- El libre
comercio como signo del
neoliberalismo - Las
críticas ambientalistas a las actuales normas de libre
comercio - Las
experiencias más cercanas - Temas
básicos de discusión y
posicionamiento - A modo de
conclusión
1.- El libre comercio
como signo del neoliberalismo
El comercio, como
se sabe, ha sido una actividad humana de historia tan vieja como el
inicio mismo de la civilización. Sin embargo, nunca como
hoy fue signo de una doctrina económica, la neoliberal,
que centra en la esfera del mercado la
solución de los problemas
sociales, al grado que teólogos como Franz Hinkelamert
y otros señalaran que se ha construido una
idolatría alrededor del mercado, nuevo dios que para
resolverlo todo en el marco de la competencia,
demanda
sacrificios humanos continuos y crecientes.
El mercado, entonces, ha sido una
necesidad económica para la realización de las
mercancías y la producción, pero sobredimensionado se
convierte en un instrumento ideológico que subestima y
hasta suprime otras áreas, intereses y necesidades
humanas. ¿Qué sentido tiene, por ejemplo la
liberalización de fronteras para los productos y la
agudización de controles para el tránsito
internacional de personas? ¿Cómo entender que sea
más fácil violar cualquier derecho humano a
escala
internacional y no sea así cuando se trata de las normas del
mercado? El propio gobierno
norteamericano insiste en pedir inmunidad para sus soldados
regados en numerosas bases en América
latina y el mundo, incluyendo causas por crímenes de
guerra o
crímenes de lesa humanidad; pero, ese mismo gobierno
plantea el cumplimiento forzado de las normas de la OMC y otras
afines. Cierto que ellos las violan, pero no por una
exoneración expresa sino como una más de las
demostraciones de su prepotencia.
De aquí que las
contradicciones entre comercio y medio
ambiente, tema que nos compete hoy, son crecientes y en su
agudización parece que los derechos colectivos son los
más directamente amenazados.
Es necesario considerar
además cual es el grado en el cual se trata realmente de
un "libre comercio". De acuerdo a datos de la OCDE,
cerca del 50% del comercio
internacional es solamente intercambios dentro de una misma
empresa
transnacional y, que más del 90% de intercambios
financieros mundiales son fruto de la especulación y no de
la producción. Informes
recientes señalan que 200 transnacionales controlan ese
"libre" comercio.
Guy Verhofstadt, en momentos en que
ejercía como Primer Ministro de Bélgica y
Presidente de la Unión
Europea, respondió ante demandas de representantes de
países pobres: "Naturalmente que la
globalización, el hecho de sobrepasar las fronteras
puede decaer rápidamente en egoísmo sin fronteras.
Para el occidente rico, el libre comercio es evidente, aunque de
preferencia a productos que no afecten su propia economía. Nada de
azúcar
de países del Tercer Mundo. Nada de textiles o
confecciones de África del Norte. Allí ustedes,
tienen razón. El comercio mundial anunciado a voces tan
altas, por lo general se trata de un tráfico en un solo
sentido: desde el norte rico hacia el sur pobre, y no a la
inversa."
Un abogado concluiría que
tras esta confesión de parte, no se requiere presentar
más pruebas.
El mito del libre
comercio se cuestiona en los hechos también desde sus
promotores, a través de medidas de muy dudosa legitimidad
como, por poner ejemplo, aquella de Estados Unidos de
castigar desde el 20 de marzo de 2003 al acero de
países más eficientes en el ramo como Brasil, con unos
aranceles de
hasta el 30%, contraviniendo las resoluciones de la propia
Organización Mundial de Comercio. En otro
caso, a Ecuador se le
acusó de dumping en la
producción camaronera por tener precios
más bajos surgidos de las ventajas ambientales del
país.
Estados Unidos mantiene múltiples
medidas proteccionistas como los subsidios directos a las
exportaciones,
las ayudas internas a los productores, las barreras no
arancelarias y la aplicación sistemática y
unilateral del dumping (en sus productos de exportación subsidiados) y de leyes
antidumping (a los productos importados que amenazan
alguna producción interna que se quiera proteger). Esto
llevó a Joseph
Stiglitz a afirmar que: "Los acuerdos de libre comercio no
garantizan el libre comercio. Esto se debe a que los EE. UU.
utilizan muchas medidas proteccionistas para bloquear las
mercancías extranjeras"
Adicionalmente hay que considerar
que libre comercio no es sinónimo de comercio justo, sino
todo lo contrario. dejar el comercio a las competencia
depredadora donde el más fuerte tiene todas las
posibilidades de ganar, es contrario a un principio de justicia ya
que se trata de poner a competir a desiguales bajo las mismas
normas.
En resumen, lo que tenemos frente
a nosotros es una propuesta de libre comercio en el marco de una
dominación imperialista inspirada en la doctrina
neoliberal. Sus repercusiones en materia
ambiental, que las veremos a continuación, pueden ser
extremadamente graves y aquí no caben las ilusiones y,
sobre todo, no cabe caer en la trampa de la inevitabilidad de las
propuestas neoliberales. No son inevitables y como país
soberano, tenemos derecho y obligación de buscar lo mejor
para nuestra gente y nuestro espacio natural.
Presentar a sus propuestas como
las únicas posibles, como si al no aplicarlas se acabara
el país, ha sido una trampa de los neoliberales que
ofrecieron maravillas tras cada uno de esos ajustes. El fracaso
social de la dolarización, la nula ampliación de
empleos tras la destrucción de derechos laborales, los
daños ambientales tras cada cesión antes los
inversionistas extranjeros, las consecuencias fatales para
nuestra soberanía con la entrega de la Base de
Manta, son parte de una cadena de acontecimientos que nos dirigen
al pasado y a condiciones de mayor pobreza.
¿Es inevitable vivir en la pobreza cuando
vivimos en un país en el que abunda la riqueza? Nada que
no sea la imposición del imperialismo y
de la gran burguesía explica este
absurdo.
La supuesta inevitabilidad es en
realidad una suerte de terrorismo
porque se impulsa en una serie de amenazas de grandes desastres
que pretenden que pasaría si no se acepta la
imposición imperialista. Niegan que mejores condiciones de
vida pueden ser encontradas en países que no han firmado
acuerdos de libre comercio de este tipo, para no hablar de la
heroica Cuba que
siempre demuestra que la educación y la
salud pueden ser
mejores si no se hace lo que proponen el banco Mundial
y sus cómplices.
Lo que está en la mesa no
es un tratado comercial. Lo que se discute abarca ante todo la
máxima protección a las inversiones,
entendiendo por tales a cualquier acuerdo, junto con una gran
cantidad de normativas laborales, de propiedad
intelectual, jurídicas y más, demostrando que
de lo que se trata es en realidad de una imposición
constitucional y legal absoluta, sin ninguna consulta ciudadana y
con negociadores que jamás fueron electos
democráticamente para ser constitucionalistas y
legisladores a la vez.
De manera más diplomática
lo expone la propia Ley de Autoridad para
la Promoción Comercial (TPA), aprobada por el
Congreso de los Estados Unidos en 2002: "La expansión del
comercio internacional es vital para la seguridad
nacional de los Estados Unidos … Los acuerdos comerciales
tienen el mismo propósito que el que tuvieron los pactos
de seguridad durante la Guerra
fría …. Los acuerdos comerciales maximizan las
oportunidades para los sectores críticos y estructurales
de la economía de los Estados Unidos, tales como tecnología de
información, telecomunicaciones y otras tecnologías de
punta. … El comercio creará nuevas oportunidades para
Estados Unidos y preservará la fortaleza sin paralelo de
EEUU en asuntos económicos, políticos y
militares"
Complementariamente, el Representante
Comercial de los EE UU, Robert Zoellick señla:
"… los países que buscan acuerdos de libre
comercio con los Estados Unidos deben cumplir más que
criterios económicos y de comercio, si pretenden ser
elegibles. Como mínimo, estos países deben cooperar
con los Estados Unidos en su política exterior y
en sus metas de seguridad nacional, como parte de 13 criterios
que guiarán la selección
que haga Estados Unidos de sus potenciales socios en acuerdos de
libre comercio… Negociar un Tratado de Libre
Comercio con los Estados Unidos no es algo a lo que alguien
tenga derecho. Es un privilegio".
Para quienes sostenemos los
principios de
soberanía y dignidad
nacional, resulta totalmente lo contrario: no entrar a la
negociación del TLC es sinónimo de
no querer someterse a "la política exterior y las metas de
seguridad nacional" de los Estados Unidos.
2.- Las críticas ambientalistas a las
actuales normas de libre comercio
Desde la perspectiva de la
protección de la biodiversidad,
las normas internacionales y los procedimientos
adoptados hablan de una serie de peligros que se reproducen en
distintos instrumentos regionales y bilaterales. Un breve resumen
de esos factores se presenta a continuación como esquema
de referencia.
Los acuerdos sobre comercio y
medio ambiente de Río de Janeiro (1992) y Marrakech (1994)
se violan permanentemente y se debilita la legislación
ambiental en el mundo
El peso de las transnacionales en
las decisiones de los Estados de los países desarrollados
es tal, que cada vez con más frecuencia se burlan los
acuerdos internacionales en materia de comercio y medio ambiente.
Por otra parte, muchos de estos acuerdos chocan con otras
disposiciones de la
Organización Mundial de Comercio
(OMC).
Por otro lado, el Comité de
Comercio y Medio Ambiente de la OMC señala que su labor
está ceñida a que "la competencia de la OMC en
materia de coordinación de políticas
en este ámbito se limita a los aspectos de las
políticas ambientales relacionados con el comercio que
puedan tener efectos comerciales significativos para sus
miembros". Expresión que grafica que para la OMC el
comercio está por encima de lo ambiental.
Por último, se afirma que
las reglas más generales sobre comercio internacional y
medio ambiente se encuentran, precisamente, en los instrumentos
jurídicos no vinculantes, en especial en la
Declaración de Río y en la Agenda 21, adoptadas en
la Conferencia de
las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de
1992.
Con todo esto, los riesgos al
ambiente se han ido presentando como realidad en casos de
juzgamiento a disposiciones de los Estados que se consideran como
barreras al libre comercio.
Un ejemplo muy claro de ello se
presentó en 1991 cuando la Unión Europea
prohibió por razones de salud pública el ingreso de
carne vacuna tratada con hormonas y
transgénicos. Bajo el argumento de que la simple sospecha
de existencia de un peligro para la salud NO justifica detener
los flujos comerciales y que las transnacionales en ningún
caso tienen que comprobar el carácter inofensivo de sus productos, la
OMC estimó que se trataba de un boicot de la UE a la
importación de carne de res de Estados
Unidos y autorizó una sanción aduanera contra la UE
por $ 116.8 millones.
Jerry Mander de la ONG
estadounidense Ecocéanos, alerta que "Aunque sólo
tiene seis años de edad, la OMC ya tiene el impresionante
record de haber desafiado leyes y normas creadas
democráticamente. Ha sido especialmente potente en el
reino del medio ambiente. La primerísima
legislación de OMC se dirigió contra el Acta de
Aire Puro de
Estados Unidos, que establecía normas contra la
contaminación por gasolina. Se encontró que el
Acta no cumplía con las reglas de comercio de OMC, y tuvo
que suavizarse. Se decidió que la muy popular Acta de
Protección a los Mamíferos Marinos no cumplía con la
reglamentación del GATT…Y también
se juzgó que era ilegal la protección de tortugas
marinas, bajo el Acta de las Especies en Peligro. A este respecto
los Estados Unidos están volviendo a fojas cero. Podemos
esperar desafíos similares contra las leyes estatales o
estadounidenses sobre control de
pesticidas, las normas del café,
la veda de exportación de troncos en bruto, el etiquetado
ecológico de productos, varios esquemas de
"certificación", etcétera…". En otros medios se
estima que la
administración Bush ha reducido o eliminado alrededor
de 200 normas ambientales, en muchos casos para favorecer el
libre comercio.
Si eso pasa en el país
más rico de la Tierra, es
fácil pensar que para los demás es más
difícil contraponerse a los mandatos
comerciales.
Contradicciones graves con los
AMUMA
Si se observa las restricciones
que Acuerdos Multilaterales sobre Medio Ambiente (AMUMAs) tienen
sobre ciertos aspectos de comercio internacional, se observan
graves contradicciones con los principios de la OMC (y su origen
en el GATT) y, por tanto, con los TLC firmados en las
Américas.
Esas contradicciones no pueden ser
resueltas por medios legales. Por ejemplo, las restricciones que
la Convención sobre el Comercio Internacional de las
Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres (CITES) se oponen al Artículo X.1 del GATT; el
tema podía encontrar solución si se toma que el
CITES es posterior (lex posterioris) al GATT de 1964, pero
el GATT de 1994 es considerado como un instrumento
jurídico distinto a su predecesor, así que la
única opción para el tema ambiental sería
considerar el principio de Lex especialis a favor del
CITES, cosa de por sí dudosa y que no involucraría
a quienes no suscribieron el CITES. Con ello, la norma del GATT
queda intacta y los afanes de proteger a especies en peligro
desaparecen.
Similares son los casos del
Protocolo de
Montreal sobre restricciones al consumo
(incluyendo importación) de gases que
afecten a la Capa de Ozono
y el Convenio de Basilea relativo al Control de los Movimientos
Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su
Eliminación, entre otros AMUMAs.
Utilización de la
temática ambiental para apoyar a las empresas de los
países desarrollados
Según Norteamérica,
somos los países dependientes los dispuestos a modificar
nuestras leyes para participar con más fuerza en el
mercado y permitir a nuestras industrias
producir aún a costa del daño
ambiental. La realidad muestra sin
embargo que el uso del tema ambiental para ganar sus
posibilidades económicas viene de allá en contra
nuestro.
Esto se puede ilustrar, por
ejemplo, con el embargo impuesto
unilateralmente por los Estados Unidos en 1991 al atún
mexicano, con el pretexto de que su captura generaba una
importante mortandad de delfines. En
el caso de México, se
calcula que en seis años se dejaron de percibir alrededor
de 300 millones de dólares como consecuencia de la
aplicación de esta sanción comercial. Este embargo
provocó una reducción de la flota atunera nacional
y el cierre de plantas
enlatadoras, con la consecuente pérdida de empleos
directos e indirectos y de otros efectos económicos
adversos. Ese espacio ha sido cubierto por empresas
norteamericanas de pesca.
Organismos serios de
México, señalan que la medida se basó en
datos adulterados y que era básicamente una medida
comercial y no realmente ambiental. Los resultados así lo
demuestran.
Presencia de empresas
contaminantes en los comités de medio
ambiente
En los organismos de
coordinación de los países imperialistas y a nivel
directivo de los organismos de libre comercio, siempre aparecen
empresas acusadas de daño ambiental, como asesoras en esa
temáticas.
"Tomemos por
ejemplo el Comité Consultivo Económico e Industrial
(BIAC, por su sigla en inglés)
de la OCDE. Como vocero oficial del sector empresarial ante la
OCDE, el BIAC goza de amplias oportunidades para influir en las
políticas de los países miembros de la OCDE. El
Comité de Medio Ambiente del BIAC está presidido
por Suez, la gigantesca multinacional francesa del agua;
Monsanto, Pfizer y BASF comparten la vicepresidencia de su
Comité de Biotecnología; DuPont preside el
Comité de Comercio y la Shell ocupa la vicepresidencia de
su Grupo de
Trabajo sobre
Cambio
Climático. Los 38 grandes grupos de
presión
empresarial que integran el BIAC apoyan por consenso las
negociaciones de la OMC acerca de los AMUMA, lo cual
efectivamente significa subordinar las medidas comerciales de los
AMUMA a las reglas de la OMC. También se oponen
enérgicamente a cualquier intento de introducir medidas
precautorias en la OMC."
Pretensión de anular el
principio precautorio
El principio precautorio (o
precautelatorio) es una medida política que determina el
grado de riesgo que un
Estado
está dispuesto a enfrentar, ante una amenaza potencial,
aunque no se tenga todavía la certeza científica de
daño. En el caso de la Constitución Política del Ecuador
(Art. 91, inciso segundo), este principio universal de
legislación ambiental se recoge en los siguientes
términos: El Estado
"tomará medidas preventivas en caso de dudas sobre el
impacto o las consecuencias ambientales negativas de alguna
acción
u omisión, aunque no exista evidencia científica de
daño".
Los grandes grupos empresariales
pretenden anular este principio para permitir la libre
circulación de los peligrosos transgénicos, el
ingreso de productos sin prevenciones a favor de la salud de los
habitantes de distintos países, la libre
circulación de desechos peligrosos para transformarlos en
países pobres y lejos del país de origen, entre
otras graves intenciones.
Entre esas instancias
empresariales encontramos al Consejo Nacional de Comercio
Exterior, la Cámara Internacional de Comercio (ICC),
la Cámara de
Comercio de Estados Unidos y la Biotechnology Industry
Organization (BIO)- están empeñados en erosionar el
"principio precautorio", para sustituirlo con lo que ellos
denominan "ciencia
firme". De esa manera, grandes peligros potenciales como los
transgénicos podrían ser comercializados libremente
y de allí la oposición norteamericana incluso al
etiquetado de estos productos.
Lo que ellos denominan "ciencia
firme" es una burda trasposición de un principio de
justicia humana, el de presunción de inocencia, hacia el
comercio, dando el mismo carácter de "inocente hasta que
se pruebe lo contrario" a las mercancías. Por risible que
pueda parecer esta manera de dar características humanas a
las mercancías, el peligro es enorme porque en ciertos
casos como puede ser con determinados transgénicos que
combinan genes de plantas con genes de animales, por
ejemplo, debemos esperara que el daño se visualice en la
siguiente o más generaciones tal como es probable, para
recién actuar. Entonces el costo de remediar
será infinitamente más alto que el de prevenir,
teniendo consecuencias irreversibles. A los que buscan riqueza
fácil y rápida, esto no les
importa.
Debilitar la protección
ambiental con venta de
servicios
Esos mismos sectores, junto a
similares de los países industrializados, son los que
sostienen las negociaciones de los GATS (Acuerdo General
sobre Comercio de Servicios de
la OMC; AGCS por sus siglas en español).
La amplia definición de servicios incluye sectores que
afectan prácticamente todas las dimensiones del mundo
natural y el medio ambiente, incluyendo agua, extracción y
producción de energía, transporte,
viajes y
turismo, construcción, generación de energía
eléctrica y disposición de residuos y
saneamiento.
Expandir el alcance del GATS
afectará en forma sustancial las condiciones sociales y
ambientales en todo el mundo, porque pondrá a la
legislación nacional por debajo de este Acuerdo e
involucrará a servicios básicos y ambientales,
dejando sin posibilidad la aplicación de exenciones
efectivas.
El GATS incluye además la
mercantilización de servicios ambientales, entendidos
allí sobre todo los de remediación ambiental,
empresas de tratamiento y disposición de efluentes,
saneamiento y otros, dejando de lado las actividades de
prevención y precautelación.
Las normas impuestas en los TLC
evitarían que los gobiernos adopten "limitaciones al
número de proveedores de
servicios" en distintos ángulos pero también en
saneamiento ambiental, con lo que los gobiernos locales pierden
control sobre el número de instalaciones de manejo de
desechos tóxicos u otros se ubican en la región de
su responsabilidad, lo que afectará la
situación ambiental en general.
3.- Las experiencias más
cercanas
Los TLC actuales se promueven como
un nuevo camino para lograr lo que el ALCA no pudo y
como una vía más fácil para Estados Unidos
que, en lugar de negociar con la región en su conjunto, lo
hará con cada país por separado, lo que le hace
encontrar un socio más débil y más dispuesto
a aceptar una copia del TLCAN (Tratado
de Libre Comercio de América del Norte, NAFTA por sus
siglas en Inglés).
Precisamente las asimetrías
que se presentan en cualquier tratado comercial, se ven
así acentuadas. Y esto dentro de una lógica
y evidencia empírica de que ninguna política
económica es neutral, sino que genera ganadores y
perdedores.
De hecho, la situación de
México es bastante ilustrativa para analizar el impacto
social y ambiental de un TLC con Estados Unidos. Demuestra, entre
otras cosas, que más que un tratado de libre comercio lo
que se busca es tratados de libre
inversión, con poderes y garantías
plenas para inversores que, en el caso mexicano, ahora pagan
menos de 70 centavos por hora en muchas maquilas ubicadas en la
zona central del país y máximo 1 dólar con
50 centavos o que, en caso ecuatoriano, históricamente han
logrado ganancias hasta de cuatro dólares que salen del
país cada año por uno de inversión
extranjera directa. Las evidencias y
casos que prueban que no toda inversión extranjera es
favorable no solo que son innecesarias repetirlas aquí
sino que en ningún caso se trata de
excepciones.
Más aún análisis del Banco Mundial
publicados en Global Economic Prospects 2003 han revelado
que los tratados bilaterales de inversiones no han conducido a un
incremento de la inversión extranjera. De manera
complementaria en el Informe del
Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Making Global Trade
Work for People (2003), se señala que "no hay una
clara correlación entre el volumen de
inversión extranjera directa y la prosperidad del
desarrollo."
México en el
NAFTA
México ha sido el claro
perdedor a pesar de la relativa estabilidad
macroeconómica, condicionada por la desaceleración
que venía viviendo la economía estadounidense a la
que va casi el 90% de exportaciones mexicanas.
En el aspecto económico, la
economía mexicana apenas a crecido al 1,47% anual durante
el TLCAN, inferior a cualquier período previo a 1982 en
que se inicia la aplicación de las recetas neoliberales y
atrás de otros 15 países
latinoamericanos.
Este pobre crecimiento se hace con
un enorme costo de agotamiento y degradación ambiental
que, en promedio anual durante el TLCAN, oficialmente se calcula
en 10.62% del PIB. Ello
significa decrecimiento de 4.22% del Producto Interno
Bruto Ecológico por habitante, de acuerdo a
información del oficial Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). El contenido mexicano
en la manufactura no
maquiladora cayó del 91 al 37%.
De la misma fuente se conoce que
todos los indicadores
ambientales relacionados con deterioro y contaminación de suelo, agua y
aire empeoraron en el período, con la excepción de
promedio de deforestación y de cambio del uso del
suelo.
Contra lo ofrecido de que acuerdos
de este tipo ayudan a obligar a los Estados a la
protección ambiental, México ha visto reducirse
ligeramente la inversión en protección ambiental y
reposición del deterioro de recursos
naturales, por debajo del 3% de los costos de la
degradación ambiental producida.
Estos datos del Sistema de
Cuentas
Económicas y Ecológicas de México, 1988-1999
del INEGI desafortunadamente no incluyen los impactos sobre todos
los recursos
naturales, ni de todas las actividades económicas. "Omite
claramente la evaluación
del impacto del transporte, y el de la industria
manufacturera (incluyendo a la maquila) la de mayores tasas de
crecimiento y productora de desechos tóxicos y peligrosos.
No obstante esta importantísima omisión, las cifras
muestran un cuadro sólido de la insustentabilidad del
modelo
instrumentado en México, antes y después del TLCAN,
así como de la magnitud del reto ambiental que
México enfrenta para recuperar su viabilidad como nación".
En cuanto al tratamiento de
disputas comerciales, es famoso el depósito de residuos
tóxicos de Metalclad Corporation en
Guadalcázar, San Luis Potosí, que pasó de
ser la primera inversión modelo del TLCAN al primer juicio
contra el gobierno mexicano cuando el Municipio procuró
fijar normas ambientales. El Tribunal del Centro Internacional
para la Resolución de Disputas en Inversión
estableció que las normas ambientales eran barreras
inadmisibles y fijó que el Estado de México debe
pagar a la empresa
más de 16 millones de dólares más intereses.
El precedente, es claro: los intereses de las empresas
extranjeras se ponen por encima de las leyes nacionales y de la
salud de sus habitantes y el supuesto mantenimiento
de las leyes ambientales nacionales resulta en una burla
completa.
Chile y la apertura de
más tiempo en el
continente
Si bien en Chile apenas
entró el TLC en vigencia en el pasado 1 de enero, por lo
que no se tienen datos de sus efectos directos, es sin duda uno
de los países de la región con mayor y más
viejo aperturismo al comercio internacional. En su
negociación, ciertamente presentaron más interés en
la incorporación de lo ambiental, pero en esencia es el
mismo modelo del TLCAN.
La investigadora Sara
Larraín, del Programa Chile Sustentable señala que
"Hoy día es constatable, por cualquier organización ciudadana en el continente y
por cualquier comisión gubernamental o empresarial, que la
apertura comercial hasta ahora -incluso en el caso de Chile que
lleva una apertura de casi dos décadas- no ha orientado a
nuestros países hacia los objetivos del
desarrollo sustentable, sino al contrario mas bien ha contribuido
a alejarnos de su implementación".
Chile puede mostrar un crecimiento
económico importante, pero ha mantenido y ha empeorado
indicadores de la injusta distribución de la riqueza,
añadiendo que para un amplio espectro del sector
empresarial la poca protección ambiental es considerada
una ventaja comparativa para las exportaciones. De hecho, el
libre comercio condujo a que las empresas eléctricas
prefirieran lo que les era más rentable antes que brindar
seguridad en el suministro y hoy enfrenten una crisis
energética debido a la alta concentración tanto en
empresas como en fuentes
energéticas.
El TLC con
Centroamérica
El recientemente firmado TLC entre
Estados Unidos y varios países centroamericanos (CAFTA por sus
siglas en Inglés). Su texto conforma
lo que USA plantea ahora a los países andinos y no es
más que el mismo,con pequeñas reformas, firmado con
Chile.
El CAFTA posee un capítulo
ambiental cuya finalidad es señalar que no se usará
la reducción de políticas ambientales para bajar
costos de
producción. La definición que se presenta es la
siguiente:
"legislación ambiental
significa cualquier ley o regulación de una Parte, o
disposiciones de las mismas, cuyo propósito principal
sea la protección del medio ambiente o la
prevención de algún peligro contra la vida o
salud humana, animal o vegetal mediante
a) la prevención,
reducción o control de una fuga, descarga o
emisión de contaminantes ambientales;
(b) el control de sustancias
ambientalmente peligrosas o químicos tóxicos,
sustancias, materiales y
desechos y la diseminación de información
relacionada con ello; o
(c) la protección o
conservación de la flora y fauna silvestres,
incluyendo las especies en peligro de extinción, su
hábitat y las áreas naturales bajo
protección especial".
Obsérvese que se restringe
gravemente el ámbito de lo que se entiende por
legislación ambiental con respecto a nuestra propia
normativa legal que abarca cuestiones tan importantes
como:
a) Normativas contra las diversas
formas de contaminación entendida de una manera mucho
más amplia que la propuesta en el CAFTA;
b) Criterios para el ordenamiento
territorial;
c) Criterios para determinar
áreas silvestres protegidas
d) Protección de recursos
marinos, costeros y humedales
e) Soberanía sobre
diversidad biológica
f) Conservación,
protección y administración de los recursos
forestales;
g) Gestión
de los recursos naturales;
Peor aún es encontrar las
exclusiones que realiza el texto:
"…no incluye
ningún estatuto o regulación, o ninguna
disposición en las mismas, relacionadas directamente a
la seguridad o salud de los trabajadores."
"Para mayor certeza,
legislación ambiental no incluye ninguna ley ni
reglamento, o disposición de éstas cuyo
propósito principal sea la administración de la recolección o
explotación comercial de recursos naturales, ni la
recolección de recursos naturales con propósitos
de subsistencia o recolección indígena, de
recursos naturales;"
Quedan por fuera, entonces,
asuntos sociales y ambientales muy importantes y todo lo que
tenga que ver con explotación de recursos
(mañosamente se pone en el mismo plano el tema de la
subsistencia indígena). Esto último deja por fuera
la misma Ley Forestal, la Ley de
Hidrocarburos, recursos como aguay suelos y, dado
que no está definida con claridad que son recursos, pues
allí podría fácilmente incluirse la misma
biodiversidad.
Complementariamente, no se
reconoce el carácter progresivo de los derechos humanos
y el Derecho a un Ambiente Sano y Ecológicamente
Equilibrado es uno de ellos. Por tanto, cualquier medida que
profundice la protección ambiental de un país,
puede ser considerada como una manera de dañar las
posibilidades ganancia de un inversionista, por lo que entra en
la categoría de "confiscación
indirecta".
En el Artículo 17.4 del
CAFTA sobre Mecanismos Voluntarios para Mejorar el Desempeño Ambiental, se reconocen incentivos a las
empresas como la forma privilegiada de mejorar el
desempeño ambiental, pero no se establecen sino un
lenguaje
ambiguo que da a entender que los incentivos reemplazarán
a la actitud
responsable que corresponde a todos, incluidos los inversionistas
y empresarios.
4.- Temas básicos de discusión y
posicionamiento
En el informe de la reunión
de ministros de comercio exterior de las Américas
(Toronto, 2001) se señala que "algunos de los aportes
hechos "propugnaron la inclusión de los temas ambientales
en el marco del ALCA", señalando en particular el impacto
ambiental del ALCA, pidiendo que las normas ambientales no se
redujeran con el fin de atraer inversiones u obtener ventajas
comparativas y planteando recomendaciones de procedimiento.
Otros aportes hicieron hincapié en la preocupación
de que "la inclusión de las cuestiones ambientales en el
ALCA retrasara el progreso en otros aspectos comerciales, en
particular, sin se emplearan las sanciones comerciales para hacer
cumplir las normas ambientales". Algunos de los aportes
realizados sugirieron que los temas ambientales "debían
manejarse de manera totalmente independiente de las discusiones
sobre comercio" y otros subrayaron que "la mayor prosperidad
derivada de la liberalización del comercio
generaría los recursos necesarios para proteger el medio
ambiente". Y, en lo que concierne al desarrollo
sostenible, algunos aportes estuvieron a favor de que "fuera
uno de los principios esenciales del ALCA".
Esta disparidad de criterios se
vería alivianada en la reunión realizada en
Quito (2002)
tras la que la declaración firmada por los ministros dice:
"rechazamos el uso de normas medioambientales y laborales con
fines proteccionistas. Muchos Ministros reconocieron que las
cuestiones medioambientales y laborales no deberían se
invocadas como condicionamientos ni sometidas a disciplinas cuyo
incumplimiento esté sujeto a restricciones o sanciones
comerciales".
¿Cuál es entonces la
relación entre ambiente y desarrollo? ¿Cómo
dirigirse a un modelo de desarrollo sustentable si se
continúa concibiendo que lo ambiental es accesorio al
comercio?
Integración sí.
Pero, ¿cuál?
Lo primero es aceptar que el
comercio es un mecanismo que puede contribuir a la integración regional, pero no es suficiente
y ni siquiera la base de una integración entre iguales. En
un ejemplo muy elemental pero que puede ser ilustrativo, digamos
que quién tiene una pequeña tienda de abarrotes
puede tener libre comercio con la más grande transnacional
de refrescos, sin que eso, en lo más mínimo, le
integre con los dueños de la transnacional y los lleve a
compartir algo.
En otras palabras, lo que
requerimos es una integración con base en la solidaridad, el
respeto a las
autonomías nacionales, sin homogenización cultural
ni incremento de la destrucción ambiental. El comercio
internacional, entonces, no es ni el punto de partida y menos el
de llegada, sino un instrumento que debería ser
visualizado en una perspectiva más
amplia.
Lo mismo puede decirse que en
cuanto a que el comercio es también un instrumento de
desarrollo pero no un fin en sí mismo. Por tanto, para
impulsar modelos de
desarrollo sustentables, lo determinante debe ser esta propuesta
y no la relación comercial que debe ser coherente con la
misma.
El estudio de un modelo
disimulación de las distintas opciones de aperturismo
comercial lleva a concluir que: "el Área de Libre Comercio
Sudamericana (ALCSA), un acuerdo Sur-Sur, genera unas ganancias
económicas modestas para los países miembros, pero
su efecto puede considerarse más bien desde el punto de
vista estratégico y político de los países
sudamericanos". En el cálculo
económico, este acuerdo suramericano haría aumentar
las exportaciones regionales en un 7% mientras que el TLC entre
los países andinos y Estados Unidos permitiría un
máximo de 3,6% de crecimiento.
Leyes nacionales vs. libre
comercio
En los TLC, las normas impuestas
por la OMC y el borrador del ALCA se va construyendo una
situación cercana al pretendido Acuerdo Multilateral de
Inversiones (AMI), que no fuera aprobado por la oposición
de los pueblos, incluso en los países desarrollados, pero
que se resumía en dar todo el poder a las
transnacionales. En las distintas disputas, a las que se tiene
como puntos de referencia, se encuentra que los intereses de los
dueños de una empresa se
ponen a la misma altura que los de un país entero, que se
superpone el interés empresarial sobre el de la salud y el
ambiente (medicinas SIDA,
transgénicos, etc.) y que los "tribunales" o centros de
resolución de controversias están inclinados
ideológica y numéricamente a favor de la
empresa.
La injusticia institucionalizada
en los tribunales de arbitraje puede
graficarse en la demanda de la transnacional Betchel contra
Bolivia cuando
debió dejar el negocio del agua privatizada en Cochabamba
(tras un gran levantamiento popular), el tribunal de arbitraje se
armó con un miembro elegido por la empresa, otro por
Bolivia y, como las partes no se pusieron de acuerdo en el tercer
nombre, el tercer miembro fue definido por el Banco Mundial, que
es la instancia que impulsó la privatización. En pocas palabras, antes de
empezar son dos contra uno.
Complementariamente se impone el
trato nacional a las mercancías y servicios extranjeros, a
los inversionistas extranjeros y a sus inversiones, con lo que se
pierden oportunidades de aprovechar en función
del desarrollo y dentro de esquemas lógicos y justos para
las partes, de aprovechar la presencia de esa empresa
internacional. La protección a la producción
propia, especialmente comunitaria y de pequeñas o medianas
empresas, desaparece. Sin embargo, en momentos adecuados
convierten a una empresa nacional en internacional para proceder
a la mediación de intereses en la OMC, como es el caso de
Termorío en Colombia.
Integración en estas
condiciones más parece recolonización y por ello es
que las leyes nacionales de protección ambiental, aunque
se diga lo contrario en los textos y en las demandas extranjeras,
se van debilitando y van convirtiéndose en leyes de
comercio ambiental.
El peligro aumenta porque se
debilita la capacidad de aplicar las normas de un Acuerdo
Multilateral sobre Medio Ambiente (AMUMA) a las negociaciones con
un Estado que no las firmó. Por el contrario, y
considerando precisamente que Estados Unidos se caracteriza por
no firmar la mayoría de AMUMAs, debería quedar en
claro que las medidas comerciales impuestas por un país
que suscribió un AMUMA, respecto de otro que no lo
suscribió, no pueden ser consideradas como un medio de
discriminación arbitrario o injustificable
o como una restricción encubierta al comercio
internacional. Caso contrario, en buena medida el TLC
significará anular o al menos reformar gravemente nuestros
compromisos ambientales internacionales y dejar en pié
solo aquellos firmados por los dos
países.
Como elemento adicional hay que
considerar que Estados Unidos es uno de los países que
menos AMUMAs ha firmado. En particular se ha negado a firmar el
Protocolo de Kioto y la Convención de Diversidad
Biológica, instrumentos de mucha importancia para los
países andinos que forman parte de los 17 megadiversos del
mundo. La Estrategia Andina
de Biodiversidad de manera específica ha sido atacada por
el Departamento de Estado norteamericano.
Todo esto pone en riesgo los
efectos que para nuestros países tienen los Acuerdos
Multilaterales de Medio Ambiente, los que no pueden ser impuestos a
países no firmantes y, como se verá más
adelante, aunque sean considerados parte de la legislación
nacional corren grandes riesgos de ser
desconocidos.
Sin duda, es indispensable
mantener la supremacía de la Constitución Nacional
y la vigencia plena de nuestra legislación relacionada o
directamente ambiental, como paso previo a cualquier
integración. Y ello incluye el cumplimiento de los AMUMAS
suscritos por el Ecuador y con os que tiene compromiso
internacional.
Costos ambientales del libre
comercio
Moviéndonos con desagrado
en la paradoja de que la vida no tiene precio y sin
embargo hay que ponerle un valor
comercial para que entre los economistas neoliberales se entienda
su importancia, es necesario entonces proceder a determinar los
costos ambientales que el libre comercio traerá, para
poder estimar entonces que vale o no vale la pena
aceptar.
Hoy por hoy, dentro de un esquema
de TLC que entrega a países como el nuestro la tarea de
ser productores de materia prima,
se refuerza un extrativismo que no se detendrá en
miramientos ambientales. ¿Es que acaso no debemos mirar
maneras de diversificar nuestras fuentes de riquezas y en algunos
casos pensar en la eventualidad de no producir un determinado
producto,
especialmente minero? La ampliación de frontera
petrolera en este momento se muestra como otra amenaza incluso a
lugares como el Parque Yasuní y una evaluación de
costo beneficio seguramente nos dirá que si el Estado no
fija siquiera el porcentaje de su participación, puede ser
preferible no dar paso a esa ampliación.
El extractivismo acentuado,
promovido por la búsqueda de ampliación de
exportaciones, es una amenaza evidente para cualquier medida
ambiental. El interés económico inmediato no
debería estar por encima de los requisitos
estratégicos del desarrollo
sustentable. Pero esta es una lógica contraria a la
neoliberal.
Soberanía y seguridad
alimentaria
En las negociaciones
internacionales, los subsidios agrícolas han sido la mayor
demostración de cómo los países
desarrollados no cumplen las mismas recetas que ellos sostienen
que nosotros debemos cumplir. El problema es que de esa manera
pequeños y medianos productores no pueden competir con sus
pares que, entre otras cosas, reciben en Estados Unidos subsidios
de 20 mil dólares o más por
año.
Esa competencia
desleal lleva a que, como siempre, los más fuertes
destruyan a sus oponentes al grado de detener su capacidad
productiva. En el caso de la agricultura,
especialmente, pero también en ganadería
y pesca, esto significa que se pierde soberanía y
seguridad alimentaria. El fenómeno no es nuevo sino que se
agudizaría como pasó con los productores de
maíz en
México o como el pan en el Ecuador que desde ya es
trabajado en 90% con trigo importado.
La soberanía alimentaria se
relaciona también con saber mantener hábitos y
producciones propias. La homogenización internacional en
este campo pone en riesgo la existencia de muchas variedades de
papas, maíz y otros, anulando los resultados de un
conocimiento
ancestral y de científicos locales.
Ambiental y laboralmente corresponde
establecer límites en
dirección a garantizar la soberanía
alimentaria del país. ¿Qué esas son mediadas
proteccionistas? Y que importa si estamos hablando de la vida de
la población. A menos que se quiera rendirse
ante el hecho de que "Vivimos en un mundo en que es mucho
más grave transgredir las normas del comercio que violar
los derechos humanos", según lo expresara W.
Allmand.
Naturaleza para todos o
privatizada: no solo patentes
En la Cumbre Mundial sobre
el Agua
realizada en Kioto el año pasado, uno de los puntos
más trascendentes fue el debate sobre
propiedad
privada y reparto de beneficios por pago de servicios
ambientales. De manera ampliada, esta viene mostrándose
como una de las temáticas más graves en la
gestión de recursos naturales, incluida la biodiversidad.
Estamos pasando de la consideración de externalidades
económicas o costos reales a ser incorporados en las
cifras macroeconómicas y, al mismo tiempo, a ampliar el
régimen de propiedad privada con todos los derechos que se
da a las empresas.
Aquí hay dos posturas
claramente distintas: o se admite que recursos básicos
como el agua son bienes
públicos de disfrute común, o se los considera
bienes privados sometidos a las normas del mercado. Los
resultados para la vida de las personas son radicalmente
distintos en uno u otro caso. Y allí donde se ha
privatizado, casi nunca puede decirse que ha mejorado el servicio.
Uno de los mecanismos más
perversos de privatización se da a través de la
aplicación de los derechos de propiedad intelectual que,
en la mayoría de los casos son resultado de
biopiratería. Por un lado, se roba el
conocimiento ancestral de nuestros pueblos, por otro se
patentan especies animales y vegetales propias de nuestros suelos
y por último, como en las medicinas, se hace una cadena de
patentes para evitar que terminado el plazo normal éstas
pasen a ser de dominio
público.
Pero el tema de la propiedad
intelectual, así como muchos otros de directas
implicaciones ambientales, se tratan en mesas diferenciadas,
lejos de las preocupaciones ecológicas y sociales,
convencidos de ese absurdo mil veces repetido de que son "asuntos
técnicos y no políticos". En realidad poco importa
el mecanismo de propiedad intelectual o la fórmula para
valorizar los servicios ambientales, el punto de partida es
decidir si se pone o no precio a la naturaleza, si
se permite o no su apropiación individual, y el punto de
llegada nunca es la aplicación fría de la
fórmula propuesta (en la que cada quien puede fijar sus
prioridades o ponderaciones), sino un juego de
presiones sociales y empresariales. La política manda y lo
técnico es lo secundario, no hay duda de
ello.
Los Estados Unidos exigen a los
países andinos el reconocimiento de patentes de plantas y
animales, los que no son ningún invento y cuya existencia
tiene relación con poblaciones humanas ancestrales que los
conocieron, usaron y cuidaron. Así, la apropiación
de nuestra inmensa biodiversidad quiere garantizarse para
pocos.
En patentes, la ampliación
ilegítima de tiempo de vigencia se pretende en Ecuador
mediante un reglamento que no solo les otorga 5 años
más de monopolio,
sino que liga este mismo al registro
sanitario, imposibilitando la producción de
genéricos en pequeñas y medianas industrias
nacionales. Las empresas quebrarán, pero lo más
grave es que si ahora tan sólo el 21% de la
población ecuatoriana tiene acceso a las medicinas, ese
porcentaje decaerá en un grave desmedro a la salud como
derecho humano.
En Centroamérica, mediante
el CAFTA, basta que un producto no haya sido registrado en un
país para que se lo considere nuevo allí y empiece
entonces el ciclo de 20 años de monopolio que otorga una
patente. De esta manera, la propiedad pretende eternizarse,
garantizarán el negocio por encima de las necesidades
humanas y defenderán elementos naturales siempre y cuando
permitan lucro económico.
Bioseguridad y
Transgénicos
Fundado en el principio
precautorio, el Convenio de Bioseguridad tiende a ser conflictivo
para los intereses comerciales. Como resultado de la
presión intensa que ejerció Estados Unidos en las
negociaciones, el acuerdo final incluye formulaciones
contradictorias acerca de la relación entre dicho tratado
y la OMC: por un lado afirma que el protocolo no debe aplicarse a
los derechos y obligaciones
vigentes bajo otros acuerdos existentes, pero el texto
también dice que con esto "no se pretende subordinar este
protocolo a otros acuerdos internacionales".
La vigencia misma del principio
precautorio (o precautelatorio), garantizado por demás en
el inciso segundo del artículo 91 de nuestra
Constitución Política está en juego. Ello
posibilitaría no solo el ingreso de transgénicos
(que Estados Unidos no desea ni siquiera etiquetarlos para
conocimiento del consumidor), sino
cualquier forma productiva contaminante y el uso de cualquier
nuevo producto riesgoso, bajo decisión de los
dueños de la empresa, pero sin posibilidades de que el
Estado pueda impedirlo ni tenga los instrumentos legales para
hacerlo.
Si el principio precautorio no se
aplica, es fácil entender que se pierde la capacidad de
prevenir posibles daños ambientales y ya sabemos que curar
es más costoso, difícil que
prevenir.
El hecho es que ante el
interés de ganancias empresariales nunca sobran mediadas
de prevención, como lo demostró el caso del
maiz
transgénico Starlink, que no era apto para consumo humano,
pero que se lo vendió al público entre 2000 y 2001
en múltiples productos alimenticios. Un año
más tarde, fue encontrado en Japón
en un embarque de maíz procedente de Estados Unidos.
Alguien no quiso perder su ganancia y lo había embarcado
con otra etiqueta.
El modelo de
desarrollo
Debe mencionárselo una vez
más, porque el ambientalismo hoy no puede dejar de lado
que el destino del mundo y de la humanidad depende del manejo del
poder político, económico y militar a escala
internacional y nacional y que ello va a determinar el tipo de
modelo de desarrollo. Si queremos encaminarnos hacia la
sustentabilidad ambiental, que incluye necesariamente la justicia
social, hay que tomar posición sobre esas
problemáticas.
El poder en manos de
transnacionales y Estados que las representan, trae consigo
destrucción ambiental, empobrecimiento para millones e
incremento de las diferencias sociales. Una negociación en
ese marco no permite una adecuada defensa de los intereses
nacionales ni de la calidad
ambiental. Menos cuando se pretende que las normas ambientales
del TLC se pongan por encima del resto de nuestra
legislación y menos aún cuando la contraparte,
Estados Unidos, ha demostrado rechazo a los principales acuerdos
ambientales internacionales.
Ambiente y comercio tienen una
relación vieja. Los primeros productos sometidos al cambio
y trueque fueron alimentos y
productos originados en el ambiente. La historia de esta
relación demuestra que no se trata de temas opuestos en
sí mismos.
Lo que está opuesto es el
afán de lucro privado, más en medio de una competitividad
que privilegia la cantidad de productos pero no la manera de
obtenerlos, con el interés ético y solidario de
conservar la naturaleza para el disfrute común hoy y para
las futuras generaciones.
Esa posición nos
orientaría sobre cuándo, cómo y con
quiénes negociar para sostener nuestra responsabilidad
ambiental internacional en el marco de una soberanía clara
y digna. Y se es soberano o no se lo es, por eso no resultan
admisibles planteamientos como los de una "soberanía
limitada" u otros afines, utilizados para justificar cada tema en
el que se hace concesiones poco defendibles frente al capital
extranjero.
Para mantener una posición
de país de esta naturaleza, hay que empezar por considerar
que el TLC no es inevitable y, tal como están dadas las
cosas, no es la mejor vía para el desarrollo. No solo que
no ampliará mayormente el número de productos de
exportación, sino que por sí mismo tampoco dice
nada sobre la manera de repartir los beneficios, que por las
experiencias de otros países, no son repartidos. En el
nuestro, vale recordar solo el caso del IVA petrolero
que las empresas no desean pagar por lo que colocaron como
gastos de
inversión productiva fiestas, licores, lavado en seco de
ropa y muchas más cosas que nada tienen que ver con la
producción.
El temor a vernos inmersos en este
esquema de libre comercio, crece cuando se recuerdan las frases
de algunos personajes representativos de Estados Unidos. Veamos
las opiniones de tres de ellos:
- Henry Kissinger, ex Secretario
de Estado estadounidense señaló que la globalización "en realidad es otro nombre
para el papel dominante de Estados Unidos". - El actual Secretario de Estado,
Colin Powell, afirma: "Nuestro objetivo con
el ALCA es garantizar para las empresas norteamericanas el
control de un territorio que va del Polo Ártico hasta la
Antártica, y libre acceso, sin
ningún obstáculo o dificultad, a nuestros
productos, servicios, tecnología y capital en todo el
Hemisferio". - Y sobre las negociaciones bilaterales
para los TLC con Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia,
Robert B. Zoellick (Representante Comercial de Estados Unidos)
escribiría el 18 de noviembre de 2003 en comunicación dirigida al Presidente de la
Cámara de Representantes de los Estados Unidos que: "Un
ALC con los países Andinos ayudaría a promover la
integración
económica entre los cuatro países Andinos. Al
mismo tiempo brindaría oportunidades de
exportación para los proveedores de productos
agrícolas, industriales y de servicios de EE.UU.
Serviría como un complemento natural al Plan Colombia,
al que el Congreso ha dado un apoyo significativo a lo largo de
los años".
Con estas "confesiones de parte"
queda a la luz que
más que otra cosa, las referencias a los temas ambientales
son un adorno verde a
intenciones de otros colores.
Nótese además, como si fuera poco, la disparidad
jurídica. Para nosotros es un Tratado de Libre
Comercio, mientras para ellos es un Acuerdo de Libre
Comercio (ALC), algo que en base al principio de reciprocidad en
relaciones
internacionales resulta inadmisible.
Con todo ello vale pensar decir NO
a la negociación del TLC, primero en reforzar la
integración andina y con otros países y bloques de
la región, como el MERCOSUR. Y si se
insiste en continuar el tratamiento del TLC, pues que se cumpla
con la obligación de dar información plena a la
ciudadanía y proceder a un plebiscito, pues
eso es lo que corresponde ante una negociación que
trastocará nuestras leyes y principios de
convivencia.
Edgar Isch
López
Ex-Ministro del Ambiente del
Ecuador. Docente universitario y autor de varias obras
relacionadas a temas sociales y ambientales.
Quito, agosto de
2004.