Burton Clark, en su capítulo sobre VALORES,
menciona la COMPETENCIA como
un elemento de relevancia dentro del sistema
universitario. La educación
superior debe ser una fuente constante de conocimientos,
producción y gestión, entre otras cosas, de personas
bien preparadas para tal fin.
Cuando pensamos en las décadas del 70 y 80,
propias de gobiernos militares en América
Latina, ponemos en duda la competencia de estas autoridades
en el área de la educación
superior. "Zapatero a tus zapatos" es el dicho de la calle que
más se asemeja a la idea de que las Fuerzas Armadas
sólo deben tener influencia en el campo de la defensa de
la nación
y nada más.
La propuesta de Clark para la optimización del
aparato educativo: dividir el poder, apoyar
la diversidad y legitimar el desorden, lógicamente y a
primera instancia parece no tener cabida en un marco de
autoritarismo militar. Citándolo directamente, "al ser un
servicio
público (la universidad), por sostenerse con fondos
públicos, no se puede negar que el gobierno influya
sobre el sistema" (pag.179). Y nos preguntamos:
¿Qué tipo de influencia beneficiosa, educativamente
hablando, puede provenir de la rama de la Defensa?
Brunner, por su lado, al analizar la evolución de América
Latina durante los ’80, llama a ésta "la
década perdida"(pag.162). Desde el punto de vista social,
el decrecimiento de la actividad económica combinado con
altas tasas de desempleo y de
inflación, significó un aumento de la pobreza, entre
otras cosas, un debilitamiento del sector
público y una disminución del gasto social.
Desde el punto de vista político, América Latina
experimentó una transición de poderes militares
gubernamentales a períodos democráticos en su
mayoría tentativos, inestables, y de relativa eficacia dado el
deterioro económico ya presente y aumentado.
América Latina se enfrenta en esta década
ante la gran hazaña de reconstrucción
económica y reorganización del establecimiento
democrático, con todo lo engorroso que ello implica
después de años de represión y
autoritarismo.
Dadas las circunstancias, no es posible mantener el
modelo del
Estado
benevolente y todopoderoso, lo cual es, de acuerdo con Clark,
"ineficaz". El Estado ya
no está en condiciones de financiar una enseñanza superior, que a esta altura del
siglo, ya se hallaba masificada.
Sorprendentemente, y a modo de ejemplo elogioso, el caso
de la Universidad en Chile ha sido un modelo de
reorganización y cambio
positivo, y, de acuerdo con Levy (1986), "para la educación chilena, la
década del ’80, pese al autoritarismo,
estuvo lejos de ser una década perdida."
A continuación haremos un resumen de los cambios
más importantes efectuados en la Universidad Chilena
durante la época del gobierno militar, cuestión
que, personalmente, me ha dado mucho que pensar y ha provocado un
pequeño debilitamiento de viejos prejuicios basados en la
experiencia de la República Argentina.
He abocado mi análisis de la información presentada por Cristián
Cox a las áreas que más llamaron mi atención: el financiamiento
y la incorporación del sector privado como respuesta a la
demanda del
mercado en el
sistema Chileno.
LOS MILITARES EN
LOS AÑOS 70 Y 80.
Las Fuerzas Armadas gobiernan Chile durante dos
décadas. La del ’70 estuvo marcada por un proceso de
"purga" de elementos nocivos para el nuevo régimen. Como
resultado – y esto nos es familiar como testigos, víctimas
o participantes del proceso militar argentino – académicos
de peso e investigadores dejaron el país ya que sus vidas
estaban en peligro al no simpatizar con el poder reinante.
Desaparecen, por supuesto, los centros de estudiantes como
fuentes de
poder. Esto es lo que llamamos "la universidad
vigilada".
Sin embargo, el régimen de intervención de
las universidades vivirá en una crisis de
legitimidad permanente, expresada en forma silenciosa por los
académicos en un primer momento, y manifestada en forma
abierta años después, primero por los estudiantes y
luego por los mismos académicos, y finalmente vivida como
desafío institucional a la autoridad,
hacia el final de los años ochenta.
En contraste, y aquí comienza la época
productiva en la educación superior en Chile, y no
así en nuestro país, los años 80 son
fundacionales de un nuevo orden. Los militares Chilenos parecen
haber estado de acuerdo con la idea de Clark de "multiplicidad y
variedad", lo cual en cierta medida es loable, dadas las
circunstancias.
Recordemos que Clark insiste que "mientras que el
monopolio
agudiza la estrechez, la multiplicidad tenderá a producir
mayor variedad, tanto en los tipos institucionales como las
formas académicas: diversidad de estrategias…"
"… la multiplicidad y diversidad implica mayores posibilidades
de fuentes de apoyo y supervisión más variadas que
reflejen una realidad múltiple y
versátil".
Veamos los cambios producidos: durante la década
de los 80 Chile pasa, de tener 8 universidades, a 60, 82
institutos profesionales y 156 centros de formación
técnica. El mercado pasa a tener un papel de importancia,
y las universidades privadas, tan prestigiosas como las
públicas, descongestionan las universidades financiadas
por el Estado.
Sorprendentemente, el sistema Chileno, en contraste con
otros, exhibe una gran homogeneidad entre las instituciones
públicas y las privadas.
Estas aparecen mayormente después de las medidas
tomadas a partir del ’81, cuando se autoriza la
creación de nuevas instituciones, teniendo al sector
privado como actor.
El sector privado, entonces, a partir de allí, va
a descansar exclusivamente en su capacidad de captar
recursos en el mercado de la demanda estudiantil.
El Estado deja de ser la entidad "benevolente" a
expensas de sus propios recursos, y ha
traspasado gran parte del costo de la
educación al estudiantado a través de aranceles,
fundamentados en que a ella asisten mayoritariamente sectores que
puede pagar por la misma.
De no ser así, el no pago por estos sectores
implicaba, como es ahora en nuestro país, que estos
estudiantes fueran subvencionados a través del gasto
público por los sectores de menores
recursos.
Cabe mencionar aquí la opinión de William
Experton, especialista en educación del Banco Mundial,
quien considera que el actual sistema de financiamiento
público de la universidad en la Argentina es inequitativo,
al beneficiar a los estudiantes de mayores ingresos,
mientras que los de menos ingresos "contribuyen más a la
educación del total".
El consultor señala que "habrá que
reformar las fuentes de
financiamiento, de modo que no sólo el Estado sino los
estudiantes y las empresas tomen su
parte". (Diario Ambito Financiero, 7 / 10 / 99).
La Universidad pública, y esto como una
reflexión personal, puede
verse de dos maneras: como una manifestación de "igualdad de
oportunidades" o como una "injusticia" hacia muchos miembros de
la comunidad
nacional que no tienen acceso a la educación superior y,
sin embargo, pagan por ella a través de impuestos. Esto
no es una declaración contundente, sino que es un hecho
abierto para el debate.
La Universidad en Chile se caracteriza por la
selectividad, lo cual parecería contribuir con el
prestigio de sus instituciones. Aquellas con financiamiento
público mantienen un grado considerable de selectividad
educativa, a través de las condiciones de ingreso, a las
cuales no cualquier egresado de nivel secundario sin
sólida formación puede acceder.
Las privadas, por sus costos mantienen
un alto grado de selectividad social. Nosotros podemos
preguntarnos: ¿Es positiva esta discriminación para la sociedad en
general?
Por otro lado, un buen mecanismo puesto en
práctica a partir de 1981 fue el de "crédito
fiscal" para
los alumnos de menores recursos. Esta fue una de las ideas
presentadas en su programa de
educación superior por Domingo Cavallo, del partido
Acción
por la República, quienes propusieron arancelamiento a
los más pudientes y becas por mérito y pobreza para
garantizar igualdad de oportunidades (Propuesta gubernamental
para el área educativa del ya mencionado partido). El
crédito fiscal en Chile se reembolsa al Estado una vez
comenzado el ejercicio profesional. Cavallo no especifica
reembolso, lo cual no significa que no sea el caso.
Es llamativa e interesante la introducción de mecanismos competitivos en
el financiamiento público de la Universidad en Chile. Hay
"aportes directos" y "aportes indirectos". Los primeros son
definidos por el Estado en base a cuotas históricas de las
instituciones. Los segundos son aportes a las instituciones que
se operan a través de la demanda.
El aporte fiscal indirecto corresponde a una suma por
alumno matriculado y varía de acuerdo a los puntajes
obtenidos en la prueba nacional de ingreso (mérito). En
consecuencia, la institución que atrae a mayor cantidad de
alumnos con buen puntaje, recibe un aporte indirecto fiscal
mayor.
Esto es un desafío para los alumnos así
también como para las instituciones. Ambas partes dejan de
ser pasivas y meras receptoras de aportes del Estado, sino que
deben "ganárselo", ¿No es esta una
característica de nuestra sociedad moderna y competitiva?
Como dice Miguel Punte, Gerente
General de Recursos
Humanos de la
Organización Techint: "Estamos viviendo el
síndrome de Cáritas: Más por menos, o
con suerte, más por igual".
Como fue presentado en el párrafo
anterior, la presión
por generar recursos de fuentes alternativas a las transferencias
estatales directas, ha significado el mayor cambio en las
estrategias de desarrollo de
las universidades durante la última década,
forzándolas a introducir racionalizaciones al menos
parciales en su funcionamiento, a abrirse a las demandas del
medio social y a valorizar sus actividades al ponerlas en el
mercado.
Con respecto a las actividades de investigación, es interesante mencionar la
nueva modalidad de financiamiento a la que se recurre. Se asignan
los recursos a través de la competencia de los
investigadores en concursos anuales de proyectos de
carácter nacional. Los proyectos son
evaluados por pares en base a su calidad
intrínseca y mérito de sus postulantes – lo cual en
teoría
parecería ser la manera más justa de determinar
calidad, pertinencia, necesidad y capacidad por parte de personal
académico competente y no de autoridades ajenas a la
investigación.
Otro desarrollo importante se presenta en una organización más flexible de la
formación de pregrado, donde se evita una
especialización temprana. El movimiento
hacia el establecimiento de ciclos básicos en las dos
universidades líderes del sistema, así como en
algunas de las privadas de elite, responde a desarrollos propios
de las relaciones entre conocimientos y cambios en la cultura y en
la sociedad. Esto evita los altos costos sociales y personales de
las decisiones prematuras y equivocaciones de los jóvenes
al elegir carreras "de por vida", como ocurre en nuestro
país, a los 17 años.
Para concluir, hemos visto el cambio importante que
experimentó la educación superior chilena en la
década del 80, como el resultado de políticas
gubernamentales cuya ejecución contó con recursos
de poder sin precedentes en el país – autoritarismo
militar – propios del régimen y con tiempos lo
suficientemente largos como para enraizar los cambios más
importantes en las instituciones y las prácticas de los
actores relevantes. La política central tuvo
una dirección desreguladora y liberal en sus
orientaciones fundamentales.
Finalmente, la década del 90 se abre en Chile con
un sistema diversificado y con mejor capacidad de respuesta a las
demandas de la sociedad; cuyas fuentes y modalidades de
financiamiento se han diversificado y han establecido condiciones
para un más exigente uso de recursos.
Las bases de un nuevo equilibrio han
sido establecidas, en que a diferencia del pasado, se combinan
las contribuciones especializadas de la profesión
académica, el gobierno y los mercados. Una
combinación más rica y eficiente que las del
pasado. Ahora Chile podrá abordar problemas
pendientes en el sistema
educativo, entre ellos: la calidad y equidad de la
educación superior, así también como su baja
cobertura, la estrechez de sus postgrados, su alta selectividad
social, etc.
Lo interesante de este caso, como ya fue
anteriormente mencionado, es que, pese al autoritarismo del
régimen militar, la educación superior Chilena fue
beneficiada por un buen trabajo en los
años 80, década perdida para otras naciones en este
campo.
Clark, Burton. El sistema de Educación
Superior. Nueva Imagen.
Universidad Autónoma Metropolitana. México,
1983.
Brunner, José Joaquín.
Educación Superior en América Latina: Cambios
y
Desafíos. Fondo de Cultura Económica.
Santiago de Chile, 1992.
Cox, Cristian. Políticas de
Educación Superior en Chile. Santiago de Chile,
1992.
Diario Ámbito Financiero. Bs. As. , 7 / 10 / 99
(pag. 12): Universidad: el Banco Mundial
pide arancel.
Lic. MARISA OLGA LÓPEZ
Tecnología Educativa . UTN, Argentina