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La realidad fragmentada




Enviado por asoliz2003



    El aluvión noticioso suele confundir a la
    población. La mayoría de los medios de
    comunicación social ponen similar énfasis a la
    escasez de
    garrafas, la distribución del Impuesto Directo
    a los Hidrocarburos
    (IDH), la terminación del contrato del
    Estado con la
    italiana Euro Telecom, la pugna regional por la
    distribución de escaños parlamentarios, las
    elecciones del 4 diciembre, el posible adelanto de la asamblea
    constituyente, la interminable internación de
    vehículos de contrabando,
    la hojarasca de los programas de la
    partidocracia, la presencia del "gonismo" en el Tribunal
    Constitucional y la Corte Electoral, la inminente
    ampliación de ventas de
    gas al
    Brasil y la
    Argentina, la frustrada "refundación" de YPFB. etc., etc.,
    etc., sin relacionar estos hechos tienen entre si.

    Al tener en cuenta que un trillón de pies
    cúbicos de gas (TCF) genera un valor
    mínimo de 3.000 millones de dólares y que los 48
    TCF que existen Bolivia, en
    reservas probadas y probables, movilizarán 144 mil
    millones de dólares, sin contar sus reservas de petróleo, se toma conciencia de los
    esfuerzos del capital
    transnacional por impedir que el país se beneficie de
    semejante negocio. Este es marco en el que los cerebros de la
    anti nación
    se congratulan por los enfrentamientos fratricidas y alientan la
    desintegración del país.

    Lo paradójico es que las regiones se dan de
    dentelladas no por los beneficios del gas o del petróleo o
    de los recursos mineros,
    que, sin tomar en cuenta el hierro del
    Mutún, generarán exportaciones, en
    los proyectos "San
    Cristóbal", "San Bartolomé" y "Kori Kollo", por
    1.000 millones de dólares al año y sólo 20
    millones para Bolivia, sino porque Santa Cruz y Cochabamba
    tendrán seis diputados más, a costa de La Paz,
    Oruro y Potosí. No se entiende que el tema de los
    escaños, magnificado por la miopía de dirigentes
    cívicos y parlamentarios de Potosí, La Paz y Oruro,
    está siendo utilizado como pretexto por las petroleras y
    dirigentes cívicos de Santa Cruz y Tarija para la auto
    convocatoria a la elección de prefectos y la
    "promulgación de una Constitución Política del Estado
    de carácter regional.

    La fragmentada realidad hace que las ciudades del
    occidente del país estén bloqueadas por la escasez
    de garrafas de gas natural. Pero
    no surge la respuesta lógica:
    La expulsión de las transnacionales Chaco (Amoco y British
    Petroleum) y Andina (Repsol-YPF), que han recurrido a un
    planificado chantaje para lograr que el Parlamento derogue una
    Ley de
    Hidrocarburos que no ha cambiado casi nada, pero que se ha
    atrevido a aprobar mecanismos de fiscalización de la
    producción e incremento mínimo de
    impuestos,
    permanentemente evadidos hasta ahora.

    Tampoco se ha denunciado que la "re fundación" de
    Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ha
    quedado en letra muerte, al
    impedirle contar, como mandó el referéndum del 18
    de julio de 2004, con el 50 por ciento del capital accionario de
    Chaco, Transredes (Enron-Shell) y Andina, que detentan de manera
    ilegal las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs),
    manejado por bancos suizos y
    españoles. Las compañías han impedido que
    YPFB se una a los emprendimientos que están realizando
    PDVSA de Venezuela,
    Petrobrás de Brasil y ENARSA de Argentina.

    Y mientras Bolivia se desintegra, el enorme gasoducto
    del noreste argentino

    (NEA) avanza implacable hasta la frontera, a
    fin de incrementar las exportaciones de 7 millones a 30 millones
    de MCD. Petrobrás, asociada a empresas europeas
    y norteamericanas, exigen que las ventas bolivianas al mercado
    brasileño se incrementen de 30 millones a 100 millones de
    MCD, a través de un gasoducto que tendrá un
    diámetro 150 veces mayor que la ridícula
    cañería que transporta gas a La Paz y Oruro, donde
    la lucha por las garrafas de GLP se torna dramática para
    la subsistencia cotidiana.

    Las agresiones mutuas impiden diferenciar a aliados y
    adversarios. Nadie reclama a la Federación de Empresarios
    de Santa Cruz por albergar en sus filas a las transnacionales
    petroleras. Empleados de las petroleras tuvieron y tienen cargos
    de ministros en los regímenes de Sánchez de Lozada,
    Bánzer, Jorge Quiroga, Carlos Mesa y Eduardo
    Rodríguez. Pero Bolivia carece, además, de un
    instrumento político, con presencia nacional y con la
    lucidez de preservar la existencia de un país, al que se
    le va terminando el oxígeno.

    Andrés Solíz Rada

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