El crecimiento
económico y la distribución de los ingresos
para la economía chilena desde antaño, se ha
comportado desigualmente y convertido en una cultura
capitalista inequitativa, con referencias económicas
desiguales de larga data desarrollados en el proceso de
distribución tanto en los sectores primarios como
pequeñas empresas y
grupos
obrero-agricultores, como secundarios y terciarios este ultimo
compuesto por grandes empresas capitalistas.
Las ganancias obtenidas por estos sectores se
contraponen entre si desarrollando grandes brechas de crecimiento
económico y desigualdad vigentes hasta hoy, obteniendo
como resultado una exclusión siocio-económica de
los sectores más desmejorados, por lo cual la tendencia
prioritaria dentro de las acciones
estratégicas de contingencia social, se encuentra en ser
un país más equitativo, preocupado por superar la
extrema pobreza y mejorar
la inequidad en la distribución del ingresos, generando
estrategias que
impliquen reformas en una multiplicidad de factores
socio-económicos.
Sin embargo los porcentajes de ingresos per capita
siguen siendo uno de los principales factores inequitativos,
permitiendo el asentamiento de la pobreza
total.
Si bien a aumentado el acceso de los sectores pobres a
la economía capitalista el ingreso sigue siendo
insuficiente, y las variables de
empleo,
salud, educación, etc.
siguen en contraste con la desigualdad.
En Chile se presenta una tendencia a mejorar la mala
distribución del ingreso, sin embargo los escasos aveces
en materia de
distribución son explicados por la desigualdad en el
acceso al empleo y en la calidad de estos.
En cuanto a la educación el
mejoramiento educacional no significa necesariamente una
regulación de ingreso debido principalmente a que el
ingreso se genera pero a menor costo
económico, presentando barreras a corto plazo que se
relacionan con una distribución inequitativa.
Asimismo la distribución del ingreso presenta
gran incidencia en relación al genero y
presentando como un factor descriminador, la mujer percibe
menor ingreso que el hombre,
pero su discriminación se acentúa aun mas en
aquellas que no presentan un nivel educacional profesional y que
es en este grupo donde se
encuentra la mayor población.
Pobreza y
distribución del ingreso
La superación de la pobreza se ha convertido
desde hace varios decenios en uno de los objetivos
fundamentales de los países en desarrollo y
de Chile en particular. Sin embargo, no existe pleno cuerdo sobre
la definición de pobreza; además, ésta va
cambiando a través del tiempo.
En América
Latina, por razones operativas, se ha generalizado la
definición de los pobres como aquellas personas cuyo
ingreso per capita es inferior al valor de dos
canastas básicas de alimentos. Se
supone que con el valor de la segunda canasta se pueden cubrir
las necesidades básicas no-alimentarias. Además, se
considera extremadamente pobres, o indigentes, a las personas
cuyo ingreso per capita es inferior al valor de una canasta
alimentaria básica. En todos los casos se entiende que se
trata del ingreso familiar per capita.
En Chile, la fuente de información más confiable y
utilizada es la encuesta CASEN
(Caracterización Socioeconómica Nacional),
elaborada por MIDEPLAN. Ella permite determinar qué
proporción de la población está por debajo
de las líneas de pobreza e indigencia. Pero no da cuenta
de cuál es el nivel de superación de la pobreza, ni
de quiénes y por qué vuelven a caer por debajo de
las líneas.
A lo largo de la historia, la pobreza ha sido
un tema que ha ido adquiriendo cada vez mayor relevancia en
Chile. Los altos índices de población que se
encuentran en esta situación, han sido factores de
preocupación para el Gobierno, por lo
cual, ha sido necesario diseñar instrumentos de
medición que permitan obtener una fotografía
de la realidad que presenta el país, y lo que
además, posibilite, posteriormente establecer políticas
sociales que apunten a mejorar las falencias que se
detecten.
Es a partir de esto, que MIDEPLAN crea una fuente de
información confiable denominada Encuesta CASEN, la que a
partir del año 1985, se ha aplicando con una periodicidad
de 2 años, y la que ha permitido medir la
Distribución del Ingreso en Chile y, para lo cual ha se
han establecido 2 tipos de distribución: la que considera
solo la distribución del ingreso autónomo, que
incluye solo los ingresos generados por las familias, es decir,
se excluye todo impacto de subsidios; y los ingreso con impacto
distributivo, la cual considera tanto los subsidios monetarios
como no monetarios del Estado. Esto
permite tener una visión más cercana de la calidad de
vida que presentan los hogares chilenos.
Los datos obtenidos
desde 1985, muestran las desigualdades existentes en la
Distribución del Ingreso en Chile, el 10 por ciento
(decil) más rico de la población se lleva
más del 40 por ciento de los ingresos, mientras que el 10
por ciento más pobre recibe un monto que alcanza el 1 por
ciento.
Pese a esto, las estadísticas arrojan resultados que
informan que Chile ha vivido un período de crecimiento
alto y sostenido en los últimos años. Como
consecuencia, la pobreza se ha reducido significativamente, pero,
¿este crecimiento está realmente acorde con los
niveles de crecimiento del país?, ¿es acaso justo
que esos niveles de pobreza sigan existiendo?
La justificación de parte del gobierno, que si
bien nos parece válida no nos parece justa, compara que el
hecho de que en 1987 el 44% de la población tenía
ingresos por debajo de la línea de pobreza. En el 2003 esa
cifra alcanzaba a 18.8% (Mideplan, 2003). Si la pobreza se
midiese corrigiendo la canasta básica con precios
regionales y se incorporara el factor composición
demográfica de los hogares, la reducción de la
pobreza sería aún mayor que lo que indican las
cifras oficiales. Ahora bien, también nos compete
cuestionar el hecho de sí ¿Para los índices
de crecimiento económico de nuestro país es o no
pertinente que una persona deje de
ser pobre o indigente por la cantidad de dinero que se
calcula en una canasta familiar? (entendiéndose que una
canasta familiar en zona urbana es de $43.712.- y $29473.- en
zona rural) con la cual se espera satisfaga sus necesidades
básicas.
Hay que tener claro que si bien han existido importantes
logros en materia de reducción de la pobreza estos no han
sido acompañados o no han ido al mismo ritmo que los
avances esperados en la distribución del ingreso. En los
últimos años ésta se ha mantenido
inalterada, o mejor dicho "intachable", sin modificaciones
positivas; es más, se indica que ha sido relativamente
estable (si se utilizan estudios con metodologías
comparables) en los últimos 30 ó 40 años.
Algo que, por lo demás, parece ser una
característica de distintos países y regiones en el
mundo. La carencia de progresos en esta materia ha generado una
preocupación en distintos ámbitos de la vida
nacional. Y esta preocupación se explica no tanto por la
ausencia de avances sino principalmente porque la
distribución del ingreso en Chile se caracteriza por ser
relativamente desigual.
No se puede dejar de mencionar que durante los
últimos trece años en Chile no sólo se ha
experimentado un crecimiento económico considerablemente
más elevado que el del resto de los países de la
región, sino que también se ha preocupado de poner
en pie un conjunto de programas y
políticas sociales tendientes a subsanar la desigualdad de
"oportunidades" (¿o de derechos?), y ha efectuado
ya bastantes reformas laborales y tributarias impensables en los
años 80. Pero sin embargo aquí nos encontramos con
el contraste que presentan estos logros con una
distribución del ingreso que se sitúa entre las
peores de América
Latina, y del mundo, lo cual incrementa la desazón y
desconcierto. ¿Cómo es posible que si en 1990 el
Índice de gini alcanzaba un valor de 55,9 puntos, el
año 2000 se haya incrementado a 57,1 puntos?
¿Cómo explicar que el 20% más rico de la
población chilena concentre un 62,2% de todos los
ingresos, y que represente más de 18 veces el ingreso del
20% más pobre?. A esto nos referíamos cuando nos
preguntamos si los niveles de pobreza son adecuados o no para el
nivel de crecimiento económico de nuestro
país.
Los antecedentes que se entregan haciendo referencia a
la inequidad en la distribución de ingresos en nuestro
país pone en el tapete una serie de discusiones frente a
este tema a todo los sectores políticos, en donde unos
reclaman que el modelo
económico del país es completamente refutable, que
no ha dado los resultados esperados, por otra parte están
quienes dicen que esto es vergonzoso, pero que para superar la
pobreza no es necesario redistribuir, sino más bien
superar la pobreza teniendo como base la mejora en la
educación, pero es el gobierno el que justifica sus logros
dando a conocer la mejora en los niveles del gasto social, el
cual ha intentado incesantemente de superar la
desigualdad.
Es preciso señalar que durante mucho tiempo
imperó la idea –avanzada inicialmente por Kutnetz a
partir de la experiencia de Estados Unidos,
Inglaterra y
Francia– de
que el crecimiento económico iba acompañado
persé por un periodo inicial donde se
visualizaría una mayor desigualdad, para luego de un
cierto momento iniciar un proceso de reducción.
El problema aquí es que hay diversos estudios que
no han encontrado esa regularidad, y, más importante
aún, la experiencia a partir de los años 80 es de
una creciente desigualdad en prácticamente todas las
naciones del planeta. Esto sin duda ha provocado un cierto grado
de desesperanza que nos permite pensar, hasta cuándo
tendremos que esperar para que termine esta desigualdad inicial,
la transición llegará algún día a su
fin… el tema de la desigualdad ni siquiera debe ser un
tema de discusión, lo importante es terminar con la con
las diferencias discriminadoras entre los polos sectoriales
sociales, no hace falta seguir discutiendo, sino de una vez
regular estás diferencias.
Decir que el remedio apropiado para mejorar la mala
distribución del ingreso en Chile es mejorar la calidad de
la educación se ha convertido en un "cliche". Es la
respuesta más fácil y menos conflictiva, y tiene la
virtud de remitir a un futuro incierto. Desde la derecha y de
importantes grupos empresariales se esgrime como una defensa
frente a otras posibles acciones que pudieran plantearse, y de
paso permite criticar al gobierno por no ser capaz de dar con una
fórmula más efectiva para abordar este
tema.
Obviamente el nivel de la calidad de la educación
es importante en la mejora de la distribución de ingreso,
los más instruidos tendrán mejores posibilidades de
ingresar a un buen empleo y así incrementar su poder
adquisitivo, pero esta no es la solución, así como
mejoren los niveles de la educación pública, va a
mejorar la calidad de la educación de los grupos que
conforman los deciles de más altos ingresos y esto
será un circulo vicioso que no hará más
que… sí, mejorar la calidad de vida, pero no
disminuir la brecha existente entre los "más ricos" y los
"más pobres".
Este tema puede adquirir nuevas complejidades al momento
que incorporamos a la variable educación, la variable
género.
Es claro que la situación económica de una familia mejora si
existen dos perceptores de ingreso. La incorporación de la
mujer al mercado del
trabajo
contribuye en ese sentido a mejorar el nivel de vida de la
población. Pero, ¿qué ocurre si la
participación de las mujeres no es homogénea a lo
largo del espectro de las familias? Eso es precisamente lo que
ocurre actualmente en Chile: las mujeres de mayor nivel
educacional son las que se están incorporando de manera
más activa al mercado del trabajo de acuerdo al
último Censo. Este movimiento sin
duda ha contribuido a incrementar los diferenciales de ingreso.
Adicionalmente, ocurre que similares niveles de formación,
las mujeres son peor remuneradas que los hombres, de modo que un
hogar que depende económicamente de una mujer (los
cuáles ha aumentado en Chile, también de acuerdo al
Censo) estarán en peor situación que aquellos en
que el jefe de hogar es hombre.
Obviamente, eso tiene poco que ver con el tema
educacional.
Considerando los resultados obtenidos de la ultima
Encuesta realizada, el impacto distributivo del Gasto Social
(principales programas de educación, salud, subsidios
monetarios entre los hogares según decil del ingreso
autónomo per capita del hogar, el ingreso mensual promedio
que representan estos programas para los hogares, así como
el impacto de este en la distribución del ingreso) ha sido
la creación de una Reforma Constitucional que garantiza 12
años de escolaridad, por lo que desde el 2003 el 92,6% de
la población asiste a establecimientos con financiamiento
publico. En el campo de la salud también se produjeron
algunos avances como el incremento de atenciones primarias, al
igual que las atenciones dentales y otros. Durante el mismo
año (2003) el Estado
transfirió presupuestos a
los hogares del país, a través de subsidios
monetarios: Pensiones Asistenciales, Subsidio Único
Familiar, Subsidio al Consumo de
Agua Potable y
Subsidio de Cesantía. Esto esta dirigido a familias de
menores ingresos y su distribución se realiza a
través de un conjunto de criterios de
focalización.
Ruth Railén
Rodrigo Toro
Jaime Urrutia
UST Concepción, Chile.