El aluvión noticioso suele confundir a la
población. La mayoría de los medios de
comunicación social ponen similar énfasis a la
escasez de
garrafas, la distribución del Impuesto Directo
a los Hidrocarburos
(IDH), la terminación del contrato del
Estado con la
italiana Euro Telecom, la pugna regional por la
distribución de escaños parlamentarios, las
elecciones del 4 diciembre, el posible adelanto de la asamblea
constituyente, la interminable internación de
vehículos de contrabando,
la hojarasca de los programas de la
partidocracia, la presencia del "gonismo" en el Tribunal
Constitucional y la Corte Electoral, la inminente
ampliación de ventas de
gas al
Brasil y la
Argentina, la frustrada "refundación" de YPFB. etc., etc.,
etc., sin relacionar estos hechos tienen entre si.
Al tener en cuenta que un trillón de pies
cúbicos de gas (TCF) genera un valor
mínimo de 3.000 millones de dólares y que los 48
TCF que existen Bolivia, en
reservas probadas y probables, movilizarán 144 mil
millones de dólares, sin contar sus reservas de petróleo, se toma conciencia de los
esfuerzos del capital
transnacional por impedir que el país se beneficie de
semejante negocio. Este es marco en el que los cerebros de la
anti nación
se congratulan por los enfrentamientos fratricidas y alientan la
desintegración del país.
Lo paradójico es que las regiones se dan de
dentelladas no por los beneficios del gas o del petróleo o
de los recursos mineros,
que, sin tomar en cuenta el hierro del
Mutún, generarán exportaciones, en
los proyectos "San
Cristóbal", "San Bartolomé" y "Kori Kollo", por
1.000 millones de dólares al año y sólo 20
millones para Bolivia, sino porque Santa Cruz y Cochabamba
tendrán seis diputados más, a costa de La Paz,
Oruro y Potosí. No se entiende que el tema de los
escaños, magnificado por la miopía de dirigentes
cívicos y parlamentarios de Potosí, La Paz y Oruro,
está siendo utilizado como pretexto por las petroleras y
dirigentes cívicos de Santa Cruz y Tarija para la auto
convocatoria a la elección de prefectos y la
"promulgación de una Constitución Política del Estado
de carácter regional.
La fragmentada realidad hace que las ciudades del
occidente del país estén bloqueadas por la escasez
de garrafas de gas natural. Pero
no surge la respuesta lógica:
La expulsión de las transnacionales Chaco (Amoco y British
Petroleum) y Andina (Repsol-YPF), que han recurrido a un
planificado chantaje para lograr que el Parlamento derogue una
Ley de
Hidrocarburos que no ha cambiado casi nada, pero que se ha
atrevido a aprobar mecanismos de fiscalización de la
producción e incremento mínimo de
impuestos,
permanentemente evadidos hasta ahora.
Tampoco se ha denunciado que la "re fundación" de
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ha
quedado en letra muerte, al
impedirle contar, como mandó el referéndum del 18
de julio de 2004, con el 50 por ciento del capital accionario de
Chaco, Transredes (Enron-Shell) y Andina, que detentan de manera
ilegal las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs),
manejado por bancos suizos y
españoles. Las compañías han impedido que
YPFB se una a los emprendimientos que están realizando
PDVSA de Venezuela,
Petrobrás de Brasil y ENARSA de Argentina.
Y mientras Bolivia se desintegra, el enorme gasoducto
del noreste argentino
(NEA) avanza implacable hasta la frontera, a
fin de incrementar las exportaciones de 7 millones a 30 millones
de MCD. Petrobrás, asociada a empresas europeas
y norteamericanas, exigen que las ventas bolivianas al mercado
brasileño se incrementen de 30 millones a 100 millones de
MCD, a través de un gasoducto que tendrá un
diámetro 150 veces mayor que la ridícula
cañería que transporta gas a La Paz y Oruro, donde
la lucha por las garrafas de GLP se torna dramática para
la subsistencia cotidiana.
Las agresiones mutuas impiden diferenciar a aliados y
adversarios. Nadie reclama a la Federación de Empresarios
de Santa Cruz por albergar en sus filas a las transnacionales
petroleras. Empleados de las petroleras tuvieron y tienen cargos
de ministros en los regímenes de Sánchez de Lozada,
Bánzer, Jorge Quiroga, Carlos Mesa y Eduardo
Rodríguez. Pero Bolivia carece, además, de un
instrumento político, con presencia nacional y con la
lucidez de preservar la existencia de un país, al que se
le va terminando el oxígeno.
Andrés Solíz Rada