Introducción
Para comentar el informe es necesario reconocer los
motivos de los autores y de la institución que lo demanda, es
decir del propio Banco Mundial
y su vinculación con el tema de la Pobreza.
Vínculo más allá de la perspectiva de
análisis, sino desde la propia responsabilidad que le asiste en las definiciones
de políticas
económicas que han inducido a los países a
establecer políticas económicas hoy denominadas
neoliberales. Las mismas que han generado un costo social que
condena a millones de personas a la Pobreza.
¿Cómo compatibilizar un manual con
sugerencias para resolver el funcionamiento de los servicios
públicos para los pobres, con una concepción
general que favorece la iniciativa privada, el achicamiento del
gasto
público y la apertura de los mercados,
hegemonizados además por un inusual y gigantesco movimiento
internacional de capitales especulativos?
¿Cómo pueden sugerirse políticas
contra la pobreza al mismo tiempo que el
BM sostiene políticas de créditos que profundizan el cuadro
estructural regresivo de las políticas hegemónicas?
Aludo a la condicionalidad que establece el BM con
relación a los acuerdos de los países con el
FMI. Veamos un
ejemplo reciente con la Argentina: en enero pasado se
otorgó un préstamo por 600 millones de
dólares para otorgar subsidios en el marco del Plan Jefes y
Jefas de hogar desempleados con asignaciones de $ 150 mensuales
(47 dólares a comienzos de Febrero de 2003) y canalizadas
por 1100 municipios.
La operación tiene previsto la compra parcial de
materiales
para la "reparación, ampliación y construcción de escuelas, dispensarios,
instalaciones básicas de saneamiento, caminos y puentes,
alcantarillas y canales pequeños, cocinas comunitarias,
centros de turismo, viviendas de bajo
costo".
Son tareas que hoy están a cargo de los
trabajadores municipales y que por lo tanto se descentralizan
hacia otros trabajadores, con la posibilidad de afectar el
empleo de los
actuales trabajadores de los estados locales. Vale considerar que
la línea de indigencia en Argentina es más del
doble que el monto indicado para el subsidio y que la
línea de pobreza es cuatro veces superior. Se trata
entonces de un subsidio focalizado, accesoriamente dirigido a
resolver el funcionamiento de algunos de los servicios para
pobres a que alude el reporte que comentamos y que puede agravar
los problemas que
dice atender. No resuelve la pobreza por ingresos y
podría incidir en el incremento del desempleo.
Aún así, eso no es todo. Entre las
cláusulas previstas destaco dos: por un lado el BM
desembolsa sólo 594 millones, ya que de entrada descuenta
el 1% en comisiones equivalentes a 127.000 subsidios en un mes;
la otra remite a la contratación de servicios de consultoría por 14,5 millones de
dólares, que son equivalentes a 310.000 subsidios en un
mes, en un país que tiene el 57% de su población bajo la línea de pobreza.
Sin contar que se trata de un préstamo que acrecienta la
deuda
pública externa, hoy estimada en por lo menos 150% del
PBI. Si queda alguna duda con relación a la
vinculación deuda externa y
pobreza, debe considerarse que durante el 2002, el gobierno
argentino canceló deuda con los organismos financieros
internacionales (FMI, BM, BID) por 4.300 millones de
dólares contra menos de 1.000 millones de dólares
en políticas sociales contra la pobreza.
Una lectura simple
del informe lleva a pensar en el carácter compensatorio de las sugerencias.
Sin embargo, el carácter de las recomendaciones fortalecen
las líneas centrales de las políticas de BM.
¿Porqué? Toda la lógica
del informe apunta a sostener las políticas que favorecen
a la INICIATIVA PRIVADA, la DESCENTRALIZACIÓN y la
ORIENTACIÓN AL MERCADO. Para que
se entienda con un ejemplo, veamos como trata el caso de la lucha
por el agua en
Cochabamba, Bolivia.
Es conocido por todos que esa resistencia
popular no sólo revirtió la privatización sino que colocó a la
población en la gestión
directa de la provisión de agua y bajo
formas democráticas de elección de sus
representantes. Un logro de participación popular en
la
administración de un servicio
público esencial y de carácter alternativo a la
solución hegemónica determinada por la
privatización.
El informe sin embargo alude a los "disturbios" que
hicieron fracasar la privatización. Parece que vale
más el fracaso de la privatización por los
disturbios que el logro del movimiento popular en el ejercicio
soberano de la administración de servicios
públicos. Es que el enfoque que preside el informe se
subordina a un enfoque que tiene sentido en las políticas
de ajuste estructural que predominan en nuestros
países.
En la primera lectura del Informe, uno tiene la
tentación de destacar el múltiple enfoque sobre la
pobreza, más allá del ingreso. Pero en realidad, el
problema es que se trata de justificar el escamoteo de los temas
que se vinculan con la distribución del ingreso y de la riqueza.
Toda la argumentación elude temas causales de la pobreza,
tales como la concentración de la riqueza y la propiedad. El
eufemismo es que con el crecimiento no alcanza y entonces se debe
enfatizar en el funcionamiento de los servicios para los
pobres.
Está bien, así puede considerarse, sin
embargo, debe insistirse que si el crecimiento no alcanza menos
lo será si se trata de un crecimiento socialmente
regresivo tal como ha ocurrido en la región en los
últimos años. El crecimiento del PBI en la
Argentina de los 90, mimada por el FMI y el BM MIDIÓ
SIEMPRE EN ASCENSO EL ÍNDICE DE POBREZA, DESEMPLEO Y
SUBEMPLEO.
La lógica que preside el Informe es la
transferencia de gasto público desde los sectores medios a los
más vulnerables por pobreza. La política de
focalización de los programas afecta
a los sectores medios. Por ejemplo ocurre cuando se insiste en el
tema de transferir recursos desde la
Universidad
pública a la escuela primaria.
En América
Latina, con fuerte tradición y estructura
instalada en la Educación
superior eso es letal. La desinversión en la
Universidad Pública en la región afecta todo
proyecto de
superación de la pobreza y promoción del desarrollo
autónomo e independiente.
Otro límite del informe es que se eluden los
temas del empleo. La concepción de capital humano
vinculado al acceso a la educación y la
salud, como
precondiciones para el mejoramiento de las aptitudes para el
empleo, no considera que además, para acceder a ingresos
hoy se requiere acceso a créditos, a tierra, a
tecnología, etc. Además, ser
profesional no garantiza hoy un lugar en el mercado laboral. No
alcanza con atacar la pobreza por ingresos dice el informe y
nosotros debemos agregar que tampoco alcanza con la
focalización en los servicios si no se modifica
sustancialmente la política
económica. Al utilizar la categoría Servicios
Básicos, el BM deja el carácter universal que se
requiere para avanzar en los derechos de ciudadanía. De ese modo, se abandona lo
universal en la prestación de servicios públicos y
se focaliza en los pobres.
Quienes pierden son los sectores medios y nada se afecta
de los sectores de mayor concentración de ingresos y
riquezas. Por eso en las recomendaciones nada se dice sobre la
generación de recursos para combatir la pobreza, tal como
una reforma tributaria y que a modo de ejemplo se puede mencionar
algún tributo al estilo Tax Tobin, que se estima
podría recaudar unos 100.000 millones de dólares
anuales, cuando organismos de Naciones Unidas
desatacan campañas que con menos fondos que esos se
podrían atender necesidades básicas en el planeta.
Claro, aplicar ese impuesto implica
afectar una parte de los negocios de
los capitales trasnacionales más concentrados.
Además del problema derivado de la
focalización, el informe razona en los marcos de la
mercantilización de la vida cotidiana a que nos condenan
las políticas hegemónicas. Así, los pobres
pasan a ser clientes que
tienen una relación con sus proveedores de
servicios o con los formuladores de políticas. Ello supone
una relación de intercambio equivalente entre pobres y
empresas
privatizadas de servicios públicos, la mayoría de
ellas poderosas empresas CTN.
No sólo es un error en términos
económicos el pensar en igualar la capacidad negociadora
de unos y otros, sino que deben incorporarse aspectos culturales
en esta desigual relación. Alguien dijo que el neoliberalismo
destruyó instituciones
y ahora podríamos agregar que también
destruyó sujetos para la transformación. No es
cierto que a más pobreza más resistencia,
más bien lo contrario, la pobreza puede generar
subordinación.
El aludido Plan Jefes en Argentina es un proyecto de
contención del conflicto
social, más que un programa para
superar la pobreza. La política de compensación a
los pobres, es de contención del conflicto para hacer
avanzar la ofensiva del capital.
Podríamos agregar que el intercambio de equivalentes en el
capitalismo es
la base de la explotación y por lo tanto la causa de los
problemas de época, es decir, de la
globalización y el desarrollo tal como plantea este
Encuentro.
El informe pretende naturalizar la
mercantilización de la vida cotidiana e incluso al
referirse a la relación entre el cliente y el
proveedor, éste resulta ser un maestro de aula o un
médico en el consultorio. Así, el problema de la
educación
remite al aula y el de la salud al consultorio, culpabilizando en
el reporte a éstos por el ausentismo p.e., obviando la
complejidad derivada de la pauperización creciente de los
trabajadores estatales prestadores de servicios públicos.
Contrariamente, debe insistirse en la educación y la salud
como un derecho y no como una mercancía.
Otra faceta del informe alude a la relación de
los pobres con los políticos y especialmente con los
parlamentarios y gobernantes. En América
Latina ello supone remitir a la crisis de
credibilidad en la democracia
realmente existente. En la Argentina hoy, el movimiento piquetero
(trabajadores desocupados) permanece en la protesta callejera
para asegurar míseros subsidios. No se trata de un
diálogo
amable entre dos actores, sino de una confrontación entre
pobres y un estado cuya
función
es sostener el ciclo de negocios de los capitales más
concentrados y en todo caso, contener hasta donde pueda el
conflicto social. Es más, si hablamos de América
Latina, podemos interrogarnos sobre la prestación de
servicios a la población con estrategias de
lock out como en Venezuela que
impiden la producción de un insumo estratégico
y clave para el financiamiento
del Estado e incluso la prestación de servicios esenciales
a la población. ¿Qué posibilidades de
éxito
tendrá el nuevo gobierno del Brasil en su
campaña para combatir el hambre con las condicionalidades
impuestas por el FMI? El acuerdo FMI y Brasil es un marco poco
amigable para resolver cualquier política de
resolución de la pobreza.
La democracia que supimos conseguir los pueblos de la
región no es funcional para hacer avanzar las
recomendaciones del informe. No alcanza con mencionar el caso de
la experiencia del Presupuesto
participativo en Porto Alegre, ya que una cosa son las
estrategias de acumulación de poder popular
e institucional adoptada por la izquierda en ciertas condiciones
y otras creer que la democracia existente avalará
propuestas de participación popular en la toma de
decisiones y que enfrentan la lógica capitalista
imperante en nuestros países.
La lógica de la competitividad
no es compatible con el combate contra la pobreza. Si existiera
un planteo consecuente con favor de la participación en la
toma de decisiones se debería inducir a la
organización de otras formas de prestación de
servicios públicos, tal como derivó la lucha por el
agua en Cochabamba, o el aliento a formas no lucrativas de
organización económica en la
prestación de los servicios. Eso llevaría a
contradecir el aliento principal a las políticas de
privatización y apertura de la cuenta de capitales para el
endeudamiento, la circulación de capitales, dividendos y
fuga de divisas.
Finalmente, si bien el informe alude a
características especiales de cada servicio y a las
diferencias por países, el informe resulta un planteo
homogéneo de propuestas para cualquier circunstancia.
Además, por tratarse de un banco no debe olvidarse que las
propuestas terminan adquiriendo la forma de préstamos y
ello nos lleva a un tema eludido en el informe que es el fuerte
condicionante del endeudamiento externo sobre nuestros
países. Es más,
¿Cuál es la evaluación
del BM al momento de otorgar préstamos a gobiernos
desesperados por el ingreso de divisas? ¿Acaso existen los
suficientes controles para verificar el destino final de esos
fondos? El FMI acaba de anunciar una auditoría
interna sobre la relación del organismo con la
Argentina, para determinar la responsabilidad del fondo en las
políticas aplicadas y el desencadenamiento de la
crisis.
¿Porqué se puede confiar que los Estados
podrán ejecutar en forma transparente estos
préstamos y éstos programas con políticas de
promoción de la participación popular en la
prestación de servicios a los pobres? Si así fuera,
se podrían inducir políticas de reformas profundas,
en la propiedad y distribución de la tierra, en
la asignación del crédito
y la promoción de progresivas reformas tributarias, en la
restructuración de los regímenes políticos
con aliento en formas directas y semidirectas de
participación popular. Pero eso sería otra
realidad.
Es que el BM tiene un lugar en la conducción del
proceso de
acumulación capitalista actual y ello está
más allá de la voluntad y honestidad
intelectual de los autores del informe. El BM se está
transformando en uno de los focos de investigación sobre la pobreza y sin duda
es el principal responsable intelectual en materia de
fijación de políticas al respecto. En ese camino no
propone ideas sueltas, sino un paquete integrado y convergente
con las políticas sustanciales que sostiene
articuladamente con el FMI para promover en definitiva, el actual
estado regresivo en la distribución del ingreso y la
riqueza. El BM aparece preocupado por la pobreza y es el
responsable intelectual de su expansión.
Julio C. Gambina (*)
Julio C. Gambina es Director del Centro de Estudios
de la Federación Judicial Argentina, CEFJA (adherido a la
CTA). Profesor de
Economía
Política de la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de Rosario.