- 1.
Introducción - 2. Feminización
de los flujos migratorios e inserción laboral de la
mujer inmigrante en los servicios de
proximidad - 3. El contexto de
recepción: un mercado de trabajo
sexuado - 4. El contexto de
recepción: la demanda de servicios de proximidad como
respuesta a «nuevas» necesidades
sociales - 5. El contexto de
recepción: los factores
institucionales - 6. La mujer inmigrante
en los servicios de proximidad y la triple
discriminación laboral - Notas
Resumen
La concentración de las mujeres immigrantes
extracomunitarias en los servicios de proximidad hace efectiva la
triple discriminación laboral
—por razón de clase social, género y
etnia— a la que se enfrenta este colectivo en la sociedad
receptora. El artículo pretende explicar esta
posición en el mercado de
trabajo a
partir del estudio del «contexto de recepción
», teniendo en cuenta la influencia de los factores
institucionales y, en especial, el análisis de la estructura de
la demanda del
mercado de trabajo. La adopción
de la perspectiva de género a lo largo del
análisis, pone en evidencia las relaciones patriarcales y
el trasvase de cargas reproductivas entre mujeres de distinta
clase social y origen étnico.
Palabras clave: servicios de proximidad,
género, triple discriminación, inmigración extracomunitaria, contexto de
recepción.
Abstract
The transfer of class and ethnic group inequalities
among women: the caring jobs The concentration of non-EU
immigrant women in «caring jobs» indicates a triple
labour discrimination —based on social class, gender and
ethnic group— in the receiving society.
The article gives a general overview of the position of
non-EU immigrant women in the Spanish labour market, from the
analysis of «reception context», taking into
consideration the influence of institutional factors and,
particularly, the structure of the labour demand. The adoption of
a gender perspective throughout the analysis evidences
patriarchal relationships and the transfer of reproductive work
among women from different social class and ethnic
group.
Key words: caring jobs, gender, triple labour
discrimination, non-EU immigration, reception context.
El principal objetivo de
este artículo es estudiar la migración
femenina desde la perspectiva de la triple discriminación
laboral —por razón de clase, género y
etnia— a la que se enfrenta este colectivo en la sociedad
de acogida, a partir del análisis de la inserción
laboral de la mujer
inmigrante en los servicios de proximidad o servicios de la vida
diaria, que pueden definirse como aquellas actividades
remuneradas destinadas a satisfacer las necesidades de las
personas y de las familias, que aparecen, en la actualidad, en la
vida cotidiana de las sociedades
occidentales (Torns, 1996). Algunos de estos servicios
están fuertemente vinculados al cuidado de las personas
(sobre todo de ancianos y enfermos) y otros tienen que ver con la
esfera doméstica (trabajo doméstico a domicilio,
gestión
del hogar) (Torns, 1997, 1999a).
La Comisión Europea (1995) destaca la
rápida expansión que han experimentado este tipo de
servicios en Europa, con una
tasa de crecimiento anual que se sitúa entre el 4% y el
7%. Ello les convierte en uno de los ámbitos de
creación de empleo
más activos dentro de
los denominados «nuevos yacimientos de empleo», que
engloban las nuevas ocupaciones que están surgiendo en el
capitalismo
avanzado para satisfacer nuevas necesidades y dar respuesta a las
transformaciones sociales (Torns, 1997). El crecimiento de los
servicios de proximidad se debe a la creciente
externalización del trabajo reproductivo por parte de las
nuevas clases medias urbanas de las sociedades occidentales. De
hecho, la mercantilizacion del trabajo doméstico-familiar
siempre ha existido, de la mano de la figura del criado o criada
y del servicio
doméstico —éste último, nutrido en
España
básicamente de mujeres jóvenes procedentes de
áreas rurales—. Sin embargo, su incremento masivo
actual tiene mucho que ver con los cambios
sociodemográficos y económicos ocurridos en las
últimas décadas en las sociedades occidentales,
tales como el envejecimiento de la población, la creciente
participación femenina en el mercado de trabajo, una nueva
gestión del tiempo en el
interior del núcleo familiar y, por último, la
crisis
fiscal del
Estado del
bienestar en el marco del neoliberalismo
predominante.
Dicho proceso de
externalización de las tareas de reproducción social genera y la
invisibilidad, que no son absorbidas por la mujer trabajadora
autóctona, lo que genera una creciente demanda de mujeres
inmigrantes extracomunitarias para llevarlas a cabo. Es en este
contexto en el que debe enmarcarse la creciente
feminización de los flujos
migratorios hacia España. La demanda de fuerza de
trabajo en los servicios de proximidad constituye un claro
exponente de las tesis de
Sassen (1993), según las cuales la transformación
de las economías en los países occidentales genera,
especialmente en las grandes ciudades y en las global
cities, concentraciones considerables de trabajo de servicios
mal remunerados para sostener los nuevos estilos de vida de la
creciente mano de obra profesional (servicio doméstico,
otros servicios personales…). Esta situación corre el
riesgo de
convertir los servicios de proximidad, profundamente asociados a
la precariedad, la invisibilidad, el desprestigio social y la
servitud, en un «nicho laboral» para las mujeres
inmigrantes, con el consiguiente trasvase de desigualdades de
clase y etnia dentro del propio colectivo de mujeres (Torns,
1996, 1997, 1999a).
Con el objetivo de analizar los condicionantes de la
ubicación de la mujer inmigrante en los servicios de
proximidad, se aplica aquí la propuesta teórica de
Portes y Böröcz (1992). Ambos autores mantienen que la
incorporación de los inmigrantes en la sociedad receptora
depende sólo parcialmente de las características de
los inmigrantes, de modo que sus distintas trayectorias laborales
se explican, básicamente, a partir de una serie de
factores contextuales que configuran el «contexto de
recepción», junto a la influencia de las comunidades
étnicas preexistentes o redes sociales, que no van a
ser tratadas en estas páginas2.
Las características del mercado de trabajo
español,
la estructura de la demanda y los contenidos de la política migratoria
son los principales factores contextuales y constituyen el eje
central del artículo.
Aunque la perspectiva del «contexto de
recepción» puede resultar excesivamente determinista
y difumina la heterogeneidad de trayectorias laborales,
circunstancias y orígenes de las mujeres inmigrantes,
constituye un instrumento conceptual eficaz, capaz de destacar
los factores estructurales que influyen en el conjunto de mujeres
inmigrantes, sin que ello signifique que todas ellas se
conviertan automáticamente en
«víctimas», condenadas a la
explotación, y que no existan estrategias
individuales capaces de superar todos estos condicionantes o
parte de ellos.
Este artículo recoge la primera fase de una
investigación todavía no concluida,
por lo que los resultados presentados sólo proceden de las
fuentes
estadísticas, concretamente de las
estadísticas de permisos de trabajo a trabajadores
extranjeros y de la Encuesta de
Población Activa (EPA)3. La inexistencia de
datos sobre el
número de trabajadoras inmigrantes asalariadas en empresas de
servicios de proximidad y el hecho de que la mayor parte de los
empleos de este colectivo tengan lugar bajo el régimen de
dependencia persona a
persona4 y no en empresas de servicios, ha determinado
que en este estudio sólo se utilicen los permisos de
trabajo en el servicio doméstico como indicador de la
presencia de las mujeres inmigrantes en los servicios de
proximidad. Por lo tanto, van a estudiarse aquellas trabajadoras
que prestan sus servicios en el hogar del empleador, a cambio de una
retribución monetaria y/o en especie. Esta opción
sólo recoge una parte de los servicios de proximidad;
justamente aquellas actividades con mayor connotación
servil —el cuidado de las personas y el trabajo
doméstico a domicilio—, dejando al margen muchas
nuevas ocupaciones en empresas de servicios que están
surgiendo alrededor de estas «nuevas» necesidades y
que van a ser recogidas en futuras fases del estudio.
2. Feminización de los
flujos migratorios e inserción laboral de la mujer
inmigrante en los servicios de proximidad
En España, desde mediados de los ochenta, se
asiste a una feminización de los flujos migratorios
extracomunitarios, de manera que constituyen el 44,1% del total
de residentes extranjeros en el Régimen General a
31/12/1997 (OPI, 1998). La composición de las mujeres
extracomunitarias residentes según nacionalidades nos
muestra el
marcado predominio de las mujeres marroquíes (con un 26,1%
del total de mujeres), a pesar de que no se trata de un flujo
especialmente feminizado, seguidas de mujeres procedentes de
distintos países latinoamericanos (Perú,
República Dominicana, Colombia), con
flujos migratorios fuertemente feminizados y, en menor medida, de
las mujeres filipinas y de las mujeres chinas (OPI, 1998). La
elevada tasa de actividad de estas mujeres inmigrantes y el hecho
de que con frecuencia emigren solas, siendo pioneras del proceso
migratorio, indica que no siempre se trata de una
inmigración sólo de arrastre, sino también
de mujeres que han emigrado por consideraciones
básicamente económicas.
El análisis de las principales ramas de actividad
en las que se insertan los hombres y las mujeres inmigrantes con
permiso de trabajo permite detectar una fuerte segregación
ocupacional por sexos. Es decir, al reducido abanico de
actividades a las que están relegados los y las
trabajadoras inmigrantes, debe añadírsele la
segregación ocupacional por razones de género,
situando a las mujeres en el último escalafón de la
estructura ocupacional: el servicio doméstico.
Los datos muestran un 47,7% del total de las mujeres
trabajadoras ocupadas en el servicio doméstico y un 8,2%
en la hostelería. Los trabajadores masculinos, por el
contrario, presentan una mayor dispersión de actividades
que las mujeres, repartiéndose entre la agricultura
(15,7%), la construcción (10,7%), la hostelería
(10,1%), el comercio
(9,8%) y el servicio doméstico (6,3%) (OPI, 1998). La
feminización del servicio doméstico se hace
todavía más patente al comprobar que el 84,4% de
los extranjeros afiliados y en alta en el Régimen Especial
de Empleados de Hogar de la Seguridad
Social son mujeres (OPI, 1999). Pero el volumen de
mujeres inmigrantes que trabajan en el servicio doméstico
difícilmente puede estimarse a partir de los permisos de
trabajo concedidos, puesto que existe un importante colectivo de
mujeres inmigrantes irregulares que trabajan en el sector sin
contrato de
trabajo y que no aparecen contabilizadas en las
estadísticas.
A pesar de la pluralidad de cronologías,
circunstancias, trayectorias laborales, orígenes
geográficos, económicos, sociales y culturales que
presentan las mujeres inmigrantes en España, en la que no
se detiene este artículo, los datos presentados sugieren
la existencia de una serie de condicionantes estructurales que
inciden de manera específica en el conjunto del colectivo
de mujeres trabajadoras extracomunitarias, relegándolas a
un «nicho laboral» muy concreto del
mercado de trabajo: los servicios de proximidad. El uso del
«contexto de recepción» como instrumento
conceptual, que a continuación se presenta, permite
identificar cuáles son estos condicionantes y de
qué modo se hace efectiva su influencia.
3. El contexto de
recepción: un mercado de trabajo
sexuado
Sin ánimos de ofrecer un análisis
exhaustivo de las características del mercado de trabajo
español, sí vamos a enumerar brevemente los
aspectos que hacen posible comprender el marco estructurador de
la situación laboral de las mujeres inmigrantes en
España.
La llegada del modelo de
acumulación basado en la «flexibilidad»,
así como la preeminencia del sector terciario, el aumento
del nivel educativo de la población activa —sobre
todo de las mujeres— y la incapacidad de generar un nivel
de empleo adecuado al crecimiento de la población en edad
de trabajar, constituyen los rasgos más destacados. Como
consecuencia, la tasa de paro
española supera con creces la media europea y en los
últimos años se ha asistido a una rápida
precarización del empleo, por medio de la
proliferación de contratos de
trabajo a tiempo determinado, de la facilitación de los
despidos y de la extensión de la economía informal
(Prieto, 1994; Martín Artiles, 1997).
Este contexto de precarización y segmentación del mercado de trabajo es el
marco en el que tiene lugar la discriminación laboral de
la población inmigrante y su ubicación en los
escalafones más bajos de la estructura ocupacional o
«etnoestratificación» del mercado de trabajo.
En primer lugar, los trabajadores inmigrantes están
destinados a aceptar aquellas actividades rechazadas por una
fuerza de trabajo española cada vez más exigente en
sus apetencias y menos proclive a realizar trabajos manuales no
cualificados, arriesgados, sucios y mal pagados, a pesar de la
fuerte incidencia del paro. En segundo lugar, la fuerza de
trabajo inmigrante tiene acceso a ocupaciones en las que los
autóctonos también concurren, pero los inmigrantes
son discriminados positivamente por el hecho de aceptar peores
condiciones de trabajo —muchas veces bajo formas de
economía informal—, lo que permite el abaratamiento
de costes, alcanzar mayor flexibilidad y frenar la
inflación (Solé, 1995).
Pero para la mujer inmigrante, a su condición de
inmigrante en el mercado de trabajo deben
añadírsele, además, las desigualdades de
género de la que son víctimas el conjunto de
mujeres en la sociedad receptora. A pesar del acelerado aumento
de la participación femenina en el mercado de trabajo
desde 1985, con una tasa de actividad que ha crecido del 30,9% en
1987 al 37,6% en 1997, según datos de la EPA, las
desigualdades de género siguen presentes, desde el momento
en que la tasa de actividad femenina es una de las más
bajas de la UE y que buena parte del aumento de mujeres activas
ha ido directamente a engrosar las filas del paro —con un
52,8% de mujeres dentro de la población en paro y con una
tasa de paro femenina de 28,3%, que casi dobla a la masculina
(16,1%), en base a los datos de la EPA de 1997.
Las mujeres son discriminadas en el mercado de trabajo
de las sociedades occidentales en base a la asunción
patriarcal que considera que el rol natural de la mujer
está en la esfera reproductiva, por lo que va a ser menos
productiva que un hombre en
determinados trabajos remunerados y, además, su actividad
se va a ver negativamente afectada por sus responsabilidades
familiares, en términos de movilidad, estabilidad y
eficiencia. La
concentración primordial de la mujer en el área de
la reproducción la convierte en trabajadora secundaria o
ausente en el área de la producción.
Pero al margen de la fuerte incidencia de la inactividad
y del paro entre las mujeres occidentales, los procesos de
terciarización han ido acompañados de una fuerte
feminización del mercado de trabajo español
—sobre todo en los servicios poco cualificados— que
ha permitido evidenciar todavía más los procesos de
segregación ocupacional que padecen las mujeres. El 63% de
las mujeres ocupadas se concentran en seis sectores de actividad
(comercio y reparaciones, sanidad y servicios sociales, enseñanza, inmobiliaria y servicios a
empresas, hostelería y servicio doméstico),
según datos de la EPA de 1997. Se trata, sin lugar a
dudas, de sectores de actividad con una fuerte tasa de
feminización.
Este proceso de segregación horizontal es el
resultado de la existencia de actividades consideradas
«femeninas» en el imaginario social, en las que
mayormente las mujeres prolongan sus habilidades como madres,
esposas y cuidadoras, adquiridas a través de la socialización diferencial de género.
Las mujeres trabajadoras se sitúan así en los
estratos más bajos de la estructura ocupacional, en
aquellas actividades más precarizadas, menos remuneradas y
menos valoradas socialmente, Además de la
segregación, otros rasgos que acompañan la mayor
presencia femenina en el mercado de trabajo español son la
discriminación salarial (Peinado, 1991) y su
sobrerrepresentación en los contratos de trabajo
«atípicos» (temporalidad y tiempo parcial),
así como en la economía informal (Torns,
1999a).
Estos datos dibujan un escenario en el que, según
Torns (1998: 42), «la imagen del obrero
fordista-taylorista desaparece y va siendo substituida por un
empleado de los servicios […] ese empleado es en su
mayoría una empleada que, dado el cambio de género,
siempre tiene peores salarios y peores
condiciones de trabajo». En consecuencia, no es que la
mujer, como grupo
subordinado que intenta acceder al mercado de trabajo —al
igual que los colectivos de jóvenes y de
inmigrantes—, sea reclutada para aquellas ocupaciones
más subordinadas, existentes a priori, sino que es el
propio mercado de trabajo el que se estructura a partir de las
relaciones patriarcales, de manera que tanto las relaciones
laborales (contratos a tiempo parcial, temporalidad…), como
las condiciones de trabajo (salarios, posibilidades de promoción…) se definen y redefinen
constantemente en función
del género.
Las razones que explican el crecimiento de la demanda de
los servicios de proximidad se derivan del incremento de una
serie de necesidades de servicios encuadrables bajo la idea de
«proximidad» (personal y
familiar). Estas necesidades obedecen a una serie de factores,
entre los que destacan los cambios ocurridos en la familia, a
consecuencia de la creciente participación femenina en el
mercado de trabajo; los cambios sociodemográficos, de los
que el envejecimiento de la población es el principal
protagonista y, finalmente, la crisis del Estado del bienestar
(Torns, 1995, 1997; Lallement, 1998). Para comprender la
creciente demanda en torno a los
servicios de proximidad, debe analizarse la dificultad de
compatibilizar la doble adscripción de la mujer
autóctona a la esfera productiva y a la reproductiva. Es
aquí donde aparecen «nuevos» espacios para la
ocupación de mujeres inmigrantes.
Los cambios políticos, sociales y
económicos acontecidos en los últimos años
han provocado importantes transformaciones en la familia
española, sobre la base de la emancipación del
colectivo de mujeres. La generación de mujeres
españolas de menos de cuarenta años ha
protagonizado una verdadera revolución, tanto en el terreno laboral
como en el reproductivo (Garrido, 1992). A pesar de la baja tasa
de actividad femenina en España, ésta presenta una
gran variabilidad por edades, de modo que mientras que un 74,5%
de las mujeres entre 25 y 29 años son activas, las que
tienen entre 50 y 54 años no alcanzan el 36% (frente a un
88,6% de tasa de actividad masculina para estas edades),
según datos de la EPA de 1997. Se asiste, pues, a una
clara ruptura generacional. La confluencia de los cambios
políticos y económicos en ciertos períodos
convierte la edad en una variable clave para comprender la forma
en que las mujeres se integran en la sociedad. Sin lugar a dudas,
la expansión del sistema
educativo constituye uno de los elementos más
determinantes, puesto que la participación femenina en el
auge de la enseñanza formal es el instrumento clave para
entender su inserción activa en la producción
extradoméstica (Garrido, 1992).
Pero de todo ello no debe inferirse que la
incorporación de la mujer al mercado de trabajo se haya
producido en las últimas décadas. De hecho, la gran
mayoría de mujeres de clase baja han realizado desde la
industrialización diversos trabajos remunerados (en las
fábricas, de sirvientas…). Lo que sí es nuevo es
el cambio cultural profundo que tiene lugar a partir de los
años sesenta, con el resultado de que las mujeres pasen de
trabajar por necesidad a hacerlo básicamente por
elección. Hasta entonces, el modelo de trabajo de la mujer
(de clase media) implicaba casarse y quedarse en casa, ejerciendo
de esposa y madre, de manera que se impuso el ethos de la
familia burguesa y de la mujer ama de casa. El empleo voluntario
de la mujer casada era visto como algo vergonzoso que significaba
el abandono de sus responsabilidades familiares. Con la
«revolución silenciosa» de las mujeres cae la
tasa de fecundidad, aumenta su acceso a la educación
superior y la clase media femenina pasa a participar
activamente en el mercado laboral, de modo que se liberan de
muchas de las predeterminaciones atribuidas al género
femenino (Carrasco, 1998). Las nuevas generaciones de mujeres
jóvenes se incorporan al mercado de trabajo y ya no
están dispuestas a abandonar sus empleos en el momento de
formar una familia.
Estas mujeres, a diferencia de sus predecesoras, desean
compatibilizar sus aspiraciones familiares con sus aspiraciones
profesionales, y ya no de forma secuencial, sino
simultáneamente, a sabiendas de que las posibilidades de
reincorporación al mercado de trabajo tras una ruptura de
la biografía laboral son limitadas (Meil,
1995).
Una de las cuestiones estratégicas es la forma en
que la mujer compatibiliza la dedicación al trabajo en el
mercado laboral y en el hogar. Contrariamente a las perspectivas
optimistas que prevalecen en los años sesenta, en las que
se cree que el desarrollo de
la actividad femenina y la independencia
económica de las mujeres conllevará nuevos repartos
de tareas, la distribución de tareas entre hombres y
mujeres ha sufrido pocos cambios (Fougeyrollas-Schwebel,
1995).
Mientras las mujeres invierten su tiempo entre familia y
trabajo remunerado, con una percepción
del tiempo circular, el hombre
sigue manteniendo su participación exclusiva en el mercado
laboral, alternándolo con los momentos de ocio. La mujer
se ve irremediablemente condenada a realizar una doble jornada,
con lógicas de organización incompatibles entre sí,
y a padecer el estrés
psicológico que esta situación genera, conocida
como «doble presencia» (Balbo, 1994). Aunque entre
las generaciones más jóvenes y con mayor nivel
educativo se observan mayores cotas de igualdad entre
hombres y mujeres en la esfera reproductiva y una
separación de roles no tan rígida, todavía
queda mucho camino por recorrer. Las nuevas generaciones
masculinas son conscientes de que deben colaborar en el hogar,
pero el problema reside en que esta actitud se
limita a ofrecer una «ayuda» puntual, y es la mujer
la que señala cuáles son las tareas a
desempeñar y cómo deben realizarse. Por lo tanto, a
pesar del discurso de
que lo «correcto» es romper con la división
sexual del trabajo, la práctica cotidiana lo contradice.
Diversos estudios sobre usos del tiempo y desigualdad entre
hombres y mujeres confirman esta constatación (Izquierdo,
1988; Ramos, 1990; Page, 1996; Carrasco, 1997). Por lo tanto,
puede concluirse que la mayor participación de la mujer en
la esfera productiva en los últimos años supone una
reducción de su presencia horaria en la vida familiar, sin
una paralela reducción de las cargas
domésticas.
De ese modo, la transferencia de tareas y de
responsabilidades reproductivas se acaba efectuando entre las
propias mujeres de la familia y las mujeres en general,
trazándose una especie de división del trabajo
entre las mujeres a lo largo del ciclo vital
(Fougeyrollas-Schewebel, 1995: 94) Buena parte de las tareas
reproductivas son asumidas por las mujeres de más de
cuarenta años, ya sea cuidando a sus nietos o a las
personas mayores dependientes. Se trata de mujeres que o bien no
han trabajado nunca de manera remunerada, o bien están
jubiladas.
La demanda de servicios de proximidad o servicios de la
vida diaria nace del conflicto ante
la dificultad de conciliar ambas «presencias» y la
necesidad de responder a las exigencias diarias del trabajo
reproductivo. Es en este contexto donde se plantea la
mercantilización o externalización de lo que hasta
ahora había sido simplemente trabajo no remunerado, por
parte de las mujeres trabajadoras de clase media. La falta de un
reparto equitativo de las tareas reproductivas provoca el declive
de la idealizada complementariedad de los roles conyugales
segregados y se hace visible la importancia del trabajo
domésticofamiliar o reproductivo para satisfacer las
necesidades de las personas. Entre los sectores de la
población con más nivel educativo se asiste a una
nueva gestión del tiempo en el interior del núcleo
familiar y a un nuevo concepto de
«calidad de
vida», de manera que resulta más práctico
y menos conflictivo recurrir al trabajo externo para llevar a
cabo las tareas reproductivas, que intentar distribuirlas entre
hombres y mujeres dentro de la unidad familiar. De esa manera, el
recurso a los servicios de proximidad no contribuye sólo a
suavizar la sobrecarga laboral de la mujer, sino también a
paliar los conflictos
entre la pareja y mantener la cohesión
familiar.
En base a los resultados obtenidos en una encuesta a los
hogares catalanes5, si bien la autoproducción
de los servicios habituales a las personas y hogares es la
tónica dominante, el grado de insatisfacción supera
el 10% en la atención a personas dependientes y en la
limpieza del hogar, lo que genera un importante potencial de
demanda insatisfecha futura que van a cubrir los servicios de
proximidad (Jiménez, 1999).
Por lo tanto, determinadas labores reproductivas son
rechazadas también por las mujeres, a consecuencia de su
escasa valoración, y son transferidas, aunque sin dejar de
supervisarlas, a otras mujeres con menos recursos
económicos, a cambio de más tiempo para la familia
o el ocio, o de mayor dedicación al trabajo fuera del
hogar, en un mercado laboral cada vez más competitivo y
«masculinizado». La pregunta clave es saber
quién va a realizar estas tareas de «servidor».
El incremento del nivel educativo de las mujeres
autóctonas ha aumentado su «nivel de
aceptación» de las condiciones de trabajo por debajo
del cual tenderían a considerar sus oportunidades de
empleo «socialmente» inaceptables (Villa, 1990: 312).
A las mujeres de las clases medias urbanas, 5. Encuesta realizada
en 1998 por la Fundació CIREM, en el marco del Libro Blanco
de los Nuevos Yacimientos de Ocupación en
Catalunya.
con un nivel de formación reglada elevado, el
mercado laboral les ofrece mejores oportunidades de trabajo que
hace unos años y, a pesar de las elevadas tasas de paro
que acechan al colectivo femenino, no están dispuestas a
realizar unas actividades, los servicios de proximidad, que son
socialmente consideradas una prolongación del trabajo
reproductivo y que resultan emblemáticas de la
discriminación por razón de género. Por lo
tanto, la demanda de empleadas domésticas crece al mismo
tiempo que disminuye la oferta. Es
aquí donde aparece un «nicho laboral» que van
a ocupar las mujeres autóctonas con menos recursos
económicos y, en especial, las mujeres inmigrantes, que
llegan a España atraídas por la fuerte demanda. En
consecuencia, los servicios de proximidad están muy lejos
de la metáfora «yacimientos de empleos»,
cargada de ideología, ya que en el fondo no son
más que una transferencia del servicio doméstico
tradicional (Lallement, 1998).
Otra fuente importante de necesidades por satisfacer es
el resultado del proceso de envejecimiento de la población
que atenaza a todas las sociedades industrializadas. Para el
conjunto de la UE, en 1992 había un 13,5% de la
población con más de 65 años (Laville, 1992:
353). En base a cifras aproximadas del censo de población
de 1991, las personas mayores de 65 años suponen
prácticamente el 14% de la población
española y un total de 5,5 millones de individuos
(INSERSO, 1995a: 31). Según datos de una encuesta
realizada por el CIS en 19976, alrededor del
27% de las personas mayores requieren de algún tipo de
ayuda de otra persona para poder realizar
alguna de las actividades de su vida cotidiana (vestirse,
lavarse, ir al servicio, tomar medicación, andar, realizar
las tareas domésticas…). Este porcentaje constituye una
clara aproximación a la dependencia de este colectivo,
así como a la importancia de la contribución de la
familia en este ámbito.
En un Estado del bienestar como el español, en el
que las tareas de cuidado no han sido asumidas por los servicios
sociales públicos y en el que la tasa de actividad
femenina aumenta aceleradamente en las generaciones de mujeres
más jóvenes, a corto plazo va a producirse una
escasez de
mujeres «disponibles » para poder ocuparse
directamente de las personas mayores. Cada vez es más
frecuente que las familias de las clases medias urbanas, con
ambos cónyuges trabajando en el mercado de trabajo,
precisen de trabajadoras domésticas para atender a las
personas mayores, asistiéndose a una creciente
mercantilización de las tareas de
cuidado7.
Un tercer factor es el incremento de la demanda de
servicios clásicos del Estado del bienestar, vinculados a
la atención de los niños y
al cuidado de las personas adultas dependientes. Este aumento de
la demanda choca con la revisión del Estado del bienestar
que está teniendo lugar en toda Europa desde los
años setenta, a partir de la concienciación sobre
los límites
del conjunto de prestaciones
que han ido asumiendo los poderes públicos y el
redescubrimiento de la familia como alternativa menos costosa y
más eficaz para atender a las personas que requieren
cuidados8. Las políticas
de ajuste y de contención del gasto
público suponen una reducción significativa del
gasto social en este tipo de servicios. En un Estado del
bienestar poco desarrollado como el español, basado en un
régimen del bienestar profundamente
«familista»9, las actuales tendencias
familiarizadoras conllevan consecuencias mucho más
alarmantes para las mujeres españolas, ya que se asiste a
una crisis del Estado del bienestar sin que previamente se hayan
desarrollado suficientemente las prestaciones sociales. A pesar
de que en el Estado del
bienestar español las familias nunca han dejado de ser las
proveedoras directas de buena parte de los servicios sociales
—rasgo definitorio del «modelo católico»
o «modelo del sur», característico de los
países del sur de Europa (Abrahamson, 1995)—, la
velocidad de
los cambios sociales y económicos mencionados ha
transformado profundamente el rol de las mujeres y la estructura
familiar de la sociedad española.
5. El contexto de
recepción: los factores institucionales
Siguiendo los planteamientos de Portes y
Böröcz (1992), las actitudes de
los gobiernos receptores hacia la inmigración y las
medidas legales adoptadas son un eje esencial del contexto de
acogida, por cuanto organizan las oportunidades vitales de las
personas inmigrantes. Desde el ámbito legal se define el
«campo de posibilidades» de la inserción de la
fuerza de trabajo inmigrante en el mercado de trabajo, proceso
denominado «discriminación institucional»
(Cachón, 1995). Por el simple hecho de ser extranjero (no
comunitario), las posiciones que pueden ocuparse en el mercado de
trabajo están determinadas negativamente, ya sea porque el
«marco institucional» fija el campo de
no-circulación de la fuerza de trabajo inmigrante —a
través del recurso a la «situación nacional
de empleo»— o bien porque el Estado ratifica lo que
el mercado ya ha fijado como campo de oportunidades laborales de
los inmigrantes —a través de los
contingentes—. Es así como la política
migratoria favorece la reclusión de los trabajadores
extranjeros en unos sectores de actividad determinados,
caracterizados por presentar las peores condiciones de trabajo,
contribuyendo a la flexibilización y a la
etnoestratificación del mercado de trabajo.
Este «marco institucional de la
discriminación» actúa de distinta manera
según se trate de hombres inmigrantes o de mujeres
inmigrantes, en conjunción con factores propios de las
relaciones de género y con la existencia de un mercado de
trabajo claramente sexuado. Uno de los efectos más
destacados es la promoción de la migración femenina
fundamentalmente de carácter laboral, como respuesta a la
demanda en el mercado de trabajo de trabajadoras para
determinadas actividades dentro de los servicios de proximidad.
El establecimiento de un contingente anual desde 1993 inaugura
esta lógica
y es el ejemplo más fehaciente de que la política
migratoria está regida por el imperativo de gestión
del mercado de trabajo. Según Oso (1998: 118), «la
política de cupos es de especial interés
para el estudio de la migración femenina, puesto que
supone la aceptación a nivel institucional de la
existencia de una demanda de mano de obra para el servicio
doméstico que será cubierta principalmente por
mujeres».
Por consiguiente, el propio «marco
institucional» no sólo delimita legalmente la
denominada «etnoestratificación», sino que,
además, es copartícipe en la configuración
de un mercado de trabajo sexuado para la fuerza de trabajo
inmigrante, relegando a las mujeres a las actividades
típicamente «femeninas » más proclives
a la invisibilidad y a la explotación. Esta
situación repercute claramente en la composición de
los flujos migratorios y en las estrategias migratorias,
ejerciendo un efecto de atracción (pull) que sirve
de estímulo para que las mujeres inmigrantes sean pioneras
de la cadena migratoria, a sabiendas de que la política
migratoria española les ofrece mayores posibilidades que a
los hombres para regularizar su situación
jurídica.
En consecuencia, el Estado recurre a la
inmigración femenina del Tercer Mundo en ausencia de una
política familiar adecuada que permita a la mujer
trabajadora autóctona conciliar
«profesión» y «familia», dada la
escasez de fuerza de trabajo autóctona dispuesta a
emplearse en estas tareas. Desde esta perspectiva, el reclutamiento
de trabajadoras extranjeras supone «subvencionar» un
servicio privado de atención de los niños y de las
personas mayores dependientes (Stasiulis y Bakan,
1997).
6. La mujer inmigrante en los
servicios de proximidad y la triple discriminación
laboral
Desde una perspectiva de género y partiendo de un
«contexto de recepción» basado en un mercado
de trabajo profundamente segmentado por razón de la etnia,
donde las mujeres son relegadas a determinadas actividades y
categorías profesionales (segregación horizontal y
vertical) y con una fuerte demanda de fuerza de trabajo para
llevar a cabo las tareas de la reproducción social, la
mujer inmigrante es triplemente discriminada en el mercado de
trabajo, resultado de la articulación de los procesos de
discriminación por razón de clase, género y
etnia (Morokvasic, 1984; Boyd, 1984). Esta triple
discriminación sitúa a la mujer inmigrante en
aquellos «nichos laborales» que la mujer
autóctona rechaza por ser emblemáticos de la
discriminación de género, reforzándose
todavía más la repartición sexuada de la
ocupación y las desigualdades de clase y de etnia (Torns,
1997, 1999b). De ese modo, las trabajadoras extranjeras aparecen
como recurso para llenar un vacío en el mercado
laboral.
La incorporación de la perspectiva de
género al análisis de la inserción laboral
de la mujer inmigrante permite constatar que, a pesar que el
conjunto de la población inmigrante extracomunitaria
padece la «etnoestratificación» del mercado de
trabajo, el abanico de posibilidades de las mujeres inmigrantes
es mucho más reducido que el de los hombres inmigrantes y
son ellas las que ocupan el último escalafón: el
servicio doméstico.
Por otro lado, de la comparación de la
inserción laboral de las mujeres inmigrantes con la de las
mujeres autóctonas se desprende que, si bien ambos
colectivos son discriminados en el mercado de trabajo por
razón de su género, las trabajadoras inmigrantes
padecen la segregación ocupacional de manera más
acuciante, ubicándose mayormente en aquellas actividades
«femeninas» socialmente más desvalorizadas,
mal pagadas y con una fuerte connotación
«servil»: el servicio doméstico. Ello no
significa que las mujeres autóctonas no estén
presentes en los servicios de proximidad, sino tan solo que la
concentración de trabajadoras inmigrantes en estas
actividades es mucho mayor, en términos relativos, que la
de mujeres autóctonas10.
Los servicios de proximidad son actividades intensivas
en fuerza de trabajo, poco productivas y poco rentables, con
costes laborales muy elevados. Desde una lógica meramente
productivista, ciega al enorme valor social
de estas tareas, los obstáculos inherentes a su
mercantilización favorecen la ocupación de los
grupos
excluidos del mercado de trabajo —léase mujeres e
inmigrantes—, bajo formas de ocupación
atípicas (contratos temporales, contratos a tiempo
parcial…), con un salario reducido,
un fuerte desprestigio social e impregnadas de referentes
doméstico-serviles.
La mujer inmigrante trabajadora es recibida en la
sociedad receptora con el prejuicio de
que sólo está capacitada para realizar las tareas
vinculadas a la reproducción social, en base a que su
condición de mujer le confiere este tipo de
cualificaciones tácitas o informales, independientemente
de su nivel de estudios y de su experiencia profesional previa.
Por su doble condición de inmigrante procedente de
países pobres y, además, mujer, se le supone un
bagaje cultural similar, profundamente desvalorizado, que
contrapone su carácter «tradicional» y
«subdesarrollado», definido a partir de estereotipos
como la «docilidad», la «paciencia» y la
«subordinación», al de la mujer occidental,
más moderna y emancipada (Oso, 1998). Es justamente la
falta de reconocimiento de las cualificaciones que requieren
muchas de estas actividades —especialmente las no
vinculadas al cuidado de las personas— lo que impide su
profesionalización y dificulta que las
trabajadoras de estos servicios sean consideradas
«profesionales que prestan servicios» y no meras
«servidoras » (Torns, 1997, 1999b).
De ese modo, el empleo de mujeres inmigrantes
extracomunitarias en los servicios de proximidad permite
identificar un trasvase de desigualdades de clase y etnia entre
las propias mujeres, por lo que se enmascara el mito del
«nuevo igualitarismo dentro de la pareja» y el
patriarcado sigue subyaciendo inalterado detrás de las
estructuras
domésticas y del empleo remunerado (Torns, 1995b, 1999a;
Lutz, 1997). Para las mujeres de las sociedades occidentales con
recursos económicos, que persiguen una carrera profesional
y al mismo tiempo deben atender a su familia, recurrir a una
mujer con escasos recursos económicos o a una inmigrante
extracomunitaria se presenta como la mejor solución para
mercantilizar parte del trabajo reproductivo y proveerse de un
servicio barato que, de otra forma, no
tendrían.
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1. Este artículo recoge parte de los resultados
de la Memoria de
Doctorado titulada La internacionalización de la
reproducción o el trasvase de desigualdades de clase y
etnia entre mujeres. La mujer inmigrante en los «servicios
de proximidad» en España, presentada en el
Departamento de Sociología de la Universitat
Autònoma de Barcelona y dirigida por la doctora Carlota
Solé, a la que agradezco sus consejos y todo su
apoyo.
2. Un estudio pionero en la aplicación del
«contexto de recepción» al análisis de
la inserción laboral de la población inmigrante en
España lo constituye la tesis doctoral de Herranz
(1996).
3. En una fase posterior del estudio se llevarán
a cabo «grupos de discusión» con mujeres
inmigrantes que trabajan en los servicios de proximidad y con las
mujeres autóctonas que consumen dichos
servicios.
4. Régimen Especial de Empleados de Hogar de la
Seguridad Social.
6. Citada en CES (1997).
7. Según datos del INSERSO (1995b), alrededor de
un 6% de las personas mayores dependientes recibe ayuda
remunerada procedente de una trabajadora
doméstica.
8. Abrahamson (1995) utiliza el término
welfare mix o «sociedad del bienestar» para
referirse al proceso de revalorización de la familia, del
mercado y de las organizaciones
voluntarias desde los poderes públicos, como
expresión de la conveniencia de que sean varios los
sectores responsables del bienestar —mercantil, estatal,
informal y voluntario.
9. El concepto «familismo» hace referencia a
la existencia de redes de solidaridad
familiar y de parentesco, en las cuales el papel de los
familiares y parientes —léase mujeres— es
fundamental para garantizar el soporte, la cohesión y, en
definitiva, el bienestar.
10. No debemos olvidar que el empleo de trabajadoras
domésticas ha sido desde siempre una práctica
distintiva de las familias con recursos económicos y que
el servicio doméstico interno era un trabajo extendido
entre las mujeres autóctonas de procedencia
rural.
Sònia Parella Rubio (*)
(*) Universitat Autònoma de Barcelona.
Departament de Sociologia