"El abismo crece, no se reduce. La
diferencia de ingresos entre
los países más ricos y los más pobres que
era de 37 veces en 1960, es hoy de 74".
Fidel Castro Ruz
"En la actualidad, el "nuevo" imperialismo
no impone directamente su soberanía sobre los países o
gobiernos subordinados. Actúa manipulando las fuerzas
económicas del mercado, para
lograr el beneficio de lo que llama capital
imperial."
James Petras
Actualmente los politólogos, a la hora de
analizar las relaciones Centro-Periferia y Centro-Semiperiferia
en la "era de la
globalización", utilizan- dentro de su discurso–
expresiones que hacen referencia a dos ideas fundamentales:
hegemonía y dominación. En ambos casos se
trata de conceptos imposibles de obviar, si se desea analizar la
dinámica de las relaciones
internacionales modernas y contemporáneas. A la hora
de presentar estos conceptos, algunos tratadistas plantean que
existen "un sin número de mecanismos utilizados por
Washington para cumplimentar su proyección
hegemónica"; una tendencia que obligatoriamente lleva a la
meditación.
A pesar de la multiplicidad de concepciones, enfoques,
perspectivas de análisis y posiciones ideológicas
que existen sobre hegemonía y dominación, debido a
la diversidad de autores que lo utilizan, cuando se piensa en
ellas, aparece necesariamente Antonio
Gramsci. Para este autor, la concepción de
dominación es concebida de dos formas. En primer
lugar como sinónimo de poder, es
decir, el ejercicio del poder de hecho por un determinado sector
de la sociedad, lo
cual le permite ejercer la función
hegemónica, equilibradora de intereses diversos en la
sociedad
civil. Y en segundo lugar, la concepción de
dominación vista como un sistema.
La hegemonía es otro concepto que,
para su comprensión, Gramsci lo divide en dos componentes;
uno es el político, donde existe una
supremacía de un grupo social u
orden social sobre otros; y uno intelectual-moral, en el
que categorías de pensamiento y
sistemas de
valores son
aceptados como la verdad, como criterios epistemológicos y
metodológicos determinantes.
Immanuel Wallerstein, otro de los tratadistas, se
detiene en el estudio de la hegemonía, como
categoría político-económica. Para él
la hegemonía se expresa cuando un Estado
Nacional (especialmente los Estados Unidos
después de la Segunda Guerra
Mundial por ser el más fuerte económica,
política y
militar), posee una capacidad económica superior al resto
del mundo, facilitándole hacerle competencia a
cualquiera en sus propios mercados
domésticos; posee una fortaleza militar sin igual;
capacidad de crear alianzas; y es centro del mundo en lo cultural
y núcleo, por tanto, de la alta cultura.
Los estudios de Wallerstein incluyen un nuevo elemento
dentro del concepto "hegemonía": el consenso
del resto de las naciones del sistema, un
consenso que confiere legitimidad a las acciones
hegemónicas.
La noción de dominación como sistema,
constituida por la hegemonía, el liderazgo y la
dominación en sí, es utilizada por las grandes
potencias imperialistas para alcanzar sus proyecciones globales y
hemisféricas.
Los Estados Unidos son un ejemplo de ello. Durante toda
su historia han
demostrado posiciones cambiarias, proyecciones
hegemónicas, de liderazgo y de dominación, que han
sido asumidas en dependencia de su situación interna y del
contexto internacional. América
Latina fue y es un testigo fiel de tales actitudes.
Resulta interesante no solo la multiplicidad de
posiciones o proyecciones que puede adoptar el gobierno
estadounidense dentro del sistema de dominación, sino
también el sinfín de instrumentos con que cuenta
para proyectarse. Desde finales del siglo XX, las naciones
latinoamericanas están experimentando dos de esos
instrumentos que los Estados Unidos utilizan en el hemisferio
para cumplimentar su proyección hegemónica: el
Fondo Monetario
Internacional (FMI) y el Banco Mundial
(BM).
Al finalizar la Segunda Guerra
Mundial, el gobierno norteamericano se vio obligado a
abandonar el sistema de colonización política de la
preguerra, por considerarlo improcedente. Los Estados Unidos
sustituyeron tal sistema por uno que le permitiría
continuar con el control y la
explotación imperialista de los recursos
naturales, la fuerza de
trabajo y los
mercados en las áreas periféricas del capitalismo; y
evitar depresiones, como la de 1929-1933.
A tales efectos, son creados el FMI y el BM, a partir de
la Conferencia de
Bretton Woods, en 1944 y de la reunión en Savannah,
Georgia, convocada en marzo de 1946. Estas fueron dos instituciones
diseñadas de forma tal que Washington pudiera dominar sus
políticas e impulsar programas
favorables a su aparato empresarial, por la vía de sus
mecanismos de votación y membresía.
Ambas instituciones, al ser constituidas, recibieron los
calificativos de "multilaterales" o " internacionales". Sin
embargo, fueron concebidas como parte del esquema de la "Pax
Americana", para permitir a la presidencia imperial ejercer
formas especificas de "bilateralismo selectivo".
La noción cumbre de la estructura de
tales instituciones "internacionales", se aprecia en el tema de
la votación, que funciona bajo el principio de "un
dólar, un voto". En el caso del FMI , según el
artículo 3 sobre cuotas y suscripciones", sección
II, inciso (c): "se requiere el 85% de los votos para la
aprobación de cualquier iniciativa. Debido a esto
según el capital que aporta Washington, cuenta con el
14,17% del poder de voto, a contraste de China y la
India, que
cuentan con el 2,95% y el 1,93% respectivamente.
Las cifras son bastantes semejantes en cuanto al BM. En
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (eje
del grupo del BM) los Estados Unidos tienen el 16,39% de la
cantidad total de votos (250 por país, más las
acciones que poseen en el Banco) y en la Corporación
Financiera Internacional, donde se gestionan las inversiones
privadas a favor de las multinacionales de los Estados
capitalistas centrales, concentran el 23,68%. Aunque en el BM se
necesita para aprobar cualquier proyecto o
resolución el 80% de los votos.
Consecuentemente EE.UU., con este sistema, puede
bloquear cualquier programa o
acción
que atente contra sus intereses, o contra los intereses europeos,
basta con apoyar a los franceses, ingleses, o alemanes; y a la
hora de promover sus iniciativas, aplican el mismo método,
pero a la inversa, es decir, buscan el apoyo europeo.
Los mecanismos para ofrecer préstamos por parte
de estas instituciones financieras a los países
latinoamericanos, permiten viabilizar la proyección
hegemónica norteamericana y el proceso de
dominación imperialista. La vía para conceder
dichos préstamos o financiamientos es a través de
acuerdos que poseen "cláusulas condicionantes", las cuales
proponen "ajustes estructurales" sintetizados dentro del llamado
Consenso de Washington. La aplicación de estas
cláusulas especiales impositivas proponen condiciones
concretas a las naciones receptoras, esencialmente presentadas
como deberes a cumplir por los países firmantes, como
requisitos indispensables para recibir el dinero y
continuar recibiéndolo.
Desde este punto de partida, estas condiciones, tienden
a ser vistas como un recetario de medidas o políticas
económicas. Todo un libro de
recetas que cargan al Estado el control de la inflación,
el ajuste presupuestal y contracción económica, la
liberalización comercial y financiera, las
transformaciones al marco jurídico para promover la
llegada de inversión externa, etc.
Las políticas de "estabilización
macroeconómica" tienen como objetivos
básicos desplazar el nivel de la producción, el crecimiento
económico y del empleo, la
ocupación de los factores productivos, por el control de
la inflación y el mito-dogma del
déficit fiscal y
comercial; subordinando los primeros al control de los segundos.
Forma parte del proceso más holístico de
reestructuración desde y para el capital, que experimentan
de modo un tanto diferenciado los países de América
Latina.
Para conseguir la estabilidad de precios, el
equilibrio de
la balanza de pagos
y de las finanzas
públicas propuestos por estas instituciones, resulta
indispensable eliminar los "factores externos" que provocan el
desequilibrio, y así evitar que los "mercados"
actúen. Lo que se recomienda es contraer la demanda
vía la reducción del déficit público
y la contención salarial, lo que significa una
redefinición no sólo del papel del Estado en la
economía
(relación Estado-mercado), sino también del pacto
social (relación Estado-sociedad) y por supuesto de la
relación capital-trabajo.
La readecuación de los precios buscaría
influir en el salario, en la
tasa de
interés, en el tipo de cambio
y en los precios de los bienes
públicos, con un ajuste del alza, para "proteger" los
ingresos públicos, acompañado de una
restricción del gasto social del gobierno, y del ataque al
patrimonio
público vía la privatización y extranjerización de
activos
públicos. Los esfuerzos de estabilización en las
variables
macroeconómicas claves son parte de todo un complejo y
abigarrado proceso de recambio capitalista. Este proceso,
después de la insalvable crisis del
modelo de
desarrollo–
basado en la industrialización sustitutiva de importaciones y
su agravamiento por la conjunción con el
sobreendeudamiento externo- emergió en el escenario
latinoamericano de manera más clara desde 1982.
La participación o imposición de las
políticas del FMI, en el ajuste de las crisis de deuda y
de balanza de pagos, implica la remodelación de las
relaciones económicas y sociales precedentes, tanto al
interior de la formación social, como en la
relación de la economía
mundial y la local. De este modo la actuación de los
sujetos o actores sociales tiende a favorecer al capital
financiero local y transnacional, a expensas de las clases
productivas locales.
El FMI en su "contribución" a la
reestructuración de las economías del Tercer Mundo
ha tenido una participación singular. Propone su apertura
a las exportaciones y a
los flujos de capital en momentos de expansión mundial;
propicia la extracción y transferencia de plusvalor del
Tercer Mundo hacia el Centro en épocas de crisis de
deudas; e impone obligaciones
económicas en períodos de ingresos en
disminución o de recesión económica
mundial.
En este sentido, la retórica del logro de la
estabilidad y la superación de la depresión
económica, es una mascarilla que pasa a segundo
término. La finalidad de las políticas del
FMI no está en la estabilización de la
economía; sino en la regulación de un grupo
particular de relaciones económicas y en la
consolidación de un grupo particular de intereses
financieros. Es precisamente la actuación del FMI y la
acentuación de sus políticas lo que transfiere la
inestabilidad y la depresión de un grupo de actores
internacionales a otros: de Norte a Sur, de los banqueros y
financieros internacionales a los productores, del Capital a las
clases
sociales y desposeídas.
Así, lo que el FMI y el BM llaman
"estabilización" provoca desestabilización en las
economías del Tercer Mundo. Una desestabilización
inducida por la transferencia de valor y
plusvalor al exterior que desestabiliza la reproducción y la vida de los trabajadores,
al reducir sus ingresos directos e indirectos o al condenarlos al
desempleo y la
exclusión; y además desestabiliza al capital local
menos dinámico, por la suspensión de créditos o su encarecimiento, las quiebras
y bancarrotas.
Esta mayor integración de los "mercados
financieros domésticos" crea una mayor sensibilidad de
la oferta
monetaria a los movimientos en el tipo de cambio y las
tasas de
interés, un efecto que reduce la ya débil
soberanía monetaria de los países latinoamericanos
y las posibilidades de la "política de
esterilización". En esencia porque logra reducir la
liquidez de la economía que conserva su efecto
contraccionista; pero no puede resolver las distorsiones
provocadas en la esfera financiera, como son la falta de
confianza y las dificultades para conservar un tipo de cambio
estable.
Las transformaciones macroeconómicas promovidas
en los acuerdos de préstamo del FMI desataron en el
escenario latinoamericano políticas de apertura comercial
indiscriminada, de sobrevaluación cambiaria con
finalidades anti-inflacionarias, de libertad a los
flujos de capital de corto plazo y el mantenimiento
de altas tasas de interés
internas. Todo un conjunto de transformaciones que tuvieron un
efecto bastante benéfico para la economía
norteamericana, pues, por un lado incrementaron la exportación de sus productos a
estas tierras, y por el otro, encontraron la colocación
altamente rentable de sus capitales ociosos. Mientras, las
economías latinoamericanas terminan dependiendo de las
decisiones de los inversionistas institucionales norteamericanos
que consideran a estas naciones como mercados marginales dentro
de su portafolio de inversiones.
Ahora, ¿cómo logran los Estados Unidos su
proyección hegemónica en América Latina a
través del FMI y el Banco Mundial?
Existen un sinnúmero de ejemplos que evidencian y
dan respuesta a esta pregunta. El caso de México da
la posibilidad de ver cómo estas instituciones financieras
"internacionales" imponen el paquete de reformas, en diversos
sectores de las economías latinoamericanas, y como dichas
economías se transforman en economías
dependientes.
Cuando se dan los primeros síntomas de
agotamiento de los hidrocarburos
a nivel mundial y de la trascendencia de su posesión,
EE.UU. emprende un "proyecto colonizador" moderno. La Empresa
Petróleos Mexicanos (PEMEX) fue uno de sus objetivos
hemisféricos, y para cumplimentarlo utilizó uno de
sus juguetes
favoritos, el Banco Mundial.
A partir de ese momento, el Banco Mundial, frente a los
pedidos de financiamientos mexicanos, le "aconsejaba hacer
eficiente" al sector de los hidrocarburos en el país. En
los Country Strategy Papers de 1995, el BM instruyó al
gobierno mexicano sobre la necesidad de incrementar "la
iniciativa privada en el sector de los hidrocarburos", tanto para
permitir que las firmas (multinacionales) compitan con PEMEX,
como para permitir la venta
pública de sus activos, bajo la promesa de enormes avances
en la eficiencia.
Tanto el BM, como el establisment norteamericano
(representado en las multinacionales), consideran que PEMEX es un
"serio impedimento" estratégico, político,
comercial y empresarial, lo cual conciben como un
obstáculo al buen desarrollo de la industria
petroquímica "regional".
Por eso el BM utiliza como estrategia el
requerimiento al gobierno azteca de políticas para lograr
el desmembramiento de PEMEX, y así facilitar la
privatización de la gran empresa, a partir
de una modificación dela legislación nacional.
Desafortunadamente el esquema privatizador de la
petroquímica se ha acelerado como resultado del
desfinanciamiento crónico aplicado, al punto que muchos
complejos petroquímicos han catalogado a PEMEX de
"chatarra", por tanto la misma ha caído "al punto de
venta", como lo denomina el BM.
Permitir que se produzca una privatización,
desnacionalización y desestatalización de empresas
productoras de materias primas y recursos
manufacturados en América Latina, llevaría a las
economías latinoamericanas a un nivel de dependencia tal,
que cualquier decisión a tomar por los gobiernos- con
trascendencia en esa área- tendría que ser
consultada con los grandes accionistas. Y en este punto
está el centro del asunto, ¿quiénes son esos
"grandes accionistas", que invirtieron ante la apertura
empresarial nacional?. Se trata, precisamente, de las
multinacionales norteamericanas.
Y si nos guiamos por el criterio marxista sobre el Estado,
como ese conjunto de órganos, instituciones que la
clase
económicamente dominante en una sociedad utiliza para
defender sus intereses; y además, el principio de que la
base económica determina la superestructura. Entonces,
¿de qué poder económico podemos hablar en
los Estados latinoamericanos?. ¿Qué nivel de
autodeterminación puede existir cuando es imposible tomar
de forma unilateral las decisiones de política interna, y
solo existe dependencia?.
México no es el único país, ni el
BM el único instrumento utilizado. Se podría
mencionar igualmente el caso de Brasil, el
gigante suramericano. Se comprende que con los recursos
económicos de ese país, su nivel de
producción, los resultados de su economía y sus
proyecciones regionales, actuar sobre el mismo sería una
utopía. Desafortunadamente no es así, los Estados
Unidos no tienen límites en
nuestro continente, ni en el mundo, a diario utilizan mecanismos
para ser el Centro del Centro del mundo.
En nuestro días la izquierda latinoamericana
critica la política interna y externa del gobierno de Lula
en Brasil. Un gobierno que por el Partido que se encuentra en el
poder, de izquierda, hipotéticamente, debería
asumir políticas favorables a los sectores más
necesitados. Esto, sin excluir las evoluciones o involuciones que
la
organización ha tenido durante su vida, sobre todo por
las fusiones, y
pactos políticos "necesarios" para llegar al
poder.
¿De dónde salió parte del financiamiento
de la última campaña de Lula para ocupar la
presidencia brasilera?
En el 2002, Antonio Paloci, una de las principales
figuras del PT, fue el mediador de un acuerdo de préstamo
entre su partido y el Fondo Monetario Internacional, por una suma
de 30 mil millones a pagar en 4 años. Las cláusulas
de este convenio establecían que en caso de un triunfo de
Lula, su gobierno debía aplicar una política
económica de austeridad fiscal, con un superávit
fiscal primario en el 3,75 % hasta el año 2005, para pagar
a los accionistas y la deuda; además debería
reducir el gasto
público, respetar las empresas privadas, aumentar las
tasas de interés para atraer capitales especulativos,
despedir empleados del sector
público, promover las élites agroexportadoras y
continuar las negociaciones para la implementación del
ALCA.
Todas estas "gestiones" impuestas al gobierno de Lula
provocaron salirse del marco de las promesas y las
políticas sociales que lo llevaron al poder durante su
campaña electoral. Presiones que llevaron a un
"doblegamiento" de Lula a las políticas del FMI, como
declarara Petras en una de sus entrevistas.
En fin, todo un conjunto de cambios que me llevan a
meditar sobre las características de este gobierno, es
decir, su política económica, su política
social, sin negar que Lula ha detenido las políticas
de privatización que caracterizaron al período
presidencial de Cardoso. Porque, aunque Lula deseara aplicar
políticas sociales contrarias a lo pactado, el monitoreo
del Fondo no se lo permite. Y para colmo, ahora está
acordando acceder a nuevos créditos por un total de 14 000
millones de dólares, solo que en este caso el FMI desea un
superávit de 4,25 % del PIB.
Si quisiéramos criticar las nuevas peticiones de
créditos de estos países al FMI, las causas
tendríamos que buscarla en las propias condiciones
acordadas con anterioridad. ¿Cómo se puede mantener
una Economía con tasas de interés tan altas como
las que "propone" esta institución?
Como hemos podido apreciar estas dos instituciones se
transforman en lo que James Petras ha denominado "cogobiernos" o
en partidos
políticos especiales, no por ser extranjeros, sino por
el poder que tienen dentro de los sistemas políticos de
los países latinoamericanos. Cogobiernos y partidos
políticos que representan los intereses, nada más y
nada menos que de los grandes socios del FMI y el BM, donde
encontraremos entre ellos a los Estados Unidos.
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