Algunas notas a propósito de la movilización de los inmigrados contra la ley que los criminaliza
Después de la explosión xenófoba del año pasado, la cuestión de la inmigración en España se ha manifestado a través de pequeños conflictos localizados, rápidamente apaciguados por la Administración (junto a una combinación de represión y de pequeñas concesiones). Por otra parte, siguen continuamente las muertes en las aguas del Estrecho de Gibraltar de inmigrantes clandestinos que arriesgan sus vidas por alcanzar las costas españolas. Prácticamente cada semana muere alguno; decenas cada mes. Una verdadera tragedia vivida con una gran indiferencia. Más aún, la explotación mediática del llamado problema de la inmigración ilegal, si bien se intenta un acercamiento aparentemente humanitario, oponiéndose a la xenofobia (cosa políticamente correcta), no puede evitar una presentación de este fenómeno social con términos y categorías características de una xenofobia no muy bien disimulada (en las páginas de los periódicos, a menudo se habla de "aumento" de la inmigración; "masa" de inmigrantes en la costa, "oleada" de clandestinos, etc.).
Recientemente, la muerte en accidente de 12 trabajadores latinoamericanos (ecuatorianos) a principios de enero (choque entre un bus de inmigrados que iban al trabajo, y un tren), en la región de Murcia, ha intensificado el debate mediático sobre la inmigración, pero sobre todo ha desencadenado la movilización de los inmigrantes por sus derechos (papeles, sobre todo). Más recientemente, la aprobación por el Gobierno de la nueva ley de inmigración (vigente a partir del 22 de enero) ha provocado la reacción de los inmigrantes (encierros y huelga de hambre en iglesias de Barcelona, Madrid, Murcia, etc.) que no tienen la posibilidad de obtener su regularización con la nueva ley y sobre aquellos que a partir de ahora pesa la amenaza constante de expulsión. Una situación dramática para ellos, dado que la mayoría están atrapados (ellos y sus familias, en los países de origen) por el endeudamiento con las mafias y usureros que les han prestado el dinero para pagarse sus viajes hacia España con visa de turistas (valedera durante tres meses, después de los cuales, viene la ilegalidad).
En lo que concierne a la nueva ley, podemos afirmar que dificulta la posibilidad para obtener una regularización de los nuevos inmigrantes y restringe los derechos de los inmigrantes llamados ilegales hasta el punto de poner en duda derechos fundamentales, a la vez que condena a los que no han conseguido demostrar con papeles su permanencia y trabajo en España a partir de una determinada fecha, convirtiéndolos en ilegales, etc., quedando por lo tanto amenazados de expulsión. (Naturalmente, un análisis de la nueva ley contribuiría a una comprensión más profunda de las intenciones del gobierno y arrojaría una luz sobre la política de la inmigración española, pero esto escapa a la pretensión de estas líneas). Se trata, pues, de una ley que viene a reforzar la represión del aparato del estado sobre la inmigración, tratando de evitar la llegada de nuevos inmigrados (alentando el desánimo), así como posibilitar la criminalización de los inmigrados sin papeles (aquellos que en términos de la jerga del Estado son llamados ilegales).
Esta nueva Ley ha sido rechazada por la oposición política (socialista) y denunciada por las organizaciones humanitarias. Pero esto se corresponde en gran medida con el uso político de la inmigración por parte de los profesionales de la representación política, puesto que todos (incluidos los humanitarios) reclaman una regularización de la inmigración; poner en marcha los instrumentos legales que permitirán un flujo ordenado de la inmigración, etc. Sea lo que sea, el gobierno ha decidido por su cuenta imponer una ley difícil de hacer cumplir. Por este hecho, sobre un número de personas (cuya cifra oscila 30.000 y 100.000, según los cálculos de los periódicos -no existen cifras que merezcan confianza-), pesa la orden de expulsión. Esto quiere decir que estos "ilegales" pueden ser detenidos en cualquier momento por la policía y ser expulsados mediante el procedimiento rápido previsto por la nueva ley. Esto en lo que se refiere a los inmigrantes que vienen de países con los cuales el gobierno de España ha firmado un tratado de extradición, ya que en los otros casos, la única posibilidad es su detención durante 40 días en los "centros de acogida" (bien entendido: centros de reclusión). Una vez cumplido este período de internamiento, los inmigrados, siempre ilegales, serán liberados hasta su próxima detención, y vuelta a comenzar. A esta ilegalización de personas por el gobierno se añade, en el caso de los inmigrantes encerrados en huelga de hambre, una nueva "ilegalidad"; consiste en su reunión, ya que la Ley priva del derecho de reunión y asociación a los "ilegales". Por lo tanto, la acción de los inmigrados representa un pulso con el gobierno que se bate en retirada: el burócrata encargado de los asuntos de los inmigrantes en el Ministerio del Interior ha declarado en el mismo día de la aprobación de la Ley, que "naturalmente, esto no quiere decir que la policía vaya a proceder a la caza de los ilegales". Curiosa situación: el gobierno, que ha hecho aprobar una ley aprovechando su mayoría en el Parlamento, reconoce que no va a cumplir la ley. Los politólogos afirman que esta ley ha sido una concesión al ala de la extrema derecha del Partido Popular, pero que no existe una verdadera voluntad de aplicarla con todo su rigor. Es posible, aunque ello no explicaría más que superficialmente esta absurda situación.
Existen otras razones que relacionan la presión de los empresarios sobre la Administración que explicarían más exactamente la incapacidad para gestionar la cuestión de la inmigración por el Estado y el sistema político. Sobre todo se trata del juego de las necesidades de mano de obra del mercado en el campo (seguro que no sólo en el campo) y el mantenimiento de un cierto grado de gobernabilidad y paz social (evitando estallidos xenófobos, por ejemplo) lo que obliga al Gobierno a buscar un difícil equilibro entre la política represiva que trata de evitar supuestos efectos desestabilizadores sobre el clima social nacional que provoca por otra parte la llegada de personas, y las necesidades del capital que alimenta estos desplazamientos. Al mismo tiempo que el gobierno pone en marcha la Ley y los inmigrantes las movilizaciones, los empresarios piden al Ministerio del Interior una larga y más rápida concesión de papeles a los inmigrantes, puesto que los inmigrantes legales no son suficientes para cubrir la cosecha. Después de la muerte de doce trabajadores ecuatorianos, las inspecciones de la administración se han intensificado y los empresarios que enganchaban trabajadores sin papeles han tenido que pagar multas.
Aparentemente es una contradicción (el Gobierno legislando contra los patronos), pero la realidad es otra. La existencia de una bolsa de trabajo ilegal favorece la competitividad de la producción agrícola española, sobre todo en las pequeñas explotaciones. (Es posible alquilar un trabajador por 5.000 ptas. por la jornada de diez/doce horas, y todavía menos si se trata de un sin papeles desesperado). Pero incluso esto, a mi parecer, no es lo más importante. El último plan de esta divergencia aparente de intereses entre Gobierno y patronal es el hecho de que para el empresario el provecho a corto plazo es lo que cuenta, y en consecuencia, en la presente circunstancia pagar el salario legal (más la seguridad social) no priva a los patronos de obtener beneficios económicos importantes. Por esto, y porque la agricultura industrial exige también una organización de trabajo juste-à-temps, que los patronos presionan al Gobierno para reglar una situación que puede incidir negativamente sobre la recolección. Por el contrario, para el Gobierno se trata de evitar el aumento de las cargas sociales; evitar el crecimiento de la masa de asalariados inmigrados que en un momento dado podrían pedir vivienda, paro, por ejemplo, o derechos al mismo nivel que aquellos de los españoles.
Por otra parte, falta un análisis profundo de la realidad de la inmigración en España. Según las cifras oficiales (Ministerio de Trabajo y de Asuntos Sociales) en España había a finales del año pasado 607.057 inmigrados censados. Es preciso añadir a aquellos que no poseen papeles, el número de los cuales evidentemente es imposible de saber. Pero ello no quiere decir que exista una proporción parecida a la que hay en otros países de la Unión Europea. Por lo contrario, se trata de un fenómeno reciente que se halla concentrado en determinadas regiones y que presenta diferentes medios de llegada y de integración en el proceso del trabajo. La cuestión de los latinoamericanos es diferente que la de los magrebíes (incluso entre ellos hay diferencias), los centroafricanos, los pakistanís, los europeos del Este, etc. Si bien el hecho de la inmigración a menudo se presenta bajo la retórica de lo cultural, lo que aparece en el fondo de todo esto es la cuestión de la explotación del trabajo asalariado y del reparto de la riqueza.
En este caso, en España se da después de algún tiempo una suerte de reorganización de capas asalariadas, por debajo de las cuales se hallan aquellas de los trabajadores inmigrados, cada vez más frecuentes en determinados sectores de la actividad. Una comprensión de este fenómeno exige una aproximación capaz de explicar las profundas transformaciones que han tenido lugar en el proceso de reproducción social. ¿Qué cantidad del PIB se debe a la sobreexplotación de hombre y mujeres inmigrados? Parece que a la división internacional del trabajo se corresponde algún tipo de división (estratificación) local del trabajo, ¿cómo se explica sino que en Jaén, donde se da oficialmente la cifra de 20.000 parados, se deba recurrir a la fuerza de trabajo de 4.000 temporeros marroquíes para la recogida de la aceituna? ¿Hasta qué punto la gestión de los fondos transferidos desde la Unión Europea no contribuye a crear un sistema clientelista y una base social de trabajadores "nacionales" dispuesta a legitimar la política xenófoba del Gobierno?
Existe también un punto nada desdeñable. La desregulación de las actividades económicas ha significado la aparición de nuevas profesiones llamadas ellas mismas ilegales y el desarrollo de otras actividades tradicionalmente fuera de la ley. Es el caso de las mafias y de las actividades vinculadas al tráfico de drgoas y de inmigrantes. Al hecho de la ilegalidad se le saca beneficio. Lo mismo que sucede con la droga, el tráfico de inmigrantes se ha convertido en un sector de actividad con una gran tasa de acumulación, hasta el punto que atrae el interés de las mafias tradicionalmente dedicadas al tráfico de la droga. A finales de diciembre, la prensa española reseñaba la desarticulación de 290 redes de inmigración ilegal (de las que 77 estaban especializadas en la explotación sexual de mujeres, una actividad que produce una gran masa de beneficios) y de 911 personas detenidas. Si el mantenimiento de aires de ilegalidad es un elemento necesario al desarrollo capitalista, en el caso de la explotación de trabajadores inmigrados por los traficantes de fuerza de trabajo ilegal es una fuente de acumulación primitiva de capital, difícil de evaluar en cuanto a la suma de sus beneficios, pero más importante sin duda que la actividad de muchas empresas, que revierte en la circulación de la economía legal, contribuyendo a su vez a la dinamización de la economía de un sector determinado o de una región.
Así pues, parece que esto no ha hecho más que empezar. Mientras que España tiene una tasa de crecimiento superior al 3% anual; mientras que una mujer de faenas ecuatoriana (trabajando todas las horas que le ordenan) cobra por mes el importe que ganaría durante un año en su país; mientras que los españoles tendrán la posibilidad de dejar caer las ofertas de trabajo en el campo, en la construcción, etc., el mercado de la fuerza de trabajo tendrá un poder de atracción para los trabajadores, por otra parte los más pobres. Es decir, en un cierto sentido el discurso neoliberal dice la verdad. En tanto que los subsidios sociales para los españoles sean más elevados que los salarios ofrecidos en las actividades peor pagadas, los trabajadores españoles se abstendrán de competir con los inmigrados en los mercados de trabajo. Cambiar esta situación en el sentido de atraer la atención de los trabajadores españoles hacia estos empleos ahora ocupados por los inmigrantes, significaría romper el actual status quo, cosa que tan sólo podría hacerse mediante una subida de salarios (lo cual tendría como consecuencia una pérdida de competitividad de los productos españoles), o a través de la reducción de los beneficios sociales que cobran los españoles. Pero entonces, la paz social obtenida mediante la gestión monetaria de lo que yo llamaba (en una escrito anterior) esta especie de welfare caché que reina en España, amenazaría con romperse.
Después de la integración de España en la Unión Europea, se ha intensificado una tendencia a la desregularización del mercado de trabajo, traducida por una creciente precarización y pérdida de los derechos adquiridos durante las luchas de los 70 en los niveles inferiores de los sectores de actividad. Como resultado del proceso de reestructuración general del capital productivo y de los servicios en estos años, los salarios y el coste general de la fuerza de trabajo se ha reducido, aumentando la tasa de ganancia y la acumulación de capital, así como la proliferación de pequeños empresarios (por ejemplo en la agricultura industrial). Al mismo tiempo, con el fin de suavizar las consecuencias de la reestructuración / desregularización se ponía en marcha una serie de medidas (subvenciones a cooperativas, a actividades económicas y de servicios a la asistencia a gente mayor, oferta de empleo público a los parados, etc.). Esto es lo que explica la falta de mano de obra española en los trabajos más duros (el campo y la construcción, entre otros).
Está claro, por lo tanto, que la existencia de una mano de obra completamente desprotegida (el 36% de los contratos son fraudulentos, según la inspección de Trabajo y Seguridad Social) o con sus derechos como personas reducidos, sometidos al miedo del fin de contrato o, peor aún, a la expulsión, etc., tiene una función necesaria en el proceso de producción difícil de substituir por otros medios más "competitivos". Al menos los patronos agrícolas de la región de Murcia (como anteriormente los del Ejido) lo han comprendido bien exigiendo al Gobierno una solución satisfactoria a sus demandas. Es decir, medidas políticas que pusieran a su disposición suficiente fuerza de trabajo en condiciones "competitivas" para continuar el proceso de producción sin los azares de las movilizaciones. Pero esto no es tan simple como parece. La política de inmigración no es una simple cuestión administrativa o legal a la que enfrentarse con medidas más o menos humanitarias.
Por su parte, el Gobierno intenta firmar acuerdos con los países de origen de los inmigrados contemplando una regulación de los flujos, como se ha escrito en la jerga periodística, un poco al modo como se hacía en los años del despegue económico de la postguerra en Europa. Pero las circunstancias son otras. Para los tecnócratas y capitalistas (incluidos los sindicatos), la situación ideal sería disponer de mano de obra temporal durante el tiempo que fuera necesaria, para remitirla luego. Es la única manera de abordar el fenómeno de la inmigración por parte de los profesionales de la política; una visión técnica y un servicio a la carta de la fuerza de trabajo. De hecho, el verano pasado durante la cosecha de la fruta en Lérida (Cataluña) los patronos fueron a contratar mujeres marroquíes que han sido devueltas a su país al final de la recolección. Pero para la mayor parte de los trabajadores que llegan (sobre todo latinoamericanos, subsaharianos, asiáticos, etc.) de países destruidos por la guerra, por el saqueo capitalista y la miseria causada por la internacionalización del capital, su meta es quedarse, traerse su familia e intentar reconstruir sus condiciones de vida en este rincón rico y tranquilo que es España (o Europa). Una vez más, la lógica del capital (y del Estado) se opone a las necesidades elementales de la supervivencia de las personas, en este caso de los inmigrantes. Es por todo lo que he dicho, que en este momento los trabajadores extranjeros solamente podrán contar con ellos mismos*. La única suerte que tienen es precisamente el aprendizaje práctico de su lucha, en la medida que su acción les hace socialmente visibles (conscientes de su fuerza real) en el lugar de trabajo, puesto que sus huelgas dejan sentir sus efectos inmediatamente. En el fondo de todo esto queda el enorme desequilibrio existente entre la producción y el reparto de la riqueza tanto a nivel mundial como social (entre las clases). Una polarización que fluye del mismo proceso de desarrollo capitalista. Así, las contradicciones, las medidas absurdas, racistas y xenófobas de los Estados no es otra cosa que el resultado de su imposibilidad de controlar y dominar la cuestión de la inmigración, que comporta una problemática que va más allá de la concepción tecnocrática de lo social.
C. Barcelona, 27 de enero, 2001
*P.D.- Viernes tarde (26 de enero), una manifestación solidaria convocada por la asamblea "papeles para todos" (aquellos que están encerrados en las iglesias) ha reunido unas 2.000/3.000 personas en Barcelona. La mayoría – excepto los inmigrantes (especialmente paquistaníes)- forman parte de movimientos de solidaridad de la iglesia católica, el sindicato CGT, jóvenes y grupos e individuos de izquierda (extra-parlamentaria). Esta convocatoria tiene una cierta importancia desde el punto de vista simbólico, puesto que una asistencia numerosa ejercería algún tipo de presión sobre el Gobierno (que está desbordado por la acción de los inmigrantes). Pero la llamada "sociedad civil" (y especialmente sus representantes legales) está ausente. En tanto que hay negociaciones, el Gobierno autónomo catalán ha querido jugar el papel de mediador con los inmigrantes, y ha entablado negociaciones con los representantes de estos. Los técnicos del gobierno han intentado maniobras encaminadas a desactivar el movimiento, en un primer momento encalladas ante la resolución de los encerrados. Por el contrario, los sindicatos y partidos no han salido a la calle. La rentabilidad política de esta cuestión es completamente despreciable. Además, implicarse en una lucha dramáticamente real como la de los inmigrantes en huelga de hambre suscitaría temas demasiado próximos y complicados…naturalmente, es preferible la "solidaridad con Bosnia", o la solidaridad con no importa quién con tal que no sea entre nosotros.
Segunda Postdata La movilización de los inmigrantes contra la Ley de Extranjería se prolongó durante el mes de febrero, con la proliferación de encierros y los intentos de coordinación a escala nacional. A comienzos del mes de febrero, en Barcelona, una manifestación en solidaridad con los inmigrantes encerrados aglutinó a varias decenas de miles de personas. Entre tanto, se sucedieron las negociaciones y la mediación del Defensor del Pueblo. Finalmente, el Gobierno se avino a revisar 61.000 expedientes de regularización que habían sido denegados y que afectaban a la mayor parte de los encerrados. El compromiso del Gobierno ampliaba los conceptos de regularización (demostración de arraigo, causas humanitarias y circunstancias excepcionales), aunque deja abierta las puertas a la arbitrariedad en la interpretación y concesión de la documentación. En cierto modo, esta medida supone una relativa claudicación del Gobierno con el fin de ganar tiempo, desactivar un conflicto creciente (encierros) e impedir una eventual falta de mano de obra en las actividades agrícolas (p.e., comienzo de la campaña de la fresa). Sin embargo, el Gobierno ha demostrado una total incapacidad para hacer frente a la realidad de la inmigración. La improvisación de medidas lo puso en evidencia, como en el caso de los ecuatorianos, a quienes propuso volver a Ecuador y solicitar el regreso a España. Vencidas las reticencias del principio, cuando acudieron en masa a solicitar la repatriación, los responsables del Gobierno "se dieron" cuenta que no tenían dinero para pagar el viaje de los solicitantes. Se tiene la impresión que el Gobierno ha buscado poner fin a una situación cada vez más incontrolable, pero sin abordar la cuestión de fondo. A pesar de todo, la Administración adopta una actitud ambivalente en lo que se refiere a la inmigración.
Por una parte, elabora leyes abiertamente represivas, mientras que, por otra, deja un margen de tolerancia que favorece la explotación de los inmigrantes sin papeles. Así, la gestión de la fuerza de trabajo inmigrante, con papeles o sin ellos, se deja en manos de los municipios y empresarios locales, lo que se traduce en segregación, represión y explotación bajo un estricto control. Cuál será el resultado, en cuanto a la regularización de las solicitudes sometidas a revisión, es algo difícil de prever, ya que todo depende de la promesa del Gobierno de hacer una "amplia interpretación" de los nuevos supuestos de regularización. El precedente negativo es el de El Ejido, donde un año después de la algarada xenófoba, no se han cumplido ninguno de los acuerdos pactados con los inmigrantes y la situación ha empeorado. Sin embargo, después de la movilización de enero pasado, el Gobierno habrá tomado nota que en esta ocasión el conflicto desbordó los límites del control local de los explotados y, por primera vez, y con todas las objeciones que se quieran, tuvo lugar una movilización general de inmigrantes que puso de manifiesto una realidad social insoslayable.
Revista Etcétera
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