Los Derechos Humanos en Bolivia

DERECHOS

HUMANOS

DECLARACIÓN AMERICANA SOBRE
LOS DERECHOS Y
DEBERES DEL HOMBRE 1

Bogotá, Colombia, 1948

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS 2

Paris, Francia
10 de Diciembre de 1948

CONVENCIÓN
AMERICANA

SOBRE DERECHOS HUMANOS

PACTO DE SAN JOSÉ OEA.
3

San José, Costa Rica
7 al 22 de Noviembre de 1969

CONSTITUCIÓN

POLÍTICA DEL ESTADO

REPÚBLICA DE BOLIVIA
4

La Paz, Bolivia 6 de Febrero de
1995

LOS DERECHOS HUMANOS EN BOLIVIA
5

COMENTARIO
CRÍTICO

DERECHO A

LA VIDA

Artículo 1.

Artículo 3.

Artículo 4.

CPE. Artículo 7

Derechos Fundamentales:

a) A la vida, la salud y la
seguridad.

El Ministerio Público continua con su
investigación de los sucesos de
febrero de 2003 que dejaron 33 personas muertas y cerca de
200 heridas y de los acontecimientos de octubre de 2003 que
dejaron 56-80 personas muertas y más de 400 heridas.
El 14 de octubre de 2004, el Congreso autorizó a la
Corte Suprema enjuiciar al ex presidente Sánchez de
Lozada y a 15 miembros de su gabinete por su papel en los
actos violentos de octubre. Varios ex ministros
están prestando su declaración informativa
ante la Fiscalía General de la Republica,
faltan los dos principales responsables de los hechos
mencionados; Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos
Sánchez Berzain.

DERECHO A

LA SALUD

Artículo 11.

Artículo 25.

Artículo 26.

CPE. Artículo 7

Derechos Fundamentales:

a) A la vida, la salud y la
seguridad.

CPE. Artículo 158

Régimen Social:

I. El
Estado tiene la obligación de defender el
capital
humano protegiendo la salud de la población.

La atención médica es gratuita
hasta la edad de 5 años y no hubo una diferencia
evidente en el acceso a la misma sobre la base del género. Después de los 5
años, los "centros piloto" ofrecieron
atención de salud subvencionada, aunque en las
áreas rurales los consultorios médicos a
menudo no estuvieron disponibles. En ambientes rurales,
cuando hubo necesidad de pagar gastos
médicos, las familias a menudo dieron preferencia al
tratamiento de los hijos varones. La constante falta de
ítems es un problema grave, que atenta contra el
derecho a obtener el servicio
medico gratuito a la población.

DERECHO A

LA EDUCACIÓN

Artículo 12.

Artículo 26.

Artículo 26.

CPE. Artículo 7

Derechos Fundamentales:

e) A recibir instrucción y adquirir
cultura.

CPE. Artículo 177

Régimen Cultural:

I. La
educación es la más alta función del Estado.

Se proporciona educación pública hasta la
edad de 17 años o el octavo grado; la ley
requiere que los niños completen por lo menos 5
años de escuela
primaria. La educación primaria es gratuita y
universal. Sin embargo, el cumplimiento de la ley educativa
fue débil, particularmente en las áreas
rurales, donde más de la mitad de las escuelas
primarias ofrecieron sólo tres de los ocho grados
escolares. El castigo corporal y el abuso verbal fueron un
elemento común en las escuelas. Una cantidad
estimada de 50 por ciento de los niños
completó la escuela primaria y un monto estimado de
26 por ciento se graduó de la escuela secundaria. No
hay diferencias de género importantes en cuando al
acceso a la educación básica, aunque el
abandono
escolar de las niñas continuó siendo
mayor que el de los niños, particularmente en
áreas rurales.

DERECHO A LA INTEGRIDAD
PERSONAL

Artículo 5.

Artículo 12.

Artículo 5.

CPE. Artículo 7

Derechos Fundamentales:

a) A la vida, la salud y la
seguridad.

CPE. Artículo 11

Garantías de la Persona:

Queda prohibida toda especie de torturas,
coacciones, exacciones o cualquier forma de violencia física o moral,
bajo la pena de destitución inmediata y sin prejuicio de las sanciones a que se
harán pasibles quienes las aplicaren, ordenaren o
consintieren.

No hubo informes
de asesinatos políticos cometidos por agentes del
gobierno; sin embargo, hubo problemas en algunas áreas. Las
fuerzas de seguridad dieron muerte a
por lo menos tres manifestantes e hirieron a docenas de
ellos durante manifestaciones violentas en el área
rural del país.

Hubo varias muertes debido a la violencia en las
prisiones durante los últimos dos años. No
hubo informes de desapariciones con móviles
políticos, tortura y otro tratamiento o castigo
cruel, inhumano o degradante.

El ciudadano español Francisco Javier Villanueva
denunció que había sido torturado por la
policía de Santa Cruz tras su arresto ocurrido en
abril en conexión con el atentado con bomba y
asesinato de la Fiscal del Departamento Mónica Von
Borries, ocurrido en febrero. Villanueva, quien
permaneció bajo arresto en la prisión de
Palmasola, denunció que había sido
secuestrado por policías vestidos de civil y sujeto
a golpizas, choques eléctricos, sofocación,
casi ahogamiento y amenazas de muerte en un lugar no
identificado. Amnistía Internacional y otras
ONG
aseguraron que la evidencia médica apoyaba sus
afirmaciones y presentaron protestas sobre el caso. Una
investigación del Ministerio Público esta en
proceso.

IGUALDAD

ANTE LA LEY

Artículo 2.

Artículo 7.

Artículo 24.

CPE. Artículo 6

Derechos Fundamentales:

Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica,
con arreglo a las leyes.
Goza de los derechos, libertades y garantías
reconocidas por esta Constitución, sin distinción
de raza sexo,
idioma, religión, opinión política o de otra índole,
origen o condición económica o social, u otra
cualquiera.

Existe una falta de precisión en la
definición del término. El tema es
fundamental en cualquier Constitución. En la actual
CPE de Bolivia este precepto no existe.

El principio de igualdad
ante la ley y la prohibición de discriminación es una vieja
aspiración del ser humano que fue recogida con
entusiasmo por el movimiento constitucional del siglo XVIII
que marcó el fin del Antiguo Régimen. Se
convirtió en una de las principales reivindicaciones
de los revolucionarios liberales, especialmente de los
franceses, hasta el punto de que su proclamación
forma parte de la divisa del Estado surgido de la Revolución Francesa: Libertad-Igualdad-Fraternidad.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y
PRENSA

Artículo 4.

Artículo 19.

Artículo 13.

CPE. Artículo 7

Derechos Fundamentales:

b) A emitir libremente sus ideas y opiniones
por cualquier medio de difusión.

La Constitución reconoce este derecho, y el
gobierno en general respetó estos derechos en la
práctica y no restringió la libertad
académica; sin embargo, hubo limitaciones a la
libertad de
expresión. Los periódicos son de propiedad privada y frecuentemente adoptaron
posiciones contra el gobierno. Las estaciones de radio y
televisión estatales y privadas
generalmente operaron con libertad; sin embargo, hubo
ocasiones en que periodistas fueron amenazados, heridos o
mantenidos como rehenes por individuos o grupos
de individuos privados, no relacionados con el gobierno,
que criticaron sus informes de prensa,
como la brutal agresión a periodistas de prensa y
televisión, que cubrían la
manifestación de los chóferes de micros el
jueves 10 de marzo, donde éstos.últimos
agreden gravemente a tres periodistas, el periodista Benito
Espíndola del Canal 18 fue el mas afectado;
destruyen valioso equipo de trabajo
y vehículos policiales. El Fiscal de Distrito, Jaime
Soliz aseguró que los aprehendidos seran remitidos
al Juez Cautelar.

LIBERTAD DE REUNIÓN Y
ASOCIACIÓN

Artículo 21.

Artículo 20.

Artículos 15-16.

CPE. Artículo 7

Derechos Fundamentales:

c) A reunirse y asociarse con fines
lícitos.

CPE. Artículo 159

Régimen Social:

I. Se garantiza la libre asociación
patronal. Se reconoce y garantiza la sindicalización
como medio de defensa, representación asistencia,
educación y cultura de los trabajadores, así
como el fuero sindical, en cuanto a garantías para
sus dirigentes por las actividades que desplieguen en el
ejercicio de su mandato, no pudiendo ser éstos
perseguidos ni presos.

La ley contempla el derecho a realizar reuniones
pacíficas y las autoridades generalmente respetaron
este derecho en la práctica; sin embargo, las
fuerzas de seguridad causaron la
muerte de por lo menos dos personas e hirieron a
docenas más durante episodios de convulsión
social violenta.

La ley establece el derecho de asociación y
las autoridades en general respetaron este derecho en la
práctica. El gobierno requiere que las ONG se
registren ante el gobierno departamental apropiado, pero el
cumplimiento de esta norma fue flexible y las autoridades
otorgaron ese registro
fácilmente. Los excesos provienen en la
mayoría de los casos de las asociaciones civiles,
vecinos y comunidades.

No otra cosa resulta la consolidación de un
movimiento comandado por Evo Morales, dirigente cocalero y
líder del MAS; Jaime Solares,
ejecutivo de la COB, Roberto de la Cruz, ejecutivo de la
COD El Alto; Felipe Quispe, del sector campesino del altiplano; sectores radicales
y fundamentalistas, decididos a paralizar el país si
no se atienden sus propuestas.

LIBERTAD

DE CULTOS

Artículo 3.

Artículo 18.

Artículo 12.

CPE. Artículo 3

El Estado reconoce y sostiene la
religión católica, apostólica y
romana. Garantiza el ejercicio público de todo otro
culto.

Articulo contradictorio, por una parte establece
una religión oficial y por otra, la libertad de
cultos. Es un tema relacionado con los derechos
fundamentales, en consecuencia debería estar en el
Art. 7 de la CPE. Por otra parte, no es pertinente mantener
una "religión oficial"; se sugiere una absoluta
libertad de cultos.

En Bolivia no existen violaciones a este
derecho.

La Iglesia
Católica Apostólica y Romana recibió
el apoyo del gobierno (aproximadamente 300 sacerdotes
recibieron pequeñas remuneraciones) y ejerció un grado
limitado de influencia política. Las organizaciones religiosas
no-católicas, entre ellas los grupos misioneros,
deben inscribirse en el Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto y obtener una autorización para contar con
una representación religiosa legal. El Ministerio no
puede negar la inscripción basándose en los
artículos de fe de una organización, pero el proceso legal
puede llegar a ser lento y costoso, lo cual ocasiona que
algunos grupos renuncien a su inscripción y
desempeñen sus actividades informalmente, sin
obtener ciertos beneficios impositivos y
arancelarios.

LIBERTAD DE MOVIMIENTO

Artículo 8.

Artículo 13.

Artículo 22.

CPE. Artículo 7

Derechos Fundamentales:

g) A ingresar, permanecer, transitar y salir
del territorio nacional.

La Constitución reconoce estos derechos y
el gobierno generalmente los respetó en la
práctica. Sin embargo, manifestantes bloquearon y
bloquean las carreteras principales varias veces en
diferentes lugares a lo largo del país.

Los bloqueos en Desaguadero, El Alto y los
permanentes puntos de control
por parte de cultivadores de coca en El Chapare causan un
daño económico
considerable.

El Vice Ministro de Justicia
emitió una resolución donde se ordena a los
fiscales del país, procesar a los
bloqueadores.

Aunque el gobierno no revocó
ciudadanías por razones políticas o de otra índole,
muchos ciudadanos bolivianos carecen de Cédulas de
Identidad, lo cual les impide obtener
pasaportes para realizar viajes
internacionales. Se estima que son de las reparticiones
públicas más corruptas del sistema
gubernamental.

DISCRIMINACIÓN POR RAZA,
SEXO, CREDO, NACIONALIDAD, IDIOMA O CONDICIÓN
SOCIAL

No incorporado en el texto
original.

Artículo 7.

No incorporado en el texto
original.

CPE. Artículo 6

Derechos Fundamentales:

Todo ser humano tiene personalidad y capacidad
jurídica, con arreglo a las leyes. Goza de los
derechos, libertades y garantías reconocidas por
esta Constitución, sin distinción de raza
sexo, idioma, religión, opinión
política o de otra índole, origen o
condición económica o social, u otra
cualquiera.

La Constitución prohíbe la discriminación por raza, sexo,
idioma, opinión política o de otra
índole, origen o posición económica o
social. La violencia contra las mujeres fue y es un
problema persistente y no denunciado adecuadamente.
Según el Centro de Información y Desarrollo de la Mujer
(CIDEM), las mujeres representaron el 86 por ciento de las
22.039 denuncias de abuso físico, psicológico
y sexual hechas ante las Brigadas de Protección a
la
Familia o los servicios jurídicos municipales en
las ciudades principales de La Paz, Santa Cruz, Tarija,
Sucre, Oruro, Potosí, Trinidad, Cochabamba, y El
Alto entre enero y agosto.

El Código del Niño, Niña y
Adolescente establece los derechos de la niñez y de
los adolescentes, regula las adopciones y
protege a la niñez del trabajo
infantil de explotación y de la violencia contra
los niños; sin embargo, las limitaciones
presupuestarias impidieron la total implementación
de esta ley. El
trabajo infantil es un serio problema. El estudio de la
OIT/UNICEF de 2004 sobre la zafra de la caña de
azúcar titulado "Caña Dulce,
Vida Amarga" caracterizó esta actividad como una de
las peores formas de trabajo infantil, en parte debido a
que el 90 por ciento de los niños que trabajaron en
esta actividad no asistieron a la escuela y trabajaron
hasta 12 horas al día, a menudo bajo condiciones
insalubres o peligrosas. A pesar de los esfuerzos del
gobierno y de las empresas
para eliminar el trabajo infantil, la extrema pobreza
fue la razón de la necesidad de muchas familias para
hacer que sus hijos trabajaran.

DERECHO A

LA PROPIEDAD

Artículo 23.

Artículo 17.

Artículo 21.

CPE. Artículo 7

Derechos Fundamentales:

i) A la propiedad privada, individual y
colectivamente, siempre que cumpla una función
social.

CPE. Artículo 22

Garantías de la
Persona:

I. Se garantiza la propiedad privada siempre
que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al
interés colectivo.

La hacienda El Paila, en el Departamento de Santa
Cruz, ocupada por más de dos años 100
ocupantes ilegales del autodenominado Movimiento Sin
Tierra,
las fuerzas de seguridad al tratar de retirar a los
avasalladores de la propiedad privada, obtuvieron un saldo
de un muerto y once personas heridas, incluyendo cuatro
policías. El gobierno central y las autoridades
departamentales lanzaron una investigación, que
estaba pendiente hasta hoy.

El actual régimen del Presidente Mesa, no
contribuye a la restauración del derecho propietario
de aquellas personas que han visto sus propiedades
asaltadas por estas asociaciones que cuentan con el apoyo
económico y asesoramiento de algunas
ONGs.

DERECHO DE PROTECCIÓN CONTRA
LA DETENCIÓN ARBITRARIA

Artículo 25.

Artículo 9.

Artículo 7.

CPE. Artículo 9

Garantías de la
Persona:

I. Nadie puede ser detenido, arrestado ni
puesto en prisión, sino en los casos y según
las formas establecidas por ley.

La Constitución prohíbe el arresto y
la detención arbitraria y el gobierno generalmente
acató estas prohibiciones.

La Policía Nacional tiene la responsabilidad principal por la seguridad
interna. Varios oficiales de policía de alta
graduación fueron expulsados y acusados por
situaciones ocurridas cuando no estaban de servicio, una
cantidad de ellos fueron dados de baja por corrupción. Sin embargo, los fiscales
se mostraron renuentes a enjuiciar a los oficiales de las
fuerzas de seguridad por delitos
presuntamente cometidos mientras estaban en el cumplimiento
de su deber, en parte debido a que dependen de la
Policía Técnica Judicial (PTJ) para
investigar a sus propios oficiales. Los arrestos fueron
realizados abiertamente, pero hubo informes creíbles
de arrestos y detenciones arbitrarias.

DERECHO A

UN JUICIO JUSTO

Artículo 26.

Artículo 11.

Artículo 8.

CPE. Artículo 16

Garantías de la
Persona:

IV. Nadie puede ser condenado a pena alguna sin
haber sido oído y juzgado previamente en proceso
legal; ni la sufrirá si no ha sido impuesta por
sentencia ejecutoriada y por autoridad competente.

Muchos prisioneros todavía aguardaron su
enjuiciamiento o sentencia, pero las cortes dispusieron la
libertad bajo fianza de algunos detenidos. Los jueces
tienen la autoridad de ordenar la detención
preventiva bajo arresto de sospechosos que se considera
están en riesgo de
huida o de obstruir la justicia. Los prisioneros pudieron
ver a un abogado, pero aproximadamente un 70 por ciento de
ellos no pudieron pagar los gastos de un abogado defensor y
los defensores públicos de oficio estuvieron
sobrecargados de trabajo.

DERECHO AL TRABAJO Y UNA JUSTA
RETRIBUCIÓN

Artículo 14.

Artículo 23.

No incorporado en el texto
original.

CPE. Artículo 7

Derechos Fundamentales:

d) A trabajar y dedicarse al comercio, la industria o a cualquier actividad
lícita, en condiciones que no perjudiquen al bien
colectivo.

El gobierno estableció un salario
mínimo para los sectores público y privado
por medio de un Decreto Supremo, después de una
negociación tradicional con la COB.
El salario mínimo de 440 bolivianos mensuales,
más bonos y
beneficios sociales no fue incrementado desde el año
anterior. El salario mínimo no proporciona un nivel
de vida decente para un trabajador y su familia,
además el derecho al trabajo se conculca de manera
deliberada al impedir el libre transito de personas,
bienes y
servicios por los continuos bloqueos que demandan las
comunidades campesinas

DERECHO AL

BIENESTAR

Artículo 11.

Artículo 25.

Artículo 26.

No incorporado en el texto
original.

El Estado del Bienestar corresponde al conjunto de
instituciones estatales proveedoras de
políticas sociales dirigidas a la mejora de las
condiciones de vida, a facilitar la integración de clases y grupos
sociales, nivelando sus recursos
materiales, garantizado un mayor acceso a
las oportunidades y de redistribución de estos
recursos, evitando los conflictos sociales. El Estado de Bienestar
es una invención europea cuya génesis
institucional se remonta a finales del siglo XIX y la
seguridad
social es su núcleo característico y se
consolidó progresivamente en el mundo, como un
avanzado modelo
de democracia. En tales sociedades democráticas los poderes
públicos intervienen activamente en la promoción de los derechos sociales
mediante el sostenimiento de instituciones asistenciales y
de seguridad social para hacer frente a los riesgos
vitales ya sean éstos: ancianidad, desempleo,
enfermedad o pobreza.

Nuestra CPE no reconoce de manera clara y
específica el concepto de
Bienestar, se constata la ausencia de este derecho
fundamental.

PROHIBICIÓN DE ESCLAVITUD Y SERVIDUMBRE

No incorporado en el texto
original.

Artículo 4.

Artículo 6.

CPE. Artículo 5

Derechos Fundamentales:

No se reconoce ningún género de
servidumbre y nadie podrá ser obligado a prestar
trabajos personales sin su pleno consentimiento y justa
retribución.

La ley prohíbe la trata de personas con
fines de explotación sexual; sin embargo existen
denuncias creíbles de trata de personas dentro,
desde y a través del país. El país es
una fuente de origen para la trata de hombres, mujeres y
niños con la finalidad de utilizarlos en trabajos
forzados y explotación sexual en países
limítrofes, sin embargo, no existen cifras
confiables sobre el alcance de la trata de personas. Al
afrontar una extrema pobreza, muchos ciudadanos se
convirtieron en emigrantes económicos y algunos
fueron víctimas de tratantes cuando se trasladaban
del área rural hacia las ciudades y posteriormente
fuera del país. Las mujeres y los niños,
especialmente de los grupos indígenas del Altiplano,
parecieron estar en mayor riesgo de ser víctimas.
Niños fueron víctimas de trata de personas
dentro del país para trabajar en la prostitución, las minas, la
servidumbre doméstica y en la agricultura.