- 3.
Partido de la Revolución
Democrática - 4.
Partido Revolucionario Institucional - 5.
Comentarios finales - Notas
El proceso de transición
política en el país
tuvo en el año 2000 dos hechos significativos: la
alternancia en el poder ejecutivo federal y una
nueva composición parlamentaria que estableció una
nueva correlación de las fuerzas políticas. Estos
acontecimientos tuvieron y tienen importancia no sólo para
los partidos políticos, las
formas de representación o el ejercicio de gobierno, también la tienen
para el campo educativo.
Los resultados de las elecciones realizadas en el mes de
julio confirieron el cargo de presidente de la república,
por primera vez en 71 años, a un candidato opositor al
entonces denominado partido oficial; un candidato que no fue
postulado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) o sus
antecesores, el fundacional Partido Nacional Revolucionario
(1929) y el Partido de la Revolución Mexicana de los
años treinta y cuarenta.
La transición, concepto que se venía
discutiendo en el ámbito académico del país cada
vez con mayor énfasis desde los años noventa y unas
décadas antes en el contexto internacional (1), se
convirtió en el término que permitía comprender
los procesos de cambio político que se
apartaron de los esquemas tradicionales de cambio abrupto o
revolucionario, para referirse más bien a las
transformaciones graduales, a las vicisitudes y esfuerzos
sucesivos de distintas sociedades por instaurar un
orden político distinto. En nuestro país,
particularmente a partir de las controvertidas elecciones
presidenciales de 1988, los partidos políticos han adquirido
mayor centralidad y visibilidad pública; la vida
política se ha vuelto más partidaria y menos
corporativa.
1. Nuevas reglas de juego
En primer lugar, debe aclararse que los partidos
políticos son reconocidos en la Constitución
mexicana como entidades de interés público, cuya
finalidad es la de
promover la participación del pueblo en la vida
democrática, contribuir a la integración de la
representación nacional y como organizaciones de ciudadanos,
hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo
con los programas, principios e ideas que postulan y
mediante el sufragio universal, libre,
secreto y directo. (2)
Pese a las justificadas expresiones de inconformidad con
el funcionamiento del sistema de partidos – sobre todo
hasta antes del proceso electoral de julio del año 2000 y
especialmente debido al régimen de partido único, las
iniquidades entre partidos, el presidencialismo, la desconfianza
en los resultados electorales, la cultura patrimonialista y una
distancia que paulatinamente se fue ahondado hacia los ciudadanos
– , no hay duda de la importancia de los partidos como
agrupaciones que permiten la integración y el acceso a
posiciones institucionales de representación nacional. Por
ejemplo, como lo prevé la Constitución, son los
partidos quienes a través de la vía electoral
posibilitan la integración y renovación de los poderes
ejecutivo y legislativo, federal y estatal, así como los
ayuntamientos. Además, debe resaltarse que los resultados de
los procesos electorales determinan, en parte, las fuerzas
políticas institucionales, puesto que dependiendo de los
porcentajes de votación unos partidos son reconocidos
oficialmente como tales y otros no.
Sin duda, uno de los elementos que ha contribuido de
manera decisiva para garantizar una relativa confianza en los
resultados de las elecciones, ha sido el actual marco normativo
de los procesos electorales. Desde fines de los años
ochenta, las sucesivas reformas a las leyes políticas y a los
reglamentos correspondientes, han permitido que la organización de las
elecciones federales esté bajo la responsabilidad del Instituto
Federal Electoral (IFE), un organismo autónomo e
independiente del nivel gubernamental. El IFE inició sus
funciones en 1990 y las
subsecuentes reformas de 1993, 1994 y 1996 han ido
otorgándole plena independencia y facultades
para su integración y desarrollo de sus funciones.
De hecho, la forma en que el IFE llevó a cabo el más
reciente proceso electoral, que se caracterizó por la
ausencia de conflictos, la seguridad de respeto al voto, la credibilidad
sobre los resultados y la eficiencia de su labor, han
resaltado los logros en esta materia en nuestro país y
ratificado la conveniencia de su presencia para el avance
democrático.
Sin embargo, también debe reconocerse que aunque en
el año 2000 adquirió especial relevancia el hecho de la
alternancia, los cambios en el sistema de partidos habían
comenzado a gestarse desde unos años antes. Primero fueron
notorios los cargos de representación de distintas fuerzas
políticas en el gobierno municipal; después, una
paulatina pero creciente participación en el gobierno de
entidades federativas del norte y centro de la república, le
siguió una nueva composición del poder legislativo y, en el
año 2000, el cambio en la presidencia de la república.
Por ejemplo, al comienzo de los años noventa, aunque el PRI
ya había perdido la primera gubernatura (Baja California en
1989), todavía gobernaba la mayor parte de municipios y
entidades federativas del país, conservaba la presidencia de
la república y el gobierno del Distrito Federal además
los 320 escaños de la Cámara de Diputados que le
garantizaban mayoría absoluta. Sin embargo, en 1997 el PRI,
por primera vez en su largo periodo de partido en el gobierno,
perdió la mayoría absoluta en la Cámara de
Diputados y la jefatura de la ciudad capital; conservó el
mayor número de diputados pero no la mayoría absoluta:
PRI 239, PAN 121, PRD 125, PT 7 y el Verde Ecologista 8.
(3)
Por su parte, los resultados de las elecciones federales
del año 2000, además del cambio en la presidencia de la
república, también mostraron una diversificación
de las preferencias de los ciudadanos y una nueva
composición parlamentaria. En la votación para la
presidencia de la república hubo un total de 37.6 millones
de votos, de los cuales correspondieron el 42.5% a la Alianza por
el Cambio (PAN y PVEM) (4); el 36.1% al PRI, el 16.6% a la
Alianza por México (PRD, PT, PAS, PSN)
(5) y el 2.5% para los tres partidos restantes que
individualmente no alcanzaron el mínimo para conservar su
registro (PCD .55%, PARM .42%
y PDS 1.57%) (6).
En la integración parlamentaria, de acuerdo a los
resultados oficiales y como se puede apreciar en la siguiente
tabla, ningún partido tiene mayoría absoluta y el PRI
se conserva como primera minoría.
Resultados del proceso electoral para Diputados y
Senadores, 2000
PAN | PRI | PRD | PT | PVEM | PCD | PSN | PAS | TOTAL | |
Senadores | 45 | 59 | 17 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 128 |
Diputados | 207 | 211 | 50 | 7 | 17 | 3 | 3 | 2 | 500 |
Fuente: IFE. Elecciones federales del año
2000.
A pesar de que no necesariamente la alternancia en el
poder significa automáticamente un mejor desarrollo de la
vida política o la instauración de la democracia, (7) en el contexto
de renovación del poder ejecutivo federal y en la
composición plural del poder legislativo, los partidos
políticos enfrentan una nueva realidad, con distintos
desafíos y responsabilidades. Uno de ellos es remontar la
desconfianza y el escepticismo de los ciudadanos hacia la
política y sus diferentes formas de expresión, actitudes que quedaron como
recurso ante las evidencias de simulación,
irresponsabilidad y distanciamiento de la mayor parte de las
organizaciones políticas. Otro aspecto, no menos importante,
es la formulación clara y consistente de sus propuestas y
posiciones, tanto como su capacidad para aglutinar y representar
a diferentes segmentos de la sociedad.
La educación es uno de los temas
ineludibles para las organizaciones políticas y en torno del cual se hacen patentes
diferentes posiciones y se cifran variadas expectativas. Las
distintas fuerzas políticas, en sus documentos básicos,
sostienen claros principios y reivindicaciones en el terreno
educativo. De hecho, es frecuente la asociación
implícita de cierto tipo de posiciones y determinados
partidos políticos (p.e. respecto al financiamiento educativo, el
carácter laico,
público o privado, o el federalismo).
Durante el año 2000, fundamentalmente por la
contienda electoral, los partidos políticos difundieron
extensamente sus propuestas educativas, polemizaron entre sí
y los planteamientos alcanzaron una alta visibilidad
pública. A pesar de que las notas de prensa frecuentemente enfatizaron
los asuntos más controvertidos y solamente ofrecían
fragmentos de los diferentes puntos de vista, también
posibilitaron un acercamiento a las principales ideas de los
partidos así como constatar que, en general, todavía
será menester una elaboración más consistente de
las propuestas y un mayor esfuerzo de los partidos en este
terreno. En las páginas siguientes se presentan, según
orden alfabético, los planteamientos más sobresalientes
de los tres partidos con mayor presencia en la vida política
del país.
2. Partido Acción
Nacional
El Partido Acción Nacional, fundado en 1939, es uno
de los más antiguos y sus posiciones frecuentemente se han
identificado con una ideología conservadora.
Este partido, al igual que la mayoría de organizaciones
políticas al momento de su constitución, sostienen
principios básicos en torno a la Nación, la persona, el Estado, el orden, la
libertad, etcétera. Pero,
incluso, Acción Nacional hizo una proyección de sus
principios al cumplir sus primeros 25 años. (8)
En la proyección de sus principios de doctrina,
respecto a la educación, establecen claramente sus
posiciones en torno a la libertad de enseñanza, los deberes
del Estado, el financiamiento y la
autonomía universitaria. Por ejemplo, sostiene el principio
de libertad de investigación y de
enseñanza, así como el deber del Estado –"pero
que nunca puede ser monopolio suyo"- en la
procuración de igualdad de oportunidades
educativas a la colectividad. Sin embargo, también aclara
que son una imposición los textos únicos y la
limitación para escoger el tipo de educación que
recibirán los hijos. (9) Igualmente, reconoce la importancia
de la universidad, la libertad de
investigación y el apoyo a sus actividades, así como el
deber del Estado de "proporcionar los medios económicos
suficientes" para que cumpla sus fines. No obstante, también
destaca que: "El Estado y la colectividad deben gestionar la
constitución de patrimonios propios para las universidades e
instituciones de cultura
superior, con el fin de garantizar su autonomía
jurídica y económica". Finalmente, también destaca
la importancia de: intensificar la enseñanza técnica en
correspondencia con las necesidades de la nación; que el presupuesto educativo sea "objeto
de una justa y racional distribución", conforme
criterios de necesidades regionales y sociales; y el
fortalecimiento de los institutos y universidades de
provincia.
El conjunto de principios prefiguran ciertas bases en
torno a qué tipo de política educativa impulsaría
este partido y, de hecho, qué propuestas específicas
plantea. Sin embargo, por un lado, debe resaltarse que el
proyecto educativo -del PAN y
de cualquier otro partido político-, sólo se puede
apreciar claramente cuando se prepara para hacer una oferta de programa de gobierno y, como
sucede cada que se realizan elecciones presidenciales,
generalmente se plasma en su plataforma electoral. (10) Por otro
lado, se debe advertir que en el año 2000, a diferencia de
años anteriores, el candidato presidencial del PAN
desplegó una estrategia política y
ofertas poco apegadas a las formas tradicionales de ese partido
en la integración de su plataforma electoral.
En buena medida las propuestas en materia educativa del
PAN fueron las que planteó el candidato presidencial Vicente
Fox. El hoy presidente Fox fue postulado por la Alianza por el
Cambio, integrada por el PAN y el PVEM, había sido un
militante con una corta trayectoria en el PAN pero que, en poco
más de una década, había llegado a ser diputado,
gobernador, candidato presidencial y ganador de las elecciones
con esas siglas partidarias. Inicio su labor de campaña casi
con tres años de anticipación a la realización de
las elecciones y en buena medida su base de apoyo fue una
organización social (los
amigos de Fox) y no el partido como tal.
En los diferentes actos de campaña, particularmente
en el primer semestre del año 2000 y en su encuentro con
diferentes comunidades educativas, Vicente Fox reiteró un
conjunto de propuestas en torno a la educación que los
medios destacaron en sus diferentes formatos. Los discursos del Candidato Fox
planteaban, en general, un diagnóstico elemental de
la problemática educativa y enumeraban un conjunto de
propuestas. (11)
En la parte diagnóstica, Vicente Fox generalmente
enfatizó la importancia de la educación y le
asignó un lugar prioritario en su eventual programa de
gobierno. Reconoció el reto que representaba el siglo XXI
para el campo educativo, particularmente respecto a la calidad, la formación de
recursos a nivel mundial, las
oportunidades educativas para los estudiantes sin recursos
económicos, las demandas de los empleadores y el mundo del
trabajo.
En cuanto sus propuestas, en términos generales las
resumió en diez puntos:
1 – Contagiar la pasión por la
calidad.
2 – Hacer pertinente el sistema educativo para el
siglo XXI
3 – Establecer la equidad como un imperativo
en la educación
4 – Asegurar que el sistema de educación
pública cumpla con el cometido que la sociedad le
encomienda
5 – Impulsar los valores
6 – Modernizar la educación a
distancia
7 – Dar plena libertad y autonomía a las
instituciones de educación media y superior
8 – Fortalecer la ciencia, la tecnología y la
innovación
9 – Vivir el federalismo
10 – Promover intensamente la demanda.
Además, el entonces candidato Vicente Fox
estableció una serie de compromisos, algunos de los más
relevantes fueron: (12)
Impulsar una educación que no sea el privilegio de
unos cuantos
Hacer de la educación la tarea central y más
importante de mi gobierno
Duplicar a lo largo de mi gobierno la proporción
del gasto en educación superior y
ciencia y tecnología,
para alcanzar durante el sexenio el 1.0 y el 0.8%
respectivamente.
Convertir la educación en una verdadera palanca
para el progreso individual y una verdadera avenida para la
movilidad social.
Quizás uno de los puntos que generaron mayor
incertidumbre y sobre el cual se hicieron variadas especulaciones
fue respecto a la posición del candidato del PAN sobre el
carácter público, laico y gratuito de la
educación. Las especulaciones, en parte, se debieron a las
posiciones del partido sobre ese tema – que reivindica sus
principios doctrinarios – , pero también por las propias
definiciones del entonces candidato Vicente Fox. Uno de ellos se
refería a la posibilidad de instrumentar el llamado subsidio
directo a la demanda, el llamado "bono o cheque educativo" (La
Jornada, 2 de julio de 2000) y otro respecto al carácter
laico. Este último, particularmente por las posiciones que
expresó Fox en la carta pastoral a los obispos y
en la subsecuente reunión con la curia del arzobispado: "el
Estado ignora la realidad del hecho religioso y hasta pretende
borrarlo, mientras que por otra enseña una religión de Estado que trata de
sustituir a las religiones con héroes y una historia oficial maquillada" (La
Jornada, 13 de abril de 2000).
Unas semanas después de que obtuvo el triunfo en
las elecciones del 2 de julio, Vicente Fox declaró que "no
habría marcha, la educación seguiría siendo
pública, laica y gratuita". Sin embargo, las dudas
persistieron al nombrar como coordinador del equipo de la
transición educativa al rector del Instituto
Tecnológicos de Estudios Superiores Monterrey (ITESM),
Rafael Rangel Sostmann, en lugar de un representante de una
institución pública. El coordinador del equipo de la
transición educativo expresó su parecer sobre la
gratuidad:
Definitivamente la educación debe ser laica, debe
ser pública y debemos darles a todos esas premisas, el
único debate que ahorita hay es la
gratuidad, y aprovecho a decir que todo joven se le debe dar
acceso a la educación y debe ser gratuito pero también
todo joven que termine una carrera universitaria tiene una
responsabilidad para con la sociedad y esta responsabilidad debe
ser regresada o debe retribuirse a la sociedad con tiempo dedicado al servicio social o bien
regresando una parte de lo que se invirtió en él a
nivel universitario…(Reforma, 11 de octubre de
2000).
Finalmente, el primero de diciembre del año 2000,
al tomar posesión la nueva administración, el equipo
de la transición entregó un documento que serviría
de base para la elaboración del programa educativo del
sexenio, pero que además sugería una serie de acciones a realizar en los
primeros 100 días, entre ellas: (13) el anuncio del sistema
de becas; infraestructura material y escuelas de calidad;
educación permanente; y promoción masiva de la
sociedad en la educación.
Sin embargo, además del nombramiento de las
autoridades educativas – entre ellas el presidente del Consejo de
Educación para la Vida y el Trabajo – y la
asignación del gasto educativo, no hubo más acciones en
el año 2000. En el caso del presupuesto educativo, pese al
compromiso de campaña y la expectativa generada, no hubo un
incremento sustantivo. El proyecto de presupuesto de egresos de
la federación para el año 2001 consideró un gasto
educativo del orden de 245.7 mil millones, cifra que representaba
el 4.01% respecto del PIB; una proporción
similar al gasto de la administración
anterior y lejana del compromiso de campaña que
consideró llegar al 8% al final del sexenio.
El resto de acciones y proyectos considerados en el
documento de la transición educativa aguardó su
procesamiento por las autoridades que tomaron posesión en el
último mes del año 2000, la estructuración del
Plan Nacional de Desarrollo y
el subsiguiente programa sectorial. Quizás lo que hubo en el
año 2000 solamente fueron declaración de intenciones,
ahora, en la etapa de gobierno, tocará el turno de ingresar
al terreno de las acciones y de diseñar el verdadero
proyecto educativo. Sin embargo, la serie de declaraciones y
hechos registrados también muestran diferentes puntos de
tensión que se deberán resolver de una u otra manera.
Entre los más sobresalientes está el carácter
público y privado de la educación, la gratuidad para el
nivel superior, las políticas de equidad, y el uso de las
nuevas tecnologías en el
campo educativo.
3. Partido de la Revolución
Democrática
El Partido de la Revolución Democrática (PRD)
es un partido relativamente reciente. Se constituyó como tal
en 1989 y es el resultado de un amplio frente identificado con
una posición de centro-izquierda que se hizo presente en la
vida política a fines de los años ochenta. El PRD
básicamente aglutinó a: el grupo que se separó del
PRI en 1987, la llamada corriente crítica encabezada por
Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo; al
Partido Mexicano Socialista que era, a su vez, resultado de
sucesivas fusiones de partidos anteriores
como el Partido Socialista Unificado de México, el Partido
Mexicano de los Trabajadores, y antes del Partido mexicano
Comunista; así como diferentes organizaciones sociales y
urbanas, entre ellas a la Coalición Obrera, Campesina,
Estudiantil del Itsmo (COCEI), la Asociación Cívica
Nacional Revolucionaria (ACNR) y a la Organización
Revolucionaria Punto Crítico (ORPC).
Las posiciones y reivindicaciones del PRD respecto a la
educación, también tienen su base en la serie de
principios que sostiene como partido. Particularmente, los
principios de igualdad y libertad están asociados al tema de
la educación: (14)
a – Los derechos sociales de alimentación, salud, educación, trabajo, descanso,
vivienda e ingresos mínimos vitales
deben ser universales para todos los mexicanos y mexicanas, y
de ellos deben hacerse cargo la comunidad y el Estado,
según dispone nuestro régimen
constitucional.
b – Las libertades establecidas en la
Constitución son principios inviolables de convivencia en
el país. Ellas implican la libre circulación de ideas
y de personas, la elevación en extensión y calidad de
la educación pública y laica desde la primaria hasta
la educación superior, la investigación
científica y el desarrollo de la tecnología, la
libertad de creencias y preferencias individuales, el derecho a
decidir sobre el número y espaciamiento de los hijos en la
pareja, la separación de las Iglesias y el Estado, la
libre disposición de los medios de
comunicación masiva, el derecho a la cultura, al
arte y la recreación.
De hecho, una de las posiciones más reiteradas por
el PRD ha sido la defensa del carácter público, laico y
gratuito de la educación. Incluso, una de las propuestas
más asociadas con este partido y, en general de las
organizaciones políticas que lo antecedieron, ha sido su
insistencia en que el gasto educativo represente el 8% del PIB,
como lo ha sugerido hace más de dos décadas la
Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO,
por sus siglas en inglés).
En las elecciones del año 2000 el PRD formó
una alianza con otros partidos (del Trabajo, Alianza Social y
Sociedad Nacionalista), pero él constituía el partido
principal y sus posiciones prevalecieron en las ofertas de la
campaña electoral.
En términos generales, en la plataforma electoral,
en el breve apartado de educación, se planteó una serie
de consideraciones a manera de diagnóstico y se anotaron
cuatro propuestas. En las consideraciones se destaca que la
educación: enfrenta graves problemas y se han agudizado
en los últimos gobiernos; no ha contribuido plenamente a la
construcción de una
nación democrática; cerca de un millón de niños y niñas
están excluidos de las oportunidades educativas; existen
altos niveles de deserción; y se considera,
erróneamente, que el nivel superior es un privilegio. En
consecuencia, y conforme a los principios que sostiene el PRD, se
anotaron las siguientes propuestas:
a – Para combatir la pobreza y la desigualdad es
necesario redefinir el proyecto educativo nacional, sus
valores, organización,
objetivos, reivindicando su
carácter laico, pluricultural, democrático y gratuito
en todos sus niveles.
b – Corresponde al Estado y al nuevo gobierno
democrático tomar las medidas necesarias para garantizar
un desarrollo pleno de las niñas y los niños,
respetando –entre otros- sus derechos a la vida y a la
educación.
c – Además de la educación pública y
gratuita en todos los niveles, un gobierno socialmente
responsable debe generar oportunidades a los
jóvenes.
d – Es necesario impartir una educación
garantizada por las leyes, que señale la responsabilidad
del Estado en cuanto a gratuidad, tal y como lo señalan
organismos internacionales.
En los discursos de campaña y en el encuentro con
diferentes sectores sociales, el candidato presidencial de la
Alianza por México, Cuauhtémoc Cárdenas
adicionó otras propuestas, como las que pronunció en la
reunión de la Asociación Nacional de Universidades e
Instituto de Educación Superior (ANUIES) el 24 de marzo del
2000: incrementar 3 puntos porcentuales, respecto al PIB, en el
nivel de gasto educativo; vincular las instituciones de
educación superior y las escuelas técnicas con el mundo del
trabajo; reivindicar la educación superior como el
fundamento de un proyecto cultural; e incentivar fiscalmente a
las empresas para el apoyo de la
ciencia y la tecnología (La Jornada, 29 de marzo de
2000). O bien, las que pronunció en el encuentro con
integrantes el sindicato de profesores y en
donde además de reivindicar el carácter público,
laico y gratuito, destacó la conveniencia de la profesionalización del
magisterio y la seguridad de un salario digno (La Jornada,
17 de marzo de 2000).
Sin embargo, la posición del candidato de la
Alianza por México y del PRD en general, fueron motivo de
polémica y cuestionamiento por su papel en el conflicto de la UNAM
–tema que los candidatos de las otros partidos procuraron
evitar-. Un papel controvertido que provocó debate entre la
opinión pública, sus
propios afiliados (La Jornada, 10 de febrero y 20 de junio
de 2000), enfrentamiento con sectores estudiantiles y una tensa
situación al asistir a un acto proselitista en la explanada
de la UNAM (ver crónicas y opiniones de prensa, entre el 19
y 24 de junio de 2000), espacio tradicionalmente receptivo a las
figuras públicas de izquierda y particularmente a
Cuauhtémoc Cárdenas. También se debe destacar,
como parte de las diferencias al interior del PRD, la
posición del PRD en el Distrito Federal (D.F.), y la
discrecionalidad de su entonces candidato para el D.F.,
Andrés Manuel Obrador, quien prefirió mantener un bajo
perfil en el acto universitario y, de hecho, se especuló
hasta las vísperas del evento si estaría presente en el
mismo.
Otros puntos polémicos resultaron de las posiciones
del gobierno del D.F. y autoridades del gobierno federal respecto
a la atención a demandas del
magisterio (La Jornada, 31 de mayo de 2000) y a la
controversia constitucional sobre la Ley de Educación del D.F.
(El Financiero, 19 de septiembre de 2000). Un aspecto que
conviene destacar es que efectivamente, todavía en el
año 2000 el D.F. era la única entidad federativa en
donde los servicios educativos no se
habían descentralizados, seguían siendo proporcionados
por las autoridades federales, en parte por la decisión de
las mismas autoridades capitalinas (La Jornada, 17 de
julio de 2000). Tarea que le corresponderá al gobierno
perredista que gobernará el D.F. en el periodo 2000-2006,
además de diseñar realmente un proyecto
educativo.
4. Partido Revolucionario
Institucional
El PRI, partido que permaneció en el poder
ejecutivo federal por siete décadas y bajo cuyo gobierno se
edificó en buena medida el sistema educativo actual, primero
apareció como Partido Nacional Revolucionario en 1929,
después como partido de la Revolución Mexicana en 1938,
y ya en 1946 con el nombre que actualmente tiene.
Entre los principios que sostiene este partido y que se
relacionan con el tema educativo están el de justicia social y legalidad:
a – La justicia social es, ante todo, igualdad de
oportunidades y garantía de bienestar. Los priístas
la entendemos como el acceso a la educación y al trabajo,
como el derecho a alimentación, salud, vivienda, vestido,
recreación y medio ambiente dignos.
Pugnamos, en consecuencia, por un Estado Social de Derecho en
el que todos los miembros de la sociedad tengan las mismas
oportunidades de acceder a los mismos beneficios y en el que
nadie carezca de las condiciones materiales básicas para
vivir con dignidad.
b – Nuestro compromiso con la legalidad: Recibir
educación es un derecho y una obligación del individuo; impartirla
obligatoria, laica y gratuita en su nivel básico, es
responsabilidad del Estado. Gobierno y sociedad han de promover
una educación pública de calidad dirigida al
ejercicio de la libertad y al compromiso con la justicia, y han
de fortalecer la universidad pública y las
responsabilidades en la función educativa de
estados y municipios.
La plataforma electoral del PRI 2000-2006 reflejó,
en parte, esos principios y ofreció propuestas
específicas. (15) En el apartado sobre educación se
formularon una veintena de propuestas agrupadas en cuatro rubros:
calidad, eficiencia terminal e infraestructura, deserción, y
certificación de conocimientos.
El rubro de calidad, con una docena de propuestas
específicas, es el de mayor extensión. Por ejemplo,
algunas de las más sobresalientes fueron: la
reestructuración del sistema educativo y el impulso a un
nuevo proyecto educativo integral; asegurar, por lo menos, dos
años de preescolar a los menores de
cinco años; ampliar el horario de la educación
básica; propiciar la pertinencia, armonizando el modelo educativo de sus
niveles técnico, medio superior y superior con la cultura y
las vocaciones productivas; reforzar la educación de adultos
y la capacitación técnica; o
dotar a las escuelas de mejores materiales didácticos e
incorporar nuevas tecnologías. (16)
Para el rubro de eficiencia terminal y mejora de
infraestructura, se propuso: el reforzamiento de los programas
alimentarios en las regiones marginadas; la evaluación permanente del
sistema educativo; cobertura total en educación básica;
y diversificación de fuentes de financiamiento. En
cambio, para evitar la deserción se propuso ampliar la
cobertura de los programas compensatorios y apoyo económico
a los estudiantes de escasos recursos y altos niveles de desempeño. O bien, en el
caso de la certificación, se ofrecía reconocer
habilidades y conocimientos laborales del aprendizaje empírico y
validación académica a quienes tuvieran estudios
inconclusos.
Sin embargo, las propuestas que tuvieron un mayor
impacto mediático y generaron una amplia polémica en
diversos sectores fue el ofrecimiento del candidato del PRI
respecto a impartir clases de inglés y computación en las escuelas
públicas de nivel básico, así como la
ampliación de la jornada escolar -con alimentos incluidos- y destinar
70 mil millones de pesos más para garantizar la viabilidad
de sus propuestas; ofrecimientos que puntualizó en la
presentación pública de su programa educativo en donde
hizo el llamado a "revolucionar la educación" (La
Jornada, 14 de abril de 2000). Propuestas que fueron
calificadas en diversas notas periodísticas con graves
dificultades de orden práctico y más destinadas
deslumbrar a los posibles votantes que a solucionar los graves
problemas de la educación (ver notas de la segunda quincena
de marzo y primera de abril).
No obstante, el candidato presidencial del PRI se
asumió ante el sindicato de profesores como el futuro
"presidente de la educación" (La Jornada, 2 de mayo
de 2000), insistió y se concentró en su oferta de
inglés y computación, así como en el hecho de que
los 70 mil millones de pesos adicionales serían suficientes
para las reformas que pensaba instrumentar. El principal
cuestionamiento a su propuesta fue que aún cuando fuera
posible contar con recursos suficientes para el equipamiento y
remontar las dificultades de orden práctico, no había
respuesta para la pregunta de cuál sería la mejor forma
de incorporarla al proceso de enseñanza y, sobre todo,
cómo lograr que incrementara el rendimiento
educativo.
Aunque las propuestas del PRI iban más allá de
computadoras e inglés,
tampoco constituían un proyecto educativo en sentido
estricto, como quedó de manifiesto en el análisis de la plataforma
electoral realizado por Lorenza Villa Lever, quien concluyó
que: La plataforma del PRI no se basa en un diagnóstico de
la situación educativa del país ni presenta una
política que se concrete en programas consistentes y
realistas. Se trata, más bien, de planteamientos generales,
deshilados uno del otro. (17)
En las páginas anteriores se han resaltado algunos
de los principios que sostienen los partidos políticos
mayoritarios en el país y la formulación de sus
principales propuestas educativas en el año 2000. Debe
aceptarse que los partidos son consecuentes con los principios de
sus documentos básicos y sus propuestas se corresponden a
los mismos, lo que no impide su formulación genérica o
retórica.
También debe reconocerse que las propuestas fueron
expuestas en un contexto electoral fuertemente competitivo, en un
ambiente de debate sumamente
ríspido entre partidos y candidatos, y en donde los medios,
impresos y audiovisuales, tenían un papel muy relevante en
la orientación del voto ciudadano. Estas condiciones, en
cierta medida por la dinámica mediática,
impidieron la exposición de propuestas
más detalladas y documentadas de los candidatos sobre el
asunto educativo y más bien dio paso a las descalificaciones
apresuradas y las frases efectistas, destinadas a obtener la
simpatía y el voto probable de los ciudadanos.
Sin embargo, un diagnóstico certero de la
problemática educativa, así como una cuidada
articulación de propuestas para formular un proyecto
educativo realista y atractivo, tampoco se pudo apreciar en las
plataformas electorales. 18) Documentos en los que bien se
podría haber planteado realmente un proyecto
educativo.
A partir del 2 de julio las propuestas del candidato de
la Alianza por el Cambio fueron las que cobraron vigencia y a las
que se le ha dado seguimiento. Pero no debe olvidarse que la
nueva realidad política impone un nuevo tipo de
relación entre poderes -el poder ejecutivo y el
legislativo-, pero también entre los partidos entre sí
y entre los representantes y sus representados. El asunto tiene
importancia al menos por razones. Por un lado, la necesidad de un
diálogo y negociación entre las
diferentes fuerzas políticas, la importancia de establecer
acuerdos básicos y la búsqueda de verdaderas soluciones a los diferentes
problemas del país. Por otro, el hecho de que la vida
política y la actuación de los partidos están cada
vez más sujeta a un escrutinio público, y los
representados no necesariamente aguardarán a la
realización de elecciones para expresar sus preferencias
políticas.
Quizás la experiencia del año 2000 haya sido
un fuerte acicate para acelerar el proceso de maduración de
los partidos políticos y esperar que sus planteamientos en
materia educativa sean verdaderos proyectos.
Por ejemplo, el ciclo de mesas realizadas sobre ese tema
en la UNAM. Cfr. Transición mexicana. UNAM,
México, 1996.
Cfr. Artículo 41, Fracción I de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. México, 2000.
Las cifras relativas a los resultados electorales
provienen de las estadísticas del
IFE.
Alianza por el Cambio: Partido Acción Nacional
(PAN); Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Alianza por México: Partida de la Revolución
Democrática (PRD); Partido del Trabajo (PT); Partido Alianza
Social (PAS); Partida de la Sociedad Nacionalista
(PSN).
Partido del Cambio Democrático (PCD); Partido
Autentico de la Revolución Mexicana, (PARM); Partido
Demócrata Social(PSD).
De hecho, Michelangelo Bovero sostiene que puede haber
alternancia sin democracia y democracia sin alternancia: "la
alternancia en el poder no es un fenómeno exclusivo de la
democracia, luego entonces el hecho de que ocurra una
renovación política no es una prueba suficiente de la
naturaleza democrática o
de la buena calidad democrática de un régimen
político". (Michelangelo Bovero. "Democracia, alternancia y
elecciones". Conferencia pronunciada en el
Instituto Federal Electoral el 18 de agosto del 2000).
El documento "Proyección de los principios de
doctrina" fue aprobado en la XVIII Convención Nacional del
PAN realizada en la Ciudad de México en mayo de 1965. Las
citas provienen de la versión que aparece en su página
electrónica.
En el documento de sus principios de doctrina, el PAN
textualmente señala que: "Contrarían estos principios
la imposición por el Estado de textos únicos en
cualquier grado de enseñanza, y el desconocimiento o
limitación del derecho preferente de los padres para
escoger, conforme a sus convicciones, el tipo de educación
que habría de darse a sus hijos".
Un análisis detallado de las plataformas
electorales del PAN y de todos partidos o alianzas registrados
ante el IFE para las elecciones del año 2000 se realizó
en un foro nacional organizado por
Movimiento Ciudadano por la
Democracia (MCD) y Observatorio Ciudadano de la Educación
(OCE) en mayo del 2000. Cfr. MCD y OCE. Memoria del
Foro Nacional La educación en las plataformas
electorales. México, 2001.
Esto fue especialmente relevante en los discursos de
encuentro con la ANUIES, diferentes universidades públicas y
privadas, estatales y federales, el sindicato de profesores,
empresarios y la iglesia. Algunos de estos
discursos fueron: "Educación: la columna vertebral de un
proyecto incluyente" y "Diez puntos indispensables para la
educación", teleconferencia con la ANUIES (marzo 25 del
2000.
Estos compromisos fueron reiterados en numerosos actos
de campaña y constituyeron la principal oferta de
campaña en el terreno educativo. Las citas provienen de la
teleconferencia sostenida en la reunión de ANUIES en
Hermosillo Son, el 25 de marzo de 2000.
Rangel Sostmann, R; Schmelkes del Valle, S; Alvarez
Gutiérrez, J. et al Bases para el programa
sectorial de educación 2001-2006. México,
noviembre 2000. El documento contiene 13 diferentes proyectos y
para cada uno se plantea un breve diagnóstico, una
visión a corto y largo plazo, una serie de objetivos y
líneas estratégicas, y proyectos
específicos.
Estos principios corresponden a los documentos aprobados
en su 4to. Congreso Nacional, Oaxtepec, Mor. Marzo de
1998
Cfr. MCD y OCE Memoria del foro nacional La
educación en las plataformas electorales. México,
2001.
Cfr. PRI, Plataforma electoral federal 2000 —
2006. México, 2000
Cfr. OCDE. Memoria del foro nacional la
educación en las plataformas electorales. México,
2000
De acuerdo a las conclusiones del foro sobre las
plataformas electorales, no partían de diagnósticos
serios, no proyectaban una visión a futuro, algunos de los
problemas fundamentales estaban ausentes en los documentos y
varias de las propuestas eran, en realidad, poco viables. MCD y
OCE… op cit.
Alejandro Canales(*)
(*) Maestro en Ciencias, con especialidad en
investigación educativa
por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzadas del
Instituto Politécnico Nacional (IPN). Investigador en el
Centro de Estudios Sobre la Universidad (CESU-UNAM)