El régimen político de las democracias excluyentes. El caso de la República Argentina

• 1. Introducción.
  La democracia excluyente
• 2. La democracia
  excluyente y la crisis de la
  política
• 3. La
  corporativización y las crisis de legitimidad del
  sistema político
• 4. La
  eliminación del debate público y la
  elaboración privada y semisecreta de la
  política
• 5. El mensaje
  posibilista
• 6. El escenario y la
  lógica de la extorsión política. El
  golpe de mercado
• Bibliografía y
  fuentes

1. INTRODUCCIÓN.
LA DEMOCRACIA
EXCLUYENTE

Este trabajo
corrige la interpretación central que sobre la
naturaleza y
función
de la democracia argentina intenté elaborar en un
artículo anterior (A. Pucciarelli, 2000). En esa
ocasión, definí el tema con un interrogante y bajo
la forma de una disyuntiva: ¿la democracia actual de la
Argentina es, como se desprende de la mayoría de los
análisis existentes, impotente para generar
las condiciones sociales mínimas de su buen
funcionamiento, o es la generadora de un régimen
político cómplice del nuevo modelo de
dominación social neoliberal, como parece sugerir el
análisis más detallado del rol que ha venido
cumpliendo en la gestación y legitimación de ese modelo implantado en el
país, durante la década del noventa? Los datos
empíricos obtenidos en una detallada investigación del proceso
electoral de fines del año 1999, que dio lugar a la
última sucesión presidencial, me aportaron
elementos suficientes para transformar el segundo término
de la interrogación en una nítida
conclusión: el contenido y los procedimientos
políticos de la democracia han jugado un rol fundamental
en la aceptación y legitimización, por medio del
consenso electoral, de las profundas reformas estructurales
implantadas durante ese período.

Investigaciones posteriores, referidas a la
relación entre práctica política y gestión
estatal del gobierno
consagrado en esas elecciones, iniciadas en el año 2000,
me han obligado a elaborar una conclusión sensiblemente
diferente: el régimen democrático reconstruido a
comienzos de la década del ochenta ha superado las
indefiniciones de la etapa de transición y ha logrado una
razonable estabilidad en el momento actual, de un modo paradojal:
negando su contenido. Ya no pensamos en la existencia de
democracias "bobas", imperfectas, impotentes o de baja
intensidad; tampoco en democracias sólo corruptas e
ineficientes enganchadas por complicidad o comprometidas por
omisión con la degradación social, sino en otra
cosa sensiblemente diferente: en la expansión de un nuevo
entramado político institucional que, acompañando
la exclusión
social con la expropiación y el despojo de todo
aquello que constituye la identidad
social, cultural y política de los sectores subalternos,
se transforma en un estratégico instrumento de producción del proceso de
declinación económica, decadencia social y
descomposición institucional que ha venido sufriendo el
país durante los últimos 25 años.

Instituto de Investigaciones
Gino Germani. Universidad de
Buenos
Aires.

En este caso, el término general
"expropiación" no se refiere a la ganancia que surge de la
explotación del trabajo ajeno, propia de la
organización social de la producción
capitalista, ni a ninguna otra forma de apropiación
"tradicional" asociada a ella, sino al "despojo", es decir a la
exacción de bienes ya
obtenidos y a la eliminación de conquistas sociales ya
consagradas, consideradas una parte del sistema de
pertenencias de los sectores sociales expropiados, los
"despojados". Aunque la mayor cantidad de bienes expropiados son
de carácter económico
(ocupación, salario directo,
salario indirecto, etc.) los procesos que
culminan en la exacción y el despojo no son procesos
predominantemente económicos, son fundamentalmente
político estatales.

A pesar de ello, todavía no se ha analizado el
papel que ha jugado el régimen político del sistema
propiamente democrático en la realización de esos
objetivos,
eliminando resistencias
potenciales y haciendo definitivamente viable un severo plan de reformas
estructurales que, a pesar de atentar directamente contra el
sistema de intereses económicos, sociales,
políticos y culturales de los sectores populares, fue
impuesto sin
generar oposiciones serias ni conflictos
perdurables. Esa gran ausencia explica, seguramente, el hecho de
que no se haya visualizado todavía un hecho fundamental
para la adecuada comprensión de la relación entre
sociedad y
política en nuestra época: a diferencia de otras
formas de exacción del trabajo ajeno, la
"expropiación" genera "despojo" a través de
mecanismos explícitos que no pueden mantenerse velados ni
ocultos, como sabemos que ocurre con los primeros. Por esa
razón, el elenco gubernamental ha debido desarrollar
complejas estrategias
políticas y discursivas que, en la aparente
simplicidad con que se presentan, ocultan una hasta ahora
indescifrable red de pactos secretos,
relaciones espurias y diversos tipos de anormales y amorales
arreglos interinstitucionales, como la ha demostrado, entre otras
tantas cosas, el denominado "escándalo de los sobornos en
el Senado de la Nación"( O. Rígoli,
2000).

Sabido es que durante toda la gestión menemista,
y aún en el momento actual, la clase obrera y
los sectores más directamente perjudicados por la
aplicación sistemática de "políticas de
expropiación", sirvieron de soporte
político-electoral del nuevo bloque social dominante
dirigido por el menemismo y que dieron consenso explícito
a la dirección neoliberal-conservadora, adoptada
por el gobierno durante toda la década del noventa.
Sostuvieron pertinazmente con su opinión, con su
desmovilización, con su retaceado apoyo a los
tímidos intentos de oposición, generados por
algunos grupos
sindicales, movimientos sociales y pequeños partidos
políticos minoritarios la orientación
política del gobierno peronista y, cada vez que fueron
convocados, apoyaron con su voto la implantación de
medidas específicas que redujeron brutalmente sus
anteriores conquistas. Hace un tiempo, Luiz
Ignacio Lula da Silva, después de su última
derrota electoral como candidato a presidente del Brasil,
planteó tal contradicción bajo la forma de un
interrogante. Parafraseando sus términos podría
presentarse del siguiente modo ¿Por qué
razón en este encuadre democrático actual, la
víctimas pierden su propia memoria, olvidan
su trayectoria, desestiman las propias luchas del pasado y apoyan
políticamente o votan periódicamente a sus verdugos
directos y más evidentes? O, planteando la misma
cuestión con una pespectiva diferente :¿cómo
actúa la política y el gobierno democrático
para orientar conductas que atacan los propios intereses de las
clases populares, logrando el apoyo a movimientos, partidos y
candidatos que los contradicen explícitamente?

Llevada a su límite, la política
expropiadora diseñada por nuestro Estado y
ejecutada por una gran variedad de actores diversos, genera en
los sectores más desposeídos de la sociedad una
grave situación de exclusión temporal que se
está convirtiendo últimamente, al calor de los
sucesivos planes de ajuste y reiteradas crisis
económicas, en una grave situación de
exclusión permanente, en pleno proceso de
expansión. La lógica
del despojo amplía el campo de la pobreza,
transforma una parte de la pobreza en
indigencia y marginalidad y a
la marginalidad indigente en exclusión. Por esa causa, es
sumamente probable que uno de los rasgos definitorios de la
sociedad argentina del momento actual y fuente de una gran
variedad de problemas
sociales diversos tenga plena relación con la construcción de situaciones de
exclusión, en las que se combinan en forma diversa la
privación material y el despojo de su autonomía
personal y de
todo aquello que formaba parte de su poder
simbólico. Por lo tanto, el despojo viene a ser respecto
del modelo político-democrático, lo que la corrupción
al modelo corporativo-estatal; el
empobrecimiento-exclusión al proceso de decadencia social
y la desocupación, el endeudamiento, la
concentración-extranjerización del capital, etc.,
al modelo de acumulación neoliberal.

Para hacer patente la enorme responsabilidad que tiene la producción
política democrática en ese proceso, es decir en la
articulación que hoy observamos entre despojo material y
despojo simbólico de los sectores populares, denominamos
"Democracias Excluyentes" a este nuevo tipo de democracias
productoras de diversas modalidades de marginalidad,indigencia y
exclusión social.

2. LA DEMOCRACIA EXCLUYENTE Y
LA CRISIS DE LA POLITICA.

El modo de hacer política que sustentó el
proceso de consolidación del sistema democrático
durante su último período de reconstrucción,
ha generado una enorme cantidad de contradicciones y para la
mayoría de los analistas políticos se halla
sumergido, ahora, en una grave crisis provocada por la virtual
extinción de los antiguos pactos de representación,
lo cual pone, a su vez, en crisis al núcleo central del
sistema democrático. En el pasado, la
representación política se construyó a
partir de grados relativamente altos de articulación entre
los partidos políticos y las identidades sociales
colectivas que, a través de un complejo proceso de
interacción, realizaron el trabajo de
lo que se ha denominado "agregación de demandas", un vasto
sistema interactivo que transformó en símbolos, rituales, ideas y proyectos
políticos a las aspiraciones más o menos difusas
que surgieron en su seno. Por esa causa, el pacto
implícito de delegación de poder que
contenía la representación electoral se hallaba
pleno de contenido, no era el producto
exclusivo de una campaña electoral, era el punto de
llegada de una larga historia de mutua
compenetración entre los grupos y los partidos y, a la
vez, el comienzo de una fase superior por la cual el trabajo
institucional del "representante" permitía establecer,
generalmente, condiciones favorables para un posible pacto
futuro. (M. Novaro, 1999; F.Hagopian, 2000)

En nuestras democracias actuales, ese vínculo se
ha transformado, se ha desnaturalizado, se ha desvanecido o, en
los casos más extremos, ha sido sencillamente eliminado.
La modificación radical que se ha producido en el mundo de
los representables (heterogeneización de las estructuras
sociales, disolución de las antiguas identidades de clase,
desvanecimiento de antiguos actores sociales, cambios en el
contenido y en la diversidad de las demandas, etc.) ha modificado
el sentido y, especialmente, la dirección de la
representación, concebida como agregación de
demandas producidas en el seno de la sociedad. Sin negar que este
complejo conjunto de factores esté condicionando el
contenido y la dinámica de la política en
democracia, gravitando cada uno de ellos de un modo que
será necesario investigar sistemáticamente en el
futuro, nosotros queremos resaltar que los aspectos más
determinantes del cambio de lo
político y de la política, en el momento actual,
son diferentes y deben ser pensados con otra perspectiva
analítica.

El análisis del vaciamiento de las ideas,
propuestas y estrategias políticas que ha difundido el
periodismo
especializado y ha analizado más sistemáticamente
un pequeño conjunto de trabajos académicos, debe
considerarse rigurosamente válido si con ello se hace
referencia a la política pública, es decir, al modo
en que se entrecruzan discursos,
imágenes, acciones y
actores en ese escenario predominantemente massmediático
que hoy convoca pasivamente a la mayor parte de la ciudadanía. Utilizando nuevas estrategias,
sobresaturadas de imágenes, vaciadas de información sustantiva y reflexiones
enriquecedoras, los mensajes políticos inscriptos en el
espacio público entremezclan, confunden y, en definitiva,
escamotean precisamente todo aquello que resulta esencial e
imprescindible para "comprender", para definir problemas,
para identificar necesidades, para ubicar interlocutores, para
apelar a instituciones,
para construir organizaciones,
para generar conductas y proyectar acciones. De ese modo, la
política pública que sustenta la reproducción de las leyes del
juego
democrático ha sido despojada y el espacio público,
espacio de intercambios, confrontaciones, luchas,
elaboración de proyectos y definición de problemas
en el pasado, está vacío, ya no tiene relevancia ni
puede generar nuevos significados capaces de contrabalancear el
efecto devastador que ha tenido el arrollador avance del
espectáculo electoral telemático, las estrategias
de marketing y el
reemplazo de la opinión-participación militante,
por los sondeos de opinión y la encuestología. (R.
Pasquini Durán, 2001)

Pero la crisis de la práctica política
pública en democracia, no obedece a una crisis de
definición de la política misma como instrumento de
elaboración de proyectos o, aún más, como
elemento sustantivo de transformación de la realidad, tal
como lo plantean Garretón y Lechner en los trabajos ya
citados, sino que la crisis es una imagen, el rasgo
más sobresaliente, el modo más directamente
perceptible en que se presenta un proceso obscuro, todavía
ambiguo y contradictorio que ha sido difícil de
desentrañar hasta el momento. La política no se
empobrece, se enriquece cambiando de función y de
contenido en la medida que responde a la existencia de un nuevo
tipo de correlación de fuerzas en la sociedad argentina y
a la necesidad de prevenir y neutralizar la enorme cantidad de
conflictos potenciales que está generando, como veremos,
la consolidación del tipo de democracia excluyente que hoy
impera en el país.

En efecto, a la luz de la
impresionante sucesión de acontecimientos acaecidos
durante los dos últimos años, no es arriesgado
afirmar que la decadencia de la política pública,
como parte de la decadencia general de la sociedad, se define por
cuatro rasgos: el pragmatismo,
la inmediatez, la eliminación de las propuestas y del
debate
político y la frivolización del trabajo
político electoral. Estos rasgos no forman parte, sin
embargo, de una nueva estrategia de
vaciamiento, sino de ocultamiento de los renovados contenidos
actuales de la política. Ocultamiento que toma la forma, o
es presentado, como pérdida, es decir como
desvanecimiento, cuando en realidad es todo lo contrario. Si se
analiza el trabajo político realizado por el muy reducido
sector privilegiado de esta sociedad, agrupado alrededor de la
nueva clase dominante, aparece un nuevo entramado de relaciones,
anteriormente desconocido, entre nuevos protagonistas centrales
de la política (fundaciones, consultoras, calificadoras
financieras, organismos de control
internacional, etc.) y viejas instituciones tradicionales,
especialmente modificadas para el desempeño de los nuevos roles que requiere
la oportunidad (sindicatos,
corporaciones, partidos políticos, etc.). Todas ellas
coordinadas, o por lo menos fuertemente supervisadas, por nuevos
y viejos organismos internacionales (FMI, Banco Mundial,
Grupo de los
Siete, etc.) preocupados por asegurar la capacidad de pago y la
solvencia a corto plazo de los países fuertemente
endeudados. Creciendo unos, autotransformándose, otros y
adaptándose, la mayoría, a la necesidad de cambiar
la política junto con el cambio de la sociedad, del Estado
y del contexto internacional, crearon un centro hegemónico
de poder que, por de los muy importantes cambios producidos en el
imaginario de la sociedad, resulta, hasta ahora, inexpugnable, a
pesar del estado de decadencia y crisis en que ha sumido a la
mayoría del país.

Su fortaleza se deriva, valga la aparente paradoja, de
su imagen de debilidad, de su crisis pública y de su
incapacidad para generar alternativas viables a la interminable
sucesión de políticas de reducción de bienes
y conquistas populares que constituyen la esencia de las
estrategias gubernamentales neoliberales.Como es sabido, esa
estrategia del "ajuste" interminable ha generado un estado de
descomposición y decadencia social, que afecta a la
inmensa mayoría de la población y, por esa causa, debería
entrar en natural contradicción con el contenido de las
ofertas que deben atraer la voluntad de las mayorías
electorales. Se presenta como debilidad e impotencia y se oculta
detrás de las supuestas crisis de la política y del
sistema
político porque no halla un mejor modo de resolver
favorablemente esa contradicción.

Vista desde esa perspectiva, la crisis de
representación es un hecho real e indiscutible, pero esa
crisis no conduce necesariamente hacia la crisis de la
política ni del sistema político. Por el contrario,
la crisis de representación se constituye en un punto de
partida y en un componente central de las nuevas formas de hacer
política de contenido antipopular, en medio de un sistema
democrático que se funda en el respeto de la
voluntad popular expresada en periódicas consultas
electorales. Se relaciona, entonces, con la drástica
ruptura que han hecho los dos grandes partidos tradicionales con
su propio pasado, en el cual representaban dos fuertes
subculturas defensoras del progreso y del bienestar popular y con
la disolución de los grandes liderazgos
carismáticos que le permitieron ocupar el centro de la
escena política durante la mayor parte del siglo
anterior.

3. LA
CORPORATIVIZACIÓN Y LAS CRISIS DE LEGITIMIDAD DEL SISTEMA
POLÍTICO.

En la investigación anterior, ya citada, sobre
las formas en que fue realizada la campaña política
de la última contienda electoral, logramos identificar
algunos de los rasgos empíricos del modo en que se ha
"construido" esa crisis, y de la función que ella cumple
en la armonización del funcionamiento político
institucional que caracteriza a nuestra democracia actual.
Agrupamos esos fenómenos alrededor de dos grandes procesos
fundamentales: la corporativización del sistema
político y la desafección política de la
mayoría de la sociedad. Aunque los tratamos como partes
mutuamente implicadas de un mismo conjunto, las relaciones que
establecimos entre ellos nos llevaron a la conclusión de
que nos hallábamos frente a un nuevo tipo de democracia
que denominamos "democracia cómplice", para resaltar
aquello que constituía, a nuestro juicio, su
característica central: justificar, a través de
instrumentos y procedimientos simbólicos, el proceso de
decadencia social que acompañaba su consolidación
durante el denominado período de transición.
Posteriormente, comprobamos que la "justificación
simbólica" era muy importante pero constituía
sólo un fragmento menor de ese otro crucial proceso de
"despojo simbólico" que hemos descripto en el
capítulo anterior.

Veamos, primero, algunas de las características
del proceso de "corporativización" de las prácticas
y de los actores de la política democrática.
Transformados en protagonistas dominantes, casi exclusivos de
procesos electorales de base massmediática, en los que la
sociedad se aviene a seleccionar candidatos sin exigir ni
ejercitar la discusión y el desarrollo de
proyectos políticos diferentes, los principales
protagonistas de esta nueva situación comienzan a
desarrollar un nuevo sistema de reglas políticas
destinado, primordialmente, a la preservación de los
mecanismos ya establecidos de la competencia
electoral y al desarrollo de nuevos criterios implícitos
de convivencia institucional que van adquiriendo mayor valor por
sí mismas que por el modo en que facilitan el cumplimiento
de la función social que tienen asignadas. Así,
comienzan a generar un conjunto de intereses específicos
de la profesión electoral institucional que se vuelve
mucho más fuerte y determinante que los intereses que
deberían ligar a cada uno de ellos con sus respectivos
representados, dando lugar a un previsible proceso de
autonomización de necesidades y objetivos que alimenta, a
su vez, la formación de un nuevo tipo de espíritu
corporativo. El espíritu corporativo produce, por tanto,
una insalvable contradicción: aquéllos que fueron
elegidos para pensar y actuar en la representación de
intereses diversos de la sociedad, y encontrar en la
instituciones gubernamentales su modo de enfrentamiento y
conciliación, se transforman en todo lo contrario.
Constituyen un cuerpo faccioso y autorreferente que subordina
toda forma de representación de intereses diversificados
de la sociedad, a la necesidad compartida por la mayoría
de sus miembros de asegurar la supervivencia y
reproducción "del cuerpo"
político-electoral-institucional.

Si se aproxima un poco la mirada puede descubrirse,
además, que durante su desarrollo el proceso de
corporativización del elenco político fue creando
una amplia red de relaciones diversas y entrecruzadas que ha dado
lugar a la creación de una especie de
megacorporación, compuesta por varias
instancias.

La instancia estrictamente política es la
más visible porque en ella se reúnen los elencos,
las conductas y los procedimientos que permiten la
reproducción de la "corporación
político-partidaria", en esa nueva situación de
virtual extinción de los pactos representativos. La
ruptura del pacto se produce en el mismo momento en que se
acentúa el control monopólico de su aparato
partidario sobre los procedimientos electorales y
hacen posibles esos falsos
compromisos de representación, utilizados como vías
de acceso casi exclusivo hacia el poder gubernamental. Para
amortiguar esa contradicción, los partidos se vuelven
fantasmales, se desvinculan de la gente, no recogen ni politizan
las demandas, evitan los controles sobre su gestión y
abandonan toda forma de orientación ideológica y de
dirección política sobre sus elencos de
representantes y funcionarios. La autoneutralización del
Partido Radical, gestionada cotidianamente por su presidente, el
Dr. Alfonsín, para "no entorpecer" una gestión
gubernamental que va contra todos sus postulados y promesas
electorales, es tan ostentosa y permanente que de ser, como se
suponía al principio, una disposición
táctica para congelar un problema irresuelto entre Partido
y Gobierno, ha pasado a formar parte de un proceso de
"vaciamiento" político ideológico, similar al que
sufrió el Justicialismo una década atrás y
del cual no ha podido, por otra parte, recuperarse nunca
más. Por esa razón, las conductas de moral dudosa y
los "manejos" espurios que siempre formaron parte de la
dinámica global de los partidos políticos se quedan
sin contrapeso, se vuelven ahora totalmente dominantes y
adquieren dimensiones totalmente desproporcionadas. Surge , de
ese modo, un nuevo perfil del partido político
caracterizado, entre otros rasgos, por el aislamiento social, las
conductas autopreservativas, la eliminación de las ideas y
del debate político, la fulminante expansión de las
concepciones "posibilistas", el desplazamiento de la ética
política, la imposición de la ingeniería electoral, la organización masmediática, la
manipulación de las instituciones, la formas perversas de
vinculación con la clientela electoral en la luchas
internas, el internismo y las formas degradas y vacías de
reclutamiento
y promoción de los nuevos tipos de
militantes.

Puede incluir elementos aún mas perversos, como
la corrupción individual, colectiva, etc.,
pero no los requiere inevitablemente: la corporación
partidaria puede mantener un correcto código
ético pero no por ello generar esa diferencia de intereses
que niega su origen y desnaturaliza su función social. El
actual presidente del Partido Radical, que es por la
generación a que pertenece y por su actuación
protagónica en los últimos cuarenta años, un
testigo privilegiado de este proceso de mutación de los
partidos políticos, lo dice explícitamente: "Esta
puja entre política y mercado es
fuerte. Para ganarla, se necesita de la convicción que dan
los ideales y los partidos han perdido esos ideales, han perdido
todo. Las marejadas ultraliberales han producido un efecto
catastrófico dentro de las fuerzas políticas,
mercantilizándolas. Para nosotros, es especialmente
desastroso porque el radicalismo nació luchando contra las
oligarquías económicas y hoy ha conformado una
oligarquía política: los que se acercan a la
política ya lo hacen pensando en la rentabilidad… no existe el fervor militante. No
hay una pegatina que no se tenga que pagar, no hay una pintada
que no se tenga que pagar. No hay mística, ni militancia"(
R. Alfonsín, 2001).

Asociada con todo esto, se puede identificar,
también, una instancia político institucional,
relacionada con la gestión de las medidas tomadas en el
gobierno y el Estado. Ha
sido constituida por una densa trama secreta, o semisecreta, de
acuerdos entre funcionarios, jueces, legisladores, gobernantes,
políticos, etc., destinados a tomar cierto tipo de
iniciativas legislativas; a frenar otras, cuando lesionan
intereses defendidos por lobbystas profesionales; a aprobar
iniciativas "impopulares" del Poder
Ejecutivo o a promocionar toda clase de decisiones
gubernamentales. Un sistema de acuerdos espurios que
comenzó a ventilarse públicamente el día en
que uno de sus más conspicuos representantes
decidió denunciar la existencia de sobornos a un grupo de
legisladores, para obtener la aprobación de una onerosa
modificación a la ley de trabajo
vigente, en el Senado de la Nación.
Un estudio detallado de esos acontecimientos confirmaría,
con datos específicos, la existencia de este suprasistema
que recorre horizontalmente a todos los cuerpos partidarios y
gubernamentales (M. Granovsky, 2001).

Podría mostrar, también, cómo, a
través de su evolución, la población percibe, por
un lado, su existencia, y descree, por el otro, de que su poder y
sus manejos arbitrarios puedan ser efectivamente modificados. La
evidencia de la corrupción genera impotencia, su
transformación en un intrigante espectáculo
mediático crea indiferencia y desafección. Esos
mismos datos dejarían entrever, igualmente, las
características y la enorme envergadura del poder
político y social que ha ido acumulando la
corporación y la forma en que lo ha usado para volverse
prácticamente impenetrable a las críticas que le
llegaron desde todos los sectores y, especialmente, para seguir
manteniendo en secreto los pactos que dieron lugar a los
"arreglos" que hicieron posible la aprobación de esa ley,
requerida por el Poder Ejecutivo. Mostraría,
también, la rapidez de reflejos que tiene el cuerpo para
cerrarse sobre sí mismo y generar pactos de silencio entre
la mayoría de sus miembros; sobre sus procedimientos
secretos, destinados a perpetuar su impunidad o,
en el peor de los casos, dilatar y tergiversar enjuiciamientos y
eludir sanciones políticas a quienes han tenido
comportamientos fuertemente asociados con el delito y la
corrupción. Dejaría entrever, en suma, que la
complejísima red de complicidades que lo sostiene ha
generado una especie de malla de seguridad que le
permite sobrevivir cómodamente, sustrayendo del debate
político sustantivo su propio cuestionamiento.

Las redes anteriores parecen
hallar su último sustento, justificación y
explicación en la aparición del nuevo conglomerado
político, institucional y empresarial que da forma a la
tercera instancia y define, a su vez, la naturaleza de un nuevo
tipo de Estado. La degradación de los procedimientos
políticos y gubernamentales no sólo se relaciona
con la construcción de una nueva forma de poder
político institucional, también se han convertido
en pieza fundamental de una nueva forma de colusión entre
la gestión de los negocios
privados y la
administración de los intereses públicos, todo
lo cual ha dado lugar a la constitución de un nuevo tipo de clase
dominante y a la recreación
de un nuevo bloque de poder político estatal. Dentro de
este bloque, es muy dificultoso escindir, como se hacía en
el pasado, entre el núcleo compuesto por la comunidad
propiamente empresaria, dedicada a acumular excedentes sociales a
través de sus negocios privados y, aquél otro que,
desde la administración de instituciones
estratégicas del Estado, los promueve y facilita, legal e
ilegalmente. Aunque sabemos que la nueva clase dominante es
dirigida por un núcleo sumamente poderoso, enclavado en
los negocios financieros, resulta muy difícil dilucidar en
qué circunstancias el descomunal crecimiento de las
ganancias obtenidas durante la última década por
los grandes bancos y las
grandes empresas
privatizadas ha sido generado por la realización de
negocios más o menos normales en el mercado o es el
producto de una serie de "arreglos" establecidos entre ellos y la
corporación político gubernamental.

En esos "arreglos", parece existir un constante juego de
ida y vuelta, donde se entremezclan funcionarios, iniciativas,
estrategias, intereses y hasta las propias instituciones
públicas y privadas. Todos parecen obtener sus objetivos,
el crecimiento de los negocios, la acumulación
súbita de capital, el enriquecimiento injustificable,
etc., por medio del manejo ilícito de los poderes
estatales. Pero, aunque están convergiendo en la
formación de un mismo bloque, tienen distinto origen, se
manejan con diferentes procedimientos y ejercen distinta
función: unos, provienen del campo empresario y
son especialistas en la acumulación de capital propiamente
dicho y, otros, provienen del campo político y son
especialistas en la acumulación de capital político
electoral. Entre ambos, han constituido una especie de gigantesca
asociación ilícita que controla y administra un
nuevo tipo de Estado, plagado de instituciones que tienen como
misión
fundamental favorecer el desarrollo de ganancias privadas de
carácter extraordinario o cuasi monopólicas (H.
Notchef, 2001). Ganancias que por su propia naturaleza van en
oposición a los intereses generales de la sociedad pero
que, a la vez, necesitan ser legitimizadas por ella misma a
través del consenso, por lo menos pasivo, que le otorga su
participación en periódicos procesos electorales,
organizados por los grandes partidos tradicionales. Cada cual
pone lo suyo y, en función de ello, se define el reparto
de los réditos obtenidos. Las evidencias
aportadas por las últimas investigaciones muestran un
estado de colusión tan complejo que vuelve casi imposible
e inútil el intento de diferenciación. Son
beneficios económicos, políticos y sociales que se
apropia un sector muy reducido de la sociedad por medio de un
nuevo tipo de ejercicio entremezclado de las formas de poder, de
un nuevo modo de subordinar la función del Estado a sus
estrategias de acumulación.

De más está indicar que de allí se
extrae la substancia que alimenta la serie también
interminable de mecanismos individuales y colectivos de
corrupción ocasional, periódica o
sistemática. Todas las formas y todos los niveles de
corrupción política, empresarial y estatal
están en ese bloque presentes, pero no es la
corrupción sino la "colusión" lo que define tanto
al bloque social dominante y a la forma del Estado, como al
carácter "neoprebendario" que adquiere el modelo de
acumulación de capital. Este Estado es, además, el
artífice, el conductor, el principal protagonista del
proceso de redistribución regresiva del ingreso, de
empobrecimiento y de exclusión social, que caracterizamos
anteriormente, a través de un perverso mecanismo, su
autodestruccción. El sistema político en que se
apoya y le aporta las cuotas mínimas imprescindibles de
legitimidad es, a su vez, el responsable principal del
vaciamiento ideológico, del "despojo" en el nivel
simbólico, o sea, de la producción política
que intenta profundizar y expandir el proceso de
"desafección" de los sectores populares, hasta sumirlo, a
través de la sensación de impotencia, en un estado
casi permanente de inanición, en espectador pasivo y
desvaído, incapaz de reaccionar

En efecto, la contracara del proceso de
corporativización es la desafección, un
fenómeno desarrollado en nuestro trabajo ya citado,
tomando como base las ideas expuestas hace un tiempo por algunos
analistas del proceso de transición democrática (L.
Paramio, 1993) pero que continúa escazamente analizado
todavía. Hace referencia a un proceso que se desarrolla en
forma fragmentaria y ambigua y afecta las conductas, actitudes y
valoraciones de los ciudadanos comunes respecto al valor y la
eficacia de la
política, concebida como práctica de
transformación de lo social. Se desarrolla en tres etapas:
la desafiliación, el desinterés y la
desafección propiamente dicha. La desafiliación
parece ser uno de los primeros signos
distintivos de las nuevas democracias, supone la
disolución de los lazos de fidelidad política
tradicional de una parte de la sociedad con un tipo determinado
de agrupación político electoral; el antiguo
"partidario" rompe las relaciones de pertenencia y elabora una
nueva relación de referencia que significa mayor independencia
y el desarrollo de un espíritu crítico para evaluar
su desempeño específico en cada circunstancia
particular. Cuando la independencia y la aplicación de
juicio crítico producen reiteradas evaluaciones negativas,
puede producir un desplazamiento de la preferencia electoral
hacia otras agrupaciones, pero ese desplazamiento no va
acompañado de nuevas reafiliaciones sino de una creciente
convicción de que el fracaso político del partido
de referencia es parte del fracaso de todo el sistema. En ese
caso, se produce una especie de cambio de grado: la
desafiliación se trasforma en desinterés, en el
momento en que el ciudadano comienza a considerar la oferta
electoral como irrelevante, como una especie de juego de simulación
que, en unos casos, omite dar respuesta, en otros, tergiversa los
términos y, en el resto, oculta deliberadamente los
problemas que le interesan a la gente.

Lo que une ambos movimientos, la
corporativización del elenco político y la
tendencia a la desafección de la mayoría de los
ciudadanos, es otro proceso igualmente significativo: la compleja
producción de nuevos significados, generados en su
transcurso por la actuación política mediante la
elaboración de un nuevo tipo de discurso
consagratorio y la eliminación de todo tipo de discurso
anticipatorio; fenómeno que rompe con las experiencias del
pasado y abre el campo a las nuevas actividades del antiguo
dirigente-representante convertido, ahora en
operador-corporativo. En efecto, aunque se presentan y son vistos
como parte de un frívolo elenco especializado en hacer
atractivo el reiterado espectáculo electoral vacío
de contenido político de esta democracia, los candidatos,
los representantes y los gobernantes, convenientemente asistidos
por un verdadero ejército de técnicos, asesores y
especialistas extraídos del sector empresario, ha
demostrado poseer una enorme capacidad para remodelar la
subjetividad de un enorme sector multiclasista de la sociedad y
generar una compleja ideología de aceptación resignada de
la decadencia y el despojo que ha generado, a su vez, un consenso
pasivo pero consistente respecto de la consolidación de la
democracia desigualitaria y excluyente. Este complejo operativo
cotidiano se apoya en una compleja articulación de
actores, acciones, representaciones y discursos guiados por una
casi exclusiva lógica de convencimiento y
subordinación: un tipo de chantaje
político-cultural, de fuertes consecuencias
psicológicas, que no sólo se halla dirigida a la
aceptación del despojo sino que se convierte en un despojo
en sí mismo.

Visto con esa perspectiva, el sistema político no
parece estar en crisis porque haya perdido una naturaleza que
podría llegar a recuperar, sino porque ha sufrido una
profunda mutación en la cual la producción
escenificada y permanente de su crisis se enarbola como un
elemento fundamental de su reproducción y del cumplimiento
de una de sus funciones
fundamentales, la generación de "desafección". En
vez de convertirse en el núcleo disparador de la
restauración de los derechos sociales
severamente conculcados durante la dictadura
militar, los nuevos representantes del poder popular
democrático, más allá de sus intenciones,
operaron en sentido contrario, diseñando un nuevo tipo de
régimen político-democrático fuertemente
asociado a la implantación, consolidación y
reproducción del proyecto
neoliberal que articuló en un solo proceso de
declinación económica, endeudamiento externo,
decadencia social, y despojo material con crisis,
subordinación y despojo de la política en el marco
institucional de la democracia. Por hallarnos inmersos en ese
proceso desde hace mucho tiempo, es posible que la
profundización actual de la crisis económica y
política se haya transformado también en una crisis
ideológico-cultural: lo que comenzó con
desafiliación de los partidos y continuó
después como desinterés respecto a la
políticas "inoperantes", surgidas desde dentro del sistema
político, se está transformando en algo mucho
más riesgoso, de imprevisibles consecuencias: la
desafección respecto a "lo político", es decir, a
la política misma entendida como instrumento de
modificación de la realidad social.

Los medios
utilizados para generar esa crisis y esa sensación de
extinción de la política no son, por tanto, una
anomalía, no sorprenden por haber sido la consecuencia no
buscada de un funcionamiento interinstitucional naturalmente
imperfecto que ahora toma rasgos perversos e irracionales por
efecto de la agudización de la decadencia. Es otra cosa,
es un nueva modalidad creada por la corporación en todos
sus niveles para generar un nuevo tipo de consenso. Un consenso
"neutralizante" que no brinda adhesión por acuerdo
explícito o implícito con la realidad y los
discursos existentes sino por resignación, por
hastío, por aceptación de que en la larga batalla
por la preeminencia social, sostenida durante largas
décadas, los sectores populares empujados hacia el
empobrecimiento y la marginación ya no tienen capacidad
alguna para enfrentar con posibilidades de éxito a
los poderes constituidos en todos los niveles de la vida social.
A la exitosa prédica sobre el crecimiento incontenible de
los recursos y el
poder controlado por los poderosos en el nuevo contexto de
la
globalización se suma también el "chantage"
empresarial-gubernamental, una muy exitosa herramienta de
apelación y de extorsión, que analizaremos
más adelante, y que ha brindado muy buenos resultados
cuando hubo que explicar las inevitables causas "externas" de la
expropiación y el despojo.

De donde podemos afirmar que la política no
está vacía ni está en crisis, ha sufrido una
mutación, ha cambiado de función y contenido: en
lugar de potenciar y proyectar la lucha social,
jerarquizándola, busca inhibirla produciendo impotencia,
resignación, desaliento y la nueva creencia de que la
democracia sólo sirve para seleccionar elencos
administrativos que no tienen la obligación de respetar
pacto representativo alguno. Gobernantes que utilizan su escasa
iniciativa política para mantener calmos a los inversores
financieros, para satisfacer la exigencias de sus instituciones
representativas y para asegurar la consecución de un orden
donde la lógica de los mercados marca la
relaciones de fuerza que han
hecho posible, de un lado, el despojo de la mayoría y, del
otro, la inconcebible concentración de la propiedad, el
capital, los ingresos y el
poder en un sector cada vez más minoritario y
retrógrado de la sociedad.

4. LA ELIMINACIÓN DEL
DEBATE PÜBLICO Y LA ELABORACIÓN PRIVADA Y SEMISECRETA
DE LA POLÍTICA.

Todo lo anterior se basa, como hemos dicho, en una
radical transformación de las estrategias de los partidos
políticos en la disputa electoral y de los elencos
gubernamentales en la instancia político institucional. Lo
que conocemos como frivolización del trabajo
político es parte de un nuevo proceso que tiene dos
grandes componentes: de un lado, es tributario de la privatización del trabajo político
y, del otro, el resultado de una nueva estrategia de ocultamiento
del contenido de la política que toma la forma, o que es
presentado, como pérdida, es decir, como vaciamiento. En
efecto, la política no dejó de ocupar ni por un
instante su tradicional rol estratégico en la
fijación de metas y contenidos. Pero esa política
creadora, aunque retrógrada, se convirtió en
práctica de un sólo sector de la sociedad, se
elaboró en secreto y fue, además, privatizada. Como
constituye el fundamento de la expropiación y el despojo
es, también, inconfesable.

Ello explica en última instancia, la
exacerbación del vaciamiento ideológico y de la
representación mediática que caracterizó a
la última campaña electoral. Dentro de ese
contexto, totalmente despolitizado ¿qué proyecto
propuso La Alianza? Y, en función de ello
¿qué significado puede atribuírsele al voto
de la mayoría que le permitió obtener un triunfo
tan significativo?. Como se ha afirmado reiteradamente, la
votación adversa al peronismo, que
terminó con una década de hegemonía del
proyecto menemista, traía un doble mensaje:
recuperación de la ética política, mediante
la reforma moral de la gestión gubernamental y freno al
proceso de estancamiento económico-decadencia social que,
aunque parecía haberse vuelto endémico pero
manejable, estaba agravándose peligrosamente por los
efectos directos e indirectos que generaba el mantenimiento
de la convertibilidad monetaria en el nuevo contexto regional,
dominado por los efectos de la última devaluación brasileña. A pesar de
expresar una difusa aspiración al cambio, la propuesta no
parecía compleja ni irrealizable: modificar la tendencia
al estancamiento y frenar el proceso de expropiación pero
sin cambiar ninguno de los grandes pilares del modelo existente
(R. Terragno, 2000; N. Casullo, 2000; M. Bonasso,
2000)

Por las presiones ejercidas desde el establecimiento
financiero nacional e internacional, esas iniciales y
débiles convicciones se transformaron, súbita e
inesperadamente, en todo lo contrario, en una agresiva ofensiva
antipopular destinada a extraer recursos de esos sectores para
arrojar un poco de agua en el
desierto, es decir, para reducir en parte el importante
déficit fiscal
heredado del gobierno anterior. Pero, como ya ha sido
suficientemente demostrado, el déficit no era un problema
de coyuntura ni la consecuencia principal de administraciones
dispendiosas, expresaba una vez más las consecuencias
generadas por un conjunto de problemas estructurales de la
economía
que al no haber sido resueltos en el marco de las
políticas de desregulación, privatización y
reducción del Estado llevadas a cabo durante el
período presidencial anterior, se habían agravado
muy sensiblemente. En ese nuevo contexto, el modelo neoliberal
heredado estaba siendo aceptado por la mayoría de los
políticos de la Alianza gobernante porque, a pesar de ser
injusto socialmente, se había mostrado razonablemente
exitoso en el plano económico. Poco tiempo después,
la agudización del estancamiento económico,
combinado con el agravamiento de la cuestión social,
ponían en evidencia que había llegado a su
agotamiento, se convertía en un modelo aún
más injusto pero, además, inviable. "La estrategia
,adoptada por la Argentina entre la hiperinflación de Alfonsín y la
convertibilidad de Menem ha hecho
implosión", afirmaba, en ese momento, un periodista
especializado (J. Nudler, 2000)

En claro contraste con lo que había venido
ocurriendo durante la década del noventa, en situaciones
"de ajuste" similares, el paquete de nuevas medidas expropiadoras
con que se presentó en sociedad el gobierno de la Alianza
produjeron un efecto sensiblemente diferente. En ese nuevo
contexto, la profundización de las políticas
neoliberales del Ministro Machinea y, especialmente, la
elevación de impuestos y la
reducción forzada de salarios
estatales, no sólo generaron frustración y
desconcierto entre quienes la votaron con esperanza de que
produjera un cambio, sino que marcaron el comienzo y la
rápida generalización de una nueva
sensación: el país estaba apresado en un
círculo vicioso irresoluble, agravado, ahora, por la
inesperada insistencia del nuevo gobierno en continuar aplicando
viejas fórmulas de ajuste que ya parecían
definitivamente agotadas. Una aparentemente inexplicable
inconsistencia de la política pública que
aparecía nuevamente condicionada por políticas
gestadas y pactadas, en secreto, con los organismos
internacionales, ante la necesidad de afrontar, también en
secreto, el cúmulo de nuevos problemas agregados por la
aceleración del proceso de declinación
económica, decadencia social y descomposición
institucional. En efecto, tal como lo venían
señalando en forma aislada algunos analistas
económicos, aunque negado sistemáticamente por la
clase política, la recuperación de la actividad
económica, semiparalizada por la prolongada crisis que,
estando latente, desató la devaluación de la moneda
brasileña, se había vuelto definitivamente
incompatible con el mantenimiento de la convertibilidad
monetaria, con la magnitud actual del endeudamiento, con el
indetenible deterioro del mercado interno y con el incesante
agravamiento de la nueva "cuestión social de la
Argentina", asociada al crecimiento de la delincuencia y
a la amenaza latente de estallido social .

Como muestra de la
máxima impotencia en que lo sumerge la adopción
de esa estrategia, a medida que los cuatro grandes problemas se
van volviendo inconmensurables e inmanejables, el Gobierno se
refugia en la realización de una serie de operaciones de
ingeniería financiera, destinadas solamente a impedir el
agravamiento de la situación heredada. Mientras tanto,
apuesta a que el mero transcurso del tiempo vaya generando un
"milagro del mercado", una especie de reactivación
económica que aún en el caso de producirse
sería tan endeble y circunstancial como la precaria
sensación de alivio asociada a ella. En ese contexto, los
discursos elusivos, las referencias fragmentarias, la
imposición de temas no trascendentes y aún el
propio ocultamiento pasaron a formar parte de una vasta
conspiración de silencio respecto de las causas profundas
y de los efectos ya permanentes de la perversa retroalimentación que, desde hace un largo
tiempo, se ha venido estableciendo con el déficit de la
balanza de pagos
externa, la política
monetaria, el achicamiento del mercado interno, el
estancamiento económico y el crecimiento exponencial del
endeudamiento externo. (M. Seoane y otros, 2001; L.
Bermúdez, 2001)

La engañosa unanimidad respecto al mantenimiento
de la convertibilidad que recorrió la campaña
presidencial comenzó a mostrar sus núcleos
hondamente conflictivos cuando el Ministro Machinea le dio status
político, al denunciar el acoso que esa firme estrategia
gubernamental sufría desde dos flancos opuestos: la
propuesta de devaluación y su contraria, la propuesta de
dolarización. En realidad, el problema de
la política monetaria comenzaba a ingresar en la escena
pública porque estaba expresando el nuevo tipo de
enfrentamiento que se daba entre fracciones diferentes del gran
capital. Pero también aquí comenzó a imperar
la lógica de la privatización-secretización
de la política, pues el importante conflicto
social en desarrollo alrededor de los distintos intereses
empresariales, que se enhebran con el cambio de la
política monetaria y sus consecuencias, no alcanza a
ocupar, ni siquiera por un instante, el centro del debate
político ni el cruzamiento visible de las razones y
consecuencias de las estrategias que estaban en juego( H.
Verbitzky, 2.001). El problema era y sigue siendo crucial, pero
la cerrada negativa de la clase política a hacerse cargo
de la cuestión, deja como única alternativa el
actual discurso semivacío y elusivo del Ministro Cavallo,
así como también su superficial e ineficaz
política de aumento de la competitividad
dirigida a algunos sectores productivos, mediante la
disminución de impuestos combinada con rebaja de costos
salariales. En lugar del diagnóstico, la reflexión y el
enfrentamiento de visiones y propuestas se lanza,
esporádicamente, el discurso apabullante y catastrofista,
justificador de la inanición y la impotencia. "Lo que hay,
o el caos"… "si salimos de la convertibilidad, caemos en
cesación de pagos", dice uno de los asesores principales
del nuevo Ministro de Economía (H. Liendo,
2001)

Lo mismo puede afirmarse de los discursos (o de la
ominosa ausencia de análisis, propuestas y discursos)
sobre la relación de muto condicionamiento que se produce
entre mantenimiento de la "convertibilidad" y mayor
"endeudamiento"(A.Calcagno y E.Calcagno, 2.000; E.Basualdo
2.001), o de los mensajes escandalosos pero superficiales
respecto a la naturaleza y las causas del permanente agravamiento
de la desocupación, de la pobreza y del conjunto de nuevas
lacras que constituyen la nueva "cuestión social" en la
argentina (H.Verbitzky, 2.000; M.Helgfort,2.000)

Política monetaria, endeudamiento, déficit
externo, redistribución regresiva del ingreso asociada a
la política
fiscal y déficit fiscal son los componentes centrales
de una crisis económica que reconoce una causa anterior y
fundamental, el déficit de la dotación, de la
acumulación y de la inversión de capital y que,
retroalimentándose perversamente, explican el atraso, la
inestabilidad, la vulnerabilidad, el estancamiento y la
declinación de la economía en la actualidad. Sin
embargo, ninguna de las múltiples conexiones que explican
la naturaleza del estado de estancamiento, declinación y
crisis que signan a la economía y a la sociedad han sido
incorporadas al discurso público ni a la oferta electoral.
Algo similar ocurre con el ocultamiento de problemas menos
acuciantes pero igualmente graves, tales como la
aceleración del proceso de desindustrialización, el
rol central de las empresas monopólicas de servicios y su
relación con el comportamiento
de la nueva cúpula empresaria extranjerizada y
superconcentrada, la crisis de las economías regionales y
su relación con la debilidad del sector exportador,
además de aquéllos, menos ocultos, que conforman la
acentuación del estado de decadencia social, como el
decrecimiento y deterioro del conjunto de los servicios prestados
por el Estado (salud, educación, seguridad,
previsión social, etc.)

5. EL MENSAJE
POSIBILISTA

Por su propia naturaleza y por el evidente fracaso en
lograr los objetivos propuestos, los proyectos transformadores
de la concepción neoliberal hace tiempo que sólo
concitan la adhesión de una minoría de la
población; no pueden generar consensos mayoritarios ni
aportar una base de legitimidad estatal más o menos
permanente. Por eso obligan a diseñar una minuciosa
división del trabajo en el seno mismo de la
corporación: son elaborados en semisecreto dentro de las
nuevas usinas privadas de proyectos específicos
(consultoras, fundaciones, organismos internacionales, etc.), son
presentadas, difundidas y justificadas abiertamente por los
nuevos especialistas mediáticos (periodistas especializados,
consultores, etc.) y son astutamente escamoteadas a la
consideración política a través de una serie
de discursos elusivos por los dirigentes de los partidos
políticos, especialmente en los períodos
electorales

Esta nueva modalidad de "hacer política",
despojándola de todo su real potencial transformador, se
basa en la sofisticada construcción y en la insistente
reproducción de un mensaje a la sociedad que denominamos
"el mensaje de la impotencia" y que constituye, por otra parte,
uno de los componentes fundamentales de los procesos que tienden
a trasformar, como vimos, la "desafiliación" en
"desafección" . El mensaje de la impotencia tiene, por
tanto, tres objetivos: el objetivo
inmediato es organizar exitosamente el espectáculo
electoral, frivolizándolo, vaciándolo de contenido.
El objetivo específico es la justificación de cada
una de la serie de medidas estatales que conducen directamente a,
o que permiten, la ejecución de las medidas expropiadoras
que alimentan la estrategia del despojo. El objetivo mediato es
más trascendente, tiene efectos más profundos y
duraderos: se trata de lograr que adquiera carácter
dominante en la representación de nuestra identidad una
vieja premisa, definitoria de los mecanismos de
construcción de hegemonía: "nos convertimos en
aquello que creemos, o que nos hacen creer, que somos",
aún cuando eso que creemos o que nos inducen a creer sea
fragmentario, interesadamente deformado o directamente falso y se
nos convierta en una imagen de efectos perversos que destruye
toda posibilidad de generar sentimientos de identidad y
autonomía y de transformar potencialidades ocultas en la
capacidad de proyectar y llevar adelante proyectos de cambios
sociales e individuales. Se basa, como veremos, en la
"naturalización" de un proceso histórico de
pérdidas y derrotas de los sectores populares que se ha
trasformado actualmente en una situación de
indefección. Desde esa posición de
indefección se traslada toda, absolutamente toda, la
capacidad de modelar el destino propio y ajeno a una nueva
generación de poderes indefinidos, omnímodos y
misteriosos, es decir, inidentificables, que marcan el rumbo de
nuestro universo y se
expresan a través de sus "intermediarios", nuestros
amigables aunque temibles interlocutores políticos.(D.
Scavino, 1999)

Este reconocimiento del no-poder de los sectores
populares y de las organizaciones sociales y políticas que
pretenden representarlos, tratando de resguardar sus intereses y
sus derechos adquiridos, alimenta de un modo cada vez más
extendido un nuevo tipo de mensaje y un nuevo modo de definir el
alcance y la función de la política en democracia
que denominaremos "el posibilismo"; un fenómeno
ideológico político que se alimenta de una mezcla
de proporciones cambiantes entre "hipocresía", "cinismo" y
"pragmatismo".

A pesar de sus innumerables variaciones, "el
posibilismo" se construye alrededor de tres ejes centrales: la
producción de un complejo y multivariado mensaje de
inanición e impotencia que denominaremos "imposibilista",
la trasformación de esa ideología imposibilista en
"sentido común", es decir, en un criterio que se halla
inadvertidamente presente en los procesos de
representación y análisis de la realidad social
circundante y, por último, en la transformación de
la impotencia que genera esa creencia o esa convicción
"imposibilista" en la base de un también complejo,
multivariado y opaco proceso de "chantage" político
respecto a los problemas de la gobernabilidad y de la estabilidad
del régimen democrático.

La rapidez con que se ha difundido y penetrado esta
forma hoy dominante de representación de la realidad en
diversos sectores de nuestra sociedad se debe a una
múltiple combinación de factores, de entre los
cuales tendremos en cuenta aquí sólo algunos,
aquellos que forman parte del complejo operativo de
alusión-elusión-negación de problemas que es
producido en casi todas las instancias institucionales y no
institucionales de la sociedad, el sistema político y el
Estado y que se alimenta y se "enriquece", además, por
medio de su propia reiteración, haciendo desfilar
persistentemente una serie ininterrumpida de símbolos,
ideas, nociones, representaciones, estructuras argumentativas,
axiomas "naturalizados", imágenes, procedimientos
políticos y criterios valorativos. Las formas en que
algunas de estas variantes son construidas o los modos en que las
variantes pueden ser combinadas entre sí, nos brindan lo
que podríamos denominar las subespecies generadoras de la
ideología imposibilista.

A diferencia del neoliberalismo, la ideología imposibilista
no es explícitamente justificatoria de la existencia de
estructuras de explotación, de dominación o de
poder en la sociedad; tampoco considera que la desigualdad
social refleja, a su modo, inevitable y positivamente, las
diferencias de aptitudes, de capacidades y de actitudes de
individuos o de grupos entre sí. Condena, a veces
explícitamente, las múltiples situaciones de
injusticia que alimentan la expansión de las desigualdades
materiales,
sociales y culturales. Su razonamiento parece tener siempre
presente el problema de la injusta distribución de la riqueza y, en su punto
más extremo, puede ensayar, incluso, algún discurso
de carácter igualitario. Su particularidad no reside en la
definición de objetivos, ni en la enunciación de
sus valores, sino
en otra cosa, en el diagnóstico que elabora respecto de
las nuevas propiedades actuales de las estructuras de
dominación y la imposibilidad que tienen actualmente las
clases subalternas, y también los Estados nacionales, de
modificarlas a causa de las férreas relaciones de poder
que han construido y consolidado, operando desde el ámbito
del mercado.

El supuesto general de la ideología imposibilista
es, precisamente, que las transformaciones tecnológicas,
económicas, culturales e institucionales producidas en el
mundo durante los últimos veinte años han
eliminado, en la práctica, todas las formas de
autonomía y libertad que
las clases subordinadas habían logrado obtener durante la
compleja historia de luchas y enfrentamientos protagonizada a lo
largo de todo el siglo anterior. Una pérdida que ha
influido sustancialmente en la extinción de cierto tipo de
ideología, en la desaparición de la idea de
proyecto político, en la radical transformación de
sus anteriores portadores, las organizaciones corporativas y los
partidos políticos y, sobre todo, en la pérdida de
funciones, de autonomía y de poder del Estado.

La ideología imposibilista se define, entonces,
por el contenido del diagnóstico que elabora: los
poderosos son más ricos, poderosos y autónomos en
todo sentido, a la vez que el resto de los mortales tienen atado
su destino a los modos en que aquéllos ejercen ese poder y
definen los rasgos de las nuevas sociedades.
Por lo que hemos visto, ese modo de ejercer el poder desde los
diferentes monopolios económicos, sociales y
políticos que controlan, los vuelve más pobres,
menos necesarios, más heterónomos, con mucho menos
capacidad para discutir las condiciones que les imponen los
poderosos y sin ninguna capacidad para construir alguna otra
forma de poder alternativo. A pesar de sus diferentes variantes,
es siempre un discurso conservador, inmovilista, articulado a la
reproducción de lo ya existente, receptor pasivo y
acrítico de las innumerables restricciones que presenta la
realidad actual y justificador de la inanición, derivada
del reconocimiento del margen casi nulo que hoy existe para
construir cursos de acción
alternativos y proyectos que, por ser diferentes, devienen en
proyectos imposibles. Es un discurso negativo que no convence,
que no se apoya en importantes núcleos racionales ni
desarrolla argumentos atrayentes, es un discurso que asusta, que
ensombrece, que minimiza, que nos hace sentir mucho menos de lo
que fuimos y mucho más de lo que seremos. Es, en
definitiva, un discurso de muerte.

Por reunir estas características, se ha
convertido en el mensaje preferido de la fracción
propiamente política del elenco megacorporativo,
responsables de construir una oferta política capaz de
atraer al mayor número de electores. Si tenemos en cuenta
que la mayor fuente de legitimidad del Estado corporativizado ha
sido, hasta ahora, el consenso y la participación
electoral, el discurso posibilista es un discurso de
mediación simbólica que genera formas de
representación y de reflexión adaptadas, a su vez,
al papel de mediación y disimulo respecto de las
estrategias generadas en el seno del poder que ejercen partidos,
representantes y operadores varios del sistema político.
Con el avance de la crisis general, desatada en los dos
últimos años, el "imposiblismo" se ha difundido
mucho más que en la década pasada, se ha convertido
en el único recurso justificatorio de las políticas
oficiales y también de las actitudes de
acompañamiento cómplice de la oposición.
Pero, esa especie de uso indiscriminado de la
justificación posibilista, que puede hallarse hasta en la
presentación de las más pequeñas decisiones
estatales y en el discurso de los funcionarios más
insignificantes, ha comenzado a mostrar la naturaleza de la
verdaderas intenciones que los alimentan, las grandes falencias
de su estrategia argumentativa y el tipo de parálisis
institucional que está provocando (G. O´Donnell,
2000; R. Terragno, 2000a).

Veamos ahora cuáles son los rasgos más
visibles de algunas de sus formas específicas.

1. "El imposibilismo puro". Trata de paralizar las
débiles formas de resistencia
social y de enfrentamiento político que han venido
generando algunos de los grupos damnificados por la gran ofensiva
expropiadora del Estado y del sector empresarial, provocando
terror hacia un futuro aún peor que el menguado presente.
Se apoya, primero, en la construcción de un
diagnóstico del estado de correlación de fuerzas
actual absolutamente dominado por la fortaleza e impunidad de los
poderes ya constituidos. Continúa demostrando que, al
contrario de lo que ocurre con esos poderes, la
fragmentación social, la pérdida de identidad, la
falta de iniciativa y la insistencia en definir enfrentamientos y
utilizar métodos de
acción anticuados y obsoletos sólo puede conducir a
una derrota de efectos mucho más devastadores que los que
ha venido generando la ofensiva expropiadora. Haciendo referencia
al célebre enfrentamiento de los escuadrones de la
caballería polaca a las divisiones blindadas alemanas, en
momentos de la invasión a ese país, durante
la segunda guerra
mundial, el columnista J. Nielsen (2000) plantea, en una
magnífica exposición, los problemas que enfrenta esta
forma de pensamiento.
En un artículo denominado, precisamente, "La
caballería polaca", dice: "Pero ya estamos en el
año 2000. (La huelga
general), lejos de obligar al gobierno a humanizar el modelo, al
golpearlo, lo privan de alguna posibilidad de atenuar el impacto
de las transformaciones que están en marcha. Ante cada
nuevo indicio de que la Argentina se resiste a entregarse
plenamente al orden globalizado que, a pesar de todo está
consolidándose, el mercado reacciona bajándole el
pulgar, forzando al gobierno de turno a tratar de aplacarlo con
medidas aún más feroces". La conclusión
lógica que el lector extrae de su largo razonamiento es
siempre la misma: es justo pero imposible; el intento es
simpático pero estéril y peligroso; es necesario
adecuar la magnitud de la demanda a los
medios para obtenerlas; es necesario, pero sumamente riesgoso
porque puede provocar represalias de efectos aún
peores.

2. El "Imposibilismo cínico". Con esta
calificación, hacemos referencia a su intención de
ocultar deliberadamente, mediante un discurso sumamente
coherente, ciertos datos de la realidad o ciertas intenciones
que, de volverse evidentes, pueden perjudicar los intereses
inmediatos o el desarrollo de estrategias de acción a los
que ese razonamiento se refiere. Es construido a partir de una
falsificación, una omisión o una mentira evidente.
Una de las más breves y elocuentes ilustraciones de esta
modalidad de introducir impunemente, en medio de un razonamiento,
la mentira más cruda y evidente, lo brinda la siguiente
justificación del Presidente De la Rúa. En el
escueto discurso donde anuncia la disminución del 15% de
los salarios de los empleados estatales, implementado para lograr
un equilibrio
absoluto de las cuentas fiscales,
plantea la cuestión del siguiente modo: este recorte de
salarios no es un "ajuste", es decir, una disminución de
los ingresos de los sectores sociales directa e indirectamente
afectados por la medida, un "ajuste" sería la consecuencia
de una devaluación de la moneda porque en ese caso se
"metería la mano en el bolsillo de la gente". Como se ve,
nos hallamos frente a una falacia: la devaluación es
expropiatoria porque sustrae ingresos a través de la
inflación y la modificación de los precios
relativos en el mercado, pero la reducción directa y
unilateral de salarios a los empleados públicos no es
confiscatoria porque, suponemos que supone el Presidente, no se
obtiene a través de los mismos mecanismos que desata la
devaluación inflacionaria.( F. De la Rúa,
2001)

Para no reiterar el contenido negativo y "aterrador" de
las otras modalidades del imposibilismo, la influyente
tecnocracia política, íntimamente ligada a los
organismos internacionales y comprometida con la gestión
gubernamental, ha comenzado a elaborar este tipo de razonamiento
que pretende ser realista, positivo y progresista pero que se
trasforma, por su método de
construcción, en un discurso mistificador e
increíblemente cínico. Puede ser considerado,
también, como una nueva especie de ideología
justificatoria de cierto sector progresista-periférico que
anida en los partidos tradicionales. La derecha, en cambio, no
necesita ser cínica, se apoya en los postulados de la
sociedad de mercado para proponer medidas aún más
radicales.

Da por sentado que la grave situación de
decadencia social que viven los países periféricos en general y la Argentina en
particular es un hecho irreversible que no puede ser modificado
sino asumido como un dato incontrastable de esta nueva realidad.
La función de la política será, entonces,
eliminar las conquistas sociales existentes y trasformar o
eliminar las instituciones ligadas a ellas para dar lugar a la
aplicación de un nuevo tipo de justicia
distributiva. Es un nuevo criterio de reducción de los
gastos o de
despojo de antiguos derechos adquiridos, justificada por la
necesidad de redistribuir lo existente entre esos
derechohabientes y un gran sector social que ya ha sido
expropiado y, por esa causa, ha quedado totalmente excluido de
esos "beneficios". Es un intento de hacer pasar la
reducción de ese gasto estatal, o la virtual
liquidación de alguna de esas instituciones, por la
necesidad de introducir reformas que generen la
incorporación de esos sectores ya excluidos dentro de un
nuevo esquema que, de concretarse, genera un anteriormente
desconocido mecanismo de nivelación hacia abajo, de
movilidad ocupacional y social descendente. Un planteo que omite
considerar a esos excluidos como víctimas de un muy
injusto proceso de despojo que la política debe reparar,
tratando de reintroducir por diversos medios a los excluidos
dentro del sistema que ellos están administrando. Esa
omisión transforma a la decadencia en un hecho "natural" y
a la exclusión en un hecho irreversible. Puede ser
verificado analizando, entre otros, el discurso del Ministro A.
Flamarique destinado justificar la introducción de reformas a la ley laboral
existente. En esa ocasión, el proyecto de
"flexibilización" habíase convertido en una
condición ineludible del FMI para negociar nuevos
préstamos, condición que fue negada y encubierta
con el argumento de que tal "flexibilización" deterioraba
las condiciones de contratación existentes pero iba a
generar, como contrapartida, un importante aumento de la demanda
de trabajo y una reducción de la desocupación. Con
la misma lógica, razona P. Gerchunoff, jefe de asesores
del Ministerio de Economía, para justificar una nueva
reducción de los aportes estatales al régimen de
previsión social. También Caputo, Secretario de
Ciencia y
Técnica, para justificar la eliminación de la
"carrera de investigador" en el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología y Colombo, Jefe del Gabinete de Ministros,
para explicar la necesidad de provocar un ahorro de
gastos mediante la reforma-achicamiento-modernización de
la estructura del
Estado. Puede verse el análisis crítico de este
tipo de argumentación en un artículo publicado por
un Diputado Nacional de la Alianza gobernante (A.
González, 2000).

3. "El imposibilismo hipócrita". A diferencia de
la anterior, esta forma de imposibilismo no se basa en un
razonamiento sino en un mensaje más complejo, compuesto
precisamente por la contradicción flagrante que el
receptor percibe entre el contenido de ciertos discursos
específicos y la conducta
institucional de representantes, dirigentes y partidos. Funciona
del siguiente modo: se construye una visión, un
diagnóstico o una propuesta de transformación de
alguna de la innumerable cantidad de situaciones
específicas y de iniciativas gubernamentales que nos han
llevado al estado actual de decadencia y, luego, se la niega en
los hechos tomando decisiones políticas que favorecen la
aprobación de las situaciones e iniciativas criticadas y
obstaculizan el desarrollo de proyectos contrarios o
alternativos. En el momento de explicar tales incongruencias, se
apela siempre al mismo recurso: la inesperada aparición de
factores externos amenazantes e incontrolables que obligan a
ceder para evitar males mayores, dejando de lado los objetivos
originales para una nueva oportunidad en la que el contexto
general o la correlación de fuerzas políticas
resulte mas favorable. El denominado "pacto de Olivos" entre el
ex presidente Raúl Alfonsín y el entonces
presidente Carlos Menem, que destrabó los procedimientos
institucionales que permitieron la reelección posterior de
este último, constituye un ejemplo paradigmático,
pero no el único.

Otra variante del mismo procedimiento
puede hallarse en la naturaleza casi permanente del doble
discurso de los más altos dirigentes del Frepaso,
después de haberse integrado el gobierno de la Alianza.
Una fuerte evidencia la aporta, por ejemplo, el testimonio de G.
O´Donnell, asesor del Vicepresidente Carlos Álvarez
en cuestiones de reforma del Estado, respecto del papel que han
jugado algunos de ellos en la elaboración y gestión
de un proyecto de reforma de las leyes electorales, destinado a
erradicar procedimientos que estaban quitando transparencia a esa
instancia político institucional. Allí se comprueba
que en el mismo momento que Carlos Álvarez trataba de
esclarecer los sobornos en el Senado de la Nación, como
una forma de iniciar una lucha de largo aliento con la vieja
práctica política corporativa que terminó
con su renuncia a la Vicepresidencia de la Nación, avalaba
la mutilación de las reformas introducidas en la nueva ley
electoral para no generar enfrentamientos con las "maquinarias
partidarias".(G. O´Donnell, 2001)

Ante el evidente fracaso de la estrategia
socioeconómica del conservadurismo neoliberal, han
aparecido otros ejemplares de la misma especie; sólo
mencionaremos algunos de ellos. El más importante por sus
efectos paralizantes es el que denominamos "imposibilismo
apocalíptico", basado en una grosera estrategia discursiva
que no trata de convencer con argumentos racionales sino inhibir
con pronósticos aterradores. Puede resumirse en
breves términos: o seguimos profundizando las
políticas de ajuste "recomendadas" por los organismos
internacionales, desechando toda posibilidad de modificar sus
parámetros fundamentales, o habrá una huida masiva
de los capitales invertidos en el país que
producirá un colapso en la economía, con
imprevisibles consecuencias sociales, institucionales y
políticas. Esta forma de argumentar se emparenta,
fuertemente, con otra variante que se funda en los intentos de
mantener la supervivencia del denominado "pensamiento
único". Se resume del siguiente modo: lo que proponemos es
insuficiente, o injusto y generará resultados dudosos y
controvertibles pero es lo mejor porque es lo único que
tenemos; no existen propuestas alternativas.

6. EL ESCENARIO Y LA
LÓGICA DE LA EXTORSIÓN POLITICA. ELGOLPE DE
MERCADO.

La actuación y la transmisión de la
ideología "posibilista" reduce, como señalamos
más arriba, los horizontes del pensamiento y la
acción, produce impotencia e intenta congelar todo aquello
que no sea competencia electoral llegando, en esa
pretensión, hasta límites
inimaginables. En la dinámica de los conflictos de baja
intensidad que forman parte de la controversia política
cotidiana, busca la descalificación de los argumentos "de
otro", a través de una nueva y simple forma de
extorsión: aquello que afirma, hace o pretende el
adversario no es analizado por su contenido sino por sus efectos,
pero no por los efectos buscados en esa proposición sino
sobre otros, sobre las consecuencias, generalmente negativas, que
sobre la paz social, la estabilidad económica y, muy
especialmente, sobre el comportamiento de esos poderes
intangibles e inmodificables que anidan en los mercados y fijan
en cada circunstancia el límite de "lo posible". El
ejemplo más sintético de cómo se organiza
esta estrategia extorsiva desde el mismo poder gubernamental, lo
podemos hallar en recientes declaraciones del Presidente De la
Rúa. Cuando tuvo que dar su opinión a los
periodistas sobre un hecho meramente circunstancial, la
suspensión del diálogo
con el gobierno central adoptada por los gobernadores peronistas,
a causa de la interrupción de los flujos financieros
comprometidos por la Nación hacia las Provincias,
eludió la sustancia de la cuestión,
desestimó el análisis de sus causas y dijo: "lo
único que se logra con estos planteos es poner nerviosos a
los mercados y aumentar el riesgo
país". De más está decir que bajo diversas
variantes este tipo de argumentos, elusivo-extorsivos, son
permanentemente reiterados, tanto con la palabra como con la
acción, y aun con la omisión, por una enorme
variedad de actores del elenco político gubernamental, en
la más diversas circunstancias. El ejemplar más
escandaloso de esta especie, lo aportó el economista
neoliberal, G. Calvo, en un reportaje concedido en EE.UU., unos
pocos días después. "Lo que ha aumentado el riesgo
país en estos días han sido las caricaturas de Nik
en el diario La Nación" (Diario
Clarín, 2001 b)

Aunque se emparenta con el mensaje imposibilista por sus
objetivos, la variante extorsiva- apocalíptica se
construye de un modo diferente; en lugar de eludir, alude de un
modo explícito al contenido de las acciones,
procedimientos, ideas y propuestas que pretende descalificar pero
los deforma, le modifica su sentido y, sobre todo, magnifica sus
efectos. La denominamos "interpretación
apocalíptica" porque relaciona lo dicho o hecho por "el
otro" con la generación de un futuro caótico, de
desorden, descontrol, miseria y/o violencia
social. El gobierno de la democracia invierte la secuencia
tradicionalmente establecida entre la lucha política
tomada como expresión y forma de resolución del
conflicto social para transformarla en una nueva fuente
generadora de frenos y obstáculos a la canalización
política del conflicto social, mediante la amenaza y la
extorsión que se desprende del mensaje
apocalíptico. La actuación y la transmisión
de la ideología "posibilista" reduce, como
señalamos más arriba, los horizontes y produce
impotencia, la amenaza de ingobernabilidad y caos social con su
secuela de miseria y violencia
incontrolable del mensaje apocalíptico se complementa con
todo lo anterior, generando pánico
e inanición.

Se desarrolla a partir de una de las pocas certezas que
atormentan a sus interlocutores, la traumática
sucesión de derrotas militares, sociales y
políticas en las cuales quedó involucrada la
mayoría de la sociedad, cuando no la sobrevivencia del
entramado social mismo durante el transcurso de los
últimos cuarenta años. Una superposición de
experiencias profundamente negativas que ha venido generando una
firme convicción fuertemente compartida: los valores
supremos a resguardar son, después del ingreso y la
ocupación, la seguridad y la armonía social,
garantizadas por la gobernabilidad y la estabilidad
institucional. Todo aquello que atente seriamente, de cualquier
modo, contra esos objetivos logrados con ingentes sacrificios y
vigentes ahora en medio de un clima de tolerancia y paz,
son intolerables porque vuelven a ubicar en el horizonte los
escenarios de la incertidumbre, la inestabilidad la inseguridad y
el temor por el futuro.

La visión del apocalipsis se construye
comprobando, primero, la desobediencia (es decir la
transgresión de los límites de lo posible) y
estableciendo, después, un vínculo simbólico
casi directo entre esa transgresión y la amenaza de fuga
de capitales al exterior, la descomposición
económica, la desarticulación del sistema
institucional y el comienzo de la disolución social. Todo
producto de una presión no
violenta que se ejerce desde el mercado por medios no
coercitivos. Pero es una violencia legítima e inevitable
porque aquello que puede ocurrir, la fuga y la
desinversión, es producto del ejercicio legal de un
derecho inalienable que la sociedad le ha otorgado al capital: la
defensa unilateral de su integridad y sus beneficios dentro del
marco exclusivo creado por las reglas que rigen el funcionamiento
del mercado. La "ingobernabilidad" no es la consecuencia directa,
entonces, como lo fue antaño, ni de la agudización
del conflicto político, ni del crecimiento de las luchas
sociales, proviene de las decisiones estratégicas que
adopta el sector capitalista en su ámbito natural, el
mercado. Pero el grado y el tipo de coerción institucional
que produce depende de las características de lo que
podríamos denominar "primeras causas" o "causas
disparadoras" De acuerdo a lo que hemos estado viendo, estas
causas son generadas en dos ámbitos diferentes, unas
provienen de la lucha social y política contra la
expropiación y el despojo y, las otras, de las presiones
que ejercen los inversores-especuladores del sector financiero
para asegurar altas tasas y pagos puntuales y rigurosos de las
obligaciones
contraídas por el Estado. Teniendo en cuenta sus rasgos
predominantes, a las primeras las denominamos causas sociales
internas y, a las segundas, económicas
externas.

Cuando esta forma de articulación entre discurso
posibilista apocalíptico, presión del capital
financiero y de los organismos internacionales y extorsión
político-estatal llega a su máximo punto de
tensión, se transforma en lo que varios analistas han
denominado "golpe de mercado", en el momento de tratar de
analizar situaciones en que la voracidad capitalista se combina
con la debilidad política del elenco corporativo para
impulsar una mayor profundización de la estrategia
neoliberal y producir desplazamientos acordes con ese objetivo en
el plantel gubernamental. El discurso apocalíptico y el
"chantage" político se convierten, en tal caso, en los
rostros visibles de un nuevo tipo de golpe de estado
que no opera como una "invasión" externa sobre el sistema
político y gubernamental, del tipo "golpe militar", sino
como un desplazamiento intrainstitucional que modifica la
composición del elenco y/o las relaciones de fuerza
existentes en el interior del Estado. Expulsión de unos,
neutralización y absorción de otros, encumbramiento
del resto. En ese sentido, puede comenzar como un movimiento
objetivo de capitales individuales, relativamente coordinado,
pero que es convertido en un minigolpe de Estado por otros, los
operadores políticos y económicos locales.
Léase, grupos neoliberales insertados dentro y en las
proximidades del Gobierno, neoliberales con gran acceso a
medios de
comunicación, reformistas posibilistas cínicos
y reformistas posibilistas hipócritas asustados que
sobreactúan sus gestos y acciones complacientes con los
mercados y los organismos internacionales.

Como el círculo virtuoso prometido entre
"sacrificio-inversión-crecimiento-beneficio del
capital-derrame al resto de la sociedad" del esquema neoliberal
nunca ha funcionado ni puede ser retóricamente
justificado, los funcionarios y políticos comprometidos
con ella han implementado una perversa estrategia alternativa que
se basa en la transformación de las dificultades
políticas y/o económicas recurrentes de los
últimos tiempos en un nuevo tipo de crisis
apocalípticas que le han permitido mantenerse vigentes,
lograr la aprobación de complejos paquetes de reformas
antipopulares e imponerlos por el miedo o por la complicidad de
diversos sectores sociales y políticos, debidamente
justificada por los reiterados "estados de excepción" en
que ingresa periódicamente la Nación.

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Alfredo Raul Pucciarelli