- 1.
Introducción - 2.
Características de los procesos migratorios recientes
hacia españa - 3. Mercados de trabajo
y trabajadores inmigrantes en
españa - 4. Perfiles de los
trabajadores ecuatorianos en comparación con otros
grupos inmigrantes - 5. La regulación
estatal de las migraciones laborales en
españa - 6. Para (no)
concluir… - Bibliografía
citada
Las migraciones trasnacionales contemporáneas
ponen de manifiesto el carácter crecientemente "global" del mundo
en que vivimos. En este contexto los enfoques "nacionales"
(qué efecto tienen los procesos
migratorios en tal o cual país) implican un recorte de los
procesos en juego, que se
registran tanto en las sociedades de
origen como en las de destino pero también en
ámbitos más extensos. En nuestro caso, la
comprensión cabal de los procesos en que se ven
involucrados, y que también promueven, los migrantes
ecuatorianos radicados hoy en España requiere un estudio
de las transformaciones recientes ocurridas en ambos
países, en sus contextos inmediatos (Pacto
Andino–América
Latina y Unión
Europea), en las respectivas inserciones en el orden
económico global y en las políticas
migratorias de terceros países (especialmente los Estados Unidos de
América).
A pesar de lo dicho, este artículo tiene un
carácter inequívocamente "hispanocéntrico"
pues pretende describir cuál es la situación de
los/las trabajadores/as ecuatorianos/as en la estructura
ocupacional española, indicando cuáles son los
rasgos clave de la misma, y el papel que esta nueva mano de obra
puede desempeñar en la reconfiguración de la
sociedad
española. Por tanto, no incluye la incidencia sobre la
sociedad ecuatoriana ni las dinámicas trasnacionales que
vehiculan los actores de esta nueva diáspora.
Por lo demás, el enfoque adoptado es en gran
parte descriptivo, dado que pretende sistematizar la información existente acerca de las
inserciones laborales de los/las inmigrantes ecuatorianos,
utilizando algunos datos que hasta
ahora han sido poco utilizados. En cuanto ha sido posible,
intentamos efectuar un análisis comparativo con el fin de mostrar
la especificidad de la situación laboral de los
ecuatorianos respecto al resto de trabajadores extranjeros
afincados en España. Como se explica más adelante,
a falta de trabajos empíricos más detallados, o de
una hipotética situación futura de plena
regularidad de los migrantes, todo intento de estas
características se ve lastrado por las limitaciones de las
fuentes
estadísticas disponibles. Por tanto, es
importante destacar que el análisis tiene esta otra
servidumbre: analiza sólo la parte más visible de
las poblaciones migrantes, aquella que es captada por los
registros
estadísticos.
2. CARACTERÍSTICAS DE
LOS PROCESOS MIGRATORIOS RECIENTES HACIA
ESPAÑA
La secular tendencia emigratoria se detuvo en
España a mediados de los años 70 del siglo XX.
Durante el primer quinquenio de los ’80 se produjo un
proceso de
retorno de emigrantes radicados en países europeos y en
esa misma década empezaron a registrarse flujos de
inmigración desde el extranjero, a la vez
que se ponían en marcha políticas de
regulación (restricción) paralelas al ingreso del
país en la Unión Europea.
Aunque España es un "país de
inmigración" desde hace dos décadas, el incremento
más notorio de los flujos de entrada se produjo en los
años recientes, a finales de los ’90. No es
éste el lugar para realizar un análisis detallado
de la cuestión, para nuestro interés
será suficiente con indicar que en 1997 la cifra de
extranjeros "con papeles" era algo superior a 600.000 y que siete
años más tarde, a finales de 2004, superaban los
1.970.000. Este fortísimo incremento, el mayor registrado
entre los países de la Unión Europea, no refleja,
sin embargo, la verdadera magnitud de los flujos reales, debido a
las restricciones que desde 1997 existen para la obtención
de permisos de residencia.
Los datos de los Padrones municipales, abiertos a todos
lo extranjeros a partir el año 2000, indican que a
comienzos de 2005 los extranjeros eran casi 3,7 millones. Por
tanto, más de 1,7 millones estarían residiendo en
el país en situación irregular. Además, el
"índice de irregularidad"2 ha crecido de forma
importante a partir de 2000 (34,7% a comienzos de ese año,
45,7% cinco años después).
En síntesis,
la principal onda migratoria hacia España se ha producido
durante el último quinquenio y lo ha hecho, debido al tipo
de política
migratoria existente, bajo la forma de flujos "irregulares". En
este período las principales aportaciones llegaron desde
América Latina (Ecuador y
Colombia
principalmente) y de la antigua Europa del Este
(especialmente búlgaros y rumanos), cambiando el "mapa de
diversidad étnica" hasta entonces existente (con claro
predominio de los inmigrantes marroquíes).
En este contexto la inmigración ecuatoriana es la
que ha experimentado el mayor crecimiento, de forma que en tres o
cuatro años ha pasado a ser la primera o segunda nacionalidad
inmigrante en muchas de las regiones del país. La evolución registrada desde 1998 queda
recogida en los datos de la Tabla 1. Tras el crecimiento
exponencial registrado, en la actualidad puede estimarse el
conjunto de la población de origen ecuatoriano radicada en
España en torno a las
500.000 personas, más de la mitad de las cuales se
encuentran en situación
"irregular"3.
No todo este contingente poblacional es susceptible de
ingresar al mercado de trabajo. En primer lugar hay que
contabilizar aparte a la población menor de edad. Las
cifras del padrón indican que hay al menos 62.000 menores
de 15 años (enero de 2005) y en el sistema escolar
no universitario más de 56.000 alumnos matriculados (curso
2002–2003). A falta de datos más precisos, para
calcular la población en edad laboral debemos realizar una
extrapolación; según nuestra estimación los
ecuatorianos con 16 o más años son alrededor de
340.000 personas.
La distribución por sexo de esta
población ha cambiado de forma importante: mientras que
las primeras migraciones fueron protagonizadas principalmente por
mujeres, se ha alcanzado rápidamente un equilibrio:
desde enero de 2001 el 51% de los empadronados son mujeres y el
49% hombres. En cuanto a la población en edad laboral las
mujeres son también levemente mayoritarias, salvo en el
tramo entre 30 y 39 años en el que existe equilibrio entre
ambos sexos.
3. MERCADOS DE
TRABAJO Y TRABAJADORES INMIGRANTES EN
ESPAÑA
La adscripción de España a la Unión
Europea y, con ella, al "primer mundo" ha supuesto un impulso
importante en diversos ámbitos; uno de ellos es el del
crecimiento
económico y la mejora general de las infraestructuras.
Sin embargo, en el terreno sociolaboral la situación
española presenta algunas características que
resultan claves a la hora de analizar las posibilidades de
inserción laboral. De manera sucinta, los principales
rasgos estructurales son los siguientes: Desempleo
estructural importante: desde 1980 la tasa de desempleo no
desciende de los dos dígitos (en épocas de crisis supera
el 20%, en períodos de bonanza está en torno al
11%).
Altas tasas de empleo
temporal: los empleos de duración indefinida, dominantes
hasta los años ’80, están en retroceso desde
entonces. Actualmente el 31% de los asalariados tiene empleos de
duración temporal (casi siempre por debajo de un
año).
Importante volumen de empleo
sumergido: aunque, por definición, no es posible
cuantificar con precisión su importancia, diversas
estimaciones la sitúan entre el 30% (1985, Ministerio de
Economía)
y el 40% (1992, Universidad
Autónoma de Barcelona) de la población ocupada. En
1998 la Comisión Europea situaba a España en el
tercer puesto, tras Grecia e
Italia, en el
ranking de países con más economía oculta
(entre el 10% y el 23% del producto
interior bruto). Las ramas económicas en las que tiene
mayor incidencia este fenómeno son la agricultura,
la hosteleríarestauración y los servicios
menos cualificados (limpiezas, servicio
doméstico, etc.), aunque también adquiere un peso
creciente en sectores modernos, especialmente en el trabajo a
domicilio de personal
cualificado que utiliza los desarrollos recientes de la telemática.
Incorporación femenina al mercado de trabajo:
entre 1976 y 2000 el número de mujeres activas se
incrementó en 2,7 millones mientras que el de las
dedicadas sólo a tareas domésticas disminuyó
en 2,5 millones. Como consecuencia, se modificaron las pautas de
natalidad, y la asignación de trabajos en el
hogar.
Cambio y polarización ocupacional: según
la Encuesta de
Población Activa, el número de ocupados pasó
de 12,1 millones a comienzos de 1994 hasta 17,1 millones diez
años más tarde. En ese período se redujo la
importancia del empleo agrícola, se estancó la del
industrial mientras se expandía en el sector servicios; en
la construcción el empleo sigue las
oscilaciones del ciclo económico (por tanto, ha crecido
continuamente desde 1995). Por su parte, las únicas
categorías ocupacionales que incrementaron su importancia
relativa fueron las de trabajadores técnicos (de 16% a 24%
del total de ocupados) y las de no cualificados (de 27,8% hasta
28,6%4), mientras que descendía la de los
puestos administrativos y de trabajo manual
cualificado. En resumen, el grueso del empleo se desplaza hacia
la construcción y los servicios, en ocupaciones de elevada
y baja cualificación.
Segmentación ocupacional creciente: como
resultado de estos procesos, las posibilidades de
inserción laboral tienden a escindirse en un escenario
polarizado.
Por un lado, empleos fijos, con alta
retribución5, en empresas que
cumplen la legislación
laboral y en las que existe implantación sindical. Por
el otro, secuencias que combinan el desempleo, el empleo precario
en sectores con elevada irregularidad, bajos salarios, malas
condiciones laborales y escasas posibilidades de defensa de los
intereses de los trabajadores. Aunque existe un interesante
debate acerca
de si la estructura laboral se encuentra segmentada en mercados
más o menos estancos, o bien en el proceso de
"flexibilización" laboral caracteriza al conjunto de
empleos, configurando un único mercado con diversos grados
de precarización (Martínez Veiga, 2004), parece
fuera de duda que –al menos hasta la fecha– existen
empleos con condiciones de trabajo claramente
diferenciadas.
Además de estas dinámicas ocupacionales
hay que mencionar algunas medidas estatales que contribuyen a
regular tanto el volumen como la mayor o menor disponibilidad de
la mano de obra. Entre ellas la extensión de la enseñanza obligatoria (hasta los 16
años), la universalización de la asistencia
sanitaria pública a toda la población, o la
ampliación del régimen de pensiones y jubilaciones.
Estas medidas, propias del "estado
providencia" amortiguan las desigualdades sociales6 y
permiten a ciertos segmentos de la población
autóctona eludir los empleos más
precarizados.
Inmigración laboral y fuentes estadísticas
Aunque no es éste el lugar donde analizar en detalle los
alcances y limitaciones de las fuentes estadísticas
disponibles, resulta obligado efectuar algunas puntualizaciones.
Como se ha señalado, una gran parte de la población
inmigrante en edad laboral se encuentra hoy "sin papeles". Esta
situación la aboca necesariamente al empleo no declarado;
por tanto, no queda registrada en las estadísticas de
altas laborales de la Seguridad
Social. En cambio,
podría estar recogida por la Encuesta de Población
Activa, basada en un muestreo que no
excluye los empleos sumergidos. Sin embargo, hasta la fecha este
instrumento cubre con serios déficit a los trabajadores
inmigrantes y además, no permite desagregar los datos en
función
de la nacionalidad
(sólo considera grandes conglomerados
regionales).
El contraste de datos de ambas fuentes indica (ver Tabla
2) que el volumen de extranjeros ocupados según la
Encuesta de Población Activa se sitúa a niveles
similares que los que están dados de alta en la Seguridad Social
para el caso de latinoamericanos y europeos no comunitarios, y
muy por debajo para africanos y europeos comunitarios.
En otros términos, la EPA apenas refleja el
empleo regular (no sumergido) para los primeros grupos mientras
que lo subestima ampliamente para los últimos. Por lo
demás, ambas fuentes ignoran la situación de una
parte importantísima de la fuerza de
trabajo inmigrante. Aunque no podemos precisar exactamente la
magnitud de esta infra representación es posible obtener
un indicador indirecto comparando el empleo detectado con el
conjunto de población en edad laboral. Según esto,
alrededor de dos tercios de los trabajadores escaparían a
las fuentes mencionadas (el 80% de los de la Unión
Europea, el 70% de los de África, el 60% de los
Latinoamericanos y el 50% de los europeos no comunitarios).
Obviamente, estos índices no reflejan adecuadamente la
realidad porque ignoran la presencia de personas adultas "no
activas", que permanecen al margen de los mercados de empleo.
Estos segmentos son, precisamente, elevados entre los europeos
comunitarios y entre las mujeres africanas.
Las reflexiones anteriores nos conducen a dos
conclusiones. 1) Cualquiera de las fuentes actualmente
disponibles capta sólo una parte (probablemente, menos de
la mitad) de la mano de obra de origen inmigrante7. 2)
Para el caso de los latinoamericanos, tanto la EPA como las altas
en S. Social arrojan volúmenes similares; sin embargo, la
primera no ofrece resultados desglosados por nacionalidad, por lo
que para nuestro interés específico es más
adecuado utilizar la segunda.
En lo que sigue, pues, ofreceremos una visión
–parcial, posiblemente distorsionada– de la
inserción laboral de los trabajadores ecuatorianos en
España, utilizando como principal fuente de referencia las
altas laborales en el sistema de seguridad social. En otras
palabras, nos referiremos casi exclusivamente al segmento de
la inmigración que se encuentra en mejores condiciones de
inserción, puesto que cuentan con permiso de
residencia y trabajo y con una ocupación en la
economía formal. Por tanto, si pudiéramos describir
el cuadro global de situación obtendríamos un
panorama de mayor precariedad que el que encontraremos en las
páginas siguientes.
4. PERFILES DE LOS
TRABAJADORES ECUATORIANOS EN COMPARACIÓN CON OTROS GRUPOS
INMIGRANTES
Reciente inserción en los mercados de trabajo
formales Como hemos visto, la presencia de los migrantes
ecuatorianos es relativamente reciente en España. Esta
circunstancia se refleja en los ritmos de incorporación a
los empleos regularizados: sólo el 5% de los que
actualmente ocupan uno de esos puestos de trabajo
consiguió el primero antes de 2000. A partir de entonces
se registra un incremento continuado de las altas iniciales: 23%
en 2000, 38% en 2001 y 39% en 2002. En cambio, en 2003 se
registra un freno en el ritmo de incorporaciones (11% de los
actualmente ocupados). Este último dato puede ser
indicador tanto de una disminución del flujo migratorio
como de mayores dificultades para acceder al empleo regular por
parte de los ecuatorianos que están trabajando en
España.
Concentración espacial e inserciones
ocupacionales diferenciadas en función de la región
de asentamiento La presencia de los/las trabajadores/as
ecuatorianos/as es especialmente destacada en algunas regiones
españolas. Su principal "cabeza de puente" ha sido, y
continúa siéndolo, la región capital
(Madrid): algo
más de la tercera parte de los trabajadores regulares
reside en esta zona. A continuación aparecen otras dos
zonas de asentamiento: la región de Murcia y
Cataluña (en torno al 14–15% cada una). Algo
más atrás la Comunidad
Valenciana (11%) y Andalucía (5%). En estas cinco
comunidades autónomas reside el 83% de los trabajadores
ecuatorianos con alta en seguridad social.
La concentración espacial es
característica de todos los grupos inmigrantes: en estas
mismas regiones trabaja el 66% de los autóctonos, frente
al 87% de los asiáticos, el 80% de latinoamericanos y
africanos, o el 75% de europeos del este y comunitarios. Por
tanto, la pauta de concentración de los ecuatorianos es de
las más altas (83%), sólo superados por los
trabajadores procedentes de Asia. El
análisis comparativo muestra que los
ecuatorianos están especialmente concentrados en Madrid
(más que el total de latinoamericanos, el grupo regional
más presente en esta región) y en Murcia
(más aún que los africanos).
A pesar de su llegada reciente, y de su fuerte
concentración inicial, el contingente ecuatoriano se
está expandiendo por casi todo el territorio nacional. En
tres regiones ya es la primera minoría nacional no
comunitaria (Madrid, Navarra, Asturias) y en otras seis la
segunda (Cataluña, Murcia, Comunidad Valenciana,
Andalucía, Baleares y Cantabria). En cambio, su presencia
es poco destacada en Galicia, Canarias, La Rioja, Ceuta o Melilla
(donde ocupa el 5º puesto o posterior).
Si comparamos el número de trabajadores
ecuatorianos con el total de altas laborales observamos que
representan el 4% del empleo regular en la región de
Murcia (el 36% del empleo extranjero), el 2% en Madrid y Navarra
y cerca del 1% en Baleares, Comunidad Valenciana,
Cataluña, Aragón y Castilla–La Mancha.
Conviene insistir en que estos son porcentajes de mínimos,
puesto que no se incluye el empleo en la economía informal
que es mucho más frecuente entre los inmigrantes que entre
los autóctonos.
Niveles de formación Uno de los tópicos
que pretenden justificar la inserción laboral de los
inmigrantes en estratos inferiores de la estructura ocupacional
es su menor formación relativa. Sin embargo, los datos de
la E.P.A. (y de una serie importante de investigaciones
monográficas) indican que el nivel de cualificación
académica de buena parte de la inmigración es
superior a la del conjunto de la fuerza de trabajo
autóctona.
Analizando grandes agregados regionales se constata que
sólo los trabajadores procedentes de África tienen
niveles inferiores a los de la mano de obra española, que
son superados por los contingentes de la Unión Europea, de
la Europa no comunitaria y de América Latina. Por tanto,
según ciertos enfoques teóricos los empleos
ocupados por estos tres grupos deberían ser de un perfil
igual o mejor que los de la población autóctona.
Hipótesis que, a todas luces, no se
compadece con la realidad que describiremos.
Principales perfiles ocupacionales La afiliación
laboral en la seguridad social española se realiza en
diversos regímenes: varios de ellos tienen
características especiales (trabajadores Autónomos
o cuentapropistas, Empleados de Hogar, trabajadores Agrarios
–asalariados y propietarios– de la Minería
del Carbón y del Mar), diferenciados del régimen
General (asalariados de las restantes ramas de actividad). La
comparación de la afiliación según
régimen, muestra una diferencia apreciable entre los
trabajadores de la Unión Europea, por un lado, los
autóctonos, por otro, y los "extracomunitarios" en un
tercer grupo (ver Tabla 4). Los primeros tienen mayor presencia
relativa entre los trabajadores por cuenta propia
(autónomos). Los demás comparten una fuerte
concentración en el régimen general (en torno a
tres cuartas partes de los ocupados), pero difieren en el reparto
del 25% restante: mientras los trabajadores españoles se
dedican más a las actividades por cuenta propia, los no
comunitarios se concentran más que estos en tareas
agrícolas y en servicio doméstico. Comparados con
los no comunitarios los ecuatorianos tienen mayor porcentaje de
presencia en el servicio doméstico y el régimen
general, un volumen similar en empleos agrícolas y mucha
menor presencia en trabajos por cuenta propia.
Además, esta inserción presenta una fuerte
diferenciación en función del sexo.
Los varones se ocupan muy mayoritariamente en el
régimen general (más del 80%) y en el agrario
(16%); estas proporciones se han mantenido con pocas variaciones
entre 2002 y comienzos de 2004. Las mujeres tienen menor
presencia en el régimen general y, además,
ésta se encuentra en retroceso (de 65% a 57% en las mismas
fechas); destaca su inserción en el servicio
doméstico (que se incrementó de 27% a 30%) mientras
que su presencia en trabajos agrícolas, aunque menor que
la de los hombres, también crece (de 8% a 12%).
En definitiva, tenemos:
– segmentos que tienden a equipararse en el
empleo rural (en torno al 15% de ambos sexos)
– importante y creciente presencia femenina en
servicio doméstico
– fuerte inserción masculina en otros
empleos asalariados no agrícolas
– escasa incidencia del trabajo por cuenta
propia: indicador de "retraso" en la movilidad ocupacional
ascendente8.
Por otra parte, la inserción en distintas
economías regionales adopta perfiles ocupacionales
específicos. Como se observa en el Gráfico 2, el
empleo agrario es especialmente significativo en Murcia (45% del
total), Andalucía y Extremadura (en torno al 25%), la
Comunidad Valenciana y Castilla–la Mancha (16%); el
servicio doméstico destaca especialmente en regiones con
escasa presencia ecuatoriana (Cantabria, Galicia, Asturias o
País Vasco), pero es también significativa en las
de fuerte implantación (Madrid, Andalucía y
Baleares, en torno al 15%, Cataluña, 11%); los empleos del
régimen general superan el 80% en Madrid, Cataluña,
Navarra, Aragón o Baleares.
Temporalidad y categoría ocupacional Más
de la mitad de los hombres y mujeres ecuatorianos con empleo
regular obtuvieron su primer empleo en el año 2001 o
anteriormente. Sin embargo, en su actual ocupación
más del 60% sólo tienen un año de
antigüedad (desde 2003) o menos. Estas cifras dan una idea
de la fuerte temporalidad del empleo de "mejor calidad": el que
se obtiene en condiciones de plena regularidad (con permiso y
contrato de
trabajo).
Aunque, como vimos, la temporalidad es una
característica básica de la estructura ocupacional
española, los trabajadores ecuatorianos se ven más
afectados que otros grupos por esta circunstancia. Entre los
inmigrantes, sólo los procedentes de África tienen
una tasa superior de contratos
temporales (el 72% de los afiliados al régimen
General9). Los ecuatorianos (68%) superan al conjunto
de latinoamericanos (66%) y europeos no comunitarios (65%) y, con
bastante diferencia, a asiáticos y europeos comunitarios
(49% cada uno).
Por sí misma, la duración del contrato de
trabajo no es un indicador absoluto de la posición social
de los trabajadores. En teoría,
es perfectamente posible encontrar ocupaciones fijas de muy baja
calidad frente a otras de carácter temporal pero con
buenas condiciones laborales, salariales y de promoción. Sin embargo, en la
práctica, al menos en España, la "flexibilidad" va
casi siempre asociada a la precariedad y al empleo en las
categorías laborales más bajas. En el
gráfico 3 puede comprobarse cómo los perfiles
ocupacionales correlacionan con los índices de
temporalidad que hemos citado. Así, los trabajadores
africanos son los que más habitualmente desempeñan
ocupaciones no cualificadas (52%), seguidos por los ecuatorianos
(45%), el conjunto de latinoamericanos y asiáticos (en
torno al 35%), mientras que los índices más bajos
corresponden a asiáticos (28%) y europeos comunitarios
(12%); estos últimos presentan mejor situación que
la mano de obra autóctona (16%). El orden inverso se
registra si analizamos los empleos de carácter
técnico–profesional o que tienen responsabilidades
de mando (jefes y ayudantes de los mismos). Algo similar ocurre
con los empleos de tipo administrativo, aunque en este caso la
posición de los latinoamericanos es mejor que la de
asiáticos y europeos no comunitarios; los trabajadores de
Ecuador tienen un porcentaje similar (11%) al de este
último grupo, aunque con más peso de los empleos
administrativos menos cualificados (categorías
auxiliares). Las dos restantes categorías de trabajo
manual tienen un peso similar para todos los grupos (en torno al
20% cada una) con pocas excepciones: los oficiales de 1ª y
2ª categoría ascienden al 29% entre europeos no
comunitarios y los oficiales de 3ª y trabajadores
especialistas al 29% en el caso de los asiáticos y por
debajo del 15% entre españoles y europeos comunitarios En
resumen, la pirámide ocupacional de los trabajadores
ecuatorianos presenta un perfil fuertemente lastrado hacia las
categorías ocupacionales inferiores. Sólo los
trabajadores africanos presentan una situación más
precaria. Teniendo en cuenta estos resultados y el menor tiempo de
estancia de europeos del este y ecuatorianos en España
puede establecerse la siguiente conclusión provisional (a
falta de contar con una perspectiva temporal más amplia):
los nuevos flujos de migración
laboral, en su mayor parte procedentes de las dos áreas
mencionadas, encuentran su inserción en empleos con
fuertes componentes de temporalidad y baja cualificación.
Sin embargo, los europeos del este registran una inserción
general mejor que la de los ecuatorianos (teniendo
antigüedades similares) y ambos superan a los africanos
(radicados hace más tiempo en España). Este cuadro
parece apuntar hacia una segmentación étnica jerarquizada
entre los tres grupos. Dicha segmentación
obedecería antes a criterios "extralaborales" (prejuicios
de los empleadores, preferencias de las autoridades, etc.), que a
factores de cualificación o experiencia
laboral.
Otros rasgos de segmentación parecen anunciarse
dentro del propio colectivo ecuatoriano, en función del
sexo de los trabajadores (ver Tabla 5). Las dos categorías
inferiores son ampliamente dominantes aunque tienen algo
más de peso entre los varones (68,9% vs. 65,1%). En el
otro extremo de la escala predominan
las mujeres, especialmente en los empleos de tipo administrativo
y particularmente en los de carácter auxiliar. En cambio,
los hombres destacan en la categoría de trabajo manual
más elevada (oficiales de 1ª y 2ª), posiblemente
por efecto de su inserción particular en el sector de la
construcción.
Características estructurales de los sectores con
más empleo inmigrante Al igual que los principales grupos
de inmigrantes no comunitarios, los trabajadores ecuatorianos
obtienen empleo preferentemente en unas pocas ramas de actividad:
la construcción, el servicio doméstico y los
cuidados personales (enfermos, ancianos, niños),
la agricultura, la hostelería (bares, restaurantes, etc.)
y el sector de los servicios sexuales. Exceptuando el
último sector, para el que no existen datos debido a su
carácter a–legal10, podemos analizar la
evolución cuantitativa del empleo durante la última
década. Adjudicando al volumen de ocupación para
1994 el valor 100,
vemos que en la construcción se registró el mayor
incremento de ocupación (índice 195 en 2004),
seguida por la hostelería (157). En estas dos ramas el
crecimiento superó al experimentado por el conjunto del
empleo (141). En cambio, el servicio doméstico
registró un incremento inferior (131) mientras que en la
agricultura se registró un descenso importante (77). En el
gráfico 4 puede comprobarse que estas tendencias se
inician, o se acentúan, a partir de 1998, precisamente el
período de mayor inmigración extranjera en el
país. Por tanto, puede afirmarse que el aporte migratorio
se incorpora a tres actividades en las que el empleo crece
(construcción, hostelería y servicio
doméstico) y a otra que está en retroceso
(agricultura)11. Aunque las fuentes disponibles no
permiten establecer la importancia del aporte migratorio, parece
evidente que se registra un proceso inverso entre
autóctonos y extranjeros en la agricultura (los primeros
salen mientras los segundos entran) y, en menor medida, en el
servicio doméstico (la mano de obra española no
crece y parece disminuir lentamente: el nuevo empleo se genera
casi exclusivamente en base a trabajadores extranjeros). En
cambio, en construcción y hostelería los
inmigrantes se suman a sectores en los que no deja de aumentar el
empleo de los autóctonos.
Además de los cambios cuantitativos, se han
registrado algunas modificaciones en la distribución de
los puestos de trabajo según categorías. El caso
más destacado lo constituye la agricultura, donde el
empleo no cualificado incrementó su importancia del 19% al
28%. En la hostelería ha aumentado la importancia de los
empleos no cualificados (de 9% a 11%) pero también la de
los cualificados de carácter manual (53% a 59%). En la
construcción el gran crecimiento de empleo no ha alterado
las proporciones entre empleos manuales
cualificados y no cualificados. Por tanto, las "oportunidades de
empleo" en estas ramas se restringen casi exclusivamente a
ocupaciones de carácter manual (no administrativas, de
gestión, técnicas o
directivas).
Mientras que en la agricultura se expanden sólo
los puestos de la categoría inferior, en los demás
sectores existen –en principio– posibilidades de
movilidad ocupacional ascendente, en la medida en que se han
incrementado tanto los empleos sin cualificación como los
de la categoría de oficiales.
Conviene, además, retener algunas de las
principales características estructurales (independientes
de la nacionalidad de los trabajadores) del empleo en estas
actividades, que se caracterizan por sus elevados niveles de
precariedad (ver Cuadro I).
Aproximaciones al análisis de la movilidad
ocupacional Las estadísticas de altas laborales en la
seguridad social nos permite conocer si los trabajadores han
tenido una o más altas (empleos) a lo largo de su
trayectoria. Para el caso de los ecuatorianos el 15% sólo
ha tenido una ocupación regularizada en España; en
cambio el 85% tiene dos o más altas, lo que significa que
ha tenido empleos temporales, sea en la misma o en distinta
ocupación. Esta fuente nos informa únicamente de
las características del alta inicial (en el momento de la
primera afiliación) y de la actual, por tanto, podemos
analizar la movilidad –geográfica y
ocupacional– sólo en términos de origen y
destino final, pero no de los posibles tránsitos
intermedios.
Veamos qué cambios han registrado el 85% de los
migrantes empleados de forma regular en enero de
200412. Desde el punto de vista ocupacional
podemos comparar los desplazamientos entre regímenes de
cotización. En relación al momento inicial se
comprueba que el Régimen General es el que más
retiene a los ocupados: el 87% continúa cotizando en el
mismo (el 90% de los hombres pero sólo el 78% de las
mujeres). En cambio, apenas la mitad (54%) de los que empezaron a
cotizar en el Régimen Especial Agrario continúan en
él (el 68% de los hombres y el 49% de las mujeres). El
éxodo es bastante mayor entre quienes comenzaron cotizando
en el Régimen Especial de Empleados de Hogar: sólo
permanece el 30% (el 33% de las mujeres y el 7% de los hombres).
El Régimen de Trabajadores Autónomos, muy poco
extendido entre los ecuatorianos, mantiene a la mitad de sus
afiliados iniciales (53%; mujeres: 56%– hombres:
46%).
Estos datos nos permiten establecer algunas
conclusiones. En primer lugar, que el empleo en el servicio
doméstico –principalmente– y en la agricultura
–de forma más moderada– se configuran como
"puertas de entrada" circunstancial para una parte importante de
la mano de obra. De un stock inicial de 18.700 empleados en
servicio doméstico salieron 11.200 mujeres y 1.800
hombres. Los 14.700 ocupados inicialmente en la agricultura
disminuyeron en 5.300 hombres y 1.350 mujeres. Por lo
demás, el servicio doméstico retiene más a
las mujeres y la agricultura a los hombres.
Sin embargo, estos flujos no son de dirección única. Aunque
porcentualmente no son muchos los que abandonaron el
Régimen General (el 15% de los inicialmente ocupados en
él), los valores
absolutos sí son significativos: casi 8.000 personas
(hombres y mujeres en proporción similar) que actualmente
trabajan en otros sectores: 5.200 en la agricultura, 2.000 en
servicio doméstico y 650 como trabajadores
autónomos. Las cifras de la tabla 6 nos permiten valorar
la importancia de la movilidad en ambos sentidos. Vemos que el
cambio desde el servicio doméstico hacia el régimen
general es casi diez veces mayor que el que se registra en
sentido inverso. En cambio, los flujos entre empleos
agrícolas y del régimen general tienen una magnitud
más cercana a la equivalencia, aunque con diferencias
según el género:
los hombres van más desde el campo a la ciudad en tanto
que las mujeres han hecho más a menudo el trayecto
opuesto. Existe también movilidad entre empleo
doméstico y agrícola pero de una intensidad mucho
menor: para ambos sexos lo más habitual es el cambio desde
el primer hacia el segundo ámbito
(ciudad–campo).
A falta de información más pormenorizada,
podemos concluir que el régimen general (empleos
asalariados no agrícolas ni servicio doméstico)
retiene a la mayor proporción de ecuatorianos ocupados y,
además, atrae a un segmento significativo de quienes
comenzaron trabajando en el servicio doméstico (flujo de
empleo urbano desde los hogares hacia las empresas). Sin embargo,
sería necesario establecer en qué medida se trata
de movilidad ocupacional o de cambios puramente
administrativos13.
Podemos también tener una
aproximación a la movilidad geográfica de
los trabajadores ecuatorianos. En este caso comparamos las
provincias del alta inicial y del empleo actual (ver Tabla 7).
Las que más retienen a los trabajadores procedentes de
Ecuador son Barcelona y Valencia (por encima del 90%),
además de Navarra y Baleares, aunque este último
caso se ve favorecido por su carácter insular. El mayor
porcentaje de salidas se registra en Almería el 27%
trabaja actualmente en otra provincia, especialmente Murcia, pero
también Madrid, Barcelona, Valencia y Alicante.
También destacan las salidas desde Murcia (el
18%, particularmente hacia Alicante y Madrid) y desde Alicante
(18%, en primer lugar hacia Murcia y Valencia). Sabemos que la
provincia de Madrid es el espacio preferente de asentamiento de
ecuatorianos, y también un punto a partir del cual se
expande el asentamiento de esta población.
Aunque el 13% de los inicialmente ocupados ha salido de
dicha región los puntos de destino están dispersos
por todo el territorio nacional (sólo Murcia destaca
ligeramente).
En resumen –y recordando la parcialidad de los
datos de referencia, que excluyen a los ocupados de forma
irregular–, se identifican dos tipos de movimiento
principales: uno de dispersión a partir de Madrid,
y otro de circulación entre las provincias del
área sudeste de la península (Murcia, Alicante,
Valencia y, en menor medida, Almería). Esta última
pauta se registra de forma principal en el empleo
agrario14.
El desempleo: una situación poco conocida
Teniendo en cuenta la importante incidencia del desempleo en los
mercados laborales de España, resulta fundamental conocer
cuál es su incidencia entre los distintos grupos
inmigrantes. Sin embargo, hasta la fecha sólo contamos con
una aproximación parcial y deficiente, debido a los
problemas de
cobertura de la E.P.A.
Para obviar algunos de estos problemas podemos recurrir
a los datos aportados por el censo de 2001, aunque conviene tener
presente que en esa fecha la inmigración registrada era
aproximadamente la mitad que el volumen actual.
Los datos (recogidos en la Tabla 8) indican que existen
situaciones específicas en función del sexo. En el
caso de los hombres, todos los grupos inmigrantes presentan tasas
de paro
superiores a los españoles (10,8%) y los latinoamericanos
tienen niveles elevados (16,5%) sólo superados por los
africanos (17,3%). En cambio, la tasa de paro de las extranjeras
es sólo levemente superior a la de las españolas
(19,4% y 18,7%, respectivamente), mientras que la de las
latinoamericanas es inferior (18,1%).
Además, el desempleo femenino es más alto
entre las mujeres que entre los varones de todos los grupos. Sin
embargo, las latinoamericanas encuentran más oportunidades
que las españolas, mientras que los latinoamericanos se
ven más abocados al desempleo que los trabajadores
autóctonos. Estas diferencias parecen remitir a la
relativa "facilidad" que existe para colocarse en el servicio
doméstico, ocupación tradicionalmente asignada a
las mujeres.
El sistema de protección a los desempleados
vigente en España adjudica a los trabajadores el derecho a
recibir prestaciones
económicas en función del tiempo durante el que
cotizaron como trabajadores (seguro de
desempleo) o de otras circunstancias personales (mujeres cabeza
de familia,
desempleados mayores de cierta edad, etc.: subsidio de
desempleo). Según datos de la
administración laboral, durante 2003 los trabajadores
latinoamericanos fueron los menos favorecidos por estas
prestaciones económicas: el 71,5% de los demandantes de
empleo no percibió ninguna. Los ecuatorianos se acercaban
a este valor promedio (70,6%), bastante por encima de los
europeos no comunitarios (64,9%), africanos (63,2%),
asiáticos (62,3%) y europeos comunitarios (60,3%). Esta
peor situación comparativa puede explicarse, en parte, por
un recorrido temporal más breve en el mercado laboral
español
(menos antigüedad en el empleo, menos tiempo de
cotización, menos derecho a prestaciones). Si esta fuera
la única causa, con el correr destiempo mejorarían
los porcentajes de perceptores de prestación
económica. Pero no existen otros argumentos para afirmar
que ésta vaya a ser la tendencia futura.
* * * *
En resumen: en los flujos
migratorios recientes, caracterizados por fuertes
índices de irregularidad, destacan latinoamericanos (en
primer lugar los ecuatorianos) y europeos del Este. Estos grupos
se han instalado en los sectores ‘tradicionales’ de
ocupación de inmigrantes, caracterizados estructuralmente
por el predominio de empleos menos cualificados y peor
retribuidos. No obstante su mayor precariedad jurídica,
estos inmigrantes han conseguido una inserción ocupacional
mejor que la de los trabajadores africanos, que tienen más
antigüedad en estos mercados de trabajo. Esta mejor
situación comparativa puede estar apoyada en la movilidad
ocupacional desde el servicio doméstico hacia otros
empleos asalariados urbanos, y en una cierta circulación
entre estos y las ocupaciones agrarias. Sin embargo, ésta
puede ser una conclusión precipitada, puesto que se basa
sólo en la situación de los trabajadores que
cuentan con un empleo regular. Puesto que la irregularidad es
mayor entre ecuatorianos y europeos no comunitarios, no es
improbable que los empleos de los trabajadores "invisibles" sean
peores que los de los africanos; en ese caso la tendencia
apuntada sería sólo un efecto de la
deformación operada por las fuentes
estadísticas.
Por otra parte, respecto a la mano de obra
autóctona, la mayor cualificación educativa general
de los trabajadores inmigrantes (a excepción de los
africanos) no le ha permitido conseguir una mejor
inserción laboral. Para los que han llegado recientemente
cabe la posibilidad de que su inserción precaria sea una
etapa transitoria; sin embargo, para importantes segmentos de
quienes han inmigrado hace 5 o 10 años parecen
consolidarse ciertas tendencias de segmentación
étnica. Son varios los factores que pueden inclinar el
proceso en una u otra dirección; uno de los más
significativos es el tipo de regulación estatal que se
desarrolle en España.
5. LA REGULACIÓN
ESTATAL DE LAS MIGRACIONES LABORALES EN
ESPAÑA
La política de inmigración española
se inauguró en 1985 con la primera "ley de extranjería". Desde entonces, la entrada
regular de trabajadores extra–comunitarios (de
países ajenos a la Unión Europea) queda subordinada
a la "situación nacional de empleo". Según esta
fórmula, sólo se otorgarán permisos de
trabajo para empleos que no puedan ser cubiertos por la mano de
obra autóctona o, en su defecto, por los extranjeros ya
radicados en el país. En resumen, las leyes sólo
contemplan la llegada de inmigrantes en la medida en que sean
necesarios para cubrir los "huecos" que deje la fuerza de trabajo
radicada en el país; utilizando una antigua
terminología, los ciudadanos de países terceros son
contemplados como un ejército de reserva laboral,
movilizable sólo en la medida y en el momento que se lo
requiera.
Desde 1993, con la puesta en marcha de los contingentes
laborales anuales, se inició la pretensión de
contratar a los trabajadores directamente en los países de
origen, con el fin de desincentivar los desplazamientos
irregulares, e indicar que la única vía de acceso
al empleo regular (y a "los papeles") pasaba por realizar los
oportunos trámites ante los consulados españoles.
Como es sabido, la utilización de este método
como canalización de nuevos flujos migratorios ha sido
poco utilizada. Además, desde el año 1997
quedó prácticamente cerrada la posibilidad de
obtener permisos de trabajo a través del llamado
"régimen general", según el cual los inmigrantes
irregulares con una oferta laboral
podían ser regularizados. Así, en la
práctica las vías de inmigración laboral
regular quedaron drásticamente limitadas; la consecuencia
fue que la continua llegada de nuevos flujos migratorios se
tradujera en un incremento sin precedentes de inmigrantes "sin
papeles", circunstancia que ha sido reseñada al comienzo
de esta comunicación.
Como hemos visto, las tasas de desempleo de las mujeres
latinoamericanas son inferiores a las de las españolas, y
las de los hombres, aunque superiores, no indican que el
desempleo sea una circunstancia que afecte muy especialmente a
estos trabajadores.
Por tanto, la mayor parte de los recién llegados
ocupan empleos no declarados, en la economía informal o
sumergida. Esta, también lo hemos señalado,
constituye uno de los rasgos destacados de la estructura
ocupacional española. Precisamente por su carácter
informal es imposible que sus demandas de empleo puedan
canalizarse a través de los mecanismos formales previstos
por la legislación migratoria. En definitiva, la
política migratoria ha reducido las opciones para
contratar legalmente a inmigrantes mientras que en los mercados
de empleo ha crecido la demanda, tanto
para empleos regulares como para otros en la economía
sumergida.
Con la asunción del nuevo gobierno
español en mayo de 2004 se anuncia una
reorientación de la política migratoria, que
pretende legitimarse en función de la consulta y el apoyo
de una serie de agentes sociales, entre ellos las cámaras
empresariales y los sindicatos
mayoritarios. ¿En qué consiste la novedad de esta
política? Más allá del método,
más abierto al diálogo
fuera del ámbito gubernamental, los contenidos
básicos no se modifican: el gobierno ha aprobado en
diciembre un nuevo reglamento de la legislación de
extranjería, es decir, mantiene la ley aprobada en 2003
durante el gobierno del Partido Popular15. La
"situación nacional de empleo" sigue siendo el criterio
básico de admisión de nuevos trabajadores
inmigrantes y los contingentes anuales y los permisos para
trabajos de temporada sus formas básicas de acceso. Toda
la política se construye en torno a un concepto
utilitarista: la inmigración reducida a su papel de
suministrador, más o menos eventual, de mano de obra, en
función de las "necesidades del mercado". De forma
sintética: sin contrato no hay regularización. Sin
embargo, anuncia algunas novedades que pueden mejorar la
situación de miles de trabajadores indocumentados. El
diseño
de esta "nueva política" puede resumirse, según el
gobierno, en las líneas sintetizadas en el Cuadro
II.
En cuanto al mundo del trabajo se diseñan dos
grandes líneas de actuación. Por una parte, la
gestión de las nuevas entradas sigue encomendada a los
contingentes laborales y permisos de temporada, aunque se anuncia
la reapertura de la vía del régimen general. Por
otra, para los trabajadores en situación irregular que ya
se encuentran en España se ofrecen dos procedimientos,
uno coyuntural (la "normalización" laboral) y otro de
carácter permanente (el arraigo laboral). De esta manera,
las autoridades vienen a reconocer que no es posible regular
enteramente los flujos de inmigración laboral a
través de mecanismos de entrada regularizados, que
continuarán existiendo flujos irregulares y para
éstos deben establecerse mecanismos de
regularización. Veamos cuáles son sus
alcances.
El proceso de "normalización laboral" se abre
sólo por un plazo de tres meses.
Tienen derecho al mismo los inmigrantes empadronados en
el país con fecha anterior a julio de 2004, que carezcan
de antecedentes penales y cuenten con un contrato de trabajo (con
duración mínima de seis meses16) que
debe ser presentado a las autoridades por los empleadores. En
caso de obtenerse el correspondiente permiso, éste no
será efectivo si en el plazo de un mes el trabajador no es
dado de alta en la seguridad social.
Por tanto, esta vía depende enteramente de la
parte empresarial (que debe querer y/o poder ofrecer
un contrato en regla y, además, estar dispuesta a acudir
ante las autoridades para realizar el trámite y demostrar
tener recursos
suficientes y estar al día de sus obligaciones
fiscales). En definitiva, no se trata de una
regularización de inmigrantes indocumentados sino
del intento de afloración de puestos de trabajo no
declarados.
La vía del "arraigo laboral" deja una puerta
abierta para la regularización de los trabajadores que
puedan demostrar al menos dos años de permanencia en el
país y uno de relación laboral. En este caso parece
darse por descontada la no colaboración del empresario,
puesto que las pruebas
válidas han de ser una resolución judicial o el
acta definitiva de una inspección de trabajo. Por tanto,
los trabajadores deberán denunciar la situación,
exponiéndose a las represalias del empleador.
La filosofía subyacente a este conjunto de
medidas parece ser la siguiente: los empleos no declarados son un
"mal" atribuible a prácticas incorrectas (de los
empresarios pero también de la administración que ha cerrado vías
de regularización).
Ahora el gobierno abre cauces y llama a los empresarios
a tener una "actitud
correcta".
Pasado el breve periodo de "normalización" se
entiende que la persistencia de empleo irregular obedecerá
al deseo de fraude o de
explotación de los empresarios. Es decir, el empleo
irregular queda desprovisto de todo carácter estructural
en ciertos segmentos de la economía, y pasa a ser
atribuido plenamente a fallos éticos o morales de los
empresarios. Bajos estos supuestos es de prever que algunos de
los resultados de esta "nueva política" serán los
siguientes: • regularización del segmento de
inmigrantes que pueda acceder a un contrato de trabajo
(normalización) o a demostrar posteriormente su arraigo
laboral. Puesto que sólo se exigen contratos de
duración temporal y la iniciativa del trámite queda
en manos de la parte empresarial, el éxito
de esta medida está en función de los
réditos previsibles para los empleadores (desde eludir
problemas de inspección laboral, hasta obtener dinero a
cambio de "vender" contratos a los trabajadores).
• subsistencia de un sector de inmigrantes "sin
papeles", sea los que no pueden acogerse a la inminente
"normalización" o los que continúen
llegando.
• Tanto para los regularizables como para quienes
permanezcan "sin papeles" se mantiene una acusada dependencia de
los trabajadores respecto a los empleadores (en su mayor parte en
segmentos de empleo precario).
• Queda por ver qué criterios
predominarán cuando llegue el momento de renovar los
permisos de trabajo iniciales (al año de su vigencia), en
el caso de que los trabajadores no hayan podido mantener su
empleo. ¿El derecho de permanencia regular se
vinculará al empleo o perdurará en caso de
desempleo?
Cualquier conclusión que quiera extraerse de los
argumentos hasta aquí desarrollados debe resultar
forzosamente provisional. A ello contribuyen tanto las
limitaciones de las fuentes disponibles como el escaso recorrido
temporal de la inmigración ecuatoriana en España.
Además, aunque contáramos con estadísticas
completas y actualizadas sigue pendiente al realización de
una investigación rigurosa acerca de las
trayectorias y diversas modalidades de inserción laboral
de esta inmigración, atendiendo a las diferencias
atribuibles a distintas variables
(como el sexo, la edad, la antigüedad en España, la
zona de residencia, los vínculos familiares, etc.). A
pesar de las limitaciones señaladas, podemos indicar
algunas cuestiones significativas.
1) La "nueva política" migratoria española
perpetúa contextos, legislativos y socioeconómicos,
que colocan a los trabajadores inmigrantes en posición de
subordinación estructural.
2) Dentro de dichos contextos, se abre la posibilidad de
mejorar las condiciones administrativas de buena parte de los
trabajadores ecuatorianos, uno de los grupos más afectados
por la irregularidad.
3) No está claro en qué medida el acceso a
"los papeles" pueda incrementar las posibilidades de
promoción ocupacional. Por el momento resulta
difícil establecer si su actual situación
(sólo mejor que la de los trabajadores africanos) responde
una fase de asentamiento inicial o es una tendencia de mayor
calado.
4) En todo caso, dada la calidad del empleo dominante en
las ramas en la que más implantados se encuentran, puede
decirse que las mayores opciones de promoción sociolaboral
pasan por la salida hacia otras ramas de actividad, posibilidad
que hasta la fecha se han visto bastante restringidas para el
conjunto de los no comunitarios. Dichos antecedentes no invitan a
un especial optimismo.
5) Al margen de las condiciones de trabajo, la mejora de
la situación administrativa supondrá un mayor
acceso a derechos
sociales (seguro de desempleo, cursos de formación, etc.)
para los nuevos regularizados, circunstancia que
contribuirá a reforzar la situación social general
de la comunidad ecuatoriana radicada en España.
6) A corto plazo, esta "integración subordinada" en la estructura
de empleo española no es contradictoria con la vivencia de
mejora económica respecto a la situación al salir
de Ecuador y con la continuidad del flujo de remesas (siempre que
el acceso a "los papeles" no desencadene un masivo proceso de
reunificación familiar en España). Vista "desde
Ecuador" la situación de los trabajadores emigrados aporta
ventajas comparativas; vista "desde España" indican
subordinación social y exclusión
política.
Entre los inmigrantes y sus familias predomina el primer
punto de vista, que hace hoy "aceptable" la actual
situación. Pero en un plazo no muy prolongado segmentos
crecientes de los migrantes se plantearán su futuro
viéndolo "desde España", y en ese sentido las
puertas, si no del todo cerradas, parecen estar apenas
entreabiertas.
7) Aunque la situación social en Ecuador no
empeore, o incluso registre una mejoría moderada, la mayor
estabilidad que promoverán estas medidas asegura la
consolidación de la diáspora trasnacional de la
población ecuatoriana, para la que España es ya una
de sus espacios preferentes de reproducción. Las opciones de retorno se
mantendrán congeladas, con tendencia a disminuir a corto y
medio plazo.
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Quito.
2. Porcentaje de empadronados que carecen de permiso de
residencia. Este indicador no tiene pretensiones de exactitud,
debido a los problemas existentes con las dos fuentes utilizadas,
pero sí de señalar las tendencias
existentes.
3. Entre diciembre de 2003 y junio de 2004 el
número de residentes se incrementó en 17.000. Si en
ese plazo no hubiera habido nueva inmigración, el total de
ecuatorianos no sería de 499.000 sino de unos
482.000.
4. Es probable que el incremento de este segmento haya
sido mayor, habida cuenta de la importancia del subempleo y las
ocupaciones sumergidas, que quedan subrepresentadas en la
E.P.A.
5. Según datos de la Agencia Tributaria, basados
en las declaraciones anuales de renta (es decir, dejando de lado
los ingresos ocultos)
tanto en 1992 como en 2003 el 1,2% de los asalariados
percibía casi el doble de la masa salarial que el 28% peor
retribuido (con ingresos inferiores al Salario
Mínimo Interprofesional). Si, además, incluimos en
el cómputo a los desempleados que perciben seguro de
desempleo vemos que el 38% peor retribuido no consigue captar el
volumen de rentas del 1% con más altos salarios. Pero,
más allá de los flujos anuales de rentas, la
acumulación de riqueza (stock) muestra una divergencia
mayor: en 2001 las diferencias entre el 10% de hogares con
mayores ingresos y el 50% menos favorecido era de 3 respecto a la
renta y ascendía a 16 en cuanto al patrimonio
acumulado. Ver: Banco de
España (2004).
6. A partir de este "colchón amortiguador
básico" en los últimos años se registran
procesos de dualización que permiten a los sectores con
mayores ingresos optar por prestaciones privadas: en la
enseñanza, la sanidad y las pensiones.
7. Como referencia podemos considerar las siguientes
cifras: estimamos la población ecuatoriana en edad laboral
en torno a 340.000 personas, la gran mayoría de ellas en
situación de actividad económica. En cambio,
sólo 190.000 figuraban en las estadísticas de
seguridad social como ocupadas en octubre de 2004.
8. El 99% de los hombres y el 94% de las mujeres son
asalariados, cifras que superan las medias de todos los grandes
grupos regionales –africanos, latinoamericanos, europeos o
asiáticos. Está por verse si ésta es una
situación provisional, debido a la reciente llegada de la
mayoría de ecuatorianos, o una pauta de inserción
duradera.
9. En estas cifras no se incluyen los trabajadores
agrarios ni los del servicio doméstico; de hacerlo, los
índices de temporalidad se elevarían, puesto que en
el campo la norma es el empleo de duración restringida,
mientras que en el servicio doméstico la facilidad del
despido hace que –en la práctica– todo
vínculo laboral esté condicionado a la
discrecionalidad de los empleadores.
10. La compra–venta de
servicios sexuales no está penada en la legislación
española (excepto si media coacción,
tráfico, etc.), pero tampoco puede ejercerse de forma
regular. Puede decirse que, por ley, se trata de un conjunto de
actividades no prohibidas y no legalizables.
11. Respecto a esta última conviene aclarar que
la mayor pérdida de empleo corresponde a la agricultura
tradicional de tipo familiar, en zonas de secano (pequeños
propietarios que abandonan la explotación), en tanto que
la mayor presencia de trabajadores inmigrantes se registra en las
explotaciones de regadío dirigidas a la exportación (basadas en uso intensivo de
mano de obra).
12. Los datos de este apartado proceden de una
explotación específica de los datos de
Tesorería de la Seguridad Social realizados por el
Observatorio Permanente de la Inmigración
(OPI).
13. Debido ala relativa facilidad con que se ha podido
acceder a "los papeles" a través del servicio
doméstico, no son infrecuentes los casos de inmigrantes
que cotizan a este régimen mientras trabajan –
irregularmente– en otro sector.
14. De los actuales trabajadores del régimen
agrario en Murcia, Valencia y Alicante en torno al 5–7%
procede de Madrid. Procede de Murcia el 18% de los afincados en
Alicante, el 12% en Almería y el 7% de los de Valencia.
Teniendo en cuenta la magnitud del empleo agrario en Murcia, el
circuito dominante de los que se han desplazado parece ser Madrid
Murcia y desde allí a las otras tres provincias del
sudeste.
15. Según la Asociación Pro Derechos Humanos
de Andalucía, la ley de 2003 "trasladó las
fronteras administrativas de España a sus embajadas y
consulados en los países de origen de los inmigrantes,
haciendo absolutamente imposible el trámite para solicitar
permisos de residencia y de trabajo estando aquí; para lo
cual además se cerró el Régimen General, se
instauró la inadmisión a trámite de las
solicitudes y se eliminó el poder de representación
ante la Administración, para lo que se
reformó la Ley de Procedimiento
Administrativo. Del mismo modo la reforma de la Ley
recortó las posibilidades de reagrupación familiar
(…). Mantuvo excluidos de los derechos fundamentales de
asociación, reunión, manifestación y
huelga a los
inmigrantes sin permiso de residencia. Propició su
localización permitiendo a la policía el acceso a
los datos del padrón municipal, para lo que se
reformó la Ley de Régimen Local.
16. La situación de irregularidad administrativa
se sancionó con la expulsión… En resumen, fue una
reforma –que afectó no sólo a la Ley de
Extranjería sino a otras Leyes Orgánicas–
encaminada a reducir drásticamente las posibilidades de
entrada legal y de permanencia estable, y a primar la
inmigración temporal condicionada a la demanda del mercado
laboral.". Ver http://www.apdha.org/ 16 En agricultura el
mínimo se reduce a 3 meses.
Walter Actis
Colectivo Ioe. Equipo de investigación
sociológica ubicado en Madrid y compuesto por Carlos
Pereda, Walter Actis y Miguel Ángel de
Prada.
URL: http://www.nodo50.org/ioe/
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