda social dentro de sus
políticas. El Estado
cubre parte de los cotos de los programas de
vivienda que desarrolla, a manera de subsidio a la oferta o
subsidio "oculto" con el propósito de que estos
lleguen la población más desfavorecida. Las
viviendas que ya tenían el subsidio incorporado fueron
adjudicadas bajo distintas modalidades de crédito a grupos
localizados de la población, con créditos a 20 años y cuotas
fijas, con lo que terminaba dando un cuantioso subsidio
adicional, debido al proceso de
desvalorización de la moneda. (Arango, p. 241,
2001).En el período comprendido entre 1973 y 1988
el gobierno
empieza a buscar la manera de estimular el desarrollo
del sector privado de la construcción. Se definen
políticas tendientes a involucrar más
directamente a este sector, básicamente, para dotarlo
de un sistema propio de financiación de la actividad
constructora privada. Es acá donde se crea el UPAC.
Este se crea como un sistema de ahorro y crédito de
largo plazo que fomentaba el ahorro social con el aliciente
de que los dineros ahorrados mantendrían su valor
gracias a que eran reajustados al índice de
inflación más una pequeña tasa de
interés. (Arango, p. 242 – 243, 2001).A partir de 1989 se da la política de
fortalecimiento del mercado de vivienda (gestión, producción, comercialización), para lo cual el
poder
público debe actuar como simple facilitador. En 1991
mediante la ley 03 se
crea el subsidio de demanda,
con el objeto de hacer accesible la vivienda. También
se crean el sistema nacional de vivienda de interés
social y se reformó el Instituto de Crédito
Territorial. (Arango, p. 244, 2001).En las últimas décadas lo que se ha
presentado como política de vivienda en Colombia ha
sido en realidad políticas de financiación de
vivienda. La legislación en esta materia ha
sido una sucesión ininterrumpida de ajustes
desafortunados en la política financiera que sustenta
el funcionamiento de la vivienda social. (Arango, p. 227,
2001).Como resultado de esta política se produjo el
colapso del sistema UPAC, después de una larga
sucesión de ajustes que terminaron por hacerlo
inoperante, arrastrando miles de familias de clase media a
una situación sin salida en la cual se vieron
obligadas a entregar sus viviendas por no poder
continuar cumpliendo con sus obligaciones de crédito. (Arango, p.
227, 2001). - HISTORIA
"El sector de vivienda desempeña en el
bienestar de los países un papel
más importante que el que se suele
atribuírsele, ya que afecta directamente no
sólo el bienestar de las personas sino también
el funcionamiento de otros sectores económicos. En
vista de la experiencia adquirida en todo el mundo, se ha
iniciado un nuevo programa de
política en que se establecen estrategias para el sector de vivienda en las
cuales se dan mayores posibilidades y más libertad
de acción a las fuerzas económicas". (Mayo,
p.44, 1994).El FMI propone las siguientes
estrategias:Tabla 1.
Recomendaciones del FMI para un mercado propicio de
vivienda.Instrumentos
Estrategias
Desarrollo de los derechos de propiedad
Regularización de la tenencia de la
tierra, privatización de las viviendas
estatales, impuestos sobre la propiedad.Desarrollo de financiación
hipotecariaAutorización de los préstamos
del sector privado a tasas positivas y de mercado,
aplicación de las leyes de ejecución de hipotecas,
introducción de préstamo
mejorados.Racionalización de los
subsidiosCreación de subsidios transparentes,
concentración en los pobres, subvención
de las personas (y no las casas), examen de los
subsidios.Creación de infraestructuras
Coordinación del aprovechamiento de
tierras, recuperación de los gastos,adecuación del suministro de la
demanda, mejora de la infraestructura
de los barrios de tuguriosReglamentación del aprovechamiento de
la
tierra y el desarrollo de la viviendaSimplificación de las reglamentaciones
complejas, eliminación de las distorsiones de
los precios y de las situaciones de escasez
artificial.Desarrollo de un marco de política
institucionalEquilibrio de las funciones del sector
público y del sector privado,
creación de un foro para
administrar el sector de vivienda en su totalidad,
desarrollo de estrategias propicias, vigilancia del
desempeño del sector.Fuente: MAYO, Stephen. Cambios estructurales en la
política de vivienda. Finanzas y
desarrollo. 1994. P. 46.Un sector de vivienda eficiente y adecuado puede
aportar grandes beneficios. Pero si no se da esto, quienes
sufren las consecuencias más graves de los fracasos de
los mercados
de vivienda son los pobres.En muchos casos, los principales perdedores son los
grupos a los
cuales las políticas de vivienda están
destinadas a beneficiar. (Mayo, p.46, 1994).Por ejemplo, los países de bajos ingresos a
menudo necesitan hacer hincapié en las inversiones en infraestructura, la competencia de la industria
de la construcción y los derechos de
propiedad.En los países de ingresos
medianos muy endeudados, las prioridades fundamentales son la
reforma de la política fiscal y financiera, en
particular la mejora de las instituciones de financiación de la
vivienda y la reducción de las transferencias
presupuestarias al sector vivienda, así como la
ampliación del desarrollo de la infraestructura. En
otros países de ingresos medianos, la reforma de las
reglamentaciones para el uso de la tierra y
la construcción y el aumento de las oportunidades de
financiación hipotecaria son cuestiones clave. (Mayo,
p.46, 1994).Con este nuevo enfoque se busca apoyar las
estrategias de los gobiernos, incluidos los préstamos
de ajuste, las inversiones y las operaciones
de asistencia técnica. Para los países de bajo
ingreso, estas inversiones entrañan a menudo la mejora
de barrios de tugurios y la rehabilitación de los
sistemas
de infraestructura urbana. (Mayo, p.46, 1994). - POSICIÓN DEL
FMILas nuevas políticas de vivienda social
recurren a subsidios a la demanda de vivienda con el
objeto de dotar a jefes de hogar y personas de menor
ingreso con capacidad de compra. Estos subsidios permiten
a sus beneficiarios concurrir al mercado a elegir sus
viviendas, sujetos a determinados estándares,
precios y disponibilidades. (Held, 2000, [en
línea]).En Chile,
por ejemplo, la nueva política de vivienda social
basada en subsidios a la demanda y orientada al mercado
ha establecido reglas claras, transparentes y estables
para los diversos participantes, y ha ganado legitimidad
y aceptación entre los jefes de familia y personas que han postulado a
subsidios habitacionales. Estos últimos han
dispuesto un sistema transparente y objetivo de acumulación de puntaje
que pondera el cumplimiento de requisitos de ahorro
previo y las características demográficas
y socioeconómicas de las familias.El Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, a
través de sus Servicios de Vivienda y Urbanismo
(SERVIU), ha asumido como regulador y supervisor de los
estándares de las viviendas sociales, como
administrador del proceso de subsidios habitacionales a
nivel nacional y regional, como proveedor "subsidiario"
de viviendas progresivas y básicas a familias y
personas de muy bajos ingresos, y como oferente de
crédito a las mismas. Ese ministerio
también ha extendido garantías a los
créditos hipotecarios a viviendas
sociales, a fin de motivar a la banca
privada a incursionar en este segmento de mercado. (Held,
2000, [en línea]).Para Chile
el sistema de acceso a la vivienda basado en subsidios a
la demanda ha logrado dinamizar la construcción y
el acceso a viviendas de interés social, y ha
motivado un significativo crecimiento en el ahorro
personal y familiar para esas viviendas.
Ello ha conducido a importantes reducciones en los
déficit de vivienda, permitiendo incluso anticipar
el término del déficit habitacional
cuantitativo en alrededor de 15 años. (Held, 2000,
[en línea]).En algunos países de Europa
central y oriental bajar el costo
del alquiler se convirtió en una solución
importante y eficaz como subsidio para aumentar la
proporción de propiedad de la vivienda; esto por
la dificultad de conseguir vivienda propia. Luego
implementaron un sistema de crédito con tasas de
interés muy bajas para facilitar la
adquisición de vivienda. (Pichler-Milanovich,
1999, [en línea]).En Estados
Unidos se puede obtener mejores subsidios, o menor
tasa de
interés para el subsidio para vivienda, con
trabajo para el gobierno o de ayuda social, lo cual baja
la renta de vivienda. Esto hace que se incentive
más la adquisición de vivienda.
Además se puede determinar el tamaño de los
subsidios. (Wallison, 2000, [en
línea]).En Uruguay, a partir del segundo semestre de
1993, se ha venido implementando una política
habitacional basada en la entrega de subsidios
(focalizada en las familias más pobres) y
requisitos de ahorro previo. Para acceder al subsidio las
familias deben estar inscritas en el Registro Nacional de Postulantes y contar
con un mínimo de ahorro previo establecido de
acuerdo al nivel de subsidio que aspira y antes de cierta
fecha previamente fijada. (Szalachman, 2000, [en
línea]).En Bolivia, en cambio, no existe un sistema de subsidios
habitacionales, ni requisitos de ahorro previo para
viviendas de tipo social, y el país ha adolecido
tradicionalmente de falta de mecanismos de financiamiento para este tipo de
viviendas. (Szalachman, 2000, [en
línea]).En Colombia se crea la figura del subsidio de
demanda, con el objeto de hacer accesible la vivienda
producida a los estratos de menores ingresos. Al
beneficio del subsidio tiene derecho toda familia que se localice por debajo de un
cierto nivel de ingreso (menos de 2 salarios mínimos), que se establece
como límite inferior del mercado solvente de
aspirantes a la adquisición de vivienda, y quien
cumpla además con una serie de requisitos de
elegibilidad previamente establecidos. (Arango, p. 244,
2001).Según el artículo 51 de la
constitución política de
Colombia: "Todos los colombianos tienen derecho a
vivienda digna. El
Estado fijará las condiciones necesarias para
hacer efectivo este derecho y promoverá planes de
vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación
a largo plazo y formas asociativas de ejecución de
estos programas de vivienda". (Art. 51)
(Asamblea Nacional Constituyente, p. 7, 1991).Acorde con la modernización y apertura de
la economía, aquellas funciones que el sector privado
podría ejecutar más eficientemente, como
otorgar créditos y construir viviendas, dejaron de
ser actividades de las entidades del Estado, pasando a manos de las entidades
privadas y de las cajas de compensación familiar y
de organizaciones populares de vivienda. Para
ayudar a las familias más pobres, se
instauró el subsidio de vivienda directo a las
familias demandantes y beneficiarias finales de la
vivienda y se eliminó el subsidio al
crédito. (Departamento Nacional de Planeación, Sin año, [en
línea]).La construcción de viviendas ha ganado
importancia en los programas de vivienda social. Mientras
el INURBE destinó el 63% y el 21% de sus recursos a programas de lotes y a
viviendas usadas en 1991-93 respectivamente, casi el 80%
del monto de sus subsidios se canalizó hacia
viviendas nuevas y el mejoramiento de viviendas
existentes en 1994-97.Los precios de las viviendas sociales se han
situado en un rango equivalente a US$ 5.200 y US$ 17.900
dólares, y donde este último es el precio
tope de viviendas a las cuales pueden aplicarse subsidios
habitacionales.Los subsidios a la vivienda del INURBE en
programas de la red de
solidaridad social para las familias
más pobres, se han localizado en un rango
equivalente a U$ 1.950 y US$ 3.250 dólares. Ante
la evidencia de que eran insuficientes, se introdujeron
programas de recuperación del entorno residencial
y de mejoramiento de viviendas para los hogares con
ingresos inferiores a dos salarios mínimos en 1994. (Held,
2000, [en línea]).Los hogares que no han sido beneficiarios de
ningún programa de vivienda social, y cuyos
ingresos no superan los cuatro salarios mínimos
legales, pueden postular a un subsidio habitacional. Las
postulaciones a subsidios para vivienda pueden ser
individuales o colectivas, y estas últimas pueden
a su vez ser dirigidas o asociativas.Los hogares con ingresos inferiores a dos
salarios mínimos han estado sujetos a
postulación colectiva y sólo a subsidios
habitacionales del INURBE. (Held, 2000, [en
línea]).Los topes máximos para los subsidios
habitacionales del INURBE dependen del tamaño de
la ciudad donde se realiza el proyecto y del tipo de programa de
vivienda. En ciudades de más de 500.000 habitantes
los subsidios habitacionales han alcanzado el equivalente
de US$ 3.250 dólares para la adquisición y
construcción de vivienda, hasta US$ 1.950 para el
mejoramiento de viviendas existentes, y hasta US$ 2.270
para la adquisición de lotes de terreno. (Held,
2000, [en línea]).El INURBE y las cajas de compensación
familiar han calificado a los postulantes a subsidio
recurriendo a un sistema de puntaje. El proceso de
calificación ha otorgado prioridad a las mujeres
jefes de hogar, a las familias en zonas de alto riesgo
y a las víctimas de desastres. Al mismo tiempo, se han tenido en cuenta el
número de personas dependientes por hogar, el
aporte de cuota inicial de los postulantes, la existencia
de compromiso de compraventa, y la vinculación de
los postulantes con organizaciones populares de
vivienda.Las normas
indican que las solicitudes de subsidio habitacional se
deben atender en orden secuencial de acuerdo con los
puntajes acumulados por los postulantes y las prioridades
mencionadas, en la medida que el INURBE y las cajas de
compensación familiar dispongan de recursos.
(Held, 2000, [en línea]).Los subsidios asignados a vivienda tienen una
vigencia de 18 meses. Se estima que del monto total de
subsidios asignados se ha desembolsado en años
recientes un 75%. Los importantes montos que no se han
desembolsado parecen originarse principalmente en demoras
en la ejecución de proyectos. El elevado costo
y la dificultad para acceder a créditos
hipotecarios contribuyó a retardar el desembolso
de los subsidios en 1997-98. (Held, 2000, [en
línea]).En cuanto a la focalización de los
subsidios el INURBE ha concentrado el 73% del monto de
sus subsidios habitacionales en familias con ingresos de
hasta dos salarios mínimos legales. Por su parte,
las cajas de compensación familiar han destinado
el 42% del monto de sus subsidios a hogares con esos
ingresos, y el 58% de ese monto a hogares con ingresos
entre dos y cuatro salarios mínimos
legales.El subsidio promedio del INURBE se ha situado en
el equivalente de US$ 1.560 dólares, sin que
existan grandes diferencias por tipo de solución
habitacional. Ello ha determinado proporciones de
subsidio inversamente proporcionales al precio
de esas soluciones. En los mejoramientos de
vivienda esa proporción ha llegado al
90–95%; en la construcción de viviendas para
hogares con ingresos de hasta dos salarios mínimos
legales los subsidios del INURBE han representado 20-30%
del valor
de la vivienda, y hasta el 40% en los programas de las
cajas de compensación familiar. En los programas
para hogares con ingresos entre dos y cuatro salarios
mínimos legales, los subsidios han sido
equivalentes al 10–20% del valor de las
viviendas.La progresividad que muestran los subsidios
habitacionales no han garantizado la focalización
de los programas dirigidos a las familias con ingresos
entre dos y cuatros salarios mínimos. La evidencia
disponible indica que en alguna medida los subsidios de
esos programas han sido redundantes considerando la
apreciable demanda por viviendas sociales que se ejerce
sin subsidios. Sólo alrededor de un 40% de los
créditos otorgados por el sistema
financiero para viviendas sociales se habría
destinado a financiar viviendas de familias beneficiarias
de subsidio. Por otra parte, se ha estimado que los
hogares con ingresos de tres o más salarios
mínimos podrían adquirir viviendas sin
subsidio, lo cual también justificaría
reducir el tope de precio de las viviendas sociales
(Held, 2000, [en línea]).Lamentablemente esta política del
subsidio no ha dado los frutos que se esperaban. Aunque
ha sido un factor dinamizador en la producción de vivienda nueva, en su
aplicación éste ha tenido muchos problemas: los recursos que se han
destinado para respaldarlo han estado siempre muy por
debajo de las demandas consolidadas en proyectos y calificadas como elegibles,
los recursos no se han concentrado como se
pretendía en los grupos más pobres de la
población, no se han distribuido equitativamente
los beneficios del subsidio en las distintas regiones
como se pretendía, y por último, se ha
caído en el viejo vicio de que cada gobierno da su
propia interpretación del subsidio, modificando su
aplicación y operación, con lo cual se ha
ido restando gradualmente confiabilidad y eficacia. (Arango, p. 244 – 246,
2001).Es claro que deben incrementar los recursos para
subsidios. El esfuerzo fiscal
es insuficiente tanto para resolver el problema
habitacional como para que el programa de vivienda
subsidiada tenga impacto económico. (CAMACOL,
2001, [en línea])Otro de los problemas que presenta Colombia y que ha
tenido una fuerte incidencia en el déficit
cualitativo, se refiere a la escasez de tierras
urbanizables y que se ha traducido en elevados precios de
los terrenos. Como consecuencia de lo anterior, ha
proliferado la construcción de barrios ilegales en
zonas de alto riesgo, con graves deficiencias
urbanísticas y de servicios. Las familias que habitan este
tipo de viviendas están prácticamente
marginadas de los subsidios de gobierno y del
crédito de las entidades financieras.Para resolver estos problemas, a partir de 1994
se diseñó una nueva estrategia dirigida a la población
de menores ingresos, ofreciendo programas de mejoramiento
de vivienda y entorno y una política de tierras
para impedir que la valorización de los terrenos
excluya del mercado, por la vía de alzas de
precios, a la población más pobre. Como
resultado se redujo tanto el déficit cuantitativo,
que pasó de 1,1 millones de unidades en 1993 a
0,85 millones en 1997, como el déficit cualitativo
(de 3,3 millones en 1993 a 2,9 millones en
1997).Sin embargo, el bajo el nivel de ingresos y la
fuerte vinculación a trabajos informales
dificultan a los hogares de menores ingresos generar los
ahorros suficientes para financiar la cuota inicial de su
vivienda, acceder al crédito y atender el servicio de la deuda. En consecuencia, de
acuerdo con estudios recientes, pareciera que para los
programas de adquisición de vivienda, el monto de
los subsidios sigue siendo bajo para las familias con
ingresos inferiores a dos salarios mínimos. Esto
involucra la necesidad de incrementar el valor unitario
de los subsidios, lo que a su vez implicaría
reducir la cobertura para los menos pobres. (Szalachman,
1999, [en línea]).Aunque el gobierno ha tenido toda la
intención de enfocar la política de
vivienda hacia los pobres, son más los
trámites que deben hacer las personas de los
estratos bajos que las personas de los estratos altos, lo
que hace que el sistema de adjudicación de
subsidios sea lento, se desaprovechen dichos subsidios o
que simplemente dejen a la mitad el trámite.
Además se cuestiona la trasparencia de los
subsidios. (Ver tabla 1).- Subsidios para VIS
- Sistema AFC
- SUBSIDIOS PARA
VIVIENDA
El AFC es un beneficio tributario para las personas que
adquieran un crédito de vivienda. De esta forma,
podrán reducir su retención en la fuente hasta en
un 30%, al ser considerado parte de su ingreso como no
constitutivo de renta. El incentivo se puede obtener antes de
cinco años de haber dado la cuota inicial para la
vivienda.
En el caso de las cuentas AFC las
condiciones para acceder a este beneficio tributario es que los
dineros se guarden en estas cuentas durante
cinco años o que se retiren con destino a pagos de
vivienda, ya sea para la cuota inicial o para las cuotas
periódicas. En el caso de los Fondos de Pensiones
Voluntarias la condición es que los recursos no sean
retirados antes de cinco años. (Sin autor, 2001, [en
línea]).
Esta herramienta para impulsar la inversión en el sector de la vivienda de
estratos medios y
altos.
Podrán acceder al programa de crédito con
garantía de VIS, los hogares conformados por personas
independientes y no requerirán la aprobación previa
del Fondo Nacional de Garantías. (Revista
cambio.com, 2001, [en línea]).
La mayoría de entidades especializadas en
crédito hipotecario ya montaron y están ofreciendo
sus productos. Con
el del beneficio tributario, la banca hipotecaria
en Colombia comenzó a mover sus estrategias para impulsar
las llamadas Cuentas de Ahorro para Fomento de la
Construcción. Las entidades especializadas en
crédito de vivienda están ofreciendo el nuevo
producto con
lo que buscan generar una mayor demanda de vivienda de estratos
más altos. (Sin autor, 2001, [en
línea]).
La idea del gobierno es precisamente impulsar la demanda
de crédito para vivienda en los estratos 4, 5 y 6 que ha
estado más quieta que la VIS. Especialistas en el tema
consideran que los colombianos de estratos entre 4, 5 y 6
requerían de un incentivo mayor para moverlo a adquirir
vivienda. Estamos hablando de personas con ingresos brutos entre
3.700.000 pesos y 6.000.000, según las cuentas del Icav.
(Sin autor, 2001, [en línea]).
Las personas que tienen en arriendo un inmueble tienen
el derecho a deducir de la base gravable el valor de los aportes
a fondos de pensiones obligatorias y el fondo de solidaridad. Pero
con la opción de crédito hipotecario puede
además, descontar el valor ahorrado en la AFC y deducir el
valor de la corrección monetaria y los intereses pagados.
(Sin autor, 2001, [en línea]).
Esta política, como tal es buena, lo que no se
entiende es por que se le dan más facilidades a las
personas de estratos altos en cuanto a reducciones de intereses e
impuestos, cuando el FMI propone que debe haber
concentración en los pobres y tasas de
interés positivas y de mercado en cuanto a desarrollo
de financiación hipotecaria (ver tabla 1).
- El no tener un sistema de financiación
propicio (visto desde la verdadera capacidad de endeudamiento
para adquisición de vivienda por parte de los grupos
pobres) ha traído como consecuencia un bajo impacto en
las políticas de subsidios Colombia. - El balance de los últimos años muestra que la
política de vivienda estuvo concentrada en la
administración y distribución de los subsidios, quedando
en segundo plano otros aspectos relevantes tanto para lograr la
producción de viviendas de bajo costo, como para
permitir el acceso de las familias más pobres a
ella. - Los programas de financiación y subsidios de
vivienda muchas veces no son efectivos por la manera desigual e
injusta como se reparten los subsidios. - La creación de una pesada carga fiscal para
apoyar la vivienda no es buena para el sector (de la vivienda)
ni para la integridad fiscal. - No se puede hablar realmente de VIS cuando los
créditos que existen para adquirir vivienda no
están al alcance de la población que lo necesita;
y si no es así; ¿Quién le presta a una
persona sin
recursos?. - El pobre tiene más complicado el camino para
llegar a tener la oportunidad de conseguir un subsidio para
vivienda por los requisitos que tiene que cumplir, sobre todo
los salariales; mientras que a la población pudiente
hasta le dan exenciones tributarias por tomar un subsidio
AFC. - Ha sido poca la oferta de
soluciones
habitacionales viables para los grupos más pobres,
quienes a parte de limitantes estructurales de ingresos,
presentan otro tipo de problemas que el sector financiero no
puede resolver.
- Se debe tener en real cuenta la capacidad de la
población para sufragar el costo de su
vivienda. - De no introducirse cambios sustanciales en la
política de vivienda, esta continuará siendo
inaccesible para el grueso de la población. - Incrementar el monto de los recursos fiscales para
subsidios a VIS. - Distribuir los recursos de tal manera que la suma de
subsidios otorgados por el INURBE y Cajas de
Compensación sean equilibrados con la población
de cada región. - Usar los predios del estado en proyectos de vivienda
para solucionar la escasez de tierra: Entregar predios de
propiedad del estado como aporte a proyectos manejados a
través de esquemas de fiducia, que luego se pueden
entregar al comprador como parte del subsidio.
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política de vivienda de interés social en
Colombia en los noventa.
http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/6/4246/P4246.xml&xsl=/ues/tpl/p9f.xsl
(15 Nov. 2001)
- RUEDA BEDOYA, Rafael. Las políticas sociales
de vivienda en Colombia en la última década: el
derecho a la vivienda digna y a una tenencia segura. En: La
política
social y los derechos económicos, sociales y
culturales en los noventa: balance y perspectivas. 1999,
Santafé de Bogotá. Medellín, CEHAP, 1999.
15 p.
JUAN CAMILO GARCÍA S.
Trabajo realizado para el III Seminario de
Administración
Pública: FMI, ¿amigo o enemigo?. Universidad
Nacional de Colombia – Facultad de Minas.
Está investigación se llevó a cabo entre
los meses de septiembre a diciembre de 2001 para la materia
Administración pública perteneciente
al pregrado de Ingeniería Administrativa en dicha Universidad.