1. El contexto
exterior de la economía andaluza
2. Veinte
años de distribución de la renta en
Andalucía
3
Aunque las X Jornadas de Estudios Andaluces están
dedicadas a analizar el periodo estatutario de las Comunidades
Autónomas, he creído conveniente remontarme unos
años atrás para poder
disfrutar de una perspectiva más larga a la hora de
evaluar someramente la evolución de nuestra economía desde el
punto de vista de la distribución de la renta.
Contemplar desde una visión macroscópica
la evolución económica de Andalucía en los
últimos veinte años permite detectar lo que sin
duda podría parecer a simple vista una enorme
paradoja.
Es evidente que en este periodo la sociedad
andaluza ha protagonizado una transformación sustancial.
La dotación de infraestructuras se ha multiplicado de
manera espectacular; cualesquiera que sean los índices de
bienestar social que se tomen como referencia (vivienda, analfabetismo,
educación,
pobreza,…)
indican claramente que se ha producido una mejora incuestionable
en todos ellos, sin perjuicio, no obstante, de que aún
queden demasiadas bolsas de malestar social.
Sin embargo, si se contempla la evolución de las
tasas de crecimiento de la economía andaluza
(Gráfico n1 1) no queda más remedio que constatar
que la marcha de nuestra economía describe una larga onda
de depresión económica, en relación con los
ritmos de alto crecimiento que correspondieron a las
décadas anteriores.
Efectivamente, al periodo de impulso previo (1955-1964)
siguió otro (1964-1973) de fortísima
expansión con una tasa medial anual de crecimiento del
PIBcf en términos reales del 6,7 por cien. A partir de
este año, la economía andaluza no llegaría
nunca a alcanzar los niveles de máximo crecimiento
anteriores. Ni tan siquiera en los años gloriosos, pero
cortos, de la segunda mitad de los ochenta, cuando los
políticos más optimistas, pero también
más desacertados, auguraban una gloria sin precedentes
para nuestra economía, se lograría superar las
tasas alcanzadas en la década expansiva de los sesenta.
Por el contrario, a la fugaz expansión siguió la
sima más profunda del crecimiento
económico andaluz. No puede decirse, pues, que el
repunte de 1985-1990 cambiara radicalmente la tónica de
depresión. Más bien, que la naturaleza
efímera de los factores que lo desencadenaron fue el
anticipo de una crisis de
extraordinaria envergadura.
En términos históricos, los únicos
válidos para evaluar un periodo tan largo, y tomando como
referencia las tasas de crecimiento del PIB que los
economistas más convencionales demandan utilizar para
caracterizar la evolución económica, no queda
más remedio que reconocer, por lo tanto, que la
economía andaluza ha transcurrido en los últimos
veinte años por una senda de depresión
económica, entendida ésta como un largo periodo en
el que, bajo ningún aspecto, se ha logrado superar el
ritmo de crecimiento de periodos expansivos
anteriores.
No comparto la idea ampliamente extendida de que la tasa
de crecimiento del PIB sea una buena expresión de lo que
realmente sucede en las economías, y me parece que lo
sucedido en Andalucía viene a corroborar lo que he
mantenido en otros lugares. Pero creo que la evolución que
acabo de mencionar fuerza a
reconocer que, por las razones que más abajo
trataré de explicar, las políticas
llevadas a cabo en los últimos años, y que con
tanto ahínco defienden los economistas ortodoxos, no han
sido capaces ni de lograr crecimiento económico mayor que
en épocas anteriores, ni, en su coherente consecuencia, la
falsamente pretendida más eficiente asignación de
recursos que
teóricamente le sirve de impulso.
Si se aceptan estas dos grandes circunstancias de
partida (mejora en las expresiones inmediatas de bienestar social
y, al mismo tiempo,
dinámica depresiva) queda expuesta la
paradoja a la que hice referencia al inicio. En mi
opinión, ésta sólo puede resolverse si se
tienen en cuenta principalmente dos grandes procesos que
de manera solapada han determinado la evolución de nuestra
economía. Por un lado, la consolidación, a lo largo
de todo este periodo, del Estado de
Bienestar en España
que, aunque con retraso, ha permitido disfrutar de niveles de
protección social y suministro de bienes
públicos en manera suficiente como para permitir la
históricamente necesaria mejora en los indicadores de
bienestar social. Por otro lado, y con efectos contrarios, la
generalización -también de forma predominante a lo
largo de los años ochenta- de las políticas
neoliberales encaminadas fundamental y decididamente a modificar
la pauta de distribución de la renta que había
venido favoreciendo a los ingresos del
trabajo en la
onda larga de crecimiento económico de los años
sesenta.
1. El contexto exterior de la
economía andaluza
Como no puede ser de otra manera, la economía
andaluza responde, con ligeras diferencia en el momento temporal,
a las grandes líneas que marcan la evolución de los
sistemas
económicos en los que está integrada.
De hecho, el Gráfico n1 1 podía ser
perfectamente, con mínimas diferencias, el de cualquier
país de la OCDE, de España o de las
economías occidentales en conjunto en ese mismo
periodo.
A lo largo de los años sesenta se larva una
profunda quiebra en el
modelo de
crecimiento que había sido propio de las economías
occidentales después de la II Guerra Mundial y
que abrió un larga época de crecimiento y
bienestar, "treinta años gloriosos" marcados por el pleno
empleo, por el
funcionamiento a todo ritmo de los aparatos productivos, por la
protección social generalizada, el consenso social y los
altos beneficios que, junto a las ganacias permanentes de
productividad,
permitieron subidas salariales así mismo
continuadas.
En España esta fase gloriosa del capitalismo
fue aún más intensa gracias a que la falta de
libertades públicas permitía organizar la actividad
productividad sin concesiones, y porque el sentido corporativista
del Estado predominante garantizaba un compromiso mucho
más explícito de la actividad pública con
los intereses económicos en juego. La
válvula de la emigración, además,
hacía posible que se evitaran tensiones en los mercados
laborales propias de otros países de nuestro
entorno.
Sin embargo, la saturación de los mercados, el
agotamiento de la antigua base tecnológica, el
endeudamiento generalizado, la progresiva ineficacia de las
políticas de demanda para
hacer frente a estos problemas de
oferta sin
crear graves tensiones distributivas y la crispación
social paulatinamente generada a medida que el desempleo iba en
aumento, dieron lugar a una crisis económica generalizada
a lo largo de los años setenta.
Como siempre sucede, ante aquella situación se
debatía un profundo conflicto
distributivo (a lo largo de los años setenta la
participación de las rentas del trabajo en el total de la
Renta Interior andaluza alcanzan, como en todo el mundo
occidental, máximos históricos) que necesariamente
derivaría en estrategias de
los diferentes actores sociales encaminadas a mejorar sus
opciones a disfrutar de los ingresos que se generan en las
economías.
La estrategia
finalmente triunfante tuvo su expresión política en el
neoliberalismo
que bajo experiencias concretas dispares, y con independencia
de la retórica con que suele envolverse, ha sido capaz de
llevar a cabo un cambio radical
en la pauta distributiva al mismo tiempo que realizaba el
necesario "ajuste" para hacer frente al agotamiento del modelo de
crecimiento expansivo de la época anterior.
Los tres grandes pilares de esta estrategia
han sido los siguientes.
En primer lugar, la incorporación de una nueva
base tecnológica, basada ahora en las tecnologías
de la información, que ha permitido hacer
versátiles los procesos productivos de manera que sea
posible generalizar la competencia a
través de la variedad, necesaria en situación de
mercados saturados. Además, gracias también a esta
nueva base técnica, se ha podido generalizar una nueva
organización del trabajo para recobrar la
productividad y desmovilizar las respuestas organizadas de la
clase
trabajadora, lo que lleva consigo una menor necesidad de este
factor productivo, con el consiguiente aumento generalizado del
desempleo.
La mucha mayor movilidad que en todos los sentidos
proporcionan las nuevas
tecnologías de la información permite disminuir
los obstáculos físicos a los intercambios,
instaurándose entonces un marco mucho más amplio
(aunque también más voraz para las propias empresas) de
competencia a escala
planetaria.
En segundo lugar, las nuevas formas de regulación
macroeconómica orientadas, fundamentalmente, a sustituir
el gobierno de la
economía a través de la demanda por
políticas sin connotaciones distributivas
explícitas, como la política
monetaria. Esta alcanza a tener un enorme protagonismo ya
que, además de ello, permite regular sin interferencias el
ámbito de la circulación financiera, convertido
ahora en un lugar privilegiado de ganancia gracias a la
hipertrofia de los flujos monetarios.
Finalmente, nada de ello hubiera sido posible sin una
profundísima alteración de los valores
sociales predominantes. De la asimilación del bienestar
social como ideal colectivo necesariamente habría de
pasarse a conformar una mentalidad ciudadana basada en la
individualidad y en el posibilismo, no sólo porque es de
esta forma como se garantiza la posibilidad de dar salida a la
producción diferenciada en mercados
saturados, sino, además, porque cuando el desempleo y la
frustración se generalizan, la única manera de
evitar la deslegitimación ciudadana del sistema es
conseguir que cada individuo
perciba su situación como algo propio y desvinculado del
colectivo que en realidad lo envuelve.
Globalmente, todo ello se ha concretado en
políticas gubernamentales encaminadas no a disminuir su
incidencia -como suele afirmarse sin rigor- sino a modificar el
sentido, la ética, de
su presencia en la actividad social y económica y,
más concretamente, en un verdadero asalto aún no
concluído al Estado de Bienestar para establecer (a
través de políticas fiscales, de reforma laboral,
monetarias, etc.) las condiciones que hicieran posible dar la
vuelta a la pauta distributiva del sistema.
Como dije anteriormente, la política neoliberal
que ha desarrollado estas estrategias no sólo no ha sido
capaz de devolver a las economías la tónica de
crecimiento de etapas anteriores, sino que además ha
traído consigo la inestabilidad financiera permanente, la
destrucción de tejido productivo provocado por un clima de
competencia exacerbada, el paro
generalizado y la precariedad en el empleo y el salario y, en
general, un creciente malestar social.
Como veremos inmediatamente, Andalucía -como
España- no han sido ajenas a estos procesos. Nuestros
gobernantes, a fuer de conversos, no dudaron en desplazarse de
las vanguardias más revolucionarias a los cómodos
asientos donde se llevaba a cabo el festín neoliberal,
cuidándose de que el posible frío de su mala
conciencia se
diluyera en la hoguera de las vanidades que ha dado calor a tantos
corruptos.
Sin embargo, el secular atraso de nuestra sociedad y el
que un Estado autoritario como el franquista hubiera podido
impulsar el crecimiento económico al socaire de la
expansión internacional sin necesidad de homologar al
mismo tiempo los niveles de bienestar social, originaba una
cuenta pendiente, tanto en España como en
Andalucía.
No sabemos qué hubiera sucedido si el ajuste
neoliberal de la economía española se hubiera
llevado a cabo con gobiernos totalmente desprovistos del barniz
socialdemócrata, aunque cabe pensar que la
consolidación del Estado del Bienestar resultaba, en
cualquier caso, un objetivo
irrenunciable incluso desde el punto de vista de llevar a cabo
dicho ajuste. Lo cierto, sin embargo, es que esta exigencia (o,
si se quiere, la opción explícita del Gobierno de
Felipe González por combinar la estrategia neoliberal con
la reformista del bienestar) ha provocado que el ajuste de la
economía española, y con ella la de la andaluza, se
haya producido en términos contradictorios.
Por un lado, se han introducido las reformas que han
permitido reorientar la pauta distributiva, hasta el punto de que
la participación de los salarios en la
renta nacional haya disminuido de manera continuada, y modificar
el sistema productivo para que nuestra economía se
insertase en el marco global de la competencia, con las secuelas
consiguientes de destrucción de tejido productivo, paro y
precarización.
Pero, al mismo tiempo, se han llevado a cabo
amplísimos programas de
gasto
público social (lógicamente cada vez más
en cuestión) necesarios para consolidar el Estado de
Bienestar, y a diferencia de los sucedido en otros países
de nuestro entorno.
Gracias a ello, las consecuencias del ajuste neoliberal
en nuestra economía no están siendo tan duras desde
el punto de vista del bienestar, pero han provocado un problema
añadido de déficit público
difícilmente resoluble en el futuro si no es despojando a
la sociedad española, o muy especialmente a la andaluza
que padecería estos problemas de manera agudizada, de la
cobertura protectora del gasto social.
Ésta es la tensión inherente a la
economía andaluza de los últimos veinte
años. Después de un largo periodo de crecimiento
intensivo pero completamente desarticulado, la crisis del modelo
de crecimiento lleva a una depresión profunda que
sólo tiene como excepción un periodo efímero
que más bien habría que valorar como una
oportunidad de cambio claramente desaprovechada.
2. Veinte años de
distribución de la renta en
Andalucía
El proceso al que
acabo de hacer referencia se manifiesta de manera especialmente
relevante cuando se analizan los cambios operados en la
distribución funcional de la renta en Andalucía
durante los últimos veinte años. De estos datos se deduce
que las rentas del trabajo han sufrido un descenso significativo
respecto a 1975. Mucho más si se tiene en cuenta, en
primer lugar, que a partir de 1991 se produjo un descenso
aún mayor como consecuencia del aumento del desempleo
asociado a la crisis de los primeros años noventa y, en
segundo lugar, que la recuperación que se manifiesta en
los datos del Cuadro n11 en 1991 se debe fundamentalmente al
incremento de las cotizaciones sociales
Este proceso es explicable por la confluencia de dos
factores principales a lo largo de estos años.
Por un lado, la disminución neta en el
número de empleos. Mientras que en 1975 en
Andalucía había en torno a 1.850.200
personas ocupadas, veinte años después sólo
están ocupadas 1.719.600. Y ello, a pesar de que la
población total ha aumentado en algo
más de 1.100.000 personas. Esto es lo que da lugar a que
en 1975 el porcentaje de ocupados sobre el total de la
población fuese del 30,24 por cien y en 1995 tan
sólo el 24,33 por cien.
Por otro lado, el incremento muy importante que se
produce en el empleo y la retribución global en los
servicios,
quizá la nota más destacada de la evolución
de las rentas del trabajo en Andalucía durante estos
años.
Confirmando que la terciarización de la
economía no responde a un auténtico proceso de
modernización y progreso, resulta, por el contrario, que
el mayor protagonismo del trabajo en el sector terciario indica
un deterioro progresivo en la capacidad de generación
endógena de rentas en Andalucía y una
pérdida global de productividad.
En el año 1975, para obtener un 1 por cien de la
renta interior andaluza eran necesarios 1,09 empleos por cuenta
ajena en el sector servicios. En 1995, para alcanzar ese
porcentaje de rentas, se necesitaba crear 1,28
empleos.
Por el contrario, para obtener ese mismo 1 por cien de
la renta interior total, en 1975 se precisaban 1,41 empleos por
cuenta ajena en el sector industrial. En 1995, tan sólo
0,73.
Ello es bien elocuente de lo arriba señalado.
Lejos de responder a un proceso de modernización, la
evolución de las remuneraciones en
el trabajo por
cuenta ajena en el sector servicios muestra que
éste se ha desarrollado por una clara senda
de precarización salarial y de pérdida de
productividad. En este sentido, la economía andaluza no ha
sido ajena al proceso general provocado por las políticas
neoliberales que han convertido la generación de puestos
de trabajo en la proliferación de un auténtico
ejército de mal pagados empleos vinculados a los servicios
personales de todo tipo.
Caso contrario es el referente al empleo industrial.
Mientras que la población ocupada por cuenta ajena en la
industria
disminuyó un 53 por cien en los veinte años, su
participación en la renta total sólo lo hizo en un
16 por cien. Esto viene a confirmar una vez más la
necesidad de articular el proceso de crecimiento en torno a una
base industrial sólida y arraigada, objetivo, sin embargo,
que lejos de conseguirse más bien se aleja en el panorama
actual de nuestra economía, asolada por un proceso de
desmantelamiento del que ahora no puedo ocuparme
aquí.
Otras alteraciones en el peso específico de cada
componente de la renta interior alumbran cambios significativos
operados en la economía andaluza.
En 1975, el empleo no asalariado representaba el 25,26
por cien del total de empleos, de tal manera que para generar un
1 por cien de la renta interior se precisaban 1,16 empleos de
este tipo.
Sin embargo, en 1991 representaban el 20,04 del total de
empleos y para generar ese mismo 1 por cien de renta interior
eran suficientes 0,82 empleos.
Dicho de otra manera, mientras que el empleo no
asalariado disminuía un 15 por cien sobre el total de
empleos, su participación en el total de la renta interior
andaluza aumentó un 13 por cien.
Por su parte, las rentas correspondientes a
profesionales liberales y servicios muestran también un
cambio significativo. Mientras que en 1975 para obtener un 1 por
cien de la renta interior se precisaban 0,7 empleos, en 1991
sólo eran necesarios 0,49 de esta naturaleza.
Finalmente, las rentas correspondientes a otros
empresarios y trabajadores independientes se modifican en el
mismo sentido. Frente a 1,18 empleos necesarios para generar un 1
por cien de la renta interior en 1975, en 1991 este porcentaje se
generaba con 0,58 empleos.
Todos estos cambios en las remuneraciones globales
indican que es fuera del trabajo asalariado donde se genera mayor
productividad y retribuciones por empleo más elevadas.
Pero este es un fenómeno que, a pesar de su apariencia
positiva, debe matizarse teniendo en cuenta, por un lado, que el
gran cambio se produce principalmente en las remuneraciones
correspondientes a empresarios y trabajadores independientes, que
suelen ser el destino de los empleados despedidos en el trabajo
asalariado y con peores condiciones sociales y laborales; y, por
otro lado, que el volumen relativo
total de estas rentas (18,7 por cien de la renta total en 1991)
es muy reducido respecto al correspondiente a las rentas del
trabajo (61,82 por cien en este mismo año).
Respecto a las rentas del capital, es
apreciable un ligero aumento a lo largo de los años
considerados, con algunos aspectos significativos.
Durante el periodo en que en todo el mundo occidental se
lleva a cabo una profunda reestructuración productiva
(1975-1990) el ahorro
empresarial andaluz no ha hecho más que bajar, al mismo
tiempo que aumentaban los intereses y dividendos. Sólo
entre 1989 y 1991 (y a falta de saber lo ocurrido en el periodo
posterior) se observa una recuperación de los beneficios
retenidos por las empresas, pero alcanzando un nivel (2,73 por
cien de la renta total) netamente inferior al que existía
en 1971 (4,33 por cien).
En relación con la participación de las
rentas generadas en Andalucía en el total de la renta
interior de España, no puede decirse que se haya producido
una mejora sustancial del peso específico de nuestra
economía .
La renta interior neta de Andalucía representaba
en 1.975 el 12,20 por cien de la renta interior española.
En 1991 este porcentaje había subido al 12,37.
Según los datos proporcionados por la FIES, la
participación de Andalucía en el PIB de
España habría aumentado también entre 1991 y
1994, al pasar del 12,83 por cien al 12,83 por cien. Sin embargo,
según esta fuente, la participación del PIB per
capita de Andalucía ha bajado ligeramente (del 71,86 por
cien en 1991 al 71,67 por cien en 1994).
En cualquier caso, el nivel de participación
alcanzado no supera el conseguido en el año
1973.
Especialmente significativo resulta la enorme
disminución del peso relativo de los beneficios retenidos
por sociedades y
empresas andaluzas en relación con el total nacional, pues
pasa de ser el 9,51 por cien en 1975 al 5,64 por cien en 1991, lo
que sin duda muestra una vez más la menor capacidad de
capitalización con que las empresas andaluzas hacen frente
al proceso productivo, y que es un evidente síntoma de
debilidad financiera y competitiva.
El Cuadro n1 3, en el que se proporcionan datos
relativos al ingreso per capita de las provincias andaluzas y de
Andalucía en general respecto a la media nacional,
confirma que en los últimos veinte años ha
disminuido de manera muy importante la capacidad relativa para
generar rentas endógenas por parte de nuestra
economía y, además, que esta capacidad es muy
desigual si se atiende a la situación de las diferentes
provincias, expresión todo ello de la
desarticulación productiva, de la asimetría y de la
falta de integración de la economía andaluza.
La contrapartida a esta evolución negativa de los ingresos
endógenos per capita la pone la evolución de la
Renta Familiar Disponible per capita (Cuadro n1 4).
Como puede comprobarse fácilmente, a lo largo de
este largo periodo se produce una mejora apenas significativa de
la participación relativa de la RFD andaluza en el total
nacional (pasa del 13,26 por cien en 1.975 al 13,97 por cien en
1.991) o en la RFDpc de Andalucía respecto a la media
nacional (77,63 por cien y 78,06 por cien, respectivamente). Pero
en ninguno de ambos casos se alcanza el nivel que había
correspondido a 1.973.
Pero lo que sigue siendo un fenómeno
singularmente significativo de la renta de las familias andaluzas
es que a lo largo de todos estos años se ha fortalecido el
proceso de dependencia respecto de los ingresos que no son
generados endógenamente por su estructura
productiva (Gráfico n1 4).
La proporción que representan las rentas
indirectas (transferencias exteriores o prestaciones
sociales) sobre el total de la RFD no ha dejado
prácticamente de aumentar a lo largo de estos años,
lo que significa, sencillamente, que las familias andaluzas
dependen ahora, más que al inicio del periodo considerado,
del subsidio público de cualquier naturaleza.
Lo curioso, sin embargo, es que, al mismo tiempo que se
produce el fenómeno anterior, las prestaciones sociales
(componente fundamental de las rentas indirectas) tienden a
disminuir su participación en el total nacional. El
Gráfico n1 5 muestra claramente esta tónica,
así como el espectacular incremento que se produce,
precisamente, en el periodo de alto crecimiento económico
de Andalucía en la segunda mitad de los años
ochenta, lo que advierte de la singular naturaleza de los
factores que lo desencadenaron.
Se confirma, pues, que la mejor posición de la
Renta familiar andaluza es un fenómeno más bien
aparente, consecuencia básicamente de la función de
colchón que desarrolla los impuestos o las
cotizaciones sociales en periodos de crisis.
3¿ Cuánto
podrá durar el crecimiento subsidiado?.
El propósito de esta intervención ha sido
poner una vez más de evidencia que la economía
andaluza manifiesta graves carencias, intrínsecas a su
estructura productiva dependiente y desarticulada, a la hora de
generar ingresos endógenos suficientes para garantizar el
bienestar de su población.
Como se puede comprobar, lejos de darse un proceso
regenerativo, en la economía andaluza se manifiesta una
inercia ya demasiado larga que termina por dejarla postrada ante
el subsidio y la prestación social.
Es cierto que ello viene garantizando ciertos niveles de
bienestar social e incluso una profunda transformación en
las infraestructuras o dotación de bienes colectivos, pero
-como en cierta medida también sucede en el conjunto
nacional- con un elevadísimo coste en términos de
endeudamiento público.
La aplicación de las políticas de corte
neoliberal, la sujeción irreflexiva de la política
económica a los criterios nominalistas de la
convergencia europea y su pérdida progresiva de capacidad
de maniobra, vienen implicando una pérdida fundamental de
tejido productivo que, sobre todo en economías ya de por
sí debilitadas como la andaluza, comportan unos efectos
añadidos quizá insoportables a medio plazo en
términos de empleo y generación de
riqueza.
La perdurabilidad de las políticas neoliberales
llevará irremisiblemente consigo una tendencia a sufragar
en menor medida el bienestar colectivo, para seguir fortaleciendo
la redistribución a favor del capital, como viene
sucediendo. Las nuevas condiciones de la Unión
Europea, y la menor disponibilidad de recursos
públicos que ocasionará el intento de asumir la
convergencia europea, provocarán que en un futuro
más bien cercano los espacios económicos más
dependientes de la subsidiación vean disminuir muy
sustancialmente éste estímulo externo de su
crecimiento. A medio plazo, éste no podrá
mantenerse ni tan siquiera en las débiles condiciones
actuales.
En consecuencia, para alterar la onda larga depresiva de
la economía andaluza es necesario modificar de manera
sustancial los parámetros generales en donde ahora se
incardinan los motores del
crecimiento económico. Recuperar tejido productivo y
evitar el desmantelamiento de las fuentes de
creación de la riqueza real son las condiciones que pueden
promover efectivamente la creación del empleo necesario
para que la economía andaluza disponga de estímulos
endógenos suficientes para proporcionar bienestar a sus
ciudadanos. Eso requiere que Andalucía mire hacia
sí misma recobrando todas sus energías, pero dado
el contexto supraregional que ahora le viene dado será
preciso también que se invierta la tónica
predominante en el proceso de integración europea, pues
mientras éste se asiente preferentemente en el privilegio
de la moneda y en la convergencia nominal, serán los
espacios más débiles, como Andalucía,
quienes sufran con más daño la
destrucción de empleo, la multiplicación de los
desequilibrios y la mengua del gasto social que necesariamente
conforman el horizonte neoliberal.
Juan Torres López
juantorres[arroba]uma.es