La Opinión Pública en la Definición de la Nacionalidad Venezolana

Quisiera comenzar agradeciendo a la Universidad de
Los Andes la oportunidad que me ha brindado para poder publicar
este trabajo en el
marco de una de las instituciones
más prestigiosas de la intelectualidad venezolana. Razones
para ello habría muchas, pero tal vez la principal sea que
esta Nación
es la patria de Andrés
Bello, el primer intelectual del Nuevo Mundo, el
Príncipe de los poetas americanos, un erudito sin
parangón en su época que supo comprender y predicar
la importancia de saber defender la unidad hispánica, no
sólo procurando la salvación de la unidad lingüística, lo que consiguió
con la elaboración y publicación de su Gramática, sino también mediante el
encumbramiento de¡ Derecho como auténtico basamento
de la unión americana de habla española.

El gran papel de Andrés Bello fue saber poner el
presente en función
del pasado vivo y proyectar ambos hacia el futuro.

A través de una intensidad de magisterio que
puede considerarse único en la historia
universal, este hombre ilustre
diseñó una mentalidad cultural de la cual
surgió lo que ha sido llamado "doctrina
hispano-americana", definida y sucesivamente enriquecida en
literatura por el
Modernismo; en
el pensamiento
por la Filosofía Antipositivista; en política por el
grupo
regeneracionista que ha sido llamado con acierto el "98
hispanoamericano" y, en fin, en el campo de la didáctica por la generación de los
educadores entre quienes brilla con particular intensidad Juan
Montalvo, autor de la Geometría Moral, y luchador
constante y arriesgado contra la tiranía. Estos cuatro
grupos
intelectuales,
sobre los cuales se construye la estructura
medular de la identidad de
Hispanoamérica, deben su coherencia intelectual y su
renovada modernidad a la
figura sin par de Andrés Bello, el más ilustre
intelectual venezolano, a quien deseo rendir homenaje de profunda
reverencia.

Indudablemente, su invitación para escribir este
artículo ha sido hecha en razón a mi cargo de
Presidente del Senado de España, la
Cámara Alta del Parlamento Español, o
a mi condición de profesor
universitario. No obstante, mi alma
romántica y mi sentimiento me inclinan a creer que ha sido
debido a mi origen en esa ciudad española hermana de la de
ustedes que es Mérida, fundada el año 25 antes de
Jesucristo con el nombre de Emérita Augusta. Augusta por
el emperador y Emérita por los veteranos eméritos
de las legiones romanas que se distinguieron en las guerras de
Hispania.

Y es que con esta fundación, Roma
conseguía enlazar la España más romanizada,
que era la Bética, con las tierras todavía poco
dominadas del Norte y del Oeste.

Era, pues, un punto de enlace interterritorial gozne de
Hispania y, en consecuencia y por extensión,
también de la actual nación
española.

Por su parte, esta bella Mérida de Venezuela
tiene un papel semejante en la historia común de
España y América, pues constituye un vínculo
entre regiones venezolanas y de éstas con las
peninsulares, así como punto avanzado y faro del
pensamiento político pluralista y de la cultura
humanística universitaria.

Permítanme, pues que uniendo entre sí esta
hermandad de ciudades abiertas como son su Mérida y mi
Mérida exponga el papel que, a mi juicio, ha jugado la
opinión pública en la definición de la
nacionalidad
venezolana.

Con la fundación de Caracas en 1567, y
años después, la de su puerto de La Guaira en 1588,
apoyadas ambas en la fertilidad de los valles interiores de
Aragua y Tuy, se inició el crecimiento, prestigio y
desarrollo del
centro urbano. Así, al producirse la primera crisis
coyuntural hispanoamericana en la década 1640 – 1650 y
durante toda la segunda mitad del siglo XVII, fue poco a poco,
pero de un modo inevitable, identificándose la
región con la ciudad. El comercio exterior
y el apoyo de las grandes haciendas productoras en los valles
configuró el eje Valles-CaracasLa Guaira como un centro
regional de gran apertura al exterior, en el estratégico
Caribe, mientras hacia el interior quedaba aislado dicho eje de
alta intensidad política y social por los llanos, muy
propicios para la ganadería,
pero escasamente aptos para el poblamiento.

Este desarrollo regional es el origen de una mentalidad
muy peculiar que ha sido estudiada por el historiador Antonio
García Baquero, consistente en un doble movimiento de
signo contrario: una tendencia centralizadora que conduce
a la institucionalización progresiva y acentuada del
territorio, especialmente el urbano y, de modo particular, la
capital,
Caracas.

Frente a ella, la aparición y desarrollo de otra
tendencia, constituida por un provincialismo defensivo
que, inevitablemente, adquiere matices de fuerte incidencia
ideológica y revolucionaria.

Entre esta doble tendencia se configura una
opinión pública caraqueña que alcanza su
plenitud en el siglo XVIII, apreciable sobre todo después
de las grandes reformas administrativas llevadas a cabo por el
ministro de Indias José de Gálvez en el reinado de
Carlos III, a partir del año 1776.

Pero las instituciones creadas, al tiempo que
aumentan la instancia centralizadora, incrementan y refuerzan la
mentalidad provincialista. Una doble función en
contradicción, que explica la temprana iniciativa social
para conseguir la independencia
en Caracas, la primera que ocurre en todo el ámbito de la
América Hispánica, en abril de 1810.

Las consecuencias de esta doble función
contradictoria, se pusieron de manifiesto en aquellos sectores de
la sociedad
urbana sobre los cuales incidieron los efectos económicos
inductores de una actitud
independentista: el comercio y los
comerciantes; la tierra y
los propietarios. En realidad, la libertad de
comercio que se venía gestando a partir de 1762 y que
alcanzó su plena efectividad en 1778 supuso más
bien una ampliación en la participación urbana y
portuaria del régimen preexistente de monopolio
comercial centrado en Cádiz.

Al extenderse los privilegios de Sevilla y Cádiz
a otros puertos peninsulares y americanos, pero
manteniéndose las restricciones para la comercialización de productos
americanos en navíos propios, se produjo una inquietud
criolla cada vez más agresiva. Hasta 1796 no pudo
obtenerse la anhelada reciprocidad por los comerciantes criollos,
concediéndoseles la realización del comercio en
barcos propios. Sin embargo, no pudo aplicarse ya que la casi
inmediata guerra de
España contra Inglaterra lo
impidió. Sí, en cambio, se
produjo un considerable incremento de los proyectos de
ideas criollas de independencia, sobre todo por la
incomunicación entre la Península y América
que dicha guerra generó.

Simultáneamente, en la última
década del siglo XVIII tuvo lugar una considerable
disfunción entre el ritmo de la producción agrícola, ganadera y
minera y los ritmos de circulación comercial. Ello
acarreó verdaderos estragos en el mundo de las relaciones
sociales y políticas.
Obsérvese, por ejemplo, que los Consulados de Comercio,
creados de nueva planta en América – Caracas, y Guatemala
(1793), La Habana (1794), Veracruz y Santiago de Chile
(1795)-surgen respondiendo a una doble razón:
económica, en primer lugar, dada la fuerte demanda de las
sociedades
urbanas; estratégica y defensiva, en segundo
término, puesto que todos estos Consulados se
establecieron en territorios jurisdiccionales de
Capitanías General Por otra parte, y
simultáneamente, la economía
sufrió una importante transformación a finales del
siglo XVIII a consecuencia de la expansión del cultivo de
la caña de azúcar
y la ampliación de sus mercados
comerciales al territorio soberano de los recién nacidos
Estados
Unidos. La fuerte y creciente demanda por parte de la
sociedad norteamericana supuso la afirmación y crecimiento
social y político del grupo de los hacendados, productores
de "coloniales" tales como tabaco,
azúcar, cacao, añil y, en general, la potente
aparición de la economía de
plantación, que dio un nuevo tono y un considerable
impulso a las exportaciones de
materias primas.

Esto reforzó la mentalidad provincialista criolla
que encontró su oportunidad en la oposición o, en
su caso, utilización de las instituciones centrales para
alcanzar sus objetivos y
con posterioridad, hallar cauces para expresar sus ideas
revolucionarias.

En efecto, aunque la Capitanía General venezolana
existía desde 1528 su afirmación fue posterior a la
creación del eje Caracas-La Guaira, si bien tuvo una
función más gubernamental que militar y, en todo
caso, de control sobre los
cabildos. Y así, por Real Cédula de 8 de septiembre
de 1777, adquiere funciones
militares y, por razones básicamente estratégicas,
se segrega a las provincias de Cumaná, Guayana y Maracaibo
del control del virreinato de Nueva Granada, integrándolas
bajo el de la Capitanía General de Venezuela.

En 1776 fue promulgado un Real Decreto en cuya virtud se
creaba la Real Intendencia de Ejército y Hacienda, con
sede en Caracas y jurisdicción sobre los mismos
territorios de la Capitanía General, reconociéndose
así por su medio la
personalidad regional y, desde luego, el triunfo preeminente
del eje Caracas-La Guaira, sobre el anterior centrado en el Golfo
de Maracaibo. La creación de la Intendencia y el
nombramiento de José de Abalos para ejercer la
función suponen un impulso modernizador que
permitió el desarrollo de la señalada sociedad de
plantadores. Es decir, setenta años antes de que naciera
la sociedad de plantadores burgueses norteamericanos, los
plantadores venezolanos promovieron un verdadero programa de
alcance Nacional.

Idéntico sentido encontramos en la
creación de la Real Audiencia de Caracas por Real
Cédula de 31 de julio de 1786, a la que se dota de
capacidad para la sustanciación de pleitos y demandas en
la capital. La culminación del proceso
institucionalizador estuvo en la creación, seis
años después, del Real Consulado con una doble
función: la de justicia
mercantil y la de organismo promotor del desarrollo industrial,
comercial, agrícola y de obras públicas.

Tan importante reforzamiento institucional, como la
eliminación monopolítica de la Real
Compañía Guipuzcoana de Caracas, llevado a cabo en
dieciséis años, originó sin duda una
considerable potenciación M territorio y, con ella, de la
sociedad que poblaba Venezuela. Todo este conjunto de
acontecimientos es el que confluye en el estallido de la
independencia en el año 1810.

Posteriormente, cuando se puso fin a la dictadura de
Pérez Jiménez y tiene lugar la transición de
1958, de nuevo hemos de comprobar cómo, en una
situación histórica completamente diferente, la
reacción de la sociedad se produce en una dimensión
semejante a la de 1810.

Sin duda, y desde un punto de vista
histórico-político, ello es debido a la existencia
de una estructura de opinión pública de fuerte
incidencia comunitaria y característicamente pluralista.
Creo que puede afirmarse que, en ambos momentos
históricos, predominó lo real sobre lo
utópico. La madurez temprana M pensamiento
político, unida a la acción
intelectual, nos proporciona un término adecuado para la
comprensión de ambas experiencias.

La generación "Primiceria" venezolana
(1805/1830), gira básicamente, en sus comportamientos
históricos sobre un eje de atención y preocupación fundamental
que es la independencia nacional, entendida como reacción
respecto al programa de integración, reformismo político y
ampliación de las posibilidades obtenidas como
consecuencia de la mayor extensión del monopolio
comercial, de acuerdo con la propuesta de los ministros
reformistas de Carlos III. En la estela de ese reformismo liberal
se originó una conciencia
patriótica que adoptó, en definitiva, un camino
revolucionario de independencia.

La intensidad en la que se manifiesta esta actitud es
mucho más fuerte en la América Atlántica que
en la América nuclear tradicional – la América del
Pacífico – centrada en los dos grandes Virreinatos de
Nueva España y del Perú. Esta intensidad fue
especialmente relevante en dos ciudades atlánticas,
Caracas y Buenos Aires,
debido sin duda a su mayor nivel intelectual, cultural y
político que se pone de manifiesto, al menos, en seis
niveles de opinión: religiosa, intelectual,
jurídica, periodística, política y de
representación congresual.

En el caso de Venezuela y muy particularmente de
Caracas, estamos en disposición excelente de conocer todos
estos niveles gracias a los 52 volúmenes
magníficamente editados por la Academia Nacional de la
Historia con motivo del Sesquicentenario de la Independencia.
Esta colección, algunas de cuyas piezas documentales son
de primera calidad, nos
permite conocer las expresiones de un estado de
opinión pública que, ya en 1810, era de gran
madurez.

Para alcanzar el
conocimiento relativo a la opinión pública de
un conjunto humano determinado hay que partir necesariamente de
supuestos sociológicos de gran complejidad estructural.
Sin embargo, esta posibilidad nos la ofrece, para el decisivo
significado histórico de 1810, la citada colección
pudiendo acceder, por su medio, a cinco niveles de opinión
pública, al menos. El de tolerancia
intolerancia religiosa, a través de la polémica
suscitada por William Burke sobre la libertad de cultos y la
polémica levantada en su entorno. El segundo nivel, se
refiere a la opinión intelectual de los centros
universitarios venezolanos, sobre todo por la influencia ejercida
por el maestro Baltazar Marrero, en cuyas aulas se educó
la generación revolucionaria caraqueña.

También, en las distintas opiniones personales
que calaron fuertemente en el pluralismo y, en concreto, las
de Francisco Javier Yanes, José Félix Blanco y
José Domingo Díaz, cuyas obras, publicadas en la
citada colección, nos permiten acceder a este importante
nivel de pensamiento político. Un cuarto nivel seria el
jurídico-institucional a través de la Real
Audiencia de Caracas que integra a un sector muy
específico de la opinión venezolana, pues en ella
tuvieron asiento importante figuras criollas como Miguel
José Sanz, Juan Germán Roscio, Francisco Espejo o
Felipe Fermín Paul. El mayor índice de
opinión pública se encuentra, lógicamente,
en el nivel periodístico. Y de modo relevante en las Actas
congresuales donde la opinión, pública se
manifiesta con mayor fuerza e
importancia, configurando plenamente todas las posibilidades
políticas de futuro.

Desde 1810 hasta 1812 se desenvuelve la primera
República, exhaustivamente estudiada por el eminente
historiador Caracciolo Parra Pérez. La revuelta de Caracas
contra el Capitán General Emparán, supuso la
constitución de una Junta de
veintitrés miembros que, tras amplias discusiones,
designó como primera figura política a Francisco de
Miranda. La repercusión que este hecho tuvo en las
provincias fue muy desigual y de profunda división. La
Junta Suprema de Caracas – paralela a la constituida en la
Península con carácter central- envió emisarios a
todas ellas para saber cuáles eran sus respectivas
posiciones.

A Mérida acudió Luis María Rivas
Dávila, consiguiendo la adhesión de ésta a
la revolución caraqueña, pese a que sus
habitantes no estaban precisamente conformes ni de acuerdo con la
pérdida del rango de capital, sufrido un siglo antes por
la ciudad. Ello influyó, quizá, en la
decisión de separarse de Maracaibo proclamando constituida
la antigua provincia y aceptando la propuesta de confederarse con
las demás, según la petición recibida de
Caracas.

Al constituirse la Junta de Mérida, de la que fue
nombrado presidente Don Antonio Ignacio Rodríguez
Picón, una de las primeras consecuencias fue la
creación definitiva, por concesión del Rey, de la
Academia para la obtención de grados mayores y menores
"con tanto como las de cualquiera Universidad de las que existen
en América". La Junta revolucionaria llevó a
plenitud la gracia real y, con el titulo de Real Universidad de
San Buenaventura de Mérida de los Caballeros, se
estableció con idénticos privilegios que la de
Caracas.

En Venezuela, sólo le había precedido el
Colegio-Seminario de
Santa Rosa de Caracas, convertido en Universidad en 1721, con las
mismas prerrogativas que la de Salamanca, con lo cual la
formación intelectual caraqueña adquiría
dimensión autónoma, la misma que se otorgaba a
Mérida. En definitiva, como puede apreciarse, tanto
social, como política e intelectualmente, el pluralismo
participativo de la primera República fue grande. Es
importante señalar, en este sentido, que de acuerdo con
las investigaciones
del historiador español Mario Hernández
boSánchez-Barba, en los escasos tres años de la
primera República tuvo lugar la constitución de
tres Juntas, Congresos o instituciones de representación.
Pues bien, en ellas sólo se registra la repetición
en las tres de cuatro personas. Además, esta
participación pluralista tuvo, al mismo tiempo
manifestación de voluntad constituyente, lo cual
generó una específica voluntad
comunitaria.

El 2 de Marzo de 1811, treinta de los cuarenta y dos
diputados representantes de las provincias venezolanas se
instalaron en Congreso Nacional. Tras arduas discusiones, el 5 de
julio de 1811 se aprobó la Independencia con los votos de
todos los compromisarios, excepto el de Maya de La Grita. El 21
de diciembre de 1811, treinta y siete diputados firmaron la
Constitución, cuya redacción se había encomendado al
secretario Francisco Iznardi. La generación
"patriótica" venezolana había alcanzado su
más caro propósito.

Puede decirse que la primera República fue
realmente consecuencia de una conjunción de intereses
provinciales de índole conservadora. Los mantuanos,
prácticamente dueños de la producción y del
comercio, fueron los promotores, como había ocurrido en la
República burguesa norteamericana de plantadores del Sur,
del proceso político que culminó en la
Constitución de 1811.

Las instituciones españolas, por su parte, fueron
los cauces por los cuales discurrió una opinión
pública pluralista que defendía intereses
personales y de grupo y que, por consiguiente, insensiblemente,
habla de generar preeminencias de los grupos más poderosos
sobre los menos favorecidos financieramente. La búsqueda
de la libertad política ocultó -como en tantas
otras ocasiones ha ocurrido en occidente- la esencia de la
democracia,
mitificada por su mera formulación externa. Por esa
razón, en las antípodas de la inexistente democracia se
colocó la dictadura, realzada como única
posibilidad de alcanzar el orden.

Se produjo, pues, una alternancia de los valores
del orden y, durante ciento cincuenta años, las guerras
civiles y las dictaduras de los más diversos matices
convulsionaron la historia nacional de Venezuela. Basta con
recordar los nombres de Páez, Falcón, los Monagas,
Guzmán Blanco, Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez,
López Contreras, Medina Angarita, Pérez
Jiménez. Los sistemas de poder
personal, de
caudillos o militares, ocasionaron un considerable descontento
social y grandes traumas económicos. Pero, fuertemente
aferrados al Poder, los dictadores se perpetuaron y se sucedieron
entre sí estableciendo una verdadera monocracia, hasta que
tuvo lugar el gran cambio de 1958.

Digo gran cambio porque, en efecto, pasar de una
estructura monocrática sin solución de continuidad
para entrar en una vía democrática y de este modo
canalizar las potencialidades de una sociedad, no es simplemente
una mera transición, que por otra parte
historiológicamente puede ser muy discutible, sino un
verdadero cambio que tuvo repercusiones trascendentales en el
plano social, en la realidad económica y, desde luego, en
el epitelio político.

¿Cómo se produjo este cambio? En primer
lugar como consecuencia de un perfil social muy concreto: las
oligarquías de intereses que habían predominado en
la coyuntura de 1810 fueron sustituidas por partidos
políticos dirigidos por líderes de gran
prestigio: básicamente, Acción Democrática
presidida por Rómulo Betancourt y COP0, constituido
alrededor de ese gran estadista que es el actual presidente de la
República, Don Rafael Caldera.

Socialmente, hizo posible apreciar cómo la
voluntad coordinada de una Nación fue capaz de generar un
rumbo cierto y seguro, con una
cooperación dinámica y una voluntad solidaria para
encauzar el futuro como entidad política, poniendo la
confianza civil en la representación de los partidos
políticos, del mismo modo que éstos la pusieron en
sus líderes. Así, a lo que se aspiraba
socioeconómicamente -una mejor distribución de la renta per cápita-
hay que añadirla opción por un desarrollo
económico más acorde con las necesidades de la
comunidad
nacional. El cambio de 1958 permitió sentar las bases del
experimento político democrático, eliminando la
desconfianza entre civiles y militares pero, al mismo tiempo, la
sociedad civil
adquirió un fundamento de libertad para el ejercicio de la
democracia constitucional y representativa.

El primer presidente elegido democráticamente,
Rómulo Betancourt, hizo justicia y honor a aquellos que
asumiendo el gobierno
provisional " encarnaron y respetaron desde el Ejecutivo la
voluntad democrática de Venezuela" a partir del 23 de
enero de 1958 hasta el 13 de febrero de 1959: el contraalmirante
Wolfgang Larrazábal y el doctor Rafael Caldera -ambos
compitiendo con Betancourt-, así como el doctor Edgar
Sanabria, jurista de excelsas cualidades, Eugenio Mendoza, Bias
Lamberti y Arturo Sosa.

Desde 1958 se han sucedido los presidentes de la
República elegidos democráticamente y se ha dado la
singularidad de que, en varios de los comicios celebrados, el
partido en el poder ha sido vencido por la oposición,
produciéndose transmisiones de mando sin
incidentes.

El significado profundo de 1958 es pues, a mi juicio, el
de unas ideas que prevalecieron sobre las ambiciones personales.
La democracia -por la que tanto ha luchado un sector importante
de intelectuales y hombres públicos venezolanos- arraiga
cada vez más en la opinión pública y, por su
parte, es apreciable en los tres niveles de la sociedad
política. La Constitución de 1961, fruto del primer
Congreso, elegido a finales de 1958, mantiene su vigencia como
marco esencial y peculiar de una Nación con un peso cada
vez mayor en el conjunto del continente americano y de la
comunidad iberoamericana.

Por ello es justo que aproveche esta oportunidad
universitaria para rendir un justo y merecidísimo homenaje
a uno de los actores y hacedores de aquella gran gesta, el actual
presidente de la República, doctor Don Rafael Caldera.
Permítanme que les diga que ustedes los venezolanos tienen
la suerte inmensa de contar con un político integrador
permanentemente preocupado por el diálogo,
por la superación de la crispación y por la
consolidación de la democracia.

Como tuve oportunidad de manifestarle con ocasión
de su presencia en el Senado de España en el marco de la
visita de Estado que efectuó hace ahora poco más de
un año, el Doctor Caldera puede ser considerado, ajusto
titulo, como uno de los grandes artífices de la,
democracia venezolana, en tanto promotor de ese concepto
básico de la ciencia
política que ha sido identificado por la
historiografía con el significativo titulo "democracia
pactada", un sistema basado en
la búsqueda de la estabilidad a través de la
permanente concertación, un sistema que, a pesar de las
dificultades, y los sobresaltos, ha convertido a Venezuela en una
de las más sólidas democracias
iberoamericanas.

Como coartífice de los acontecimientos de 1958,
es parte sustancial de aquel reto que resonó fuertemente
en el destino histórico de Venezuela. Un pueblo entero se
alzó contra la falta de libertad comunitaria, exigiendo la
vía democrática, que fue implantada gracias al
apoyo ciudadano, la honrada conducción de sus lideres
políticos y el acatamiento de las leyes. La unidad
de voluntades requeridas por Simón Bolívar en
su última Proclama es, en efecto, la causa
eficiente y poderosa de que Venezuela continúe en su
vía ascendente, en plena esperanza de futuro.

Por ello, en definitiva, es digno de la mayor alabanza
el ejemplo que supo dar Mérida en 1810: renunciar a
mantener sus justos agravios en beneficio de la unidad nacional.
Se trata de la manifestación de una opinión que
renuncia a sus intereses en pro del bien común, un mensaje
con un valor renovado
en los momentos por los que atraviesa actualmente la
humanidad.

José Ignacio Barrero Valverde
(*)

En Revista
virtual Provincia. Universidad de Los Andes:

(*) Profesor de Derecho
Constitucional de la UNED de España. Presidente del
Senado de España