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Ecuatorianos/as en España




Enviado por Colectivo Ioé



     

     

    1.
    INTRODUCCIÓN

    Las migraciones trasnacionales contemporáneas
    ponen de manifiesto el carácter crecientemente "global" del mundo
    en que vivimos. En este contexto los enfoques "nacionales"
    (qué efecto tienen los procesos
    migratorios en tal o cual país) implican un recorte de los
    procesos en juego, que se
    registran tanto en las sociedades de
    origen como en las de destino pero también en
    ámbitos más extensos. En nuestro caso, la
    comprensión cabal de los procesos en que se ven
    involucrados, y que también promueven, los migrantes
    ecuatorianos radicados hoy en España requiere un estudio
    de las transformaciones recientes ocurridas en ambos
    países, en sus contextos inmediatos (Pacto
    Andino–América
    Latina y Unión
    Europea), en las respectivas inserciones en el orden
    económico global y en las políticas
    migratorias de terceros países (especialmente los Estados Unidos de
    América).

    A pesar de lo dicho, este artículo tiene un
    carácter inequívocamente "hispanocéntrico"
    pues pretende describir cuál es la situación de
    los/las trabajadores/as ecuatorianos/as en la estructura
    ocupacional española, indicando cuáles son los
    rasgos clave de la misma, y el papel que esta nueva mano de obra
    puede desempeñar en la reconfiguración de la
    sociedad
    española. Por tanto, no incluye la incidencia sobre la
    sociedad ecuatoriana ni las dinámicas trasnacionales que
    vehiculan los actores de esta nueva diáspora.

    Por lo demás, el enfoque adoptado es en gran
    parte descriptivo, dado que pretende sistematizar la información existente acerca de las
    inserciones laborales de los/las inmigrantes ecuatorianos,
    utilizando algunos datos que hasta
    ahora han sido poco utilizados. En cuanto ha sido posible,
    intentamos efectuar un análisis comparativo con el fin de mostrar
    la especificidad de la situación laboral de los
    ecuatorianos respecto al resto de trabajadores extranjeros
    afincados en España. Como se explica más adelante,
    a falta de trabajos empíricos más detallados, o de
    una hipotética situación futura de plena
    regularidad de los migrantes, todo intento de estas
    características se ve lastrado por las limitaciones de las
    fuentes
    estadísticas disponibles. Por tanto, es
    importante destacar que el análisis tiene esta otra
    servidumbre: analiza sólo la parte más visible de
    las poblaciones migrantes, aquella que es captada por los
    registros
    estadísticos.

     

    2. CARACTERÍSTICAS DE
    LOS PROCESOS MIGRATORIOS RECIENTES HACIA
    ESPAÑA

    La secular tendencia emigratoria se detuvo en
    España a mediados de los años 70 del siglo XX.
    Durante el primer quinquenio de los ’80 se produjo un
    proceso de
    retorno de emigrantes radicados en países europeos y en
    esa misma década empezaron a registrarse flujos de
    inmigración desde el extranjero, a la vez
    que se ponían en marcha políticas de
    regulación (restricción) paralelas al ingreso del
    país en la Unión Europea.

    Aunque España es un "país de
    inmigración" desde hace dos décadas, el incremento
    más notorio de los flujos de entrada se produjo en los
    años recientes, a finales de los ’90. No es
    éste el lugar para realizar un análisis detallado
    de la cuestión, para nuestro interés
    será suficiente con indicar que en 1997 la cifra de
    extranjeros "con papeles" era algo superior a 600.000 y que siete
    años más tarde, a finales de 2004, superaban los
    1.970.000. Este fortísimo incremento, el mayor registrado
    entre los países de la Unión Europea, no refleja,
    sin embargo, la verdadera magnitud de los flujos reales, debido a
    las restricciones que desde 1997 existen para la obtención
    de permisos de residencia.

    Los datos de los Padrones municipales, abiertos a todos
    lo extranjeros a partir el año 2000, indican que a
    comienzos de 2005 los extranjeros eran casi 3,7 millones. Por
    tanto, más de 1,7 millones estarían residiendo en
    el país en situación irregular. Además, el
    "índice de irregularidad"2 ha crecido de forma
    importante a partir de 2000 (34,7% a comienzos de ese año,
    45,7% cinco años después).

    En síntesis,
    la principal onda migratoria hacia España se ha producido
    durante el último quinquenio y lo ha hecho, debido al tipo
    de política
    migratoria existente, bajo la forma de flujos "irregulares". En
    este período las principales aportaciones llegaron desde
    América Latina (Ecuador y
    Colombia
    principalmente) y de la antigua Europa del Este
    (especialmente búlgaros y rumanos), cambiando el "mapa de
    diversidad étnica" hasta entonces existente (con claro
    predominio de los inmigrantes marroquíes).

    En este contexto la inmigración ecuatoriana es la
    que ha experimentado el mayor crecimiento, de forma que en tres o
    cuatro años ha pasado a ser la primera o segunda nacionalidad
    inmigrante en muchas de las regiones del país. La evolución registrada desde 1998 queda
    recogida en los datos de la Tabla 1. Tras el crecimiento
    exponencial registrado, en la actualidad puede estimarse el
    conjunto de la población de origen ecuatoriano radicada en
    España en torno a las
    500.000 personas, más de la mitad de las cuales se
    encuentran en situación
    "irregular"3.

     

     

    No todo este contingente poblacional es susceptible de
    ingresar al mercado de trabajo. En primer lugar hay que
    contabilizar aparte a la población menor de edad. Las
    cifras del padrón indican que hay al menos 62.000 menores
    de 15 años (enero de 2005) y en el sistema escolar
    no universitario más de 56.000 alumnos matriculados (curso
    2002–2003). A falta de datos más precisos, para
    calcular la población en edad laboral debemos realizar una
    extrapolación; según nuestra estimación los
    ecuatorianos con 16 o más años son alrededor de
    340.000 personas.

    La distribución por sexo de esta
    población ha cambiado de forma importante: mientras que
    las primeras migraciones fueron protagonizadas principalmente por
    mujeres, se ha alcanzado rápidamente un equilibrio:
    desde enero de 2001 el 51% de los empadronados son mujeres y el
    49% hombres. En cuanto a la población en edad laboral las
    mujeres son también levemente mayoritarias, salvo en el
    tramo entre 30 y 39 años en el que existe equilibrio entre
    ambos sexos.

     

    3. MERCADOS DE
    TRABAJO Y TRABAJADORES INMIGRANTES EN
    ESPAÑA

    La adscripción de España a la Unión
    Europea y, con ella, al "primer mundo" ha supuesto un impulso
    importante en diversos ámbitos; uno de ellos es el del
    crecimiento
    económico y la mejora general de las infraestructuras.
    Sin embargo, en el terreno sociolaboral la situación
    española presenta algunas características que
    resultan claves a la hora de analizar las posibilidades de
    inserción laboral. De manera sucinta, los principales
    rasgos estructurales son los siguientes: Desempleo
    estructural importante: desde 1980 la tasa de desempleo no
    desciende de los dos dígitos (en épocas de crisis supera
    el 20%, en períodos de bonanza está en torno al
    11%).

    Altas tasas de empleo
    temporal: los empleos de duración indefinida, dominantes
    hasta los años ’80, están en retroceso desde
    entonces. Actualmente el 31% de los asalariados tiene empleos de
    duración temporal (casi siempre por debajo de un
    año).

    Importante volumen de empleo
    sumergido: aunque, por definición, no es posible
    cuantificar con precisión su importancia, diversas
    estimaciones la sitúan entre el 30% (1985, Ministerio de
    Economía)
    y el 40% (1992, Universidad
    Autónoma de Barcelona) de la población ocupada. En
    1998 la Comisión Europea situaba a España en el
    tercer puesto, tras Grecia e
    Italia, en el
    ranking de países con más economía oculta
    (entre el 10% y el 23% del producto
    interior bruto). Las ramas económicas en las que tiene
    mayor incidencia este fenómeno son la agricultura,
    la hosteleríarestauración y los servicios
    menos cualificados (limpiezas, servicio
    doméstico, etc.), aunque también adquiere un peso
    creciente en sectores modernos, especialmente en el trabajo a
    domicilio de personal
    cualificado que utiliza los desarrollos recientes de la telemática.

    Incorporación femenina al mercado de trabajo:
    entre 1976 y 2000 el número de mujeres activas se
    incrementó en 2,7 millones mientras que el de las
    dedicadas sólo a tareas domésticas disminuyó
    en 2,5 millones. Como consecuencia, se modificaron las pautas de
    natalidad, y la asignación de trabajos en el
    hogar.

    Cambio y polarización ocupacional: según
    la Encuesta de
    Población Activa, el número de ocupados pasó
    de 12,1 millones a comienzos de 1994 hasta 17,1 millones diez
    años más tarde. En ese período se redujo la
    importancia del empleo agrícola, se estancó la del
    industrial mientras se expandía en el sector servicios; en
    la construcción el empleo sigue las
    oscilaciones del ciclo económico (por tanto, ha crecido
    continuamente desde 1995). Por su parte, las únicas
    categorías ocupacionales que incrementaron su importancia
    relativa fueron las de trabajadores técnicos (de 16% a 24%
    del total de ocupados) y las de no cualificados (de 27,8% hasta
    28,6%4), mientras que descendía la de los
    puestos administrativos y de trabajo manual
    cualificado. En resumen, el grueso del empleo se desplaza hacia
    la construcción y los servicios, en ocupaciones de elevada
    y baja cualificación.

    Segmentación ocupacional creciente: como
    resultado de estos procesos, las posibilidades de
    inserción laboral tienden a escindirse en un escenario
    polarizado.

    Por un lado, empleos fijos, con alta
    retribución5, en empresas que
    cumplen la legislación
    laboral y en las que existe implantación sindical. Por
    el otro, secuencias que combinan el desempleo, el empleo precario
    en sectores con elevada irregularidad, bajos salarios, malas
    condiciones laborales y escasas posibilidades de defensa de los
    intereses de los trabajadores. Aunque existe un interesante
    debate acerca
    de si la estructura laboral se encuentra segmentada en mercados
    más o menos estancos, o bien en el proceso de
    "flexibilización" laboral caracteriza al conjunto de
    empleos, configurando un único mercado con diversos grados
    de precarización (Martínez Veiga, 2004), parece
    fuera de duda que –al menos hasta la fecha– existen
    empleos con condiciones de trabajo claramente
    diferenciadas.

    Además de estas dinámicas ocupacionales
    hay que mencionar algunas medidas estatales que contribuyen a
    regular tanto el volumen como la mayor o menor disponibilidad de
    la mano de obra. Entre ellas la extensión de la enseñanza obligatoria (hasta los 16
    años), la universalización de la asistencia
    sanitaria pública a toda la población, o la
    ampliación del régimen de pensiones y jubilaciones.
    Estas medidas, propias del "estado
    providencia" amortiguan las desigualdades sociales6 y
    permiten a ciertos segmentos de la población
    autóctona eludir los empleos más
    precarizados.

    Inmigración laboral y fuentes estadísticas
    Aunque no es éste el lugar donde analizar en detalle los
    alcances y limitaciones de las fuentes estadísticas
    disponibles, resulta obligado efectuar algunas puntualizaciones.
    Como se ha señalado, una gran parte de la población
    inmigrante en edad laboral se encuentra hoy "sin papeles". Esta
    situación la aboca necesariamente al empleo no declarado;
    por tanto, no queda registrada en las estadísticas de
    altas laborales de la Seguridad
    Social. En cambio,
    podría estar recogida por la Encuesta de Población
    Activa, basada en un muestreo que no
    excluye los empleos sumergidos. Sin embargo, hasta la fecha este
    instrumento cubre con serios déficit a los trabajadores
    inmigrantes y además, no permite desagregar los datos en
    función
    de la nacionalidad
    (sólo considera grandes conglomerados
    regionales).

    El contraste de datos de ambas fuentes indica (ver Tabla
    2) que el volumen de extranjeros ocupados según la
    Encuesta de Población Activa se sitúa a niveles
    similares que los que están dados de alta en la Seguridad Social
    para el caso de latinoamericanos y europeos no comunitarios, y
    muy por debajo para africanos y europeos comunitarios.

    En otros términos, la EPA apenas refleja el
    empleo regular (no sumergido) para los primeros grupos mientras
    que lo subestima ampliamente para los últimos. Por lo
    demás, ambas fuentes ignoran la situación de una
    parte importantísima de la fuerza de
    trabajo inmigrante. Aunque no podemos precisar exactamente la
    magnitud de esta infra representación es posible obtener
    un indicador indirecto comparando el empleo detectado con el
    conjunto de población en edad laboral. Según esto,
    alrededor de dos tercios de los trabajadores escaparían a
    las fuentes mencionadas (el 80% de los de la Unión
    Europea, el 70% de los de África, el 60% de los
    Latinoamericanos y el 50% de los europeos no comunitarios).
    Obviamente, estos índices no reflejan adecuadamente la
    realidad porque ignoran la presencia de personas adultas "no
    activas", que permanecen al margen de los mercados de empleo.
    Estos segmentos son, precisamente, elevados entre los europeos
    comunitarios y entre las mujeres africanas.

     

    Las reflexiones anteriores nos conducen a dos
    conclusiones. 1) Cualquiera de las fuentes actualmente
    disponibles capta sólo una parte (probablemente, menos de
    la mitad) de la mano de obra de origen inmigrante7. 2)
    Para el caso de los latinoamericanos, tanto la EPA como las altas
    en S. Social arrojan volúmenes similares; sin embargo, la
    primera no ofrece resultados desglosados por nacionalidad, por lo
    que para nuestro interés específico es más
    adecuado utilizar la segunda.

    En lo que sigue, pues, ofreceremos una visión
    –parcial, posiblemente distorsionada– de la
    inserción laboral de los trabajadores ecuatorianos en
    España, utilizando como principal fuente de referencia las
    altas laborales en el sistema de seguridad social. En otras
    palabras, nos referiremos casi exclusivamente al segmento de
    la inmigración que se encuentra en mejores condiciones de
    inserción
    , puesto que cuentan con permiso de
    residencia y trabajo y con una ocupación en la
    economía formal. Por tanto, si pudiéramos describir
    el cuadro global de situación obtendríamos un
    panorama de mayor precariedad que el que encontraremos en las
    páginas siguientes.

     

    4. PERFILES DE LOS
    TRABAJADORES ECUATORIANOS EN COMPARACIÓN CON OTROS GRUPOS
    INMIGRANTES

    Reciente inserción en los mercados de trabajo
    formales Como hemos visto, la presencia de los migrantes
    ecuatorianos es relativamente reciente en España. Esta
    circunstancia se refleja en los ritmos de incorporación a
    los empleos regularizados: sólo el 5% de los que
    actualmente ocupan uno de esos puestos de trabajo
    consiguió el primero antes de 2000. A partir de entonces
    se registra un incremento continuado de las altas iniciales: 23%
    en 2000, 38% en 2001 y 39% en 2002. En cambio, en 2003 se
    registra un freno en el ritmo de incorporaciones (11% de los
    actualmente ocupados). Este último dato puede ser
    indicador tanto de una disminución del flujo migratorio
    como de mayores dificultades para acceder al empleo regular por
    parte de los ecuatorianos que están trabajando en
    España.

    Concentración espacial e inserciones
    ocupacionales diferenciadas en función de la región
    de asentamiento La presencia de los/las trabajadores/as
    ecuatorianos/as es especialmente destacada en algunas regiones
    españolas. Su principal "cabeza de puente" ha sido, y
    continúa siéndolo, la región capital
    (Madrid): algo
    más de la tercera parte de los trabajadores regulares
    reside en esta zona. A continuación aparecen otras dos
    zonas de asentamiento: la región de Murcia y
    Cataluña (en torno al 14–15% cada una). Algo
    más atrás la Comunidad
    Valenciana (11%) y Andalucía (5%). En estas cinco
    comunidades autónomas reside el 83% de los trabajadores
    ecuatorianos con alta en seguridad social.

    La concentración espacial es
    característica de todos los grupos inmigrantes: en estas
    mismas regiones trabaja el 66% de los autóctonos, frente
    al 87% de los asiáticos, el 80% de latinoamericanos y
    africanos, o el 75% de europeos del este y comunitarios. Por
    tanto, la pauta de concentración de los ecuatorianos es de
    las más altas (83%), sólo superados por los
    trabajadores procedentes de Asia. El
    análisis comparativo muestra que los
    ecuatorianos están especialmente concentrados en Madrid
    (más que el total de latinoamericanos, el grupo regional
    más presente en esta región) y en Murcia
    (más aún que los africanos).

    A pesar de su llegada reciente, y de su fuerte
    concentración inicial, el contingente ecuatoriano se
    está expandiendo por casi todo el territorio nacional. En
    tres regiones ya es la primera minoría nacional no
    comunitaria (Madrid, Navarra, Asturias) y en otras seis la
    segunda (Cataluña, Murcia, Comunidad Valenciana,
    Andalucía, Baleares y Cantabria). En cambio, su presencia
    es poco destacada en Galicia, Canarias, La Rioja, Ceuta o Melilla
    (donde ocupa el 5º puesto o posterior).

    Si comparamos el número de trabajadores
    ecuatorianos con el total de altas laborales observamos que
    representan el 4% del empleo regular en la región de
    Murcia (el 36% del empleo extranjero), el 2% en Madrid y Navarra
    y cerca del 1% en Baleares, Comunidad Valenciana,
    Cataluña, Aragón y Castilla–La Mancha.
    Conviene insistir en que estos son porcentajes de mínimos,
    puesto que no se incluye el empleo en la economía informal
    que es mucho más frecuente entre los inmigrantes que entre
    los autóctonos.

    Niveles de formación Uno de los tópicos
    que pretenden justificar la inserción laboral de los
    inmigrantes en estratos inferiores de la estructura ocupacional
    es su menor formación relativa. Sin embargo, los datos de
    la E.P.A. (y de una serie importante de investigaciones
    monográficas) indican que el nivel de cualificación
    académica de buena parte de la inmigración es
    superior a la del conjunto de la fuerza de trabajo
    autóctona.

    Analizando grandes agregados regionales se constata que
    sólo los trabajadores procedentes de África tienen
    niveles inferiores a los de la mano de obra española, que
    son superados por los contingentes de la Unión Europea, de
    la Europa no comunitaria y de América Latina. Por tanto,
    según ciertos enfoques teóricos los empleos
    ocupados por estos tres grupos deberían ser de un perfil
    igual o mejor que los de la población autóctona.
    Hipótesis que, a todas luces, no se
    compadece con la realidad que describiremos.

     

    Principales perfiles ocupacionales La afiliación
    laboral en la seguridad social española se realiza en
    diversos regímenes: varios de ellos tienen
    características especiales (trabajadores Autónomos
    o cuentapropistas, Empleados de Hogar, trabajadores Agrarios
    –asalariados y propietarios– de la Minería
    del Carbón y del Mar), diferenciados del régimen
    General (asalariados de las restantes ramas de actividad). La
    comparación de la afiliación según
    régimen, muestra una diferencia apreciable entre los
    trabajadores de la Unión Europea, por un lado, los
    autóctonos, por otro, y los "extracomunitarios" en un
    tercer grupo (ver Tabla 4). Los primeros tienen mayor presencia
    relativa entre los trabajadores por cuenta propia
    (autónomos). Los demás comparten una fuerte
    concentración en el régimen general (en torno a
    tres cuartas partes de los ocupados), pero difieren en el reparto
    del 25% restante: mientras los trabajadores españoles se
    dedican más a las actividades por cuenta propia, los no
    comunitarios se concentran más que estos en tareas
    agrícolas y en servicio doméstico. Comparados con
    los no comunitarios los ecuatorianos tienen mayor porcentaje de
    presencia en el servicio doméstico y el régimen
    general, un volumen similar en empleos agrícolas y mucha
    menor presencia en trabajos por cuenta propia.

     

    Además, esta inserción presenta una fuerte
    diferenciación en función del sexo.

    Los varones se ocupan muy mayoritariamente en el
    régimen general (más del 80%) y en el agrario
    (16%); estas proporciones se han mantenido con pocas variaciones
    entre 2002 y comienzos de 2004. Las mujeres tienen menor
    presencia en el régimen general y, además,
    ésta se encuentra en retroceso (de 65% a 57% en las mismas
    fechas); destaca su inserción en el servicio
    doméstico (que se incrementó de 27% a 30%) mientras
    que su presencia en trabajos agrícolas, aunque menor que
    la de los hombres, también crece (de 8% a 12%).

    En definitiva, tenemos:

    – segmentos que tienden a equipararse en el
    empleo rural (en torno al 15% de ambos sexos)

    – importante y creciente presencia femenina en
    servicio doméstico

    – fuerte inserción masculina en otros
    empleos asalariados no agrícolas

    – escasa incidencia del trabajo por cuenta
    propia: indicador de "retraso" en la movilidad ocupacional
    ascendente8.

    Por otra parte, la inserción en distintas
    economías regionales adopta perfiles ocupacionales
    específicos. Como se observa en el Gráfico 2, el
    empleo agrario es especialmente significativo en Murcia (45% del
    total), Andalucía y Extremadura (en torno al 25%), la
    Comunidad Valenciana y Castilla–la Mancha (16%); el
    servicio doméstico destaca especialmente en regiones con
    escasa presencia ecuatoriana (Cantabria, Galicia, Asturias o
    País Vasco), pero es también significativa en las
    de fuerte implantación (Madrid, Andalucía y
    Baleares, en torno al 15%, Cataluña, 11%); los empleos del
    régimen general superan el 80% en Madrid, Cataluña,
    Navarra, Aragón o Baleares.

     

    Temporalidad y categoría ocupacional Más
    de la mitad de los hombres y mujeres ecuatorianos con empleo
    regular obtuvieron su primer empleo en el año 2001 o
    anteriormente. Sin embargo, en su actual ocupación
    más del 60% sólo tienen un año de
    antigüedad (desde 2003) o menos. Estas cifras dan una idea
    de la fuerte temporalidad del empleo de "mejor calidad": el que
    se obtiene en condiciones de plena regularidad (con permiso y
    contrato de
    trabajo).

    Aunque, como vimos, la temporalidad es una
    característica básica de la estructura ocupacional
    española, los trabajadores ecuatorianos se ven más
    afectados que otros grupos por esta circunstancia. Entre los
    inmigrantes, sólo los procedentes de África tienen
    una tasa superior de contratos
    temporales (el 72% de los afiliados al régimen
    General9). Los ecuatorianos (68%) superan al conjunto
    de latinoamericanos (66%) y europeos no comunitarios (65%) y, con
    bastante diferencia, a asiáticos y europeos comunitarios
    (49% cada uno).

      

     

    Por sí misma, la duración del contrato de
    trabajo no es un indicador absoluto de la posición social
    de los trabajadores. En teoría,
    es perfectamente posible encontrar ocupaciones fijas de muy baja
    calidad frente a otras de carácter temporal pero con
    buenas condiciones laborales, salariales y de promoción. Sin embargo, en la
    práctica, al menos en España, la "flexibilidad" va
    casi siempre asociada a la precariedad y al empleo en las
    categorías laborales más bajas. En el
    gráfico 3 puede comprobarse cómo los perfiles
    ocupacionales correlacionan con los índices de
    temporalidad que hemos citado. Así, los trabajadores
    africanos son los que más habitualmente desempeñan
    ocupaciones no cualificadas (52%), seguidos por los ecuatorianos
    (45%), el conjunto de latinoamericanos y asiáticos (en
    torno al 35%), mientras que los índices más bajos
    corresponden a asiáticos (28%) y europeos comunitarios
    (12%); estos últimos presentan mejor situación que
    la mano de obra autóctona (16%). El orden inverso se
    registra si analizamos los empleos de carácter
    técnico–profesional o que tienen responsabilidades
    de mando (jefes y ayudantes de los mismos). Algo similar ocurre
    con los empleos de tipo administrativo, aunque en este caso la
    posición de los latinoamericanos es mejor que la de
    asiáticos y europeos no comunitarios; los trabajadores de
    Ecuador tienen un porcentaje similar (11%) al de este
    último grupo, aunque con más peso de los empleos
    administrativos menos cualificados (categorías
    auxiliares). Las dos restantes categorías de trabajo
    manual tienen un peso similar para todos los grupos (en torno al
    20% cada una) con pocas excepciones: los oficiales de 1ª y
    2ª categoría ascienden al 29% entre europeos no
    comunitarios y los oficiales de 3ª y trabajadores
    especialistas al 29% en el caso de los asiáticos y por
    debajo del 15% entre españoles y europeos comunitarios En
    resumen, la pirámide ocupacional de los trabajadores
    ecuatorianos presenta un perfil fuertemente lastrado hacia las
    categorías ocupacionales inferiores
    . Sólo los
    trabajadores africanos presentan una situación más
    precaria. Teniendo en cuenta estos resultados y el menor tiempo de
    estancia de europeos del este y ecuatorianos en España
    puede establecerse la siguiente conclusión provisional (a
    falta de contar con una perspectiva temporal más amplia):
    los nuevos flujos de migración
    laboral, en su mayor parte procedentes de las dos áreas
    mencionadas, encuentran su inserción en empleos con
    fuertes componentes de temporalidad y baja cualificación.
    Sin embargo, los europeos del este registran una inserción
    general mejor que la de los ecuatorianos (teniendo
    antigüedades similares) y ambos superan a los africanos
    (radicados hace más tiempo en España). Este cuadro
    parece apuntar hacia una segmentación étnica jerarquizada
    entre los tres grupos. Dicha segmentación
    obedecería antes a criterios "extralaborales" (prejuicios
    de los empleadores, preferencias de las autoridades, etc.), que a
    factores de cualificación o experiencia
    laboral.

    Otros rasgos de segmentación parecen anunciarse
    dentro del propio colectivo ecuatoriano, en función del
    sexo de los trabajadores (ver Tabla 5). Las dos categorías
    inferiores son ampliamente dominantes aunque tienen algo
    más de peso entre los varones (68,9% vs. 65,1%). En el
    otro extremo de la escala predominan
    las mujeres, especialmente en los empleos de tipo administrativo
    y particularmente en los de carácter auxiliar. En cambio,
    los hombres destacan en la categoría de trabajo manual
    más elevada (oficiales de 1ª y 2ª), posiblemente
    por efecto de su inserción particular en el sector de la
    construcción.

     

    Características estructurales de los sectores con
    más empleo inmigrante Al igual que los principales grupos
    de inmigrantes no comunitarios, los trabajadores ecuatorianos
    obtienen empleo preferentemente en unas pocas ramas de actividad:
    la construcción, el servicio doméstico y los
    cuidados personales (enfermos, ancianos, niños),
    la agricultura, la hostelería (bares, restaurantes, etc.)
    y el sector de los servicios sexuales. Exceptuando el
    último sector, para el que no existen datos debido a su
    carácter a–legal10, podemos analizar la
    evolución cuantitativa del empleo durante la última
    década. Adjudicando al volumen de ocupación para
    1994 el valor 100,
    vemos que en la construcción se registró el mayor
    incremento de ocupación (índice 195 en 2004),
    seguida por la hostelería (157). En estas dos ramas el
    crecimiento superó al experimentado por el conjunto del
    empleo (141). En cambio, el servicio doméstico
    registró un incremento inferior (131) mientras que en la
    agricultura se registró un descenso importante (77). En el
    gráfico 4 puede comprobarse que estas tendencias se
    inician, o se acentúan, a partir de 1998, precisamente el
    período de mayor inmigración extranjera en el
    país. Por tanto, puede afirmarse que el aporte migratorio
    se incorpora a tres actividades en las que el empleo crece
    (construcción, hostelería y servicio
    doméstico) y a otra que está en retroceso
    (agricultura)11. Aunque las fuentes disponibles no
    permiten establecer la importancia del aporte migratorio, parece
    evidente que se registra un proceso inverso entre
    autóctonos y extranjeros en la agricultura (los primeros
    salen mientras los segundos entran) y, en menor medida, en el
    servicio doméstico (la mano de obra española no
    crece y parece disminuir lentamente: el nuevo empleo se genera
    casi exclusivamente en base a trabajadores extranjeros). En
    cambio, en construcción y hostelería los
    inmigrantes se suman a sectores en los que no deja de aumentar el
    empleo de los autóctonos.

      

    Además de los cambios cuantitativos, se han
    registrado algunas modificaciones en la distribución de
    los puestos de trabajo según categorías. El caso
    más destacado lo constituye la agricultura, donde el
    empleo no cualificado incrementó su importancia del 19% al
    28%. En la hostelería ha aumentado la importancia de los
    empleos no cualificados (de 9% a 11%) pero también la de
    los cualificados de carácter manual (53% a 59%). En la
    construcción el gran crecimiento de empleo no ha alterado
    las proporciones entre empleos manuales
    cualificados y no cualificados. Por tanto, las "oportunidades de
    empleo" en estas ramas se restringen casi exclusivamente a
    ocupaciones de carácter manual (no administrativas, de
    gestión, técnicas o
    directivas).

    Mientras que en la agricultura se expanden sólo
    los puestos de la categoría inferior, en los demás
    sectores existen –en principio– posibilidades de
    movilidad ocupacional ascendente, en la medida en que se han
    incrementado tanto los empleos sin cualificación como los
    de la categoría de oficiales.

    Conviene, además, retener algunas de las
    principales características estructurales (independientes
    de la nacionalidad de los trabajadores) del empleo en estas
    actividades, que se caracterizan por sus elevados niveles de
    precariedad (ver Cuadro I).

       

     

    Aproximaciones al análisis de la movilidad
    ocupacional Las estadísticas de altas laborales en la
    seguridad social nos permite conocer si los trabajadores han
    tenido una o más altas (empleos) a lo largo de su
    trayectoria. Para el caso de los ecuatorianos el 15% sólo
    ha tenido una ocupación regularizada en España; en
    cambio el 85% tiene dos o más altas, lo que significa que
    ha tenido empleos temporales, sea en la misma o en distinta
    ocupación. Esta fuente nos informa únicamente de
    las características del alta inicial (en el momento de la
    primera afiliación) y de la actual, por tanto, podemos
    analizar la movilidad –geográfica y
    ocupacional– sólo en términos de origen y
    destino final, pero no de los posibles tránsitos
    intermedios.

    Veamos qué cambios han registrado el 85% de los
    migrantes empleados de forma regular en enero de
    200412. Desde el punto de vista ocupacional
    podemos comparar los desplazamientos entre regímenes de
    cotización. En relación al momento inicial se
    comprueba que el Régimen General es el que más
    retiene a los ocupados: el 87% continúa cotizando en el
    mismo (el 90% de los hombres pero sólo el 78% de las
    mujeres). En cambio, apenas la mitad (54%) de los que empezaron a
    cotizar en el Régimen Especial Agrario continúan en
    él (el 68% de los hombres y el 49% de las mujeres). El
    éxodo es bastante mayor entre quienes comenzaron cotizando
    en el Régimen Especial de Empleados de Hogar: sólo
    permanece el 30% (el 33% de las mujeres y el 7% de los hombres).
    El Régimen de Trabajadores Autónomos, muy poco
    extendido entre los ecuatorianos, mantiene a la mitad de sus
    afiliados iniciales (53%; mujeres: 56%– hombres:
    46%).

    Estos datos nos permiten establecer algunas
    conclusiones. En primer lugar, que el empleo en el servicio
    doméstico –principalmente– y en la agricultura
    –de forma más moderada– se configuran como
    "puertas de entrada" circunstancial para una parte importante de
    la mano de obra. De un stock inicial de 18.700 empleados en
    servicio doméstico salieron 11.200 mujeres y 1.800
    hombres. Los 14.700 ocupados inicialmente en la agricultura
    disminuyeron en 5.300 hombres y 1.350 mujeres. Por lo
    demás, el servicio doméstico retiene más a
    las mujeres y la agricultura a los hombres.

    Sin embargo, estos flujos no son de dirección única. Aunque
    porcentualmente no son muchos los que abandonaron el
    Régimen General (el 15% de los inicialmente ocupados en
    él), los valores
    absolutos sí son significativos: casi 8.000 personas
    (hombres y mujeres en proporción similar) que actualmente
    trabajan en otros sectores: 5.200 en la agricultura, 2.000 en
    servicio doméstico y 650 como trabajadores
    autónomos. Las cifras de la tabla 6 nos permiten valorar
    la importancia de la movilidad en ambos sentidos. Vemos que el
    cambio desde el servicio doméstico hacia el régimen
    general es casi diez veces mayor que el que se registra en
    sentido inverso. En cambio, los flujos entre empleos
    agrícolas y del régimen general tienen una magnitud
    más cercana a la equivalencia, aunque con diferencias
    según el género:
    los hombres van más desde el campo a la ciudad en tanto
    que las mujeres han hecho más a menudo el trayecto
    opuesto. Existe también movilidad entre empleo
    doméstico y agrícola pero de una intensidad mucho
    menor: para ambos sexos lo más habitual es el cambio desde
    el primer hacia el segundo ámbito
    (ciudad–campo).

    A falta de información más pormenorizada,
    podemos concluir que el régimen general (empleos
    asalariados no agrícolas ni servicio doméstico)
    retiene a la mayor proporción de ecuatorianos ocupados y,
    además, atrae a un segmento significativo de quienes
    comenzaron trabajando en el servicio doméstico (flujo de
    empleo urbano desde los hogares hacia las empresas). Sin embargo,
    sería necesario establecer en qué medida se trata
    de movilidad ocupacional o de cambios puramente
    administrativos13.

     

     

     Podemos también tener una
    aproximación a la movilidad geográfica de
    los trabajadores ecuatorianos. En este caso comparamos las
    provincias del alta inicial y del empleo actual (ver Tabla 7).
    Las que más retienen a los trabajadores procedentes de
    Ecuador son Barcelona y Valencia (por encima del 90%),
    además de Navarra y Baleares, aunque este último
    caso se ve favorecido por su carácter insular. El mayor
    porcentaje de salidas se registra en Almería el 27%
    trabaja actualmente en otra provincia, especialmente Murcia, pero
    también Madrid, Barcelona, Valencia y Alicante.

    También destacan las salidas desde Murcia (el
    18%, particularmente hacia Alicante y Madrid) y desde Alicante
    (18%, en primer lugar hacia Murcia y Valencia). Sabemos que la
    provincia de Madrid es el espacio preferente de asentamiento de
    ecuatorianos, y también un punto a partir del cual se
    expande el asentamiento de esta población.

    Aunque el 13% de los inicialmente ocupados ha salido de
    dicha región los puntos de destino están dispersos
    por todo el territorio nacional (sólo Murcia destaca
    ligeramente).

    En resumen –y recordando la parcialidad de los
    datos de referencia, que excluyen a los ocupados de forma
    irregular–, se identifican dos tipos de movimiento
    principales: uno de dispersión a partir de Madrid,
    y otro de circulación entre las provincias del
    área sudeste de la península (Murcia, Alicante,
    Valencia y, en menor medida, Almería). Esta última
    pauta se registra de forma principal en el empleo
    agrario14.

     

     

    El desempleo: una situación poco conocida
    Teniendo en cuenta la importante incidencia del desempleo en los
    mercados laborales de España, resulta fundamental conocer
    cuál es su incidencia entre los distintos grupos
    inmigrantes. Sin embargo, hasta la fecha sólo contamos con
    una aproximación parcial y deficiente, debido a los
    problemas de
    cobertura de la E.P.A.

    Para obviar algunos de estos problemas podemos recurrir
    a los datos aportados por el censo de 2001, aunque conviene tener
    presente que en esa fecha la inmigración registrada era
    aproximadamente la mitad que el volumen actual.

    Los datos (recogidos en la Tabla 8) indican que existen
    situaciones específicas en función del sexo. En el
    caso de los hombres, todos los grupos inmigrantes presentan tasas
    de paro
    superiores a los españoles (10,8%) y los latinoamericanos
    tienen niveles elevados (16,5%) sólo superados por los
    africanos (17,3%). En cambio, la tasa de paro de las extranjeras
    es sólo levemente superior a la de las españolas
    (19,4% y 18,7%, respectivamente), mientras que la de las
    latinoamericanas es inferior (18,1%).

    Además, el desempleo femenino es más alto
    entre las mujeres que entre los varones de todos los grupos. Sin
    embargo, las latinoamericanas encuentran más oportunidades
    que las españolas, mientras que los latinoamericanos se
    ven más abocados al desempleo que los trabajadores
    autóctonos. Estas diferencias parecen remitir a la
    relativa "facilidad" que existe para colocarse en el servicio
    doméstico, ocupación tradicionalmente asignada a
    las mujeres.

     

    El sistema de protección a los desempleados
    vigente en España adjudica a los trabajadores el derecho a
    recibir prestaciones
    económicas en función del tiempo durante el que
    cotizaron como trabajadores (seguro de
    desempleo) o de otras circunstancias personales (mujeres cabeza
    de familia,
    desempleados mayores de cierta edad, etc.: subsidio de
    desempleo). Según datos de la
    administración laboral, durante 2003 los trabajadores
    latinoamericanos fueron los menos favorecidos por estas
    prestaciones económicas: el 71,5% de los demandantes de
    empleo no percibió ninguna. Los ecuatorianos se acercaban
    a este valor promedio (70,6%), bastante por encima de los
    europeos no comunitarios (64,9%), africanos (63,2%),
    asiáticos (62,3%) y europeos comunitarios (60,3%). Esta
    peor situación comparativa puede explicarse, en parte, por
    un recorrido temporal más breve en el mercado laboral
    español
    (menos antigüedad en el empleo, menos tiempo de
    cotización, menos derecho a prestaciones). Si esta fuera
    la única causa, con el correr destiempo mejorarían
    los porcentajes de perceptores de prestación
    económica. Pero no existen otros argumentos para afirmar
    que ésta vaya a ser la tendencia futura.

    * * * *

    En resumen: en los flujos
    migratorios recientes, caracterizados por fuertes
    índices de irregularidad, destacan latinoamericanos (en
    primer lugar los ecuatorianos) y europeos del Este. Estos grupos
    se han instalado en los sectores ‘tradicionales’ de
    ocupación de inmigrantes, caracterizados estructuralmente
    por el predominio de empleos menos cualificados y peor
    retribuidos. No obstante su mayor precariedad jurídica,
    estos inmigrantes han conseguido una inserción ocupacional
    mejor que la de los trabajadores africanos, que tienen más
    antigüedad en estos mercados de trabajo. Esta mejor
    situación comparativa puede estar apoyada en la movilidad
    ocupacional desde el servicio doméstico hacia otros
    empleos asalariados urbanos, y en una cierta circulación
    entre estos y las ocupaciones agrarias. Sin embargo, ésta
    puede ser una conclusión precipitada, puesto que se basa
    sólo en la situación de los trabajadores que
    cuentan con un empleo regular. Puesto que la irregularidad es
    mayor entre ecuatorianos y europeos no comunitarios, no es
    improbable que los empleos de los trabajadores "invisibles" sean
    peores que los de los africanos; en ese caso la tendencia
    apuntada sería sólo un efecto de la
    deformación operada por las fuentes
    estadísticas.

    Por otra parte, respecto a la mano de obra
    autóctona, la mayor cualificación educativa general
    de los trabajadores inmigrantes (a excepción de los
    africanos) no le ha permitido conseguir una mejor
    inserción laboral. Para los que han llegado recientemente
    cabe la posibilidad de que su inserción precaria sea una
    etapa transitoria; sin embargo, para importantes segmentos de
    quienes han inmigrado hace 5 o 10 años parecen
    consolidarse ciertas tendencias de segmentación
    étnica. Son varios los factores que pueden inclinar el
    proceso en una u otra dirección; uno de los más
    significativos es el tipo de regulación estatal que se
    desarrolle en España.

     

    5. LA REGULACIÓN
    ESTATAL DE LAS MIGRACIONES LABORALES EN
    ESPAÑA

    La política de inmigración española
    se inauguró en 1985 con la primera "ley de extranjería". Desde entonces, la entrada
    regular de trabajadores extra–comunitarios (de
    países ajenos a la Unión Europea) queda subordinada
    a la "situación nacional de empleo". Según esta
    fórmula, sólo se otorgarán permisos de
    trabajo para empleos que no puedan ser cubiertos por la mano de
    obra autóctona o, en su defecto, por los extranjeros ya
    radicados en el país. En resumen, las leyes sólo
    contemplan la llegada de inmigrantes en la medida en que sean
    necesarios para cubrir los "huecos" que deje la fuerza de trabajo
    radicada en el país; utilizando una antigua
    terminología, los ciudadanos de países terceros son
    contemplados como un ejército de reserva laboral,
    movilizable sólo en la medida y en el momento que se lo
    requiera.

    Desde 1993, con la puesta en marcha de los contingentes
    laborales anuales, se inició la pretensión de
    contratar a los trabajadores directamente en los países de
    origen, con el fin de desincentivar los desplazamientos
    irregulares, e indicar que la única vía de acceso
    al empleo regular (y a "los papeles") pasaba por realizar los
    oportunos trámites ante los consulados españoles.
    Como es sabido, la utilización de este método
    como canalización de nuevos flujos migratorios ha sido
    poco utilizada. Además, desde el año 1997
    quedó prácticamente cerrada la posibilidad de
    obtener permisos de trabajo a través del llamado
    "régimen general", según el cual los inmigrantes
    irregulares con una oferta laboral
    podían ser regularizados. Así, en la
    práctica las vías de inmigración laboral
    regular quedaron drásticamente limitadas; la consecuencia
    fue que la continua llegada de nuevos flujos migratorios se
    tradujera en un incremento sin precedentes de inmigrantes "sin
    papeles", circunstancia que ha sido reseñada al comienzo
    de esta comunicación.

    Como hemos visto, las tasas de desempleo de las mujeres
    latinoamericanas son inferiores a las de las españolas, y
    las de los hombres, aunque superiores, no indican que el
    desempleo sea una circunstancia que afecte muy especialmente a
    estos trabajadores.

    Por tanto, la mayor parte de los recién llegados
    ocupan empleos no declarados, en la economía informal o
    sumergida. Esta, también lo hemos señalado,
    constituye uno de los rasgos destacados de la estructura
    ocupacional española. Precisamente por su carácter
    informal es imposible que sus demandas de empleo puedan
    canalizarse a través de los mecanismos formales previstos
    por la legislación migratoria. En definitiva, la
    política migratoria ha reducido las opciones para
    contratar legalmente a inmigrantes mientras que en los mercados
    de empleo ha crecido la demanda, tanto
    para empleos regulares como para otros en la economía
    sumergida.

    Con la asunción del nuevo gobierno
    español en mayo de 2004 se anuncia una
    reorientación de la política migratoria, que
    pretende legitimarse en función de la consulta y el apoyo
    de una serie de agentes sociales, entre ellos las cámaras
    empresariales y los sindicatos
    mayoritarios. ¿En qué consiste la novedad de esta
    política? Más allá del método,
    más abierto al diálogo
    fuera del ámbito gubernamental, los contenidos
    básicos no se modifican: el gobierno ha aprobado en
    diciembre un nuevo reglamento de la legislación de
    extranjería, es decir, mantiene la ley aprobada en 2003
    durante el gobierno del Partido Popular15. La
    "situación nacional de empleo" sigue siendo el criterio
    básico de admisión de nuevos trabajadores
    inmigrantes y los contingentes anuales y los permisos para
    trabajos de temporada sus formas básicas de acceso. Toda
    la política se construye en torno a un concepto
    utilitarista: la inmigración reducida a su papel de
    suministrador, más o menos eventual, de mano de obra, en
    función de las "necesidades del mercado". De forma
    sintética: sin contrato no hay regularización. Sin
    embargo, anuncia algunas novedades que pueden mejorar la
    situación de miles de trabajadores indocumentados. El
    diseño
    de esta "nueva política" puede resumirse, según el
    gobierno, en las líneas sintetizadas en el Cuadro
    II.

     

    En cuanto al mundo del trabajo se diseñan dos
    grandes líneas de actuación. Por una parte, la
    gestión de las nuevas entradas sigue encomendada a los
    contingentes laborales y permisos de temporada, aunque se anuncia
    la reapertura de la vía del régimen general. Por
    otra, para los trabajadores en situación irregular que ya
    se encuentran en España se ofrecen dos procedimientos,
    uno coyuntural (la "normalización" laboral) y otro de
    carácter permanente (el arraigo laboral). De esta manera,
    las autoridades vienen a reconocer que no es posible regular
    enteramente los flujos de inmigración laboral a
    través de mecanismos de entrada regularizados, que
    continuarán existiendo flujos irregulares y para
    éstos deben establecerse mecanismos de
    regularización. Veamos cuáles son sus
    alcances.

    El proceso de "normalización laboral" se abre
    sólo por un plazo de tres meses.

    Tienen derecho al mismo los inmigrantes empadronados en
    el país con fecha anterior a julio de 2004, que carezcan
    de antecedentes penales y cuenten con un contrato de trabajo (con
    duración mínima de seis meses16) que
    debe ser presentado a las autoridades por los empleadores. En
    caso de obtenerse el correspondiente permiso, éste no
    será efectivo si en el plazo de un mes el trabajador no es
    dado de alta en la seguridad social.

    Por tanto, esta vía depende enteramente de la
    parte empresarial (que debe querer y/o poder ofrecer
    un contrato en regla y, además, estar dispuesta a acudir
    ante las autoridades para realizar el trámite y demostrar
    tener recursos
    suficientes y estar al día de sus obligaciones
    fiscales). En definitiva, no se trata de una
    regularización de inmigrantes indocumentados sino
    del intento de afloración de puestos de trabajo no
    declarados.

    La vía del "arraigo laboral" deja una puerta
    abierta para la regularización de los trabajadores que
    puedan demostrar al menos dos años de permanencia en el
    país y uno de relación laboral. En este caso parece
    darse por descontada la no colaboración del empresario,
    puesto que las pruebas
    válidas han de ser una resolución judicial o el
    acta definitiva de una inspección de trabajo. Por tanto,
    los trabajadores deberán denunciar la situación,
    exponiéndose a las represalias del empleador.

    La filosofía subyacente a este conjunto de
    medidas parece ser la siguiente: los empleos no declarados son un
    "mal" atribuible a prácticas incorrectas (de los
    empresarios pero también de la administración que ha cerrado vías
    de regularización).

    Ahora el gobierno abre cauces y llama a los empresarios
    a tener una "actitud
    correcta".

    Pasado el breve periodo de "normalización" se
    entiende que la persistencia de empleo irregular obedecerá
    al deseo de fraude o de
    explotación de los empresarios. Es decir, el empleo
    irregular queda desprovisto de todo carácter estructural
    en ciertos segmentos de la economía, y pasa a ser
    atribuido plenamente a fallos éticos o morales de los
    empresarios. Bajos estos supuestos es de prever que algunos de
    los resultados de esta "nueva política" serán los
    siguientes: • regularización del segmento de
    inmigrantes que pueda acceder a un contrato de trabajo
    (normalización) o a demostrar posteriormente su arraigo
    laboral. Puesto que sólo se exigen contratos de
    duración temporal y la iniciativa del trámite queda
    en manos de la parte empresarial, el éxito
    de esta medida está en función de los
    réditos previsibles para los empleadores (desde eludir
    problemas de inspección laboral, hasta obtener dinero a
    cambio de "vender" contratos a los trabajadores).

    • subsistencia de un sector de inmigrantes "sin
    papeles", sea los que no pueden acogerse a la inminente
    "normalización" o los que continúen
    llegando.

    • Tanto para los regularizables como para quienes
    permanezcan "sin papeles" se mantiene una acusada dependencia de
    los trabajadores respecto a los empleadores (en su mayor parte en
    segmentos de empleo precario).

    • Queda por ver qué criterios
    predominarán cuando llegue el momento de renovar los
    permisos de trabajo iniciales (al año de su vigencia), en
    el caso de que los trabajadores no hayan podido mantener su
    empleo. ¿El derecho de permanencia regular se
    vinculará al empleo o perdurará en caso de
    desempleo?

    6. PARA (NO)
    CONCLUIR…

    Cualquier conclusión que quiera extraerse de los
    argumentos hasta aquí desarrollados debe resultar
    forzosamente provisional. A ello contribuyen tanto las
    limitaciones de las fuentes disponibles como el escaso recorrido
    temporal de la inmigración ecuatoriana en España.
    Además, aunque contáramos con estadísticas
    completas y actualizadas sigue pendiente al realización de
    una investigación rigurosa acerca de las
    trayectorias y diversas modalidades de inserción laboral
    de esta inmigración, atendiendo a las diferencias
    atribuibles a distintas variables
    (como el sexo, la edad, la antigüedad en España, la
    zona de residencia, los vínculos familiares, etc.). A
    pesar de las limitaciones señaladas, podemos indicar
    algunas cuestiones significativas.

    1) La "nueva política" migratoria española
    perpetúa contextos, legislativos y socioeconómicos,
    que colocan a los trabajadores inmigrantes en posición de
    subordinación estructural.

    2) Dentro de dichos contextos, se abre la posibilidad de
    mejorar las condiciones administrativas de buena parte de los
    trabajadores ecuatorianos, uno de los grupos más afectados
    por la irregularidad.

    3) No está claro en qué medida el acceso a
    "los papeles" pueda incrementar las posibilidades de
    promoción ocupacional. Por el momento resulta
    difícil establecer si su actual situación
    (sólo mejor que la de los trabajadores africanos) responde
    una fase de asentamiento inicial o es una tendencia de mayor
    calado.

    4) En todo caso, dada la calidad del empleo dominante en
    las ramas en la que más implantados se encuentran, puede
    decirse que las mayores opciones de promoción sociolaboral
    pasan por la salida hacia otras ramas de actividad, posibilidad
    que hasta la fecha se han visto bastante restringidas para el
    conjunto de los no comunitarios. Dichos antecedentes no invitan a
    un especial optimismo.

    5) Al margen de las condiciones de trabajo, la mejora de
    la situación administrativa supondrá un mayor
    acceso a derechos
    sociales (seguro de desempleo, cursos de formación, etc.)
    para los nuevos regularizados, circunstancia que
    contribuirá a reforzar la situación social general
    de la comunidad ecuatoriana radicada en España.

    6) A corto plazo, esta "integración subordinada" en la estructura
    de empleo española no es contradictoria con la vivencia de
    mejora económica respecto a la situación al salir
    de Ecuador y con la continuidad del flujo de remesas (siempre que
    el acceso a "los papeles" no desencadene un masivo proceso de
    reunificación familiar en España). Vista "desde
    Ecuador" la situación de los trabajadores emigrados aporta
    ventajas comparativas; vista "desde España" indican
    subordinación social y exclusión
    política.

    Entre los inmigrantes y sus familias predomina el primer
    punto de vista, que hace hoy "aceptable" la actual
    situación. Pero en un plazo no muy prolongado segmentos
    crecientes de los migrantes se plantearán su futuro
    viéndolo "desde España", y en ese sentido las
    puertas, si no del todo cerradas, parecen estar apenas
    entreabiertas.

    7) Aunque la situación social en Ecuador no
    empeore, o incluso registre una mejoría moderada, la mayor
    estabilidad que promoverán estas medidas asegura la
    consolidación de la diáspora trasnacional de la
    población ecuatoriana, para la que España es ya una
    de sus espacios preferentes de reproducción. Las opciones de retorno se
    mantendrán congeladas, con tendencia a disminuir a corto y
    medio plazo.

     

    BIBLIOGRAFÍA
    CITADA

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    las familias. Descripción, métodos y
    resultados preliminares
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    una visión de las migraciones desde
    España
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    Patronat Sud–Nord de la Universitat de
    València.

    ___ (1999b) : Trabajadores inmigrantes en el sector
    de la hostelería
    . Ministerio de Trabajo y Asuntos
    Sociales, Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
    (IMSERSO), Madrid.

    ___ (2001): Mujer, migración y trabajo.
    (con la colaboración de Laura Agustín). Ministerio
    de Trabajo y Asuntos Sociales, Instituto de Migraciones y
    Servicios Sociales (IMSERSO), Madrid.

    GOBIERNO DE ESPAÑA, Proyecto de Reglamento de
    Extranjería. Informe del
    Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales al Consejo de Ministros de
    19 de noviembre de 2004
    , en http://extranjeria.reicaz.es/noticias/InformeReLoEx.pdf.

    ____, REAL DECRETO 2393/2004 por el que se aprueba el
    Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero,
    sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y
    su Integración Social,
    en http://www.mtas.es/migraciones/RD2393_Regto_Extranjeros.pdf
    IZQUIERDO ESCRIBANO, A. (ed.), (2003):
    Inmigración: mercado de trabajo y protección
    social en España
    , Consejo Económico y Social,
    Madrid.

    INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (varios
    años), Encuesta de Población Activa,
    consulta on–line: http://www.ine.es/inebase/cgi/um?M=%2Ft22%2Fe308&O=inebase&N=&L=
    MARTÍNEZ VEIGA, U. (2004): Trabajadores invisibles.
    Precariedad, rotación y pobreza de la
    inmigración en España
    , Los Libros de la
    Catarata, Madrid.

    OBSERVATORIO PERMANENTE DE LA INMIGRACIÓN (2004):
    Anuario estadístico de extranjería 2003,
    Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

    PEDREÑO, A., "Gitanos, magrebíes,
    ecuatorianos: una segmentación étnica del mercado
    de trabajo", en Ecuador Debate, Nº 54, diciembre 201,
    pág. 189–200.

    SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
    (2004), Afiliados extranjeros a la seguridad social por
    comunidades autónomas
    . Octubre 2004, Ministerio
    de Trabajo y Asuntos Sociales.

    TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, "Altas
    laborales en la Seguridad Social", en Boletín de
    Estadísticas Laborales
    , Ministerio de Trabajo y
    Asuntos Sociales, www.mtas.es/estadisticas/BEL/AEX/index.htm

     

    Notas

    1. Publicado en: Gioconda Herrera, M. Cristina Carrillo
    y Alicia Torres (comp) (2005): Migración internacional
    ecuatoriana, transnacionalismo e identidades
    . Flacso /
    Plan
    Migracion, Comunicacion y Desarrollo,
    Quito.

    2. Porcentaje de empadronados que carecen de permiso de
    residencia. Este indicador no tiene pretensiones de exactitud,
    debido a los problemas existentes con las dos fuentes utilizadas,
    pero sí de señalar las tendencias
    existentes.

    3. Entre diciembre de 2003 y junio de 2004 el
    número de residentes se incrementó en 17.000. Si en
    ese plazo no hubiera habido nueva inmigración, el total de
    ecuatorianos no sería de 499.000 sino de unos
    482.000.

    4. Es probable que el incremento de este segmento haya
    sido mayor, habida cuenta de la importancia del subempleo y las
    ocupaciones sumergidas, que quedan subrepresentadas en la
    E.P.A.

    5. Según datos de la Agencia Tributaria, basados
    en las declaraciones anuales de renta (es decir, dejando de lado
    los ingresos ocultos)
    tanto en 1992 como en 2003 el 1,2% de los asalariados
    percibía casi el doble de la masa salarial que el 28% peor
    retribuido (con ingresos inferiores al Salario
    Mínimo Interprofesional). Si, además, incluimos en
    el cómputo a los desempleados que perciben seguro de
    desempleo vemos que el 38% peor retribuido no consigue captar el
    volumen de rentas del 1% con más altos salarios. Pero,
    más allá de los flujos anuales de rentas, la
    acumulación de riqueza (stock) muestra una divergencia
    mayor: en 2001 las diferencias entre el 10% de hogares con
    mayores ingresos y el 50% menos favorecido era de 3 respecto a la
    renta y ascendía a 16 en cuanto al patrimonio
    acumulado. Ver: Banco de
    España (2004).

    6. A partir de este "colchón amortiguador
    básico" en los últimos años se registran
    procesos de dualización que permiten a los sectores con
    mayores ingresos optar por prestaciones privadas: en la
    enseñanza, la sanidad y las pensiones.

    7. Como referencia podemos considerar las siguientes
    cifras: estimamos la población ecuatoriana en edad laboral
    en torno a 340.000 personas, la gran mayoría de ellas en
    situación de actividad económica. En cambio,
    sólo 190.000 figuraban en las estadísticas de
    seguridad social como ocupadas en octubre de 2004.

    8. El 99% de los hombres y el 94% de las mujeres son
    asalariados, cifras que superan las medias de todos los grandes
    grupos regionales –africanos, latinoamericanos, europeos o
    asiáticos. Está por verse si ésta es una
    situación provisional, debido a la reciente llegada de la
    mayoría de ecuatorianos, o una pauta de inserción
    duradera.

    9. En estas cifras no se incluyen los trabajadores
    agrarios ni los del servicio doméstico; de hacerlo, los
    índices de temporalidad se elevarían, puesto que en
    el campo la norma es el empleo de duración restringida,
    mientras que en el servicio doméstico la facilidad del
    despido hace que –en la práctica– todo
    vínculo laboral esté condicionado a la
    discrecionalidad de los empleadores.

    10. La compra–venta de
    servicios sexuales no está penada en la legislación
    española (excepto si media coacción,
    tráfico, etc.), pero tampoco puede ejercerse de forma
    regular. Puede decirse que, por ley, se trata de un conjunto de
    actividades no prohibidas y no legalizables.

    11. Respecto a esta última conviene aclarar que
    la mayor pérdida de empleo corresponde a la agricultura
    tradicional de tipo familiar, en zonas de secano (pequeños
    propietarios que abandonan la explotación), en tanto que
    la mayor presencia de trabajadores inmigrantes se registra en las
    explotaciones de regadío dirigidas a la exportación (basadas en uso intensivo de
    mano de obra).

    12. Los datos de este apartado proceden de una
    explotación específica de los datos de
    Tesorería de la Seguridad Social realizados por el
    Observatorio Permanente de la Inmigración
    (OPI).

    13. Debido ala relativa facilidad con que se ha podido
    acceder a "los papeles" a través del servicio
    doméstico, no son infrecuentes los casos de inmigrantes
    que cotizan a este régimen mientras trabajan –
    irregularmente– en otro sector.

    14. De los actuales trabajadores del régimen
    agrario en Murcia, Valencia y Alicante en torno al 5–7%
    procede de Madrid. Procede de Murcia el 18% de los afincados en
    Alicante, el 12% en Almería y el 7% de los de Valencia.
    Teniendo en cuenta la magnitud del empleo agrario en Murcia, el
    circuito dominante de los que se han desplazado parece ser Madrid
    Murcia y desde allí a las otras tres provincias del
    sudeste.

    15. Según la Asociación Pro Derechos Humanos
    de Andalucía, la ley de 2003 "trasladó las
    fronteras administrativas de España a sus embajadas y
    consulados en los países de origen de los inmigrantes,
    haciendo absolutamente imposible el trámite para solicitar
    permisos de residencia y de trabajo estando aquí; para lo
    cual además se cerró el Régimen General, se
    instauró la inadmisión a trámite de las
    solicitudes y se eliminó el poder de representación
    ante la Administración, para lo que se
    reformó la Ley de Procedimiento
    Administrativo. Del mismo modo la reforma de la Ley
    recortó las posibilidades de reagrupación familiar
    (…). Mantuvo excluidos de los derechos fundamentales de
    asociación, reunión, manifestación y
    huelga a los
    inmigrantes sin permiso de residencia. Propició su
    localización permitiendo a la policía el acceso a
    los datos del padrón municipal, para lo que se
    reformó la Ley de Régimen Local.

    16. La situación de irregularidad administrativa
    se sancionó con la expulsión… En resumen, fue una
    reforma –que afectó no sólo a la Ley de
    Extranjería sino a otras Leyes Orgánicas–
    encaminada a reducir drásticamente las posibilidades de
    entrada legal y de permanencia estable, y a primar la
    inmigración temporal condicionada a la demanda del mercado
    laboral.". Ver http://www.apdha.org/ 16 En agricultura el
    mínimo se reduce a 3 meses.

    Walter Actis

    Colectivo Ioe. Equipo de investigación
    sociológica ubicado en Madrid y compuesto por Carlos
    Pereda, Walter Actis y Miguel Ángel de
    Prada.

    URL: http://www.nodo50.org/ioe/

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    ver
    http://creativecommons.org/licenses/by–nc–nd/2.0

     

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