- Situación
Histórica - Una participación
política excluyente - El ejercicio del
poder - Conclusiones
- Bibliografía
1. Introducción.
En estos años de paz en la región
centroamericana, se puede afirmar que ha entrado en un proceso de
recuperación no sólo democrática
considerando los años de violencia que
vivió, sino también económica. El Estado
norteamericano viene impulsando desde hace varios años, un
programa de
recuperación que ha dado sus primeros frutos; los
índices de pobreza y
desempleo se
han combatido. Programa que lamentablemente no ha sido
implementado o renovado para América
latina, que tiene más una prioridad de seguridad interna
y derechos
humanos, lucha contra las drogas y
contrabando.
Situación que ha acortado la distancia de pobreza entre
ambas regiones, en desmedro de la latinoamericana.
Centroamérica ha avanzado mucho más en el desarrollo social
y económico.
El proceso de violencia vivido por la región por
más de 14 años, ha entrado en un proceso de anomia
o, más bien de expectativa sobre lo que pasará con
los gobiernos democráticamente elegidos. Esto ha
facilitado que los diversos gobiernos: Francisco Flores en El
Salvador; Enrique Bolaños en Nicaragua puedan desarrollar
con factibilidad sus
programas
económicos neoliberales. Otro punto, y no lo
trataré en el presente trabajo, son
las vicisitudes en pro y en contra que ha ocasionado la
implantación de este programa.
Después de diez años del fin de la
guerra en El
Salvador la falta de justicia sigue
siendo un aspecto muy importante, una traba para el
auténtico despegue hacia un verdadero Estado
democrático de derecho que pueda ejercer plenamente su
autoridad o
gobernabilidad. Parece no ser suficientes las grandes inversiones
que se han hecho destinadas a crear las condiciones necesarias
para contar con una herramienta fuerte, capaz y eficiente, como
la reforma a la constitución salvadoreña, con nuevas
leyes que
permitió desmoronar los antiguos cuerpos de seguridad y se
diseñó una concepción totalmente distinta en
este ámbito, para que garantice los derechos humanos y la
estabilidad del país.
Para la CEPAL, esta década violenta del 80,
supuso un retroceso de 20 años en el desarrollo
económico y social, y una deuda social acumulada que
tardará décadas en solventarse.
Históricamente la región ha tenido una
economía
muy modesta, debido no sólo a la geografía, sino
también a los fenómenos derivados de la
división internacional del trabajo. La economía es
extremamente vulnerable, con escasos recursos
tecnológicos, humanos y naturales limitados, baja productividad y
bajo nivel de ingresos,
dependencia de la exportación de materias primas. Tampoco la
ubicación periférica es la más favorable ,
existe una propensión en quedar al borde de la agenda
política y
económica en un mundo progresivamente globalizado. La
hiperinfluencia política y económica de agentes
externos permitió una penetración y dependencia del
exterior, con la omnipresencia de EEUU. Otro factor a considerar
es la fuerte preferencia a la concentración
altísima del poder dentro
de cada país, con una cultura
política considerablemente autoritaria, que merced a
rasgos oligárquicos y dictatoriales han consentido hablar
de un Estado caracterizado por rasgos prepolíticos y una
sociedad que
presenta una clara anomia social. La polarización extrema
y la fractura social, permite hablar de una sociedad de dos
prontitudes, que genera a su vez dos ciudadanías: amplios
sectores que tienden a la marginación y al
empobrecimiento, a la desintegración social y a presentar
graves carencias de desarrollo,
con un horizonte de creciente violencia e inseguridad
urbana y "Somalización" indígena y rural; una
pequeña elite oligárquica que constituye más
del 2% de la población que abarca casi totalmente los
beneficios de las épocas de bonanza económica. Todo
ello no es extraño que durante la década de los
ochenta la región entrara en una recóndita crisis en los
factores políticos y económicos.
Sumado además, que la democracia fue
uno de los ingredientes centrales de la reciente etapa
revolucionaria; los insurgentes la vieron como una de las
dimensiones de su lucha contra dictaduras brutales como el
somocismo en Nicaragua, o contra regímenes militares que
fomentaban el fraude electoral
y la represión como en Guatemala y El
Salvador. En cambio, para
las elites la democracia estaba duramente amenazada por el reto
revolucionario. Por su parte EEUU veía en la democracia
una elección de contrapeso a las revoluciones y una
herramienta para reducir el vigor de la convocatoria
revolucionaria respecto de actores sociales que, sin embargo, se
oponían al autoritarismo político de las
elites.
El Salvador, se vio sometida durante aproximadamente
once años: 1980- 1991 a una cruenta guerra civil.
Fundamentada esencialmente por las precarias condiciones
económicas de la población rural. La élite
que componía el gobierno y la que
la sostenía había postergado
sistemáticamente las legítimas aspiraciones de un
pueblo por unas mejores condiciones de vida.
En este argumento abordaremos principalmente cómo
estaban las condiciones del pueblo campesino y
sus condiciones de vida, que fue el caldo de cultivo para la
germinación de una de las guerrillas más preparadas
y violentas de la historia subversiva de
América
latina, y cómo después ésta no pudo
conquistar el ansiado poder, básicamente por errores
estratégicos de lucha y la injerencia de EE.UU., en ayuda
logística al Ejército
salvadoreño.
3. Una participación política
excluyente.
Para finales de los 70, El Salvador vivía un
orden político claramente excluyente del resto de la
población, haciendo que la crisis político
económico generara un enfado en casi todas las capas de la
nación.
Señala Alfredo Rangel "la estructura
económica elitista y la expansión de la
economía agrícola de exportación empeoraron
las condiciones de vida de los campesinos" Sumado a ello el trabajo
desarrollado por activistas católicos hacia la masa rural,
que más tarde sería retomado por el grupo
revolucionario.
Todo esto se incubó en la década del
sesenta, en el que no se dio soluciones
económicas y sociales que aliviaran las ya deterioradas
condiciones de la población, como también la
represión política traducida en ausencia de
democracia.
Hugh Byrne, señala que esto por si sólo no
es suficiente para concurrir en una guerra civil, sino el enfoque
que utiliza para estudiar los procesos de
insurrección, el diseño
y desarrollo de las estrategias
adecuadas en los momentos adecuados son los que determinan la
viabilidad de una revolución.
La clase
dirigente terrateniente, políticamente ultraconservadora,
pero económicamente progresiva, no estaba dispuesta a
compartir nada de la carga del cambio económico con un
campesinado empobrecido y marginado de la expansión de la
economía agroexportadora. Economía exportadora que
se basaba en la producción
de café. La expansión de la producción cafetera forzó a los
campesinos a desertar sus tierras para convertirse en jornaleros
de tiempo de
cosecha, o a trabajar en parcelas pequeñas para mantener
cosechas de pancoger.
La élite salvadoreña estaba dividida
interiormente, una facción agro-financiera se
oponía férreamente a cualquier cambio en el marco
de concentración de propiedad de
la tierra y
los salarios bajos
con el fin de conservar la economía de plantación
como base de ingresos y ganancias de la sociedad. Otra
facción agro-industrial pretendía introducir
cambios en el sistema
económico y favorecer formas políticas
menos autoritarias en el marco de una democracia representativa,
aun cuando restringida y limitada. Sin embargo, ambas posiciones
concurrieron en torno a los
intereses agro-financiera, razón por la cual El Salvador
tenía reputación internacional de
autoritarismo.
La élite argüía que no había
razón para el descontento social porque el producto de la
economía cafetalera estaba ampliamente distribuida y era
la principal fuente de supervivencia en las áreas rurales;
por ello la reformas estructuradas reclamadas sólo
impedirían el desarrollo económico, de manera que
no había nada que reformar. En este sentido el concepto de
democracia de la élite era muy restringido en el cual no
cabía la izquierda.
Todo esto nos lleva a pensar que el sistema
político salvadoreño estaba determinado por el
totalitarismo y la exclusión. Todo intento de
participación política de la clase media era
sistemáticamente bloqueado, lo que llevó a una
polarización extrema y condujo a la guerra civil. El
estado tampoco podía hacer mucho, aun cuando quisiera,
puesto que era débil, nunca pudo desafiar los intereses de
la clase dominante; una división de labores entre las
FF.AA., que tenía puestos principales en el gobierno, y la
oligarquía que controlaba la economía; una
exclusión de las organizaciones
políticas independientes que organizaban los intereses de
los campesinos; y una baja institucionalización del
sistema de partidos y del sistema electoral.
Políticamente el régimen siempre estuvo
mantenido por una base de apoyo muy estrecha. En 1972, los
militares impidieron el traspaso del poder a una coalición
amplia de la socialdemocracia y un partido comunista
triunfadores en las elecciones.
Esta polarización extrema y una situación
sin salida de la crisis del régimen, explica en gran parte
porque en 1980 estalló una verdadera guerra civil de forma
de insurgencia guerrillera y la razón del muy alto
desarrollo que alcanzó la guerrilla del FMLN en el curso
del conflicto.
La gobernabilidad, hoy en día, como lo afirma
Edelberto Torres Rivas, "resulta de examinar el viejo problema
del orden, el ejercicio del poder estatal cuando las relaciones
con la sociedad atraviesan una etapa de crisis". Quiere decir,
que también es un problema de eficiencia, de
sus resultados. La preocupación es mucho más en
esta época de profundas modificaciones históricas
en la sociedad de mercado, que
necesita de una sociedad civil
más independiente del poder estatal y en consecuencia se
alteran las relaciones de todos sus diversos componentes, cuyo
eje es el Estado.
Por otro lado, la coherencia y la sistematización
de la sociedad son el objetivo
central del ejercicio del poder. El caos y la inestabilidad son
amenazas a la legitimidad de la autoridad. Se afirma que el tema
de la ingobernabilidad ha tenido orígenes europeos,
propios de las sociedades del
capitalismo
avanzado, de un ejercicio conservador. Situada en la crisis de
los resultados propios de la democracia de masas, en la
sobrecarga de demandas y expectativas que ella, al profundizarse,
alimenta y que el Estado de bienestar debe enfrentar. Es decir,
todo lo que queda sin cumplir en una sociedad democrática,
aumenta el estado de desgobierno. Una cultura política que
no restringe su participación popular hace que
desconfíe de la democracia.
El populismo
latinoamericano y centroamericano debe ser anotado como la
primera experiencia de gobernabilidad, de participación en
el escenario político de masas urbanas recientes,
movilizadas sin ninguna experiencia de organización política,
ideológicamente ambiguas, electoralmente necesarias. Lo
que todavía no tenemos en cuenta es que el problema de la
gobernabilidad forma parte del proceso de las consolidaciones
democráticas que viene subrayando la paradoja de las
insuficiencias de la democracia electoral en relación con
la necesidad adicional de un buen gobierno.
La gobernabilidad tal como la entendemos, debe descansar
en dos pilares fundamentales, la legitimidad y eficacia.
Eficacia en el sentido de su debilidad tanto en la sociedad y en
el interior del Estado, puesta en duda sus bondades
prácticas, los líderes tradicionales de los viejos
partidos parecen no ser ya suficientes. Legitimidad, entendido
como eficacia, técnica y administrativamente, honradez
pública en el manejo de recursos, sancionar los actos de
corrupción.
Para una democracia plena en Centroamérica y
América Latina, con estabilidad institucional y participación ciudadana, destinada a
resolver los problemas
sociales, el profesor
Torres Rivas cree que es necesario que los intereses de la
sociedad civil estén asegurados, atendidos por el Estado.
Para ello los partidos
políticos, en una sociedad democrática, son
responsables de estas funciones de
doble dirección, de expresar las necesidades de
toda sociedad en el nivel del poder del Estado y conformar ese
poder, dirigiéndolo.
Lamentablemente los partidos centroamericanos no
están inmersos en un proceso de modernización y
democratización, todavía se ven estructuras
centralizadas y autoritarias; por ello el desencanto de la
población con los partidos, lo que ha llevado a la
desactualización de dirigentes, desideologización,
problemas de
identificación entre partidos y cúpulas, y la
incomunicación, como también la impunidad de
dirigentes que cometieron delitos contra
la hacienda pública (caso Nicaragua).
Los sistemas
administrativos, institucionales y las mediaciones
partidarias tradicionales quedaron debilitadas con la crisis del
orden autoritario; pero lo que realmente entró en crisis
en estos años fue la matriz
socioeconómica tradicional que los cobijó, es decir
la sociedad con un mercado agrario exportador y uno industrial
volcado hacia adentro y un Estado promotor que suplió la
ausencia del sector empresarial vigoroso. Debe entenderse que los
partidos políticos no sólo son intermediarios entre
la ciudadanía y el poder estatal, sino otorgan
a éstos dirección y contenido, legitiman el poder
del Estado y otorgan sentido al orden público; sirven para
canalizar y representar demandas y conflictos
originados en la sociedad civil y dar respuestas, un flujo
constante de la sociedad civil hacia lo estatal-político y
viceversa.
La gobernabilidad centroamericana, también pasa
por conseguir su autonomía y reducir su vulnerabilidad
externa, lo que va a llevarlos a la gestación de un
verdadero espacio democrático, que ofrece grandes
posibilidades para superar la exclusión
social, económica, étnica, el rechazo
endémico de las elites oligárquicas y
tecnocráticas a la cultura campesina
Carlos Sojo señala que la gobernabilidad puede
ser la resultante de las modalidades de ejercicio del poder
político en un determinado régimen; sin embargo,
para él no existe necesariamente una relación de
dependencia entre gobernabilidad y democracia, puesto que se han
visto situaciones de gobernabilidad en regímenes
autoritarios.
La sociedad centroamericana está claramente
consciente que después de tantos años de guerra,
por un lado sus expectativas están centradas en la de la
justicia y la del crecimiento. Justicia entendido como las
reformas sociales que les permitan justificar la larga espera por
la respuesta del Estado a las necesidades de salud, educación, cultura y
recreación de importantes segmentos de la
población. La finalización de la guerra se ha
convertido en el punto de partida para el avance de los intereses
sociales y el relanzamiento de las actividades económicas
y, en menor medida, con un programa progresivo de
democratización.
En este sentido las políticas gubernamentales han
enfilado sus propuestas en el desarrollo de procesos de negociación para los conflictos armados, la
generalización y profundización de políticas
mercado-dirigidas complementadas con instrumentos de
compensación tanto social como económica, y el
desarrollo de mecanismos de concertación económico
social con el fin de establecer acuerdos básicos y
disminuir resistencias.
Sin embargo, a pesar de estos indicios alentadores, la
participación electoral en el Salvador se ha ido
lentamente recuperando. "Desde 1994 a febrero del 2000 se han
celebrado cuatro procesos electorales (1994,1997, 1999 y 2000) de
un ausentismo que tiene como causa la apatía y el
desinterés de la población por todo aquello que
huele a política" de que nada sirve votar porque todo
seguirá igual o peor, porque todos los partidos son
iguales. Para contrarrestar esto, los gobiernos de posguerra se
deben empeñar en afirmar no solamente el cumplimiento de
los acuerdos de paz de 1992, como la base necesaria para una
verdadera transformación social, política y
económica, lo que de alguna forma indicará que los
años de guerra no fueron vanos, con los miles de muertos,
lisiados y desaparecidos, las migraciones masivas hacia dentro y
fuera del país.
En estos regímenes democráticos,
recientemente constituidos, debemos advertir que la
política informal de la que padecen y la practican,
orientada de acuerdo a los viejos esquemas, como los "debajo de
la mesa", etc., un hiper-presidencialismo y la continuidad de
imposiciones autoritarias, "que puede llegar a transformarse en
un problema de la gobernabilidad, situación en la cual se
ponen en entredicho todos los esquemas, los procesos e instituciones
que en base a su interconexión y compatibilización
logran edificar condiciones que favorecen la legitimidad, la
representatividad y la participación en el ejercicio de la
gestión
política (Alcántara, 1994). El tema de la
gobernabilidad se encuentra entonces en el centro de los procesos
políticos y de los ejes centrales de enlace entre
sociedad, sistema político y estado. Por lo tanto es
allí donde se concretiza la forma específica en la
cual el estado se relaciona con el ciudadano, es decir, las
"arenas" en las cuales se genera el tipo de integración y cohesión de una
sociedad concreta"
En este sentido para poder garantizar la gobernabilidad
democrática, es de vital importancia la ampliación
de la ciudadanía, sobre todo la clandestina que ejercen
los pueblos indígenas, que no sólo implica el
incluirlos en las garantías constitucionales ciudadanas,
sino también elementos sustantivos de la ciudadanía
social, en el patrimonio
histórico-cultural o ambiental.
Si queremos ser optimistas y situarnos en escenarios de
gobernabilidad en los años futuros, debemos considerar
tres aspectos: el sistema de partidos, la intermediación
política y social, y la acción
y la calidad de la
sociedad civil, como también el nivel de estabilidad
económica. Las democratizaciones, no tan recientes pero de
expectativas todavía nuevas, debe ser satisfecha con
esquemas de asistencia social, estabilidad económica,
justicia e igualdad ante
la ley, mayor
participación política y eliminar los
sectarismos.
Quizás no sea un indicio que se deba resaltar,
considerando que la violencia puede volver; pero el hecho se ha
dado y significa que es un paso hacia la democratización y
pacificación dentro de un marco de mayor gobernabilidad
para la región; en este sentido los militares son los que
más se desacreditaron y han reducido su cuerpo de
oficiales y suboficiales. En Nicaragua hasta un 15%, un 50% en El
Salvador y un 33% en Guatemala. También la
oligarquía, dueños de la tierra han
experimentado drásticas reformas y los que estaban en
política se han descompuesto o la muerte
política.
Como lo dije en la introducción, hay un
importante proceso de desarrollo democrático, las
elecciones libres se han sucedido unas tras otras sin
ningún imprevisto que considerar, competencia
partidaria y activación de la sociedad civil. Este
clima favorece
especialmente a los partidos de derecha: ARENA, que vienen
ganando todas las elecciones.
Se puede afirmar que en Centroamérica, luego de
todos estos años de conflicto y de acuerdo de paz, se ha
completado la fase de la transición a la democracia, es
decir, hacia un régimen político-institucional, lo
que no quiere decir que estén dadas las condiciones para
una gobernabilidad democrática que garantice los derechos
de los ciudadanos.
Entre 1981 y 1999, en Centroamérica, Belice y
Panamá
se han realizado 56 procesos electorales, con un promedio de casi
3 elecciones por año, correspondiendo a cada país
un promedio de 8 elecciones (11 en El Salvador y 5 en Nicaragua)
todo esto nos indica el restablecimiento del sistema
democrático electoral.
Precisamente para no volver a espectar una
involución de la autoridad y por ende de la gobernabilidad
es fundamental que los partidos políticos refuercen sus
programas y su presencia ante la sociedad, que se elimine los
esquemas personalistas. La inclinación de la
población hacia estilos de "mano dura" son elementos de la
cultura política tradicional, eliminar la
polarización o fragmentación, lo que de alguna
forma es causa y consecuencia de la volatilidad electoral. Que la
intermediación social sea efectiva, para compartir
espacios con actores de la sociedad civil y los grupos de
interés. Asimismo, otro elemento de la
democracia y la gobernabilidad, es que los espacios
públicos sean autónomos: una acción y
calidad de la sociedad civil.
Bogotá, 3 de Junio de 2002
1. Edelberto Torres Rivas. "Centroamerica, revoluciones
sin cambio revolucionario" en Revista Nueva
Sociedad N° 150. Noviembre de 1997.
2. Carlos Sojo. "Democratización, Gobernabilidad
y Actores políticos en el proceso de Integración
Regional" en Estudios Internacionales. Vol. 7 N°
13.
3. Revista Estudios Centroamericanos de la Universidad
"José Simeón Cañas". Números 615,
616, 617, 619, 623, 624, 625,629, 631, 633, 635, y
636.
4. Ricardo Córdova Macías y otros autores.
Pasos Hacía una nueva Convivencia: Democracia y
participación en Centroamérica.
Instituto de estudios Iberoamericanos. El Salvador
2000.
Autor:
Iván Rodríguez Alegre