El plan congruente de paz como ejercicio de empoderamiento ciudadano

3. Gobernabilidad
   democrática
4. Sobre seguridad
   democrática
5. Instauración y
   desarrollo de la concepción de seguridad
   democrática
6. Conceptos
   fundantes
7. Conceptos
   generales
8. La no-violencia como
   componente pedagógico
9. Elementos para una sociedad
   participante
10. Conclusiones
11. Bibliografía

INTRODUCCIÓN

Una tarde de vacaciones universitarias en esas que no
encontrábamos nada por hacer, casualmente nos topamos en
una de las jardineras y nos preguntamos por el quehacer del
sociólogo, ya que la información que recibíamos era poca
y nos asaltaba la duda, acto seguido decidimos hacer una visita
al sector de la Alpujarra para conocer que realizaba el ejecutivo
en materia social
y realizar un sondeo de la participación del
sociólogo y de no ser así entonces del profesional
de las ciencias
sociales.

Inicialmente ingresamos al edificio de la
alcaldía donde encontramos con beneplácito que un
muy buen aporte del profesional de las ciencias
sociales en la actual administración en los programas de
carácter social, pero nuestra curiosidad
nos llevo hacia el edificio de la gobernación, casualmente
nos dirigimos al piso 10 y donde encontramos La Secretaria De
Participación Ciudadana Y Desarrollo Social
donde nos mostraron su quehacer y hacia adonde se
dirigían, recibimos información del plan de
gobierno, el
PLANEA y Visión Antioquia, pero entre todo ello
encontramos algo llamado Plan Congruente de Paz, y es de confesar
que no conocíamos la acepción de
congruencia.

Pero nuestra curiosidad se satisfizo al encontrar que si
se realizaban trabajos con carácter social, lo que pasaba
era que no tenían mucha difusión y los funcionarios
de la gobernación nos invitaron a participar y a observar
su labor.

Casualmente la primer invitación era la de
asistir a la instalación de la Asamblea Municipal
Constituyente de Tarso, instalación a la cual
pensábamos ir, pero llegó a nosotros una
información dentro del área universitaria, que los
grupos armados
de ultra derecha (auc) no permitirían que tal ejercicio se
llevara a cabo, noticia la cual nos produjo temor y nos
abstuvimos de ir al municipio, después encontramos que
todo salió al contrario y que esta vez las armas no pudieron
contra la voluntad de la gente.

Fue allí donde más nos llamo la atención lo que se venia ejecutando,
encontrándonos con un panorama diferente al percibido en
la ciudad y con una dinámica totalmente contraria en las
territorialidades, no se estaba encontrando la panacea al
conflicto
armado en Colombia, pero si
se estaba comenzando a realizar algo donde el constituyente
primario extendía sus horizontes de participación,
ello fundamentado en una política de Estado, que
proponía una paz incluyente y participativa con un eje
transversal noviolento, lo cual comenzó a generar
empoderamiento ciudadano.

Este escrito muestra la puesta
en marcha de una política gubernamental que se encuentra
perneada transversalmente por un componente pedagógico y
que además es la una propuesta de carácter social
que se adapta en el país a unas políticas
de proyección, que esta cimentada en el constituyente
primario y que fue construida por ellos mismos; y no por expertos
que elaboran planes de gobierno correspondientes a una
visión tecnocratica y no a la realidad de las aspiraciones
la comunidad.

Encontramos que este informe al igual
que lo presenta el Plan Congruente, contiene
características de la planeación, el trabajo social y
otras áreas del conocimiento
en las ciencias sociales. Pues el plan después de ser
elaborado por las personas de los diferentes municipios, se
convirtió en todo un ejercicio de trabajo
interdisciplinario, ya que es apoyado por el equipo del PNUD,
Planeadores, trabajadores sociales y tal ves lo más
relevante es que su aplicación en la etapa de
animación es realizada en su mayoría por
sociólogos.

Característica la cual llamó demasiado
nuestra atención, pues la labor sociológica
sé esta jugando su futuro y la forma de cómo
emprender una nueva alianza entre Estado, sociólogo y
sociedad, para
que juntos encuentren la mejor forma de decirle a muchos en este
país que Antioquia esta buscando solucionar su conflicto
por una vía diferente a la armada.

Además trabajamos conceptos en el marco
teórico que permiten mostrar como se concibe en el
plan de desarrollo de
la
administración, lo que es la gobernabilidad
democrática y la seguridad
democrática la cual se diferencia de la propuesta del plan
de desarrollo nacional, pues ambos van hacia el fortalecimiento
de estos dos conceptos, pero cada uno la concibe diferente.
También aportamos lo que para nuestra óptica
pretende el fortalecimiento de la sociedad civil y
como el P.C.P trabaja sobre ello, y por ultimo tenemos la
noviolencia como el componente pedagógico del P.C.P, la
propuesta de solución del conflicto retoma a la
noviolencia como el eje, a ello hay que anotar que no solamente
se dan los aportes Filosóficos de King, sino que
también retomamos a Mario López, quien
realizó un trabajo de investigación con la propuesta de la
Noviolencia como una alternativa política y además
encontraremos una amplia variedad de personas que se encuentran
trabajando la noviolencia y la acción
directa.

Es en este escrito se realiza una construcción de conocimiento que combina la
teoría
sociológica, el proyecto del PCP,
la filosofía de noviolencia y el paradigma de
participación democrática; además que
vislumbra una realidad que esta en boca de los actores sociales,
mas allá de los limites ornamentales del claustro
universitario, acogiéndose a nueva perspectiva de la
estructura
sociológica que no este ubicada en la fuerza
centrípeta ni centrífuga, sino en el vértice
de la dinámica social.

GOBERNABILIDAD
DEMOCRÁTICA

La concepción que tiene los ciudadanos de la
democracia y
sus instituciones
ha suscitado un creciente interés
sobre este tema en las sociedades
latinoamericanas. Efectivamente se ha tomado como pauta para
comprender la gran relevancia que tiene este tema, e igualmente
ha servido para evaluar el proceso de
democratización y la calidad de la
democracia.

"La gobernabilidad democrática
no se refiere tanto a los atributos de un régimen
democrático, como a las capacidades de una sociedad para
enfrentar sus retos y oportunidades, es una estrategia de
construcción de capacidades propias para fortalecer las
interrelaciones con las instituciones, la capacidad
política de la calidad transformadora del liderazgo"

SOBRE EL CONCEPTO DE
GOBERNABILIDAD

Durante la década del 70 es en donde se comienza
a acuñar el origen de la utilización del
término gobernabilidad, Esta inclusión es el
resultado de la constatación de un incremento en la
insatisfacción y desconfianza que provoca el
funcionamiento de las instituciones democráticas en los
países desarrollados. Casi siempre se adopta una interpretación claramente conservadora del
concepto de gobernabilidad al asociarlo principalmente con una
sobrecarga de demandas sociales frente al Estado. Desde esta
interpretación la ingobernabilidad está asociada,
por un lado, a la falta de eficacia de los
Estados para responder a los crecientes reclamos de la sociedad
en el marco de las condiciones económicas existentes, y,
por otro, a la pérdida de confianza de la ciudadanía hacia los políticos y las
instituciones democráticas al no encontrar cumplidas sus
demandas.

En muchos casos esta ineficacia y falta de
gobernabilidad comienzan a convertirse en el detonante para la
creación de un conflicto, la exclusión
política que se traduce con el tiempo en la
falta de legitimidad del Estado, éste se convierte en
inoperante y en ausente, es allí donde grupos pueden
comenzar a ejercer su autoridad y
legitimarse (usando los medios que
fuesen), la ausencia estatal, ya sea por omisión, recae en
la falta de atención de las Necesidades Básicas
Insatisfechas, se traslada la presencia de poder, no se
crea una cultura
política y publica, generando una falta en las dos
vías de comunicación donde se pierde por completo
los canales sociales.

Lo esencial de esta postura está reflejado en el
precepto de que la ampliación de la democracia es la que
permitir la articulación de mayores demandas de la
sociedad civil frente al Estado, para otros resulta inconveniente
la aplicación de este tipo de ejercicio por que se
convertiría La democracia en un razonamiento que al
profundizarse en la sociedad y los ciudadanos alimentaría
sus ofertas y demandas, por lo tanto el país se vuelve
ingobernable para la sociedad misma. Pero por otro lado
encontramos que es la pérdida de confianza entre los
electores y sus partidos, entre la ciudadanía y las
políticas estatales lo que produce estados de
ingobernabilidad. Y como este tipo de sociedades no limitan la
participación popular, el resultado es una desconfianza
hacia la democracia misma.

Desde otras perspectivas, se tiende a confundir ambos
términos, e incluso de les asemeja con los de gobernancia
y gobierno, pero para algunos estos parecen ser dos
términos contradictorios, ya que la gobernabilidad y la
democracia pueden tomarse como un exceso de participación
de los ciudadanos; entonces democracia significaría un
déficit de gobernabilidad; una gobernabilidad fácil
sugiere una democracia deficiente. Por otra parte igualmente
encontramos que desde esta visión, que la única
persona capaz
de crear condiciones de gobernabilidad esta en la elite
gobernante a partir de una determinada ingeniería social, de modificaciones en el
nivel procedimental de los sistemas
políticos o de apelar a la ayuda de mass media a efectos
de incrementar los niveles de legitimidad.

Las estrategias que
se proponen frente a esta situación también
conllevan una impronta conservadora que se canaliza por los
medios de disciplinar a través de mecanismos
ideológicos o coercitivos a la sociedad, a fin de limitar
su capacidad de demanda.
Varias instituciones han jugado un papel fundamental en la
reaparición del concepto en el contorno de la
política y las ciencias sociales. Recuperada la
institucionalidad democrática y habiendo desaparecido (al
menos momentáneamente) los enemigos «externos»
del sistema, los
problemas de
gobernabilidad se visualizan principalmente como deficiencias del
propio Estado y del sistema
político. Por otra parte, la preocupación por
el uso eficiente y transparente de la asistencia financiera
internacional lleva a incorporar a la idea de gobernabilidad los
conceptos de «rendición de cuentas» o
responsabilidad, predictibilidad, honestidad, etc.
Esto para la buena imagen que se
debe presentar ante la comunidad internacional, las entidades
internacionales con el fin de acceder a los ofrecimientos que
estos facilitan.

De cualquier manera, esta recuperación del
concepto de gobernabilidad en el inicio de los años 90 no
alcanza a superar una los presupuestos
restringidos y elitistas que acota el concepto a un problema que
es visto solamente desde la eficacia administrativa o de buena
conducción y gerenciamiento del aparato de gobierno.
Continúan siendo las decisiones estatales las
preponderantes para dar el calificativo sobre la gobernabilidad
de un Estado o no, este se convierte en el factor dinámico
y en cierta forma excluyente entorno al cual se definen las
condiciones de legitimidad y eficacia, dejando de lado las reales
implicaciones que ambos conceptos acarrean para dejar sentada la
base sobre si realmente se ejecuta el conjunto de factores
sociales destinados a establecer nuevas formas de cohesión
e integración social para construir un nuevo
orden que sea capaz de disminuir las desigualdades objetivas que
dividen actualmente la sociedad y aumentar la igualdad de
oportunidades actuando de acuerdo a los contexto internacionales
que producen las condiciones efectivas para la
gobernabilidad.

Desde el mundo académico contemporáneo,
estas concepciones han provocado el surgimiento de diferentes
perspectivas que principalmente, alertan sobre el uso restringido
del concepto y plantean la propuesta del debate entorno
a la participación de los distintos actores sociales en
función
de la creación de las condiciones que hagan propicia la
gobernabilidad democrática.« Tan grave como ignorar el problema de la
gobernabilidad sería enfocarlo en forma equivocada o
restringida. Existe la tentación de circunscribir el
problema al mejoramiento del gobierno y de su capacidad de
manejar el proceso de desarrollo
económico y a maximizar la eficiencia del
sector
público. Invertir ideas y recursos
solamente en estos temas, sin analizar las condiciones de las
cuales realmente depende la estabilidad del gobierno, su
capacidad de ejercer funciones y la
viabilidad del sector público, sería como arar en
el mar…».

En esta idea se permite obtener una visión
más ampliada e integra del concepto de gobernabilidad, no
se queda solamente en los parámetros dados por el sistema
financiero internacional, sino que se presenta este como un
fenómeno sistemático y además incluyente, le
asigna un lugar las variables
vinculadas a la relación del Estado con el conjunto de
organismos económicos y poderes públicos y no deja
de lado la interacción con los actores de la sociedad
civil, la economía y el
mercado.

Estas interacciones las encontramos como aspectos
fundamentales para desarrollar la posibilidad de formar consensos
o mayorías estabilizadoras. Transformado la gobernabilidad
que se ha visto nada más como un asunto de
ingeniería en el ámbito de la cúpula del
Estado, Permitiendo visualizar los proceso por los cuales se pasa
con la complejidad que ello acarrea, donde interactúan en
conjunto los actores sociales «por lo tanto la gobernabilidad
democrática no es solo el producto de la
capacidad de un gobierno para ser obedecido por sus propios
atributos (transparencia, eficacia, buena imagen), sino de la
capacidad de todos los actores políticos
estratégicos para moverse dentro de determinadas reglas de
juego -una
especie de concertación-, sin amenazas constantes de
ruptura que siembren la incertidumbre en el conjunto de la
sociedad…»

Resulta de sustancial importancia señalar una
distinción que, para el caso de las condiciones
particulares de los países latinoamericanos, no es menor.
Hacemos referencia a las posiciones que absolutizan el papel de
la voluntad de los actores en torno al mantenimiento
de un equilibrio
inestable; genera éste suprema importancia para que las
elites lo mantengan de esta forma, pues mientras el pueblo no se
revele decididamente, se puede mantener así, pero cuando
se revelan, estos lo realizan de una forma desorganizada y con
ello solo ganan que se ajuste periódicamente el status quo
a través de mecanismos previstos con anterioridad e
institucionalmente, dejando como producto el mantenimiento de la
misma clase en el
poder y las ganancias generadas por la revolución
son ínfimas, las cuales entran a favorecer mas a quien no
las exigió, que aquellos quines la demandaban, es tal la
ceguedad de parte y parte que aquéllas demandas que
deberían ser priorizadas como las condiciones
socioeconómicas necesarias para alcanzar un grado de
legitimidad (no solo de legalidad) que
permita la gobernabilidad democrática, son omitidas y
descartadas.

Existen perspectivas que han incorporando a su análisis las condiciones de gobernabilidad,
los mecanismos de articulación entre Estado y sociedad
civil. Estos enfatizan principalmente los aspectos vinculados al
espacio político-institucional. Desde esta visión,
la gobernabilidad estaría cuestionada sobre todo por la
crisis de
representatividad. Esta crisis, si bien no ha afectado aún
a la credibilidad en el sistema democrático, ha comenzado
a cuestionar los procedimientos
utilizados para la elección de los representantes, a los
partidos
políticos y a los propios políticos como
grupo que
prioriza sus propios intereses antes que los de sus
representados

Muchas de las sociedades latinoamericanas en la que los
individuos solo ejercen su papel de ciudadanos en relación
con la única institución que funciona en forma
parecida a lo que prescriben como democracia (las elecciones),
para el fortalecimiento de la gobernabilidad se requeriría
del desarrollo de mecanismos alternativos de participación política de la
población, centrándolo en la
creación De una profunda cultura política que
permita ejercer una ciudadanía plena que da cabalidad al
desarrollo de la legitimidad, en cambio la idea
de eficacia es incorporada en un doble sentido, Por un lado se
interpreta en lo concerniente a la competencia
técnica y administrativa del gobierno a los efectos de
aumentar su racionalidad y por otro lado, se da en dirección del respeto por los
compromisos asumidos en los tiempos electorales, demostrando al
resto del electorado la voluntad política Que tiene su
representante para atender las problemáticas
endémicas y coyunturales situaciones de exclusión
social y de pobreza.

"La
coetaneidad de los procesos de
democratización, de reforma del Estado y de ajuste
económico que están viviendo los países de
la región, colocan a esta problemática en un lugar
central. La desvinculación entre « una reforma del
Estado que apunta principalmente a una racionalidad
económica, sin ninguna referencia al régimen
democrático y los procesos de democratización, pone
en peligro la gobernabilidad democrática entendida en un
sentido integral".

Cuando los gobernantes y otros actores que resultan
determinantes para la proyección político –
social, solo centran su actividad en la implementación de
la democratización por medios diferentes a los de la
modernización, el gobierno se caracterizara por ser un
Estado que puede llegar a ser gobernable pero con
ingobernabilidad. Cuando los gobiernos otorgan privilegios a
orientar el Estado
hacia una modernización mecanicista que tiene como
objetivo
principal reducir el gasto
público para optimizar su operatividad, puede esto
decantar en la desnaturalización del sistema
democrático. La crudeza de esta realidad a sido tomada
desde otro tipo de perspectivas, estas aducen que al tiempo en
que solamente nos centramos en empeñamos en la
consolidación la democracia, descuidamos otras pautas que
resultan de ponderante importancia para la efectiva
implementación de esta, el descuidar estas pautas hacen
que no estemos lo suficientemente preparados para asumir medidas
de tipo económico que implican un costo social
elevado que colocan en duda la misma democracia, la expectativa
de uno u otro sector es ensombrecida ya que la pretensión
de este esta en alcanzar los criterios básicos de la
justicia
social.

En síntesis
hemos encontrado que las perspectivas originales de
carácter conservador, limitan el sentido de la
gobernabilidad y el desarrollo de estrategias que esta puede
implementar en un Estado, degenera esto en que la
implementación de las demandas elaboradas por la sociedad
no obtengan los canales apropiados para la solución de
estas, ya que las soluciones en
su mayoría son elaboradas desde la cúpula del
Estado en dirección a contener los conflictos sin
que ellos amenacen la estabilidad del sistema
socioeconómico y político de los últimos
años. Una puesta diferente a la anterior se ha planteado,
entendiendo el concepto de gobernabilidad democrática como
el planteamiento de una perspectiva integral y no restringida del
binomio legitimidad-eficacia. Deja en condiciones
de igualdad la necesidad de construcción permanente de la
gobernabilidad democrática a partir de una nueva
articulación entre el Estado y la sociedad civil,
otorgándole a esta última un papel irremplazable,
dicho de otra manera la gobernabilidad es equivalente al
desarrollo de un marco democrático que suponga amplia
participación de sectores populares en la
resolución de los problemas que plantea la crisis y la
reestructuración productiva y societal

SOBRE SEGURIDAD
DEMOCRÁTICA

Aunque en Antioquia se han realizado en el pasado
programas tendientes a promover la convivencia y la
resolución pacífica de conflictos, es claro que el
enfoque, la metodología, el propósito y los
alcances de esta iniciativa, se constituyen en una innovadora
forma de enfrentar el problema del deterioro de la convivencia y
de la seguridad democrática, sin antecedentes ni
referentes en los procesos de gestión
del departamento. Encontramos que en el departamento se retoma en
concepto de seguridad democratita al igual que la nación,
pues para las propuestas políticas del departamento, esta
se obtiene mediante la inversión pacifica que se le dé a la
transformación del conflicto por medio del empoderamiento
ciudadano, es planteada la seguridad democrática como una
competencia tanto del Estado como de la sociedad civil para
garantizar y permitir el pleno ejercicio de los derechos
fundamentales

En el plan de desarrollo nacional se puede encontrar el
siguiente planteamiento sobre la seguridad
democrática; « "sin
seguridad no hay prosperidad… y puede no haber futuro", por
consiguiente "se brinda seguridad se avanza en el
propósito de cerrar la brecha fiscal se
podrá recuperar la confianza y la senda del crecimiento
económico". «La seguridad democrática
pretende asegurar la viabilidad de la democracia y afianza la
legitimidad del estado.

El planteamiento del
problema formulado por la sociedad Antioqueña y
recogido en el Plan Congruente de Paz expresa que el deterioro de
la convivencia y la seguridad democrática esta dado
en un contexto de inequidad, exclusión, conflicto armado,
rural y urbano, el asentamiento de este problema en cuanto a lo
concerniente de la seguridad democrática se visibilizo en
lo complejo y multidimensional que el concepto mismo trabaja,
pues el deterioro de la seguridad individual, de la seguridad
colectiva, de la seguridad institucional y de la seguridad
social, implican una construcción olistica en la que
alguna de sus partes se encuentra afectada, inmediatamente esto
repercute en el resto y por ende en la seguridad
democrática.

El ideal de todo ser humano es llegar a vivir en paz y
tranquilidad, es decir, alcanzar su felicidad, esta se puede
lograr con la instauración de un orden democrático
y la implementación de la convivencia pacifica con la
comunidad, tomándose esto como un carácter
consustancial e innato a nuestra especie y para la
construcción de cultura, ya que por naturaleza y
como reflejo cultural asumimos que somos seres sociales.
Entendemos que la seguridad entendida en términos de
convivencia pacifica, esta dada por el dialogo entre
diferentes, en las relaciones
humanas donde se puede abrir el espacio para la
deliberación publica para la toma de
decisiones que atañen a la colectividad y para la
resolución de la disputa por la defensa y conquista de
ciertos intereses.

INSTAURACIÓN Y DESARROLLO DE LA
CONCEPCIÓN DE SEGURIDAD
DEMOCRÁTICA

«El país debe transitar
al desarrollo de un concepto de seguridad democrática en
el carácter estricto de bien público fundamental,
que trascienda la conceptualización de seguridad entendida
exclusivamente como defensa y seguridad. La seguridad
democrática no se basa esencialmente en la
aplicación de la capacidad de coacción, de la
intimidación o de penalización por parte del Estado
sobre el resto de la sociedad, sino que se fundamenta cada vez
más en el perfeccionamiento de una cultura de convivencia
ciudadana, en términos de tolerancia,
solidaridad,
respeto a las diferencias, y en un ambiente
crecientemente igualitario en el que prevalezcan criterios,
postulados y principios
básicos de justicia distributiva.

Afirmar el Estado de Derecho
y reconocer el papel de la sociedad en la definición del
pacto social, sustentado en la soberanía popular que funda la vida en
sociedad. Garantizar la seguridad para la población y
complementariamente para el Estado, siendo la primera sustento
fundamental de la observancia de la segunda. Aplicar
políticas de seguridad que no sólo sean legales
sino también legítimas y, aún más,
éticamente válidas, y evitar acudir a la
excepcionalidad como se ha hecho tradicionalmente sin mayor
éxito.
Propugnar la seguridad para la convivencia y para el desarrollo
de las potencialidades de la sociedad, y no la seguridad en
sí y por sí solas. Vindicar a la fuerza
pública como un órgano con una capacidad
deliberante sobre los asuntos fundamentales y los
propósitos colectivos de la sociedad. Se concibe la
deliberación como un concepto amplio en el sentido de
debate, discusión, reflexión sobre asuntos de
interés colectivo –como la seguridad
democrática–, y no en su sentido más
restringido y restrictivo como el referente exclusivamente a
meras materias partidistas. Así, bajo la acepción
bien entendida de deliberación, la siguiente
argumentación no contradice, de manera
alguna,

Al Artículo 219 de la Constitución Nacional que establece
taxativamente que "La Fuerza Pública no es
deliberante".

Las sociedades humanas están fundamentadas en un
conjunto de acuerdos que les permite vivir y mantener su especie,
dentro de este conjunto de acuerdos encontramos que las
sociedades llegan a crear unos parámetros normativos para
el mantenimiento de la convivencia, es por ello que la sociedad
humana apunta al fortalecimiento de su existencia y desarrollo
con cada uno de sus miembros, a estos se las han dado los
reconocimientos y garantías a derechos fundamentales a
permanecer, y a permanecer con su dignidad
humana inherente e intacta.

Como condicionante de la dignidad humana encontramos la
seguridad de las personas. Esta seguridad debe ser, al mismo
tiempo, fáctica y jurídica:

A). La seguridad fáctica está integrada
por un conjunto de circunstancias objetivas que dan a cada ser
humano la capacidad de actuar libremente, pero sin dañar a
otros.

B). La seguridad jurídica, esta en el sentido
positivo y consuetudinario, en ambos sentidos, se da cuando
existen normas
reguladoras de la conducta humana,
siempre y cuando estas sean públicas, previas, claras,
manifiestas, y se apliquen a todos por igual, por instituciones
independientes que hagan parte de una estructura
democrática.
El concepto de seguridad democrática puede ser definido e
interpretado de diferentes maneras, por lo tanto su aplicabilidad
también corresponde a esta capacidad. Nuestra
interpretación esta de la mano con lo opuesto al concepto
de seguridad autoritaria, o de seguridad totalitaria o de
seguridad dictatorial. por que entendemos y la historia ha demostrado que
este tipo de seguridad promueven los Estados autoritarios y
fascistas, merma el poder democrático, deconstruye el
poder ciudadano, fomentan una cultura represiva e incrementa la
antropología militarista

Desde una mirada más positiva comenzamos por
indagarnos, ¿qué significa? La seguridad puede
catalogarse como democrática cuando es incluyente con
todos los miembros de la sociedad y los trata por igual,
además, los medios que utiliza para alcanzar su fin deben
buscarse y lograrse a través del respeto y la dignidad de
la persona, por ende, que no causen vulneración o amenaza
en la autonomía o inviolabilidad del ser
humano.

La seguridad y los derechos humanos
no son formas quiméricas e inalcanzables, tampoco
conceptos ni realidades incompatibles. Más bien, el
derecho a la seguridad forma parte de la normatividad de los
derechos humanos y con la violación de varios de estos
derechos, se ve vulnerado el derecho a la seguridad que posee
cada persona. La declaración universal de los derechos
humanos en su artículo tercero reconoce que: todo individuo
tiene derecho a la vida, a la libertad y a
la seguridad de su persona, igualmente esta reconocido por el
Artículo noveno, 1, del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, y por el artículo
séptimo, 1, de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos. Acuerdos, tratados y
protocolos que el
país ha asumido en ejercicio de su soberanía, en la
protección y respeto a sus ciudadanos y
coterráneos.

Ahora bien, cuál es la relación entre la
seguridad de la persona y la seguridad democrática,
entendiendo que ésta llama al orden público, y como
resultado encontramos que no hay, o no debe haber,
contradicción entre el orden público y la seguridad
de la persona. El orden público democrático y
seguridad pública son parte de un mismo conjunto que es
entendido y percibido como el estado de circunstancias dentro de
las cuales una determinada población de un territorio
nacional se encuentra libre de riesgos o
daños provenientes del abuso del poder estatal o de
cualesquier otra dirección de pode, de la ruptura de la
convivencia pacífica por parte de los grupos armados al
margen de la ley, o de la
acción de cualquier tipo de criminalidad.

La obligación de la nación
y en esta caso de Colombia es de proteger y garantizar los
derechos humanos, también se aplica en las circunstancias
difíciles en que de facto se encuentra el país por
el conflicto armado interno. Pero esta protección no
solamente debe de estar garantizada por el gobierno central, sino
que también es deber y recae sobre las otras
territorialidades gubernamentales. Conforme a lo establecido, las
autoridades nacionales tienen la obligación y el deber de
tomar todas las medidas necesarias, sin salirse del marco que
establece la constitución y los parámetros de los
derechos humanos, ello con el fin de proteger y garantizar la
seguridad de los habitantes del territorio frente a eventuales
agresiones originadas en acciones de
grupos armados al margen de la ley, o en la criminalidad
común. Las actividades adelantadas por el Estado son
legitimas y necesarias, siempre y cuando no se salgan de los
parámetros de la legalidad, estas actividades son
orientadas a prevenir y de ser el caso, llevar a la justicia las
conductas ilegales, de diferente índole, que atentan
contra la seguridad.
Uno de los discursos de
la actualidad que fomentan el sentido de la seguridad esta dado
por el terrorismo,
discurso el
cual tiene sus inicios en los atentados del 11 de septiembre
contra las torres gemelas de New York, y encontramos que
así como se desplomaron las torres, el discurso que se
realizaba en contra del narcotráfico también se desplomo,
este cambio y fue remplazado por el del terrorismo, el cual
resulta ser un flagelo que atenta contra la libertad y la
democracia. El terrorismo desde ha ya varias décadas ha
estado implementándose, aun más en nuestro
país que esta sometido a una guerra
irregular o de guerrillas, teniendo la particularidad de que
poseemos una constitución que en su primer articulo hace
alusión al Estado social de derecho.

El termino de terrorismo ha sido uno de los cuales ha
encontrado poco acuerdo entre quienes intentan definirlo, es
así como encontramos que en el derecho
internacional y en los derechos humanos como en el derecho
internacional de los conflictos armados ha habido dificultades
para definirlo, al acuerdo que si se ha llegado es que en un
Estado de Derecho las exigencias de la jurisprudencia
y la doctrina demandan que el uso de las palabras "terrorismo" y
"terrorista" no sea indiscriminado ni propagandístico,
sino lo más preciso posible. Sin embargo, desde 1994 la
Asamblea General de las Naciones Unidas
define como terroristas "los actos criminales con fines
políticos y concebidos o planeados para provocar un estado
de terror en la población en general, en un grupo de
personas o en personas determinadas" . Por su parte el
Comité Internacional de la Cruz Roja señala que
constituyen una forma particular de terrorismo, prohibida en el
artículo 13 del Protocolo II,
"los actos o las amenazas de violencia cuya
finalidad sea aterrorizar a la población
civil".

Cuando se presenten casos en que las actividades
delictivas contra la seguridad pública llegan a poner en
peligro la vida de la Nación, los artículos
cuarto,1, del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y
Políticos y 27,1, de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos autorizan al Estado para ejercer el llamado
derecho de excepción. Con la salvedad de que este se debe
implementar respetando los principios internacionales de
legalidad, temporalidad, proporcionalidad y necesidad, y sin
afectar los derechos humanos dados en las normas internacionales.
Dicho de otra manera, toda acción que el Estado emprenda
en contra del terrorismo no puede salirse los parámetro y
principios básicos del derecho internacional de los
derechos humanos, del derecho internacional humanitario y del
derecho penal.
Independientemente de la repercusión y las consecuencias
de las acciones terroristas.

Es inherente a las funciones del Estado observar y
conservar a cabalidad los principios y las normas adoptados por
la comunidad internacional en materia de respeto a la vida y a la
integridad personal, de
privación de la libertad, de trato humano de los detenidos
y de seguridad jurídica de las personas. De igual manera
el Estado no puede limitar o suspender el derecho de hábeas
corpus (derecho a solicitar y a obtener el control judicial
de la legalidad de la privación de la libertad), el
derecho a las garantías judiciales, el derecho a un
tribunal independiente e imparcial y el derecho a la
presunción de inocencia.
Independientemente de los métodos
crueles, ilegales y cobardes que puedan usarse en actos
terroristas, el Estado tampoco puede ignorar o desconocer los
principios de taxatividad, tipicidad, legalidad y no
retroactividad. Dicho en otras palabras la imputación de
las conductas punibles debe ser "inequívoca, expresa y
clara". Mucho menos se permite reducir el espacio de otras
libertades que se encuentran garantizadas, como la
objeción de conciencia, de
pensamiento y
de religión,
el derecho expresarse libremente, la libertad de informarse
claramente, la libertad de reunión y asociación
pacífica y los derechos políticos. El Estado debe
respetar los principios internacionales sobre independencia
e imparcialidad de la justicia. En ninguna circunstancia la
necesaria lucha antiterrorista debe implicar la confusión
de poderes entre los órganos legislativos, ejecutivos y
judiciales, ni el establecimiento de sistemas procésales
que permitan el juzgamiento de civiles por autoridades militares
o por entidades no jurisdiccionales.

Una política de seguridad democrática
tampoco debe expresarse en disposiciones o prácticas
mediante las cuales se den o impongan a los miembros de la
población civil funciones o tareas que, al hacerlos
participar de modo directo y activo en las hostilidades, los
priven de la protección a ellos conferida por la normativa
internacional humanitaria. El Estado debe siempre respetar el
principio humanitario de distinción. En ningún
caso, la cooperación de los ciudadanos con las autoridades
encargadas de la defensa nacional, de la protección del
orden público, o de la administración de justicia debe asumir
formas de acción que involucren a los civiles en el
conflicto armado.

La Corte Constitucional de Colombia dijo en su sentencia
C-251 del 11 de abril de 2002 "…Si el Estado se fundamenta en
la dignidad y derechos de la persona, entonces la
preservación del orden público no es una finalidad
en sí misma, sino que constituye un valor
subordinado al respeto a la dignidad humana, por lo que, la
preservación del orden público lograda mediante la
supresión de las libertades públicas no es (…)
compatible con el ideal democrático. (…) Y de otro lado,
si el Estado está al servicio de la
comunidad y de las personas entonces corresponde obviamente a las
autoridades del Estado proteger y ser garantes de la seguridad de
las personas, y no a las personas proteger y ser garantes de la
seguridad del Estado". La Corte Interamericana de Derechos
Humanos ha sostenido en su sentencia del 30 de mayo de 1999
"…Está más allá de toda duda que el Estado
tiene el derecho y el deber de garantizar su propia seguridad.
Tampoco puede discutirse que toda la sociedad padece por las
infracciones a su orden jurídico. Pero por graves que
puedan ser ciertas acciones y por culpables que puedan resultar
los reos de determinados delitos, no
cabe admitir que el poder pueda ejercerse sin límite
alguno o que el Estado pueda valerse de cualquier procedimiento
para alcanzar sus objetivos, sin
sujeción al derecho o a la
moral".

CONCEPTOS FUNDANTES

Distintos autores han
destacado que cuando nos referimos a la gobernabilidad estamos
utilizando un concepto polisémico: «término
que adquiere una connotación imprecisa y ambigua",
«que mueve inevitablemente a la confusión»;
«palabra atrapa todo» o «concepto elusivo. No
sólo no existe consenso acerca del uso del término,
sino que en distintas ocasiones es utilizado en sentido
marcadamente opuesto

La tendencia a confundir conceptos se hace notorio por
que existe un fuerte vínculo entre la participación
política y la gobernabilidad. Pensamos que si una
población participa activamente en la cosa pública,
esto produce casi de inmediato beneficios directos:

2. Para el sistema político democrático
   del que se trate (aumenta la gobernabilidad, estabilidad,
   etc.)
3. Para los ciudadanos y su capacidad de juzgar
   adecuadamente los asuntos políticos ( empoderamiento. La
   existencia de estos beneficiosos vínculos, sin embargo,
   no resulta tan sencilla de demostrar ni es objeto de consenso
   entre los estudiosos.

Uno de los primeros estudiosos de la sociedad humana es
Aristóteles, este en sus creaciones
filosóficas sostenía que unos hombres nacen para
mandar y otros para obedecer, en este orden de ideas
también dividía a la sociedad en artesanos,
labradores y defensores, cada individuo según su aspecto y
contextura física
serviría para pertenecer a una de estas tres formas de
distribución de la Republica, al igual que
Aristóteles, contra la opinión de Sócrates,
se conoce uno de los primeros documentos del
sofista Protágoras, que no fueron quemados en la hoguera,
que argumentan en favor de la justificación de la
participación democrática en la historia de la
teoría política, que todos los ciudadanos deben
participar en el gobierno de la ciudad, puesto que todos ellos
poseen igual competencia política e igual capacidad de
juicio para los asuntos políticos. Por los siguiente ya
hay un mínimo de sentido moral y de
sentido de justicia, ambos son compartidos por todos los
ciudadanos, y esto les permite participar, deliberar, discutir y
decidir sobre lo público. Debido a que todos poseemos una
capacidad de juicio político (la combinación de
sentido moral y justicia), todos podemos y debemos participar.
Esta capacidad de juicio nos hace iguales y es la posesión
de esa capacidad la que justifica un sistema político
democrático.

La teoría política a dedicado poca
atención a este tema y a esa justificación. Y es
una pena que la teoría sofista, convenientemente
invertida, se haya convertido en el argumento para mantener la
exclusión no permitir el debate, aminorando la
participación en la esfera pública. Acarreando esto
como consecuencia y no hace mucho tiempo, la exclusión de
los trabajadores al derecho al voto, igualmente cuando se negaba
el sufragio a
la mujer o cuando
se relegaba a la condición de paria político a una
minoría racial (o a una mayoría racial), la
razón para hacerlo siempre era la misma: estos individuos
por infinidad de motivos se les eran aducidas cualidades como
personas o como grupos
sociales, de que carecían de capacidad de juicio
político. De hecho, hoy se sigue utilizando esta
argumentación para justificar exclusiones que consideramos
razonables.

Por otra parte en sentencia de la Corte Constitucional
de Colombia esta dejó sentado como precedente de doctrina
y jurisprudencial que la participación
democrática "expresa un proceso social
de intervención de los sujetos en la definición de
destino colectivo… se concibe y sé vivencia como un
principio de organización y de injerencia activa de los
individuos que irradia todos los procesos de toma de decisiones
que tienen lugar en los distintos campos y esferas de la vida
social".

Suponemos que la incapacidad para el autogobierno de
algunos grupos, les excluye del gobierno común. Y este fue
casi siempre el caso de las exclusiones antedichas: a las
mujeres, por ejemplo, se les negaba autonomía individual
tanto o más que capacidad de participación
política; si los trabajadores no poseían otra
propiedad que
su fuerza de trabajo, esa era razón suficiente para
demostrar su falta de autonomía en la esfera
económica, que tenía como consecuencia la
exclusión de la esfera política, o como sucediera
en nuestra nación con las constituciones de 1832 y
1843.

Se ha dudado que la igualdad de juicio político
existiese realmente y de que, caso de existir, su uso
generalizado fuera conveniente. Existe quienes consideraban al
igual que Jeremy Bentham, que cada uno es el mejor juez de sus
propios intereses, pero eso no fue óbice para que
recomendara formas de sufragio fuertemente restringidas. John
Stuart Mill, por su lado, afirmaba que era preferible equivocarse
por uno mismo que acertar siguiendo los dictados ajenos, pero al
tiempo consideraba más conveniente una forma de sufragio
cualificado que el sufragio universal. Contemporáneamente,
Joseph Schumpeter o Giovanni Sartori creen que, debido a la
complejidad de los asuntos políticos y al tipo de
conocimiento especializado que requieren, un cierto grado de
apatía entre los ciudadanos debe ser bienvenido en
cualquier democracia representativa e, igualmente, que las
decisiones políticas básicas y cruciales deben ser
dejadas en manos de nuestros representantes.

El precepto de la participación política
siempre ha levantado sospechas entre algunos sectores y partidos
políticos, pero más comúnmente en los
conservadores, quienes poseen la convicción de que la
participación intensiva de la ciudadanía divide
profundamente a la sociedad en demandas, ambiciones y necesidades
excluyentes. El faccionalismo y el conflicto son sus corolarios.
Por consiguiente, las masas de ciudadanos serían
manipuladas fácilmente por demagogos y politiqueros en tal
caso, los índices de participación
señalarían, no a la fortaleza, sino, precisamente,
a la debilidad del régimen democrático. La alta
participación sería, pues, señal de
insatisfacción o de deslegitimación del sistema e
impactaría negativamente en la gobernabilidad. Todo ello,
según esta perspectiva, aconsejaría como más
razonable para lograr gobernabilidad el uso de herramientas
tales como la representación, los políticos
profesionales, los expertos.

El sistema democrático representativo
allanaría los caminos para encontrar solución a
estos problemas por medio de la interposición de las
elites quines serian las encargadas y además poseen la
facultad de agregar y articular intereses y demandas.
Después de todo, lo importante para la tendencia liberal,
sería garantizar el ejercicio de la libertad individual,
no siendo así la participación o el juicio
político ciudadano. Siendo de esta manera para el sector
tradicional liberal-conservadora de dar cabida al individualismo
moderno, entendiendo al sistema democrático como un
conjunto de instituciones y mecanismos que garantizaran a cada
individuo la posibilidad de realizar sus intereses sin
interferencia o con el mínimo de interferencia
posible.

No obstante se margina la vida participativa. Los
individuos son movidos por el auto interés y el deseo,
tratará de proyectar estos sumándolos a los de
otros y hacerlos alcanzables y realizables, ya sea en un futuro
mediato o no tanto. Esto es posible con la suma de los intereses
mediante la acumulación de participantes en un grupo o
sector que escuche o realice sus demandas. Son pues los partidos
políticos las maquinarias, no de participación,
sino de articulación y agregación de intereses
individuales, las que permiten catalogar como bien público
el total de los intereses individuales seleccionados,
categorizándolos ordenándolos según las
pretensiones de acuerdo con algún principio
legítimo como sucede en la generalidad de los casos, el de
la mitad más uno.

El ciudadano que se promueve desde
esta visión está alejado del ideal participativo.
Se supone, además, que el ciudadano liberal descrito es
una construcción más realista. Básicamente
porque:

1. Parece más fácil
   comprender los propios intereses que el bien
   común.
2. Los incentivos para
   participar se hallan más ligados al egoísmo de
   promocionar el propio interés que al logro del
   interés general.
3. La promoción del propio interés
   asegura el incentivo para los mínimos de
   participación requeridos en una democracia
   .

Como resultado encontramos una categorización del
ciudadano que se encuentra en la misma dirección de las
individualidades y los intereses, por ende la actividad
política y la participación pública se
limita a unos cuantos, creando desinterés y
desestimulación, conduciendo ello al desanimo y
permitiendo que la actividad política publica se
profesionalice.

Caso el cual no esta muy alejado de la realidad
según lo propuesto por la visión liberal porque lo
que resulta importante para la autorrealización no tiene
conexión con la participación política, sino
con el auto desarrollo en la esfera privada o profesional y con
el control de los mecanismos de agregación de intereses.
Ese control estaría ligado a la existencia de elecciones
en las que los individuos, armados con el
conocimiento de sus propios intereses e informados
suficientemente respecto de las alternativas, eligen entre
productos
políticos en competición y los sujetan a su control
en la elección subsiguiente. Tal indulgencia ciudadana no
exige una participación amplia y constante, sino que
recomienda un prudente equilibrio entre el sufragar que es
disfrazado como la más enalteciente forma de participar y
la apatía como una fórmula al tiempo, ya que tal
ejercicio no es continuo ni perdurable, convirtiéndose en
una receta barata y eficiente para ejercer la compleja labor de
la gestión según los intereses de los
representantes y representados.

El famoso, conocido y polémico Carlos Marx ya
había previsto este cambio de dirección, centrado
ahora en los intereses, los derechos y las libertades
individuales, acabaría concretándose bajo el
capitalismo en
la defensa de los derechos de propiedad individual o privada,
olvidando todos los demás temas. También hay que
tomar en cuenta lo mencionado por la Dama de Hierro,
Margaret Thatcher o él actor de Hollywood, Ronald Reagan
quienes adujeron algo bastante similar al planteamiento Marxista:
la nueva derecha enfatiza los derechos de propiedad y seguridad a
expensas de la participación y la libertad
política. Desde esta perspectiva, lo que se trata es de
conseguir un gobierno eficiente y justo, y tal objetivo
será mejor servido por un pequeño grupo de
políticos, burócratas y representantes, con el
mínimo de interferencias, que por el uso generalizado de
las habilidades de juicio ciudadano a través de la
participación y la cogobernabilidad.

Los teóricos de la elite democrática han
tratado de fundamentar desde lo rutinario la perspectiva liberal-
conservadora. Los descubrimientos hechos por estos, dejan al
ideal participativo ubicado en una posición poco positiva
y desoladora, estos teóricos argumentan que las personas
que están cohesionadas en un grupo social, comunal y
además están asentadas en las ciudades y las
territorialidades poseen una apatía profunda, les interesa
poco conocer su realidad política e ignoran importantes
deliberaciones, se les clasifica de apolíticos y su
capacidad participativa se reduce al mínimo, los
ciudadanos son egoístas e individualistas se preocupan por
su autosostenimiento y por mantenerse en la competencia del
sistema que exalta a la propiedad privada, además de sus
pretensiones de sobresalir por encima de los demás en el
campo laboral o
profesional, se resienten negativamente al sistema neoliberal y
al capitalismo, ambos desde su rol político, etc. Para
aclarar: los ciudadanos de nuestras democracias no poseen juicio
político ni aspiran a desarrollarlo y, para procurar
gobernabilidad, estabilidad y democracia, de lo que se trata es
de:

1. Difundir el valor de la tolerancia política
   entre los ciudadanos y la responsabilidad entre las
   elites.
2. Establecer marcos institucionales que garanticen
   ciertas reglas del juego.

"En
ninguno de estos casos resultaría lo suficientemente
conveniente impulsar o incentivar excesivamente la
participación directa de los ciudadanos en los asuntos
políticos. De hecho, el establecimiento institucional de
canales de participación, que raramente son utilizados por
la ciudadanía, refuerza este prejuicio
liberal: el equilibrio entre participación moderada y
apatía, unido a reglas de tolerancia y protección
de derechos, produce gobernancia; la incentivación de la
participación extensiva produce inestabilidad,
intolerancia, sobrecarga del sistema, etc. Y esta tesis se
entiende como más adecuada todavía en los casos de
regímenes democráticos jóvenes que
recientemente han experimentado una transición desde el
autoritarismo. En efecto, ahora parecería que una
desincentivación de la participación extensiva, un
cierto grado de apatía, la desmovilización de
algunos de los sectores más fuertemente implicados en el
proceso de transición, la cesión de amplias esferas
de poder a los representantes, la extensión de valores como
la tolerancia, la búsqueda de éxito individual, la
privatización de las diferencias entre la
población, etc., producirían más gobernancia
que sus contrarios."

De acuerdo a lo anterior surgen interrogantes como:
¿ de esta forma se estaría creando
alineación política en los ciudadanos?
¿Resultaría aun más peligroso que los
ciudadanos se alejaran de la actividad política
participativa para el ejercicio de la gobernabilidad?

Ejerciendo una critica en contra a la posición de
la perspectiva liberal-conservadora, la
democrático-participativa precisa que al incentivar la
participación y por medio de esta, sé desarrollar
el juicio político ciudadano. En el lugar o territorio
donde haya que tomarse una decisiones que inmiscuya a la
colectividad, la participación ciudadana es el mejor canal
o el método
más incluyente y, por ende, el más legítimo
para hacerlo. Y no es que únicamente se garantice la
participación del autogobierno colectivo y, por ende,
aumente la gobernabilidad. Además, los resultados
producidos son efectos políticos benéficos ligados
al ideal de auto desarrollo de los individuos y los pueblos.
Aduciendo un poco a la historia encontramos que para los griegos
era la participación en el autogobierno la que
convertía a los seres humanos en dignos de tal nombre. La
deliberación, la competencia pública (en el buen
sentido de la palabra), la discusión y el debatir en
común unidad e igualdad como ciudadanos que colaboraban de
manera ordenada y pacifica para la construcción del bien
colectivo que esta cimentado en los parámetros de la
participación.

Para los humanistas del Renacimiento el
compromiso con la vita activa constituía el vínculo
comunitario creador de virtud cívica. Para Tocqueville, en
fin, la implicación ciudadana en todo tipo de asociaciones
(civiles, sociales, políticas, económicas,
recreativas, etc.) constituía un rasgo distintivo del
régimen democrático. Para John Stuart Mill o John
Dewey la democracia no era únicamente un sistema de reglas
e instituciones, sino un conjunto de prácticas
participativas dirigido a la creación de autonomía
en los individuos y a la generación de una forma de vida
específica. Los partidarios contemporáneos de la
democracia «fuerte» o «expansiva» aspiran
igualmente a hacer de la participación el centro de
gravedad de sus argumentaciones.

En general, la participación es un valor clave de
la democracia según esta tradición. Y esa
posición privilegiada se legitima en relación con
tres conjuntos de
efectos positivos:

2. La participación crea hábitos
   interactivos y esferas de deliberación pública
   que resultan claves para la consecución de individuos
   autónomos.
3. La participación hace que la gente se haga
   cargo, democrática y colectivamente, de decisiones y
   actividades sobre las cuales es importante ejercer un control
   dirigido al logro del autogobierno y al establecimiento de
   estabilidad y gobernabilidad.
4. La participación tiende, igualmente, a crear
   una sociedad civil con fuertes y arraigados lazos comunitarios
   creadores de identidad
   colectiva, esto es, generadores de una forma de vida
   específica construida alrededor de categorías
   como bien común y pluralidad.

La combinación de estos tres efectos positivos
propuestos por Daniel Filmus resulta favorecedora, en esta forma
de vida, de otros importantes valores: consolidación del
sentido crítico, la capacidad de juicio ciudadano,
educación
cívico-solidaria, deliberación,
interacción comunicativa y acción concertada, etc.
En resumen, la forma de vida construida alrededor de la
categoría de participación tiende a producir una
justificación legítima de la democracia, basada en
las ideas de autonomía y autogobierno.

La visión del PCP se encuentra muy de la mano con
el planteamiento de la participación expresado por el
señor Daniel Filmus, ya que este en la elaboración
de su pacto pretende generar cogobierno y ceder gobernabilidad,
pero también se adhiere a una forma representativa –
participativa; nos encontramos que para el Plan Congruente de Paz
la Participación fortalece:

• La interacción entre los ciudadanos y las
  esferas de la deliberación publica.
• La toma democrática de decisiones dirigidas al
  logro del cogobierno y al establecimiento de la
  cogobernabilidad.
• Creación de una sociedad civil con fuertes
  lazos de comunalidad y de identidad colectiva.
• La solidaridad, la capacidad dialogíca, el
  juicio político y la habilidad para la
  transformación pacifica de los conflictos.

Nos encontramos con lo ya entendido y analizado por
muchos, el cambio de una forma de democracia a otra en la carta de 1991;
muchos de estos expertos que hablaron de esta transición
tal vez fueron mal interpretados por aquellos quienes los
escuchaban, pues se creyó que al cambiar de una forma a
otra, una de dos desaparecería, pero hasta ahora se viene
comprendiendo que las dos formas pueden darse y complementarse,
que lo negativo seria excluir una u otra, ejercicio el cual
recoge el PCP, pues se puede ser representante y participante al
mismo tiempo, no se pretende instaurar una representación
pasiva similar a la que se vivió durante mucho tiempo, por
el contrario, este tipo de representación esta
acompañada por el imperativo de confianza depositado en el
individuo, es este quien ha participado en la construcción
de lo llamado aquí CED , a su vez desempeña el
cargo de representante de su municipio en el orden regional o
Departamental, lo cual no lo exime de seguir aportando a su
comunidad y su región, pierde ese sentido de
individualidad recalcado párrafos mas arriba para
transformarse en sentido de colectividad, donde no impera la
competencia sino la compartencia.

Se plantea que los ciudadanos que vivan bajo este tipo
de ejercicio democrático serán juiciosos,
responsables y solidarios, únicamente si se les da la
oportunidad de serlo mediante su implicación en diversos
foros políticos de deliberación y decisión.
Y por lógica
se tiene que cuantos más ciudadanos estén
implicados y sean incluidos en estas formas de procesos, mayor
será la fortaleza de la democracia, la optimización
del sistema permitirá que este funcione más
eficientemente, la legitimidad se incrementara e, igualmente,
mayor será su capacidad para controlar al gobierno e
impedir sus abusos. La participación permitirá
contar con mejores ciudadanos, mejores personas e individuos. Les
otorgara la posibilidad de traducir en términos
públicos sus deseos y aspiraciones, incrementará e
incentivará la empatía y la solidaridad,
permitirá que en la palestra publica los ciudadanos
argumenten racionalmente ante sus iguales y asumir
responsablemente las consecuencias de las decisiones. Tales
efectos beneficiosos de la participación se conjugan con
la propuesta de la democracia y sus prácticas.

Expresado de otra manera se puede notar que existe una
conexión interna entre participación, democracia y
soberanía popular, por un lado, y derechos, individualismo
y representación, por otro. Ejemplo es el hecho de que
estas últimas constituyen las condiciones
legal-institucionales bajo las cuales las variadas formas de
participación y deliberación política
conjunta pueden hacerse efectivas. Así pues, la
participación adopta un nuevo matiz en el que se
contemplan sus efectos positivos en la creación de mutuo
respeto, de comunalidad, de confianza interpersonal, de
experiencia en la negociación, de desarrollo de valores
dialógicos, de habilidades cognitivas y de juicio; en
definitiva, de auto desarrollo
personal en la las variadas plazas públicas que la
democracia pone al alcance de los ciudadanos. Permitiendo al auto
desarrollo entrar en los parámetros de la moral social y
permite la reflexión ética.

La tendencia contemporánea para muchos sistemas
democráticos esta en la necesidad de reforzar los
movimientos ciudadanos de la sociedad civil y los nudos
cívicos que ésta red crea. Los
demócratas participativos aspiran a seguir y consolidar
esa línea y a construir nuevos y variados ámbitos
de participación democrática institucional y no
institucional. De hecho, existe
evidencia empírica de que el retrato del ciudadano
ofrecido por el liberal-conservador no es del todo exacto. No es
que la apatía sea funcional, es que no hay que confundir
un seguimiento «de segundo orden» de la
política con mera pasividad. En las circunstancias
adecuadas, los ciudadanos reaccionan y se movilizan en defensa de
sus intereses políticos y de lo que creen justo o
necesario.

La débil voluntad de participación como
sucede a menudo en los países de Latinoamérica, permite realizar un
análisis sobre los defectos que presenta el sistema, pues
la utilidad de la
participación para los ciudadanos no siempre es evidente,
ya que estos han interiorizado que la participación
democrática se da solamente el momento del sufragio,
reduciendo al mínimo la expresión de la democracia
y dejando entre ver la poca educación y la poca cultura
política en la que están adscritos. Así
pues, cuanto mayores sean las expectativas de que la
implicación política obtendrá resultados,
mayor será la participación. Por último, el
pluralismo de intereses y opiniones existente en nuestras
sociedades hace que la participación no siempre deba
seguir la senda institucional, por el contrario permite tomar una
posición en el amplio panorama del horizonte
participativo, muestra de ello esta en realizar una rápida
mirada por los ámbitos que no necesariamente están
relacionados con políticas de índole institucional
que acogen las aspiraciones políticas ciudadanas, como
cuando en otros lugares (los partidos, por ejemplo) ya no parecen
ser los apropiados para hacerlo, ya que existe una creciente
fuerza popular que deja como resultado la poca credibilidad en
los mismo.

 Así pues, la participación en la
tradición democrático-participativa no debe ser
entendida en términos exclusivamente institucionales o
ligada de manera excesiva a los partidos como canales de
participación, apreciación la cual hace ya mucho se
desvirtuó, sin embargo, esta posee un valor esencial que
es los mecanismos de educación cívica, pese a las
dificultades de convertir en prácticas institucionales lo
que se extiende a otros ámbitos no institucionales de
tomas de decisiones tenemos a quienes opinan que esos nuevos
lugares de participación, tales como el movimiento
feminista o el movimiento ecologista, pueden resultar de enorme
importancia para el desarrollo de una ciudadanía crítica
y con capacidad de juicio autónomo, para el
fortalecimiento de la sociedad civil y la consolidación de
la capacidad que desarrollan las organizaciones
para interlocutor ante las instituciones, es decir, el desarrollo
de Su capital
social.

Y la Asamblea Constituyente de Antioquia ha permitido
que se genere capital social y se consolide el tejido social,
esta obedece al juicio que se hace aun más fuerte cuando
el movimiento es abanderado por la autonomía personal que
por consiguiente se convierte en el factor común que es
recogido en forma de movimiento y no pierde su carácter
autónomo, tanto del movimiento como desde el
individuo.

La Asamblea recogió todas aquellas iniciativas
que se venían gestando, aplicando o trabajando en el
departamento, para articularlas en una sola, lo cual se
convirtió en valor agradado y la capacidad instalada del
Plan Congruente de Paz, ya que este planteo un problema que ha
sido llevado a la instancia máxima donde han participado
varios movimientos, lo han madurado de tal forma que dejo de ser
un juicio de movimiento y se convirtió en el juicio de la
ciudadanía asamblearia, que ha desarrollado profundamente
la critica de nuestros coterráneos y se canalizo en un
nuevo espacio de deliberación democrática, donde
los movimientos y los individuos no solamente llegan sino que se
empolleran y saben canalizar este empoderamiento en el lugar que
ellos consideran mas apropiado.

CONCEPTOS
GENERALES

Vernon Lee Fluharty, en su libro La
danza de los
Millones realiza un análisis correspondiente al papel de
la sociedad civil en la época del gobierno de Laureano
Gómez "Todo lo que se desencadeno en aquel entonces no fue una
guerra civil, pues no existía un frente de batalla no
había una coordinación ni una visión militar
hacia la conquista del poder, la violencia desbordaba la en lo
económico y se manifestaba rompiendo la solidaridad y los
graves fenómenos que acarrea al desplazo del centro de
gravedad, pues el centro de gravedad política que era la
zona rural se redujo a un tema de identidad partidista, y mas
preocupante aun es que los gremios imponían sus
necesidades y las hacían ver como si fueran de los
demás reflejándolas y abanderándose como los
representantes de una sociedad civil."

Se ha vuelto muy común en Colombia hablar de la
"sociedad civil", aunque de manera confusa y abstracta, hasta el
punto que una pequeña élite, conformada en lo
esencial por representantes de los gremios económicos y de
algunas instituciones, los que al fin y al cabo son parte del
bloque de poder dominante, se arrogan de forma abusiva la
representación en ocasionales eventos de paz y
hasta en contactos con los jefes paramilitares. 

El concepto de "sociedad civil" se ha venido discutiendo
hace ya tiempo, en nuestro país se reactivo esta
discusión en una forma más generalizada por las
conversaciones del ELN con otros sectores de la sociedad civil,
esta discusión no se da solamente en el sentido
político sino también filosófico; y como ya
puede resultar común en nuestro país, pareciera que
no hay un punto de acercamiento y menos de unidad de lenguaje. Para
el ya retirado excomandante de las Fuerzas Militares, general
Bonett Locarno, "En Colombia la sociedad civil no existe. Eso si
que es una entelequia" Para la Iglesia, los
industriales -agrupados en los "gremios"- y los sectores de la
tendencia socialdemócrata la sociedad civil son ellos,
encontrándose con que a ese cognomento le hace el juego
una parte de la insurgencia, quizá por la confusión
que pueden entrañar dos términos parecidos, pero en
ningún momento iguales: Sociedad civil y población
civil.

La temática sobre el concepto es compleja, pero
ello no implica que sea difícil de dilucidar, es
comprensible que para algunos sectores de la población,
más precisamente en los gremios económicos, los
estratos altos y para la clase gubernamental, llegar a realizar
una praxis en el
exacto sentido del contenido y las formulaciones que datan desde
el siglo pasado resultaría por demás
inconsecuentes.

"Fue Hegel, siguiendo
el precedente de los fisiócratas del siglo XVII, quien
formuló (en su Filosofía del Derecho) la tesis de
la "sociedad civil", basándola en la función de la
estructura y la superestructura de las formaciones
socio-económicas. Karl Marx en su
Introducción General a la Crítica de
la Economía
Política retoma el concepto, fundándolo en la
esencia de la economía. Lo desarrolla en La
Cuestión Judía, Ideología Alemana, Crítica del
Programa del
Gotha y otras más. La sociedad civil -es para Marx- el conjunto
de la estructura económica y social en un período
determinado; se refiere a la concepción hegeliana de la
sociedad civil que incluye el complejo de las relaciones
económicas y la formación de las clases
sociales".

Mas tarde el concepto seria retomado y reelaborado por
Antonio
Gramsci, quien realizaría un profundo análisis
de la propuesta de Marx y Hegel, Gramsci dejaría sentada
su percepción en los escritos que se conocen
con el nombre de Cuadernos desde la Cárcel, él que
la sociedad civil es "el conjunto de los organismos vulgarmente
llamados privados… que corresponden a la función de
hegemonía que el grupo dominante ejerce en toda la
sociedad". Esta va en contraposición con la sociedad
política (el Estado, en sentido estricto) en la cual se
encuentran sus cimientos y principios básicos. Sigue
desarrollando su teoría dentro del concepto más
general sin perder de vista el conocimiento histórico en
el que se desenvuelve la masa social, resultando de manera
beneficiosa para las clases subalternas.

Las funciones que le atañen al Estado como
sociedad política, permite realizar un análisis
según lo expuesto en el párrafo
anterior frente al ejercicio de la coerción, respecto a
las instituciones sociales, componentes que al dividirlos
arrojarían un resultado amorfo de la asociación de
los ciudadanos. La sociedad civil que para este caso seria el
órgano rector que permite la reflexión ética
comienza por analizar sus componentes esenciales y la
disección histórica. Permite Lo anterior poner de
acuerdo a los teóricos para comenzar a comprender que la
sociedad civil aparece en un momento determinado, en el
período final del absolutismo,
cuando se logran concretar en la actividad humana los estamentos
y las corporaciones; y que la misma se profundiza con el
advenimiento del capitalismo y el surgimiento de las
organizaciones privadas (sindicatos,
asociaciones, gremios, etcétera), que directamente no son
controladas por el Estado.

La lucha entre la sociedad civil (organismos privados) y
la sociedad política (Estado) se presenta en varios
niveles, en los cuales las dos formaciones se imbrican lo que no
implica que en algún momento dado una pueda cumplir
perfectamente las funciones que le corresponden a la otra. Caso
similar seria el del parlamento que es en una de sus formas
sociedad política y a la vez sociedad civil. Respetando el
sentido de la opinión
pública. Otro ejemplo corresponde al de los partidos
que son sociedad civil y también sociedad política
cuando asumen el control del poder y pueden ejercer la
"acción o dirección militar" para el mismo
objetivo.

Encontramos igualmente el caso de los credos religiosos,
mas concretamente el de la Iglesia, que como institución
ha venido durante largo tiempo desempeñando ambas
funciones, que para la mayoría de sus veces predomina
más el carácter político y recientemente el
de sociedad civil. Análisis que también se puede
realizar para los grupos ilegales armados, que se organizan
dentro de la sociedad civil aprovechando las coyunturas
integrándose luego al Estado superada la etapa
coyuntural.

La sociedad civil es gran protagonista si se encuentra
en una forma estatal como lo es el liberal, el de derecho o el
social de derecho, a un que en este tipo de Estados se pueda
percibir cierto tipo de controles a las agremiaciones o sectores
que la conforman, ejemplo de ello esta en el seguimiento que se
le hace a los medios de información, los sectores
populares, sindicatos, mutuales, cooperativas y
demás. Por el contrario representaría una menor
influencia en Estados como los autoritaristas, totalitarios,
entre otros, las funciones de este tipo de Estados limitan la
participación, encasillan a la sociedad civil un simple
aditamento, muchas de estas sociedades incluso llegan a
pigmentarse de caracteres fachista, que luego pasan a ser el
control de la sociedad política. Es determinante para la
formación de la sociedad civil el sentido de
pertenecía, el manejo de la realidad, el interés
por las diferentes decisiones políticas, el reconocer su
historia, esto permite construir unos buenos cimientos para la
edificación de la misma e incluso resulta determinante
para la reestructuración de la sociedad.

La sociedad civil Antioqueña organizada en la
mayoría del territorio en formas de asambleas
constituyentes, ya sean departamentales o municipales, demuestran
la construcción de un tejido social que esta comenzando a
hilarse en Colombia, ello implica por obviedad que como sociedad
civil están dando estas formas de construcción,
pues son los gremios, sindicatos, la iglesia, negritudes,
indígenas, las mujeres, los gays entre otros, quienes
aportan a la construcción de las asambleas como ejercicio
social, pero estos van de la mano del los estamentos
gubernamentales quienes avalan procesos y por ende son
legitimados.

Para el caso Antioqueño nos encontramos que al
reunir a todos los sectores y territorialidades, e incluso a los
grupos armados, con el fin de darle solución a un problema
ya planteado – que no resulta ser en su totalidad el del
conflicto armado- sino otras causas que generan la violencia muy
diferentes a la guerra vivida en la actualidad, demuestra el
poder de cohesión que se ha generado en la región,
se convierte en un proceso de sociedad civil.

Prueba fehaciente de todo lo anterior es que la
administración construyó una red de
participación donde las administraciones municipales, las
ONGs, y las organizaciones comunitarias ha promovido procesos
donde se han construido 117 comités de impulso y/o centros
de entrenamiento
para la democracia, construcciones que ha allanado el camino para
llevar a acabo las realizaciones de las asambleas Constituyentes
Municipales, este tipo de construcción también da
resultados como los de la construcción de agendas
ciudadanas de paz y convivencia, con ejes que comprendían
la: Inversión social y desarrollo, gobernabilidad local y
legitimación del Estado, cultura de paz y
conflicto armado y desplazamiento.

Por largo tiempo se ha creído que el no estar en
un estado pacifico es culpa del Estado al no encontrar la manera
de darle solución a la problemática actual y que
este es el único que lo puede lograr, en el Plan
Congruente de Paz es del pensamiento que este tipo de labor no
solamente le corresponde al gobierno, sino que involucra a Cada
uno de los miembros de la región y por lo tanto abre una
nueva posibilidad a la participación donde se recogen las
acciones y se conjugan en la Asamblea Constituyente de Antioquia
La Asamblea Constituyente de Antioquia puede ser tomada como un
proceso de acción directa noviolenta, además se
encausa en la formulación de políticas publicas que
estén enmarcadas en el problema de la convivencia y el
desarrollo, adicionalmente formula un conjunto de decisiones
relevantes donde confluyen La sociedad y el gobierno que por
mandato constitucional adoptan el carácter de
política publica de Estado, y también encontramos
que se inscribe en los lineamientos de pacto social.

Es de tener en cuenta que Antioquia no es el
único departamento donde se realizan ejercicios
democráticos constituyentes, es conocido el de Mogotes
como ente municipal y el de Cauca, Tolima, Nariño y la
Guajira, estos otros departamentos que se encuentran o comienzan
a realizar su proceso constituyente, tienen bien definida su
operatividad, estructura y aplicabilidad; pero les hace falta un
componente de carácter pedagógico, pues lo que se
pudo investigar es, que estos procesos son soportados
básicamente desde la jurisprudencia constitucional.
Veremos pues los casos de Nariño y el Tolima, que como sus
mismos miembros lo promulgan, casi no presentan relevancia para
el orden nacional por ser "departamenticos", he
aquí una nueva diferencia entre los departamentos, no
pretendemos exaltar el carácter de regionalismo paisa,
sino que por las diferencias geográficas y las
autonomías departamentales, resulta inherente que se
presenten este tipo de comparaciones entre los diferentes
procesos.

Pero entre los departamentos y sus asambleas no existen
solamente diferencias, se encuentran semejanzas como las de los
procesos de convocatoria y demás formas en común,
pero es de resaltar que todas piden procesos de descentralización, por ejemplo Tolima
maneja la idea de Estados federados, republicas independiente en
el caso de Nariño y Estados autonómicos que es la
propuesta de Antioquia, también se encuentran en el punto
que la paz no se fomentara por la vía del sometimiento
forzado del enemigo, tampoco que esta es la ausencia de la guerra
y se propende por los diálogos regionales, con o sin la
venia o el beneplácito presidencial.

LA NO VIOLENCIA COMO COMPONENTE
PEDAGÓGICO

En nuestro medio recientemente se popularizo el termino
de noviolencia, aun existiendo como forma de lucha contra la
violencia desde tiempo atrás, el no saber que
realizábamos actos de carácter noviolento, no
quería decir que ella no existiera, nuestra miopía
a la hora de encontrar formas para la protesta, la denuncia
publica, la objeción fiscal o de conciencia y
desobediencia y resistencia
civil, siempre finalizaba en una acción violenta. Es
frecuente escuchar el argumento, que la noviolencia está
muy bien pero que sólo es posible utilizarla como medio de
lucha y de resistencia frente a regímenes
democráticos, sensibles a los valores
humanos. Gandhi, Luther King combatieron contra ingleses y
americanos, es tal la atracción que nuestra cultura
atribuye a la violencia, nosotros lejanos espectadores
occidentales, apenas nos llegan del otro lado del océano
otras luchas que no sean la guerrilla. Pese a su escaso
éxito, aunque se ha intentado en casi todo el continente,
pocos somos capaces de ponerla en cuestión como forma de
lucha o al menos de saber que coexiste con ella otra forma que,
por desconocida, no deja de ser tan arriesgada y
valiosa.

Caemos así en un análisis simplista y en
una adoración al Che Guevara o
Camilo Torres que nos impide cualquier otra visión que no
sea la del enfrentamiento entre un ejército y una
guerrilla, dejando fuera de combate al menos a dos tercios de la
población, los indios y las mujeres, ya que los primeros
por su forma de vida y su estructura son ajenos al
análisis marxista y al uso de las armas, las segundas
aunque existan pocas combatiendo, el resto comprende la
importancia que ellas tienen al ser las portadoras de vida, pues
la consigna de las mujeres de negro hacen alusión al
promulgar que ellas "no parirán hijos para la
guerra".

"La Noviolencia es para optimistas y
no para pesimistas. Pero para optimistas inteligentes. Tampoco es
para ingenuos o para idólatras orillados a una especie de
nueva secta de ángeles. ¡Vivimos en el mundo en que
vivimos! Podemos y debemos seguir haciéndole
críticas de lo que no nos gusta, de lo que es injusto y
despreciable, somos personas, esto es: ni ángeles, ni
demonios, somos seres en construcción, no concentramos la
pureza química
de la maldad o de la bondad; nos hacemos y nos hacen, tomamos
decisiones y los demás nos observan y nos juzgan como
semejantes que somos. Podemos seguir pensando y
lamentándonos de lo descorazonador que es y está
todo, pero como noviolentos hay que confiar –fíjense
que no digo creer que es aceptar sin pestañear-, confiar
en la capacidad innata para aprender, para superarse, para
perfeccionarse, para mejorar, no como una creencia sino como un
reflejo de la factibilidad de
nuestras frágiles verdades y de nuestras no menos
frágiles vidas. ¡Este es el optimismo
antropológico de la Noviolencia! La valentía de
aceptar que no todo está hecho, no caer en la fatalidad de
que nada se puede hacer o cambiar. Antropológico, no
sólo por la biología humana que
nos dota de futuro para desarrollar muy libremente nuestro
patrimonio
genético, sino también desde el punto de vista
cultural, como seres humanos la cultura nos dota de
apéndices para llegar mas allá, para superarnos,
para aprender qué es ser humano.

Los elementos promulgados por la noviolencia que parten
de la existencia de un desequilibrio en el poder el cual puede
ser superado equilibrando las partes a través de la
acción directa con la pretensión de fortalecer la
parte débil para llegar al momento de la
reconciliación en igualdad de condiciones, basando su
incremento de poder centralizándose en la acción
directa siendo el fin de esta crear una nuevas bases de poder,
tocando al status quo previniendo la violencia y manteniendo el
postulado de la prevención de la misma a lo largo del
tiempo.

En cuento a la
resolución
de conflictos que también parte por el desequilibrio
de poderes encuentra en la mediación las condiciones a
través de procesos para obtener soluciones equitativas,
centrando su fin en encontrar soluciones por la vía del
consenso, tomando medidas para sostener la solución
encontrada al conflicto por medio del desarrollo, la planificación y el empoderamiento. Tomando
de ambas formas de tratar la violencia sus semejanzas y
diferencias, obteniendo de ello la teoría de la
transformación de conflictos pues esta trabaja sobre las
fuentes
sociales y políticas del conflicto y transforma la
energía negativa en energía positiva para el cambio
social y político.

La noviolencia es entendida como una ciencia social
por que contiene una filosofía que contiene principios y
es sustantiva, un método por sus pasos y el
carácter proactivo arroja unos resultados que al aplicar
una serie de pasos concomitantes llevan al resultado esperado, es
decir, que al aplicar sus principios y pasos arroja resultados
predecibles. Todo lo anterior es un conjunto de variantes que
fortalecen a los movimientos y estos son denotados como
noviolentos, la filosofía de la noviolencia no busca
oprimir o derrotar al adversario, sino ganarlo pero
convenciéndolo sin ejercerle violencia alguna, se
diferencia de la no violencia por que en ella exista una ausencia
de la misma, es tomada como una apreciación y no un
concepto, ya que describe un comportamiento, por lo tanto es adjetiva. Por el
contrario la noviolencia es una forma sustantiva ya que se
convierte para muchos en una forma de vida, pero no tiende a caer
en el fanatismo, es vista como un antídoto a la paz negativa y al contrario
de la no violencia, la noviolencia no permite que la violencia la
detenga.

Martín Luther King, en su estudio de la violencia
se encontró a Hegel y de este rescato la
dialéctica, pues tomo la tesis, la síntesis y la
antitesis para explicar a un mejor la noviolencia y como esta
actuaba, King ubico las verdades de las situaciones en dos polos;
la tesis (violencia) y la antitesis (no violencia), realizo un
análisis en conjunto y como resultado ya en una
análisis completo tomo la síntesis (noviolencia)
como un enfoque o estrategia para abordar el conjunto.
Además en su análisis de la forma en que las
persona tienden a resolver sus conflictos King se encontró
con que estas canalizaban sus agresiones hacia las personas, los
cual devenía en agresión, pero que si se
revertía este proceso de encausar la agresión hacia
las condiciones, lo que se obtenía era la
reconciliación.

La noviolencia como eje transversal y pedagógico
de un plan de gobierno fue mal visto por varios ciudadanos,
quienes no lograban asimilar la idea de que una
institución gubernamental adoptase una filosofía la
cual se conocía como para atacar a los Estados opresores,
e incluso se veía de forma cínica que quien tiene
el monopolio de
las armas andará pregonando la noviolencia, pero lo que
nunca se reflexiono fue el porque otros no apelaron mucho antes a
este tipo de filosofía para tratar el conflicto, que
quienes alguna ves fueron violentos y hoy pregonan la noviolencia
también usaron armas, que el saber usar un arma lleva
impregnada la responsabilidad de hacer uso de ella, y que es
inherente a los Estados y a los Gobiernos ejercer el uso legitimo
de las armas.

Y existe una critica aun más acérrima y es
la de convertir una filosofía en una alternativa
política, pero acaso la paz no es un derecho de
obligatorio cumplimiento, y el Estado debe salvaguardarla para
bien de todos sus súbditos, pero realizándolo de
forma tal que no implique el mantenimiento de un estatus quo o un
Gobierno pacificador y no pacifista. Al ser la paz un proceso
dinámico y permanente que requiere de continuos esfuerzos,
se convierte en una prioridad del sistema social, sistema el cual
se encuentra instaurado por caracteres culturales, entre los
cuales encontramos que la guerra no es una condición
cultural humana y que los seres humanos no somos violentos por
naturaleza.

La noviolencia posee en si misma razones que le permiten
instaurarse como una alternativa, esta cuenta con una
metodología activa para influir en el curso y en el
resultado de un conflicto, esto requiere de un trabajo activo,
participativo y transformador, esto implica que el trabajo de
la noviolencia es una forma de ejercicio que crea en el individuo
un poder integrador y un empoderamiento ciudadano, pero este tipo
de poder no es el del fusil o el del cañón ni
tampoco ningún tipo de poder destructivo, de
sumisión o subordinación, sino un poder entendido
como una capacidad para la acción.

"La noviolencia puede combinar la resistencia activa,
incluyendo la desobediencia civil, con el diálogo;
puede combinar la no cooperación, retirar el apoyo a un
sistema de opresión, con el trabajo de construir
alternativas en positivo. En algunas ocasiones, y como forma de
comprometerse en el conflicto, la noviolencia intenta aportar
elementos de reconciliación: reforzar el tejido social,
dar poder a quienes se encuentran en los márgenes de la
sociedad e implicar a gentes de distintos bandos a la hora de
buscar una solución. Aún cuando no sea posible
alcanzar tales objetivos de modo inmediato, nuestra noviolencia
nos mantiene firmes en la determinación de no destruir
nunca a otras personas." La investigación en los
países de occidente sobre la noviolencia se concentra en
el impacto que tiene la acción noviolenta sobre sus
adversarios pero reconoce la necesidad del empoderamiento y la
descentralización de la noviolencia como base para el
empoderamiento.

ELEMENTOS PARA UNA SOCIEDAD
PARTICIPANTE.

SOBRE EMPODERAMIENTO
CIUDADANO

El empoderamiento ciudadano significa transformar las
relaciones de poder (entendido este como el incremento de la
capacidad de influencia) a través de la
transformación de uno mismo, de las relaciones sociales y
de la cultura.

El empoderamiento social significa que las personas
vuelven a recuperar su poder para influenciar y diseñar su
situación de vida, en contra de la exclusión, para
la participación democrática la paz y los derechos
humanos.

SOBRE CONTROL
SOCIAL

El control social a la gestión pública es
una forma de participación que permite a los ciudadanos
influir en las condiciones de modo, tiempo y lugar en que se
desarrolla el proceso de gestión pública con el fin
de regularlo, orientarlo y reorientarlo hacia el logro de los
objetivos propuestos, la eficiente y transparente
utilización de los recursos, la prestación
equitativa de los servicios.

 El control social supera la simple
fiscalización posterior a la inversión y se
constituye en proceso de inclusión permanente de los
ciudadanos y organizaciones en los diferentes momentos del
proceso de gestión pública.

El control social enmarcado dentro de la política
pública de democratización del estado, se convierte
en recurso y escenario de regulación de las actuaciones
gubernamentales frente a lo que es de interés
público.

CONCLUSIONES

• En efecto, como ya es claro a estas alturas, el
  programa de educación cívica democrático y
  participativo como el Plan Congruente de Paz y las Asamblea
  Departamental Constituyente son fuertemente valorativos y
  morales. Aspira a la formación de un tipo muy
  específico de ciudadano, con rasgos extraordinariamente
  peculiares: autonomía, deliberación, juicio
  político y empoderamiento.
• La seguridad democrática tiene mucho que ver
  con la normativa de los derechos humanos. Es más: la
  seguridad democrática se inscribe y forma parte de los
  mismos derechos humanos. Este es el valor de esa normativa. El
  Estado democrático, de derecho y social de derecho se
  defiende, tanto a corto, o mediano como a largo plazo, a
  través de métodos que respeten el principio de la
  identidad del valor de los mismos derechos humanos. De esta
  manera, el Estado se está defendiendo con métodos
  que aseguren su sostenibilidad, para el bien de todos los
  miembros de la nación.
• Una visión integral del binomio Legitimidad –
  Eficacia implica entender la legitimidad tanto como la
  capacidad del régimen de promover actitudes
  positivas hacia el sistema político, como para crear
  estrategias para el ejercicio de una ciudadanía plena,
  sin exclusiones. Eficacia entendida tanto como el incremento de
  los niveles de racionalidad y eficiencia del Estado en torno a
  su funcionamiento y puesta en práctica de las
  políticas públicas, como en dirección a
  garantizar crecientes niveles de justicia social y de
  disminución de la pobreza y la
  marginalidad.
  Esta perspectiva también implica dejar de lado la idea
  de que existe sólo un factor dinámico en la
  construcción de las condiciones para la gobernabilidad
  democrática. Exige volver la vista hacia el conjunto de
  los actores sociales y apostar a la capacidad de
  organización y de articulación de demandas como
  mecanismos para posibilitar la participación ciudadana
  más allá del voto y del control de la
  gestión pública, el fortalecimiento de la
  sociedad civil pasa a desempeñar un rol fundamental
  dentro del concepto de gobernabilidad.
• En el trabajo realizado durante año y medio en
  el Plan Congruente de Paz, fundamentados en su componente
  pedagógico – la noviolencia – que contiene
  elementos políticos, sociales, religiosos,
  antropológicos, históricos entre otros nos llevan
  a la conclusión de que unos de los pasos y tal vez el
  más relevante – la acción directa –
  es en el que enmarcamos la Asamblea Constituyente de Antioquia,
  por que antes de la acción se realizo:

1. La elección de los Objetivos.
2. Una forma de acción.

   Durante la acción:

   1. Se mantiene una postura activa.
   2. Se aplican técnicas Noviolentas.
   3. Se realiza en una comunidad definida.
   4. Se encuentra cohesión grupal.
3. Una preparación técnica.

Y como resultado de esta acción encontramos que
la comunidad en ejercicio soberano contextualiza una crisis con
un trasfondo de grandes problemas de orden estructural, esta
enfrentando dos retos:

1. Reducir la violencia.
2. Configurar un proyecto colectivo de
   región.

Donde todos sus habitantes enfrentan las carencias del
pasado y las radicales transformaciones económicas,
sociales, políticas y ambientales. Que arrojara como
trascendental consecuencia una política
social de paz emanada por el constituyente
primario.

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