- ALCA: la "otra" guerra de
Washington - ¿Qué es la
Alternativa Bolivariana para América Latina y El
Caribe? - ¿Cómo queda el
desarrollo endógeno en el ALBA? - La agricultura en el ALBA: mucho
más que un sector productor de
mercancías - ¿Cómo enfrentar
la liberalización, desregulación y
privatización de los servicios? - Fondos compensatorios para la
corrección de asimetrías en el
ALBA - Principios rectores del
ALBA - El MERCOSUR y su
origen - Los inicios del proceso de
integración del MERCOSUR - Objetivos del
MERCOSUR - Principales instrumentos
de integración - Estructura
orgánica - Entre Ríos en el
MERCOSUR
ALCA: la "otra" guerra de
Washington
El ALCA, promovido por Estados Unidos
desde la Cumbre de Miami de 1994, constituye el más
reciente capítulo de la doctrina panamericana preconizada
por Washington desde los tiempos de James Monroe. En la
pos-Guerra
Fría, la necesidad estratégica estadounidense
de consolidar su propio bloque geopolítico y
económico (el "área americana") como soporte de su
hegemonía mundial, explican el interés de
la Casa Blanca por impulsar ese plan
anexionista.
El gobierno de
George W. Bush le confirió al ALCA un impulso
fundamental con la aprobación el 2002 del texto
Autoridad para la Promoción Comercial (TPA o "vía
rápida"), régimen temporal que le faculta a
negociar acuerdos comerciales bilaterales sin el requisito del
debate
parlamentario.
¿Qué hay detrás de la urgencia de
George W. Bush para que el ALCA entre a operar desde el
cercano 2005, conforme acaba de ratificarse en Miami el pasado
noviembre? Las tres razones siguientes: a) enjugar la
recesión estadounidense, b) contener la influencia europea
en la región y neutralizar al MERCOSUR y a la
CAN, y c) camuflar en las negociaciones económicas el
remozado intervencionismo militar norteamericano en nuestra
subAmérica.
Desglosemos estos factores.
El auge de la economía
estadounidense en el gobierno del presidente William
Clinton -el más importante en la posguerra
después del "boom" Kennedy-Johnson– colapsó
a fines del 2000, envuelto en la debacle de la "nueva
economía". Esta inflexión del ciclo
económico estadounidense se expresó en la
caída de las inversiones y
en un espectacular descenso de las exportaciones,
tendencia que se agudizó el 200l. En el segundo trimestre
de este último año -poco antes del 11-S- las
ventas
externas de Estados Unidos cayeron el l2 por ciento, lo que
determinó que la
administración republicana se decidiera por un plan
completo de recolonización de América
Latina.
El segundo motivo básico para la instrumentación del ALCA tiene que ver con
el hecho de que Washington y las corporaciones de Estados Unidos
no se encontraban felices con los acuerdos comerciales suscritos
por los europeos en el marco de las cumbres iberoamericanas.
Igualmente les venía incomodando una eventual
consolidación del MERCOSUR, esquema de integración de proyección
sudamericana y caribeña y que, especialmente bajo los
liderazgos de Lula y Kirschner, ha venido
reivindicando principios de
soberanía política y de
proteccionismo comercial y financiero.
Para desalojar a los intrusos y para que el libre
mercado opere
conforme a las definiciones de Washington, nada mejor que
presionar por el ALCA, cuyas bondades para Estados Unidos han
sido demostradas por el Tratado de Libre
Comercio de América
del Norte (TLCAN),
convenio integracionista en el cual se inspira el instrumento de
marras.
Las razones estrictamente militares no son
extrañas a la propuesta washingtoniana del ALCA y, por el
contrario, comportan su complemento (si no su basamento).
Claudio Katz las expone de modo convincente: "Desde hace
varios años una escalada de rebeliones populares conmueve
a muchos países de América Latina. Estos
movimientos acentúan la erosión de
distintos sistemas
políticos, que han perdido legitimidad por su incapacidad
para satisfacer los reclamos populares.
¿Qué es la Alternativa Bolivariana para
América Latina y El Caribe?
La Alternativa Bolivariana para América Latina y
El Caribe (ALBA) es una propuesta de integración
diferente. Mientras el ALCA responde a los intereses del capital
trasnacional y persigue la liberalización absoluta del
comercio de
bienes y
servicios e
inversiones, el ALBA pone el énfasis en la lucha contra
la pobreza y
la exclusión
social y, por lo tanto, expresa los intereses de los pueblos
latinoamericanos.
El ALBA se fundamenta en la creación de mecanismos para
crear ventajas cooperativas
entre las naciones que permitan compensar las asimetrías
existentes entre los países del hemisferio. Se basa en la
cooperación de fondos compensatorios para corregir las
disparidades que colocan en desventaja a los países
débiles frente a las primeras potencias. Por esta
razón la propuesta del ALBA le otorga prioridad a la
integración latinoamericana y a la negociación en bloques sub-regionales,
abriendo nuevo espacios de consulta para profundizar el
conocimiento de nuestras posiciones e identificar espacios de
interés común que permitan constituir alianzas
estratégicas y presentar posiciones comunes en el proceso de
negociación.
El desafío es impedir la dispersión en las
negociaciones, evitando que las naciones hermanas se desgajen y
sean absorbidas por la vorágine con que viene
presionándose en función de
un rápido acuerdo por el ALCA.
El ALBA es una propuesta para construir consensos para repensar
los acuerdos de integración en función de alcanzar
un desarrollo
endógeno nacional y regional que erradique la pobreza, corrija
las desigualdades sociales y asegure una creciente calidad de
vida para los pueblos. La propuesta del ALBA se suma al
despertar de la conciencia que se
expresa en la emergencia de un nuevo liderazgo
político, económico, social y militar en
América Latina y El Caribe.
Hoy más que nunca, hay que relanzar la unidad
latinoamericana y caribeña. El ALBA, como propuesta
bolivariana y venezolana, se suma a la lucha de los movimientos,
de las organizaciones y
campañas nacionales que se multiplican y articulan a lo
largo y ancho de todo el continente contra el ALCA. Es, en
definitiva, una manifestación de la decisión
histórica de las fuerzas progresistas de Venezuela para
demostrar que Otra América es Posible.
¿Cómo queda el desarrollo
endógeno en el ALBA?
La noción neoliberal de acceso a los mercados se
limita a poner medidas para reducir el arancel y eliminar las
trabas al comercio y a la inversión. Es libre comercio
entendido en estos términos solo beneficia a los
países de mayor grado de industrialización y
desarrollo.
De hecho, abundan los estudios científicos en los
que se demuestra de manera irrefutable que la aplicación
de las pautas actuales de la
globalización y sus expresiones hemisféricas o
regionales ha dado al traste con las aspiraciones de un verdadero
desarrollo endógeno en cualquiera de los países del
continente.
Los grandes acuerdos de integración deberían quedar
por el contrario supeditados a los objetivos del
desarrollo endógeno. La escasa diversificación de
la oferta
regional hoy existente sentencia desde ya que el ALCA no
podrá ser la oportunidad para alcanzar un tipo de
desarrollo en que se armonice el crecimiento
económico con una creciente calidad de vida y
grado de bienestar para nuestros pueblos.
Podrán crecer las inversiones y las exportaciones, pero si
estas se basan en la industria
maquiladora y la explotación masiva de la fuerza de
trabajo, sin
lugar a dudas que no podrá generar el efecto multiplicador
sobre los encadenamientos sectoriales, no habrá un efecto
multiplicador en los sectores agrícolas e industrial, ni
mucho menos se podrán generar los empleos de calidad que
se necesitan para derrotar la pobreza y la exclusión
social.
En consecuencia, urge una propuesta alternativa basada en la
solidaridad. Se
trata de ayudar a los países más débiles a
superar las desventajas que los separan de los países
más poderosos del hemisferio. Y esto no solo depende de
los cambios en las condiciones de competencias
imperantes, sino también de la solidaridad entre los
pueblos y sus gobiernos del continente a la hora de corregir
estas asimetrías. Solo así un área de libre
comercio podrá ser una oportunidad para todos (una alianza
ganar-ganar).
La agricultura en
el ALBA: mucho más que un sector productor de
mercancías
La exigencia de reducción de las políticas
proteccionistas y de los masivos subsidios que otorgan los
principales países industrializados no puede convertirse
en una exigencia generalizada de liberalización de
comercio de productos
agrícolas. Para muchos países de América
Latina y El Caribe la actividad agrícola fundamental para
la supervivencia de la propia nación.
Las condiciones de vida de millones de campesinos e
indígenas se verían muy afectados si ocurre una
inundación de bienes
agrícolas importados, aún en los casos en los
que no exista el subsidio.
Hay que dejar en claro que la producción agrícola es mucho
más que la producción de una mercancía. Es,
más bien, un modo de vida. Es el fundamento básico
para la preservación de opciones culturales, es una forma
de ocupación del territorio, define modalidades de
relación con la naturaleza,
tiene que ver directamente con los temas críticos de la
seguridad y la
soberanía alimentaria. Por lo tanto, no puede ser tratado
como cualquier otra actividad económica o cualquier
producto.
El Articulo 305 de la Constitución dé la República
Bolivariana de Venezuela indica: "El estado
promoverá la agricultura sustentable como base
estratégica del desarrollo rural integral, y en
consecuencia garantiza la seguridad alimentaría de la
población; entendida como la disponibilidad
suficiente y estable de alimentos en el
ámbito nacional el acceso oportuno y permanente a estos
por parte de los consumidores.
La seguridad alimentaria deberá alcanzarse desarrollando y
privilegiando la producción agropecuaria interna,
entendiéndose como tal la proveniente de las actividades
agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola. LA
producción de alimentos es de interés nacional y
fundamental al desarrollo
económico y social de la Nación.
A tales fines el Estado dictara
las medidas de orden financiero, comercial, transferencia
tecnológica, tenencia de la tierra
infraestructura, capacitación de mano de obra y otras que
fueran necesarias para alcanzar niveles estratégicos de
autoabastecimiento.
Además, promoverá las acciones en el
marco de la economía nacional e internacional para
compensar las desventajas propias de la actividad
agrícola".
Parte importante de la pobreza y la marginalidad de
nuestros pueblos se concentra en la población que habita
las zonas rurales que subsiste con base en la actividad
agrícola o actividades alrededor de la agricultura.
Esa población es finalmente la más castigada con el
des-balance de partida para la negociación de la
agricultura y lo seria más si se excluyen de la
negociación los aspectos que más la perjudican.
La seguridad alimentaria de la que gozan los países
desarrollados del hemisferio, que hoy se nos niega a los
países en desarrollo al querer limitar el margen de
acción
para nuestras políticas, es fruto de medio siglo de
políticas de apoyo sistemático a la agricultura con
la cual consiguen distorsión en los precios en los
mercados mundiales.
Si aún hoy cesaran tales apoyos, el campo de
juego
aún permanecería desnivelado: La infraestructura y
el aparato productivo y tecnológico establecido y operado
en buena parte gracias a los desembolsos de esas políticas
todavía nos dejan en desventaja.
Por todas estas razones, la situación sobre las
negociaciones sobre la agricultura para el ALCA constituye un
objeto más de preocupación de gran trascendencia
para Venezuela.
Para el inicio de las negociaciones en 1998, la
declaración ministerial de San José
estableció claramente entre los objetivos de las
negociaciones para este sector importante de la producción
el de "eliminar los subsidios a las exportaciones
agrícolas que afectan el comercio en el hemisferio", y el
de "identificar otras prácticas que distorsionen el
comercio de productos agrícolas, incluidas aquellas que
tengan un efecto equivalente al de los subsidios a las
exportaciones agrícolas y someterlas a una mayor disciplina"
También se acordó por consenso en la misma
oportunidad que "Las negociaciones se iniciarían
simultáneamente en todas las áreas
temáticas. El inicio, la conducción y el resultado
de las negociaciones del ALCA se deberán tratar como
partes de un compromiso único (single undertaking) que
incluya los derechos y obligaciones
mutuamente acordados"
Sin embargo desde el inicio de la negociación de los
textos para el proyecto de
tratado, los EE. UU. Manifestaron su reticencia a negociar en el
marco del ALCA los subsidios a las exportaciones de productos
agrícolas y las ayudas internas que distorsionan el
comercio y la producción de productos agrícolas,
con inclusión de las medidas con efectos equivalentes a
los subsidios a las exportaciones.
Se expresa allí la doble moral de las
grandes potencias que exigen a los países en vías
de desarrollo renunciar al uso de las políticas
públicas para promover el desarrollo de sus aparatos
productivos mientras que por otro lado aplican ruinosos subsidios
a favor de sus aparatos productivos.
La insistencia en tal posición, a todas luces
contraría los principios y objetivos pautados para
emprender la conformación del ALCA, principios y objetivos
que compartimos y nos alentaron a participar en la
negociación.
Este tema fue motivo de un gran debate en la última
Reunión Ministerial celebrada en Quito, en cuya
declaración finalmente todos los países
reconocieron "la importancia de la agricultura para las
economías de la región, cuyo tratamiento integral y
no discriminatorio en las negociaciones del ALCA
contribuirá a generar empleo a
reducir la pobreza y favorecer la estabilidad social", por lo
cual reafirmaron "el compromiso hemisférico con la
eliminación de los subsidios a las exportaciones que
afectan el comercio de productos agrícolas en el
Hemisferio y el desarrollo de disciplina para ser adoptadas para
el tratamiento de todas las otras prácticas que
distorsionan el comercio de productos agrícolas,
incluyendo aquellas que tienen efectos equivalentes a los
subsidios a las exportaciones agrícolas", señalando
en particular "que nuestra respectiva evaluación, por país o grupo de
países, de los resultados de las negociaciones de acceso a
mercados en agricultura en el ALCA dependerán del progreso
que consigamos alcanzar en los otros temas que son parte de la
agenda agrícola."
Este planteamiento fue ratificado de manera práctica por
este Comité de Negociaciones Comerciales en su
reunión de Puebla cuando instruyo al Grupo de
Negociación sobre Agricultura "intensificar los debates
sobre todos los temas de su agenda, en particular los referidos a
los subsidios a las exportaciones y a todas las otras
prácticas que distorsionan el comercio de productos
agrícolas, incluyendo aquellas que tiene efectos
equivalente a los subsidios a las exportaciones agrícolas,
sin excepción alguna y sin prejuzgar los resultados, al
tenor de los mandatos de las declaraciones de Buenos Aires y
Quito"
Del desarrollo de las reuniones efectuadas desde noviembre del
año pasado, puede deducirse claramente la insistencia de
la negativa de los Estados Unidos a comprometerse con la no
reintroducción de los subsidiasen las exportaciones
agrícolas, a trabajar en la regulación de las
condiciones de los créditos, garantías de
créditos y programas de
seguro a las
exportaciones agrícolas y a trabajar para la
disminución y disciplinamiento de las ayudas internas a la
agricultura.
Entre tanto, para la negociación sobre la
eliminación de los aranceles
agrícolas se han establecido plazos perentorios que han
obligado a muchos países a realizar un esfuerzo importante
para cumplirlos.
Lamentablemente los países que han cumplido con
puntualidad estas entregas de oferta para demostrar su voluntad
de negociar la agricultura hoy se sienten burlados ante la
negativa de los Estados Unidos de eliminar los subsidios que
otorgan a su agricultura en el marco del ALCA.
La situación indicada muestra un gran
des-balance de gran magnitud en la negociación y una
perspectiva de desequilibrio para su final, de persistir el
estancamiento en los centrales aspectos señalados. No es
aceptable un des-balance de tal naturaleza.
No es aceptable que la agricultura se circunscriba
exclusivamente a la eliminación de los aranceles por parte
de los países en vías de desarrollo mientras las
principales potencias se niegan a eliminar los subsidios y ayudas
internas.
Como se sabe, los EEUU destinan centenares de miles de millones
de dólares anualmente para sostener sus exportaciones y la
producción de su agricultura, ocasionando fuerte
distorsiones en el precio de los
productos agrícolas en los mercados mundiales. Aunque se
eliminen las barreras arancelarias para las exportaciones
latinoamericanas, es imposible competir con esos precios
subsidiados. De esa forma se impide o dificulta el acceso
efectivo de los países latinoamericanos a los mercados del
hemisferio.
Los productos subsidiados compiten deslealmente en
nuestros propios mercados internos y la ventaja que ya tienen se
hace mucho mayor al eliminar nuestros aranceles. Es así
como se nos quitan mercados en terceros países para los
productos agrícolas que pudiéramos de otra forma
exportar.
Nuestros países carecen de la magnitud de los recursos
financieros que disponen los países desarrollados para
apoyar la agricultura; lo que tenemos son instrumentos de
política para apalear los efectos perversos de las
distorsiones de los precios internacionales, instrumentos que se
nos solicita eliminar con las negociaciones de acceso a los
mercados.
Solamente el enorme contraste en el tamaño de las
economías que integran el continente, nos sitúa en
desventaja. Mientras el tamaño de nuestros mercados
significa muy poco para la expansión de la agricultura de
los países desarrollados, solo una pequeña
fracción de aumento o desvió de las exportaciones
hacia nuestros países significa una conmoción de
precios y el derrumbe de la posibilidad de sustento para una
parte importante de nuestra población.
Si los países desarrollados no quieren eliminar los
subsidios y las medidas de efectos equivalente y no quieren
disminuir sustancialmente y disciplinar las ayudas por temor a la
perdida de sus mercados en el mundo, fuera del continente y
proponen hacerlo solo luego de negociarlo en el ámbito
multilateral, no se nos puede pedir que nosotros les demos ahora
en el hemisferio mayor acceso a nuestros mercados.
Para ser equitativos no queda otro camino que
también negociar el acceso a los mercados para los
productos agrícolas en el mismo foro multilateral, y solo luego de
que conozcamos plenamente los verdaderos alcances de lo que las
potencias agrícolas del Orbe hayan acordado sobre la
eliminación de sus subsidios y las medidas de efecto
equivalente y sobre la disminución y disciplinamiento de
sus ayudas internas, podremos con responsabilidad determinar hasta que punto
podremos otorgar mayor acceso a nuestros mercados.
Derechos de propiedad
intelectual o derechos de los pueblos a medicamentos y
alimentos de buena calidad?
La propiedad
intelectual es otro de los asuntos en los cuales se expresa
más nítidamente la oposición de intereses
entre las grandes corporaciones internacionales y los
países pobres del Sur, especialmente las poblaciones
campesinas y aborígenes.
Apelando a lo que fueron denominados "asuntos relacionados con el
comercio", se estableció un amplio régimen de
protección de la propiedad intelectual en condiciones muy
desventajosas para los países el Sur.
A pesar de la resistencia
inicial, los países del Norte lograron imponer un
régimen obligatorio y global de protección de la
propiedad intelectual de acuerdo a sus exigencias, a partir de
propuestas formuladas por las transnacionales
farmacéuticas.
En las relaciones asimétricas hoy existentes entre los
países industrializados del Norte y el Sur, las ventajas
del Norte residen precisamente en las áreas
científico-tecnológicas. El régimen
internacional de definición y protección de la
propiedad intelectual esta orientado a acentuar este des-balance.
Protege aquello en lo cual los países más fuertes
tienen ventajas, mientras que, básicamente, deja sin
protección aquello en lo cual los países y pueblos
del Sur tienen una indudable ventaja: en la diversidad genética
de sus territorios y en el conocimiento
tradicional de los pueblos campesinos y aborígenes.
Antes de estas negociaciones más de 50 países no
tenían regimenes legales de protección de patentes
sobre productos farmacéuticos, con lo cual sus mercados
internos podían ser surtidos por medicamentos
genéricos a precios muy inferiores a los ofrecidos por las
empresas
dueñas de las patentes.
La comparación de los precios de los medicamentos en la
India con
países en los cuales existe la protección de
patentes farmacéuticas, indica que en éstos los
precios son hasta 41 veces más altos. La industria
farmacéutica de la India es una industria floreciente de
más de 20 mil empresas, produce medicamentos de alta
calidad accesibles a millones de personas de bajos niveles de
ingresos y
desempeña además un papel importante en la
generación de empleo.
Esto ha comenzado a cambiar en La india y en el resto del mundo
en forma acelerada y radical. Los acuerdo sobre propiedad
intelectual de la
Organización Mundial de Comercio obligan a todos los
países después de un período de gracia para
los países "menos desarrollados" a establecer
regímenes de patentes que garanticen la protección
estricta de la propiedad intelectual.
Así pues, los días de los medicamentos
genéricos están contados. Como consecuencia de los
derechos monopólicos otorgados por tales acuerdos, las
compañías farmacéuticas pueden eliminar la
competencia y
cobrar precios más allá de la posibilidad de pago
de millones de personas.
A partir de diversos estudios se ha calculado que
ocurrirían no solo aumentos significativos de precios como
consecuencia de la introducción de patentes, sino igualmente
una notoria reducción del consumo:
amplios sectores de la población quedarían
excluidos del acceso a medicamentos comerciales.
El caso de Egipto es
ilustrativo: la introducción de patentes en los
medicamentos condujo a aumentos de precios de cinco a seis veces,
comparado con los medicamentos sin patentes. Se tenderá
igualmente a la quiebra de
medianas y pequeñas empresas farmacéuticas y al
incremento de los niveles de monopolización de la
actividad por las grande trasnacionales.
En la actualidad 80 % de las patentes sobre alimentos modificados
genéricamente están en manos de 13 trasnacionales,
y las 5 compañías agroquímicas más
grandes controlan casi todo el mercado global
de semillas.
Como consecuencia del establecimiento de patentes sobre diversas
formas de vida, y la apropiación/expropiación del
conocimiento campesino/comunitario por parte de las grandes
transnacionales de semillas y agroquímicos, están
cambiando aceleradamente los patrones de producción
campesinos en escala global.
Los campesinos se hacen cada vez menos autónomos, cada vez
más dependientes de la compra de costosos insumos de las
transnacionales.
La "libertad de
comercio" impuestas crecientemente por los intereses de estas
transnacionales a los campesinos de todo el mundo, esta
conduciendo hacia una reducción de la variedad
genética de muchos de los principales cultivos
alimenticios.
Esta reducción de la diversidad genética, asociada
a una visión ingenieril de la agricultura, basada en un
control extremo
de tipo fabril sobre cada fase del proceso productivo -con
semillas manipuladas genéticamente y el uso intensivo de
agroquímicos- reduce drásticamente la capacidad
auto-adaptativa y regenerativa de los sistemas
ecológicos.
Producto de este régimen legal global de
biopiratería es la inmensa gama de patentes -basados en la
expropiación no reconocida de los conocimientos y/o
recursos de otros que han sido otorgados. Muchas de estas
patentes han sido particularmente escandalosas como la de
ingredientes activos del
árbol de neem que han sido ampliamente utilizados para muy
diversas aplicaciones en la India durante centenares de
años.
Como ha podido constatarse en el espectro de asuntos
críticos para el presente y futuro de la humanidad que
están siendo afectados por los acuerdos de derecho a la
propiedad intelectual, se trata de uno de los ejes más
dinámicos de concentración del poder y
acentuación de las desigualdades que caracteriza las
actuales tendencias hegemónicas de la globalización.
¿Cómo
enfrentar la liberalización, desregulación y
privatización de los
servicios?
En el ALCA se propone un conjunto de normas
multilaterales que, aparentemente, ordenaran el comercio
internacional de servicios. Pero lo que realmente se pretende
es la liberalización, desregulación y
privatización progresiva de los servicios esenciales para
la sociedad y que
suponen una obligación de los estados y gobiernos con sus
ciudadanos.
Este proceso de liberalización abarcaría toda la
amplia gama de servicios que podamos imaginar en materia de
salud, educación, seguridad
social, agua potable,
transporte,
correo, servicios municipales, medio
ambiente, cultura,
recursos
naturales, etc. De esta forma se restringiría de una
vez y para siempre la intervención del Estado a
través de medidas gubernamentales que regulen el comercio
de servicios: desde los limites a la legislación
laboral y la protección del consumidor,
incluyendo regulaciones, directrices, subvenciones,
calificaciones y pautas para otorgar permisos; hasta los límites
gubernamentales sobre el acceso a los mercados, las necesidades
económicas o medidas sobre el contenido cultural.
Una vez mas se manifiesta aquí la tesis del
libre mercado las cuales postulan que una mayor apertura de los
mercados potenciaría las posibilidades de los
países en desarrollo para mejorar la cantidad y calidad de
los servicios que demandan sus ciudadanos.
La historia reciente
de Venezuela y América Latina es la de una violenta ola de
privatizaciones de servicios tales como el
transporte aeronáutico, las telecomunicaciones o la electricidad.
Las consecuencias de esta entrega de servicios al
mercado están a la vista de todos: prácticas
monopólicas u oligopólicas y la consiguiente alza
en los precios y disminución de su calidad;
destrucción de millares de empleos; y, desmantelamiento y
dilapidación de los recursos públicos en procesos de
privatizaciones amañados.
En el ALCA se pretende extremar estos procesos de
liberalización y privatización al incluir
también los servicios esenciales que suponen una
obligación del Estado con sus ciudadanos.
Estos servicios pasarían a ser suministrados por
empresas privadas y transformarían a todos los ciudadanos
en simples consumidores que, al no disponer de los recursos para
pagar por estos servicios, quedarían excluidos de su
consumo y disfrute.
Los principales beneficiarios de liberalizar los servicios en el
ALCA serían las grandes multinacionales que
convertirían los servicios
públicos de todo el mundo en mercados privados. Y los
perjudicados serían los de siempre: los sectores
más empobrecidos y de máxima exclusión
social. Las grandes empresas de fines lucrativos
accederían a los recursos públicos y
lograrían desmantelar las regulaciones existentes. Para
los países en vías de desarrollo esto se
traduciría en el desmantelamiento total y absoluto de los
servicios públicos.
La severa crítica
a la mala calidad de los servicios públicos ha conseguido
eco enana parte importante de la sociedad. Engañada, esta
acepta que los servicios en manos del Estado mejorarían si
se entregaran al mercado. Nadie niega la necesidad de mejorar la
eficacia de
los servicios públicos, pero la panacea no es su
liberalización y privatización.
La solución esta en derrotar a los evasores de
impuestos que
se apropian de los recursos financieros necesarios para mejorar
su calidad y, por su puesto, mejorar su gestión
para asegurar el acceso masivo en condiciones de igualdad. Lo
que resulta inadmisible es que se manipule su situación de
deterioro para justificar procesos de privatización que le
facilita a las trasnacionales la apropiación de servicios
públicos esenciales.
Estas nefastas consecuencias se esconden en una práctica
según la cual la liberalización de los servicios
desencadenaría una mayor competitividad
que contribuiría a mejorar la eficacia en la
prestación de los servicios; un mayor grado de desarrollo
de los mismos y finalmente un ahorro a favor
de los consumidores.
Pero después de más de una década
de apertura, liberalización y privatizaciones, esta claro
que el objetivo es la
generación de más beneficios para las grandes
corporaciones trasnacionales que se han ido apropiando de estos
servicios en una escala global a costa de excluir de servicios
públicos a millares de personas en todo el mundo que no
puede pagar lo que se exige para tener accesos a los mismos.
El Gobierno Bolivariano de Venezuela se opone a estos procesos de
liberalización, desregulación y
privatización que limiten la capacidad del estado y del
gobierno para diseñar y ejecutar políticas en
defensa del derecho de nuestros pueblos a tener acceso a
servicios esenciales de buena calidad y buenos precios.
Con el argumento de que los subsidios distorsionan los precios
del mercado y que deben ser los mecanismos del mercado –es
decir las leyes de la
oferta y la demanda– los
que fijen el nivel de los precios, la propuesta del ALCA plantea
la liberalización y privatización de los servicios
públicos.
Cualquiera de los tres casos supondría la
eliminación de millones de personas del disfrute de
servicios públicos esenciales para la sobre vivencia
humana.
Para el Gobierno Bolivariano de Venezuela, los servicios
públicos son para satisfacer las necesidades de las
personas, no para el comercio y el beneficio económico.
Por lo tanto, su prestación no puede estar gobernada por
criterios de rentabilidad
sino de interés social.
De hecho, representan uno de los derechos sociales más
significativos alcanzado por los pueblos a lo largo de la
historia y son indispensables para corregir las desigualdades
sociales. En consecuencia, la provisión de los servicios
públicos debe regirse por las necesidades sociales del
individuo y no
por su capacidad de pago.
La liberalización de los servicios en el ALCA
traería consecuencias catastróficas si se exige la
aplicación del "Trato Nacional". Esto quiere decir que se
deben dar a las trasnacionales las mismas preferencias que se
otorgan a las pequeñas empresas y cooperativas nacionales.
No se podrá dictar ninguna medida que de preferencias a la
producción local o que discriminen a empresas extranjeras.
Otro aspecto al que se le debe prestar mucha atención es al de "Acceso a mercados" ya
que aquí se obliga a los países a no poner
ningún tipo de barrera al ingreso al mercado nacional de
cualquier proveedor de servicios del extranjero en los sectores
que ha liberalizado. Así pues, los gobiernos no
podrán instrumentar medidas que condicionen el comercio de
servicios. Las transnacionales quieren llevarnos a jugar en su
propia cancha para que, en lugar de reclamar soberanía y
justicia en la
prestación de los servicios esenciales para la
población, no sumemos a facilitar "acceso a mercados" como
si fuera el clamor de nuestra gente.
Fondos
compensatorios para la corrección de asimetrías en
el ALBA
Para la construcción del ALBA Venezuela propone la
creación de los Fondos Compensatorios o de Convergencia
Estructural con el objetivo de reducir de manera significativa
las asimetrías en los niveles de desarrollo entre las
naciones y entre sectores productivos, asignándole a dicho
mecanismo metas sociales y económicas precisas, plazos
bien establecidos y mecanismos de seguimiento.
Este mecanismo requiere una definición inicial que permita
medir las asimetrías existentes en la región.
Venezuela propone el inicio del debate partiendo de la base que
el identificar una definición concreta de "economía
mas pequeña" facilitara la concreción de una o
varias estrategias para
lograr superar los obstáculos generados con las
asimetrías existentes.
Es por ello que se ha identificado un grupo de variables
económicas y sociales que buscan distinguir de forma no
discrecional las economías que requieren ser asistidas
para lograr competir en condiciones favorables para los
países en el área de libre comercio.
De esta forma en la construcción del ALBA, las diferencias
en los niveles de desarrollo y el tamaño de las
economías participantes, además de plantearse por
las razones arriba expuestas como un asunto de la mayor
prioridad, deberían incluir:
· La generación de instrumentos a
través de los cuales se busque no solo que los
países "en desarrollo" puedan acceder al ALBA, sino que
además principalmente esos países pueden mejorar
sus conducciones productivas y competitivas, atenuándose
las disparidades que caracterizan su funcionamiento
económico interno y las grandes distancias que lo separan
de las grandes economías desarrolladas del hemisferio.
· Una definición clara respecto a las
economías que serán objeto de trato especial y
diferenciado. Hasta ahora la referencia a "los niveles de
desarrollo y el tamaño" se basa en el concepto de
"Economías más pequeñas", el cual remite a
la dimensión de los participantes, sin que estén
definidos los criterios que se utilizaran al respecto.
En el ALBA, dicha dimensión y el acceso o no al
trato especial y diferenciado estaría determinada por
variable como población, superficie, producción
global y dotación de recursos. Pero también
incluirá otros indicadores
referidos al grado de desarrollo y a limitaciones estructurales
de las economías: Composición de las exportaciones
y vulnerabilidad externa; nivel de desarrollo industrial; ingreso
per.-cápita promedio y variaciones respecto a ese
promedio; pobreza y pobreza extrema, etc.
· Una identificación de trato especial y
diferenciado no solo hacia la totalidad de cada una de las
economías, sino también hacia el interior de cada
una de ellas, de modo que dicho trato pueda dirigirse a las
regiones y sectores que más lo necesitan.
De esa manera los recursos que se canalizan para atender
a las disparidades se vincularían directamente con los
sectores intra-nacionales a los que irían dirigidos,
asegurando de esta forma mayores niveles de eficiencia y
transparencia, así como una reducción de las trabas
administrativas asociada al uso de dichos recursos proveniente de
los mencionaos mecanismos.
A diferencia del ALCA donde lo que esta previsto es una
mayor profundización de las diferencias que hoy existen,
la propuesta del ALBA incluye propuestas y mecanismos concretos
para superar las grandes disparidades entre los países y
el interior de muchos de ellos. La atención a este
problema ocupa un lugar predominante en la naturaleza de este
proyecto alternativo de integración latinoamericana y
caribeña.
PRINCIPIOS
RECTORES DEL ALBA
De la Integración
Neoliberal a la Alternativa Bolivariana para América
Latina y el Caribe
"Jamás hubo en América de la independencia
a acá, asunto que requiera más sensatez, ni obligue
a más vigilancia, ni pida examen más claro y
minucioso, que el convite que los Estados Unidos potentes,
repletos de productos invendibles, y determinados a extender sus
dominios en América, hacen a las naciones americanas de
menos poder…". José Martí
1. La integración neoliberal prioriza la
liberalización del comercio y las inversiones.
2. La Alternativa Bolivariana para América Latina (ALBA)
es una propuesta que centra su atención en la lucha contra
la pobreza y la exclusión social.
3. En la propuesta del ALBA se le otorga una importancia crucial
a los derechos humanos,
laborales y de la mujer, a la
defensa del ambiente y a
la integración física
4. En el ALBA, la lucha contra las políticas
proteccionistas y los ruinosos subsidios de los países
industrializados no puede negar el derecho de los países
pobres de proteger a sus campesinos y productores
agrícolas.
5. Para los países pobres donde la actividad
agrícola es fundamental, las condiciones de vida de
millones de campesinos e indígenas se verían
irreversiblemente afectados si ocurre una inundación de
bienes agrícolas importados, aún en los casos en
los cuales no exista subsidio.
6. La producción agrícola es mucho más que
la producción de una mercancía. Es la base para
preservar opciones culturales, es una forma de ocupación
del territorio, define modalidades de relación con la
naturaleza, tiene que ver directamente con la seguridad y
autosuficiencia alimentaria. En estos países la
agricultura es, más bien, un modo de vida y no puede ser
tratado como cualquier otra actividad económica.
7. ALBA tiene que atacar los obstáculos a la
integración desde su raíz, a saber:
a. La pobreza de la mayoría de la población;
b. Las profundas desigualdades y asimetrías entre
países
c. Intercambio desigual y condiciones inequitativas de las
relaciones internacionales
d. El peso de una deuda impagable
e. La imposición de las políticas de ajuste
estructural del FMI y el BM y de
las rígidas reglas de la OMC que socavan
las bases de apoyo social y político.
f. Los obstáculos para tener acceso a la información, el conocimiento y la tecnología que se
derivan de los actuales acuerdos de propiedad intelectual; y,
g. Prestar atención a los problemas que
afectan la consolidación de una verdadera democracia,
tales como la monopolización de los medios de
comunicación social
8. Enfrentar la llamada Reforma del Estado que solo llevó
a brutales procesos de desregulación, privatización
y desmontaje de las capacidades de gestión
pública.
9. Como respuesta a la brutal disolución que éste
sufrió durante más de una década de
hegemonía neoliberal, se impone ahora el fortalecimiento
del Estado con base en la participación del ciudadano en
los asuntos públicos,
10. Hay que cuestionar la apología al libre comercio per
se, como si sólo esto bastara para garantizar
automáticamente el avance hacia mayores niveles de
crecimiento y bienestar colectivo.
11. Sin una clara intervención del Estado dirigida a
reducir las disparidades entre países, la libre
competencia entre desiguales no puede conducir sino al
fortalecimiento de los más fuertes en perjuicio de los
más débiles.
12. Profundizar la integración latinoamericana requiere
una agenda económica definida por los Estados soberanos,
fuera de toda influencia nefasta de los organismos
internacionales.
El Mercado Común del Sur (Mercosur) es un
ambicioso proyecto de integración
económica, en el cual se encuentran comprometidos
Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay.
Tiene como principal objetivo, aumentar el grado de
eficiencia y competitividad de las economías involucradas
ampliando las actuales dimensiones de sus mercados y acelerando
su desarrollo económico mediante el aprovechamiento eficaz
de los recursos disponibles, la preservación del medio
ambiente, el mejoramiento de las comunicaciones, la coordinación de las políticas
macroeconómicas y la complementación de los
diferentes sectores de sus economías.
La conformación de un Mercado Común es una
respuesta adecuada a la consolidación de grandes espacios
económicos en el mundo y a la necesidad de lograr una
adecuada inserción internacional.
LOS INICIOS DEL
PROCESO DE INTEGRACION DEL MERCOSUR
En la década del 70 Uruguay profundizó su
relacionamiento comercial con Brasil a través de el
Protocolo de
Expansión Comercial (PEC) y con Argentina a través
del Convenio Argentino Uruguayo de Cooperación
Económica (CAUCE).
Entre los años 1984 y 1989 Argentina y Brasil
suscribieron veinticuatro protocolos
bilaterales, en los que se regulaban diversas
áreas.
Se puede decir que los antecedentes más
inmediatos, datan del año 1985 con la Declaración
de Foz de Iguazú, por la que se crea una Comisión
Mixta de Alto Nivel para la integración entre Argentina y
Brasil.
En 1990, Argentina y Brasil suscribieron y registraron
en ALADI un Acuerdo
de Complementación Económica, en el que
sistematizaron y profundizaron los acuerdos comerciales
bilaterales preexistentes. En ese mismo año,
representantes de ambos países se reunieron con
autoridades de Uruguay y Paraguay, ocasión en la cual
estos últimos expresaron la firme disposición de
sus países de incorporarse al proceso bilateral en curso.
Se convino entonces, que era necesario suscribir un acuerdo
creando un mercado común cuatripartito.
En 26 de marzo de 1991 se firma el Tratado de
Asunción entre los cuatro países, que no debe
considerarse como un tratado final constitutivo del Mercosur,
sino como el instrumento de carácter internacional destinado a hacer
posible su concreción.
Es un acuerdo con vocación regional, pues queda
abierto a la adhesión de los demás Estados miembros
de la ALADI. Es también, un acuerdo de integración
económica, estableciendose un programa de
liberación comercial, la coordinación de
políticas macroeconómicas y un arancel externo
común, así como otros instrumentos de la
regulación del comercio.
En virtud de lo dispuesto por el artículo
Décimo del Anexo I del Tratado de Asunción, los
cuatro países suscribieron el 29 de noviembre de 1990 un
Acuerdo de Complementación Económica en el marco
jurídico de la ALADI, que lleva el número 18 y que
en esa fecha entrará en vigor.
El objetivo básico del Mercado Común es el
de aumentar el grado de eficiencia y competitividad de las
economías involucradas ampliando las actuales dimensiones
de sus mercados y acelerando su desarrollo económico
mediante el aprovechamiento eficaz de los recursos disponibles.
La preservación del medio ambiente, el mejoramiento de las
comunicaciones, la coordinación de las políticas
macroeconómicas y la complementación de los
diferentes sectores de sus economías. Por otra parte, la
conformación de un mercado común es una respuesta
adecuada a la consolidación de grandes espacios
económicos en el mundo y la necesidad de lograr una
adecuada inserción internacional.
Principales instrumentos de
integración
En el tratado de Asunción se establecen los
principales instrumentos para la constitución del M.C.,
que tevieron vigencia durante el período de
transición:
- Un programa de liberación comercial: rebaja
arancelaria progresiva para llegar al 31 de diciembre de 1994
con arancel cero. - Un arancel externo común (A.E.C.): para
incentivar la competitividad de los Estados Partes y ampliar el
comercio con terceros países. - La adopción
de acuerdos sectoriales entre los países firmantes: con
el fin de optimizar la utilización y movilidad de los
factores productivos y alcanzar escalas operativas
eficientes. - Coordinación de políticas
macroeconómicas, que se realizará gradualmente y
en forma convergente. - Legislación laboral y
fiscal.
Hasta la constitución definitiva del Mercado
Común, los órganos responsables de la administración y ejecución del
Tratado de Asunción y los acuerdos específicos y
decisiones que se adopten en el marco jurídico de
éste serán el C.M.C. (Consejo del Mercado
Común) y el G.M.C. (Grupo del
Mercado Común).
El C.M.C. es el órgano superior del
mercado común, correspondiéndole la
conducción y toma de decisiones que aseguraron el
cumplimiento de los objetivos y plazos establecidos para la
constitución definitiva del MERCOSUR. Estará
integrado por los Ministros de Relaciones Exteriores y los
Ministros de Economía de los E.P..
EL G.M.C. es el órgano ejecutivo de las
decisiones adoptadas por el C.M.C.; está integrado por
cuatro miembros titulares y cuatro miembros alternos por
país, que representen a los siguientes organismos
públicos:
- Ministerio de Relaciones Exteriores.
- Ministerios de economía o sus equivalentes
(áreas de industrias,
Comercio
Exterior y/o Coordinación
Económica). - Banco Central.
- El G.M.C. puede constituir subgrupos de trabajo,
necesarios para el cumplimiento de sus objetivos; actualmente
cuenta con 11 subgrupos: - Política comercial.
- Asuntos aduaneros.
- Normas técnicas.
- Políticas fiscal y monetaria relacionadas con
el comercio. - Transporte terrestre.
- Transporte marítimo.
- Política industrial y
tecnológica. - Política agrícola.
- Política energética.
- Coordinación de políticas
macroeconómicas. - Asuntos laborales, empleo, seguridad
social.
A principios de diciembre de 1991, en Montevideo,
representantes de los Parlamentos de los 4 países crearon
la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR,
que tiene a su cargo estudiar los proyectos de
Acuerdos Específicos negociados por los Estados antes de
su envío a los respectivos congresos y realizar
recomendaciones a los Poderes Ejecutivos
PRINCIPALES
EXPORTACIONES
(ver anexo)
Las principales actividades exportadoras de la provincia
son esencialmente primarias o derivados de éstas por
transformación a través de agroindustrias asentadas
en el territorio.
El desarrollo logrado en los últimos años
ubica a la provincia de Entre Ríos entre los principales
exportadores después de Buenos Aires, Santa Fe, Chubut y
Córdoba.
Arroz: Entre Ríos ha aumentado su
participación alcanzando al 83% de las exportaciones
argentinas. Es, por lo tanto, la primera exportadora de este
producto. (ver anexo I – página 40).
Frutas y jugos cítricos: También
ocupa el 1er lugar entre las provincias exportadoras de frutas y
jugos cítricos, abarcando casi el 40% de las exportaciones
argentinas.
Maderas: las exportaciones de madera son las
que han alcanzado mayor crecimiento en un equivalente de 20 veces
en relación a 1987. De esta manera Entre Ríos se
coloca en primer lugar entre las provincias exportadoras de
madera.
Otros rubros: debemos destacar las exportaciones
de pelo de conejo de angora del cual Entre Ríos es el
principal exportador del país.
Otros rubros que merecen mención son los aceites
vegetales, leche en
polvo, miel, yeso, arenas especiales, pescado de río. (ver
anexo I – página 39).
Destino de las exportaciones
A partir de 1990 se registró una mayor
participación de países latinoamericanos como
Brasil, Uruguay, Chile y Perú y en menor medida México y
Bolivia,
conquistando así nuevos mercados para la producción
local.
De esta manera se ha contenido la dependencia en las
ventas entrerrianas al exterior de países como los Estados
Unidos y los integrantes de la C.E.E. que absorbían el
60%.
Trabajo realizado por TSU. Carlos Bianco
Mariara estado Carabobo
Carlos Bianco