- LA DOCTRINA
PERONISTA - LA INSUFICIENCIA DE LAS VIEJAS
RESPUESTAS - LOS GOBIERNOS PERONISTAS (1946
– 1955) - LAS REFORMAS DEL SISTEMA
EDUCATIVO - EL CONFLICTO CON LA IGLESIA
CATÓLICA - VISTA PREVIA AL GOBIERNO
MENEMISTA: - EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA
EDUCATIVO - LEYES PRIMORDIALES DE ESTA
ETAPA - UN NUEVO FRENTE DE
PRESIÓN: LOS DOCENTES - APARICIÓN DE HUELGUISTAS Y
CARPA BLANCA DOCENTE - LA SITUACIÓN
ACTUAL: - LINEAMIENTOS GENERALES EN EL
ESTADO NEOLIBERAL - CONSECUENCIAS MÁS
IMPORTANTES DE LA LEY FEDERAL DE
EDUCACIÓN - CONSECUENCIAS PRÓXIMAS DE
LA REFORMA
El peronismo se
presenta como una nueva propuesta política, centrada en
el bien común que reconstruiría un país
lastimado por la exclusión
social, la pobreza y la
falta de trabajo y de
inequidad social. Nos parece importante, para comprender con
mayor exactitud la política peronista, incorporar al
inicio de nuestro trabajo los veinte principios
fundamentales expresados por Perón
sobre los cuales se asienta su política, destacamos entre
ellos la idea de justicia
social y de bienestar común:
Defiende un solo interés: el del pueblo.
- La verdadera democracia
es aquella donde el gobierno
hace lo que el pueblo quiere yTanto, no peronista.
- El peronismo es esencialmente popular. Todo
círculo político es antipopular y, por
loCaudillo, lo es sólo de nombre.
- El peronista trabaja para el Movimiento.
El que en su nombre sirve a un círculo o a
un - No existe para el peronismo más que una sola
clase de
hombres: los que trabajan.Uno produzca por lo menos lo que consume.
- En la Nueva Argentina el trabajo
es un derecho y es un deber, porque es justo que
cada - Para un peronista no puede haber nada mejor que otro
peronista.Un peronista comienza a sentirse más de lo
que es, empieza a convertirse en oligarca. - Ningún peronista debe sentirse más de lo
que es, ni menos de lo que debe ser. CuandoPatria, después el Movimiento y luego los
hombres. - En la acción política la escala de
valores de
todo peronista es la siguiente: primero laEs la felicidad de sus hijos y la grandeza
nacional. - La política no es para nosotros un fin, sino
sólo el medio para el bien de la Patria, que - Los dos brazos del peronismo son la Justicia Social y
la Ayuda Social. Con ellos damos
Al pueblo un abrazo de justicia y amor.
11. El peronismo anhela la unidad nacional y no la lucha. Desea
héroes pero no mártires.
12. En la Nueva Argentina los únicos privilegiados son los
niños.
13. Un gobierno sin doctrina es un cuerpo sin alma. Por eso
el peronismo tiene una doctrina política, económica
y social: el Justicialismo.
14. El Justicialismo es una nueva filosofía de la vida,
simple, práctica, popular, profundamente cristiana y
profundamente humanista.
15. Como doctrina política, el Justicialismo
realiza el equilibrio del
derecho del individuo con
el de la comunidad.
16. Como doctrina económica, el Justicialismo realiza la
economía
social, poniendo el capital al
servicio de la
economía y ésta al servicio del bienestar
social.
17. Como doctrina social el Justicialismo realiza la
Justicia Social, que da a cada persona su
derecho en función
social.
18. Queremos una Argentina socialmente Justa,
económicamente Libre y políticamente Soberana.
19. Constituimos un gobierno centralizado, un estado
organizado y un pueblo libre.
20. En esta tierra lo
mejor que tenemos es el pueblo.
LA INSUFICIENCIA DE LAS VIEJAS RESPUESTAS
Durante la década de 1930, la sociedad
argentina se volvió cada vez más compleja como
producto del
desarrollo
industrial; de las migraciones internas y externas, de la
conformación de demandas de sectores recientemente
constituídos o asociaciones sindicales, profesionales,
académicas, estudiantiles; de la gestación de
nuevos campos técnico – profesionales. Ni el
sistema
educativo estatal vigente, ni la capacitación en fábricas o la educación laboral realizada
por parroquias, alcanzaban a responder a la demanda social
de una educación que fuera moderna y que superara las
clásicas deficiencias del sistema, es
decir, la deserción, la repitencia y la exclusión
de los sectores más pobres de la población. Las insuficiencias en el
desarrollo de la sociedad civil
para hacerse cargo de mediante formas privadas de
educación de los problemas
planteados, se hicieron evidentes durante los últimos
años de la década de 1930.
La sociedad civil desarrolló desde fines del
siglo XIX múltiples modalidades dirigidas a responder al
conjunto de necesidades educativas de las que el Estado
conservador no se hacía cargo. Si bien, durante el
yrigoyenismo se ampliaron los márgenes de los servicios
educativos estatales, no se realizaron modificaciones
sustanciales al sistema consolidado desde 1884 hasta 1916. En la
década de 1930 tanto aquel sistema, como las sociedades
populares de educación comenzaron a resultar insuficientes
para atender a una población que había crecido
considerablemente al ritmo de la modernización. La demanda
de capacitación para obreros, empleados, adultos y mujeres
crecía y era más compleja. La industria
aceleraba su desarrollo, las capas humildes de campesinos que
llegaban a las ciudades, especialmente a Buenos Aires,
aspiraban a lograr una capacitación que los hiciera aptos
para ingresar a una fábrica y ascender
socialmente.
Por todos estos factores, es que las miradas se
dirigieron hacia el Estado, exigiendo acciones
centralizadoras. La comunidad educativa consideraba necesario la
verticalización de la conducción educativa en el
Estado Nacional. Reclamaba que este último extendiera su
capacidad de contención de la población que
demandaba algún tipo de educación y de la
modernización del sistema escolar, en especial su
función de capacitador para el trabajo
industrial.
LOS GOBIERNOS PERONISTAS
(1946 – 1955)
Cultura en los sectores populares: a partir de 1945 hubo
cambios muy importantes en la cultura
Argentina bajo un panorama manifestado de la siguiente manera:
por un lado una elite junto a una clase media que buscaba
ascender con rasgos de minoría culta y por el otro una
cultura popular distinta y totalmente opuesta. Esta última
adquirió carácter Nacional. El proceso de
nacionalización se intensificó gracias a la
decreciente inmigración y a la falta de productos
extranjeros (a causa de la Segunda Guerra mundial).
La característica más relevante de esta
situación fue el enfrentamiento entablado entre "la
cultura nacional y popular" y "la cultura oligárquica"
donde ambas defendieron su acción, sus códigos y
actitudes.
El teatro, las
universidades, los museos, las bibliotecas, y la
literatura
siguieron siendo ámbitos predominantes de la elite y la
clase media. El símbolo del conflicto
social cultural del peronismo se traduce a la frase del sector
popular "alpargatas sí, libros no".
Para los trabajadores aislados de la cultura elitista, ser culto
era ser rebelde con la oligarquía, ya que esto dignificaba
su identidad como
pueblo.
Sobre todo este conflicto se expresó en la
educación, para ser más precisos en las instituciones
educativas, con un crecimiento de matrículas en los tres
niveles de enseñanza, lo que significó una
incorporación masiva de los sectores trabajadores a nuevos
ámbitos culturales.
La candidatura de Perón fue apoyada por un frente
heterogéneo de partidos articulados en torno a dos
núcleos. Uno de los núcleos era el Partido
Laborista, una institución política creada por la
CGT, cuyo primer afiliado era el propio Perón. El otro era
un desprendimiento de la UCR denominado UCR – Junta
Renovadora, liderado por Hortensio Quijano, el candidato a
vicepresidente. También, en varias provincias, algunos
caudillos conservadores respaldaron a Perón, al igual que
el Ejército. Finalmente, la posición oficial de la
Iglesia
también favorecía indirectamente a la
fórmula Perón – Quijano. Como en las
elecciones de 1931 y 1937, la Iglesia manifestó que
prohibía a los católicos votar por partidos que
sostuvieran la separación del Estado con la Iglesia, el
laicismo escolar y el divorcio
legal. En la medida en que Perón reafirmaba su
orientación católica, proponía "la
enseñanza obligatoria, gratuita y laica de 6 a 14
años", la opción por Perón se manifestaba
con claridad.
En 1946, Juan Domingo Perón asumió la
Presidencia. Perón inauguró su gobierno con un
mensaje de conciliación con la oposición opositora.
Sin embargo, varias decisiones políticas
que tomó durante los dos primeros años de su
mandato desmintieron estas intenciones. Uno de los objetivos
prioritarios de Perón era organizar y disciplinar a sus
seguidores. El proceso de reunificación de los distintos
sectores bajo el liderazgo
exclusivo de Perón se completó en 1947 con la
creación del Partido Peronista y en 1949 con la
creación del Partido Peronista Femenino. Estas entidades
se encuadraban junto con la CGT en el Movimiento
Peronista.
En los discursos y
proclamas de Perón como presidente, se podía
observar que el gobierno no consideraba al Movimiento Peronista
como una agrupación política más, sino que
tendía a identificarlo con toda la nación.
Esta concepción tornaba ilegítima cualquier
oposición: el desacuerdo con la doctrina peronista era,
para el gobierno, un enfrentamiento con la nación
misma.
De esta manera, Perón llevó adelante una
política de marginación de las expresiones
políticas y sociales opositoras. Durante todo el mandato
de Perón los medios de
comunicación independientes fueron sometidos a fuertes
presiones, como así también los políticos
opositores sufrieron la persecución del
gobierno.
La doctrina peronista incorporaba algunas ideas
generales entre las que se destacaba la de la justicia social.
Por cierto, la justicia social tenía antecedentes en la
historia
argentina, pues distintos partidos y organizaciones
sociales, habían planteado en las décadas
anteriores concepciones semejantes a las de Perón. Pero
ninguna de ellas había hecho de esta idea el eje de su
política. La noción de justicia social
suponía el reconocimiento de las desigualdades sociales
generadas por el funcionamiento de una economía
capitalista, pero excluía la alternativa de un cambio
revolucionario hacia un sistema socialista. La alternativa
propuesta residía en una intervención estatal, que
arbitrara en el conflicto entre el capital y el trabajo y
socorriera a los sectores más desprotegidos de la sociedad
argentina.
Otras de las ideas centrales del pensamiento de
Perón era la "Tercera Oposición". Esta
concepción presentaba al justicialismo como una
alternativa ante los dos grandes sistemas
políticos e ideológicos existentes durante la
Guerra
Fría. Esta postura era considerada como la
superación de la oposición entre el individualismo
capitalista y el colectivismo marxista.
La aplicación de esta orientación a la
política exterior se expresaba en que el gobierno
peronista se manifestaba independiente frente al conflicto entre
el bloque occidental y el comunista.
Durante la segunda posguerra, se afianzó en los
países capitalistas la tendencia hacia una mayor
intervención estatal en la vida económica y social.
En los países industriales de Europa occidental
y de América
del Norte se desarrolló un nuevo tipo de Estado denominado
"Estado de Bienestar". La transformación consistió
en que los estados de bienestar, aseguraban al conjunto de la
población una amplia cobertura de servicios sociales.
Así, durante los 30 años posteriores al fin de
la Segunda Guerra
Mundial, el panorama social de los países industriales
estuvo marcado por la extensión de los servicios de
salud y de
educación, por el desarrollo de programas de
seguridad
social y de vivienda y por la implementación de
seguros de
desempleo.
Estas tendencias también se manifestaron en la
Argentina, con algunos rasgos diferenciales: la expansión
de los servicios sociales fue muy rápida y, además
los cambios en la legislación social y el súbito
crecimiento de los asalariados en el ingreso nacional se
realizaron en un marco de baja conflictividad social. Esto se
debió principalmente a las ventajosas condiciones
económicas del país a comienzos de la segunda
posguerra.
La buena situación económica
permitió sostener un importante aumento del gasto
público, el Estado aumentó la inversión en vivienda, salud, seguridad y
educación.
Un componente importante de la política
social del gobierno fue la ayuda directa a los sectores
más necesitados de la población, ejecutada a
través de un organismo paraestatal, la Fundación
Eva Perón.
Eva Perón mantuvo una estrecha relación
con aquellos sectores débilmente cubiertos por otras
formas de protección estatal o sindical. La
orientación distribucionista del gobierno en un contexto
económico propicio favoreció tanto el pleno
empleo como la
ampliación del mercado interno.
La acción estatal con respecto a la ampliación de
servicios de salud, educación, construcción de viviendas, y en general, de
los sistemas de seguridad social, tuvieron un fuerte impacto
positivo sobre el bienestar de los sectores populares.
LAS REFORMAS DEL SISTEMA
EDUCATIVO
Las reformas al sistema realizadas durante el primer
gobierno peronista, se fundamentaron en los principios del Primer
Plan
Quinquenal (1947). El Plan destaca la búsqueda de una
filosofía educacional que equilibre materialismo e
idealismo y
que haga compatible el principio de democratización de la
enseñanza, con la creación de una modalidad de
compensación para quienes no han tenido las oportunidades
de educación que otros poseen. Entre las primeras
observaciones que surgen frente a esta primera reforma del
sistema hecha por el peronismo, se destacan:
- No se incluye la gratuidad en el nivel secundario, a
diferencia de lo que ocurre en el
Nivel primario y la universidad. Al
respecto, surgen varias hipótesis, tales como que se consideraba
que el nivel medio debía ser selectivo y que a la
Universidad sólo debían acceder los alumnos mejor
capacitados. También, es posible que se diera especial
importancia al aporte empresarial para sostener el nivel medio
técnico, que serviría a la capacitación de
recursos
humanos, inmediato interés de ese sector. Finalmente,
es posible que la gratuidad de la Universidad haya sido una
medida tomada con el objetivo de
calmar las tensiones provocadas ante la decisión de
quitarle la autonomía.
- Este plan consideraba problema de Estado la promoción y el enriquecimiento de
la
Cultura nacional. Proveía dos vías
principales para la acción cultural: por la
enseñanza y por la tradición. La primera se
desarrollará a través de las escuelas, los colegios
las universidades, los conservatorios, los centros
científicos y los centros de perfeccionamiento
técnico. La segunda mediante el folklore, la
danza, la
religión,
la poesía
popular, la familia, la
historia y los
idiomas.
En 1949, con Oscar Ivanissevich a la cabeza, se
retrocedió respecto de las propuestas del Primer Plan
Quinquenal, quedó consagrada la subsidiariedad del Estado
en materia de
educación y se limitó la autonomía de las
universidades.
Perón, una vez afirmado el control del
Movimiento Peronista y limitadas las posibilidades de
acción de la oposición política y social,
decidió reformar la Constitución Nacional.
El objetivo de esta medida era adecuar el ordenamiento
constitucional del país a los cambios que había
producido el peronismo. La nueva Constitución fue
sancionada en 1949 e incluyó algunos principios del
justicialismo, además de la reelección
presidencial. Entre los principios fundamentales, se incluyen en
el artículo 37, los derechos de la
educación y la cultura, que establecen: la
educación y la instrucción corresponden a la
familia y a
los establecimientos particulares y oficiales que colaboren con
ella, conforme a lo que establezcan las leyes. Para ese
fin, el Estado creará escuelas de primera
enseñanza, secundaria, técnico –
profesionales, universidades y academias.
1. La enseñanza tenderá al desarrollo del
vigor físico de los jóvenes, al perfeccionamiento
de sus facultades intelectuales
y de sus potencias sociales, a su capacitación
profesional, así como a la formación del
carácter y el cultivo integral de todas las virtudes
personales, familiares y cívicas.
2. La enseñanza primaria elemental es obligatoria
y será gratuita en las escuelas del Estado.
La enseñanza primaria en las escuelas rurales
tenderá a inculcar en el niño el amor a la
vida del campo, a orientarlo hacia la capacitación
profesional en las faenas rurales y a formar la mujer para las
tareas domésticas campesinas. El Estado creará, con
ese fin, los institutos necesarios para preparar un magisterio
especializado.
3. La orientación profesional de los
jóvenes, concebida como un complemento de la acción
de instruir y educar, es una función social que el Estado
ampara y fomenta mediante instituciones que guíen a los
jóvenes hacia las actividades para las que posean
naturales aptitudes y capacidad, con el fin de que la adecuada
elección profesional redunde en beneficio suyo y de la
sociedad.
4. El Estado encomienda a las universidades la
enseñanza en el grado superior, que prepare a la juventud para
el cultivo de las ciencias al
servicio de los fines espirituales y del engrandecimiento de la
Nación y para el ejercicio de las profesiones y de las
artes técnicas
en función del bien de la colectividad. Las universidades
tienen el derecho de gobernarse con autonomía, dentro de
los límites
establecidos por una ley especial que
reglamentará su organización y funcionamiento.
Una ley dividirá el territorio nacional en
regiones universitarias, dentro de cada una de las cuales
ejercerá sus funciones la
respectiva universidad. Cada una de las universidades,
además de organizar los conocimientos universales cuya
enseñanza le incumbe, tenderá a profundizar el
estudio de la literatura, historia y folklore de su zona de
influencia cultural, así como a promover las artes
técnicas y las ciencias aplicadas con vistas a la
explotación de las riquezas y al incremento de las
actividades económicas regionales.
Las universidades establecerán cursos
obligatorios y comunes destinados a los estudiantes de todas las
facultades para su formación política, con el
propósito de que cada alumno conozca la esencia de lo
argentino, la realidad espiritual, económica, social y
política de su país, la evolución y la misión
histórica de la República Argentina, y para que
adquiera conciencia de la
responsabilidad que debe asumir en la empresa de
lograr y afianzar los fines reconocidos y fijados en esta
Constitución.
5. El Estado protege y fomenta el desarrollo de las
ciencias y de las bellas artes,
cuyo ejercicio es libre; aunque ello no excluye los deberes
sociales de los artistas y hombres de ciencia.
Corresponde a las academias la docencia de la
cultura y de las investigaciones Científicas
postuniversitarias, para cuya función tienen el derecho de
darse un ordenamiento autónomo dentro de los
límites establecidos por una ley especial que las
reglamente.
6. Los alumnos capaces y meritorios tienen el derecho de
alcanzar los más altos grados de instrucción. El
Estado asegura el ejercicio de este derecho mediante becas,
asignaciones a la familia y otras providencias que se
conferirán por concurso entre los alumnos de todas las
escuelas.
7. Las riquezas artísticas e históricas,
así como el paisaje natural cualquiera que sea su
propietario, forman parte del patrimonio
cultural de la Nación y estarán bajo la tutela del
Estado, que puede decretar las expropiaciones necesarias para su
defensa y prohibir la exportación o enajenación de los tesoros
artísticos. El Estado organizará un registro de la
riqueza artística e histórica que asegure su
custodia y atienda a su conservación.
Las diferencias ideológicas entre el Plan y la
reforma constitucional de 1949, difieren también en las
metas que se proponen. Frente al perfil nacionalista y vinculado
a la práctica y al trabajo propuesto por Arizaga, el nuevo
texto
constitucional ubica como prioridad el desarrollo físico
de los jóvenes. En segundo lugar quiere el
perfeccionamiento de sus facultades intelectuales y luego su
capacitación profesional.
Detrás de la reforma de la educación
peronista estaba la valorización de la educación
laboral como parte de la planificación del desarrollo nacional, por
esto se crean numerosos establecimientos de educación
técnica, destinadas a la formación de mano de obra
calificada al interior del país.
Los siguientes datos nos sirven
para comprobar nuestra hipótesis, en la
cual afirmamos que se producen importantes progresos en la
educación estatal durante el peronismo, ya que la
enseñanza media normal pasó de 48.794 alumnos en
1943 a 55.238 en 1948 y 97.306 en 1955, es decir que
duplicó su población durante este período.
En 1943, eran estatales el 61.87% de los establecimientos de
enseñanza media normal y privados el 38.13%; en 1948 los
porcentajes respectivos eran de 64.18% y 35.82%; en 1995, 69.35%
y 30. 65%. El sistema educativo privado había decrecido al
término del segundo gobierno peronista. Pero la Ley 13.047
de 1947 había establecido el subsidio oficial a las
escuelas privadas. Perón, favorecía por un lado al
liberalismo
católico que quería desarrollar un sistema escolar
propio y ratificaba la enseñanza religiosa en las escuelas
y, por otro lado, incorporaba formas de control sobre la
educación eclesiástica.
Nos parece importante agregar que en el campo de la
enseñanza primaria se trabajaba para ampliar la
educación en todas las actividades atenientes a la
Nación (industria, producción, técnica y artesanal,
entre otras), utilizando la implementación de métodos
pedagógicos exclusivamente argentinos. Siguiendo con estas
necesidades, se crearon 2.000 escuelas primarias, las cuales eran
características propias de la construcción de la
época, que utilizaba la grandeza en todos sus edificios.
En este periodo se realizaron más escuelas, que en
ningún otro, aproximadamente tres escuelas por día;
(y unas 8.000 en total). Se estipulaba de esta forma que el
índice de analfabetismo
que era de un 15%, se redujo para el año 1955, a tan
sólo un 3%.
Además se crearon escuelas fábricas cuyo
objetivo era la inclusión total de los argentinos a La
educación.
Con la sanción de la ley 12.921, quedó
constituida la Comisión Nacional de Aprendizaje y
Orientación Profesional, que fue uno de los pilares
sustanciales en los que se basó la enseñanza
técnica y la industria nacional. Por consecuencia de esta
disposición se crearon establecimientos de escuelas en
dónde se buscaba orientar a la juventud argentina, para
perfeccionarse en las técnicas industriales.
Otras de las funciones que se le atañen a
éstos establecimientos son las de funcionar, como centros
docentes de
diversos oficios artesanales. Además, de funcionar como
centros asistencialistas, ya que en ambos gobiernos de
Perón, los alumnos de dichas "escuelas", recibían
sin costo alguno:
desayuno, almuerzo, herramientas,
elementos de estudio, libros, e incluso la vestimenta de
trabajo.
Dicha, ley tiene a su cargo el funcionamiento del
aprendizaje y de orientación profesional, que comprende
tres ciclos: el básico, técnico y la universidad
obrera.
- Ciclo Básico: duración de 3
años. Comprendía a su vez:
a) Los cursos de aprendizaje que estaban
diseñados para menores de 14 a 18 años de edad,
con la condición de haber terminado el nivel primario
satisfactoriamente. Las actividades se realizaban dentro del
funcionamiento normal de las escuelas fábricas, bajo un
régimen mixto de enseñanza con producción;
los cursos eran de 8 horas diarias con instrucción
técnica, distribuida en dos turnos de 4 horas cada
uno.
b) Los cursos de medio turno, estaban destinados a
menores de edad, ocupados en las industrias
Nacionales. Su desempeño se realizaba, también en
las escuelas fábricas.
c) La universidad obrera se detalla, más
adelante, con relación a la participación
universitaria que se manifestó, en la segunda
presidencia de Perón.
A la finalización del curso básico, se
les entregaba un título correspondiente a la
orientación, que habían elegido, y de este modo
se aseguraban un trabajo seguro y
remunerado.
- Ciclo Técnico: con una duración de 4
años; cuyo objeto era la formación del personal
técnico que dirigía los establecimientos
industriales referidos a la producción. Los ingresantes
debían tener aprobado cualquier curso del ciclo
básico y era una condición indispensable que el
alumno trabajara en la especialización ya abordada y
aprobada. Con este procedimiento
se buscaba el enriquecimiento del oficio escogido (artesanal o
técnico). - Ciclo Universitario: duración de 6
años. Los requisitos para los ingresantes eran, haber
aprobado el ciclo técnico en la especialidad
correspondiente, y estar ocupado en actividades industriales,
vinculadas a la misma.
Otra de las bases principales de la Comisión de
Aprendizaje y Orientación, fue el instituto de
Psicotécnica y Orientación profesional, que
tenían por objetivo: la revisión de menores desde
el punto de vista psicofísico y psicotécnico,
como complementario de la revisión médica.
Realizar estudios acerca de las condiciones físicas y
psicofísicas que se necesitan para el desarrollo de
todos los oficios; realizar también, estadísticas sobre el aprendizaje
en las escuelas o cursos profesionales o técnicos que
existían en esa época en el país.
Organizar una biblioteca y
asuntos referidos al aprendizaje, los cursos técnicos,
la legislación de la educación y del trabajo de
menores, entre otros.
Entre 1947 y 1951 se crearon 78 escuela
fábricas, 103 escuelas para aprendizaje, 106 escuelas de
medio turno, 304 escuelas de capacitación obrera para
adultos y 78 escuelas de capacitación profesional para
mujeres. También existían institutos de
enseñanza técnica del sistema educativo general,
dependientes del Ministerio de Educación, que se les
formaba con prácticas intensas y aún más
relacionadas a la industria.
EL CONFLICTO CON LA
IGLESIA CATÓLICA
Afines de 1943, los militares imponen como obligatoria y
optativa la enseñanza religiosa católica, en las
escuelas primarias y secundarias. Era optativa porque cada padre
podía abstener a sus hijos de tal educación con
solo solicitarlo a comienzos del año de inicio; pero la
educación religiosa debía de estar en todos los
planes de estudio. Esta disposición se modificó en
1944. Pero recién en 1947 al producirse el conflicto de
Perón con la Iglesia, el Ministerio de Educación
suspendió la enseñanza de religión y
moral.
La política de política social de la
Fundación Eva
Perón estuvo vinculada a la incorporación de la
mujer a la vida
política y puso en serio peligro el poder que la
Iglesia Católica sostenía mediante la beneficencia
y las obras de caridad.
El peronismo y la Iglesia mantenían muy estrechos
vínculos desde los comienzos del gobierno. Además,
el gobierno había promovido la ratificación
legislativa del decreto 18.411/43, que establecía la
enseñanza de la religión católica en las
escuelas públicas, y había duplicado los aportes
estatales para sostener el culto, medidas que facilitaron la
expansión de la presencia institucional de la
Iglesia.
Sin embargo, esta alianza se fue deteriorando
progresivamente, a causa del énfasis creciente del
peronismo en la afirmación de una doctrina que
competía con la Iglesia, además ya en 1945, el
gobierno decidió sacar del control eclesiástico la
enseñanza religiosa de las escuelas públicas. El
conflicto se agudizó cuando en 1954, el gobierno
decidió suprimir la enseñanza religiosa en las
escuelas y en 1955 cuando expulsó a algunos sacerdotes que
lo habían criticado por establecer el divorcio y legalizar
la prostitución. Pero el impacto más
importante del conflicto entre Perón y la Iglesia se
produjo en las Fuerzas Armadas. Los militares antiperonistas
vieron fortalecidas sus posiciones, en la medida en que la
mayoría de los oficiales, hasta entonces neutrales o
peronistas, sufrieron la tensión entre su condición
de católicos y su lealtad al gobierno o a sus funciones
profesionales.
En este contexto de agudización de los
enfrentamientos, se produjo un levantamiento militar en
Córdoba el 16 de septiembre de 1955, lo que provocó
la renuncia de Perón y posteriormente su
exilio.
3.1 VISTA PREVIA AL
GOBIERNO MENEMISTA:
Luego de seis años de gobiernos militares que
tuvieron un régimen represivo, y de la vuelta a la
democracia con la asunción como presidente de Raúl
Alfonsín, quien se encontraba frente a un país que
reclamaba justicia con respecto a los militares que participaron
en el proceso además de un importante problema de tipo
económico: ante el fracaso de las primeras medidas,
Alfonsín convocó en 1985 a un grupo de
técnicos para la preparación de un proyecto
económico, al que se denominó Plan Austral. Este
plan tuvo éxito
al iniciarse; la enorme inflación que sufría el
país bajó a niveles insólitos, (a 1 o 2%
mensuales), la confianza retornaba. En consecuencia, en ese mismo
año, las elecciones de renovación de diputados
dieron otra victoria a la UCR, mientras el peronismo se
desangraba en luchas internas entre "renovadores" y
"tradicionalistas". Entre el primer grupo se distinguieron
Antonio Cafiero, Carlos Grosso y Carlos Menem. Este
último se había caracterizado, el año
anterior, por su apoyo al gobierno radical, cuando se
conoció la decisión del Papa respecto al Canal de
Beagle, que favorecía a Chile. Alfonsín
decidió consultar al pueblo mediante referéndum. La
votación favoreció al tratado que se firmó
en 1984; pero durante la campaña en peronismo oficial se
opuso a la decisión del árbitro.
En 1987 reemergió el tema militar interno. Una
rebelión de mandos medios
conocida como "carapintadas" paralizó al país
durante Semana Santa. Pedían la suspensión de las
medidas legales aplicadas contra los militares por las
violaciones de los Derechos Humanos
por la ley de punto final del año anterior, que
consistió en imponer un plazo de 60 días para la
extinción de la acción penal contra los militares,
el 26 de febrero de 1987 se promulgó la ley y antes del
plazo estipulado la corte confirmó las
condenas.
Luego de la crisis de
Semana Santa, el gobierno aprovechó para anudar un pacto
social con los sectores de trabajo y producción. Este
pareció estancarse, pese a los buenos oficios del
gobierno.
En mayo del '87, se convirtió en ley un proyecto
elaborado por Gama, procurador general de la nación, que
consistía en no imputar a los militares que durante la
lucha antisubversiva habían cumplido órdenes, pero
podían ser juzgados aquellos que se habían
extralimitado y se habían enriquecido. Esto
distendió a los sectores militares, pero provocó
protestas en los sectores de Derechos Civiles y de
Izquierda.
La situación militar se mezcló con la
política y la económica. Para enfrentar la
renovación de diputados en mejores condiciones, el
gobierno cedió en tomar medidas populares contrarias al
Plan Austral. Por ello la inflación volvió por sus
fueros, de todos modos, el peronismo tuvo la victoria, que se
posicionaba en varios gobiernos provinciales, lo que podía
suceder a nivel Nación. La autoridad del
gobierno comenzó a desvanecerse.
Al comenzar el año 1988 otra rebelión
carapintada, esta vez en Corrientes, puso en vilo al país.
Aunque no fue difícil reprimirla, evidenció la
continuada existencia de malestar militar, a pesar de las leyes
que cedían a sus preocupaciones. Lo mismo ocurrió
con otro motín a fin de año en las afueras de la
Capital Federal. Ese mismo año, las internas peronistas
dieron victoria a Menem contra Cafiero. Menem, del grupo
renovador en principio, había roto con ellos y se
había unido a los tradicionalistas, incluyendo a la
mayoría de los sindicalistas.
La situación económica, seguía
empeorando, un plan se sucedía a otro sin poder parar la
inflación. Hacia febrero de 1989, a pocos meses de las
elecciones presidenciales, se evidenciaba que, por las encuestas, que
Menem sería el próximo presidente.
La perspectiva del retorno al poder de un peronismo
confiscatorio, violento, se impregnaba en la opinión
independiente. La reacción en estos casos era exagerada:
comprar dólares, acaparar productos, echar inquilinos para
no perder propiedades, etc. este pánico
unido a desperfectos económicos y la especulación
contra el austral, terminaron generando hiperinflación una vez que los resultados
de la elección confirmaron la victoria menemista con un
47% de las voluntades populares. El radicalismo juntó un
37% para su candidato, el moderador E. Angeloz. El resto de
desperdigó en pequeños grupos de
derecha, centro- derecha provincialista y diversos grupos de
izquierda.
Las elecciones ocurrieron en mayo. Bajo condiciones de
hiperinflación (200% en sólo el mes de junio) y de
pánico, era imposible esperar los siete meses, hasta
diciembre para el traspaso de mando. El gobierno radical estaba
muy golpeado y falto de autoridad, en especial frente al sindicalismo
dispuesto a usar las armas.
El enfrentamiento dado en esos momentos en el
país, teniendo en cuenta lo ocurrido en su historia
reciente y las actitudes mostradas por Menem durante su
campaña, permitían prever una situación de
agravamiento de conflictos,
hasta terminar con una reedición de los episodios de
1973-76.
Menem, ante esta posibilidad, optó por concertar
un acuerdo con la derecha para pacificar el panorama
político. Pero como no había un partido conservador
creíble, decidió pactar con la mayor empresa del
país: Bunge y Born. Ésta, comenzando como
exportadora de granos, se había expandido a actividades
industriales. Representaba, junto a otras comercializadoras de
productos agrarios, el tipo de economía contra la que el
justicialismo había luchado desde la primera presidencia
de Perón. Por ello, el acercamiento tenía un
valor y
carácter simbólicos.
3.2 EVOLUCIÓN DEL
PROGRAMA
EDUCATIVO
La transformación de la educación encarado
por el gobierno de Menem, no constituyó un problema
aislado y se enfrentó conjuntamente con el resto de la
problemática social en el marco de la reforma del
estado.
La diferencia fundamental que ha planteado la
política educativa neoliberal con el neoliberalismo
clásico y que afecta en la educación clásica
y media es la consideración de la educación como un
elemento del mercado, antes que un bien social. En consecuencia,
propugna el retiro del estado de la función
educacional.
Así se propuso esencialmente la transferencia de
servicios educativos a las provincias, y su asistencia para el
mejoramiento de las administraciones educativas locales en un
proceso de consolidación del sistema federal de
educación nacional.
La política educativa del gobierno menemista se
ajusta exactamente a las directivas del Banco Mundial.
Estas políticas tienen el objetivo global de disminuir el
gasto estatal para derivar fondos hacia el pago de la deuda externa. El
gobierno argentino no discutió ninguna de las
recomendaciones del Banco, y le
posibilitó intervenir directamente en la
organización de las finanzas del
país y en las decisiones sobre el monto y uso del presupuesto
educativo. Al mismo tiempo, el
Banco actúa como prestamista colocando dinero a alto
interés para que se financie el ajuste del sistema. El
gobierno argentino aceptó todas las directivas del Banco,
de acuerdo con los documentos:
– El financiamiento
de la educación en los países en desarrollo,
Washington, D.C., Banco Mundial, 1986;
– Prioridades y estrategias para
la educación, Washington, D.C., Banco Mundial,
1995;
– Carnoy, Martín; Moura Castro, Claudio,
Qué rumbo debe tomar el mejoramiento de la
educación en América
Latina? Documento de antecedentes para el Banco
Interamericano de Desarrollo, Seminario sobre
la Reforma Educativa, BID, Buenos Aires 21 de marzo de
1996.
La política educativa puede resumirse en el
ajuste de la educación al programa económico
neoliberal. La política consiste en:
1. Disminuir la responsabilidad del Estado como
financiador y proveedor de educación
pública
2. Establecer aranceles o
subsidios privados en todos los niveles y modalidades, comenzando
por la Universidad y terminando por la Educación
Básica.
3. Achicar el sistema de educación pública
hasta un mínimo posible, mediante:
– la transferencia de los establecimientos a
jurisdicciones menores (de la Nación a la Provincia, y de
éstas a los Municipios), tendiendo a su privatización;
– reducción de modalidades que no dan
rédito económico inmediato, como la
educación de adultos, y de materias del currículo como música,
educación cívica, plástica y educación
física, lo cual se llevó a cabo raudamente en
algunas provincias;
– descuido de la educación para
discapacitados;
– restricciones sociales y territoriales en la
extensión del servicio de educación
pública.
Producida la desarticulación y avanzado el retiro
del financiamiento del sistema educativo tradicional por parte
del Estado, el programa apunta a volver a centralizar los rubros
de mayor incidencia en el control ideológico y
político del sistema educativo nacional público y
privado. Los principales instrumentos son: el programa de
Contenidos Básicos Comunes de la Educación
Nacional; los Contenidos Básicos de la Capacitación
Docente y la Red Federal de Formación
Docente y el Sistema Nacional de Evaluación
de la Calidad de la
Educación.
Se trata de una reforma profunda, la más
importante desde el primer gobierno de Perón. Su signo es
opuesto tanto al proyecto de la generación de '80 como al
del peronismo tradicional, sus efectos no se reducen a programas
no experimentales o a modificaciones inconsistentes, sino que
llegan a la modificación de leyes fundamentales de la
Nación.
3.3.1 LEYES PRIMORDIALES DE ESTA ETAPA
Las acciones desarrolladas en primer lugar apuntaron a
la gestión
de los servicios educativos. De este modo el cuerpo legal en el
cual se sustenta esta reforma es el siguiente:
- El artículo 75, inciso 19 de la
Constitución Nacional, cuya reforma fue habilitada por
el llamado Pacto de Olivos establecido entre la UCR y el
Partido Justicialista, para realizar la convención
constituyente de 1994. Peronistas y radicales acordaron
también el nuevo texto que habilita al gobierno a
distribuir la gratuidad en forma equitativa, es decir, que
elimina el derecho universal a la enseñanza gratuita y
eleva a nivel constitucional la autonomía universitaria.
La autonomía, bandera histórica del movimiento
estudiantil- docente queda, sin embargo, profundamente
alterada: en el texto se agrega la palabra autarquía,
que funciona como un arma de doble filo porque expresa tanto
que las universidades pueden administrar sus recursos como
que deben también conseguirlos. La reforma
constitucional dio marco a las leyes anteriores que
había emitido el gobierno de Menem, y a otras
posteriores. Ley de transferencia (24.049) de los
establecimientos educativos. - Ley 23.846, de titularización del personal
docente que se desempeñaba como interino en los niveles
inicial, primario y medio. - Ley 23.906, que establece un régimen de
afectación de recursos tributarios nacionales,
destinados al financiamiento adicional (complementario y no
excluyente) de la finalidad: cultura y educación,
ciencia y técnica. - Ley 23.929, sobre negociaciones colectivas para los
trabajadores docentes. - Ley 24.049: esta ley se dicta en el marco del proceso
de transformación educativa. En ésta se faculta
al Poder
Ejecutivo Nacional a transferir, a partir del 1º de
enero de 1992, a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires,
los servicios educativos administrados en forma directa por el
Ministerio de Cultura y Educación y por el Consejo de
Educación Técnica, así como las facultades
y funciones sobre los establecimientos privados
reconocidos.
El Poder Ejecutivo Nacional, a través del
Ministerio de Cultura y Educación, se reserva la
definición de los objetivos, estrategias y
políticas educativas nacionales, como así
también la coordinación y compatibilización
del funcionamiento interjurisdiccional de la gestión
educativa (art. 20 a 22).
En el año 1992 se instrumentó el proceso
de descentralización de los servicios
educativos mediante convenios con cada una de las provincias y
la Municipalidad de Buenos Aires, los que resolvieron los
problemas particulares.
- La Ley de Educación
Superior; que si bien articula entre sí a las
instituciones terciarias y universitarias, habilita la
reducción de las primeras, la imposición de
arancelamientos a la enseñanza. El Poder Ejecutivo
elaboró un anteproyecto de
ley de educación superior, como pieza clave para la
reforma estructural del sistema universitario argentino. Es
notable desde aquí la injerencia del Poder Ejecutivo
Nacional en varios aspectos de la enseñanza y
organización universitarias. - Ley Federal de Educación (Nº 24.195), que
reestructura el sistema de acuerdo a un modelo
semejante al aplicado en España
desde finales de la dictadura de
Franco hasta fines de la década de 1980. Su diferencia
más significativa con las propuestas conservadoras es
que aumenta en lugar de disminuir la escolaridad obligatoria,
poniéndose en esto a tono con las directivas de la
UNESCO. Introduce también la capacitación laboral
con el objetivo de dar salida a los jóvenes hacia el
mercado de trabajo; pero a diferencia de la reforma de
Saavedra- Lamas que retenía la principalidad de la labor
del Estado, esta reforma tiende a subordinar la
capacitación a los intereses empresariales inmediatos,
convirtiendo a la escuela en una bolsa de trabajo abaratado. De
hecho, ya regía una nueva forma de contratación,
que aunque con el nombre de "becas", recibía estudiantes
seleccionados por las instituciones educativas y los
sometía a un régimen laboral de 8 horas diarias,
sin pagarles prestaciones
sociales ni darles facilidades para estudiar.
Estando en marcha el proceso de
descentralización educativa con la transferencia de los
servicios a las provincias, se hizo necesario reorganizar los
modos de su prestación, articulando las formas de
gestión y estableciendo condiciones de gobernabilidad
del sistema. Teniendo en miras estos objetivos se sanciona en
abril de 1993 esta ley.
A través de esta norma se estructura
un nuevo sistema educativo para toda la nación.
Según lo dispone la ley, el mismo debe implementarse en
forma gradual y progresiva y abarca:
- El Nivel Inicial, constituido por el jardín de
infantes, desde los 3 a los 5 años, estableciendo la
obligatoriedad del último año. Educación
General Básica, también obligatoria, de nueve
años de duración, a partir de los 6 años
de edad, organizado en ciclos. - Educación Polimodal, posterior a la
Educación General, de tres años de
duración como mínimo. - Educación Superior, profesional y
académica de grado cuya duración será
determinada por las instituciones universitarias y no
universitarias. - Educación Cuaternaria.
La norma estatuye, además, los derechos,
principios y criterios que deberá respetar el Estado
Nacional al fijar los lineamientos de la política
educativa:
– El fortalecimiento de la identidad
nacional atendiendo a las idiosincrasias locales,
provinciales y regionales.
– El afianzamiento de la soberanía de la Nación.
– La consolidación de la democracia en su forma
republicana, representativa y federal.
– Concreción de una efectiva igualdad de
oportunidades y posibilidades.
– La equidad a
través de la justa distribución de los servicios
educacionales.
– Cobertura asistencial y la elaboración de
programas especiales para el acceso, permanencia y egreso de
los habitantes al sistema educativo.
– La valorización del trabajo como
realización del hombre.
– La erradicación del analfabetismo.
– El derecho de las comunidades aborígenes a
preservar sus pautas culturales y el aprendizaje y
enseñanza de su lengua.
– Gratuidad en los servicios estatales, en todos los
niveles y regímenes especiales.
– Obligatoriedad de 10 años de
educación.
– Se amplía la oferta de
servicios y se implementan programas asistenciales de salud,
alimentación vestido, material de estudio
y transporte
para los sectores sociales más
desfavorecidos.
En el título sobre Derechos y Deberes de los
miembros de la comunidad educativa se tratan los de los
educandos, padres y docentes. Se pautan, además, las
bases de la calidad de la educación y su
evaluación, en el de gobierno y administración del sistema educativo, se
estipula la responsabilidad concurrente y concertada del Poder
Ejecutivo Nacional, de los ejecutivos provinciales y el de la
municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. También se
determinan las competencias
del Ministerio de Cultura y Educación y del consejo
Federal de Cultura y Educación. Cabe aclarar que la
inversión en el sistema educativo es considerada como
primordial.
La ley federal de educación establece que "el
Estado nacional realizará el aporte financiero principal
al sistema universitario estatal para asegurar que ese servicio
se preste a todos los habitantes que lo requieran".
En el desarrollo de la nueva relación
instituida entre el Ministerio de Cultura y Educación y
las universidades, los cambios estructurales se producen sobre
la base de la siguiente normativa:
– Decreto Nº 2330/93, que regula el
funcionamiento de las universidades privadas.
– Decreto Nº 256/94, que modifica las
regulaciones para el otorgamiento de validez nacional a los
títulos de nivel universitario y que determinan las
incumbencias profesionales.
3.4 UN NUEVO FRENTE DE
PRESIÓN: LOS DOCENTES
Luego del anuncio del tratamiento y sanción de la
nueva ley de educación, la sociedad percibió una
amenaza a la gratuidad de la enseñanza. Los docentes no
estuvieron solos, la comunidad educativa se sumó a la
protesta y hubo una gran agitación; el tema saltó
al tapete, al punto que el recientemente electo senador por la
Capital Federal, Fernando de la Rúa asumió como uno
de sus compromisos prioritarios la defensa de la educación
pública.
La primera marcha en resguardo de la educación
pública y gratuita se realizó el 25 de junio de
1992 y concitó la asistencia de más de 30.000
personas; fue una de las pocas causas que unió a las
generaciones y pudo verse marchar a padres e hijos. Las marchas
se reiteraron, las huelgas docentes también, y
legisladores y funcionarios del Poder Ejecutivo salieron a
asegurar que la enseñanza seguiría siendo gratuita.
Las promesas no alcanzaron para poner fin a las huelgas y
reclamos del sector docente, las que continuaron con mayor o
menor acatamiento, pero sin solución de
continuidad.
3.5 APARICIÓN DE
HUELGUISTAS Y CARPA BLANCA DOCENTE
Mas tarde, el 25 de marzo de 1997, el sindicato de
docentes neuquinos inició una huelga que
tendría trascendencia nacional y cuya duración
alcanzaría los treinta y siete días corridos. El
gobierno de la provincia del Neuquén, ante una grave
emergencia económica, decretó la reducción
en un 20% de todos los salarios de los
empleados públicos, incluidos los docentes provinciales.
Así, docentes, desocupados de todo tipo trabajadores
cesanteados y huelguistas estatales iniciaron una modalidad de
lucha y protesta social que pronto se extendió a otras
partes del país: los cortes de rutas clave en el
tráfico comercial nacional e internacional.
El presidente Menem, tal como fue su costumbre
tildó a los manifestantes de activistas de izquierda,
blandiendo la amenaza de un probable foco subversivo, incluso
llegó a culpar al FREPASO de tener vinculaciones con estas
protestas obreras. El 19 de abril, en un reportaje aparecido en
el diario Clarín el ministro del interior declaraba que
"esta película ya la vimos", insistiendo con la idea de un
rebrote subversivo.
Pronto, a los que cortaban las rutas se los llamó
"piqueteros" y el gobierno los enfrentó, la mayoría
de las veces, mediante la represión de las diferentes
policías provinciales o de la Gendarmería Nacional,
con numerosos golpeados y heridos por bastonazos hasta, incluso
muertos. Neuquén capital, Cutral-Có y Plaza Huincul
(Neuquén), Tartagal (Salta)y Libertador General San
Martín (Jujuy) fueron la cara amarga del plan
económico y educativo y de las nuevas políticas
empresariales. Lo de Cutral-Có y Tartagal estaba ligado al
despido de personal por parte de la petrolera privada YPF; lo de
Jujuy, las nuevas formas de trabajo mecanizado de los ingenios
azucareros, mientras que en la capital de Neuquén,
persistían los problemas con los docentes quienes se
resistían a aceptar el otro nuevo grupo de medidas
educativas. Mas en vastas zonas del país el índice
de pobreza alcanzaba
a gran parte de la población, en las ciudades mencionadas
la desocupación trepaba hasta el 50% de la
población económicamente activa.
Ante la emergencia laboral, el gobierno nacional
atendió el reclamo de los gobernadores de provincias
enviando subsidios e implementando planes de trabajo temporarios.
Es importante señalar la actuación de varios
miembros de la iglesia católica que permitió
canalizar los conflictos y hacer oír con más
fuerza los
reclamos en la ciudad capital.
Aquella huelga que habían comenzado los docentes
neuquinos se hizo nacional el 31 de marzo y volvió a
repetirse el 14 de abril, esta vez la paro se
sumó la movilización de unas veinte mil personasen
una marcha de silencio que unió al Congreso con la Plaza
de Mayo, repudiando la represión neuquina (donde muere la
joven Teresa Rodríguez) y la intransigencia de su
gobernador. La ministra de Educación, Susana Decibe, con
ánimo pacificador intercedió ante el mandatario del
Neuquén, Felipe Saipag, solicitándole que accediese
al reclamo fundamental de los maestros: que no se descontaran los
días de paro.
Dos días antes de dicha huelga, la
Confederación de Trabajadores de la Educación
(Ctera), llevó a cabo una forma muy original de protesta:
armó una carpa blanca sobre la Avenida Entre Ríos,
frente a la entrada principal del Congreso Nacional, adonde
concurrían maestros de todo el país para ayunar con
el fin de lograr una ley de financiamiento educativo que pusiera
término a las marchas y a lasa huelgas. Así las
cosas, la Carpa Blanca o Carpa de la Dignidad se
transformó en un hito contra la política educativa
y salarial del gobierno, y hacia allí convergió la
mayoría del arco opositor.
El 20 de junio, día de la Bandera, y con un ayuno
de los maestros que ya llevaba ochenta días, el gremio
docente volvió a llamar a una nueva huelga y
movilización: esta vez la convocatoria sorprendió a
todos: alrededor de cuarenta mil personas caminando
pacíficamente hasta Plaza de Mayo. El gobierno
siguió buscando culpables y descargó una parte de
la responsabilidad, correcta por cierto, sobre los gobiernos
provinciales. Afirmó que éstos eran culpables por
la crisis social debido al mal manejo de los fondos
públicos que mes a mes gira el gobierno
nacional.
La ministra Decibe consiguió que la máxima
dirigente de Ctera, Marta Maffei, concurriera a su despacho el 8
de julio, para mantener una reunión que sentara las bases
para un futuro acuerdo de financiamiento educativo. La
conversación sirvió para aflojar
momentáneamente el profundo malestar en el gremio docente,
pero quedó en claro que la ministra no tenía el
poder de decisión para impulsar un proyecto de
creación de un fondo docente que podía involucrar
nuevos fondos gubernamentales, a lo que se oponía el
ministro Roque Fernández. Pero el 10 de septiembre, y ante
el aumento de la popularidad de la Carpa Blanca y de sus
reclamos, el mismo Menem dio un anuncio impactante, a tan
sólo cuarenta y cinco días de las elecciones para
la renovación de las Cámaras: prometió
aumentar el sueldo a los docentes mediante el camino de enviar al
Congreso un proyecto de ley de financiamiento educativo. Decibe
dio mayores precisiones y habló de un aumento del 20%,
pero desde el Ministerio de Economía sus hombres
más encumbrados se mostraron sorprendidos del anuncio y
señalaron que no conocían de dónde
saldría el dinero para
abonar dichos aumentos salariales. Fernández
aseguró que la medida desbalancearía el presupuesto
nacional y que la promesa presidencial sólo sería
posible si se ejecutaba una racionalización del personal
docente. Las afirmaciones del ministro de Economía
tensaron aún más la difícil situación
existente dentro del gabinete nacional, y, particularmente, con
Susana Decibe.
El Poder Ejecutivo apuntó al desgaste paulatino
del gremio, pero no tuvo su objetivo; la Carpa Blanca
recién se levantaría en el gobierno del presidente
De la Rúa.
Tanto el gobierno como la sociedad enfrentan hoy un
dilema. La ley Federal de educación produjo más
problemas que soluciones.
Pero lo más importante de un sistema educativo es su
capacidad de integración antes que de rechazo y
exclusión, su potencialidad para contener y estimular a
los alumnos, su equidad interna y sus posibilidades de contribuir
a profundizar la equidad social, su capacidad para combinar
extensión de la oferta con sostenimiento de la calidad y
para admitir la diferencia sin desintegrarse en su conformidad
nacional. Para responder a tan contradictoria demanda es
necesario dictar una ley modificatoria de la Ley Federal que
limite la división mediante criterios que pueda compartir
la mayoría de las provincias y de la comunidad educativa y
programar una evaluación que garantice la
participación de la mayor cantidad de sectores posibles,
mediante las más diversas formas de
representación.
Sin duda lo primero es evaluar la marcha de la reforma y
publicar los resultados. Que ésta no quede sólo en
manos de un organismo público, nacional, internacional o
privado.
Es necesario la reordenación de niveles y ciclos,
la implementación de políticas repararatorias, la
capacitación de los docentes y el ordenamiento de la
oferta de educación laboral. Entre las urgencias
mencionadas, elegimos el tópico de las políticas
compensatorias, pues permite finalizar este artículo
penetrando aspectos profundos de las políticas en juego.
3.7 LINEAMIENTOS
GENERALES EN EL ESTADO NEOLIBERAL
Finalmente, este largo, riguroso y conflictivo proceso
pedagógico con sus respectivas propuestas educativas
neoliberales en nuestro país, puede resumirse en los
siguientes puntos:
- Liberalizar las relaciones
laborales en el sistema educativo estatal. Para ello se
propone modificar los estatutos docentes para permitir la libre
contratación de estos por parte, primero de los
gobiernos provinciales y más adelante de las escuelas,
transformando al director en un gerente,
eliminar los convenios colectivos de trabajo, subordinar los
salarios docentes de los nuevos contratos a
evaluaciones que establezcan ranking de eficiencia. - Descentralizar totalmente el sistema de manera que
las escuelas sean autónomas en cuanto a planes de
estudio, contenidos, métodos de enseñanza, etc.
difundiendo escuelas chárter. - Dar libertad
total de elección de curriculum
por parte de las escuelas y la familia (clientes),
reorganizando la demanda en torno al principio de libertad de
elección. - Otorgar fondos a cada establecimiento per
cápita, es decir por alumno, de acuerdo a un ranking de
escuelas. Las mejores calificadas recibirán mas fondos
por alumno. - Postergar el arancelamiento de la educación
básica y media (últimamente se admite
también postergar el arancelamiento universitario)
porque esa medida tiene alto costo político y no
soluciona el problema financiero.
La intención de quienes auspician estas
propuestas sería retirar del estado todas las funciones
que pudieran ofrecerse a empresas
privadas, como la aplicación de pruebas de
evaluación a alumnos, a docentes, a la gestión
escolar y a los sistemas provinciales, para los cuales se
establecían convenios de tercerización con
funciones privadas, la capacitación docente, la educación
preescolar, la atención sanitaria, las vacaciones
útiles y la alimentación de los alumnos.
Debe subrayarse que de todos modos, la educación
carece de cualidades necesarias para ofrecerse como campo tan
competitivo como el de otros rubros. La rápida caducidad
que afecta actualmente a los conocimientos básicos es una
ventaja para el mercado.
En el caso Argentino, hay otro aspecto de la
relación entre los gobiernos y la iniciativa privada que
se debe analizar: las insuficiencias burocráticas y la
renuncia del estado a solventar los gastos y la mala
administración institucional, ayudaron a
hacer permeables las escuelas públicas. Las funciones
complementarias o periféricas de la escuela han sido
asumidas por los docentes. En las escuelas pobres el docente
cubre tareas que son remuneradas a empresas privadas en las
escuelas ricas.
3.8 CONSECUENCIAS
MÁS IMPORTANTES DE LA LEY FEDERAL DE
EDUCACIÓN
Señalamos de la ley federal de educación
los problemas más destacables:
- Distintas interpretaciones de la nueva estructura,
por las cuales hay provincias
(Mendoza, Santa Fe) en donde coexisten tres y cuatro
sistemas distintos (primaria y secundaria de 6 años cada
una, primaria de 7 años y secundaria de 5 años,
tres ciclos y polimodal dos ciclos, escuela intermedia y
polimodal).
- Desarticulación del sistema educativo
nacional, pues no se corresponden entre sí
los
sistemas de muchas provincias.
- Cierre de escuelas antes de implementar el tercer
ciclo (los grados séptimo, octavo y
noveno, o sea, séptimo de primaria más
primero y segundo de secundaria) y el polimodal (correspondiente
a los años superiores de la enseñanza media) porque
debían sustituirlas sin tener edificios suficientes y
adecuados.
- Primarización de los primeros años del
secundario que obliga a la convivencia de
adolescentes con niños menores, desarticula a los
grupos etarios y carece de una organización institucional
y pedagógica especifica.
- Ruptura del ciclo de enseñanza media producida
como consecuencia de la inclusión, en
algunas provincias del tercer ciclo de la EGB en el
mismo establecimiento de los anteriores o bien
organizándolo como escuela intermedia en un local
aparte.
- Cierre de las diversas opciones de enseñanza
técnica que, insuficientes y desordenadas,
sostienen la modalidad desde hace muchas décadas
en el país.
- Eliminación de clases de idiomas, incluyendo a
sus docentes. - Transferencia de profesores de un área de
conocimiento
a otra sin brindarles la
capacitación adecuada.
- Descalificación de los profesores de
enseñanza media al otorgarle funciones en la
enseñanza básica para la cual no han sido
capacitados o bien en áreas curriculares distintas a la de
su especialidad.
- Falta de preparación de los directores de
primaria para supervisar a profesores de
media y los docentes de nivel primario para atender
población adolescente.
- Deterioro de la educación de adultos, la
educación
especial, y la educación artística
que
al adquirir el carácter de régimen
especiales que fueron separadas del tronco central del
sistema.
- Insuficiencia de la educación inicial y
exclusión de la asistencia materno- infantil de
la
responsabilidad educativa pública, que desampara
a capas de niños afectados por la desocupación de
sus familiares y que carece de estimulación temprana, indispensable para
escolarizarse.
El gobierno del partido justicialista que terminó
su mandato el día 10 de diciembre de 1999 no
cumplió con las previsiones presupuestarias de la ley. De
la Rúa ratificó en marzo del 2000 la
intención de alcanzar una inversión educativa del
6% del PBI durante su mandato.
La estructura de Derechos y Principios que contiene la
ley fue gestada en el Congreso Pedagógico de 1.985,
durante el gobierno de Raúl Alfonsín.
Paradójicamente no fue el gobierno radical quien tradujo a
la letra una ley con aquellos principios, sino que fue el
gobierno de Menem.
La ley de transferencia precedió a la ley Federal
y determinó la conclusión de un proceso de retiro
del Estado Nacional que, junto con los establecimientos, alumnos
y docentes, quedó a cargo de las provincias como proveedor
directo de la educación.
La reforma menemista fue la única de la serie
mundial de ajustes neoliberales de los aparatos educativos que se
decidió por ese modelo cuya estructura apunta a despedir
paulatinamente de la pirámide escolar a los sectores de
menos recursos.
Si bien la ley establece cumplir 10 años de
escolaridad, se produce un deterioro de la educación
manifestado por la deserción o el fracaso del aprendizaje
de los sectores pobres, que pone en duda aquel
precepto.
3.9 CONSECUENCIAS
PRÓXIMAS DE LA REFORMA
Algunas de las consecuencias de la reforma
son
- Los hijos de los más pobres no tendrán
guarderías, jardines maternales o programas de
prevención y deberán arreglarse con los servicios
de la parroquia o alguna subsistente sociedad de
fomento. - Los sectores medios que tengan empleos podrán
mandar a sus hijos a guarderías privadas, barriales o
algunas públicas privadas, una parte de ellos
llegará al polimodal donde será adaptado al mundo
del trabajo, pero pocos ingresarán a la educación
superior y otra mínima cantidad terminará la
universidad. Los ingresantes a algunas facultades de
universidades públicas provienen cada vez más de
escuelas secundarias privadas.
Una vez finalizado este trabajo de investigación en el cual hemos abordado la
temática educativa en los gobiernos de Perón y
Menem y sus repercusiones en la sociedad argentina, nos
consideramos en condiciones de afirmar la hipótesis que
había sido planteada al comienzo de nuestra
investigación: "el sistema educativo presenta más
progresos en el Estado Benefactor (que coincide con el gobierno
de Perón) que en el Neoliberal (ejercido por el presidente
Menem)".
Gracias a la información obtenida a través de la
bibliografía
consultada de fuentes
primarias, ya sean libros o Internet, y a la entrevista
realizada al profesor de
Historia…, quien concluyó que la etapa neoliberal en
nuestro país fue funesta en lo referente a la
educación, hemos logrado comprobar que las
políticas de ajuste recientes provocaron graves
consecuencias en la prestación de los servicios sociales
como la educación.
En el momento en que asume Perón al poder, la
historia argentina toma un rumbo imprevisto: se suceden medidas
asistencialistas por parte del Gobierno que contemplan un sector
social siempre olvidado hasta ese momento: el obrero. La ideología presentada por el mismo, novedosa
en ese tiempo, tuvo una repercusión magnífica: el
país se había dividido en dos columnas: una
peronista y otra antiperonista. El movimiento peronista
cobró un vasto poder en la Nación, así se
logró sancionar una considerable cantidad de leyes que
contenían derechos para la clase trabajadora, a los cuales
se les denominó "derechos sociales". Podemos referirnos,
entre ellos, a los de materia sanitaria, laboral, educativa, etc.
Analizando el material, consideramos que esta figura de la
historia hizo mucho por la Nación, especialmente por los
sectores más carenciados, respondiendo con las medidas
necesarias.
Cuando son adoptadas por Menem las medidas
político – económicas liberales
características del mundo globalizado, se manifiesta una
disminución de la capacidad de los Estados Nacionales para
poner en marcha planes de desarrollo
social. Por ello, las medidas educativas que practica,
responden directamente a la idea de alejar el Estado de la
prestación de servicios. En la década del '90 el
Estado se descentraliza, desvinculándose de la
población lo que produce que el gobierno se despreocupe de
los conflictos educativos, entre otros.
Estefania Bicentella
Edad: 17 Años
E-Mail:
Estudios: 5° año de Secundario
Fecha: 20 de Noviembre
de 2004.
Titulo: La Educación en la Argentina en los
Gobiernos de D. Peron y C. Menem
Categoría: Educación
Reseña: el sistema educativo en la
República Argentina y los cambios efectuados durante los
gobiernos de Domingo Peron y Carlos Menem.