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¿ALCA O ALBA?: El dilema latinoamericano




Enviado por carlosbianco45



    1. ALCA: la "otra" guerra de
      Washington
    2. ¿Qué es la
      Alternativa Bolivariana para América Latina y El
      Caribe?
    3. ¿Cómo queda el
      desarrollo endógeno en el ALBA?
    4. La agricultura en el ALBA: mucho
      más que un sector productor de
      mercancías
    5. ¿Cómo enfrentar
      la liberalización, desregulación y
      privatización de los servicios?
    6. Fondos compensatorios para la
      corrección de asimetrías en el
      ALBA
    7. Principios rectores del
      ALBA
    8. El MERCOSUR y su
      origen
    9. Los inicios del proceso de
      integración del MERCOSUR
    10. Objetivos del
      MERCOSUR
    11. Principales instrumentos
      de integración
    12. Estructura
      orgánica
    13. Entre Ríos en el
      MERCOSUR

    ALCA: la "otra" guerra de
    Washington

    El ALCA, promovido por Estados Unidos
    desde la Cumbre de Miami de 1994, constituye el más
    reciente capítulo de la doctrina panamericana preconizada
    por Washington desde los tiempos de James Monroe. En la
    pos-Guerra
    Fría, la necesidad estratégica estadounidense
    de consolidar su propio bloque geopolítico y
    económico (el "área americana") como soporte de su
    hegemonía mundial, explican el interés de
    la Casa Blanca por impulsar ese plan
    anexionista.

    El gobierno de
    George W. Bush le confirió al ALCA un impulso
    fundamental con la aprobación el 2002 del texto
    Autoridad para la Promoción Comercial (TPA o "vía
    rápida"), régimen temporal que le faculta a
    negociar acuerdos comerciales bilaterales sin el requisito del
    debate
    parlamentario.

    ¿Qué hay detrás de la urgencia de
    George W. Bush para que el ALCA entre a operar desde el
    cercano 2005, conforme acaba de ratificarse en Miami el pasado
    noviembre? Las tres razones siguientes: a) enjugar la
    recesión estadounidense, b) contener la influencia europea
    en la región y neutralizar al MERCOSUR y a la
    CAN, y c) camuflar en las negociaciones económicas el
    remozado intervencionismo militar norteamericano en nuestra
    subAmérica.

    Desglosemos estos factores.

    El auge de la economía
    estadounidense en el gobierno del presidente William
    Clinton
    -el más importante en la posguerra
    después del "boom" Kennedy-Johnson– colapsó
    a fines del 2000, envuelto en la debacle de la "nueva
    economía". Esta inflexión del ciclo
    económico estadounidense se expresó en la
    caída de las inversiones y
    en un espectacular descenso de las exportaciones,
    tendencia que se agudizó el 200l. En el segundo trimestre
    de este último año -poco antes del 11-S- las
    ventas
    externas de Estados Unidos cayeron el l2 por ciento, lo que
    determinó que la
    administración republicana se decidiera por un plan
    completo de recolonización de América
    Latina.

    El segundo motivo básico para la instrumentación del ALCA tiene que ver con
    el hecho de que Washington y las corporaciones de Estados Unidos
    no se encontraban felices con los acuerdos comerciales suscritos
    por los europeos en el marco de las cumbres iberoamericanas.
    Igualmente les venía incomodando una eventual
    consolidación del MERCOSUR, esquema de integración de proyección
    sudamericana y caribeña y que, especialmente bajo los
    liderazgos de Lula y Kirschner, ha venido
    reivindicando principios de
    soberanía política y de
    proteccionismo comercial y financiero.

    Para desalojar a los intrusos y para que el libre
    mercado opere
    conforme a las definiciones de Washington, nada mejor que
    presionar por el ALCA, cuyas bondades para Estados Unidos han
    sido demostradas por el Tratado de Libre
    Comercio de América
    del Norte (TLCAN),
    convenio integracionista en el cual se inspira el instrumento de
    marras.

    Las razones estrictamente militares no son
    extrañas a la propuesta washingtoniana del ALCA y, por el
    contrario, comportan su complemento (si no su basamento).
    Claudio Katz las expone de modo convincente: "Desde hace
    varios años una escalada de rebeliones populares conmueve
    a muchos países de América Latina. Estos
    movimientos acentúan la erosión de
    distintos sistemas
    políticos, que han perdido legitimidad por su incapacidad
    para satisfacer los reclamos populares.

    ¿Qué es la Alternativa Bolivariana para
    América Latina y El Caribe?

    La Alternativa Bolivariana para América Latina y
    El Caribe (ALBA) es una propuesta de integración
    diferente. Mientras el ALCA responde a los intereses del capital
    trasnacional y persigue la liberalización absoluta del
    comercio de
    bienes y
    servicios e
    inversiones, el ALBA pone el énfasis en la lucha contra
    la pobreza y
    la exclusión
    social y, por lo tanto, expresa los intereses de los pueblos
    latinoamericanos.
    El ALBA se fundamenta en la creación de mecanismos para
    crear ventajas cooperativas
    entre las naciones que permitan compensar las asimetrías
    existentes entre los países del hemisferio. Se basa en la
    cooperación de fondos compensatorios para corregir las
    disparidades que colocan en desventaja a los países
    débiles frente a las primeras potencias. Por esta
    razón la propuesta del ALBA le otorga prioridad a la
    integración latinoamericana y a la negociación en bloques sub-regionales,
    abriendo nuevo espacios de consulta para profundizar el
    conocimiento de nuestras posiciones e identificar espacios de
    interés común que permitan constituir alianzas
    estratégicas y presentar posiciones comunes en el proceso de
    negociación.

    El desafío es impedir la dispersión en las
    negociaciones, evitando que las naciones hermanas se desgajen y
    sean absorbidas por la vorágine con que viene
    presionándose en función de
    un rápido acuerdo por el ALCA.
    El ALBA es una propuesta para construir consensos para repensar
    los acuerdos de integración en función de alcanzar
    un desarrollo
    endógeno nacional y regional que erradique la pobreza, corrija
    las desigualdades sociales y asegure una creciente calidad de
    vida para los pueblos. La propuesta del ALBA se suma al
    despertar de la conciencia que se
    expresa en la emergencia de un nuevo liderazgo
    político, económico, social y militar en
    América Latina y El Caribe.

    Hoy más que nunca, hay que relanzar la unidad
    latinoamericana y caribeña. El ALBA, como propuesta
    bolivariana y venezolana, se suma a la lucha de los movimientos,
    de las organizaciones y
    campañas nacionales que se multiplican y articulan a lo
    largo y ancho de todo el continente contra el ALCA. Es, en
    definitiva, una manifestación de la decisión
    histórica de las fuerzas progresistas de Venezuela para
    demostrar que Otra América es Posible.

    ¿Cómo queda el desarrollo
    endógeno en el ALBA?

    La noción neoliberal de acceso a los mercados se
    limita a poner medidas para reducir el arancel y eliminar las
    trabas al comercio y a la inversión. Es libre comercio
    entendido en estos términos solo beneficia a los
    países de mayor grado de industrialización y
    desarrollo.

    De hecho, abundan los estudios científicos en los
    que se demuestra de manera irrefutable que la aplicación
    de las pautas actuales de la
    globalización y sus expresiones hemisféricas o
    regionales ha dado al traste con las aspiraciones de un verdadero
    desarrollo endógeno en cualquiera de los países del
    continente.
    Los grandes acuerdos de integración deberían quedar
    por el contrario supeditados a los objetivos del
    desarrollo endógeno. La escasa diversificación de
    la oferta
    regional hoy existente sentencia desde ya que el ALCA no
    podrá ser la oportunidad para alcanzar un tipo de
    desarrollo en que se armonice el crecimiento
    económico con una creciente calidad de vida y
    grado de bienestar para nuestros pueblos.
    Podrán crecer las inversiones y las exportaciones, pero si
    estas se basan en la industria
    maquiladora y la explotación masiva de la fuerza de
    trabajo, sin
    lugar a dudas que no podrá generar el efecto multiplicador
    sobre los encadenamientos sectoriales, no habrá un efecto
    multiplicador en los sectores agrícolas e industrial, ni
    mucho menos se podrán generar los empleos de calidad que
    se necesitan para derrotar la pobreza y la exclusión
    social.
    En consecuencia, urge una propuesta alternativa basada en la
    solidaridad. Se
    trata de ayudar a los países más débiles a
    superar las desventajas que los separan de los países
    más poderosos del hemisferio. Y esto no solo depende de
    los cambios en las condiciones de competencias
    imperantes, sino también de la solidaridad entre los
    pueblos y sus gobiernos del continente a la hora de corregir
    estas asimetrías. Solo así un área de libre
    comercio podrá ser una oportunidad para todos (una alianza
    ganar-ganar).

    La agricultura en
    el ALBA: mucho más que un sector productor de
    mercancías

    La exigencia de reducción de las políticas
    proteccionistas y de los masivos subsidios que otorgan los
    principales países industrializados no puede convertirse
    en una exigencia generalizada de liberalización de
    comercio de productos
    agrícolas. Para muchos países de América
    Latina y El Caribe la actividad agrícola fundamental para
    la supervivencia de la propia nación.
    Las condiciones de vida de millones de campesinos e
    indígenas se verían muy afectados si ocurre una
    inundación de bienes
    agrícolas importados, aún en los casos en los
    que no exista el subsidio.
    Hay que dejar en claro que la producción agrícola es mucho
    más que la producción de una mercancía. Es,
    más bien, un modo de vida. Es el fundamento básico
    para la preservación de opciones culturales, es una forma
    de ocupación del territorio, define modalidades de
    relación con la naturaleza,
    tiene que ver directamente con los temas críticos de la
    seguridad y la
    soberanía alimentaria. Por lo tanto, no puede ser tratado
    como cualquier otra actividad económica o cualquier
    producto.
    El Articulo 305 de la Constituciónla República
    Bolivariana de Venezuela indica: "El estado
    promoverá la agricultura sustentable como base
    estratégica del desarrollo rural integral, y en
    consecuencia garantiza la seguridad alimentaría de la
    población; entendida como la disponibilidad
    suficiente y estable de alimentos en el
    ámbito nacional el acceso oportuno y permanente a estos
    por parte de los consumidores.
    La seguridad alimentaria deberá alcanzarse desarrollando y
    privilegiando la producción agropecuaria interna,
    entendiéndose como tal la proveniente de las actividades
    agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola. LA
    producción de alimentos es de interés nacional y
    fundamental al desarrollo
    económico y social de la Nación.
    A tales fines el Estado dictara
    las medidas de orden financiero, comercial, transferencia
    tecnológica, tenencia de la tierra
    infraestructura, capacitación de mano de obra y otras que
    fueran necesarias para alcanzar niveles estratégicos de
    autoabastecimiento.
    Además, promoverá las acciones en el
    marco de la economía nacional e internacional para
    compensar las desventajas propias de la actividad
    agrícola".

    Parte importante de la pobreza y la marginalidad de
    nuestros pueblos se concentra en la población que habita
    las zonas rurales que subsiste con base en la actividad
    agrícola o actividades alrededor de la agricultura.
    Esa población es finalmente la más castigada con el
    des-balance de partida para la negociación de la
    agricultura y lo seria más si se excluyen de la
    negociación los aspectos que más la perjudican.
    La seguridad alimentaria de la que gozan los países
    desarrollados del hemisferio, que hoy se nos niega a los
    países en desarrollo al querer limitar el margen de
    acción
    para nuestras políticas, es fruto de medio siglo de
    políticas de apoyo sistemático a la agricultura con
    la cual consiguen distorsión en los precios en los
    mercados mundiales.

    Si aún hoy cesaran tales apoyos, el campo de
    juego
    aún permanecería desnivelado: La infraestructura y
    el aparato productivo y tecnológico establecido y operado
    en buena parte gracias a los desembolsos de esas políticas
    todavía nos dejan en desventaja.
    Por todas estas razones, la situación sobre las
    negociaciones sobre la agricultura para el ALCA constituye un
    objeto más de preocupación de gran trascendencia
    para Venezuela.
    Para el inicio de las negociaciones en 1998, la
    declaración ministerial de San José
    estableció claramente entre los objetivos de las
    negociaciones para este sector importante de la producción
    el de "eliminar los subsidios a las exportaciones
    agrícolas que afectan el comercio en el hemisferio", y el
    de "identificar otras prácticas que distorsionen el
    comercio de productos agrícolas, incluidas aquellas que
    tengan un efecto equivalente al de los subsidios a las
    exportaciones agrícolas y someterlas a una mayor disciplina"
    También se acordó por consenso en la misma
    oportunidad que "Las negociaciones se iniciarían
    simultáneamente en todas las áreas
    temáticas. El inicio, la conducción y el resultado
    de las negociaciones del ALCA se deberán tratar como
    partes de un compromiso único (single undertaking) que
    incluya los derechos y obligaciones
    mutuamente acordados"
    Sin embargo desde el inicio de la negociación de los
    textos para el proyecto de
    tratado, los EE. UU. Manifestaron su reticencia a negociar en el
    marco del ALCA los subsidios a las exportaciones de productos
    agrícolas y las ayudas internas que distorsionan el
    comercio y la producción de productos agrícolas,
    con inclusión de las medidas con efectos equivalentes a
    los subsidios a las exportaciones.
    Se expresa allí la doble moral de las
    grandes potencias que exigen a los países en vías
    de desarrollo renunciar al uso de las políticas
    públicas para promover el desarrollo de sus aparatos
    productivos mientras que por otro lado aplican ruinosos subsidios
    a favor de sus aparatos productivos.

    La insistencia en tal posición, a todas luces
    contraría los principios y objetivos pautados para
    emprender la conformación del ALCA, principios y objetivos
    que compartimos y nos alentaron a participar en la
    negociación.
    Este tema fue motivo de un gran debate en la última
    Reunión Ministerial celebrada en Quito, en cuya
    declaración finalmente todos los países
    reconocieron "la importancia de la agricultura para las
    economías de la región, cuyo tratamiento integral y
    no discriminatorio en las negociaciones del ALCA
    contribuirá a generar empleo a
    reducir la pobreza y favorecer la estabilidad social", por lo
    cual reafirmaron "el compromiso hemisférico con la
    eliminación de los subsidios a las exportaciones que
    afectan el comercio de productos agrícolas en el
    Hemisferio y el desarrollo de disciplina para ser adoptadas para
    el tratamiento de todas las otras prácticas que
    distorsionan el comercio de productos agrícolas,
    incluyendo aquellas que tienen efectos equivalentes a los
    subsidios a las exportaciones agrícolas", señalando
    en particular "que nuestra respectiva evaluación, por país o grupo de
    países, de los resultados de las negociaciones de acceso a
    mercados en agricultura en el ALCA dependerán del progreso
    que consigamos alcanzar en los otros temas que son parte de la
    agenda agrícola."
    Este planteamiento fue ratificado de manera práctica por
    este Comité de Negociaciones Comerciales en su
    reunión de Puebla cuando instruyo al Grupo de
    Negociación sobre Agricultura "intensificar los debates
    sobre todos los temas de su agenda, en particular los referidos a
    los subsidios a las exportaciones y a todas las otras
    prácticas que distorsionan el comercio de productos
    agrícolas, incluyendo aquellas que tiene efectos
    equivalente a los subsidios a las exportaciones agrícolas,
    sin excepción alguna y sin prejuzgar los resultados, al
    tenor de los mandatos de las declaraciones de Buenos Aires y
    Quito"
    Del desarrollo de las reuniones efectuadas desde noviembre del
    año pasado, puede deducirse claramente la insistencia de
    la negativa de los Estados Unidos a comprometerse con la no
    reintroducción de los subsidiasen las exportaciones
    agrícolas, a trabajar en la regulación de las
    condiciones de los créditos, garantías de
    créditos y programas de
    seguro a las
    exportaciones agrícolas y a trabajar para la
    disminución y disciplinamiento de las ayudas internas a la
    agricultura.
    Entre tanto, para la negociación sobre la
    eliminación de los aranceles
    agrícolas se han establecido plazos perentorios que han
    obligado a muchos países a realizar un esfuerzo importante
    para cumplirlos.

    Lamentablemente los países que han cumplido con
    puntualidad estas entregas de oferta para demostrar su voluntad
    de negociar la agricultura hoy se sienten burlados ante la
    negativa de los Estados Unidos de eliminar los subsidios que
    otorgan a su agricultura en el marco del ALCA.
    La situación indicada muestra un gran
    des-balance de gran magnitud en la negociación y una
    perspectiva de desequilibrio para su final, de persistir el
    estancamiento en los centrales aspectos señalados. No es
    aceptable un des-balance de tal naturaleza.

    No es aceptable que la agricultura se circunscriba
    exclusivamente a la eliminación de los aranceles por parte
    de los países en vías de desarrollo mientras las
    principales potencias se niegan a eliminar los subsidios y ayudas
    internas.
    Como se sabe, los EEUU destinan centenares de miles de millones
    de dólares anualmente para sostener sus exportaciones y la
    producción de su agricultura, ocasionando fuerte
    distorsiones en el precio de los
    productos agrícolas en los mercados mundiales. Aunque se
    eliminen las barreras arancelarias para las exportaciones
    latinoamericanas, es imposible competir con esos precios
    subsidiados. De esa forma se impide o dificulta el acceso
    efectivo de los países latinoamericanos a los mercados del
    hemisferio.

    Los productos subsidiados compiten deslealmente en
    nuestros propios mercados internos y la ventaja que ya tienen se
    hace mucho mayor al eliminar nuestros aranceles. Es así
    como se nos quitan mercados en terceros países para los
    productos agrícolas que pudiéramos de otra forma
    exportar.
    Nuestros países carecen de la magnitud de los recursos
    financieros que disponen los países desarrollados para
    apoyar la agricultura; lo que tenemos son instrumentos de
    política para apalear los efectos perversos de las
    distorsiones de los precios internacionales, instrumentos que se
    nos solicita eliminar con las negociaciones de acceso a los
    mercados.
    Solamente el enorme contraste en el tamaño de las
    economías que integran el continente, nos sitúa en
    desventaja. Mientras el tamaño de nuestros mercados
    significa muy poco para la expansión de la agricultura de
    los países desarrollados, solo una pequeña
    fracción de aumento o desvió de las exportaciones
    hacia nuestros países significa una conmoción de
    precios y el derrumbe de la posibilidad de sustento para una
    parte importante de nuestra población.
    Si los países desarrollados no quieren eliminar los
    subsidios y las medidas de efectos equivalente y no quieren
    disminuir sustancialmente y disciplinar las ayudas por temor a la
    perdida de sus mercados en el mundo, fuera del continente y
    proponen hacerlo solo luego de negociarlo en el ámbito
    multilateral, no se nos puede pedir que nosotros les demos ahora
    en el hemisferio mayor acceso a nuestros mercados.

    Para ser equitativos no queda otro camino que
    también negociar el acceso a los mercados para los
    productos agrícolas en el mismo foro multilateral, y solo luego de
    que conozcamos plenamente los verdaderos alcances de lo que las
    potencias agrícolas del Orbe hayan acordado sobre la
    eliminación de sus subsidios y las medidas de efecto
    equivalente y sobre la disminución y disciplinamiento de
    sus ayudas internas, podremos con responsabilidad determinar hasta que punto
    podremos otorgar mayor acceso a nuestros mercados.

    Derechos de propiedad
    intelectual o derechos de los pueblos a medicamentos y
    alimentos de buena calidad?

    La propiedad
    intelectual es otro de los asuntos en los cuales se expresa
    más nítidamente la oposición de intereses
    entre las grandes corporaciones internacionales y los
    países pobres del Sur, especialmente las poblaciones
    campesinas y aborígenes.
    Apelando a lo que fueron denominados "asuntos relacionados con el
    comercio", se estableció un amplio régimen de
    protección de la propiedad intelectual en condiciones muy
    desventajosas para los países el Sur.

    A pesar de la resistencia
    inicial, los países del Norte lograron imponer un
    régimen obligatorio y global de protección de la
    propiedad intelectual de acuerdo a sus exigencias, a partir de
    propuestas formuladas por las transnacionales
    farmacéuticas.
    En las relaciones asimétricas hoy existentes entre los
    países industrializados del Norte y el Sur, las ventajas
    del Norte residen precisamente en las áreas
    científico-tecnológicas. El régimen
    internacional de definición y protección de la
    propiedad intelectual esta orientado a acentuar este des-balance.
    Protege aquello en lo cual los países más fuertes
    tienen ventajas, mientras que, básicamente, deja sin
    protección aquello en lo cual los países y pueblos
    del Sur tienen una indudable ventaja: en la diversidad genética
    de sus territorios y en el conocimiento
    tradicional de los pueblos campesinos y aborígenes.
    Antes de estas negociaciones más de 50 países no
    tenían regimenes legales de protección de patentes
    sobre productos farmacéuticos, con lo cual sus mercados
    internos podían ser surtidos por medicamentos
    genéricos a precios muy inferiores a los ofrecidos por las
    empresas
    dueñas de las patentes.
    La comparación de los precios de los medicamentos en la
    India con
    países en los cuales existe la protección de
    patentes farmacéuticas, indica que en éstos los
    precios son hasta 41 veces más altos. La industria
    farmacéutica de la India es una industria floreciente de
    más de 20 mil empresas, produce medicamentos de alta
    calidad accesibles a millones de personas de bajos niveles de
    ingresos y
    desempeña además un papel importante en la
    generación de empleo.
    Esto ha comenzado a cambiar en La india y en el resto del mundo
    en forma acelerada y radical. Los acuerdo sobre propiedad
    intelectual de la
    Organización Mundial de Comercio obligan a todos los
    países después de un período de gracia para
    los países "menos desarrollados" a establecer
    regímenes de patentes que garanticen la protección
    estricta de la propiedad intelectual.
    Así pues, los días de los medicamentos
    genéricos están contados. Como consecuencia de los
    derechos monopólicos otorgados por tales acuerdos, las
    compañías farmacéuticas pueden eliminar la
    competencia y
    cobrar precios más allá de la posibilidad de pago
    de millones de personas.
    A partir de diversos estudios se ha calculado que
    ocurrirían no solo aumentos significativos de precios como
    consecuencia de la introducción de patentes, sino igualmente
    una notoria reducción del consumo:
    amplios sectores de la población quedarían
    excluidos del acceso a medicamentos comerciales.
    El caso de Egipto es
    ilustrativo: la introducción de patentes en los
    medicamentos condujo a aumentos de precios de cinco a seis veces,
    comparado con los medicamentos sin patentes. Se tenderá
    igualmente a la quiebra de
    medianas y pequeñas empresas farmacéuticas y al
    incremento de los niveles de monopolización de la
    actividad por las grande trasnacionales.
    En la actualidad 80 % de las patentes sobre alimentos modificados
    genéricamente están en manos de 13 trasnacionales,
    y las 5 compañías agroquímicas más
    grandes controlan casi todo el mercado global
    de semillas.
    Como consecuencia del establecimiento de patentes sobre diversas
    formas de vida, y la apropiación/expropiación del
    conocimiento campesino/comunitario por parte de las grandes
    transnacionales de semillas y agroquímicos, están
    cambiando aceleradamente los patrones de producción
    campesinos en escala global.
    Los campesinos se hacen cada vez menos autónomos, cada vez
    más dependientes de la compra de costosos insumos de las
    transnacionales.
    La "libertad de
    comercio" impuestas crecientemente por los intereses de estas
    transnacionales a los campesinos de todo el mundo, esta
    conduciendo hacia una reducción de la variedad
    genética de muchos de los principales cultivos
    alimenticios.
    Esta reducción de la diversidad genética, asociada
    a una visión ingenieril de la agricultura, basada en un
    control extremo
    de tipo fabril sobre cada fase del proceso productivo -con
    semillas manipuladas genéticamente y el uso intensivo de
    agroquímicos- reduce drásticamente la capacidad
    auto-adaptativa y regenerativa de los sistemas
    ecológicos.
    Producto de este régimen legal global de
    biopiratería es la inmensa gama de patentes -basados en la
    expropiación no reconocida de los conocimientos y/o
    recursos de otros que han sido otorgados. Muchas de estas
    patentes han sido particularmente escandalosas como la de
    ingredientes activos del
    árbol de neem que han sido ampliamente utilizados para muy
    diversas aplicaciones en la India durante centenares de
    años.
    Como ha podido constatarse en el espectro de asuntos
    críticos para el presente y futuro de la humanidad que
    están siendo afectados por los acuerdos de derecho a la
    propiedad intelectual, se trata de uno de los ejes más
    dinámicos de concentración del poder y
    acentuación de las desigualdades que caracteriza las
    actuales tendencias hegemónicas de la globalización.
    ¿Cómo
    enfrentar la liberalización, desregulación y
    privatización de los
    servicios?

    En el ALCA se propone un conjunto de normas
    multilaterales que, aparentemente, ordenaran el comercio
    internacional de servicios. Pero lo que realmente se pretende
    es la liberalización, desregulación y
    privatización progresiva de los servicios esenciales para
    la sociedad y que
    suponen una obligación de los estados y gobiernos con sus
    ciudadanos.
    Este proceso de liberalización abarcaría toda la
    amplia gama de servicios que podamos imaginar en materia de
    salud, educación, seguridad
    social, agua potable,
    transporte,
    correo, servicios municipales, medio
    ambiente, cultura,
    recursos
    naturales, etc. De esta forma se restringiría de una
    vez y para siempre la intervención del Estado a
    través de medidas gubernamentales que regulen el comercio
    de servicios: desde los limites a la legislación
    laboral y la protección del consumidor,
    incluyendo regulaciones, directrices, subvenciones,
    calificaciones y pautas para otorgar permisos; hasta los límites
    gubernamentales sobre el acceso a los mercados, las necesidades
    económicas o medidas sobre el contenido cultural.
    Una vez mas se manifiesta aquí la tesis del
    libre mercado las cuales postulan que una mayor apertura de los
    mercados potenciaría las posibilidades de los
    países en desarrollo para mejorar la cantidad y calidad de
    los servicios que demandan sus ciudadanos.
    La historia reciente
    de Venezuela y América Latina es la de una violenta ola de
    privatizaciones de servicios tales como el
    transporte aeronáutico, las telecomunicaciones o la electricidad.

    Las consecuencias de esta entrega de servicios al
    mercado están a la vista de todos: prácticas
    monopólicas u oligopólicas y la consiguiente alza
    en los precios y disminución de su calidad;
    destrucción de millares de empleos; y, desmantelamiento y
    dilapidación de los recursos públicos en procesos de
    privatizaciones amañados.
    En el ALCA se pretende extremar estos procesos de
    liberalización y privatización al incluir
    también los servicios esenciales que suponen una
    obligación del Estado con sus ciudadanos.

    Estos servicios pasarían a ser suministrados por
    empresas privadas y transformarían a todos los ciudadanos
    en simples consumidores que, al no disponer de los recursos para
    pagar por estos servicios, quedarían excluidos de su
    consumo y disfrute.
    Los principales beneficiarios de liberalizar los servicios en el
    ALCA serían las grandes multinacionales que
    convertirían los servicios
    públicos de todo el mundo en mercados privados. Y los
    perjudicados serían los de siempre: los sectores
    más empobrecidos y de máxima exclusión
    social. Las grandes empresas de fines lucrativos
    accederían a los recursos públicos y
    lograrían desmantelar las regulaciones existentes. Para
    los países en vías de desarrollo esto se
    traduciría en el desmantelamiento total y absoluto de los
    servicios públicos.
    La severa crítica
    a la mala calidad de los servicios públicos ha conseguido
    eco enana parte importante de la sociedad. Engañada, esta
    acepta que los servicios en manos del Estado mejorarían si
    se entregaran al mercado. Nadie niega la necesidad de mejorar la
    eficacia de
    los servicios públicos, pero la panacea no es su
    liberalización y privatización.

    La solución esta en derrotar a los evasores de
    impuestos que
    se apropian de los recursos financieros necesarios para mejorar
    su calidad y, por su puesto, mejorar su gestión
    para asegurar el acceso masivo en condiciones de igualdad. Lo
    que resulta inadmisible es que se manipule su situación de
    deterioro para justificar procesos de privatización que le
    facilita a las trasnacionales la apropiación de servicios
    públicos esenciales.
    Estas nefastas consecuencias se esconden en una práctica
    según la cual la liberalización de los servicios
    desencadenaría una mayor competitividad
    que contribuiría a mejorar la eficacia en la
    prestación de los servicios; un mayor grado de desarrollo
    de los mismos y finalmente un ahorro a favor
    de los consumidores.

    Pero después de más de una década
    de apertura, liberalización y privatizaciones, esta claro
    que el objetivo es la
    generación de más beneficios para las grandes
    corporaciones trasnacionales que se han ido apropiando de estos
    servicios en una escala global a costa de excluir de servicios
    públicos a millares de personas en todo el mundo que no
    puede pagar lo que se exige para tener accesos a los mismos.
    El Gobierno Bolivariano de Venezuela se opone a estos procesos de
    liberalización, desregulación y
    privatización que limiten la capacidad del estado y del
    gobierno para diseñar y ejecutar políticas en
    defensa del derecho de nuestros pueblos a tener acceso a
    servicios esenciales de buena calidad y buenos precios.
    Con el argumento de que los subsidios distorsionan los precios
    del mercado y que deben ser los mecanismos del mercado –es
    decir las leyes de la
    oferta y la demanda– los
    que fijen el nivel de los precios, la propuesta del ALCA plantea
    la liberalización y privatización de los servicios
    públicos.
    Cualquiera de los tres casos supondría la
    eliminación de millones de personas del disfrute de
    servicios públicos esenciales para la sobre vivencia
    humana.
    Para el Gobierno Bolivariano de Venezuela, los servicios
    públicos son para satisfacer las necesidades de las
    personas, no para el comercio y el beneficio económico.
    Por lo tanto, su prestación no puede estar gobernada por
    criterios de rentabilidad
    sino de interés social.
    De hecho, representan uno de los derechos sociales más
    significativos alcanzado por los pueblos a lo largo de la
    historia y son indispensables para corregir las desigualdades
    sociales. En consecuencia, la provisión de los servicios
    públicos debe regirse por las necesidades sociales del
    individuo y no
    por su capacidad de pago.
    La liberalización de los servicios en el ALCA
    traería consecuencias catastróficas si se exige la
    aplicación del "Trato Nacional". Esto quiere decir que se
    deben dar a las trasnacionales las mismas preferencias que se
    otorgan a las pequeñas empresas y cooperativas nacionales.
    No se podrá dictar ninguna medida que de preferencias a la
    producción local o que discriminen a empresas extranjeras.
    Otro aspecto al que se le debe prestar mucha atención es al de "Acceso a mercados" ya
    que aquí se obliga a los países a no poner
    ningún tipo de barrera al ingreso al mercado nacional de
    cualquier proveedor de servicios del extranjero en los sectores
    que ha liberalizado. Así pues, los gobiernos no
    podrán instrumentar medidas que condicionen el comercio de
    servicios. Las transnacionales quieren llevarnos a jugar en su
    propia cancha para que, en lugar de reclamar soberanía y
    justicia en la
    prestación de los servicios esenciales para la
    población, no sumemos a facilitar "acceso a mercados" como
    si fuera el clamor de nuestra gente.

    Fondos
    compensatorios para la corrección de asimetrías en
    el ALBA

    Para la construcción del ALBA Venezuela propone la
    creación de los Fondos Compensatorios o de Convergencia
    Estructural con el objetivo de reducir de manera significativa
    las asimetrías en los niveles de desarrollo entre las
    naciones y entre sectores productivos, asignándole a dicho
    mecanismo metas sociales y económicas precisas, plazos
    bien establecidos y mecanismos de seguimiento.
    Este mecanismo requiere una definición inicial que permita
    medir las asimetrías existentes en la región.
    Venezuela propone el inicio del debate partiendo de la base que
    el identificar una definición concreta de "economía
    mas pequeña" facilitara la concreción de una o
    varias estrategias para
    lograr superar los obstáculos generados con las
    asimetrías existentes.

    Es por ello que se ha identificado un grupo de variables
    económicas y sociales que buscan distinguir de forma no
    discrecional las economías que requieren ser asistidas
    para lograr competir en condiciones favorables para los
    países en el área de libre comercio.
    De esta forma en la construcción del ALBA, las diferencias
    en los niveles de desarrollo y el tamaño de las
    economías participantes, además de plantearse por
    las razones arriba expuestas como un asunto de la mayor
    prioridad, deberían incluir:

    · La generación de instrumentos a
    través de los cuales se busque no solo que los
    países "en desarrollo" puedan acceder al ALBA, sino que
    además principalmente esos países pueden mejorar
    sus conducciones productivas y competitivas, atenuándose
    las disparidades que caracterizan su funcionamiento
    económico interno y las grandes distancias que lo separan
    de las grandes economías desarrolladas del hemisferio.
    · Una definición clara respecto a las
    economías que serán objeto de trato especial y
    diferenciado. Hasta ahora la referencia a "los niveles de
    desarrollo y el tamaño" se basa en el concepto de
    "Economías más pequeñas", el cual remite a
    la dimensión de los participantes, sin que estén
    definidos los criterios que se utilizaran al respecto.

    En el ALBA, dicha dimensión y el acceso o no al
    trato especial y diferenciado estaría determinada por
    variable como población, superficie, producción
    global y dotación de recursos. Pero también
    incluirá otros indicadores
    referidos al grado de desarrollo y a limitaciones estructurales
    de las economías: Composición de las exportaciones
    y vulnerabilidad externa; nivel de desarrollo industrial; ingreso
    per.-cápita promedio y variaciones respecto a ese
    promedio; pobreza y pobreza extrema, etc.
    · Una identificación de trato especial y
    diferenciado no solo hacia la totalidad de cada una de las
    economías, sino también hacia el interior de cada
    una de ellas, de modo que dicho trato pueda dirigirse a las
    regiones y sectores que más lo necesitan.

    De esa manera los recursos que se canalizan para atender
    a las disparidades se vincularían directamente con los
    sectores intra-nacionales a los que irían dirigidos,
    asegurando de esta forma mayores niveles de eficiencia y
    transparencia, así como una reducción de las trabas
    administrativas asociada al uso de dichos recursos proveniente de
    los mencionaos mecanismos.

    A diferencia del ALCA donde lo que esta previsto es una
    mayor profundización de las diferencias que hoy existen,
    la propuesta del ALBA incluye propuestas y mecanismos concretos
    para superar las grandes disparidades entre los países y
    el interior de muchos de ellos. La atención a este
    problema ocupa un lugar predominante en la naturaleza de este
    proyecto alternativo de integración latinoamericana y
    caribeña.

    PRINCIPIOS
    RECTORES DEL ALBA

    De la Integración
    Neoliberal a la Alternativa Bolivariana para América
    Latina y el Caribe
    "Jamás hubo en América de la independencia
    a acá, asunto que requiera más sensatez, ni obligue
    a más vigilancia, ni pida examen más claro y
    minucioso, que el convite que los Estados Unidos potentes,
    repletos de productos invendibles, y determinados a extender sus
    dominios en América, hacen a las naciones americanas de
    menos poder…". José Martí
    1. La integración neoliberal prioriza la
    liberalización del comercio y las inversiones.
    2. La Alternativa Bolivariana para América Latina (ALBA)
    es una propuesta que centra su atención en la lucha contra
    la pobreza y la exclusión social.
    3. En la propuesta del ALBA se le otorga una importancia crucial
    a los derechos humanos,
    laborales y de la mujer, a la
    defensa del ambiente y a
    la integración física
    4. En el ALBA, la lucha contra las políticas
    proteccionistas y los ruinosos subsidios de los países
    industrializados no puede negar el derecho de los países
    pobres de proteger a sus campesinos y productores
    agrícolas.
    5. Para los países pobres donde la actividad
    agrícola es fundamental, las condiciones de vida de
    millones de campesinos e indígenas se verían
    irreversiblemente afectados si ocurre una inundación de
    bienes agrícolas importados, aún en los casos en
    los cuales no exista subsidio.
    6. La producción agrícola es mucho más que
    la producción de una mercancía. Es la base para
    preservar opciones culturales, es una forma de ocupación
    del territorio, define modalidades de relación con la
    naturaleza, tiene que ver directamente con la seguridad y
    autosuficiencia alimentaria. En estos países la
    agricultura es, más bien, un modo de vida y no puede ser
    tratado como cualquier otra actividad económica.
    7. ALBA tiene que atacar los obstáculos a la
    integración desde su raíz, a saber:
    a. La pobreza de la mayoría de la población;
    b. Las profundas desigualdades y asimetrías entre
    países
    c. Intercambio desigual y condiciones inequitativas de las
    relaciones internacionales
    d. El peso de una deuda impagable
    e. La imposición de las políticas de ajuste
    estructural del FMI y el BM y de
    las rígidas reglas de la OMC que socavan
    las bases de apoyo social y político.
    f. Los obstáculos para tener acceso a la información, el conocimiento y la tecnología que se
    derivan de los actuales acuerdos de propiedad intelectual; y,
    g. Prestar atención a los problemas que
    afectan la consolidación de una verdadera democracia,
    tales como la monopolización de los medios de
    comunicación social
    8. Enfrentar la llamada Reforma del Estado que solo llevó
    a brutales procesos de desregulación, privatización
    y desmontaje de las capacidades de gestión
    pública.
    9. Como respuesta a la brutal disolución que éste
    sufrió durante más de una década de
    hegemonía neoliberal, se impone ahora el fortalecimiento
    del Estado con base en la participación del ciudadano en
    los asuntos públicos,
    10. Hay que cuestionar la apología al libre comercio per
    se, como si sólo esto bastara para garantizar
    automáticamente el avance hacia mayores niveles de
    crecimiento y bienestar colectivo.
    11. Sin una clara intervención del Estado dirigida a
    reducir las disparidades entre países, la libre
    competencia entre desiguales no puede conducir sino al
    fortalecimiento de los más fuertes en perjuicio de los
    más débiles.
    12. Profundizar la integración latinoamericana requiere
    una agenda económica definida por los Estados soberanos,
    fuera de toda influencia nefasta de los organismos
    internacionales.

    EL MERCOSUR Y
    SU ORIGEN

    El Mercado Común del Sur (Mercosur) es un
    ambicioso proyecto de integración
    económica, en el cual se encuentran comprometidos
    Argentina, Brasil, Paraguay y
    Uruguay.

    Tiene como principal objetivo, aumentar el grado de
    eficiencia y competitividad de las economías involucradas
    ampliando las actuales dimensiones de sus mercados y acelerando
    su desarrollo económico mediante el aprovechamiento eficaz
    de los recursos disponibles, la preservación del medio
    ambiente, el mejoramiento de las comunicaciones, la coordinación de las políticas
    macroeconómicas y la complementación de los
    diferentes sectores de sus economías.

    La conformación de un Mercado Común es una
    respuesta adecuada a la consolidación de grandes espacios
    económicos en el mundo y a la necesidad de lograr una
    adecuada inserción internacional.

    LOS INICIOS DEL
    PROCESO DE INTEGRACION DEL MERCOSUR

    En la década del 70 Uruguay profundizó su
    relacionamiento comercial con Brasil a través de el
    Protocolo de
    Expansión Comercial (PEC) y con Argentina a través
    del Convenio Argentino Uruguayo de Cooperación
    Económica (CAUCE).

    Entre los años 1984 y 1989 Argentina y Brasil
    suscribieron veinticuatro protocolos
    bilaterales, en los que se regulaban diversas
    áreas.

    Se puede decir que los antecedentes más
    inmediatos, datan del año 1985 con la Declaración
    de Foz de Iguazú, por la que se crea una Comisión
    Mixta de Alto Nivel para la integración entre Argentina y
    Brasil.

    En 1990, Argentina y Brasil suscribieron y registraron
    en ALADI un Acuerdo
    de Complementación Económica, en el que
    sistematizaron y profundizaron los acuerdos comerciales
    bilaterales preexistentes. En ese mismo año,
    representantes de ambos países se reunieron con
    autoridades de Uruguay y Paraguay, ocasión en la cual
    estos últimos expresaron la firme disposición de
    sus países de incorporarse al proceso bilateral en curso.
    Se convino entonces, que era necesario suscribir un acuerdo
    creando un mercado común cuatripartito.

    En 26 de marzo de 1991 se firma el Tratado de
    Asunción entre los cuatro países, que no debe
    considerarse como un tratado final constitutivo del Mercosur,
    sino como el instrumento de carácter internacional destinado a hacer
    posible su concreción.

    Es un acuerdo con vocación regional, pues queda
    abierto a la adhesión de los demás Estados miembros
    de la ALADI. Es también, un acuerdo de integración
    económica, estableciendose un programa de
    liberación comercial, la coordinación de
    políticas macroeconómicas y un arancel externo
    común, así como otros instrumentos de la
    regulación del comercio.

    En virtud de lo dispuesto por el artículo
    Décimo del Anexo I del Tratado de Asunción, los
    cuatro países suscribieron el 29 de noviembre de 1990 un
    Acuerdo de Complementación Económica en el marco
    jurídico de la ALADI, que lleva el número 18 y que
    en esa fecha entrará en vigor.

    OBJETIVOS DEL
    MERCOSUR

    El objetivo básico del Mercado Común es el
    de aumentar el grado de eficiencia y competitividad de las
    economías involucradas ampliando las actuales dimensiones
    de sus mercados y acelerando su desarrollo económico
    mediante el aprovechamiento eficaz de los recursos disponibles.
    La preservación del medio ambiente, el mejoramiento de las
    comunicaciones, la coordinación de las políticas
    macroeconómicas y la complementación de los
    diferentes sectores de sus economías. Por otra parte, la
    conformación de un mercado común es una respuesta
    adecuada a la consolidación de grandes espacios
    económicos en el mundo y la necesidad de lograr una
    adecuada inserción internacional.

    Principales instrumentos de
    integración

    En el tratado de Asunción se establecen los
    principales instrumentos para la constitución del M.C.,
    que tevieron vigencia durante el período de
    transición:

    • Un programa de liberación comercial: rebaja
      arancelaria progresiva para llegar al 31 de diciembre de 1994
      con arancel cero.
    • Un arancel externo común (A.E.C.): para
      incentivar la competitividad de los Estados Partes y ampliar el
      comercio con terceros países.
    • La adopción
      de acuerdos sectoriales entre los países firmantes: con
      el fin de optimizar la utilización y movilidad de los
      factores productivos y alcanzar escalas operativas
      eficientes.
    • Coordinación de políticas
      macroeconómicas, que se realizará gradualmente y
      en forma convergente.
    • Legislación laboral y
      fiscal.

    ESTRUCTURA
    ORGÁNICA

    Hasta la constitución definitiva del Mercado
    Común, los órganos responsables de la administración y ejecución del
    Tratado de Asunción y los acuerdos específicos y
    decisiones que se adopten en el marco jurídico de
    éste serán el C.M.C. (Consejo del Mercado
    Común)
    y el G.M.C. (Grupo del
    Mercado Común).

    El C.M.C. es el órgano superior del
    mercado común, correspondiéndole la
    conducción y toma de decisiones que aseguraron el
    cumplimiento de los objetivos y plazos establecidos para la
    constitución definitiva del MERCOSUR. Estará
    integrado por los Ministros de Relaciones Exteriores y los
    Ministros de Economía de los E.P..

    EL G.M.C. es el órgano ejecutivo de las
    decisiones adoptadas por el C.M.C.; está integrado por
    cuatro miembros titulares y cuatro miembros alternos por
    país, que representen a los siguientes organismos
    públicos:

    • Ministerio de Relaciones Exteriores.
    • Ministerios de economía o sus equivalentes
      (áreas de industrias,
      Comercio
      Exterior y/o Coordinación
      Económica).
    • Banco Central.
    • El G.M.C. puede constituir subgrupos de trabajo,
      necesarios para el cumplimiento de sus objetivos; actualmente
      cuenta con 11 subgrupos:
    • Política comercial.
    • Asuntos aduaneros.
    • Normas técnicas.
    • Políticas fiscal y monetaria relacionadas con
      el comercio.
    • Transporte terrestre.
    • Transporte marítimo.
    • Política industrial y
      tecnológica.
    • Política agrícola.
    • Política energética.
    • Coordinación de políticas
      macroeconómicas.
    • Asuntos laborales, empleo, seguridad
      social.

     A principios de diciembre de 1991, en Montevideo,
    representantes de los Parlamentos de los 4 países crearon
    la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR,
    que tiene a su cargo estudiar los proyectos de
    Acuerdos Específicos negociados por los Estados antes de
    su envío a los respectivos congresos y realizar
    recomendaciones a los Poderes Ejecutivos

    ENTRE RÍOS EN EL
    MERCOSUR

    PRINCIPALES
    EXPORTACIONES

    (ver anexo)

    Las principales actividades exportadoras de la provincia
    son esencialmente primarias o derivados de éstas por
    transformación a través de agroindustrias asentadas
    en el territorio.

    El desarrollo logrado en los últimos años
    ubica a la provincia de Entre Ríos entre los principales
    exportadores después de Buenos Aires, Santa Fe, Chubut y
    Córdoba.

    Arroz: Entre Ríos ha aumentado su
    participación alcanzando al 83% de las exportaciones
    argentinas. Es, por lo tanto, la primera exportadora de este
    producto. (ver anexo I – página 40).

    Frutas y jugos cítricos: También
    ocupa el 1er lugar entre las provincias exportadoras de frutas y
    jugos cítricos, abarcando casi el 40% de las exportaciones
    argentinas.

    Maderas: las exportaciones de madera son las
    que han alcanzado mayor crecimiento en un equivalente de 20 veces
    en relación a 1987. De esta manera Entre Ríos se
    coloca en primer lugar entre las provincias exportadoras de
    madera.

    Otros rubros: debemos destacar las exportaciones
    de pelo de conejo de angora del cual Entre Ríos es el
    principal exportador del país.

    Otros rubros que merecen mención son los aceites
    vegetales, leche en
    polvo, miel, yeso, arenas especiales, pescado de río. (ver
    anexo I – página 39).

    Destino de las exportaciones

    A partir de 1990 se registró una mayor
    participación de países latinoamericanos como
    Brasil, Uruguay, Chile y Perú y en menor medida México y
    Bolivia,
    conquistando así nuevos mercados para la producción
    local.

    De esta manera se ha contenido la dependencia en las
    ventas entrerrianas al exterior de países como los Estados
    Unidos y los integrantes de la C.E.E. que absorbían el
    60%.

    Bibliografías

    Trabajo realizado por TSU. Carlos Bianco

    Mariara estado Carabobo

     

    Carlos Bianco

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