El proceso de globalización y su impacto en el instrumental jurídico venezolano

(1989-1999)

Tesis de grado presentada ante la
Ilustre Universidad de
los Andes para optar al titulo de Magíster en Ciencia
Política

2. Resumen
4. Referencias de la
   Globalización
5. Las Expresiones de la
   Globalización en Venezuela
6. Los Instrumentos
   Jurídicos Venezolanos y el Proceso de
   Globalización
7. El Proceso
   Constituyente
8. Conclusiones
9. Referencias
   bibliográficas
10. Referencias
    hemerográficas

Resumen

Esta tesis
elaborada para optar al título de Magíster en
Ciencia Política, pretende abordar los principales
cambios en el instrumental jurídico venezolano desde el
año de 1989 hasta 1999, como consecuencia directa del
proceso de globalización aunado al hecho de que se trata
de una coyuntura histórica que ha pesar de tener sus
orígenes en el ámbito económico se ha
extendido a todos los niveles y de manera especial en el orden
político.

La globalización es un fenómeno de antigua
data en la historia de la humanidad
pero el auge de las nuevas
tecnologías de la información y la
comunicación, el impulso renovado a la apertura de los
intercambios comerciales entre las naciones, son acontecimientos
históricos que se han acelerado en los últimos
tiempos y que han contribuido a fortalecer este proceso en el que
se ve involucrada la humanidad entera, a pesar de que se muestre
ajena a él.

El "mundo global" exige una serie de
transformaciones en los Estados, quedando en el pasado las
tendencias nacionalistas e individualistas, pareciera que las
fronteras han desaparecido y con ellas las separaciones de la
política nacional y la política internacional. En
el mundo globalizado lo que concentra la atención de las grandes potencias es la de
expandir sus mercados
comerciales y ofrecer productos de
una mayor competitividad
al tiempo que los
países en vías de desarrollo se
encuentran deslumbrados ante las maravillas de la economía
liberal.

En el Capítulo I de este trabajo de
investigación se presenta la
Globalización desde dos ópticas o
perspectivas para Venezuela: La
visión de los optimistas, que este proceso ha
traído ventajas múltiples para nuestro país
porque el mismo ha impulsado la democratización del
capital, como
consecuencia de las privatizaciones y la expansión del comercio,
atribuible a la celebración de acuerdos internacionales de
integración
económica, y, por otra parte la visión de
los pesimistas que nos presentan un panorama de dudas e
incertidumbre sobre las bondades de la
globalización, fundamentalmente porque el proceso
involucra la pérdida de la soberanía nacional y en cierta forma del
valor por la
cultura propia
de las naciones.

Sin embargo, fuera de las ópticas o perspectivas
optimistas y pesimistas, la globalización es un
fenómeno ineludible y a pesar de que los Estados
fortalezcan sus estructuras
internas sólo lograrían aislarse y mantenerse al
margen de los progresos de la modernidad.

En el Capítulo II se hace mención a
lo que considero como expresiones del proceso de
globalización en Venezuela, porque nuestro país en
el período 1989- 1999 experimentó grandes cambios
el la conducción del modelo
rentista de la economía, en el fortalecimiento de los
procesos de
regionalización y descentralización y en la
celebración de acuerdos internacionales para sustentar las
bases de la integración regional. Durante este
período se agudiza la pérdida de soberanía
del Estado
venezolano sobre las industrias
básicas y fundamentalmente la crisis del
modelo rentista lo que acarreó en ese momento
histórico desequilibrios desde el punto de vista
económico, político y social que todavía se
lamentan por los venezolanos.

Con relación a las repercusiones del proceso de
globalización en el modelo rentista venezolano, se debe
señalar que en Venezuela, había mantenido un modelo
económico que se sustentaba fundamentalmente en la
monoproducción petrolera porque los recursos
públicos casi en un 90%, pero las dificultades
económicas de la década de los ochenta condujo al
estallido de una crisis que no ha podido superarse.

Otro de los aspectos de interés
era el de la descentralización y la
regionalización, si bien es cierto que ambas
tendencias se nos muestran contrastantes con el proceso de
globalización, las mismas lo complementan y forman parte
del mismo.

Con respecto al auge de los procesos de
integración, es menester decir que la
globalización ha motivado la celebración de
acuerdos internacionales con la finalidad de favorecer la
liberalización del comercio. Venezuela, ha intervenido en
esta iniciativa a nivel regional suscribiendo tratados y
acuerdos con el resto de Latinoamérica.

En el Capítulo III se hace un análisis de los instrumentos
jurídicos promulgados que se consideraron de mayor
relevancia como consecuencia del proceso de globalización
en los cuales destacan: a) El marco jurídico de las
asociaciones estratégicas en el sector petrolero y el de
las privatizaciones, b) Las leyes sociales y,
c) Las leyes penales. El legislador patrio en la redacción de estos instrumentos legales
flexibilizó su concepción del nacionalismo y
el excesivo carácter proteccionista en la
legislación social pero incorporó aspectos de
vanguardia
previstos en los tratados y acuerdos internacionales en materia de
derechos
humanos y calidad de
vida que nunca antes habían sido consagrados en el
orden legal.

A pesar de las iniciativas y de las propuestas
legislativas Venezuela para 1999 vivía una
situación crítica
para lo cual era preciso transformar el marco institucional
dentro del cual los diferentes actores políticos,
económicos, y sociales se desenvuelven y toman sus
decisiones.

En el Capítulo IV se hacen breves
referencias al Proceso Constituyente, liderizado por Hugo
Chávez Frías y por el nuevo movimiento
partidista V República, que surge con la finalidad de
neutralizar el alto grado de concentración del poder por los
partidos tradicionales y poner fin a la generación de
corruptelas, compadrazgos y clientelismo, que habían
deteriorado el desarrollo democrático de la vida
nacional.

El Poder Constituyente como manifestación de la
ilegitimidad de las instituciones
políticas y jurídicas, nace entonces
del propio seno del pueblo con fuerza
legítima indetenible, capaz de impulsar la
transformación de ese marco institucional. Le
correspondería a la Asamblea Nacional Constituyente, ser
la instancia político- jurídica que
originará un nuevo marco institucional para la
refundación de la República, la
reestructuración del Estado y el establecimiento de un
nuevo consenso político y social.

INTRODUCCIÓN

La globalización es una coyuntura
histórica que ha pesar de tener sus orígenes en el
ámbito económico se ha extendido a todos los
niveles y de manera especial en el orden político. El
capitalismo ha
determinado los cambios de las sociedades
marcados por la necesidad de supeditar su soberanía para
participar de los beneficios de los mercados libres.

La expansión de las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación, el impulso renovado a la
apertura de los intercambios comerciales entre las naciones, son
datos que
parecerían confirmar que la globalización del
planeta, el paso de las escalas nacionales y regionales a la
escala global es
un fenómeno de reciente data, sin embargo, los autores
señalan que no es así, porque la
internacionalización se ha dado desde la
antigüedad.

El "mundo global" exige una serie de
transformaciones en los Estados, quedando en el pasado las
tendencias nacionalistas e individualistas, pareciera que las
fronteras han desaparecido y con ellas las separaciones de la
política nacional y la política
internacional.

La vieja separación entre una política
nacional y otra política internacional progresivamente ha
desaparecido y no hay conflictos
entre los Estados que aceptan las imposiciones de los organismos
multilaterales con relación a las políticas de
expansión de la economía. La globalización
coexiste, con el peso decisivo de la cultura, de los mercados y
los recursos propios. La articulación de esta
dimensión endógena de la realidad con su contexto
externo determina el desarrollo o el atraso de los
países.

La globalización a suscitado apasionadas
polémicas en el ámbito mundial en virtud de que en
las últimas décadas se ha vinculado aún
más a la realidad interna de las naciones en su contexto
externo. La expansión del comercio, las operaciones
trasnacionales de las empresas, la
integración de las plazas financieras en un gran mercado de
alcance mundial y el amplio desarrollo de la información
ha estrechado los vínculos entre los
países.

Para Venezuela, el proceso de globalización ha
traído grandes repercusiones que han sido vistas desde dos
ópticas o perspectivas: la visión de los
optimistas, que consideran que las ventajas para nuestro
país son múltiples, porque el mismo ha impulsado la
democratización del capital, como consecuencia de las
privatizaciones y la expansión del comercio, atribuible a
la celebración de acuerdos internacionales de
integración económica. Por otra parte la
visión de los pesimistas nos conduce a un panorama de
dudas e incertidumbre sobre las bondades de la
globalización, en razón de que el proceso involucra
la pérdida dela soberanía nacional y en cierta
forma del valor por la cultura propia de las
sociedades.

Sin embargo, fuera de las ópticas o perspectivas
optimistas y pesimistas, la globalización es un
fenómeno ineludible y a pesar de que los Estados
fortalezcan sus estructuras internas sólo lograrían
aislarse y mantenerse al margen de los progresos
económicos.

Venezuela ha experimentado grandes cambios con el
proceso de globalización como la pérdida de
soberanía en las industrias básicas y
fundamentalmente la crisis del modelo rentista lo que ha
traído como consecuencia grandes desequilibrios desde el
punto de vista económico, político y
social.

Capítulo I: Referencias de la
Globalización

El fenómeno de la globalización no
es reciente. Los estudiosos del tema lo consideran un proceso y
lo periodizan de muy diversas formas; algunos remontan sus
orígenes a la expansión del capitalismo mundial (a
finales del siglo XV y comienzos del XVI), otros lo acercan en el
tiempo para situarlo en el siglo XIX, con el avance del
colonialismo, fundamentalmente europeo occidental, en
África y Asia, y vinculado
al "salto cualitativo" que significó el proceso de
industrialización, motorizado a partir de aquellos Estados
más desarrollados científica y
tecnológicamente (Ferrer, 2000: p. 11). No obstante, la
gran mayoría de los autores coinciden que es a partir de
los últimos veinticinco años que el término
globalización se comenzó a aplicar para
describir "la creación de un mercado mundial en el que
circulan libremente los capitales financieros, comercial y
productivo" (Arriola, 1996,p.13), es decir, un proceso
predominantemente económico, que se articularía "en
torno a una
reestructuración productiva a escala mundial" (Serbin,
1999). (EXTENSIBLE).

La otra coincidencia generalizada es que la
aceleración de dichos procesos se produce desde el momento
en que se observa un constante aumento de las transacciones y
flujos comerciales entre aquellos países empeñados
en establecer acuerdos de cooperación económica
regional (Kaldone, 1999: pp. 47-48), destacándose el
esquema adoptado por los europeos con su CEE, refrendada con la
firma del Tratado de Maastrich en 1991. Dicho esquema, a grandes
rasgos, planteó una amplia apertura, con la consecuente
eliminación de aranceles y
trabas comerciales en función de
conformar un mercado regional unificado, incluso, con una moneda
común que agilizara los intercambios del bloque, el
euro, que entraría en vigencia a partir del 1 de
enero de 1999, siendo la primera vez en la historia que una
unificación monetaria precedería a una
política (Neira, 1999: p.8-C).

Otros acuerdos integracionistas conformaron importantes
bloques económicos en Asia, Oceanía y
en América, sin embargo, la aceleración
del intercambio internacional y la competencia ha
generado también la inversión de grandes empresas, así
como la aparición de las llamadas "alianzas
estratégicas" entre gigantescos consorcios con la
intención de controlar mercados, hasta el punto de
estimarse que las 200 corporaciones más grandes tienen
manejos en cerca del 25% de las actividades económicas
mundiales (Canache, 1997).

Importantes procesos productivos se llevan a cabo en el
ámbito de las corporaciones y redes globales, modalidad de
organización industrial que se basa en un
enfoque mucho más fragmentado y descentralizado de los
negocios,
permitido a las empresas ubicar cada una de sus operaciones en
aquellos lugares del globo que más ventajas competitivas
les ofrezcan. La economía
mundial llena el presente de oportunidades y amenazas: por el
lado de las grandes corporaciones la posibilidad de incursionar
en mercados atractivos; por otro, el de las pequeñas
empresas domésticas, el incremento de la competencia
interna, con la llegada de rivales foráneos que han
provocado la quiebra
definitiva de muchas de ellas o la modernización,
reubicación y reorganización de otras.

Considerado por muchos como un proceso inevitable, la
globalización ha traído como resultado que las
fronteras se hayan vuelto permeables en la medida en que el flujo
de bienes,
servicios y
capitales ha ido en aumento mucho más aceleradamente que
la producción, ejerciendo una fuerte presión
sobre los Estados. Según Paul Kennedy, la
ampliación y proliferación de mercados regionales,
así como la interconexión entre estos, nos presenta
un panorama en el cual el
Estado-Nación
tiende a perder su papel protagónico en la escena nacional
e internacional (Kennedy, 1993: p.168); y James Rosenau, menos
radical, afirma:

Esto no quiere decir, sin embargo, que el
Estado-nación este en camino de su completa
caducidad. A pesar de la socavación de sus fronteras y
capacidades en décadas recientes, los Estados
continúan siendo los actores principales en el escenario
global. Hacer énfasis en que ya no son los únicos
actores principales no significa descartar su importancia ni
implica que el advenimiento de otros actores principales haya
relegado a los Estados a roles secundarios, alejados del centro
de la política mundial. Muchos Estados todavía
cumplen funciones
cruciales, mediante las cuales se mejoran, se conservan o de
otra manera se satisfacen las necesidades colectivas de las
sociedades, en presencia de los numerosos retos que plantea un
mundo cada vez más independiente. Para bien o para mal,
todos los Estados el débil y el fuerte, el nuevo y el
viejo_ toman en cuenta las aspiraciones de muchos ciudadanos en
cuanto a políticas concertadas que sirvan para proteger
su bienestar colectivo y su seguridad
física.
Para bien o para mal, todos proveen un medio colectivo para
procurar los recursos y la legitimidad en el mundo más
allá de sus fronteras. Para bien o para mal, (y en mayor
o menor grado) todos los Estados poseen jurisdicción
sobre los instrumentos de coacción y sobre el derecho de
usarlos(…) Las competencias de
sus líderes son más limitadas que en el pasado,
pero todavía tienen libertad de
acción para conducir sus asuntos.
(Rosenau, 1995: pp. 24-25)

"Libertad de acción" bajo un ordenamiento
jurídico internacional que muchas veces colisionan con los
instrumentos legales de Estados-naciones históricamente
constituidos y que exhiben comportamientos diferentes ante el
hecho de la globalización. El historiador Pedro Castro
dice que, independientemente de la forma histórica que
adquiera el Estado-nación, éste seguirá
estableciendo:

… un determinado orden en un determinado
territorio, que es la garantía del conjunto de
relaciones sociales y de procesos culturales, que se cumplen en
su interior. Este orden es admitido por el conjunto de la
población sobre la base de un conjunto de
normas donde el
orden constitucional legal ocupa el centro de la legalidad
estatal y constituye la base de la centralidad del poder del
Estado y del conjunto de relaciones que de él dependen.
De la eficacia y
eficiencia con
que se cumplan estos postulados depende la existencia del
Estado-nación mismo, y en esto la ley es un
elemento constitutivo central en garantizar la urdiembre social
de la cual depende el nacionalismo contemporáneo
(Castro, 2000: p. 262).

Lo dicho por Castro nos conduce entonces a otro de los
protagonistas de la escena del mundo globalizado, las organizaciones
internacionales y su papel jurídico-político en el
nuevo ordenamiento que rigen las macro relaciones entre los
Estados y los más variados campos de las relaciones
humanas. Esta presencia, cada vez más intensa, de las
Organizaciones internacionales en la escena mundial está
repercutiendo también y de manera considerable en los
procedimientos
de formación del Derecho internacional, bien directamente,
al incorporar nuevas técnicas
centralizadas e institucionalizadas de creación de normas
internacionales, bien indirectamente, al influir en los
procedimientos tradicionales de elaboración del Derecho
internacional; la costumbre y el tratado. Sin embargo,
especialistas en Derecho Internacional Público, como
Manuel Diez de Velasco, advierten:

…no todas las relaciones económicas
internacionales son reguladas por el Derecho
Internacional Público; y que las que sí lo
son, también constituyen el objeto de otras disciplinas
jurídicas. Así, en la regulación de las
relaciones económicas internacionales confluyen el
Derecho
Internacional Público, el Derecho
Internacional Privado y el Derecho Internacional de los
Estados (Derecho
mercantil, derecho
administrativo…); junto a ello, también hay que
indicar que gran parte de las transacciones económicas
internacionales se rigen por los usos establecidos por los
propios operadores económicos-empresas y entidades de
carácter privado- que establecen sus propias reglas de
comportamiento, al margen de la
regulación jurídica estatal o internacional. Es
el denominado ius mercatorium. (Diez, 1999: p.
586).

De acuerdo con lo anterior quedaría un amplio
espectro no afectado por la legislación internacional
globalizante, al menos por ahora. Pero, ya nadie niega que en su
vertiente económica básica y al lado de los bloques
regionales, las grandes corporaciones capitalistas y aquellos
Estados-naciones de gran poderío, los nuevos actores
dentro de la globalización son las grandes instituciones
supranacionales de la economía actual, como el Banco Mundial,
el Fondo Monetario
Internacional y la Organización Mundial de Comercio (Castro,
2000: p. 96). Estos organismos son hoy día determinantes
en las decisiones político-jurídicas y
económicas de los Estados, de injerencia decisiva en los
mercados y en las transacciones a escala planetaria.

Esta aprehensión de las relaciones
económicas como un fenómeno de alcance mundial,
encuentra su expresión jurídica en la Conferencia
Económica y Financiera de las Naciones Unidas
celebradas en Breton Woods en 1994, con la creación del
Banco Mundial
(BIRD) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), y en la
adopción
posterior en 1947 del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio
(GATT); así
como en la propia carta de la
Organización de las Naciones Unidas, uno de cuyos
propósitos se refiere a la solución de problemas
internacionales de carácter económico. Se abren,
pues, en esta época dos líneas de actuaciones
diferentes: una dirigida a la organización multilateral de
la economía (producción e intercambio de bienes y
servicios); y otra dirigida a promover la solución de los
problemas económicos de alcance internacional. (Diez,
1999: p.588).

De cualquier forma es un hecho que la
globalización de la economía mundial ha influido de
manera determinante en la modernización o
adaptación de los sistemas
jurídicos del mosaico político administrativo en
que se divide el planeta, y que siguen trastocando el orden que
garantizaba el conjunto de relaciones tejidas al interior de los
Estados, especialmente aquellos donde las "ventajas competitivas"
eran menores y los procesos productivos exhibían retardos.
Los organismos económicos internacionales nacidos tras
la segunda Guerra
Mundial, estarían destinados a regular las relaciones
comerciales, las relaciones monetarias y la cooperación
para el desarrollo, en el mundo de las nuevas relaciones
económicas internacionales que vendrían.
Así, el Banco Mundial se establecería en 1945 para
asistir en la rehabilitación de post-guerra, el
fomento del desarrollo
económico y para facilitar la inversión de
capitales en fines productivos. Los prestatarios podían
ser los gobiernos miembros, incluso sus subdivisiones
políticas y empresas particulares dentro de sus
territorios. El FMI, hermano de parto del
anterior, se creó con el propósito de fomentar la
cooperación monetaria internacional y la estabilidad de
cambio de
moneda. El GATT aparecería poco más tarde en 1948
con la misión de
unificar el código
de conducta
común en el comercio
internacional y tras diversas Rondas de discusiones
daría paso a la Organización Mundial de Comercio
(OMC).

La articulación actual del sistema
jurídico de la OMC está fundamentalmente dirigida a
eliminar toda clase de
proteccionismo y una amplia variedad de obstáculos al
comercio de mercancías y servicios, así como los
efectos negativos de estos. Es más, la evolución del sistema jurídico del
GATT hasta desembocar en el actual sistema de la OMC es, en buena
medida, expresión de la necesidad de adecuación de
las reglas jurídicas internacionales a la evolución
de los instrumentos proteccionistas empleados por los Estados.
Una última evolución tiende a abandonar los
instrumentos del proteccionismo clásico, basado en los
derechos de
aduana y en
las restricciones cuantitativas y, a desarrollar un
neo-proteccionismo multiforme, nutrido por sofisticados
obstáculos no arancelarios, difíciles de detectar y
con efectos proteccionistas elevados pero que no resultan
fáciles de cuantificar. A propósito del
"proteccionismo clásico" Manuel Diez de Velazco dice que
en diversos preceptos del GATT de 1994 , así como de otros
acuerdos del sistema jurídico de la OMC, se reconoce el
principio de la soberanía económica de los Estados
miembros para regular en su territorio la producción y
comercialización de mercancías y
servicios, pero:

La cláusula de la nación más
favorecida y el principio del trato nacional impiden que los
Estados utilicen dicha competencia de forma discriminatoria.
Sin embargo, la adopción de reglamentaciones neutras y
no proteccionistas, relativas a la producción y
comercialización de mercancías y servicios,
genera, también, importantes obstáculos al
comercio internacional. El apartado 4 del artículo XIV
del acuerdo O.M.C. impone a los Estados miembros la
obligación de modificar sus normas internas
incompatibles con las disposiciones del sistema jurídico
de la O.M.C., que pretende garantizar, así, su
primacía. (Diez, 1999: p. 612)

Esta primacía de normas está a la caza de
obstáculos proteccionistas esgrimidos por los Estados e
incluso generados en actos de carácter privado (de
empresas o de agentes económicos). En esa categoría
se incluyen las prácticas restrictivas de la competencia,
tales como el abuso de posición dominante, los acuerdos
anticompetitivos o las concentraciones de empresas. A diferencia
de los anteriores, existen también otros obstáculos
de carácter público, que tienen su origen en la
actuación de las autoridades estatales en ejército
de sus competencias iure imperi. (Diez, 1999: pp. 606-607). Entre
los obstáculos públicos se encuentran las aduanas, como
expresión económica de la frontera
estatal, que tienen entre sus principales funciones el control, entre
otras cosas, del movimiento de mercancías que entren y
salen al territorio aduanero del Estado. Este control permite a
los Estados influir sobre los flujos de importación o exportación de mercancías en su
territorio mediante diversos instrumentos de protección
comercial, que se denominan genéricamente
"obstáculos arancelarios". Además de éstos
últimos, existen multitudes de obstáculos no
arancelarios entre la que se señalan: las restricciones
"cuantitativas" o "contingentes", que constituyen una
limitación de la calidad de
productos que pueden ser importados en el territorio de un
Estado; los "obstáculos técnicos" resultantes de
las divergencias entre las reglamentaciones nacionales de los
Estados relativas a la comercialización y a la
producción de las mercancías; "las medidas de
defensa comercial" adoptadas por los Estados para defenderse
contra importaciones
desleales, o bien contra importaciones lícitas; y las
"formalidades aduaneras", que constituyen las diferentes
operaciones de naturaleza
aduanera a las que pueden someterse las mercancías en el
momento de su importación (Diez, 1999: p.607).

Otros indicios de la primacía mundial del sistema
jurídico de la OMC han comenzado a observarse en los
últimos años. Varios asuntos representativos de lo
que se consideran obstáculos al comercio mundial se han
ventilado en el seno de esta organización, con resultado
desfavorable a los Estados que han esgrimido medidas denunciadas
como proteccionistas. Por ejemplo, los gobiernos tienen derecho a
usar restricciones de comercio contra importaciones sobre las
cuales existen objeciones de salud científicamente
establecidas, pero no pueden limitar importaciones respondiendo
inquietudes sociales o ambientales suscitadas por los medios de
producción. Este enfoque evolucionó a partir de un
fallo de 1991, en donde una comisión de la OMC
revocó la prohibición estadounidense de importar
atún de países cuyas flotas pesqueras usaban redes
que ocasionaban serios daños a los ecosistemas
marinos. Kevin Watkins dice que:

…hasta el ciego más fanático del
comercio admitiría en privado que los precios
internacionales del mercado no reflejan los costos de las
talas de bosques, contaminación de vías
hídricas, erosión
de suelos, y
pesca
excesiva. Pero a diferencia de otras áreas del comercio
mundial, donde la venta de
productos a precios artificialmente bajos está prohibido
el "dumping
ecológico", o la venta de productos a precios por debajo
de los costos reales de producción, es celebrado como
una virtud del mercado. No se puede vender un televisor a un
precio
inferior al costo de
producción, pero se puede exportar de Indonesia
asientos de caoba para poceta a precios que no tienen ninguna
relación con las subsistentes pérdidas,
erosión de suelos, o pérdida de especies.
(Watkins, 1997: 3)

Esta situación evidencia que las medidas
adoptadas por los Estados para proteger el medio ambiente
influyen, también, en las relaciones comerciales
internacionales, e inciden frecuentemente en las condiciones de
producción y en el coste de las mercancías (Diez,
1999: p. 611). Pero, la realidad es que muchos gobiernos del
Tercer Mundo presentes en la OMC consideran cualquier tipo de
regulación social y ambiental de comercio _intentada por
cualquier Estados desarrollado receptáculo de sus
exportaciones_ como una amenaza proteccionista a sus intereses
comerciales. Eventualmente la OMC podría prohibir programas
voluntarios de certificación realizados por grupos de fomento
y ecológicos. Países como Indonesia, Malasia y
Brasil
también han amenazado recurrir a este organismo si los
países industrializados intentan restringir importaciones
de madera talada
de forma no sustentable.

Algunos países del mundo industrializado tienen
problemas para esgrimir medidas proteccionistas de tipo sanitaria
incluso contra sus similares. Las compañías
también pueden demandar ante la misma organización
a otros Estados miembros; de hecho, Ciba Geigy, un gran consorcio
químico-farmacéutico, ha amenazado disputar en la
OMC la negativa de la Unión
Europea de introducir en su mercado una variedad de maíz
genéticamente alterado. Derivados de una bacteria del
suelo, los
genes en cuestión nunca han formado parte de la cadena
alimenticia humana (Watkins, 1997: p. 3). Sin embargo, la OMC
no reconoce la prevención como razón
legítima para restringir importaciones. El sistema
jurídico de la OMC tiene como objetivo
básico instaurar un régimen de comercio
internacional de carácter multilateral libre de
obstáculos y de discriminación y del que deriven ventajas
recíprocas para todos los Estados. La máxima free
trade, fair trade (comercio libre, comercio limpio o no falseado)
pretende reflejar este objetivo político y
económico.

I-A.- Propuestas, enfoques o perspectivas de la
globalización:

Dentro del ámbito descrito anteriormente,
encontramos entonces que unos marcos

jurídicos bien delineados y en consonancia con
las normas de la OMC, son de vital importancia en el
macro-ambiente de
las "ventajas competitivas" que normalmente se ofrecen, y muchos
los califican de indispensables para el desarrollo óptimo
de los procesos económicos en la actualidad, junto a
condiciones políticas estables (instituciones y liderazgos
sólidos), indicadores
macroeconómicos positivos y a una relativa "paz social",
por citar las más comentadas. Debido a esto al interior de
los Estados con problemas el debate
continúa: las crisis económicas están lejos
de superarse hasta para los más optimistas, muchos
conflictos sociales se han agudizado y otro tanto ocurre con la
estabilidad política de los gobiernos, poniendo en duda el
proceso de unificación jurídica motorizado desde la
OMC como uno de los puntales de la
globalización.

En Latinoamérica, desde finales de los ochenta,
la mayoría de los países presentaban notables
problemas estructurales que intentarían resolverse
mediante la introducción de reformas, entre otras
cosas, tendientes a la modernización del Estado para
ponerla a tono con los procesos productivos, orientados cada vez
más a cumplir las exigencias de los mercados globales y de
la fuerte competencia externa. Desde los organismos
económicos multilaterales se propondrían numerosos
"planes de ajustes" a aquellos países latinoamericanos que
buscaban estabilizar sus cifras macroeconómicas y que
requerían de los financiamientos necesarios para enfrentar
las crisis y recesiones económicas que se sucedían
sin cesar. Los planes que contemplaban la eliminación de
subsidios, recortes presupuestarios, la reducción del
gasto
público, del tamaño del Estado, etc., fueron
fuertemente resentidos por amplios sectores de la
población: algunos vieron los ajustes como "recetarios"
impuestos
desde el extranjero, mientras que otros lo apreciaban como
medidas necesarias ante el avance del proceso de
globalización de la economía mundial.

I.-A.1.- La visión de los
optimistas:

El debate acerca del de las ventajas o desventajas del
proceso de globalización continúan generando
diversas opiniones. Para empezar tenemos que los principales
defensores del proceso son los economistas generalmente
catalogados de neoliberales, quienes argumentan que la
globalización ha impulsado una verdadera
"democratización del capital", al referirse especialmente
a las privatizaciones características de este
fenómeno y puntal de las propuestas de ajustes de los
multilaterales. Con las privatizaciones las empresas que antes
pertenecían al sector
público pasaron a manos privadas, buscando eliminar lo
que se consideran incentivos
"perversos" de la propiedad
estatal. La privatización supone que los accionistas
privados actúan "como reguladores eficientes de las
decisiones gerenciales de las empresas", en tanto que pueden
evaluar si tales decisiones conducen o no a elevar el valor de
sus acciones en el
mercado, lo cual podría asegurar una asignación
óptima de recursos (Gómez, 1997: pp.
19-24).

En consonancia con las macro-regulaciones de la OMC,
mucho seguidores entusiastas de la globalización económica piensan que
el papel del Estado debe limitarse a regular la
concentración de poder en el mercado y generar efectos
indirectos, especialmente aquellos destinados a aclarar la
normativa jurídica para propiciar la
democratización del capital por efecto de las
privatizaciones _para insistir con la figura emblemática
del esquema de ajuste propuesto por los organismos multilaterales
y, por extensión, del proceso de globalización en
su vertiente económica, además de crear la
infraestructura que hiciera atractiva las inversiones y
proveer bienes y servicios que el mercado no pudiese
producir.

El "paternalismo estatal" debía concluir
también en el ámbito de los sistemas de seguridad
social, cuyos marcos reguladores debían facilitar la
modernización y privatización de los servicios o al
menos permitir la figura mixta en la
administración de éstos
(público-privado), para así aliviar un poco la
carga del Estado. La seguridad social, "mal administrada por
Estado", dicen, se enfoca como una "dádiva" que entorpece
la creación de una "verdadera cultura de seguridad social"
_considerada como base para la modernización de programas
e instituciones prestatarias de servicios de salud, pensiones y
desempleo
participación (Febres, 2000: p 189), insistiéndose
en que la privatización y modernización de los
servicios sociales generan efectos indirectos sobre el mercado de
capitales, el incremento del ahorro interno
-por ende de la capacidad de inversión- y la
difusión de la capacidad accionaria, como bondades que
pueden leerse como externalidades positivas del proceso.
(Gómez, 1997: pp. 19-24)

El hecho comprobable en nuestros días, es que las
economías latinoamericanas han reaccionado de manera
diferente, lo que ha avivado el debate en torno al proceso de
globalización económica. Unos exhiben el modelo
seguido por Chile como ejemplo positivo del aprovechamiento de
los efectos de la globalización, ya que este país
muestra
sólidos indicadores macroeconómicos y se apresta
para firmar acuerdos de libre comercio
con la Unión Europea y el TLC
norteamericano que le auguran buenos negocios en el futuro; Chile
había iniciado desde finales de los ochenta y comienzo de
los noventa una amplia política que incluyeron
privatizaciones de empresas mineras, las telecomunicaciones y los servicios sociales,
incentivos aduaneros y fiscales para inversionistas, exportadores
e importadores, eliminación de subsidios y un aparato
jurídico optimizado para la ocasión por los
técnicos y economistas de la dictadura del
general Augusto Pinochet. Mientras, su vecino, Argentina, se
debate en una honda crisis que muchos achacan al proceso de
globalización.

A finales de los ochenta, Argentina enfrentaba una
inflación anual del 5000% y un legado de décadas de
poca inversión en infraestructura y escasa capacidad
productiva, cuando se registró el ascenso de Carlos
Menem a la
presidencia de ese país. El equipo de Menem optó
por un tratamiento drástico. Vincularon el peso argentino
al dólar estadounidense, lo cual exigiría tener
reservas de dólares por cada peso argentino que circulara
en el país. Además, eliminaron las restricciones
sobre el comercio y las inversiones que originalmente estaban
destinadas a fomentar a la industria
local, pero que en su lugar habían terminado por crear
productos argentinos caros y de baja calidad. También
comenzaron a vender USA $ 30.000 millones en activos del
Estado, desde la empresa
telefónica (ENTEL) hasta la aerolínea estatal, con
el fin de atraer el capital y la tecnología necesaria
para modernizar la economía. Analistas como Jonathan
Friedland, redactor del Wall Street Journal, dicen que al
principio los argentinos se concentraron en los aspectos
positivos de la revolución
de Menem: el recorte de la inflación, que se había
convertido en un impuesto que
castigaba a los pobres, y el surgimiento de bienes que antes no
estaban disponibles; la convertibilidad del peso argentino y la
liberalización comercial, que coloco en el mercado
productos de alta calidad, provocaron en conjunto un carnaval
consumista que transformaron a la Argentina en la "niña
mimada" de los mercados emergentes, con ventajosos incentivos
fiscales, una normativa jurídica clara y adaptada la
dinámica del proceso de
globalización y mostrando un crecimiento anual de
más del 7%, (Friedland, 1997). Luego vendría la
crisis de la economía mexicana hacia finales de 1994
_cuando México
devaluó su moneda_ lo que traería consecuencias
desastrosas para la economía
Argentina y a partir de entonces comenzaría a mostrar
cifras contradictorias, dando espacio al discurso de
los opositores de Menem y lugar para el análisis de los
adversarios del proceso de globalización.

I.A.2.- La visión pesimista:

Si bien es cierto que a estas alturas todos coinciden en
que la globalización en un fenómeno inevitable,
muchos, siguiendo en el caso argentino, piensan que la apertura
globalizadora de Menem en la práctica aumentó el
desempleo en los sectores pobres como resultado de las
privatizaciones y de la liberalización, ocasionando el
cierre de miles de productores a pequeña y mediana escala
y el que los nuevos proyectos de
inversión requieran de mayor capital y menos
trabajadores para producir más.

La confianza acrítica en el mercado libre, un
principio central de la globalización, se está
viendo rápidamente erosionada en todos los rincones del
planeta por lo que advierten "como políticas insensibles
de las corporaciones y de los gobiernos que sirven solamente a
los intereses de aquellas". Estas ejercen una enorme
presión para rebajar los salarios y los
beneficios sociales, especialmente en materia de salud y
seguridad laboral, de la
mayoría de los trabajadores de todo el mundo,
además de perjudicar los niveles ambientales, en su
afán de maximizar las ganancias (Sommer, 1996:
6-A).

Capítulo II: Las expresiones de
globalización en Venezuela

La nueva configuración del mundo exige la
reorganización del pensamiento de
las sociedades. Indudablemente que la globalización
es un hecho evidente que ha venido marcado por la tendencia a
ampliar unidades de poder político y los mercados. En la
medida en que la civilización y el poder político
se extienden se inician los primeros pasos de la
globalización y este fenómeno es el producto de un
largo recorrido del ser humano sobre el planeta.

Las expresiones de globalización vienen
dadas por factores de interconexión o de dependencia mutua
y específica entre lo que es global y lo que es nacional y
que permiten a su vez lograr comunicación directa con
todos los seres humanos, colocándose esta relación
por encima de las fronteras terrestres y superando los límites
tradicionales del poder político.

Es importante señalar que la
globalización no es una ideología, aunque pudiera entenderse que
las concepciones que hacen gravitar la economía sobre la
libertad de mercado reflejan de manera especial las tendencias de
este proceso.

En este Capítulo se analizarán las
manifestaciones o expresiones de la globalización en
Venezuela desde 1989 a 1999.

II-A.- Repercusiones de la globalización en el
modelo rentista venezolano:

Desde el punto de vista de las relaciones
centro-periferia, la más importante consecuencia del nuevo
régimen de acumulación capitalista fue el avance de
los grandes monopolios hacia la conquista y explotación de
las fuentes
mundiales de las materias primas necesarias, (hidrocarburos,
cobre,
hierro, y
otros minerales),
así como de otros alimentos y
materias primas agrícolas de demanda
expansiva en los países desarrollados (carne, bananos,
azúcar,
etc.).

La economía venezolana ha mantenido su
dependencia casi absoluta de la industria petrolera, siendo su
principal mercado de exportación Estados Unidos y
manteniendo una balanza de importación negativa. Una de
las expresiones del proceso de globalización es la
perturbación nacionalista iniciada con el proceso de
apertura petrolera acaecido entre 1989 y 1993.

Este efecto transformador ha disminuido las tendencias
nacionalistas, frente a los cambios violentos e inesperados en el
mercado mundial y el proceso de Apertura Petrolera en
Venezuela se relaciona con el proceso de expansión del
capital a pesar de la inestabilidad del mercado
mundial.

En la década de los ochenta, se acrecientan las
dificultades como consecuencia de la recesión
económica interna que agravó el estallido de la
crisis de la deuda externa en
1983; la sociedad
venezolana comienza un proceso de profundo deterioro
económico, político, social y cultural, que hasta
1999 no ha podido superarse.

Esta situación se acentúa durante la
primera mitad de la década de los noventa, asociada con la
puesta en marcha a partir de 1989 del programa de
ajuste estructural de la economía interna venezolana. En
esa oportunidad la Presidencia de la República estaba en
manos de Carlos Andrés Pérez, que en esa
oportunidad se presentaba como la mejor opción
política; es así como comenta Castro (2000):
"Carlos Andrés Pérez gana las elecciones
presidenciales, por segunda vez, en diciembre de 1988, en medio
de grandes esperanzas de cambios, de que pudiera el nuevo
gobierno darle
un vuelco a una situación de crisis que ya duraba 10
años"(p. 133).

Se debe señalar que las expectativas con
relación a Carlos Andrés Pérez venían
condicionadas a lo que había sido su actuación
durante su primer periodo de gobierno, marcado por una
política populista de gran prosperidad como consecuencia
de los altos ingresos
petroleros. En este sentido expresan Viciano y Martínez
(2001):

"La reelección de Carlos Andrés
Pérez en diciembre de1988 se produjo en un clímax
de la acuciante crisis económica, pero el recuerdo de su
gobierno durante la época de la Venezuela saudí
provocó un ingenuo optimismo en un importante sector de
la población, que veía todavía posible el
regreso de los dorados años sesenta" (p.
51).

El gobierno del presidente Carlos Andrés
Pérez, se iniciaba con la adopción de un programa
de ajuste ortodoxo elaborado por el Fondo Monetario Internacional
con el cual Venezuela se incorporaba al grupo de
países de Latinoamérica que formaban parte de la
reforma estructural denominada el "gran viraje". Se debe
señalar que si bien era cierto que este no era el
único programa de ajuste implantado en Venezuela, si era
el único que se ajustaba a las reglas de este organismo
multilateral. El programa se integraba de variadas medidas
económicas dirigidas a corregir los desequilibrios
macroeconómicos en la balanza de pago y el déficit
fiscal en los
mercados monetarios y financieros:

Las políticas obedecían a los
apremios reales de la economía venezolana producidos por
los retrasos en la política cambiaria:
sobreevaluación del bolívar; represión en el mercado
financiero; controles de precios; pronunciado sesgo anti-
exportador en el comportamiento del sector industrial privado,
con excesivo crecimiento de las importaciones; con creciente
acumulación de los desequilibrios laborales y sociales
(Castro, 2000, p. 134).

Como se deduce de la opinión de Castro las
políticas estructurales afectarían aspectos
sumamente importantes en nuestro país como la
valoración de la moneda nacional, el funcionamiento del
mercado financiero, del sistema de control de precios y de las
políticas de importación.

Es de resaltar que el proceso de transformación
inició la reforma comercial como fundamento de la apertura
comercial, eliminando el régimen de cambio diferencial
conocido como "RECADI", para instaurar un régimen de
flotación dirigida, se produjo la liberación de
precios y el reajuste de las tarifas de todos los servicios de
las empresas del Estado y el inicio del proceso de
privatización. Este conjunto de medidas sin duda que
ocasionarían en la población una serie de impactos
a corto y mediano plazo.

Los efectos de largo plazo serían provocados
básicamente a partir de: a) Las políticas de
apertura del país a la comunidad
internacional, lo que equivalía a una replanteamiento del
problema de incorporación del país al mercado
mundial de acuerdo con el proceso de globalización, b)
Todo ello inducía a una mayor expansión del mercado
como principio de organización de la sociedad, con la
finalidad de que las mismas fuerzas del mercado se encargaran de
garantizar una más justa distribución de la riqueza.

Con estas medidas se afectaba negativamente el consenso
básico de la sociedad venezolana acostumbrada a un Estado
marcadamente interventor encargado de gestionar, promover y
regular la actividad económica, con fundamento en los
ingresos del petróleo, dicho en otras palabras, el
modelo económico rentista al que estábamos
acostumbrados experimentaba una dura crisis que le sería
difícil superar.

Dado el nivel de confusión que reinaba en la
década de los noventa (especialmente entre 1994 y 1995),
como resultado de la crisis financiera y falta de una política
económica clara, la orientación básica
del proceso de ajuste proveniente del Fondo Monetario
Internacional se mantiene con la apertura externa y mayor
importancia del mercado, aun cuando existieran contradicciones
como el control de
cambio y de precios implementados para responder a
dificultades coyunturales de la crisis financiera, a falta de un
programa económico que planteara abiertamente la
continuidad del ajuste o que ofreciera una política
alternativa.

En el corto y mediano plazo (1989- 1993) los ajustes
implementados dieron lugar a una de las crisis económicas
más profundas del siglo XX en nuestro país. El
programa no desató el proceso de recesión pero la
implementación de las políticas de apertura si se
profundizó con ellas; pues en esa oportunidad los
acontecimientos económicos desencadenaron otros sucesos
que favorecieron el estallido de la crisis financiera de enero de
1994. Al respecto, afirma Castro (2000):

La aplicación ortodoxa de la receta
neoliberal del Fondo Monetario Internacional ha implicado un
abatimiento severo de la economía, profundizando la
crisis de los sectores productivos; …del sector monetario y
financiero, los desequilibrios laborales y sociales;
agravó severamente el cuadro de deslegitimación
de la democracia
dando lugar también a un aumento considerable y
peligroso para las instituciones de ingobernabilidad de
la sociedad venezolana, por un cuadro severo de descontento
social y de inmediatismo en las reivindicaciones sociales.."
(p. 136).

Era evidente que la aplicación de los programas
neoliberales traería fuertes consecuencias en el orden
económico y social, que darían lugar a un clima de
tensión con respecto a la concepción nacionalista
venezolana. Venezuela forma parte de un entorno y la
situación crítica que experimentaba era producto de
factores externos producto de la globalización.

El ataque a las instituciones de Estado con el
propósito de liberar las fuerzas de mercado produjo en el
país un grave desorden institucional, social y cultural
porque en la misma forma en que no fluyó
automáticamente el mercado y el aparato del Estado se
encontraba fuertemente deslegitimado, la sociedad venezolana se
encontraba en un clima de ingobernabilidad que
desencadenaría importantes consecuencias
políticas.

Realmente era difícil plantearse una perspectiva
nacionalista para la interpretación del proceso de ajuste dado
que sería necesario, además, que se asumiera una
perspectiva histórica a largo plazo. El gran viraje
se aplicó partiendo de una crítica acerca del
negativo papel desempeñado en décadas anteriores
por el Estado rentista e intervensionista manipulado al antojo de
los partidos
políticos, que solo se interesaron por turnarse el
ejercicio del poder público, sin analizar verdaderamente
los problemas estructurales necesarios para la
implementación de este programa.

La puesta en marcha del gran viraje desde la
perspectiva del neoliberalismo
no podía arrojar otro resultado que la ejecución de
un proceso de cambio marcado de riesgos e
incertidumbres. El Fondo Monetario Internacional y el Banco
Mundial, en su condición de organismos multilaterales
catalizadores de la globalización de la economía,
se han encargado de crear sociedades de mercado a partir de un
mecanismo autoritario apoyado en una condicionalidad que exige a
los países aceptar los programas de
reestructuración socioeconómica, que terminan
afectando globalmente a la nación.

La aplicación de este programa de ajuste
comenzó a generar problemas económicos reales que
se confrontaron con los problemas que implica toda reforma y la
modernización de la economía y de la sociedad,
debido a la confrontación de las fuerzas de atraso
materializadas en un Estado populista que se oponían a las
fuerzas modernizadoras contenidas en la liberación de las
fuerzas de mercado.

El proceso de consolidación nacional en Venezuela
ha sido muy accidentado, e incompleto porque no se ha logrado
construir una sociedad industrial estable y viable a corto plazo,
cuyos problemas tienden a agudizarse en las coyunturas en que se
replantea el fortalecimiento o debilidad del vínculo con
el mercado mundial.

Visto de esta manera el proceso desencadenado por el
programa de ajuste se incorpora a la corriente de la historia de
Venezuela como una cadena de vicisitudes por la construcción de la Estado-
nación.

El programa que se pone en funcionamiento a partir de
1989 afecta a la nación, en su estructura
global, porque incide en el manejo de la economía en el
corto y mediano plazo (lo cual incidió en la intensidad
con que se manifestaban los procesos acumulación y
movilización de los recursos productivos, de
distribución geográfica de la actividad
económica, incorporación de nuevas técnicas
y de cambios de estructura en la distribución de
ingresos), pero que también incidió en la
dinámica del cambio estructural, específicamente en
las políticas de ajustes en el marco del proceso de
apertura que replantea la modificación del vínculo
con el mercado mundial.

Como se puede apreciar, la globalización produce
una serie de efectos sobre los sistemas que afecta a las naciones
desarrolladas y a las subdesarrolladas, lo que no significa que
se desenvuelvan en condiciones de igualdad en un
sistema mundial libremente competido, sino que se manejan ciertos
niveles o jerarquías, de allí que los países
desarrollados tienen mayor posibilidad de protegerse de las
perturbaciones internacionales dado que completaron su proceso de
formación nacional con la industrialización. En
tanto que para los países del tercer mundo es más
difícil superar los efectos de la globalización
porque se encuentran más indefensos frente a los procesos
que se desarrollan en el mercado mundial.

El proceso de Apertura iniciado en la
década de los noventa afectó directamente la
soberanía nacional, y así lo ha hecho ver
Castro (2000) al expresar que: "Los procesos de apertura
profundizan la vulnerabilidad de los países a las
perturbaciones provenientes del mercado mundial y actualizan
galvanizando tensiones nacionalistas" (p. 149). Los procesos
de apertura a los que los Estados son conducidos ponen de
manifiesto la vulnerabilidad de su identidad y
con ella la de su soberanía.

También, en el proceso de Apertura se dio
paso a la flexibilización y desregulación de los
mercados en el ámbito internacional. Los nuevos
planteamientos dirigidos a encausar el proceso industrial
venezolano para su incorporación al mercado mundial, bajo
la línea de los ajustes neoliberales dictados por el Fondo
Monetario Internacional adelantados por el Presidente
Pérez, no terminaban de definirse con claridad, dado que
los mecanismos de ajuste no garantizan la estabilidad del sistema
mundial, por lo que el proceso de rearticulación con el
mercado mundial era un proceso riesgoso e incierto.

Es muy importante señalar que si se analizan las
causas de la crisis latinoamericana y la venezolana no existen
puntos de divergencia: una industrialización que no se
corresponde con la existencia de recursos naturales y humanos, la
dependencia de la tecnología importada, la dependencia
financiera externa, la precaria articulación entre
industria y agricultura e
insuficiente desarrollo de la industria de bienes intermedios y
de capital, que generan una lata concentración del
ingreso.

El proceso de Apertura acordado con fundamento a
los lineamientos del Fondo Monetario Internacional
obedecía a los intereses de los países
desarrollados, sobre todo de los Estados Unidos. El mismo formaba
parte del programa de ajuste uniforme y homogéneo, para
todos los países que recurren a su auxilio para la
reestructuración de las deudas ignorando las
particularidades de cada nación. Según Castro
(2000):

El fondo del asunto es que los objetivos
perseguidos por el FMI son los mismos en cada uno de los
países con dificultades de deuda; y éste es, que
las economías con problemas generen los ahorros
suficientes para atender el servicio de
su deuda externa, para lo cual los programas resultan altamente
eficientes, al margen de que no resuelven ninguno de los
problemas que los mantienen atrasados en la crisis global y la
apertura externa indiscriminada (p. 176).

Los programas de ajuste del Fondo Monetario
Internacional, se han aplicado en forma estandarizada a los
países latinoamericanos y han sido de obligatorio
cumplimiento para la negociación de la deuda externa y los
mismos se basan en el enfoque monetario de la balanza de pago,
una de las herramientas
del paradigma
neoliberal. Este enfoque revela la intención de producir
un cambio estructural cuyas consecuencias van más
allá del ámbito económico, para afectar de
manera profunda el cuerpo social de la nación, sin que
dichas transformaciones se pongan de manifiesto abiertamente y
ofrezcan la posibilidad de que las mismas sean discutidas
democráticamente dando la oportunidad de decidir sobre la
nueva reestructuración del poder.

Comenta Castro (2000) como características de
este modelo las siguientes:

1. Considera como horizonte temporal el largo
   plazo.
2. La sustitución perfecta entre bienes con
   precios relativos constantes.
3. Los países están integrados a un
   sistema de mercado mundial eficiente, donde el rendimiento de
   los activos como el precio nominal de los bienes, se igualan a
   la ausencia de restricciones al comercio mundial.

La política
monetaria contraccionista era indicada para apresurar el
proceso natural de ajuste, pero esta política acarreaba
consecuencias significativamente cualitativas, porque el
mecanismo corrector operaría automáticamente sin la
intervención del Estado. En el Convenio firmado con el
Fondo, Venezuela le cede su soberanía con respecto al uso
discrecional de las operaciones de crédito
interno como en las políticas aplicables para alcanzar
otros objetivos. El mecanismo automático operaría
en mercado de libre concurrencia, donde se excluyera la
acción distorsionada del Estado.

La política de apertura estaba orientada a
descalificar tanto la intervención del Estado, como el
origen de perturbaciones en la economía, sino
también lógicamente, la política fiscal como
mecanismo de ajuste. De donde, surge en énfasis en reducir
al Estado a su mínima expresión como proveedor de
seguridad, servicios administrativos restringidos al gobierno
central y a ser el garante de la libertad de contrato.

El modelo justificaba la apertura unilateral externa, en
la cual se asume la integración de Venezuela al mercado
mundial del país en un mecanismo de regulación
automática, para lo cual estaba dispuesto a aceptar las
reglas del proceso.

La Carta de Intención es uno de los documentos
más citados en Venezuela es la medida en que de él
surge la política económica aplicable durante la
época de crisis y el convenio firmado con el Fondo
Monetario Internacional el 28 de febrero de 1989. En este
documento se manifiesta la voluntad del Estado venezolano de
someter su economía a políticas de ajuste como
parte de las condiciones del organismo multilateral para hacer
uso de la asistencia máxima, acceder a los tramos
superiores de la cuota que corresponde al país, que
éste otorga para lograr su mediación en el logro de
acuerdos para la renegociación de la deuda
externa.

Según la doctrina el programa se proponía
eliminar las restricciones de importaciones para los productos de
fabricación nacional; de las exoneraciones de derechos de
importación; la disminución de la protección
arancelaria a una tasa máxima de no más del 80%, al
tiempo que sería reducidos el número de tasas
arancelarias de más de 100 a un número no mayor del
8; de las cuotas de exportación, de los monopolios de
importación concedidos a empresas públicas para sus
bienes y en los venideros cuatro años las tasas
arancelarias máximas serían disminuidas a no
más del 20%.

Como parte de la reforma el Gobierno venezolano
manifestó en esa oportunidad su intención de formar
parte del Convenio General sobre Aranceles y Comercio
(GATT).

El ajuste y las reformas comerciales y cambiarias,
según el análisis de Castro (2000) devinieron en
liberación de precios, con ciertas excepciones para que
fuera el mismo mercado el que los determinara y el Estado dispuso
el aumento de los precios del petróleo,
los cuales fueron fuertemente subsidiados en otras épocas.
Esto contrataba con la política salarial prudente que se
traducía en la congelación de los salarios para los
funcionarios públicos, después de los ajustes
logrados por los trabajadores del sector privado.

Con respecto a las empresas públicas, se dispuso
un sistema de ajuste periódico
de las tarifas de la mayoría de los servicios
públicos y los precios en el mercado interno de la
mayoría de los bienes producidos por estas empresas para
la exportación.

La liberación de las tasas de
interés y las políticas monetarias restrictivas
se inició el 17 de febrero de 1989, a excepción de
los intereses aplicables al sector agrícola y a la
adquisición de viviendas hasta cierto monto. Según
el Gobierno estas políticas se requerían para
mantener la estabilidad en el mercado cambiario y reducir las
presiones inflacionarias. Estas políticas dieron lugar al
aumento de tarifas, de bienes y servicios del sector
público; al incremento de la recaudación fiscal, a
la implementación de impuestos al consumo y al
incremento de ingresos por la reforma arancelaria y los impuestos
petroleros.

En esa oportunidad se incluyó como parte del
ajuste fiscal la privatización de empresas
públicas, con el crecimiento proyectado de la base
monetaria de 26% en 1989 y el mejoramiento programado de las
reservas internacionales netas del Banco Central de Venezuela,
estimadas en 400 millones de dólares, el aumento de los
gastos internos
netos de esta institución sería limitados a 4.300
millones de bolívares durante 1989. resalta Castro (2000)
"El sometimiento de la política de crédito
interno del gobierno a metas cuantitativas, expresa el criterio
monetarista del neoliberalismo contemporáneo, de poner
límites precisos a la intervención del Estado en la
economía" (p. 193).

El programa de ajuste requería de un fuerte
financiamiento
que también aparecía regulado en la Carta de
Intención suscrita entre Venezuela y el Fondo Monetario
Internacional. Se esperaba que las dificultades económicas
se superarían mediante nuevos préstamos
provenientes de los organismos multilaterales y a través
de acuerdos de financiamiento con la banca comercial
internacional bajo la modalidad de nuevos préstamos,
renegociación de la deuda vigente y otras opciones que
permitiesen reducir la deuda comercial externa, como la recompra
y conversión de deuda.

El financiamiento era indispensable para que, en
teoría,
se lograran los objetivos económicos propuestos; Venezuela
necesitaba recursos y el Fondo Monetario Internacional se
comprometía a prestárselos, con la condición
de que se revisaran las condiciones de pago de la deuda externa.
La actuación del Fondo Monetario Internacional ha sido y
será determinante en la recuperación de las
economías internas de los Estados, aunque eso signifique
la pérdida de su soberanía. Según Castro
(2000) la implementación de los ajustes económicos
que se realizaron para 1989 pueden sintetizarse de la siguiente
manera:

1. El ajuste de los precios relativos se indujo con la
   eliminación de los controles existentes sobre los
   precios significativos de los diferentes mercados (bienes,
   servicios, financieros, cambiarios).
2. La política de apertura comercial como
   estrategia
   para el logro de cambios estructurales debía favorecer
   el cambio de los precios relativos y ser un mecanismo regulador
   en el control de la inflación.

Con relación al ajuste fiscal y monetario, a
finales del gobierno del Presidente de la República Jaime
Lusinchi y como consecuencia de la acción de gobierno de
hacer crecer la economía vía la expansión
del gasto público, en momentos en que era cada vez
más notable el deterioro del mercado petrolero, se produjo
un déficit del sector público de 8,6% del PIB, lo cual
permitió una expansión de la oferta
monetaria y tuvo reflejo en el saldo de la cuenta de la balanza
de pagos y reportó un déficit de 5.809 millones de
dólares.

La implementación del programa de ajuste se
iniciaría con un proceso de severa contracción
fiscal y monetaria. El enfoque monetarista del programa de
estabilización, enfatizaba el control de la actividad
fiscal y monetaria, prescribiendo la contracción de la
demanda para corregir estos desequilibrios básicos de la
economía.

Contribuyeron al déficit fiscal el incremento de
las exportaciones, la
devaluación del tipo de cambio
y los mayores ingresos de las empresas públicas no
petroleras como resultado de la liberación de precios y
tarifas.

Según afirma Castro (2000) esto tuvo un efecto
"schock" en la economía venezolana que se manifestó
con al caída del PIB en 8.3% con un impulso inflacionario
de 84.4%, cifra record en el comportamiento alcista de los
precios desde 1979. De la misma manera se contraería el
PIB del sector industrial en 14.4%, la Inversión Bruta
Fija (IBF), total en un 25.5% y la Inversión Neta Total
(INT) cayó en el 69%.

Es de resaltar que la tasa de desempleo pasó de
un 6.90% a 9.6%, mientras que la remuneración mensual real
promedio por trabajador en el ámbito nacional paso de
3.052 a 2.561 Bolívares diarios, que se agregarían
a 10 años de caída del salario nominal y
del incremento del desempleo.

No obstante la importancia del equilibrio
fiscal para alcanzar el resto de los equilibrios propuestos en
1989 se produce una reforma tributaria. El gobierno del
Presidente insistirá en las deficiencias de los gobiernos
anteriores de sobrellevar la caída del ingreso petrolero
con el llamado impuesto inflacionario, que no era más que
el ingreso resultado de la devaluación del tipo de cambio
que anteriormente estaba representado por las utilidades
cambiarias.

En esa oportunidad para lograr un pretendido equilibrio
fiscal se recurrió al aumento de la tributación
interna no petrolera y a la reducción del gasto
público (bien del gasto corriente o de inversión).
Con ocasión de la última reforma tributaria de 1989
el gobierno descartó la opción del aumento de la
tributación interna basada en principios
progresivos de tributación y con respecto a la
inversión pública se presentaron una serie de
problemas en su ejecución que hicieron imposible su
materialización.

Las posibilidades de captar tributos se
orientan con la creación de impuestos indirectos, como la
implementación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), vigente
hasta el segundo semestre de 1993 y el aumento de la
gasolina.

El tránsito hacia el virtual equilibrio fiscal
logrado en 1990 y 1992 con un déficit de 0.2% y 0.7% se
atribuiría más a los aumentos del precio del
petróleo por el conflicto del
Golfo Pérsico, que a una política austera de gasto
compatible con el programa de estabilización. A estos
resultados contribuirían los recursos de la
privatización que ingresaron a partir de 1990 y sobre todo
a partir de 1991 con la privatización de CANTV y
VIASA.

La expansión de la economía estuvo
impulsada por recursos extraordinarios provenientes de aumentos
circunstanciales de los precios en el mercado petrolero y de las
privatizaciones.

Para 1992 disminuyen los ingresos al volver a la
normalidad el mercado petrolero y al concluir el proceso de
privatización. El déficit en ese año se
volvió a presentar en un 5.7% del PIB en términos
reales y una caída en un 2.9% en 1993, acompañado
de una contracción en la liquidez monetaria real del 20% y
31.9 % en términos reales, lo que conduciría a la
economía nuevamente a un estancamiento, con un –0.4%
del PIB en términos reales y una caída del PIB real
no petrolero de 1.6%.

Vale la pena resaltar que pese a la expansión de
la economía de los años 90 al 92 y el aumento del
nivel de empleo, los
salarios reales promedio siguieron disminuyendo. En esa
oportunidad se redujo la tasa de crecimiento de la liquidez para
acelerar el ajuste fiscal, disminuir la inflación y lograr
un equilibrio en la balanza de pagos,
que con la liberación del mercado financiero
permitiría corregir los desequilibrios que se presentaron
en ese mercado como resultado de la política de
represión financiera de la última etapa del
gobierno de Lusinchi, no podía resultar algo distinto que
una elevación significativa de la tasa de interés
nominal y en la tasa de
interés real, sobre todo por la exigencia del programa
de estabilización de mantener tasas de interés
positivas a la inflación, con lo cual se dio inicio al
incremento de tasas de interés que se fue agudizando
durante todos los años de este período.

La política de liberación de tasas de
interés para estimular la competencia de la banca tuvo dos
momentos importantes después de la liberación de
1989. En primer lugar se habla de la decisión del
Directorio del Banco Central de Venezuela en los primeros meses
de 1993 de fijar el límite superior de la banda de tasas
de interés activas a un nivel determinado por la
adición de 20 puntos porcentuales al rendimiento promedio
de los bonos cero
cupón de la última subasta semanal, lo cual fue
modificado para el mes de mayo, donde se fijaba como referencia
el rendimiento más bajo registrado por los bonos cero
cupón.

Esa política trajo como consecuencia una
parálisis progresiva del sector industrial, porque el
efecto de la elevación de las tasas de interés
condujo a la mayoría de las empresas a reflejar en sus
balances mayores niveles de endeudamiento, por la
aplicación de tasas de interés flexibles a sus
préstamos vigentes.

Afirma Castro (2000): "Sin duda que esto fue
absolutamente perjudicial en el caso de la pequeña y
mediana industria, que mostró niveles de
sobreendeudamiento… que magnificó las dificultades para
proveerse de capital de
trabajo, que permitiera mantener los niveles de su
actividad" (p. 203).Como se puede interpretar de la
opinión de Castro, los efectos de la liberación de
las tasas de interés en esa oportunidad afectaron
grandemente a los sectores industriales más desprotegidos,
como lo eran la pequeña y la mediana industria.

La política monetaria acentuaría la
política de los Bonos Cero Cupón, como mecanismo
para solventar la liquidez. Dicho mecanismo se convertiría
en un virtual subsidio al sector bancario que concentró su
mayor actividad en la compra de estos instrumentos con la
garantía de altos niveles de rentabilidad
en el corto plazo. Esto era inevitable porque la
contracción de la actividad privada disminuía el
campo de negocios de la banca, con lo que fue
concentrándose cada vez más en su función de
intermediación financiera como antesala al colapso del
sistema
financiero. Al respecto dice Castro (2000): "Esta
política monetaria lo que en realidad creó fue un
círculo perverso entre la tasa de interés elevada y
la estabilidad del mercado cambiario" (p. 204).

En la medida en que no se recuperaba la confianza en la
economía y en la política económica
implementada, la tasa de interés se convirtió en el
único mecanismo para estabilizar la tasa de cambio. La
tasa de interés real positiva remuneraba los capitales sin
invertir los colocados en la banca a una tasa superior a la que
se pagaba en el mercado mundial, política que controlaba
la fuga de capitales.

También se fomentó un proceso de
especulación financiera en el supuesto de la competencia
bancaria que terminaría profundizando el deterioro de toda
la economía. Con este proceso se fortaleció la
dolarización de la economía. Muchas
transacciones se harían en dólares, como por
ejemplo las del mercado inmobiliario, así como
también se produciría en los sectores de altos
ingresos económicos una dolarización de los
salarios.

La persistencia de la dolarización de la
economía constituía una grave perturbación
política al Estado venezolano que se exteriorizan en el
deterioro institucional, la pérdida de la soberanía
y de la identidad
nacional propia que se produce a través de la moneda
nacional y que es uno de los efectos negativos del proceso de
globalización.

Las responsabilidades que se le atribuyeron a la
política monetaria desbordaron sus posibilidades dado que
no podía contribuir al ajuste fiscal cuando el mismo se
comportaba de una manera expansiva al tiempo que contribuir a
controlar los niveles de inflación y lograr la estabilidad
del mercado cambiario, en este último caso por el
régimen de flotación dirigida que se adoptó
en 1989 y por la forma en que se utilizaron los recursos de la
devaluación y los recursos extraordinarios provenientes de
los mayores ingresos petroleros de 1990 y 1991.

La consecuencia real de la política monetaria de
este período fue favorecer el auge de la
especulación financiera, que produjo un fuerte
desestímulo en la actividad económica real y se
disminuyeran las posibilidades de lograr los objetivos buscados
por el programa de estabilización.

El planteamiento del ajuste fiscal y monetario conforme
a las pautas del programa de estabilización del Fondo
Monetario Internacional, era absolutamente injustificado pues no
se correspondía con el comportamiento de la
economía venezolana desde que comenzara la inestabilidad
en el mercado petrolero a finales de los años setenta. Los
problemas del déficit fiscal y de balanza de pagos que se
enfrentaron desde finales de la década de los 70 no
responden a los problemas planteados por el monetarismo,
porque como se puede concluir del análisis realizado se
debe al carácter monoproductor de nuestro país que
no le dio la importancia que merecía el proceso de
industrialización iniciado con la política de
sustitución de importaciones.

Se debe señalar que nuestro país a
diferencia de América
Latina en su comportamiento durante el período de auge
del modelo sustitutivo no presentó problemas en la balanza
de pago y la industrialización sustitutiva
transcurrió con recursos relativamente suficientes en
dólares, pero los problemas en la balanza de pago se
iniciaron realmente en 1978 con el fracaso del sistema de
sustitución de importaciones y la caída del mercado
petrolero, siendo resueltos con el financiamiento proveniente del
endeudamiento externo.

Esta situación se hacía cada vez
más grave porque el debilitamiento del ingreso fiscal
petrolero no dio como resultado un aumento de la
tributación interna, sino que se financiaba con utilidades
cambiarias y devaluación, lo cual condicionaba el impulso
inflacionario.

Se debe señalar que el problema inflacionario
tampoco se encuentra vinculado con el diagnóstico monetarista, porque el
fenómeno ha persistido en un ambiente de reducción
del gasto público, control de la liquidez monetaria real y
equilibrio fiscal. Según los comentarios de Castro (2000),
la inflación en la historia económica venezolana se
ha encontrado vinculada a la devaluación de la moneda
más que al aumento del nivel general de
precios.

La inflación guarda más relación
con la incertidumbre acerca de la forma de financiamiento del
déficit fiscal, la devaluación y las expectativas
negativas que induce el proceso de devaluación del tipo de
cambio. La crisis venezolana presentaba un nivel complejo de
agotamiento del modelo sustitutivo que funcionaba en el primer
gobierno del Presidente Carlos Andrés Pérez, que ha
sido la esencia de la crisis, "…que se agravará por
el desplome del mercado petrolero y por la orientación
equivocada y errática de la política
económica desde 1979" (Castro, 2000, p.
209).

De allí que no había duda en que era
necesario producir cambios drásticos en el comportamiento
de la economía, pero desde una perspectiva realista que
tomara en cuenta lo que realmente eran las condiciones
coyunturales y estructurales de la conformación social,
económica, política y cultural de
Venezuela.

El problema realmente grave en Venezuela era que la
política económica en vez de ser parte de la
solución de problemas había pasado a ser más
allá de la coyuntura parte del problema, por la
visión superflua con la que había sido
implementada, fuera de todo contexto histórico
institucional, porque el contexto de ajuste respondía a
intereses nacionales y trasnacionales tendentes a producir la
incorporación de nuestro país al mercado mundial
bajo control de las empresas multinacionales.

El programa de estabilización aplicado en la
década de los noventa, se propuso devolver al mercado su
función reguladora de la actividad económica por la
vía de restablecer los precios como las únicas
señales
apropiadas para que la sociedad determine sus niveles de
producción y consumo y la forma óptima de
producirlos. En 1989 se llega a un mercado de bienes y servicios
fuertemente intervenido por los diversos mecanismos
administrativos y los desequilibrios generados se aplica la
política de liberación de precios para restablecer
los mecanismos de mercado.

La liberación de precios de bienes y servicios,
junto con el ajuste de precios y de tarifas de las empresas no
petroleras del sector público, se expresa inmediatamente
en un incremento inflacionario de precios que llegó al
84.4% en el primer año. Este resultado se produjo porque,
finalizado un período de inflación reprimida, la
liberación de los precios de manera rápida obligaba
a los empresarios a que revisaran sus decisiones sobre sus
niveles de producción y los precios.

Con estas condiciones de fuertes expectativas y de
amplia incertidumbre a las cuales contribuía
también la liberación de los precios en otros
mercados importantes como el financiero y cambiario y los precios
del sector público, las empresas terminaron aumentando los
precios por encima de la inflación estimada para cubrirse
de pérdidas por subestimación de la
inflación.

Con la liberación de precios el mercado no se
ajusta de manera inmediata, sino que se producen efectos
escalonados de ajustes (a excepción de los salarios), de
todos los precios significativos, que provocó nivelaciones
proporcionales tratando de mantener la estructura de los costos
anteriores.

De manera tal que un aumento en la tasa de cambio, la
tasa interés, las tarifas y precios del sector
público, conducen a alzas en los insumos nacionales e
importados y al costo del capital
de trabajo, que provocan en las empresas cambios en formas de
aumentos de precios en función de un recargo porcentual
sobre sus costos variables, con
lo cual las rondas de ajustes se prolongaban como resultado de
los sucesivos ajustes de los precios claves, lo que
influía sobre los costos de
producción de las empresas.

Lamentablemente el programa de ajuste no tomaría
en consideración la conformación histórica
del mercado en Venezuela y ello produciría una marcada
oligopolización; con lo cual las empresas no se comportan
como unidades que participarían de un juego de
mercado perfecto, sino como oligopolios que trataban de mantener
sus niveles de ganancia trasladando cualquier aumento en sus
costos variables a sus precios de una manera más o menos
predecible.

Este proceso de aumento de precios se produjo en
momentos en que se reprimían los salarios nominales y se
contraía el ritmo de expansión del dinero, como
parte del programa de estabilización centrado en la
contracción de demanda, con lo que se producía una
reducción significativa de sus niveles, que hacía
que el alza de los precios disminuyera el poder adquisitivo de
los salarios reales mermándose la capacidad de demanda de
la población. El abatimiento de la demanda aumenta los
niveles de subutilización de la capacidad de
fábrica y aparece un exceso de oferta de bienes, el cual
se transmite al mercado de trabajo en la reducción de la
mano de obra.

Se genera de esta manera un aumento en el desempleo que
afecta los niveles de ingreso, lo que afectaba aún
más los niveles de demanda y se profundizaba el
estancamiento de la economía. El descenso de la demanda
debería inducir a la larga a una disminución de la
tasa de aumento de los precios, pero la rapidez con que esto
suceda dependerá de varios factores, entre los más
importantes figuraba la rigidez institucional, que en nuestro
caso se vinculaba fundamentalmente con la estructura
oligopólica de los mercados, con lo que en situaciones de
condiciones iniciales, siempre cambiantes por las sucesivas olas
de acomodo en los precios significativos y por la incertidumbre
en el proceso mismo de ajuste, retrasaban las posibilidades de la
estabilización. En esto es importante señalar que
los acontecimientos de los estallidos violentos del 27 y 28 de
febrero de 1989, desencadenaron un clima de inquietud que se
agravaría hasta determinar la salida institucional del
Presidente Pérez. El programa de estabilización no
contó con un apoyo político real y los empresarios
se limitaron a observar los acontecimientos sin involucrarse
activamente en él.

La situación económica para 1989 se
mostraba realmente confusa como consecuencia de la corrupción
surgida en la Oficina de
Cambios (RECADI), y por las continuas devaluaciones de la moneda
venezolana en el mercado libre que obligaron al gobierno de
Lusinchi a realizar depreciaciones severas en el mercado
controlado con el propósito de contrarrestar las fugas de
capitales y financiar el gasto fiscal.

Señala Castro (2000:215) que uno de los efectos
fundamentales de la política de unificación
cambiaria y de la maxidevaluación era que el mejoramiento
de los precios relativos a los bienes transables frente a los no
transables internacionalmente produciría un desplazamiento
de recursos exportadores, lo cual contribuiría a aliviar
las presiones sobre la balanza de pagos.

En la promoción de las exportaciones no
tradicionales, a partir de la devaluación, pasan
inadvertidos algunos defectos importantes que se producen en
paralelo con la modificación de los precios relativos
atribuibles a la devaluación o variaciones externas en el
precio de los bienes importados.

El proceso inflacionario en Venezuela tuvo efectos
depresivos sobre los salarios reales y la posición que
ocupaban en el ingreso nacional. La distribución del
ingreso se vería afectada a favor de los empresarios y del
gobierno, por la vía de una mayor recaudación por
ingresos cambiarios.

En el caso venezolano la inversión privada y
pública se reducía y el gobierno utilizaba los
recursos derivados de la mejora de la balanza de pago para la
amortización de la deuda externa, la
economía se reestructuraba mediante la disminución
de los ingresos y el efecto de la devaluación sería
más contractivo de lo que se esperaba, rompiéndose
así los objetivos del programa de estabilización
donde la devaluación pretendía compensar los
efectos restrictivos de la constricción fiscal y
monetaria.

La política de liberación comercial se
propuso actuar en el mismo sentido de logro de cambios en la
orientación del comercio exterior
junto con la política de unificación y
devaluación del tipo de cambio. El programa de
estabilización se convertía en el motor del proceso
de apertura y de integración al mercado internacional de
la economía venezolana.

Nuestra economía durante la vigencia del modelo
sustitutivo a semejanza de América Latina, siguió
políticas proteccionistas en materia arancelaria y
para-arancelaria para el sector industrial interno con lo que la
implementación de políticas restrictivas como las
altas tarifas arancelarias, licencias de importación,
contingentes o cupos de importación y prohibiciones de
importación, cuyo objetivo era ofrecerle a los empresarios
nacionales un ambiente protegido para sus inversiones. La
utilización discrecional de esas orientaciones de
política comercial trajo como resultado una estructura de
protección comercial sumamente irracional que no
contribuiría al crecimiento industrial que se tomaba como
variable clave la productividad,
con lo cual se obviaba una variable estratégica como lo
era favorecer y promover una política exportadora en el
aparato industrial venezolano.

La política de ajuste se realiza en una reforma
de la política comercial que perseguía una apertura
de la economía a la competencia internacional para
provocar un mejoramiento en la productividad y la competitividad
de la industria nacional, favorecer las exportaciones y ajustar
la economía venezolana a las condiciones del mercado
mundial.

Los lineamientos generales de la reforma comercial
fueron establecidos en el Decreto N° 240 de la Presidencia de
la República, donde se dictan las normas para la
política comercial de Venezuela. En esta oportunidad se
fijaba el arancel máximo de 80% con siete niveles de
impuestos arancelarios para 1989 y un sistema gradual de
reducción de aranceles. En 1990, se llevó la tarifa
a un máximo de 50% y se establecieron cinco niveles de
impuestos arancelarios según el grado de
elaboración de los productos.

Progresivamente se fueron eliminando las restricciones
no arancelarias, las exoneraciones de impuestos para la
importación de productos, salvo para la importaciones de
bienes de la cesta básica, para lo cual se implementaron
mecanismos como el "Draw Back" (procedimiento que
consistía en la devolución total o parcial de los
impuestos de importación que hubieran sido pagados por
insumos incorporados en la producción de un bien objeto de
exportación), con el propósito de incentivar las
importaciones no tradicionales y la eliminación del bono
de exportación.

La desprotección arancelaria y no arancelaria fue
la política del plan que se
ejecutó con mayor diligencia y rapidez. Las reformas
arancelarias se implementaron en el ámbito de las reformas
ortodoxas, con la finalidad de que cuando hubiera avanzado
suficientemente en este proceso, los sectores de la
economía interna que producen bienes comerciables
internacionalmente deberían regular los precios en
función de sus similares importados. La tasa de
variación de los precios internos debería quedar
supeditada a la trayectoria de la inflación internacional,
por lo menos en aquella parte de la economía que se
encontraba sometida a la competencia externa.

El problema que se presentaba era que la baja de los
precios en los productos importados, que podían influir en
los precios de los productos internos no dependía
sólo de la reducción arancelaria sino del tipo de
cambio, que en el país estuvo siempre en ascenso
fortaleciendo expectativas inflacionarias y el grado de
oligopolización de los mercados y de la importación
de los sectores importadores en el control de los mercados, que
en Venezuela han sido tradicionalmente importantes.

En la medida en que se aceleraba la reforma comercial se
afectaba el ritmo de crecimiento de las importaciones. Sin
embargo, la política de liberación comercial, en su
objetivo de reestructurar el aparato industrial para favorecer a
los sectores exportadores frente a los sectores no exportadores
de la producción nacional, reportó resultados
negativos.

La política de estabilización
suponía la exclusiva intervención del Estado la que
ha venido ocasionado el sesgo anti-exportador del aparato
industrial, ignorando las evidencias
históricas acerca del proceso de formación del
sector y de la magnitud de sus relaciones con el aparato del
Estado. Por la vía del gasto fiscal, se produce una
expansión económica a costa de una
recomposición del gasto total a favor del Estado y en
contra del sector privado y el efecto de expulsión
conocido como "cowding out" de inversión a través
de la expansión del gasto fiscal, cuando el aumento del
gasto público causa la disminución del nivel de
inversión de las empresas.

Los especialistas no han fijado existido posición
con respecto a los principios o políticas tendientes a
limitar el desarrollo del aparato industrial privado, pues lo que
se ha pretendido fortalecer es al auge de la industria
petrolera.

La política de liberación comercial
produjo un claro efecto desindustrializador, como resultado de la
desprotección súbita del mercado interno frente al
mercado internacional. La pretensión de producir en un
largo plazo un cambio en la estructura del comercio exterior, se
trató de fomentar con instrumentos como la política
de confianza puesto en el diseño
de política para modificar situaciones estructurales en la
economía venezolana.

Las exportaciones fueron en objetivo fundamental de la
política de ajuste, empezando por los efectos positivos en
la diversificación de fuentes de divisas hasta
culminar los efectos positivos de largo plazo y sus efectos
estructurales en la economía en el logro de la
consolidación de un sector exportador alterno al sector
petrolero y con significación creciente.

Sin embargo, a pesar del consenso de la población
con algunos objetivos del programa de ajuste el problema que se
presentaba era que la política y los instrumentos que la
hacían efectiva carecían de realismo para
la consecución de los mismos. El aumento de las
exportaciones no tradicionales no pudo atribuirse a la
política económica de estabilización sino
como reacción a la contracción de la demanda en el
mercado interno y la orientación de la producción
hacia el mercado exterior.

Castro (2000: 236) afirma que el proceso de ajuste
impuesto en los inicios de la década de los noventa dio
lugar a una serie de desequilibrios sociales que harían
cada vez más evidente en la división social latente
en el proceso de inestabilidad política que enfrentaba
Venezuela. Los desequilibrios sociales presentes en la sociedad
venezolana son el resultado combinado de la crisis
económica, del manejo inadecuado de la política
económica y el agotamiento del modelo sustitutivo, sin
duda que esta crisis se ha traducido en una progresiva debilidad
en el aparato estatal y ha disminuido su capacidad de dirigir el
proceso social en su totalidad.

La inflación y el desempleo imperantes han
liderizado un proceso de deterioro social manifestado en
alteraciones de la distribución de ingreso que afectaba en
forma negativa a los sectores asalariados del país, y de
igual manera ha condicionado el creciente proceso de
empobrecimiento de las mayorías del
país.

Lamentablemente la crisis venezolana era cada vez
más indetenible al extremo de que cerca de un 40% de la
población ocupada en el sector informal de la
economía, se ocupaba en actividades de autoempleo de
baja productividad y bajo ingreso.

La pobreza en este
período se nos presenta de una manera peculiar porque
mayoritariamente afectaba los sectores urbanos que
tradicionalmente habían estado resguardados y protegidos
por el Estado como lo fueron las clases medias. Ninguno de los
gobiernos supo aportar soluciones
parciales ni globales a los problemas que afrontaba una sociedad
sorprendida por la rapidez con la que se deterioraba su nivel de
vida.

El gobierno del Presidente concluyó con su salida
institucional, que se convertía en la única forma
que había que controlar la crisis política,
económica y social de la época. El gobierno
transitorio de Ramón
José Velásquez no aportó los grandes cambios
que se manifestarían posteriormente con el Dr. Rafael
Caldera.

Para el año 1993, el gobierno de Caldera se
iniciaba con una política económica marcadamente
diferenciada del paquete económico del ex presidente
Carlos Andrés Pérez. Moreno (2000) afirma sobre los
aspectos fundamentales de esta política: "… esta
política se caracterizó por ejecutarla libre del
establecimiento de acuerdos con los organismos multilaterales de
financiamiento, establecer el control de precios en determinados
bienes y productos, el control de cambio en la compra del
dólar y mantener el precio de la gasolina" (p. 79). El
presidente Caldera trataría de rescatar a nuestro
país de las imposiciones de los organismos multilaterales
con relación al manejo de los factores económicos
internos, pero realmente esto era casi imposible.

El 15 de abril de 1996 el Presidente de la
República se dirige al país y anuncia la
ejecución de un programa de ajuste estructural de mutuo
acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que recibió
el nombre de Agenda Venezuela. El mismo era una Carta de
Intención cuya firma definitiva sería hecha una vez
que este organismo internacional le diera evaluación
favorable.

La Agenda comprendía medidas de orden
económico y social. Las primeras de carácter
coyuntural dirigidas a liberar la economía y someterla al
mercado y aumentar el precio de la gasolina. Las segundas a
compensar los efectos que produciría en la
población la aplicación del nuevo instrumento
económico.

Moreno (2000:81) comenta que las medidas
económicas adoptadas por el Presidente Rafael Caldera en
los términos siguientes:

1. El aumento en el precio de la gasolina.
2. La creación del impuesto al consumo
   suntuario.
3. El control del déficit fiscal, limitando las
   remuneraciones en el sector laboral.
4. La estabilidad del régimen cambiario,
   liberando el precio del dólar de acuerdo al
   mercado.
5. El aumento de las tasas de interés, por encima
   de la tasa de inflación.
6. Mantener el subsidio del transporte
   público y el precio preferencial del pasaje
   estudiantil.
7. Aumentar la beca alimentaria y reestructurarla en
   forma de subsidio familiar.
8. Aumentar al doble las pensiones para los jubilados
   del Seguro
   Social.
9. Crear programas de impulso a la Economía
   Solidaria.
10. Instrumentar el programa de medicamentos y farmacias
    populares.

Este programa recibió el apoyo mayoritario de la
Iglesia, del
poder económico y de los medios de
comunicación. La reacción de la
población sobre la aplicación de esta
política fue distinta de la asumida en el año 1989
cuando el Gobierno de Carlos Andrés Pérez
inició su paquete económico, lo que provocó
una situación de permanentes protestas, violencia e
inestabilidad institucional en el país. Llama la
atención que la Agenda Venezuela contó con la
aceptación tácita de la población y un
consenso político e institucional
significativo.

En este contexto histórico, surge el programa
macroeconómico que recibe la denominación de
"Agenda Venezuela", el Estado se proponía solventar
la persistencia de los desequilibrios macroeconómicos a
través del ajuste fiscal. En este sentido, algunos de los
principales factores que determinarían la reducción
necesaria del déficit serían:

a. La clase de desequilibrio:

Si el desequilibrio macroeconómico es causado por
un cuantioso y preocupante déficit fiscal, es necesario
reducirlo o eliminarlo. En esa oportunidad se consideraba como
apremiante la necesidad de reducir el déficit, cuanto
más graves sean los problemas macroeconómicos y
menor debe ser el margen de maniobra para financiarlo.

b. El déficit externo:

Para determinar la relación entre el ajuste
fiscal y el logro de una meta en la cuenta corriente, es
necesario entender de qué forma afecta la política
fiscal al ahorro y a la inversión del sector privado.
Esto al mismo tiempo, depende de la combinación de medidas
fiscales adoptadas y de la orientación que tengan las
demás medidas macroeconómicas.

La Agenda Venezuela se inició con la esperanza de
lograr la estabilización fiscal y la promoción de
la privatización en los sectores de la industria
básica y fortalecimiento del sistema bancario,
además de llevar a cabo varias reformas
estructurales.

En esa oportunidad, con la aplicación de la
"Agenda Venezuela"se vislumbraban las siguientes
ventajas:

1. El fortalecimiento de las negociaciones con
   organismos multilaterales.
2. Contemplaba una serie de medidas públicas que
   abarcaban diversos aspectos como el fiscal, monetario,
   cambiario y de servicios públicos.
3. Se profundizaría la reforma tributaria y
   aumentaron las reservas internacionales.
4. Disminución de los niveles
   inflacionarios.
5. Apoyo de la población venezolana, en especial
   del sector empresarial.
6. Se superaría la crisis bancaria de 1994 con la
   privatización de los bancos
   intervenidos.
7. Incremento de los ingresos no petroleros y de las
   reservas petroleras.
8. Promoción de un marco favorable de
   inversión.
9. Articulación de dos conjuntos de
   políticas públicas: el programa de
   estabilización macroeconómica y un programa de
   reestructuración productiva. Todo esto con el apoyo de
   organismos multilaterales y del sector privado.
10. Disminución de la evasión fiscal, alza
    de la cotización de los bonos de la deuda
    pública venezolana, recuperación y
    fortalecimiento del sistema financiero.
11. Acuerdo de los sectores empresarial, sindicatos y
    gobiernos.

Contreras, en una entrevista
realizada por Heras (1996) para el diario de circulación
nacional "El Nacional", comentaba que el aspecto fiscal ocupaba
un lugar preponderante dentro de las estrategias de la
Agenda Venezuela por lo que la reducción programada
y progresiva del déficit fiscal a partir de 1996 se
realizaría a través de algunas medidas como la
reducción de la evasión fiscal, la
ampliación de la tributación, la reducción
de los subsidios indirectos, la aplicación de la Ley de
Remisión Tributaria, así como la
continuación del programa de privatizaciones y ajuste en
el precio de los combustibles.

Pero además de la reducción del gasto
corriente se proponía intensificar la
descentralización, crear un Fondo de
Reestructuración y Disminución de la Deuda
Pública, Plan Trienal de Inversiones Públicas, y en
cuanto al financiamiento, la reestructuración concertada
de la deuda interna y de la deuda bilateral y mercados
voluntarios de crédito interno y externo.

Los resultados obtenidos transcurridos en el campo
económico luego de dos años de aplicación no
permitieron alcanzar los objetivos inicialmente propuestos,
puesto que factores fundamentales para la estabilización
económica antes de reducir su ritmo de crecimiento como la
inflación, el gasto público y el precio del
dólar seguían incrementándose.

El crecimiento de la inflación alcanzó
para el año 1996 un nuevo récord histórico
al terminar un índice acumulado del 103%. Antes que la
política económica implementada por el gobierno
comenzara a mostrar sus resultados negativos, ya a finales de
1995 se había creado una matriz de
opinión a favor de provocar un cambio en su
orientación.

Este sentimiento adquirió mayor
manifestación cuando el Presidente Caldera en el Mensaje
del Congreso de la República el 2 de febrero de 1996 no
manifestó ningún cambio de esa política,
razón por la cual la población venezolana tuvo una
reacción de incredibilidad ante las propuestas contenidas
en el mensaje para solucionar a corto plazo los problemas
económicos que la afectaban.

Las exigencias de cambio en la orientación
económica respondían a factores que varían
de acuerdo a los intereses de los sectores que manifestaban su
opinión, pero en todo caso existió un consenso
generalizado para diseñar una política que atacara
directamente a la inflación, el déficit fiscal y el
deterioro del valor de la moneda nacional.

Con respecto a los niveles de inflación a pesar
de que se experimentó su descenso hasta alcanzar el 3% en
el mes de diciembre de 1996, para el año 1997 la
inflación seguía manteniendo un mínimo ritmo
de crecimiento. Las cifras acumuladas de inflación
alcanzaron en el lapso enero-julio de ese año el 17.8%,
contrataban con el 62.3% del período anterior.

Con respecto a la estabilización del
bolívar y el precio del dólar, las metas se
expusieron en términos que el Banco Central de Venezuela
soportaría la presión del mercado de divisas al
haberse eliminado el control de cambio. El valor establecido
inicialmente de Bs. 470 por dólar y los resultados
obtenidos a fin de año alrededor de esa cantidad crearon
las condiciones para que el bolívar se estabilizara y se
rompiera la tendencia devaluacionista. En líneas
generales, el precio del dólar se mantuvo con leves
oscilaciones.

Otro de los aspectos en el orden macroeconómico
alcanzado con la aplicación de la Agenda Venezuela,
se refiere al déficit fiscal y las reservas
internacionales. Con respecto al déficit fiscal, se
observa una reducción producto de la disciplina
impuesta, así como del incremento de los precios del
petróleo con lo cual la Tesorería Nacional
terminó el año 1996 con un saldo
favorable.

En cuanto a las reservas internacionales de la
nación, los resultados muestran un sostenido y progresivo
aumento en el volumen de la
divisa norteamericana pasando de 10 mil millones de
dólares a 16.540 millones de dólares. Sin embargo,
a pesar de estos resultados es preciso colocar un conjunto de
factores de orden político, social y económico
indicativos del carácter contradictorio, contrapuesto y
parcial del proceso lo cual demostraba que Venezuela
todavía estaba muy lejos de alcanzar la estabilidad.
Moreno (2000: 86-90), consideraba como factores que
obstaculizaban el desarrollo del proceso los
siguientes:

1. El primero de ellos es el carácter
   contrapuesto de los intereses y las políticas
   económicas que se exponen y se desean ejecutar en el
   país. Los sectores económicos, privados
   nacionales e internacionales vinculados a los procesos de
   globalización y trasnacionalización de la
   economía venezolana sólo estaban interesados en
   la apropiación por vía de privatización de
   las empresas y los recursos más importantes que posee la
   Nación, como son la industria del petróleo, el
   gas, la
   petroquímica y la minería.
2. El progresivo y profundo empobrecimiento
   económico y social de la población venezolana
   durante 20 años, con el aumento de la tasa de desempleo,
   el crecimiento de la economía informal, el deterioro de
   los servicios públicos, el estancamiento y la
   pérdida del poder adquisitivo de los
   salarios.
3. La estructura partidista, el Poder Judicial
   y el Sistema Electoral, junto al Poder
   Legislativo representado por el Congreso Nacional, las
   Asambleas Legislativas y los Consejos Municipales,
   carecían de suficiente credibilidad ante la
   población y por lo tanto las bases de legitimación social estaban gravemente
   deterioradas.
4. La existencia de un sistema de partidos alejado de
   las necesidades y aspiraciones de la mayoría de la
   población venezolana, concentrada en una lucha para
   usufructuar el poder.
5. Los resultados obtenidos en el orden
   macroeconómico por la aplicación de la Agenda
   Venezuela, han sido una vía para consolidar de
   manera relativa la credibilidad y gobernabilidad del Presidente
   de la República, Dr. Rafael Caldera, persistiendo en
   contraste factores políticos y económicos que
   mantienen a la población en un estado de
   confrontación y conflictividad.

En el panorama venezolano se observaron como desventajas
de la aplicación de este programa de ajuste las
siguientes:

1. Se consideró que la lucha contra la
   inflación no había sido suficiente a pesar de la
   subida de los impuestos al 16.5% y al aumento de casi diez
   veces el precio de la gasolina.
2. Los avances en el plano macroeconómico no
   compensan el aspecto microeconómico. La capacidad ociosa
   del aparato productivo ha incrementado las quiebras de las
   empresas y la improductividad.
3. Incremento de la burocracia en
   la Administración Pública en el
   SENIAT.
4. Aumento del desempleo y el cierre de importantes
   empresas.
5. A pesar del superávit registrado las
   operaciones de crédito público siguieron
   incrementando.
6. Falta de un sistema integral de seguridad
   social.
7. Incremento de la cesta básica y de los
   servicios públicos.

La Agenda Venezuela, al igual que todos los
programas de ajustes estructurales adelantados por los organismos
multilaterales de financiamiento, se concentraba en medidas
estrictamente de orden económico y su aplicación
condujo a graves desequilibrios sociales para la
población. Estas repercusiones fueron inmediatas, y se
mantuvieron a corto y largo plazo, profundizándose de tal
forma que toda acción gubernamental para superarlas,
disminuirlas o erradicarlas era prácticamente
imposible.

El incremento de la pobreza, de la
miseria, el estancamiento y deterioro del poder adquisitivo de
los salarios, el incremento de la economía informal, el
deterioro de los servicios públicos por la
reducción de las inversiones en este sector por parte del
Estado, el incremento en el déficits de las viviendas, el
deterioro de las condiciones de salud de la población,
etc., son entre otras las consecuencias más importantes
que afectaron a la gran mayoría de la
población.

Con la aplicación de la Agenda Venezuela se
impusieron a nuestro país condiciones leoninas con
respecto al pago de la deuda externa, lo que requería que
se destinara más del 40% del presupuesto
ordinario a su cancelación.

Se puede concluir, que la situación
económica venezolana durante este periodo fue
difícil y es así como durante los años
1998-2000, se plantea la paradoja de un país con altos
ingresos económicos sumido en la pobreza: "Cómo
puede s%r un país tan rico y tan pobre a la vez" (Viciano
y Martínez, citando a Fabre, 2001, p. 38). Resultaba
incomprensible para los venezolanos que siendo nuestro
país uno de los productores de petróleo más
importantes del mundo viviéramos en semejante
situación de pobreza. La posición de la sociedad y
de los poderes públicos frente a la industria petrolera,
en sus orígenes debió promover la
industrialización y el avance en el desarrollo del
país. Indudablemente que los responsables de esta
situación fueron los actores políticos de las
diferentes épocas históricas, a los cuales
sólo interesaba satisfacer sus intereses
personales.

La modernización del país tuvo marchas
forzadas, la política del Estado facilitaba la
acumulación de capital al tiempo que se ofrecían
mecanismos de alivio socioeconómico para los sectores
más vulnerables y colocaba a la burguesía nacional
en una posición más privilegiada.

Ante el manejo irresponsable de los recursos del Estado,
el venezolano aprendió

a aumentar su demanda por sobre los ingresos que
recibía y eso condujo a que se hipotecaran los intereses
de nuestro país. El funcionamiento del puntofijismo
sirvió para cuestionar el Estado de Derecho
en Venezuela y tres décadas después de la
aprobación de la Constitución de 1961 se agrava la crisis
institucional por la indetenible ilegitimidad de los Poderes
Públicos.

La renta petrolera soportó durante décadas
el sistema elitista de conciliación que
consistía en "…garantizar a los partidos
políticos, las fuerzas armadas, la Iglesia, los sectores
empresariales y sindicales, las asociaciones gremiales que sus
intereses no serían afectados por la aplicación de
la regla de la mayoría en la formulación de
políticas públicas…" (Kornblith, citado por
Viciano y Martínez, 2001, p. 43). Los recursos
petroleros lograron cubrir durante mucho tiempo las necesidades
del país manteniendo a ricos y pobres.

Entre los venezolanos era cada vez más evidente
la situación de dependencia de la mayor fuente de recursos
del país, hasta el punto que se llegó a afirmar
estábamos mediatizados por la producción petrolera.
El sistema de conciliación de élites partía
de dos premisas que, con el tiempo dejarían de darse: a)
que la demanda de las clases
sociales permanecería mínima y, b) que la renta
petrolera facturaba lo suficiente como para cubrirla.

Las políticas económicas y sociales
alimentaban una clientela partidista y electoral y se creó
casi una dependencia permanente entre el gobierno y la clientela.
Con los recursos y el clientelismo se agravó la corrupción, alentada por la carencia de
controles adecuados, el rápido incremento del gasto
público, las fallas en la legislación y en la
administración de justicia y la
falsa concepción del ejercicio del poder y de los deberes
y derechos de los funcionarios públicos trajo como
consecuencia que se considerara el desarrollo de la
Constitución de 1961 como inservible.

Es así como cada vez adquiría más
fuerza la idea de reformar las instituciones y el sistema
jurídico vigente en esa oportunidad. El abanderado de la
reforma fue el actual Presidente de la República Hugo
Chávez Frías.

El segundo gobierno de Carlos Andrés
Pérez, que tantas expectativas había levantado en
el país cuando triunfó casi con un 53% de los
votos, fue el punto crucial para la caída del Pacto de
Punto Fijo que se apoyó en la satisfacción de las
necesidades de la población en la renta
petrolera.

En el contexto de crisis económica fueron las
asonadas militares en 1992. Los golpes de Estado, aunque no
tuvieron el éxito
deseado por sus protagonistas, sirvieron para avivar la
atención interna y externa hacia la crítica
situación del sistema
político venezolano.

El principal asalto militar contra el Gobierno de Carlos
Andrés Pérez tuvo lugar el 4 de febrero de 1992,
cuando un grupo de militares liderados por Hugo Chávez
Frías intentó tomar "La Casona", y el Palacio de
Miraflores, en Caracas, además de otros objetivos
militares en el resto del país.

Después de estos sucesos, Venezuela
parecía encontrarse en una situación de
inestabilidad que no tenía evidente salida. Se
proponían las más variadas fórmulas para
solucionar los obstáculos: reforma constitucional,
Asamblea Constituyente, anticipación de elecciones, pacto
entre los partidos tradicionales y los alternativos y hasta un
nuevo golpe militar que no tardó en
concretarse.

El segundo golpe militar estuvo presidido por el General
de la Aviación Visconti y el Contralmirante Gruber
Odreman, este golpe significó el fin de Carlos
Andrés Pérez en la vida política venezolana
y con él la vía hacia la relegitimación de
las instituciones.

II –B Procesos de regionalización y
descentralización: (*)

II-C.- Los acuerdos internacionales:
(*)

II-C-1.- Los "bloques regionales":
(*)

II-C-2.- Acuerdos internacionales de
liberalización del comercio: (*)

CAPÍTULO III: LOS INSTRUMENTOS
JURÍDICOS VENEZOLANOS Y EL PROCESO DE
GLOBALIZACIÓN

III-A.-Legislación económica:
(*)

III-A-1.- Marco jurídico de las "asociaciones
estratégicas" en el sector petrolero: (*)

III-A-2 Marco jurídico de las
privatizaciones: (*)

III-A-2-a. Sector telecomunicaciones:
(*)

III-A-2-b. Las industria ferrominera:
(*)

III. B.- Leyes sociales: (*)

III-B-1.- Ley del Seguro
Social: (*)

III-C- Leyes penales: (*)

III-C-1.- Código Orgánico Procesal
Penal: (*)

III-D.- Legislación Ambiental:
(*)

Capítulo IV: Proceso
Constituyente

IV-A- Aspectos económicos y políticos del
Proceso Constituyente: (*)

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CONCLUSIONES

A.- Referencias de la Globalización:

El proceso de
globalización es un fenómeno de antigua data a
pesar de que en el mismo han intervenido en forma insustituible
los medios de comunicación y el auge de los procesos
económicos mundiales. Como consecuencia de este
fenómeno los países desarrollados y los
subdesarrollados han tenido que elaborar políticas
dirigidas a incorporarse más eficazmente en el mercado
mundial.

Los Estados y las organizaciones internacionales son
protagonistas del mundo global. Esta presencia, cada vez
más intensa de las organizaciones internacionales en la
escena mundial y de la necesidad de que los Estados se integren a
las mismas para elaborar las normas que conforman el orden
jurídico internacional que constituye la
legislación globalizante. La expresión
jurídica de este fenómeno se encuentra en la
Conferencia Económica y Financiera de las Naciones Unidas
que dio lugar a la creación del Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional y posteriormente con la adopción
del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), así
como la carta de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU).

El fenómeno de la globalización de
la economía mundial, se puede observar desde dos enfoques
o perspectivas: el optimista que nos muestra los logros y los
alcances del proceso de globalización como lo
serían las ventajas competitivas de los Estados que se
muestran receptivos al mismo, las cuales son indispensables para
el desarrollo económico de los países. Los
defensores del proceso son los economistas catalogados
generalmente de neoliberales, que califican la
globalización como un verdadero y real impulso de a la
democratización del capital con relación a los
procesos de privatización y las propuestas de ajustes de
los organismos multilaterales.

El paternalismo estatal debería llegar a su final
en materia de seguridad social, en el manejo de empresas
públicas para aliviar un poco la cargadle Estado. La mala
administración del Estado, dicen que se
enfoca como una dádiva que entorpece al creación de
verdaderos mecanismos que favorezcan la participación de
la sociedad
civil.

La visión pesimista, señala que la
globalización es un fenómeno inevitable que a pesar
de que los Estados no quieran participar del mismo se ven
arrastrados a las consecuencias negativas que acarrea a los
países subdesarrollados. La confianza acrítica en
el mercado libre, un principio central de la globalización
ocasionaba grandes perjuicios a las economías nacionales
que deben sujetar su funcionamiento a las directrices de
organismos multilaterales.

B.- Las expresiones de globalización en
Venezuela:

La globalización se pone de manifiesto a
través de ciertas manifestaciones y en nuestro
país, en el periodo de 1989-1999, se pueden señalar
las siguientes:

1. La crisis del modelo rentista.
2. Los procesos de regionalización y
   descentralización.
3. El auge de los procesos de
   integración.

Con relación a las repercusiones del proceso de
globalización en el modelo rentista venezolano, se debe
señalar que en Venezuela, había mantenido un modelo
económico que se sustentaba fundamentalmente en la
monoproducción petrolera porque los recursos
públicos casi en un 90%, pero las dificultades
económicas de la década de los ochenta condujo al
estallido de una crisis que no ha podido superarse.

Las razones que se pueden considerar como causantes de
la difícil situación económica de los
años 1989-1999, son el fracaso del modelo de
sustitución de importaciones atribuible al poco auge de la
industrialización y las políticas económicas
impuestas a nuestro país por los organismos
multilaterales.

La reelección de Carlos Andrés
Pérez se mostraba como la salida más alentadora
para la población venezolana acostumbrada a la
nación saudita que percibía altos ingresos en
dólares por concepto de las
actividades del sector petrolero. En esa oportunidad la crisis
económica hizo que el Presidente Pérez buscara
orientar a Venezuela hacia la reforma estructural latinoamericana
que recibió el nombre del Gran Viraje, que a pesar
de no ser el único programa de ajuste fue el primero que
se aplicó con estricta sujeción a las normas
dictadas por el Fondo Monetario Internacional.

Para la expansión de la economía
venezolana se consideró prudente devaluar el signo
monetario, reprimir el mercado financiero y liberar los controles
de precios. La apertura de Venezuela al proceso de
globalización trajo consecuencias negativas para la
población que veía mermada su capacidad adquisitiva
y era víctima del desempleo, porque el Fondo Monetario
Internacional para aceptar el financiamiento solicitado por el
Estado para cubrir el déficit fiscal imponía a
nuestro país condiciones leoninas en perjuicio de la
sociedad.

Para 1993 el Presidente de la República Dr.
Rafael Caldera, inicia su gestión
de gobierno con una política económica marcadamente
distinta del paquete económico del ex -presidente
Pérez y la misma se caracterizó por el
establecimiento de acuerdos internacionales con organismos
multilaterales de financiamiento, controlar el cambio del
dólar y mantener el precio de la gasolina. Los resultados
obtenidos en el campo económico no permitieron alcanzar
los objetivos propuestos inicialmente y la inflación
siguió incrementándose.

La Agenda Venezuela se propone posteriormente
aumentar los precios de la gasolina, la creación del
impuesto al consumo suntuario, el control del déficit
fiscal a través de los límites en las
remuneraciones de los trabajadores, la estabilidad del
régimen cambiario, el aumento de las tasas de
interés por encima de las tasas de inflación y
poner en práctica programas de índole social como
los subsidios familiares, al transporte, el impulso de la
economía solidaria, financiamiento de medicamentos y
aumento de las pensiones para los jubilados.

A diferencia del difícil clima político
que le tocó vivir a Carlos Andrés Pérez por
la implementación de las medidas económicas,
Caldera en cierta forma contó con el apoyo de la sociedad
civil, especialmente del sector industrial y de los empresarios
del país. No obstante nuestro país todavía
se encontraba muy lejos de alcanzar la estabilidad
política y económica.

Otro de los aspectos de interés era el de la
descentralización y la regionalización, si
bien es cierto que ambas tendencias se nos muestran como
distantes del proceso de globalización, las mismas lo
complementan y forman parte del mismo.

En materia de regionalización se debe
señalar que la globalización hace que se desdibujen
los conceptos de nacionalismo y de valores
locales. Los medios de
comunicación y la expansión de la
economía mundial hacen que se estandarice el consumo y se
generalicen los usos, modas o prácticas que se hacen a
nivel mundial. La economía local se ve duramente afectada
por la economía globalizada que para sobrevivir ha tenido
que enfrentarse a los enormes desafíos que imponen las
oportunidades que ofrece el mundo global. Los gobiernos
nacionales y, concretamente el venezolano se han visto en la
obligación de acordar políticas para hacer
más competitivas sus economías, pero al mismo
tiempo las tendencias globalizadoras ha permitido revalorizar lo
local.

Esa revalorización de las localidades, ha
contribuido a que cada vez adquiera mayor importancia la
descentralización. Las localidades se ven obligadas
a ofrecerle a su población mayores servicios y mejor
calidad de vida y esto sólo es posible transfiriendo
competencias a los entes locales.

La rapidez y la profundidad de los cambios, las
expectativas de la gente, las necesidades de una alta
interconexión en el ámbito mundial exigía
que se diera auge a la descentralización. En Venezuela, el
proceso de descentralización no fue impulsado por los
intereses de los partidos políticos de turno, pero se debe
señalar que en la creación de la Comisión
Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE), vendrá a
desempeñar un papel de especial importancia en la
promulgación de las leyes que permitirán las
transferencias del poder político y de gestión a
las entidades estadales y municipales.

Con respecto al auge de los procesos de
integración, es menester decir que la
globalización ha motivado la celebración de
acuerdos internacionales con la finalidad de favorecer la
liberalización del comercio. Venezuela, ha intervenido en
esta iniciativa a nivel regional suscribiendo tratados y acuerdos
con el resto de Latinoamérica.

El fomento de los acuerdos regionales en Venezuela y en
América Latina se debe a la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),
se integró a la ALADI, al
Pacto Andino
al Grupo de Río y el Grupo de los Tres. El proceso
integracionista se fortaleció entre los años 1991 y
1995 y en la actualidad ha suscrito acuerdos con otros miembros
de la Comunidad
Andina, el Caribe y Centroamérica.

La constitución de bloques regionales tiene como
finalidad eliminar las fronteras comerciales y establecer
alianzas estratégicas que establezcan concesiones en
materia aduanera en atención a los principios de solidaridad
regional.

C.- Los instrumentos jurídicos venezolanos y
el proceso de globalización:

Con respecto a los instrumentos jurídicos de
relevancia, promulgados como consecuencia del proceso de
globalización se debe destacar: a) El marco
jurídico de las asociaciones estratégicas en el
sector petrolero y el de las privatizaciones, b) Las leyes
sociales y, c) Las leyes penales.

Con relación a las asociaciones
estratégicas en el sector petrolero vale la pena
decir, que el proceso de globalización ha influido
negativamente en el manejo de la industria petrolera en virtud de
que durante los años 1989-1999, se inició un
proceso de desvinculación por parte del Estado venezolano
de esta industria dejando en manos de empresas trasnacionales una
amplia participación en su explotación.

Para Venezuela, la industria petrolera ha sido la
industria básica y la crisis económica que ha
sufrido nuestro país condujo a que se perdiera su
hegemonía. La Apertura Petrolera, es una de las formas en
que Venezuela responde acríticamente a la
globalización.

En materia de privatizaciones, se
consideró que era única forma en que el Estado
venezolano podía abandonar el paternalismo que lo
había llevado a la difícil crisis económica
que atravesaba. La privatización se proponía elevar
la competitividad de la empresa con
inversionistas de experiencia, diversificar el capital y la
participación de la población, proveer a la
población de bienes y servicios que representan cuantiosas
cantidades para el Estado y eliminar el clientelismo
político.

La privatización de los sectores
telecomunicaciones y de las empresas ferromineras se
inició en el gobierno del Dr. Rafael Caldera, lo que trajo
graves consecuencias para la población venezolana por el
aumento de la tasa de desempleo que implicaba la transferencia de
las empresas a los consorcios extranjeros y nacionales, el
encarecimiento de los servicios públicos y la
utilización de los recursos

de las ventas para
cubrir el déficit fiscal.

Con respecto a las leyes sociales se
aprobó en el gobierno de Rafael Caldera la Ley
Orgánica del Sistema de Seguridad Social Integral,
según la cual la seguridad social se dividiría en
varios subsistemas: a) Subsistema de pensiones, b) Subsistema de
salud, c) Subsistema de salud, d) Subsistema de vivienda y, e)
Subsistema de recreación.

Estos subsistemas tenían como finalidad
desarrollar los principios constitucionales en materia de
seguridad social. Se debe señalar que Caldera se
encargó de presentar al extinto Congreso Nacional los
proyectos de
ley para los subsistemas de pensiones, salud y vivienda, los
cuales no fueron sancionados por el Congreso y ante la
paralización de las discusiones sobre la materia, se
contemplaron en Decretos-Leyes los cuales fueron cuestionados
porque la Constitución de 1961 sólo autorizaba
recurrir a esta vía extraordinaria para adoptar medidas en
materia económica o financiera. Para 1999, todavía
nuestro país no había establecido un régimen
de seguridad social, lo cual se ha considerado como violatorio de
los derechos fundamentales.

En el ámbito de las leyes penales, la
globalización, permitió la adaptación de la
legislación venezolana a los tratados y acuerdos
internacionales en materia de derechos humanos suscritos
válidamente por la República. Es así como se
promulga en 1998 el Código Orgánico Procesal Penal
(COPP), que implanta en nuestro país el sistema penal
acusatorio para garantizar el respeto por los
derechos y garantías de los ciudadanos. En el COPP,- como
influencia del Código Procesal Penal Costarricense y las
leyes procesales alemana y anglosajona- se disponen una serie de
principios que desarrollan la noción de debido proceso y
derecho a la defensa y para su aplicación se armoniza la
legislación conexa.

En relación con la legislación
ambiental, en 1992 se promulga la Ley Penal del Ambiente, en
la que se concibe el derecho penal
como una ciencia antes que sancionadora de carácter
preventivo en la que además de tipificarse los delitos contra
el medio ambiente se disponen ciertas medidas
cautelares o reparadoras. Pero, es importante acotar que la
Constitución de 1999, entre las materias de avanzada que
regula establece un Capítulo especial para la
regulación de la materia ambiental con el propósito
de que se proteja la calidad de vida.

D.- El proceso constituyente:

A pesar de las iniciativas y de las propuestas
legislativas Venezuela para 1999 vivía una
situación crítica para lo cual era preciso
transformar el marco institucional dentro del cual los diferentes
actores políticos, económicos, y sociales se
desenvuelven y toman sus decisiones.

El marco institucional venezolano se ha caracterizado
por el dominio de las
cúpulas de los partidos políticos tradicionales
que, a su vez, controlan los diferentes poderes del Estado en
casi todos los ámbitos territoriales, tanto nacional, como
regional y local.

El proceso constituyente liderizado por Hugo
Chávez Frías y por el nuevo movimiento partidista V
República, surge con la finalidad de neutralizar el alto
grado de concentración del poder, para poner fin a la
generación de corruptelas, compadrazgos y clientelismo,
que habían deteriorado el desarrollo democrático de
la vida nacional.

El Poder Constituyente surge ante la
descomposición de las instituciones políticas y
jurídicas, nace entonces del propio seno del pueblo una
fuerza legítima indetenible, capaz de impulsar la
transformación de ese marco institucional. Le
correspondería a la Asamblea Nacional Constituyente, ser
la instancia político- jurídica que
originará un nuevo marco institucional para la
refundación de la República, la
reestructuración del Estado y el establecimiento de un
nuevo consenso político y social.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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REFERENCIAS
HEMEROGRÁFICAS

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superior

Agradecimientos

Todo pasado es bueno, en el iniciamos nuestros
sueños. Todo presente lo es también, ya que en el
construimos nuestras metas. Todo futuro debe ser mejor porque
perfeccionamos nuestros triunfos y anhelamos un nuevo amanecer de
grandes esperanzas que comienzan.

La vida es el regalo que Dios nos da y lo que nosotros
hacemos de ella, es el regalo que le damos a Dios, sin ti
señor cualquier meta no tendría sentido.

¿A quién en particular
puedo yo agradecer por esta tesis?

Son tantos a quienes he de dar las
gracias, que de no hacerlo seria injusto

Dedico esta humilde investigación:

• A Dios y la Virgen fuentes de luz y
  esperanza.
• A mi Madre por estar siempre allí
  incondicionalmente.
• A mi Abuela por existir y enseñarme a
  ser un hombre de
  bien.
• A mi Familia por apoyarme siempre.
• A la Gran Familia del
  Ministerio Público por permitirme ser parte de su
  seno como operador de Justicia, especialmente a las
  Fiscalías de Táchira y
  Mérida.
• A la Abg. Jenny Villamizar por su mano amiga,
  sin su valioso apoyo hubiera sido casi imposible la
  conclusión de esta investigación, a ella le debo
  parte de la meta
  concluida.
• Al Dr. Jafeth Pons Briñez Presidente
  del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira por su
  apoyo y consejos diarios impartidos, por motivarme con su logro
  a obtener el mío propio, por su amistad
  desprendida.
• Al Dr. Enrique Neira Fernández, tutor
  de la presente tesis, por sus valiosas orientaciones y su
  estimulo permanente para no decaer, pese a las
  dificultades.
• Al Prof. Robert Márquez del
  Departamento de Idiomas de la Universidad de Los Andes, por su
  colaboración en el cumplimiento de uno de tantos
  objetivos
• A la Biblioteca
  "Pedro Rincón Gutiérrez" de la Facultad de
  Humanidades y Educación, por facilitarme el desarrollo
  teórico de la presente tesis, a través de la
  consulta de algunas de sus obras, por la valiosa
  información suministrada, especialmente a Margarita
  Montilla por su mano amiga, por buscar siempre la forma de
  poder ayudar.
• A la Hemeroteca "Emilio Muñoz
  Oraá" de la Facultad de Humanidades y
  Educación por el Asesoramiento recibido.
• Al Personal del
  Centro de Documentación "Arístides
  Calvani" y de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias
  Jurídicas, Políticas y Criminológicas
  de la Universidad de Los Andes, especialmente a los Abogados
  Marfa y Mariano por su gran colaboración para con
  mi persona en todo
  momento.
• A Dulce y Virginia por su solidaridad y
  consecuencia en el transcurso de mi escolaridad, así
  como también a la Abg. Dora Carrero de
  Rodríguez por su apoyo y colaboración en esta
  última etapa.
• A los profesores Alfredo Ramos Jiménez,
  Simón Castrillo, Víctor Martín y Robert
  Kirby, por el legajo de las lecciones
  impartidas.

A todos Ustedes Mil
Gracias…

Enseñanza:

"En la vida hay que vivir convencido de lo que se
está haciendo y de que esto es lo mejor, hay que
conseguir lo imposible haciendo lo inimaginable, ya que lo
menos puede parecer suficiente pero lo más sigue siendo
absolutamente necesario".

Tesista:

Abg. Manuel Alexander Rojas

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

FACULTAD DE CIENCIAS
JURÍDICAS, POLÍTICAS Y
CRIMINOLÓGICAS

CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y SOCIALES DE
AMÉRICA LATINA

(CEPSAL)

POSTGRADO DE CIENCIA POLÍTICA

MÉRIDA – VENEZUELA

Julio de 2002