Los conflictos de la gestión del agua potable en el mundo, Argentina y Bariloche
- La gestión del agua
potable a nivel internacional - La gestión de los
recursos hídricos potables en
Argentina - El agua potable a nivel
local (S.C.de Bariloche) - Bibliografía
Aclaración: el presente
trabajo es una
recopilación de noticias
internacionales extraídas de internet, a las que se ha
agregado opiniones acerca de la gestión de los recursos
hídricos en la provincia de Río Negro y la distribución del servicio de
agua potable
en San Carlos de Bariloche
El tema del consumo del
agua potable a nivel mundial, nacional y local, hoy en
día, no es algo que justamente pase desapercibido. Este
recurso es manejado a distintos niveles, por empresas o
grupos
empresariales, que van tercializando el servicio, incluso
brokers, muchas veces encubiertos como intermediarios de
beneficios, cuando en realidad son intermediarios comerciales y
no justamente en beneficio del vecino-usuario.
A nivel internacional existen algo así como
"empresas integradoras de servicios", es
el caso de Enron, Suez-Lyonnaise y Vivendi, las cuales se
encargan de actividades de construcción, operación, manejo y
venta directa de
recursos
naturales: agua, gas y electricidad,
entre otros, para los que existen los contratos de
servicios múltiples. Planète
bleue.-Portal.alternativo. www.planetebleue.info.
Attac.- En su sitio en francés, propone un dossier
sobre el poder de las
multinacionales sobre el mercado del agua.
www.france.attac.org/r43.
A escala
internacional el recurso agua potable, es manejado por
multinacionales entre los que se destacan las empresas francesas,
portuguesas, inglesas y holandesas.
Se ha dado en llamar "escuela francesa
del agua" a la gestión privada de ese recurso de la que
Francia es
pionera, y que a través de las empresas tales como,
Veolia, Ondeo y Saur, ha formado una gran red de influencia
internacional. La práctica del pago a la comuna por parte
de la empresa de un
"derecho de entrada" –que después la empresa
cobrará a los usuarios– está en la base de la
sobrefacturación, la falta de transparencia y las
prácticas monopólicos de estas multinacionales, que
provocan la rebelión de poblaciones en diversos puntos del
mundo. La relación de intereses entre políticos y
empresas (Marc Laimé, Dossier de l’eau.
Pénurie, pollution, corruption, Le Seuil, París,
2003), Millones de Personas sin Acceso al Agua, http://www.ecoportal.net/content/vi.
Mil cuatrocientos millones de personas gracias a estos
grupos y las nefastas políticas
ambientales, no tienen acceso al agua potable. La batalla por
el agua es uno
de los puntos claves hoy en el planeta.
Las cifras mundiales sobre la utilización del
agua potable por los seres humanos son escalofriantes. Uno de
cada cinco habitantes del planeta carece de acceso a agua
potable, y dos quintas partes de la humanidad están fuera
del saneamiento básico. En ambos casos, el resultaron las
enfermedades y
la muerte. El
II Foro Alternativo
Mundial del Agua concluyó en Ginebra, Suiza.
http://www.fame2005.org/rubrique.ph.
En diferentes comunas y departamentos de
Francia, a instancias de usuarios que se rebelan ante el aumento
de las tarifas, los funcionarios municipales han rescindido los
contratos con empresas privadas de suministro y saneamiento de
agua, y han vuelto a la gestión pública de ese
recurso. El criterio de delegar esa función en
manos de profesionales tropieza con la evidencia de que las
empresas lucran a expensas de la población
Frente a una crisis
proclamada, y a su corolario permanentemente anunciado –las
guerras del
agua–, suelen invocarse soluciones
tecnológicas. La idea de ir a extraer el agua de donde
existe y llevarla adonde se la necesita, tiene la ventaja, para
los promotores de tales proyectos
–habitualmente ingenieros y empresas de obras
públicas– de una perentoria simplicidad. Pero esas
transferencias masivas, a las que durante todo el siglo XX
recurrieron numerosos países, no son inocuas: a menudo
tienen un gran alcance político y un enorme impacto ambiental
(Patrick Coupechoux, El Dipló N° 69, marzo de
2005).
En la cumbre sobre el desarrollo
sostenible de Johannesburgo (agosto del 2002) se
señaló reiteradamente que el proceso de
calentamiento
global acabará teniendo graves repercusiones en la
disponibilidad y acceso al agua de millones de personasen el
mundo. Para evitar el cambio
climático sería imprescindible ratificar el
protocolo de
Kyoto para iniciar la reducción de los gases que
provocan el efecto invernadero, pero la política imperial de
los JUL no permite, de momento, pasar de las buenas palabras a
los hechos. UNESCO.- Portal dedicado al manejo duradero y a la
protección de recursos de agua dulce. www.unesco.org/water/.
La Unión mundial por la Naturaleza.
Programa de
acción
sobre las zonas húmedas y los recursos de agua en los
países del Sur. www.iocn.org/themes/wetlands
El cambio climático acelera la
desertización y, por tanto, la falta de agua dulce. La
constatación de sus efectos se refleja en la
reducción de los hielos polares en un 5% entre 1978 y
1998, al tiempo que su
espesor ha disminuido en un 43% entre 1959 y mediados de la
década de 1990, lo cual afecta gravemente la biodiversidad
del planeta. 1.100 millones de personas, que representan el 18%de
la población mundial, no tienen acceso al agua
potable y 2.400 millones, el 40%, no disponen de red de
saneamiento básico. Mientras, el 80% de las enfermedades
de los países del Tercer Mundo son consecuencia directa de
la utilización de agua en mal estado. Las
necesidades de agua por persona y
día son calculados en un mínimo de 25 l, pero en
muchos países no llegan a los 20 l., mientras los
desarrollados utilizamos entre 400 y 500 l. Se sabe que cada vez
que nos duchamos necesitamos de 40 a 50 l. y cuando tiramos la
cadena del WC 15 l. GRID-Arendal.- Centro noruego vinculado al
PNUMA (Programa de las Naciones Unidas
por el Medio
Ambiente). Datos
estadísticos, mapas y gráficos sobre el estado del
agua y de los mares en el mundo. www.grida.no.
Comisión oceanográfica intergubernamental (COI).
Agencia de la UNESCO. www.ioc.unesco.org.
En Cochabamba, Bolivia, la
"guerra del
agua" librada por la población en 1990 y 2000
obligó al gobierno de La
Paz a desprivatizar la
administración del agua. Véase "La Ruée
vers l’eau"Manière de voir 65, septiembre-octubre de
2002. Ver también artículo Clarín del
sábado 11 de Junio del 200.5, por Claudio Scaletta,
titulado: cómo mirarse en un espejo boliviano del agua al
gas.
Chile es el país de la región que
más muestra mayor
avance en el proceso de privatización de los derechos de propiedad
sobre los recursos hídricos. El Código
de Aguas fue promulgado mediante Decreto con Fuerza de
Ley N°
1122 (29.10.1981), habiendo sufrido algunas modificaciones desde
esa fecha. Uno de los conceptos básicos que introduce este
dispositivo es la posibilidad de otorgar derechos
reales sobre el agua a quienes lo soliciten, siempre que haya
disponibilidad en la fuente o cuenca. La principal
institución involucrada en la gestión del agua es
la Dirección General de Aguas (DGA),
dependencia del Ministerio de Obras Públicas (MOP), cuyo
carácter no sectorial le permite
desempeñarse de manera imparcial, propiciando el uso
eficiente del recurso.
De una u otra manera los ciudadanos de la mayoría
de los países latinoamericanos coincide que se deben de
expulsar del país en donde estén a estas empresas
extranjeras que por acomodos concesionarios saquearon al
país usufructuando de los recursos naturales de las
poblaciones mas necesitadas e incluso estafando a los usuarios de
muchísimos países.
Con estas expulsiones se pretende lograr que el manejo
del agua sea realizada por los ciudadanos mediante asambleas de
participación ciudadana, con su organismos
de participación popular y el control de su
funcionamiento por todos los ciudadanos, también con
participación de los trabajadores y con esto digo no a la
estatización y menos privatización del agua por que
considero que es un punto a tener en cuenta si vemos que los
gobiernos, en especial el argentino, es clientelitas y
empresarial, con su manejo no estaríamos asegurando el
acceso a todos, sino a los punteros políticos, los mas
pudientes y a las empresas amigas del estado.
En América
Latina el panorama no es nada alentador, aunque muchas
organizaciones
se están juntando para luchar por sus derechos. Es una
región geográfica en donde los retos que los
países deben afrontar para garantizar el manejo eficiente
del agua son muy complejos. Se calcula que la población de
América
Latina y el Caribe crecieron de 435 millones en 1990 a 585
millones en 2010, y a 715 millones en 2030. Este crecimiento del
64 por ciento en solo 40 aсos ocurrirб
dentro de un marco general de cambios en aspectos tales como
urbanizaciуn уn, ruralizaciуn у
globalizaciуn, informaciуn y comunicación, así como de avances
tecnológicos. Es muy probable que en los siguientes
veinte aсos haya mбs cambios en el
manejo del agua comparados con los que han ocurrido durante los
ъltimos 2000 aсos. Dentro de este contexto, un reto
fundamental para la regiуn será
cómo proveer agua en cantidad y calidad adecuadas
y de una manera eficiente para cubrir los requisitos
domésticos, agrícolas, industriales y de
energía de una población en expansión, y al
mismo tiempo satisfacer las necesidades del ecosistema en
la región.
Durante los ъltimos veinte aсos, el agua se
ha convertido en un recurso vital para el desarrollo social
y econуmico de los países
en desarrollo. Al mismo tiempo, la importancia de
los recursos hнdricos ha disminuido gradualmente en los
paнses desarrollados. No es de sorprender
entonces que muchas de las nuevas propuestas y soluciones para el
manejo del agua se originen de países en desarrollo,
incluyendo América Latina.
Sin embargo, a pesar del progreso realizado en el
бrea de los recursos hнdricos en
Latinoamйrica, las prácticas y
soluciones innovadoras son todavía desconocidas fuera, e
incluso dentro, de la región y de los mismos
países. Es irуnico que los
profesionistas del sector hidrбulico en
México
tengan mayor conocimiento
de lo que acontece en el sector en países
tales como los Estados Unidos o
Francia, y no de los logros en Argentina, Brasil, Chile o
Colombia.
La gestión
de los recursos hídricos potables en
Argentina
A diferencia de los otros países con quienes
comparte el Altiplano, la
organización política de Argentina ha
determinado que no exista una legislación unificada para
la gestión del agua, aplicándose una normatividad
distinta en cada provincia, lo que genera vacíos legales y
diferencias importantes que obstaculizan el m anejo integrado de
los recursos hídricos.
Esta situación es generada por el otorgamiento
directo de la propiedad o dominio
originario de los recursos naturales a la provincia, la cual
determina el marco aplicable para su aprovechamiento y
gestión. De esta manera, cada provincia define sus propios
criterios de asignación del agua, condiciones de uso,
régimen de concesiones, procedimientos,
tarifas, etc. Las provincias ostentan el dominio originario de
los recursos naturales existentes en su territorio, cuyas
características diversas según los principales
intereses y conflictos se expresan en diferentes tipos de
legislación. De esta manera, los organismos competentes
tienen serias dificultades técnicas y
operativas que limitan la capacidad de los mismos de instrumentar
políticas, desarrollar una gestión eficiente y
ejercer el poder de policía.
Se considera que esta legislación es poco
flexible para incorporar elementos que permitan determinar con
precisión el valor
económico, social y ambiental del agua. Otro problema,
propiciado por la situación mencionada, es que la
aplicación y control de la legislación vigente es
deficiente, lo que se traduce en un incumplimiento generalizado
de las normas.
A partir de la Reforma Constitucional de 1994, se
encarga a la nación
la responsabilidad de establecer los presupuestos
mínimos de protección ambiental y a las provincias
la de elaborar la legislación complementaria. El Congreso
Nacional cuenta con algunos proyectos de ley en proceso de
trámite y consulta sobre ordenamiento ambiental, el
sistema nacional
de información ambiental, la
clasificación de cursos de agua según usos,
estándares de calidad ambiental, red de registro de
vertidos a cuerpos y cursos de agua, títulos de
reducción de contaminación, etc. Centre national de la
recherche scientifique (CNRS).- Un dossier completo sobre el agua
dulce. www.cnrs.fr/cw/dossiers/doseau.
Sin embargo, la existencia de gran cantidad de cuencas
que se extienden por una o más provincias ha obligado a
crear cierto nivel de coordinación entre las provincias, con una
limitada participación federal, aunque el desarrollo de
estas instancias de gestión no ha sido sostenido debido a
problemas
administrativos y financieros de estas organizaciones. Hacia el
año 2000 sólo operaban tres de ellas: el
Comité Ínter jurisdiccional del Río
Colorado, la Comisión Regional del Río Bermejo y la
Autoridad
Ínter jurisdiccional de las Cuencas de los Ríos
Limay, Neuquén y Negro. La supervivencia de
éstas se asocia al relativo perfil técnico que
desarrollaron, los objetivos
comunes de las provincias involucradas y la disponibilidad de
financiamiento.
Bajo este marco, las principales organizaciones
responsables de la gestión del agua son la
Subsecretaría de Recursos Hídricos y la
Secretaría de Desarrollo
Sustentable y Política Ambiental aunque, dada la
fragmentación señalada, otras entidades
públicas también participan en la gestión de
los recursos hídricos. En la práctica la autoridad
de estas instituciones
es muy fragmentada o difusa.
La Subsecretaría de Recursos Hídricos
está a cargo de la Secretaría de Obras
Públicas (Ministerio de Infraestructura y Vivienda),
encargada del sector hídrico a nivel nacional. A esta
dependencia se le asigna la función de diseñar y
ejecutar la política hídrica nacional, así
como del marco regulatorio para la gestión del recurso,
debiendo ocuparse también de los programas
relacionados a la gestión y desarrollo de infraestructura
y servicios hídricos.
Por su parte, la Secretaría de Desarrollo
Sustentable y Política Ambiental pertenece al Ministerio
de Desarrollo social y Medio Ambiente,
asignándosele la responsabilidad de preservar y recuperar
el medio ambiente y conservar los recursos naturales renovables.
La autoridad de estas instituciones está muy limitada
todavía por la posición dominante de los gobiernos
provinciales sobre las instituciones de tipo nacional (como las
mencionadas anteriormente). Office
international de l’eau.- Red de organismos públicos
y privados creada en 1991. Amplia documentación en línea. En español:
http://www.oieau.fr/espagnol/index.htm.
Esta situación, en medio de un proceso de
reformas estructurales durante los noventa que apuntaban a la
liberalización de los mercados y la
privatización, ha significado que las respectivas
legislaciones provinciales tengan que enfrentar los fuertes
conflictos de intereses entre los sectores que demandan el
recurso. Sin bien la actividad agrícola y pecuaria sigue
siendo la principal usuaria del agua, es importante destacar la
importancia del Sector Saneamiento. Este, manejado de manera
centralizada hasta 1980, pasó a transferirse a cada
provincia y, en algunos casos, llegó a asignarse a
unidades de gestión locales como municipalidades o
cooperativas
de usuarios.
Este proceso fue continuado con una clara tendencia
hacia la privatización de estos servicios
públicos, promoviéndose el otorgamiento de
concesiones a empresas privadas para la prestación de los
servicios, las cuales eran reguladas por entes estatales
especializados. El desarrollo del sector privado, mediante
concesiones, en la prestación de servicios de saneamiento
ha permitido que actualmente éste sea el principal
proveedor, representando el 60% en el sector urbano, seguidos por
las empresas municipales con 20% en tanto que los organismos
provinciales, las cooperativas y las agrupaciones y uniones
vecinales registran porcentajes menores.
Sin embargo, la dispersión de la autoridad
también se produce en este caso, ya que cada provincia es
responsable de organizar sus propios entes reguladores, generando
nuevos problemas relacionados con la competencia
territorial de éstos y su capacidad institucional para
realizar una labor eficiente.
Las principales instituciones encargadas de apoyar el
desarrollo del sector son el Ente Nacional de Obras
Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), que brinda asistencia
técnica y financiera a las empresas concesionarias, y el
Consejo Federal de Saneamiento (COFESA), cuya labor consiste en
servir como órgano consultivo para determinar los
programas que ejecutará el ENOHSA, en base a la
coordinación interinstitucional.
En el caso del sector agrario, el mayor consumidor de
agua, la tarifa teóricamente intenta cubrir los costos de
captación y distribución del agua, fijándose
en función a la superficie que posee el regante y no en
base al consumo efectivo. La determinación arbitraria de
la tarifa, en base a criterios políticos, ha significado
que se mantenga en niveles muy bajos que no reflejan su verdadero
valor, lo que sumado al incumplimiento de los pagos por parte de
los usuarios, ha significado que la recaudación sea
insuficiente para cumplir los fines planteados. (http://www.agualtiplano.net/manejo/gestion/argentina.htm.Ar.dir.yahoo.com/Medio_ambiente/Abastecimiento_y_tratamiento_del_agua/argentina.indymedia.org/news).
H2O.- Información y análisis de conflictos regionales ligados a
recursos hidráulicos y de cursos de agua.
www.h2o.net.
El carácter fragmentario de la legislación
hídrica argentina podría transitar hacia una
estructura
unificada bajo la aplicación de la reforma constitucional
de 1994, la cual, si bien ratificaba el "dominio originario" de
las provincias sobre el recurso, también dispuso que
debía existir un conjunto de normas de alcance nacional
que precisen los lineamientos para la protección
ambiental, correspondiendo a las provincias desarrollarlos y
aplicarlos.
El sistema de fijación de tarifas de agua
responde a criterios diferentes según cada provincia,
aunque se sostiene que éstos no reflejan el valor
económico del agua, lo que constituye un obstáculo
al uso eficiente del recurso.
En lo que se refiere a la defensa del medio ambiente y
los recursos hídricos, la reforma constitucional de 1994
constituyó un importante avance. Además del rol que
cumple la Secretaría de Desarrollo Sustentable y
Política Ambiental, se debe mencionar que gradualmente se
está desarrollando la legislación necesaria para
los principales sectores de usuarios de agua.
En este sentido, el Consejo Federal del Medio Ambiente
(COFEMA) está llamado a jugar un importante papel, ya que
su función es formular una política ambiental
integral y promover la coordinación de políticas
interinstitucionales en lo que respecta a estrategias,
planes y programas de gestión regional y nacional.
www.agualtiplano.net/manejo/gestion/argentina.
En Santa Fé, El grupo
francés Suez anunció anoche (esto como hace un mes
y medio), que dejará de controlar la empresa Aguas
provinciales de Santa Fe, luego de que fracasaran las
negociaciones con el gobierno provincial para lograr un ajuste
tarifario del 60%.
La compañía, que posee el 51,69% del
paquete accionario del grupo que explota la empresa provincial de
agua, informó que dejará de brindar el servicio
dentro de30 días, y que durante ese período
trabajará junto al Gobierno provincial para resolver el
futuro de la provisión de agua.
Suez, que también controla Aguas Argentinas y
Aguas Cordobesas, tiene consorcios en Aguas Provinciales de Santa
Fe al Banco Galicia
(12,5%), a Aguas de Barcelona (10,89%) y a los empleados de la
empresa (10%). Y desde hace tiempo venía negociando con el
gobernador de Santa Fe, Jorge Obeid, quien les había
pedido que se quedaran durante todo el 2005.
En un intento por promover reformas orientadas al
fortalecimiento de los gobiernos locales el gobierno nacional ha
declarado a 1998 como el "Año de los Municipios". A
su vez, la reforma constitucional de 1994 consagra la
autonomía política, institucional, administrativa,
económica y financiera de los municipios, apuntando a
reconocer la necesidad de esta autonomía para poder
brindar los mejores servicios y devolver al municipio su rol
histórico que le compete como célula
básica de organización de la sociedad en un
contexto democrático y participativo.
El
agua potable a nivel local, San Carlos de
Bariloche
En San Carlos de Bariloche, la situación general
del manejo del agua potable y su comercialización, es muy curiosa y
sugestiva. Recordemos que en S. C. de Bariloche, la
mayoría de las vecinos dentro del ejido municipal se
hallan comprendidos en tres delegaciones municipales: La del
Centro con sus juntas vecinales a las cuales Aguas rionegrinas
les distribuye y cobra directamente el agua potable, la del cerro
Otto con 18 juntas vecinales y la del Lago Moreno con 22 juntas
vecinales, las cuales le compran el agua potable a Aguas
Rionegrinas y se las revenden a los usuarios.
El agua se halla en lagos, lagunas, ríos,
arroyos, napas freáticas (o bien como hielo o nieve) en
determinados lugares y momento, pertenece y la maneja la
provincia de Río Negro.
Los representantes desde la provincia de dicho recurso
son Aguas Rionegrinas del Estado y el DPA. Aguas Rionegrinas
vende el agua potable directamente a granel y m3.
Existe una sola junta vecinal que no es del centro, que
cedió los derechos de distribución a Aguas
Rionegrinas, abaratando sustancialmente los costos, es el caso de
la junta vecinal de C° Otto como la de Rayen Mapu, presidida
por el Sr. Hugo Mastrolia y esta decisión fue realizada
por asamblea ordinaria.
Es obvio que los costos y el valor final no son los
mismos comparando la primer delegación con las dos
últimas.
Estas dos delegaciones a través de sus juntas
vecinales incluyen, como es sabido en sus facturas, ítems
de servicios tales como: cuota social, bomberos, policía,
biblioteca,
"otros conceptos", además de eventuales ampliaciones de la
red de distribución, Construcciones de tanques de almacenamiento,
bombas para
impulsar y elevar el recurso, Eventuales purificaciones,
conexiones nuevas, re conexiones y por sobre todo Mantenimiento
de toda la infraestructura que en muchos casos incluyen a otros
Sub intermediarios como, escribanos, contadores y abogados que
ofician, supuestamente para beneficiar a los vecinos.
Muchas juntas vecinales tienen sede de pago fuera de la
propia junta y son varias las que contratan servicios para la
impresión de las facturas. Esperemos que no se llegue al
extremo, como el de varios países latinoamericanos, en
donde "los intermediarios del agua" les han confiscado la
propiedad a usuarios por no poder pagar el agua
corriente
Volvamos a Bariloche.
Recordemos que los presidentes, secretarios, vocales y
comisiones de las de juntas vecinales trabajan Ad honorem, sin
recibir sueldo alguno, por sus altruistas funciones.
Este altruismo debería manifestarse
decididamente, por ejemplo, en reducir significativamente los
costos del agua potable, como lo hizo la única junta
vecinal de Rayen Mapu de la cual hablamos anteriormente y de la
cual deberían tomar como ejemplo, el resto de las juntas
de las de delegaciones Otto y L. Moreno, reduciendo por lo menos
hasta en un 35% los costos del agua potable.
Nos falta aún, y en eso estamos, realizar un
cuadro comparativo de las J.V. y los diferentes costos de sus
servicios, dato que solicitamos a la Dirección Gral. de
Juntas Vecinales de Bariloche y no tiene, el DPA quedó en
conseguirlo. No queda muy claro porque existen precios tan
disímiles de servicios entre las juntas vecinales, y esto
es el curioso y sugestivo.
Si bien es cierto que los gobiernos provinciales de la
región Patagónica desarrollan el tema ambiental de
modo particularmente amplio y de conformidad con los postulados
de un constitucionalismo garantista y centrado en un estilo de
relativa y parcial democracia
participativa, estimo que es una muy buena oportunidad, para que
los futuros constituyentes de la reforma de la Carta
Orgánica Municipal de Bariloche hacia el 2006
(poderosísima herramienta a favor de las
municipalizaciones), adquieran información y
formación para evaluar la posibilidad de municipalizar
este servicio vital como es el del agua y varios
otros.
Recordemos que la reforma de la constitución de 1994, permite a los
municipios realizar este tipo de gestión
ambiental del recurso, al servicio del usuario-vecino,
obviamente con la fiscalización nacional, que en el caso
particular de Bariloche, puede ser la APN, dado que en rigor, si
se siguen las pautas de la reforma de la Constitución del
94, varios recursos incluida el agua potable, deberían
pasar directamente de Nación
a Municipio y de este a vecino usuario.
Otro bocadillo jurisdiccional es que el lago Nahuel
Huapi, es de dominio Nacional, aunque lo maneje y recaude el
gobierno de la provincia de Río Negro para los servicios
de agua potable, por decreto ley. Debería reverse esto y
municipalizar el servicio del agua y adquirirlo directamente de
Nación.
El municipio de Bariloche como la mayoría de los
de Argentina, gozan de "autonomía semiplena", es decir que
poseen autonomía política (porque eligen a
sus propias autoridades), cierta autonomía
económico financiera (porque se dan sus propios
presupuestos, recaudan e invierten (o deberían hacerlo)
sus recursos conindependencia del gobierno de la Provincia
correspondiente), y relativa autonomía
administrativa (porque tienen capacidad para organizar y
modificar su propio aparato público), pero carecen
totalmente de autonomía institucional (carecen de
poder constituyente o capacidad para dictar sus propias cartas
orgánicas) y este vacío produce una debilidad, un
talón de Aquiles en la legislación ambiental y
social y sin duda debe planificarse, organizarse y ejecutarse con
toda impecabilidad.
En este orden de ideas la descentralización territorial y municipal
merece ser entendidas como un campo de conflicto en
gestación que evidencia las diferentes tensiones e
incertidumbres de las políticas de modernización
del Estado y la democratización, el neoliberalismo
y las privatizaciones de los servicios públicos
estatales (sin mencionar los hidrocarburos). Vender la patria es
traición. La opción asume la forma de un dilema muy
interesante. El municipio de S.C. de Bariloche como así
otros que deban actualizar su carta
Orgánica deben realizarlo bajo la esfera de una real
autonomía. Si llegan a predominar políticas de
descentralización que lleven a cabo y refuercen tanto
mecanismos locales de eficacia y
racionalización de la gestión, como de una mayor
participación y representación en el sistema local
de toma de
decisiones, posiblemente se verá fortalecida la
articulación entre los distintos niveles del Estado y las
condiciones de las sociedades
locales y regionales, particularmente las más necesitadas
o carenciadas.
También debería contemplarse temas
ambientales tales como la municipalización del impuesto al
automotor, que antes quedaba en nuestra ciudad, el tema de las
canteras y extracción de áridos que con el
crecimiento de la construcción es todo un descontrol, los
bosques dentro del ejido, que tambien recauda la provincia, el
vertedero municipal y la basura que a
duras penas se maneja, el del C° Catedral, para darle una
solución definitiva, ambiental-social, en el primer caso y
administrativa en el segundo, Todo esto, en pos del mejoramiento
de la calidad de
vida, en lo que refiere a la justicia
ambiental y social.
www.ecoportal.net/content/vi.
www.agualtiplano.net/manejo/gestion/argentina.
www.h2o.net.
Por.
Lic. R. M-. Lauría Sorge.