- La gobernabilidad como
problema - La resistencia
civil - Desafíos a la
gobernabilidad en América Latina - La crisis de gobernabilidad en
ecuador - La rebelión de los
forajidos - Consecuencias de la crisis de
gobernabilidad en América Latina - Pobreza, inseguridad e
ingobernabilidad
Uno de los problemas
más serios que afrontan los sistemas
políticos contemporáneos, especialmente los
pertenecientes a países del Tercer Mundo, es como mantener
la gobernabilidad. En el mundo anglosajón,
"governance", es un término que ha sido empleado
habitualmente para hacer referencia al ejercicio de la autoridad en
una determinada esfera. A utilizado se ha empleado como
sinónimo de gestión
eficaz.
El concepto de
"gobernabilidad" ha sido introducido dentro del
vocabulario de la ciencia
política
por los expertos de la "Trilateral Comisión", en la
década de los años setenta, para hacer
mención a los problemas que enfrentaban los
regímenes democráticos debido al aumento de las
demandas sociales.
Actualmente se habla de gobernabilidad para indicar la
razonable capacidad de mando, de conducción
política y de disciplina
democrática que pueden alcanzar las autoridades en una
sociedad.
En la mayoría de las sociedades la
gobernabilidad se sustenta sobre la existencia de una
relación armónica entre los principales actores de
la comunidad. En
especial de aquellos actores dotados de un poder
suficiente como para alterar de una forma significativa el orden
público, impulsar o detener el crecimiento
económico o, en general, afectar de forma
significativa la marcha de la sociedad. Estos actores suelen
controlar factores claves del aparato productivo –sindicatos,
entidades empresariales, etc.-, dirigen organizaciones de
masas –partidos
políticos, organizaciones sociales de protestas,
grupos de
desocupados, campesinos sin tierra,
indígenas, etc.-, tienen influencia sobre la maquinaria
burocrática del Estado,
detentan el control de los
armamentos –cuerpos militares y de seguridad– o
posean la capacidad de influir en la formación de ideas y
en la distribución de la información –la prensa y otros
medios de
comunicación de masas-.
En consecuencia, podemos caracterizar también a
la gobernabilidad como la capacidad previsible de un sistema
político de perdurar en el tiempo.
En América
Latina la gobernabilidad se encuentra amenazada, entre otros
factores, por la crisis fiscal de los
estados, la falta de institucionalización de las
organizaciones y procesos
políticos, el colapso de los aparatos administrativos y la
falta de legitimación de las estructuras
políticas. Los problemas de gobernabilidad
en la región se han expresado a través de
revoluciones, insurrecciones civiles y golpes de Estado de
carácter militar.
En las últimas décadas, en particular, la
amenaza más seria a la gobernabilidad democrática
esta representada por la aparición de ciertos
"movimientos sociales" que someten al Estado a una
sobrecarga de demandas que no está en capacidad de
satisfacer en tiempo y forma. La incapacidad de los gobiernos
para responder a esas demandas incrementa el nivel de
frustración y agresividad de quienes integran estos
movimientos hasta que la misma deriva en la apelación a
diversas formas de coacción violenta que pueden ser
calificadas como "resistencia
civil".
La metodología revolucionaria que en los
países latinoamericanos, durante los años de la
Guerra
Fría, apeló al "foquismo" y a la
guerrilla urbana como método
para la toma del poder parecer ser cosa del pasado. No obstante,
algunos grupos revolucionarios no han renunciado a la violencia como
método de lucha política. El Estado
burgués ha aprendido a enfrentar con éxito a
la guerrilla. Existen sin embargo otros medios de
violencia política que se adaptan mejor a la actual
coyuntura, como la resistencia civil o resistencia
social como prefieren denominarla los grupos que la
practican.
La resistencia civil de las masas enfocada hacia la
consecución de objetivos
políticos y sociales fue una fuerza
significativa durante el siglo XX. Desempeñó en
algunos casos un papel central durante el proceso de
descolonización que siguió a la Segunda Guerra
Mundial y luego en la lucha contra gobiernos
despóticos.
Alcanzó su mayor expresión cuando Mahatma Gandhi
la empleó para lograr la independencia
de la India.
Olvidada por algunos años, se actualizó como medio
de lucha política cuando decenas de miles de personas se
lanzaron a las calles de Manila, capital de
Filipinas, en febrero de 1986, logrando derrocar el
régimen corrupto de Ferdinando Marcos. Luego
cumplió un rol destacado durante las transformaciones
operadas en Europa Oriental,
a partir de 1989, cuando cayó el Muro de Berlín y
finalizó la Guerra
Fría.
Más recientemente, en Colombia,
importantes sectores de la sociedad proponen apelar a la
resistencia civil para salir del círculo vicioso de
terrorismo y
represión. Candidatos presidenciales, como Noemí
Sanín, del "Movimiento Si
Colombia", afirman que la resistencia civil es: "el derecho que
le asiste a los ciudadanos de organizarse para oponerse de manera
pacífica pero activa, a todos los sectores violentos que
atenten contra sus derechos fundamentales
empezando por el de la vida". Estos sectores anuncian que: "Miles
de colombianos se están levantando para enfrentar, sin
armas y sin
violencia, armados de valor y
decisión, esta escalada de muerte y
horror. Desde el Cauca hasta el Meta, pasando por la capital del
país, la movilización de una verdadera resistencia
civil frente a la violencia es necesaria para hacerle entender a
las FARC, al ELN y
a las Autodefensas que el país quiere la paz, pero no cede
ante el chantaje de la
muerte."
La resistencia civil es un método de lucha
colectivo que no recurre en principio a la utilización de
la confrontación armada en un sentido de impunidad,
unilateralidad ni destrucción de cuerpos adversarios. Es
muchas veces asociada o fundida con las formas de lucha no
violenta activa –se sitúa dentro de ese marco
más amplio- aunque no necesariamente implique que se
incline en forma clara por una ética
pacifista o por el empleo de la
violencia.
Es utilizada de forma creciente por grupos radicalizados
de América Latina como un medio de lucha política
en casos donde en el pasado se habría contemplado como
única opción una guerra revolucionaria.
El crecimiento de la protesta social en diversas
regiones del subcontinente parece indicar que la resistencia
civil constituye una estrategia valida
para grupos, de distinta orientación política e
ideológica, que cuestionan el orden de las sociedades en
que viven. En consecuencia, es de esperar que los
fenómenos de resistencia civil sean aún más
frecuentes durante el siglo XXI.
Los métodos de
la resistencia civil son diversos y abarcan desde la protesta
pacífica y la persuasión hasta la falta de
cooperación social, económica y política que
termina por derivar hacia formas violentas de protesta que asumen
la forma o modalidad de estallidos sociales o saqueos.
Diversos autores mencionan las modalidades que
podríamos considerar "tradicionales" y que ha
empleado la resistencia civil en el pasado. Citan dentro de estas
modalidades tradicionales de la resistencia civil a las
manifestaciones, huelgas de hambre, petitorios y recolecciones de
firmas, dentro de las modalidades no violentas. En tanto que las
huelgas, en especial las llamadas huelgas revolucionarias o
salvajes, el trabajo a
reglamento, boicots, sentadas, ocupaciones, creación de
instituciones
paralelas de gobierno e
incluso los saqueos y el pillaje, constituyen formas más
violentas que sin embargo no llegan a la modalidad de lucha
armada.
En su forma clásica, la resistencia civil ha sido
mayormente liderada y convocada por una organización de tipo político y/o
sindical. Los términos movilización, marcha,
concentración y manifestación describen
géneros de protesta por los que las entidades
organizadoras de los encuentros llaman a la población, al afiliado o también al
ciudadano a expresarse y acompañarlas. Habitualmente,
tales demostraciones confluyen o se reúnen en plazas
públicas o espacios abiertos frente a las sedes de los
poderes resolutivos del Estado: el Ejecutivo y el Legislativo. Se
realizan para conmemorar ciertas fechas claves, pero sobre todo
para peticionar y exigir cambios en la política
gubernamental que originen una mejora de las condiciones
laborales o sancionen una legislación acorde a los
intereses que representan tales organizaciones.
Desde mediados de los años noventa y en el marco
de los efectos de políticas de reducción del Estado
y de administraciones incompetentes, van surgiendo otras
modalidades para la resistencia civil.
Ahora bien, cualquiera sea la modalidad que la
resistencia social asuma –violenta o pacífica,
tradicional o innovadora- debe respetar dos principios
básicos. Por un lado, ser una "acción
colectiva" y no una expresión de disidencia
individual. Por el otro, que evite cualquier empleo
sistemático de la lucha armada. Esto no implica que la
resistencia civil exija la aceptación de una ética
pacifista o no violenta.
Por el contrario, una de las figuras políticas
centrales en el desarrollo la
resistencia civil en Argentina, la presidenta de Madres de Plaza
de Mayo, Hebe de Bonafini, por ejemplo, afirma claramente:
"Los pueblos tenemos que tener nuestras propias leyes, y si
queremos la revolución
–y lo dijo muchas veces el presidente Chávez, y lo
dijo Fidel-, una revolución sin armas no es posible, es
una cagada, porque siempre nos pasa, ellos nos reprimen,
¿y nosostros qué?" Al no apelar directamente al
empleo de las armas como método para la toma del poder, la
resistencia civil se diferencia de la insurrección armada,
la guerra de guerrillas o la guerra convencional.
Otro aspecto a destacar es que, paralelamente a la
redefinición de algunas modalidades y la aparición
de formas innovadoras de la resistencia civil, se fueron operando
nuevas identificaciones de los protagonistas –piqueteros,
mineros y cocaleros, marchas de indígenas y campesinos sin
tierra, vecinos autoconvocados, caceroleros, etc.-. Estas
categorías van indicando la progresiva
desafiliación a las organizaciones sindicales, a los
partidos políticos y a todas aquellas formas organizativas
surgidas en el marco del Estado como institución dominante
de la vida social y política de un país.
En una confrontación entre las autoridades del
Estado y un movimiento de base civil cada una de las partes
tratará de socavar la base de poder de la otra. Para ello
dependerá del apoyo que pueda obtener de los sectores
neutrales o no interesados: partidos políticos,
minorías religiosas, grupos de opinión o incluso
organismos internacionales o gobiernos extranjeros.
Los factores psicológicos y morales son elementos
cruciales en este tipo de contienda política que supone la
resistencia civil. En una batalla política e
ideológica planeada para ganar el apoyo de terceras partes
y reforzar y extender la propia base de poder, el argumento
central se enuncia casi inevitablemente en términos
morales. Así un líder
piquetero no dudará en justificar su accionar violento en
términos morales diciendo: "No negamos que lo que
hacemos tiene violencia. Pero 75 chicos muertos por día
por la pobreza
también es violencia. La violencia viene de parte del
régimen en que vivimos". El bando que gana esa
discusión tiene grandes probabilidades de verse
reforzado.
La cuestión moral
contamina también el debate sobre
los medios que se deben emplear. Así, por ejemplo, los
piqueteros no terminan de dilucidar si deben taparse el rostro
con pañuelos o no. Para las personas que participan de la
resistencia civil, igual que para los gobiernos que la enfrentan,
la estrategia exitosa debe contar con una amplia base moral. Y no
hablamos sólo del tema de si utilizar o no la violencia
contra las personas o la propiedad,
sino la cuestión de que acciones no
violentas estarían legitimadas y tendrían sentido
político en cada situación concreta. Un piquete,
por ejemplo, debe resolver si deja un carril libre de la ruta que
interrumpe para ambulancias o desplazamientos de
emergencias.
Si un bando utiliza un procedimiento en
circunstancias en que no esté justificado, especialmente
cuando la sociedad en general lo considera como inaceptable, es
improbable que de resultado. Además, la
desaprobación del público se sumará a las
órdenes del gobierno de emplear la fuerza para reprimir a
sus oponentes.
III. DESAFÍOS A
LA GOBERNABILIDAD EN AMÉRICA
LATINA
En América Latina, una región
caracterizada por recurrentes problemas de gobernabilidad
política, la resistencia civil parece estar
desempeñando, en el sistema
político, el papel que antes cumplían los golpes de
Estado militares. De Puerto Príncipe a Buenos Aires, de
La Paz a Quito y a
Lima, las instituciones tiemblan cuando una fracción del
pueblo se pone en movimiento y se arroga la representación
de la totalidad de la ciudadanía. En consecuencia los estallidos
sociales, protagonizados por amplios sectores de la
población, que expresan su descontento con violencia en
las calles, están reemplazando a las tradicionales
asonadas militares.
La protesta social se ha convertido, en la
región, en un mecanismo utilizado con frecuencia para
remover del poder a gobiernos legítimos que, aunque
elegidos democráticamente, pierden por alguna causa el
apoyo de su población. Refiriéndose a esta
circunstancia señala el eminente politólogo Natalio
R. Botana: "El principio de la democracia
representativa, fundado en elecciones periódicas y
transparentes y en el papel mediador de los partidos, choca con
otro principio, ajeno a las disposiciones constitucionales que,
con objeto de destituir a los gobernantes, atribuye un valor
preponderante a las movilizaciones populares en calles, plazas y
rutas públicas"… "Esta lógica
latinoamericana de la acción colectiva impugna la
legitimidad de los regímenes constitucionales, refleja las
convulsiones sociales de nuestros países y, al mismo
tiempo, está forjando una suerte de estrategia de asonadas
populares tan tumultuaria como incierta".
Considerando la historia reciente de
Latinoamérica es posible observar que,
desde 1989, hasta la fecha catorce presidente constitucionales no
han podido concluir su mandato por causas ajenas a su voluntad.
De ellos diez perdieron sus cargos debido al estallido de
violentas protestas sociales –piquetes, saqueos,
cacerolazos, marchas, huelgas de hambre, etc.- que derivaron en
incidentes con las fuerzas de seguridad que a su vez originaron
importantes pérdidas de vidas humanas y cuantiosos
daños materiales. En
todos los casos las protestas cesaron una vez que el primer
mandatario renunció. La siguiente tabla ilustra sobre los
distintos casos
CRISIS DE GOBERNABILIDAD EN
AMÉRICA LATINA
1989 – 2005
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IV. LA CRISIS DE
GOBERNABILIDAD EN ECUADOR
En Ecuador, los
tres últimos presidentes constitucionales, fueron
derrocados mediante el empleo de mecanismos de resistencia civil.
En todos los casos, se trataba de dirigentes de amplia
trayectoria política en el país que habían
triunfado claramente en elecciones libres.
La primera víctima de protestas organizadas por
sectores golpistas fue el abogado y empresario
populista Abdala Bucaram Ortiz. Candidato del Partido Roldonista
Ecuatoriano, Bucaram había sido elegido, por el 54,7% de
los votos, para cumplir mandato entre el 10 de agosto del 96 y el
10 de agosto del 2000. Bucaran sólo logró
mantenerse en el poder 186 días. Fue destituido en medio
de una revuelta popular que se originó en una fuerte suba
de las tarifas de los servicios
públicos.
En respuesta a los aumentos, más de dos millones
de ecuatorianos desfilaron con banderas tricolores con crespones
negros y golpeando sus cacerolas por las calles, avenidas y
plazas de las principales ciudades del país. En el
transcurso de las protestas, se sumaron al descontento tres
millones de campesinos en los sectores rurales montando piquetes
en las rutas. Los estudiantes de los colegios y universidades
salieron a las calles y los incidentes se tornaron cada vez
más violentas se produjeron muertos y heridos. Bucaram
debió huir y exilarse en Panamá.
Para salvar el sistema institucional, el Congreso
apeló a declarar al presidente "incapacitado para
gobernar", en febrero de 1997. En su reemplazo asumió
el doctor Fabián Alarcón Rivera, como presidente
constitucional interino, el 11 de febrero de 1997, cargo que
ocupó hasta el 10 de agosto de 1998.
En las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 1998
se impuso el Doctor en Jurisprudencia
Jamil Mahuad Wit, de la Democracia Popular – Unión
Demócrata Cristiana, un activo protagonista de las
protestas contra Bucaram. En la primera vuelta electoral fue el
candidato más votado con el 35,3% de los votos y en la
segunda vuelta del 12 de julio batió al magnate
guayaquileño Álvaro Noboa Pontón, del
Partido Rondonista Ecuatoriano con el 51,1%.
En los primeros meses de gobierno, Mahuad intento
aplicar un duro plan de ajuste
económico. El nuevo presidente devaluó el sucre,
liberalizó el precio de los
combustibles, suprimió los subsidios para el consumo
eléctrico e introdujo una serie de medidas de austeridad
cuyo costo
recayó directamente sobre las rentas de la
población.
El 11 de marzo de 1999, ante el acelerado declive
económico –tasa de crecimiento negativo,
inflación interanual del 50%, incremento del
déficit fiscal hasta alcanzar el 6% del PBI, depreciación masiva del sucre frente al
dólar, desaparición de las reservas en divisas,
aceleración de la fuga de capitales-, Mahuad
anunció un paquete de medidas aún más
drástico consistente en el incremento del precio de
combustible en un 174%, congelamiento parcial de los
depósitos bancarios de particulares durante un año,
el control por el Estado de más de la mitad del sistema
bancario ecuatoriano y la clausura temporal de todos los bancos.
Al mismo tiempo, envió al Congreso una decena de
proyectos de
ley que
contenían reformas fiscales, como el incremento del
IVA, que se
elevó del 10 al 15%, y otros destinados a dar vía
libre a la privatización general de los servicios
públicos, afectando a la telefonía, la electricidad y
los hidrocarburos.
Desde fines de 1998, Mahuad advertía que Ecuador
se hallaba en virtual suspensión de pagos y que no
podía hacer frente al servicio de la
deuda
pública externa, 12.800 millones de dólares
–esto era el 60% del PBI-, situación que no aquejaba
a un país sudamericano desde la aplicación del Plan
Brady en 1990. Sumadas la deuda pública y privada, el
total de la deuda externa
ecuatoriana se acercaba a los 16.000 millones de dólares.
El presidente anunció, en marzo de 1999, que Ecuador
vivía su peor crisis económica desde la depresión
de 1930 y que el país tenía la tasa de
inflación más alta de América
Latina.
El fuerte ajuste provocó una dura reacción
popular, que diluyó en el acto la popularidad del
presidente. Un "Frente Patriótico", que
reunía a los sindicatos, organizaciones populares,
partidos políticos y empresarios; llamó a la
desobediencia civil y a detener el intento de Mahuad de
"consolidar el modelo
económico neoliberal".
El 17 de marzo Ecuador quedó paralizado por una
huelga general
y al día siguiente Mahuad pactó con el Congreso un
nuevo plan económico más gradualista. El presidente
logró ganar algo de tiempo… pero su destino estaba
sellado.
El 5 de julio de 1999, comenzó una segunda oleada
de protestas, incluida una huelga general, convocada por la
"Confederación de Nacionalidades Indígenas de
Ecuador" –CONAE-, que jaqueó al presidente.
Mahuad, demostrando una gran capacidad de supervivencia
política, logró superar la crisis nuevamente dando
mayor gradualismo al ajuste.
En enero de 2000, Mahuad afrontó la tercera y
más peligrosa fase de la resistencia civil. La protesta,
en esta ocasión, asumió la forma de un clamor
generalizado por un cambio de
rumbo en la política
económica. El día 9, Mahuad anunció la
dolarización oficial de la economía y la
fijación del tipo de cambio en un dólar a 25.000
sucres, con una inflación del 56%.
Un contexto social explosivo, que se nutrió de la
pobreza
endémica de extensas capas de la población,
sirvió de detonante para el estallido definitivo:
nuevamente se declaró el estado de sitio por las protestas
callejeras en Guayaquil, Quito y otras ciudades, el día 12
de enero un autodenominado "Parlamento Nacional de los Pueblos
del Ecuador" llamó a la resistencia civil y a la toma
del poder
ejecutivo.
Mahuad se negó a renunciar o a revocar el decreto
de dolarización, pero el viernes 21, miles de
indígenas y efectivos del Ejército de rangos
subalternos y medios, ocuparon los edificios del Congreso
Nacional, la Corte Suprema de Justicia y la
Contraloría General, declararon cesantes los poderes del
Estado y anunciaron la formación de una Junta de Gobierno
integrada por el coronel Lucio Gutierrez, antiguo edecán
de los presidentes Bucaram y Alarcón, Antonio Vargas
Guatatuca, líder del CONAIE y Carlos Solórzano
Constantine, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Mahuad huyó a los Estados
Unidos.
En cuestión de horas, las divisiones y el
desorden se instalaron en la flamante "Junta de
Salvación Nacional". El coronel Lucio Gutiérrez
fue sustituido por un alto oficial menos radical, el general
Carlos Mendoza Poveda, ministro de Defensa, que antes de terminar
la jornada encabezó el segundo triunvirato, denominado
ahora "Consejo de Estado".
El 22 de enero de 2000 el vicepresidente Gustavo Noboa
Bejarano presto juramento como presidente, luego de que el
Congreso hubo decretado que Mahuad había hecho abandono
del cargo. En realidad, el presidente había sido
víctima de la resistencia civil llevada a cabo por quienes
no aceptaban su política de ajuste
económico.
El 13 de julio de 2000 la Corte Suprema de Justicia de
Ecuador inició proceso penal contra Mahuad y dictó
una orden de prisión acusándolo de violar las
garantías constitucionales por decretar el congelamiento
de los depósitos bancarios y la dolarización de la
economía; extralimitación en sus funciones y abuso
de poder en sus decisiones; y, uso ilegal de fondos donados por
importantes empresarios en la campaña presidencial de
1998.
Para comprender mejor los sucesos ocurridos con el
desplazamiento del poder de Jamil Mahuad y el ascenso del actual
mandatario Lucio Gutierrez nada mejor que pasar revista
brevemente a su biografía poniendo
especial énfasis en los sucesos que condujeron a su
elección como presidente.
Lucio Gutiérrez es el tercer hijo de un
agricultor y una enfermera, aunque nació en Quito, en
1957, se crió en la cercana ciudad de Tena, capital de la
provincia de Napo. En 1977 se graduó de subteniente del
arma de Caballería como el primero de su promoción. Además de recibir
adiestramiento
como comando de las Fuerzas Especiales y de ganar campeonatos de
pentatlón militar en el Ecuador y Sudamérica, posee
los títulos de: ingeniero civil, licenciado en Administración, diplomado en Alta Gerencia y
diplomado en Liderazgo
Estratégico, por la Escuela
Politécnica del Ejército de Quito; licenciado por
la Escuela de Educación
Física del Ejército en Río de Janeiro;
diplomado en Relaciones
Internacionales y Defensa Continental por el Inter. –
American Defense College de Washington, diplomado en Seguridad
Nacional por el Instituto Nacional de Guerra de las Fuerzas
Armadas ecuatorianas; y, diplomado en Ciencias
Militares por la Academia de Guerra del Ejército de Quito,
entre otros cursos de formación especializada.
Desde su cargo de edecán del presidente
Abdalá Bucaram, se negó a proteger por la fuerza el
Palacio Carondelet de Quito, sede del poder Ejecutivo, de los
manifestantes enardecidos que reclamaban la renuncia del
presidente, lo cual obligó a Bucaram a abandonar el
edificio y trasladarse a Guayaquil para mayor seguridad, luego de
que el Congreso, el 6 de febrero de 1997, los legisladores
resolvieran cesarlo en sus funciones por "incapacidad
mental".
En marzo de 1999, cuando se preparaba para el ascenso a
coronel, Lucio Gutiérrez transmitió una misiva al
Alto Mando criticando al Gobierno por desatender los problemas
del Ejército, y en noviembre siguiente, entregó un
memorándum al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas
Armadas, general Carlos Mendoza Poveda, en él expresaba su
oposición a pretensión de Mahuad de incrementar los
impuestos
sobre la renta y el consumo y advertía que no se
podía seguir "estrangulando al pueblo ecuatoriano"
en tanto no se moralizara la función
pública y se pusiera coto a la corrupción
generalizada.
Gutiérrez también demandaba la
realización de una "revolución
democrática" en el Ecuador a partir de un "diálogo
cívico –
militar" con espíritu regenerador y patriótico,
tarea tanto más urgente por cuanto que "la
descomposición social era evidente" y existía un
"altísimo riesgo de entrar
en una guerra civil". Semanas más tarde, en diciembre de
1999, Gutiérrez culminó sus exámenes para
coronel y en la ceremonia de recepción de despachos en el
Instituto Nacional de Guerra no estrechó la mano de Mahuad
a la vista de todos los asistentes, incurriendo en un grave acto
de indisciplina.
El hecho que no se tomaran medidas contra el
indisciplinado coronel, parece indicar que Gutiérrez
estaba planificando un movimiento insurreccional junto con los
coroneles Fausto Cobo, Luis Aguas, Gustavo Lalama y Jorge Brito,
más la incierta participación del general Mendoza,
recién nombrado ministro de Defensa. Fuera de los
cuarteles, el movimiento contaba con la participación de
la Confederación de Nacionalidades Indígenas del
Ecuador –CONAIE, que lideraba el dirigente quechua Antonio
Vargas Guatatuca, la cual debía actuar como detonante del
movimiento.
Tal como se ha relatado, los indígenas reforzados
por efectivos del Ejército de rangos inferiores y medios
ocuparon los edificios gubernamentales más importantes, el
21 de enero de 2000, se generó un momento de
anarquía que aprovecharon Gutiérrez y sus
seguidores para presentarse ante la sociedad ecuatoriana al
frente de la "Junta de Gobierno de Salvación
Nacional", donde el joven coronel compartía el poder
con Vargas Guatatuca y Carlos Solórzano Constantine, ex
presidente de la Corte Suprema.
Su paso por el poder en este momento sería
efímero. La alta oficialidad y la clase
dirigente tradicional se apresuraron a apuntalar el orden de
cosas puesto en peligro por la movilización de sectores
sociales, ancestralmente marginados por las clases dirigentes
criollas. Los líderes indigenistas creyeron poder
conquistar el poder por vía insurreccional a través
de una alianza con la oficialidad joven del Ejército pero
fracasaron.
Gutiérrez fue desplazado de la Junta y su lugar
fue ocupado por el general Mendoza. El día 22, el Congreso
tomó el control de la crisis y propició el acceso
al poder del vicepresidente Gustavo Noboa Bejarano. Los coroneles
rebeldes fueron inmediatamente arrestados y sometidos a las
autoridades judiciales, civiles y militares. El 1º de junio,
Gutiérrez llevaba más de cuatro meses encarcelado
cuando el Congreso, a instancias del Gobierno de Noboa -que
deseaba apaciguar la tensa situación social, por la
reactivación de la protesta indígena el incremento
de la inflación-, aprobó una amnistía para
Gutiérrez y otros 16 oficiales. Según un sondeo de
opinión realizado poco antes, el 67% de los ecuatorianos
rechazaba el enjuiciamiento de los oficiales
presos.
Una vez liberado Gutiérrez se lanzó de
lleno a la política con la intención de alcanzar la
presidencia en los comicios del 2002. Después de solicitar
su pase a la reserva del Ejército, creó junto a
otros militares el "Partido Sociedad Patriótica".
Indagado sobre la base ideológica de su partido,
Gutiérrez eludió cualquier definición basada
en la tradicional dicotomía entre izquierdas y derechas.
Insistió en que sólo lo guiaba su devoción a
la patria y un sentimiento de unidad nacional que surgía
de las ideas y acciones de los próceres de la
independencia y, muy especialmente, del Libertador Simón
Bolivar.
Para reforzar sus posibilidades en las elecciones del 20
de octubre de 2002, Gutierrez estableció una alianza con
la CONAIE, en ese entonces liderada por Leonidas Iza, y otras
organizaciones y sindicatos, con los partidos de izquierda
Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik – Nuevo
País, coordinado por Miguel Lluco, que oficiaba de brazo
político del conglomerado indigenista, y el Movimiento
Popular Democrático, un agrupamiento marxista.
El 20 de octubre Gutiérrez se adjudicó el
primer puesto con el 20,3% de los votos seguido del candidato del
Partido Renovador Institucional Nacional –PRIAN-, el
magnate y antiguo bucaramista Álvaro Noboa
Pontón y de León Roldós Aguilera del
Movimiento Ciudadano y del ex presidente Rodrigo Borja
Cevallos con el partido Izquierda Democrática.
En la campaña para la segunda ronda electoral,
Gutiérrez intento presentarse como un político de
"centro izquierda" e incluso viajó a Estados Unidos
para entrevistarse con empresarios, banqueros y representantes
del FMI. Allí
aseguró a sus interlocutores que su gobierno
respetaría la dolarización, mantendría el
diálogo con el organismo financiero sobre un
préstamo de contingencia de 240 millones de dólares
y controlaría el gasto fiscal.
En la segunda vuelta, efectuada el 24 de noviembre de
2002, Lucio Gutiérrez se impuso claramente por el 54,3% de
los votos emitidos. Pese a clara victoria en la segunda ronda
electoral lo cierto es que el gobierno de Gutiérrez
asumía seriamente condicionado. Su coalición de
gobierno PSP y el MUPP-NP sólo contaba con trece
escaños de los cien legisladores que integraban el
Congreso ecuatoriano.
V. LA
REBELIÓN DE LOS FORAJIDOS
Gutiérrez asumió el poder en Ecuador como
tantos otros presidentes latinoamericanos. Con escaso apoyo
electoral, en medio de una profunda crisis socioeconómica
e institucional. Sin un partido político orgánico y
apoyado tan sólo por una heterogénea
coalición política amenazada siempre por sus
propias tensiones centrífugas. Bajo estas condiciones fue
realmente milagroso pudiera mantenerse en el gobierno durante 825
días.
Su plan de gobierno pretendía terminar con la
corrupción y renovar las prácticas
políticas. Pero su poder político para llevar a
cabo las reformas era cuando menos escaso. Era previsible que a
corto plazo la popularidad del nuevo presidente comenzaría
a erosionarse.
Los problemas comenzaron para Lucio Gutiérrez
seis meses después de haber alcanzado la presidencia.
Cuando se vio obligado a destituir a varios de sus ministros
pertenecientes al partido indigenista Pachacutik, lo que
desembocó en la ruptura de la alianza de su gobierno. La
crisis con el movimiento indigenista se produjo cuando el
presidente Gutiérrez mantuvo la dolarización de la
economía ecuatoriana y llegó a acuerdos con el
gobierno norteamericano referidos a la lucha contra el narcotráfico y la firma de un tratado de libre
comercio.
A partir de entonces, el presidente tuvo que hacer
frente al bloqueo en el Parlamento, donde su partido sólo
contaba con siete congresistas de un total de 100, de sus
proyectos de privatización de las industrias
petroleras y eléctricas, de reformas institucionales y de
modificación del sistema de seguridad
social. También se produjo un distanciamiento entre el
presidente y el vicepresidente Alfredo Palacio.
El presidente Gutiérrez comenzó a ser
acusado de uso indebido de dinero
público, cohecho y
delitos contra
la seguridad del Estado. En noviembre de 2003, por ejemplo Lucio
Gutiérrez enfrentó su primera crisis de este tipo
cuando se reveló que en el personal que
dirigía su campaña electoral había recibido
una contribución de 30.000 dólares de la familia
Fernández Cevallos. En esos momentos uno de sus miembros
era investigado por supuestas actividades de narcotráfico.
La denuncia fue investigada pero no se encontraron pruebas
contundentes que verificaran las acusaciones.
En septiembre de 2004 los sectores opositores del
Congreso pretendieron someter al presidente a juicio
político cuando trascendió que Lucio
Gutiérrez de había reunido a principios de ese mes,
en Panamá, con el prófugo ex presidente
Abdalá Bucaram. En ese encuentro el presidente
habría prometido crear una comisión de juristas
para allanar el camino de su regreso, como posteriormente
ocurrió. Pero, la nueva alianza que Lucio Gutiérrez
estableció con el Partido Roldonista Ecuatoriano, liderado
por Bucaram y el Partido Renovador Institucional Acción
Nacional, conducido por el magnate bananero Álvaro Noboa,
impidió el proceso.
Esta nueva alianza permitió que el Congreso,
basándose en una cláusula transitoria de la
Constitución, sustituyera en diciembre de
ese año a 27 de los 30 jueces de la Corte Suprema de
Justicia. Este hecho generó una fuerte crispación
social y política que condujo a la crisis
final.
El conflicto se
intensificó cuando el nuevo presidente de la Corte
Suprema, Guillermo Castro, anuló el 1º de abril los
juicios por presunta corrupción que se seguían
contra los ex presidente Bucaram y Noboa y el ex presidente
Alvaro Danik, quienes regresaron a Ecuador a principios de abril.
Por ese entonces la popularidad del presidente en las encuestas era
tan sólo del 6%.
El sábado 16 de abril de 2005, ante la presión de
las movilizaciones, el presidente Lucio Gutiérrez
apeló a la Ley de Seguridad Nacional para decretar el
"estado de emergencia", que suspendió los derechos
civiles movilizó a las Fuerzas Armadas y dio al Poder
Ejecutivo la facultad de intervenir en otros poderes del Estado.
En el mismo decreto, el presidente cesó a la Corte de
Justicia cuestionada. Gutiérrez se justificó
explicando que debía poner fin a la crisis
política, utilizando los poderes especiales que le
otorgaba el "estado de emergencia".
La Conferencia
Episcopal Ecuatoriana de la Iglesia
Católica sostuvo en un comunicado que el estado de
emergencia agravó la situación ya existente, de
caos político y social y de incertidumbre
jurídica.
La oposición acusó al presidente
Gutiérrez de violar la constitución y la
ciudadanía salió a las calles para expresar su
indignación con la clase dirigente, a la culpaba de todos
los problemas que afectaban al país. Los manifestantes se
congregaban bajo las consignas de "Fuera Lucio" y "Que
se vayan todos".
El Congreso se reunió en forma extraordinaria y
cesó, por unanimidad de los 89 parlamentarios presentes, a
la Corte cuestionada y declaró "vacancia judicial"
hasta lograr un acuerdo para aprobar una ley que se estableciera
un mecanismo no partidista para elegir los magistrados. La
resolución, sin embargo, no dejó sin efecto la
nulidad de los juicios contra los ex presidentes. Mientras tanto,
el presidente levantaba el estado de emergencia intentado calmar
los ánimos.
La influyente Confederación de Nacionalidades
Indígenas del Ecuador –CONAIE-, se solidarizó
con las protestas de Quito e inició movilizaciones en
algunas provincias pidiendo la renuncia del
presidente.
El presidente de la CONAIE, Luis Macas, dijo que su
organización no negociaría ningún tipo de
salida a la crisis, y en caso de que fuera sustituido
Gutiérrez, exigiría le cumplimiento de su programa de
reclamos. "Nosotros exigimos que el país suspenda las
negociaciones del Tratado de Libre Comercio
con Estados Unidos, el cierre la base militar de Manta
–cedida a las Fuerzas Armadas estadounidenses-, y se oponga
al involucramiento del país en el Plan Colombia",
afirmó Macas.
El 19 de abril comenzaron ha hacerse más y
más violentos los disturbios mientras el presidente
insistía en que no renunciaría y acusaba de
"forajidos" a los manifestantes. Pronto se produjeron los
primeros muertos –un fotógrafo chileno,
víctima de los gases
lacrimógenos empleados por las fuerzas de seguridad y una
mujer atropellada
por un vehículo- además de 130 asfixiados y 44
contusos, según informó la Cruz
Roja.
El miércoles 20, el parlamento unicameral se
reunió en sesión excepcional en la sede del Centro
Internacional de Estudios Superiores de Comunicaciones
para América Latina, en el norte de Quito, y cesó
al presidente Gutiérrez con el voto de 60 de los 62
legisladores presentes. La moción votada por los diputados
opositores decía textualmente: "Declarar que el coronel
Lucio Gutiérrez ha abandonado el cargo de presidente y en
consecuencia deben operar los mecanismos de sucesión
presidencial".
La diputada socialcristiana Cynthia Viteri, quien
presidió la sesión agregó: "Por falta
definitiva del presidente de la República, conforme
determina el artículo 168 de la Constitución
Política de la república, le corresponde subrogar y
asumir la Presidencia de la República al vicepresidente
constitucional de la República, Alfredo
Palacio".
El gobierno, a través del ministro de Gobierno,
Oscar Ayerbe, señaló que no aceptaba esta
decisión, pero casi de inmediato las fuerzas armadas
retiraron el apoyo al destituido primer mandatario, sellando
así su suerte. El ministro de Defensa Nacional, general
(r) Néstor Herrera, leyó un comunicado donde
anunció la decisión de retirar el apoyo al
mandatario, que pocos minutos antes había sido cesado por
resolución del Congreso.
Una vez que se anunció el retiro del apoyo de los
militares, los soldados apostados en las calles comenzaron a
replegarse y abandonaron sus puestos de vigilancia en los lugares
claves, incluyendo el Palacio de Carondelet.
El coronel Lucio Gutiérrez intentó dejar
el país, pero la presencia de manifestantes en el
aeropuerto internacional Mariscal Sucre de Quito, cerrado a las
operaciones
comerciales, le impidió tomar un avión privado.
Debió entonces refugiarse en la Embajada del Brasil,
país que inmediatamente le otorgó asilo
político. Mientras tanto la justicia ecuatoriana dictaba
una orden de captura contra el ex presidente por "el delito flagrante
de ordenar a la policía y los militares salir a reprimir a
los manifestantes".
El nuevo presidente, Alfredo Palacio era un
médico cardiocirujano de 66 años, que había
sido ministro de Salud
Pública entre 1994 y 1996, durante la presidencia de
Sixto Duran Ballen. Asumió el cargo en medio de la crisis
y bajo el cuestionamiento de un amplio sector de los
manifestantes.
VI. LAS
CONSECUENCIAS DE LOS PROBLEMAS DE GOBERNABILIDAD EN
AMÉRICA LATINA
Cabe preguntarnos cuál ha sido el resultado de la
crisis de gobernabilidad de asola a América Latina. La
respuesta es clara aunque no muy agradable. Según cifras
del Banco Mundial,
mientras que la pobreza en el mundo se ha reducido a la mitad
–del 40 por ciento al 21 por ciento de la población
del planeta desde que China y la
India empezaron a abrir sus economías hace dos
décadas. Tan sólo China y la India han sacado a
más de 500 millones de personas de la extrema pobreza
desde 1981, mientras que América Latina ha sido la
excepción de la regla, creando 28 millones de nuevos
pobres en el mismo período.
América Latina es una de las regiones más
atrasadas y de más lento crecimiento económico del
mundo. Si bien, se estima que en el 2005 la región
crecerá un 3%, en los últimos tres años ha
estado creciendo a un promedio de menos del 1%. Los 19
países que componen la región –sobre Cuba no hay
datos
confiables- suman un PBI de 1.700 millones de dólares,
superando escasamente a China con 1.400 millones.
Sin embargo, hay algo que si parece aumentar en forma
continua y son los problemas de gobernabilidad, la pobreza y la
violencia. Según el Banco
Interamericano de Desarrollo, América Latina constituye la
región con mayores desigualdades del mundo donde el 10%
más rico de la población se apropia del 40% de la
riqueza.
Tomemos como ejemplo a Venezuela. En
seis años de gobierno del populista Hugo
Chávez la pobreza aumentó un 10%. El Instituto
Nacional de Estadísticas de Venezuela revela que en el
primer semestre de 1999, cuando Chávez asumió la
presidencia, el índice de pobreza era del 42,8%, mientras
que al cierre de 2004 era de 53%. La pobreza extrema hace seis
años afectaba a 16,6% de los hogares venezolanos, y en
estos momentos afecta a 25%. Esto significa que un cuarto de la
población no tiene ingresos
suficientes ni siquiera para atender sus gastos de
alimentación. Para finales de 2003 el 16,2%
de la población del país vivía en un nivel
de hacinamiento crítico, el 16,3% de la población
no cuenta con servicios básicos de agua corriente
y cloacas en sus viviendas. Mientras que el 1,9% de los niños
entre 7 y 12 años no asistía a la
escuela.
Pese a este cuadro social de extrema gravedad. El
gobierno de Chávez realizó grandes gastos en la
compra de armamentos. Venezuela adquirió 100.000 fusiles
de asalto AK – 47, 50 helicópteros de ataque y 30
aviones MIG a Rusia, 12
cazabombarderos AMX-T y 24 aviones Súper Tucano de
entrenamiento
militar y combate aviones de combate a Brasil y 10 aviones de
transporte y
dos aviones de vigilancia marítima, 4 naves patrulleras de
vigilancia costera, 4 corbetas y un apartado de material civil
por un total de 1.690 fragatas misilísticas a España.
VII. POBREZA,
INSEGURIDAD E
INGOBERNABILIDAD
En realidad la carrera armamentista en la región
es un problema general y no particular de Venezuela. Otros
estados empobrecidos de América Latina no dudan en
incrementar sus gastos militares. Según datos del
Instituto Internacional de Estudios para la Paz –SIPRI-,
con sede en Estocolmo, entre 1993 y 2003 el gasto militar en la
región creció un 24% aunque con una
distribución muy dispar.
Estos datos explican porque en toda América
Latina los sectores más golpeados por la pobreza y la
marginalidad
han comenzado a movilizarse y ha reclamar cada vez con mayor
violencia soluciones
para su crítica
situación. Indígenas chapanecos, campesinos sin
tierra brasileños, indígenas cocaleros bolivianos,
trabajadores desocupados argentinos y otros muchos grupos
reclaman por sus derechos cada vez con mayor
vehemencia.
También la creciente tasa de criminalidad y
violencia pandillera que asola a América Latina perjudica
la consolidación de la democracia y el desarrollo de la
región. Según Adolfo Franco, administrador
adjunto para América Latina y el Caribe en la Agencia de
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional –USAID- la
tasa de criminalidad en América Latina duplica la tasa
mundial. El funcionario agregó: "Améria Latina
está atrapada en un círculo vicioso en el que el
crecimiento económico se ve obstaculizado por las elevadas
tasas de criminalidad, y la falta de oportunidad económica
contribuye a esa misma criminalidad".
En idéntico sentido opina el Banco Interamericano
de Desarrollo. Esta institución calcula que el producto interno
bruto per capita en América Latina sería un
veinticinco por ciento más alto si las tasas de
criminalidad en la región fueran similares al promedio
mundial.
El "Estado de Bienestar", que nunca
alcanzó un pleno desarrollo en América Latina, se
ha retirado dejando a vastos sectores de las sociedades
latinoamericanas libradas a su suerte y a amplios territorios
convertidos en "áreas sin ley", verdaderas
"tierras de nadie" donde florece toda suerte actividades
ilícitas. Allí la única norma vigente es la
"ley del más fuerte" y en muchos casos los
pobladores terminan tomando la justicia en sus propias
manos.
Algunos territorios estatales han escapado formalmente
al control de los gobiernos nacionales y son realmente dominados
y administrados por grupos terroristas, criminales o ambas cosas.
En México, el
Ejército Zapatista de Liberación administra 32
municipios en la región de Chiapas, gran
parte del territorio colombiano se encuentra en mano de los
diversos grupos narcoterroristas las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia, el Ejército de
Liberación Nacional o los paramilitares de las
Autodefensas Unidas de Colombia. La autoridad del estado
colombiano ha desaparecido a tal grado que, como relata el
periodista del National Geographic, Carlos Villalón, la
pasta base de cocaína ha
reemplazado al dinero en las transacciones comerciales en la
región de Caquetá.
Más al sur del subcontinente, regiones como la de
Tartagal – Orán, en la frontera
argentino boliviana o la célebre "Triple Frontera",
donde se reúnen los confines territoriales de Paraguay, Brasil
y Argentina, son centros de actividad ilegal a despecho de los
esfuerzos gubernamentales por controlarlos.
También en el centro de las grandes ciudades
latinoamericanas la indigencia y la marginalidad crean
áreas liberadas donde florece el delito. Según el
Instituto Brasileño de Geografía y
Estadísticas en Brasil existen 16.433 favelas, de las
cuales 1.592 se encuentran en el estado de Sao Paulo y 681 en el
estado de Río de Janeiro. Como sorprendernos entonces que
entre los años 1980 y 2000 se hayan producido en Brasil
600.000 asesinatos. Tan sólo en el año 2002 se
produjeron en ese país 49.400 asesinatos, es decir un
promedio de 160 asesinatos por
día.
Brasil registra la mayor tasa de asesinatos del mundo.
Con tan sólo el 2,8% de la población mundial se
producen en ese país el 11% de los asesinatos comprobados
en el mundo.
La ciudad de Río de Janeiro es una de las
más violentas del mundo. Con una población total de
5.700.000 habitantes alberga a 61 favelas donde viven
aproximadamente 1.200.000 personas. Según la prestigiosa
ONG Viva
Río, unos 5.000 niños han sido reclutados como
soldados por las organizaciones de narcotraficantes. Mientras que
en las guerras de
Medio Oriente entre israelíes
y palestinos murieron 467 niños, tan sólo entre
1987 y 2001 murieron por causas violentas 3.937 niños
cariocas.
Lógicamente, la inseguridad resulta muy costosa
para Brasil, según el BID, este país gasta el 10%
de su PBI en seguridad. Tan sólo el sector privado
brasileño invierte 25.000 millones de dólares por
año en ese rubro.
La situación en Argentina no es mucho mejor.
Según Eduardo Ovalles, del Centro de Estudios Nueva
Mayoría, la delincuencia
se ha incrementado en un 177% en la Argentina entre 1991 y 2002,
en la provincia de Buenos Aires lo ha hecho un 228% y en la
ciudad de Buenos Aires en 373%.
También la pobreza y la marginalidad han tenido
un crecimiento pavoroso. Actualmente aproximadamente la mitad de
la población argentina se encuentra por debajo de la
línea de la pobreza y una cuarta parte vive en la
indigencia y la marginal.
Según la Dirección de Tierras y Urbanismo bonaerense
existen, tan sólo en el Gran Buenos Aires donde viven diez
millones de argentinos, 640 barrios precarios, aunque la
directora de esa dependencia oficial, María de la Paz
Dessié no duda en afirmar que esa cifra es menor a la
mitad de las urbanizaciones irregulares realmente
existentes.
Algo similar ocurre en la ciudad de Buenos Aires, donde
entre 1991 y 2001 se duplicó la población de las 22
villas miserias y aparecieron 8 nuevas.
Los barrios marginales de la Argentina son
"áreas sin ley" donde se procesa pasta base para
producir cocaína, se ocultan a personas secuestradas se
trafica con armas, automóviles y productos
robados. Al mismo tiempo, la actividad de los grupos criminales
somete a la población marginada que allí vive a
toda suerte de atropellos y violencias.
El dilema es claro, América Latina deberá
urgentemente recuperar la función del Estado y combatir la
pobreza extrema para evitar que la proletarización y
lumpenización de sus poblaciones termine por destruir la
gobernabilidad democrática y toda posibilidad de
crecimiento económico para la región.
Dr. ADALBERTO C. AGOZINO
Es doctor en Ciencia
Política. Experto en temas de seguridad. Se
desempeña como profesor
titular de la Cátedra de Seguridad y Defensa de la Escuela
Superior de Gendarmería Nacional y la Cátedra de
Inteligencia
en el Instituto Universitario de la Policía Federal
Argentina.