La Lógica de la Privatización como Nueva Modalidad en la Educación Superior Salvadoreña

Partes: 1, 2

Aclaración
necesaria

Ante una problemática de trascendencia
nacional se impone el diálogo
franco, el análisis responsable y con criterios
académicos. Esta es la intención de este documento
y la idea es aportar al debate sobre
las consecuencias, positivas o negativas, de la probable
implementación del Proyecto UES-BID
(2005) así como la firma de las cláusulas del
convenio de préstamo anunciado. Sabemos de antemano que
muchos estarán de acuerdo con lo aquí expuesto,
pero también habrán quienes no, por una u otra
razón. Esperamos que aquellos que no coincidan con este
planteamiento, traten de rebatir las ideas con altura
académica , datos confiables
y serios, pues sólo así entraremos en la dinámica del debate de altura para que, a
la larga, construyamos juntos un mejor país a
través de la educación con
equidad,
libertad y
justicia.

1. ¿Qué
es la privatización y su lógica?

Nadie lo puede negar. La privatización de la
educación
superior forma parte de la agenda neoliberal a escala mundial
desde hace más de 25 años, impulsada por los
organismos financieros multilaterales, fundamentalmente el
Banco Mundial
(BM), Fondo Monetario
Internacional (FMI) y el
Banco
Interamericano de Desarrollo
(BID) en el caso de nuestra región.

Para contextualizar, en torno al tema de
la educación superior que nos interesa, uno de los
documentos que
expone la posición del BID sobre esta materia, lleva
el título de "Estrategia de Educación
Superior", publicado a principios de
1997. El documento describe el criterio con que el BID considera
la educación superior en América
Latina y el Caribe, y propone estrategias para
la acción
que el propio Banco podría realizar ( con apoyo financiero
y técnico) frente a los resultados logrados hasta la fecha
y en torno a las reformas que recomienda.

En la última sección del documento
referido, se abordan los aspectos de las reformas que
podrían ser objeto de asistencia directa por parte del
Banco; entre otras, impulso a la enseñanza superior tecnológica,
proyectos de
mejoramiento cualitativo; apoyo a las instituciones
que desarrollan investigación fundamental e
investigación aplicada y un claro e inequívoco
apoyo al sector privado de educación superior.

Sin embargo, aunque se matizan los términos del
discurso en
los distintos documentos, para no generar reacciones, lo cierto
es que, como norma general, las políticas
para la educación superior, desde la visión
neoliberal de los organismos financieros multilaterales parten de
esta argumentación:

El Estado
sólo debe proporcionar recursos
globales, razonables, en función de
indicadores de
eficiencia y
marcos generales de orientación, bajo el principio general
de que el creador del gasto debe ser el financiador del
mismo.

Con lo anterior se pretende, en el caso de la
educación universitaria y tecnológica superior,
crear, como finalidad última, una estructura
condicionada a las leyes de la
oferta y la
demanda, cuyas
premisas fundamentales están asentadas en los criterios de
rentabilidad,
eficiencia y productividad.

En el caso que nos ocupa aclaramos que, aunque en
general el término privatización alude normalmente
a la venta o
concesión de la propiedad del
Estado al sector privado, en el presente estudio concebimos la
"nueva modalidad" de privatización que
podría implementarse en la Universidad de El
Salvador (UES), como un fenómeno de mayor amplitud y
complejidad, que puede incluso hasta pasar desapercibido; es
decir cuando se aplica lo que aquí denominaremos la
"Lógica de la privatización"
(Coraggio y Vispo ,2001), sin llegar a las modalidades que
normalmente se consideran como privatización.

Dicha lógica la entendemos como:

El proceso
mediante el cual se introduce en el campo de la educación
pública universitaria y no universitaria la lógica
del lucro, propia de un mercado poco
regulado, no afectando con ello su forma legal de propiedad
estatal (protegida por la Constitución en el articulo 61 en el caso
de la UES), pero si su forma de provisión, servicios que
presta o recibe, funcionamiento y las modalidades de financiamiento, prevaleciendo, entre otras, el
autofinanciamiento (a través de aranceles y
cuotas ), sin importar a quienes o a cuantos se afecte. Dicha
lógica supone, asimismo, toda una mentalidad y un estilo
de conducción y organización propia de una empresa
privada, donde el rendimiento individual es medido
productivamente a partir de estándares de calidad fijados
por el mercado y al servicio del
mercado.

A partir de múltiples experiencias a escala
mundial, actualmente las formas de avance subrepticio de la
privatización de la educación pública
superior son múltiples, involucrando, entre otras, la
implantación de nuevos aranceles o aumentado su costo, ajustes
presupuestarios, criterios de competencia y
modernización, recepción de fondos privados ,
cambios curriculares y formas diferentes de administración , que promueven una
formación afín a las necesidades inmediatas del
tipo de mercado que promueve el neoliberalismo
ortodoxo implantado en el país desde hace unos 16
años.

En concreto,
partimos de la idea central de que realmente no se pretende
"vender la UES" como pregonan algunos en términos
de propaganda o
como creen otros que no han analizado críticamente la
problemática. Se trata básicamente de implementar
un "nuevo modelo" de conducción, una forma
diferente de administración y, fundamentalmente de
autogestión financiera. Con otras palabras, de acuerdo al
discurso privatizador, de lo que se trata es de construir una
institución supuestamente moderna, eficiente, de calidad,
eso sí, orientada al mercado y al modelo
económico neoliberal que claramente han impuesto en el
país las instituciones financieras internacionales, entre
ellas el BID.

2. La
problemática de las cuotas y aranceles

En El Salvador, desde que conocidas empresas
públicas fueron privatizadas en la década de los
noventa del Siglo XX, como fue el caso de ANTEL o las de energía
eléctrica, entre otras, para ciertos sectores nunca ha
habido "aumento" de tarifas por los servicios.
Eufemísticamente, para disfrazar el discurso
tecnocrático, se utilizan otras palabras más
atractivas. Se prefieren expresiones como: "actualización
de tarifas", "readecuación de tarifas" e incluso se habla
de "revisión de tarifas para operar con los costos
reales…" Coincidencia o no, en la UES se habla actualmente
de "aplicar las cuotas diferenciadas ya establecidas al menos
hasta el costo. "

Para realizar este análisis partimos de lo
planteado en los siete estudios técnicos del programa
"Fortalecimiento de la Universidad de El Salvador"
(ES-TO15) de la cooperación técnica no reembolsable
del BID (ATN / SF-8858-ES). En el documento "Evaluación
de las opciones jurídicas de la Universidad de El
Salvador", con fecha del 15 de abril de 2005, elaborado por
el consultor Francisco Díaz, este recomienda, entre otros
aspectos:

"Con relación a las tasas y aranceles que
aplica actualmente la UES… se recomienda su
elevación al menos hasta su valor de
costo…"
"Puede autorizarse el cobro de aranceles para los
servicios en beneficio de usuarios externos que presta la UES a
través de Proyección Social con estudiantes en
servicio social…"
"En cuanto a la matricula, puede sugerirse lo
mismo que para los aranceles: elevarla al menos a su costo
real."
Un porcentaje relevante de estudiantes tienen
capacidad de pago mayor que el limite de diez salarios
mínimos urbano… es necesario revisar ese limite
en base a un criterio de equidad…"

Ahora bien, para los fines de esta investigación
y con base a una elaboración propia, entendemos por
aranceles, en sentido general:

"Como las tarifas oficiales (se pueden denominar
cuotas) clasificadas de acuerdo a criterios y
características técnicas
de un servicio que se comercializa o vende según ciertas
especificidades (carrera y grado profesional otorgado) y
atendiendo los niveles de complejidad, oferta y demanda
en el mercado profesional, bienes,
locales, servicios e instrumental tecnológico requerido
para alcanzar un titulo, con el fin de recaudar ingresos para la
institución. Incluye, por lo mismo, las tarifas o cuotas
que se cobran por los servicios que la institución presta
o vende a entes externos" (J.C. Grande, 2006).

Con otras palabras, a partir de los aranceles, es la
realización de los estudios y el grado que se obtenga el
que se grava, en gran medida, como un impuesto más,
utilizando para ello una cuota que establece los límites
cuantitativos diferenciados.

Por lo tanto, el concepto de
aranceles no lo tomamos como se conoce tradicionalmente en las
ciencias
económicas y administrativas, en el sentido de referirse a
la tarifa de impuestos de
importación y exportación que perciben las aduanas u otras
dependencias gubernamentales. Es más, el Diccionario de
la Real Academia Española (DRAE, 2004), define el
término arancel como "la tarifa oficial que determina los
derechos que se
han de pagar en varios ramos…"

Está demostrado. Todo arancel en la
educación superior es un paso importante en cualquier
proceso y modelo de privatización aquí y en
cualquier parte del mundo, capaz de transformar de un golpe la
naturaleza
misma de la educación pública superior, ya que de
esta forma se concreta la introducción de la lógica de la
privatización dentro del mercado de la
enseñanza.

Como ya es conocido en otros países, para lograr
la modificación o introducción de los nuevos
aranceles los organismos internacionales (BM, BID, FMI, etc.)
normalmente se encargan del financiamiento y de la
provisión de toda una serie de documentos y publicaciones
( es el caso de los siete estudios técnicos)que hacen el
papel de fundamento "teórico-técnico " de estas
políticas.

Comúnmente se conocen como Consultorías y
tienden a ser tomadas como los documentos técnicos
más confiables e importantes, a tal grado que se presentan
como incuestionables, aún cuando tengan errores en el
análisis e incluso en los datos que se aportan en las
investigaciones de campo, testimoniales o
documentales.

Una aclaración es necesaria antes de entrar de
lleno al análisis de este apartado:

En principio no nos oponemos a un préstamo del
BID para una auténtica inversión educativa que realmente aporte al
desarrollo institucional; es más, dadas las condiciones
actuales del país, en lo referente a los críticos
recursos financieros del Estado, probablemente puede ser hasta
necesario .En lo que no estamos de acuerdo es en las probables
condiciones (¿recomendaciones?) ya que, para nadie es un
secreto que los organismos financieros internacionales no son, ni
por cerca, instituciones filantrópicas, de caridad o de
beneficencia. Todo el mundo sabe que dichas instituciones siempre
ponen condiciones para otorgar préstamos o para dar ayudas
no reembolsables.

Son, por esencia, las instituciones que defienden los
grandes intereses de las potencias hegemónicas y para ello
basta analizar la procedencia de los fondos, la estructura de su
directorio y, desde luego, los resultados que se han obtenido en
el ámbito social hasta el momento, en casi todos los
países subdesarrollados.

Es más, está demostrado que son
altamente responsables del deterioro socioeconómico de los
países debido a las fallidas "recomendaciones" para
implementar el ajuste estructural y el neoliberalismo, a los
altos costos que implica el pago del servicio de la deuda externa,
que en el caso de nuestro país ascendía de acuerdo
con datos del Banco Central de Reserva sólo hasta el
año 2004, a 8,869.9 millones de dólares de saldo
bruto, lo cual representaba el 47 % del PIB.

Asimismo, lejos de ir encontrando una
solución, la cuestión tiende a agravarse para el
año 2006, ya que la deuda
pública, en virtud de un presupuesto
desfinanciado, se ha incrementado en 779 millones de
dólares y el déficit provisional aumentará
en un 2.1 del PIB. Eso implica que sólo en concepto de
pago de deuda, el Estado
salvadoreño destinará 1,180 millones de
dólares, que bien pudieran ser utilizados en
inversión social.

Lo siguiente también debe quedar claro, nuestra
discrepancia con la propuesta de implementar la lógica de
la privatización y el aumento de los aranceles y cuotas no
implica una defensa acrítica de la UES, de un importante
porcentaje de su personal
(docente, administrativo, de servicios y autoridades) y de su
forma de financiamiento y, para lo cual, ciertamente es necesario
y urgente realizar una evaluación
objetiva, que sea de consenso, integral y, ante todo profesional
y no coercitiva, de cara a subsanar las deficiencias de forma y
fondo del proceso formativo, educativo y de la ética.

Al contrario, entendemos que la Universidad de El
Salvador se encuentra sumergida en una evidente crisis
académica, administrativa, política y financiera
producto de
décadas de agravios externos y saqueos como resultado de
las conocidas intervenciones militares y el precario e
insuficiente presupuesto que viene asignando el Estado año
tras año y el cual apenas llega al 1.17 %, hasta el 2005,
con respecto al presupuesto total del país.

Sin embargo, y esto hay que decirlo sin
ambigüedades, si evidentemente hay una crisis, el principal
responsable es el Estado salvadoreño, no sólo por
no cumplir el claro mandato constitucional, sino por actuar
deliberadamente para llevar a una crisis a la institución,
para justificar precisamente con ello la implantación de
la lógica de la privatización.

Entonces, para hacer frente a las amenazas externas e
internas, desde nuestra perspectiva, la Universidad merece y
exige ser transformada y, ante todo, reconstruida
académicamente, para volver a encarnar plenamente su
necesaria función social y la creación y
difusión de conocimiento
crítico al servicio de la sociedad. Esta
reconstrucción debe surgir, ante todo, de la
edificación de la democracia
participativa y del debate pluralista, serio, académico y
crítico al interior de la Alma Mater.
Más sin embargo, es precisamente el avance de la
lógica de la privatización, y en particular de los
probables nuevos aranceles y cuotas, lo que no favorece, sino que
directamente atentan contra este proceso de
reconstrucción.

3. Estrategias y
discurso con relación a los aranceles

La estrategia
discursiva adoptada por los sectores que pretenden introducir la
lógica de la privatización en la Universidad
Nacional tiene una estructura sencilla, encaminada tanto a
conquistar la opinión
pública como a brindar argumentos a los
políticos e intelectuales
dentro y fuera de la universidad, cuya virtud pasa más por
ser atractivo para el sentido común que por su rigurosidad
y carácter académico.

La trama estructural de esta estrategia discursiva puede
sintetizarse así:

En primer lugar, valiéndose del discurso en
apariencia y científicamente neutro, apolítico,
en fin "técnico", que distingue a la corriente
económica neoclásica, se postulan ciertos
principios abstractos que deberían determinar tanto el
contenido como la forma de la educación superior
salvadoreña, particularmente la impartida en la
UES.
En segundo lugar, se efectúa un diagnóstico de la situación
institucional y nacional en que actualmente se encuentra el
sistema,
señalando cómo todo y cada uno de esos deseables
principios se ven vulnerados.
En tercer lugar, se genera un listado de
recomendaciones ineludibles de reformas inmediatas, con el
objeto de que la universidad actual se dirija hacia un nuevo
sistema de educación superior acorde con esos
principios, presentándolos como fundamentales para
"adaptarse a los nuevos tiempos y a la
globalización "(Mollis, 2001).

3.1 Los principios neoclásicos
(¿neoliberales?)

Los sectores internos y externos alentados y apoyados
por los organismos financieros multilaterales, en nuestro caso el
BID, que buscan avanzar hacia la nueva lógica sostienen
que el sistema de educación superior debe estar regido
ante todo por los principios de equidad y eficiencia, tal como
claramente también lo sostiene el Banco Mundial (2001).
Las definiciones de estos principios están tomadas del
cuerpo doctrinario de la economía
neoclásica y basta remitirse a los textos de Milton y Rose
Friedman, planteadas en el libro
"Libertad de Elegir. Hacia un Nuevo Liberalismo
Económico", desde 1980, entre otro
documentos.

Es bien conocido que la metodología del análisis
neoclásico consiste en tomar al individuo que
decide acerca de su propia educación como unidad inicial
del razonamiento. Este punto de partida se sustenta sobre la
tesis de que
los beneficios de la educación superior son apropiados
individualmente a través de la denominada "renta
educativa", es decir, los mayores ingresos que trae consigo
la educación superior en el futuro debido a la mayor
calificación y productividad de la fuerza de
trabajo con
formación universitaria. Esta teoría
sostiene que los beneficios sociales que pudieran existir son
menos relevantes que los individuales y que van en el mismo
sentido que los beneficios privados, con lo cual puede hacerse
abstracción de ellos para simplificar el
estudio.

De acuerdo con lo anterior, el individuo queda entonces
en el centro del análisis. Este individuo, como todos, se
comporta de tal manera que busca maximizar su satisfacción
(utilidad) a
través del tiempo, y con
este objetivo en
mente toma la decisión acerca de iniciar, o no, una
carrera universitaria. El móvil que lo lleva a estudiar
son los ingresos adicionales que espera obtener una vez
terminados sus estudios, los que compara con los gastos en los
cuales debe incurrir durante ellos, incluido el costo de
oportunidad de no generar ingresos por ese lapso (Bour,
1993).

Por lo tanto, el estudiante es entendido como un agente
económico que se relaciona con la universidad como
cliente–consumidor. La
universidad, por su parte, es concebida como una empresa
productiva (cuya función es vender servicios) dedicada a
producir un insumo de uso difundido: los graduados o
profesionales.

Según la teoría neoclásica, la
interacción mediante el libre juego de la
oferta y la demanda en el mercado de unos (estudiantes = clientes) y otros
(universidad), es la única forma de alcanzar
simultáneamente los tres principios neoclásicos.
Este mecanismo asegura que se producirán cantidad y
calidad de profesionales adecuadas, en función de la
demanda que de este insumo realicen el resto de las unidades
productivas de la sociedad; lo que garantiza una
asignación eficiente de los recursos. A la vez, debido a
que quienes se apropian de la "renta educativa" pagan un
arancel o cuota a cambio de los
servicios educativos que reciben, la equidad está
asegurada.

Estos resultados se obtienen sólo bajo los
supuestos de que existe libre competencia entre universidades que
funcionan con una misma lógica, atomización de
oferta y demanda, libre movilidad de recursos e información completa y perfecta; es decir,
en un contexto en el cual hay plena libertad de elección.
De esta forma, esta teoría trata de demostrar, mediante
análisis matemáticos, que el mercado competitivo
descrito es lo mejor para cualquier país y, por lo mismo,
bueno para El Salvador (Bour, 1993).

3.2 El diagnóstico del sistema
público salvadoreño

Partiendo de la anterior perspectiva teórica, el
discurso de la nueva lógica privatizadora realiza luego un
diagnóstico de la situación actual del sistema
universitario público, evaluando en particular el grado en
que se vulneran o respetan los tres principios
neoclásicos.

En primer lugar, basándose en la tesis de que los
beneficios de la educación superior son apropiados
individualmente a través de la "renta educativa", y
teniendo en cuenta que en su mayoría los que acceden a la
universidad son individuos provenientes de los estratos medios o altos
de la sociedad, al menos en otros países, se concluye que
estos sectores se ven individualmente beneficiados por la
gratuidad de la enseñanza
universitaria.

La injusticia desde el punto de vista de la equidad es
palpable: mientras que los pobres aportan mediante sus impuestos
al sostenimiento de toda la estructura del Estado, éste
utiliza esos recursos para beneficiar a los estratos medios y
altos. Por ello, desde la perspectiva de este análisis la
educación pública universitaria se convierte en una
forma de transferencia de ingresos desde los sectores más
pobres hacia los estratos medios y altos.

En tal sentido, la educación superior gratuita es
regresiva.

Pero la única universidad pública del
país no sólo es inequitativa, sino que
además es ineficiente, según quienes desean
implantar una lógica de la privatización. En cierta
forma se realiza un paralelismo entre las empresas
públicas y la educación pública, sosteniendo
que ambas son por naturaleza ineficientes. La eficiencia de las
instituciones educativas se mide a través de la
relación entre cantidad de insumo utilizado y cantidad de
producto obtenido, es decir por el costo unitario del producto.
Entonces, el insumo de la universidad son sus estudiantes y el
producto sus graduados (Winkler, 1990).

El indicador predilecto para evaluar la eficiencia es
justamente el cociente entre la cantidad de graduados y la
matrícula total. A escala latinoamericana, este indicador
presenta en general valores
relativamente bajos en las universidades públicas y
considerablemente más altos en las universidades privadas.
Sin embargo, como contraste, en lo que respecta a la UES,
más de la mitad de estudiantes de nuevo ingreso se
gradúa eventualmente, ya que en otros países se
estima que el porcentaje de graduación es del orden del
20% (BID-UES, 2005).

En segundo lugar,otro indicador que se utiliza
frecuentemente es el de gasto por graduado. El hecho de
que sus valores sean para algunas universidades públicas
mayores que los coeficientes obtenidos en las universidades
privadas, se interpreta una vez más como evidencia de la
ineficiencia del Estado. En el caso de la UES, el costo por
graduado sería en promedio de 9,028.00 dólares, lo
cual ciertamente no resulta elevado, si se toma en cuenta la
deserción equivalente en costos por la prolongación
de 1.22 años , de acuerdo con la consultoría de Miguel Ernesto Vijil Icaza
(BID-UES, 2005).

El tercer argumento del discurso de los adeptos a la
lógica privatizadora consiste en postular la escasez,
según ellos comprensivamente, del presupuesto para
destinar a la educación superior. Simplemente no hay
más dinero, pues
el gobierno con
"sentido humano" "hace lo que puede". Algunas versiones plantean
una especie de opción dicotómica: destinar el
escaso presupuesto del Estado a financiar la UES implica
necesariamente descuidar gastos sociales más urgentes y
prioritarios entre los que se encuentran la salud, la seguridad
pública y, particularmente, la educación
básica. De la educación básica se argumenta
que es socialmente más rentable y esto se ha tomado como
un dogma que, sin embargo, podría ser objeto de
análisis en otra investigación.

Este axioma casi incuestionable de la eterna escasez de
presupuesto se basa sobre una máxima del pensamiento
neoliberal: la eliminación del déficit fiscal por
medio de la reducción del gasto del Estado. Este
último argumento fue y es impulsado claramente en el caso
de la UES, ante todo en los tres anteriores gobiernos de ARENA,
pues el actual obviamente juega con más inteligencia
y, por lo mismo, los propósitos "sanos" parecen ser lo
más conveniente socialmente y, además,
electoralmente.

A través de las ideas anteriores se concluye que
el sistema de educación superior salvadoreño, a no
ser que implemente la lógica de la privatización,
violaría los tres principios neoclásicos. Esta
vulneración obviamente es atribuida al carácter
público, gratuito y masivo de la universidad, aunque se
diga lo contrario. Más aún, este carácter
también se identifica como el responsable de la crisis de
calidad por la que atraviesa.

Se cataloga a este modelo de universidad como
necesariamente ineficiente en términos económicos,
socialmente inequitativo y de mala calidad académica,
por naturaleza. Es por eso que, para asegurar los principios
expuestos y, si lo que se pretende es contribuir al bienestar
general y al progreso económico nacional, la UES debe
funcionar con una lógica de empresa privada. Supuestamente
así será eficaz, de calidad, equitativa y
productiva.

Pareciera que no importara que en el informe de
"Análisis económico de ingresos y costos de la
UES" elaborado por el consultor Miguel Ernesto Vijil Icaza,
en el marco del proyecto BID-UES (2005), este determinara en sus
hallazgos y conclusiones que, en lo referido al nivel
socioeconómico de los estudiantes, un 30 % se ubican en la
clase media
baja, el 55 % son pobres y muy pobres y sólo un 15 %
pertenecen al sector acomodado, sin especificar que puede
entenderse por este último término.

Aún así, en el mismo informe el Consultor
recomienda claramente aplicar lo que establece la Ley
Orgánica de la UES con relación a la cuota
diferenciada, es decir, habrá que aumentarlas para
contribuir así a incrementar los ingresos en vista de la
insuficiencia de las transferencias del Gobierno central que ha
enfocado su accionar, fundamentalmente con criterios
políticos, a aliviar a los sectores sociales más
desprotegidos del sistema neoliberal, sin explicar, desde luego,
que ellos son el resultado del modelo implementado por exigencia,
entre otras , de las instituciones financieras multilaterales
como el BID.

3.3 La propuesta de reforma (en el caso de la UES
se denomina fortalecimiento)

Esta historia se ha repetido en
todo el mundo. Una vez presentado el diagnóstico elaborado
por los consultores (los siete estudios técnicos), se
procede a proponer un nuevo modelo y reestructuración de
la universidad acorde con los principios sostenidos y los datos
que brindan las investigaciones patrocinadas por el BID. No es
fácil aquí sintetizar las distintas propuestas y
recomendaciones, ante todo por espacio. Sin embargo pueden
identificarse ciertos rasgos comunes.

Como ya hemos esbozado, la teoría
neoclásica demuestra en sus términos que la
solución óptima es la privatización total o
la concesión en caso de no haber resistencia
estudiantil fundamentalmente. Esto fue lo que se hizo con los
nueve institutos tecnológicos superiores del país,
los cuales fueron concesionados a FEPADE o ÁGAPE, en
años recientes.

La idea básica es crear un mercado en que los
oferentes (universidades, institutos especializados o
tecnológicos) compitan libremente para atraer a los
demandantes (estudiantes). En cuanto a la elección de los
estudiantes, la mejor manera de asignar sus fondos es
descentralizadamente, por medio de sus decisiones individuales e
independientes de cualquier injerencia distorcionadora del
Estado.

Para ello es indispensable que el producto ofrecido
tenga precio. Este
último, cuando se trata de los estudios universitarios,
recibe el nombre de arancel como ya lo hemos explicado. Por
tanto, es recomendable renunciar a la gratuidad de la
enseñanza para sostener la equidad: es decir, deben pagar
un arancel todos aquellos que asisten a la universidad, que son
quienes consiguen acceder mediante los estudios a un nivel de
vida futuro más elevado (Winkler, 1990) o para ser
exitosos, tal como lo pregona publicitariamente una Universidad
privada de San Salvador, a través de los medios de
comunicación.

En el caso de la UES, el mercado creado
aseguraría la eficiencia, la calidad y la libertad de
elección, así como el crecimiento de los recursos
disponibles paral la educación superior. Una vez
establecido el nuevo arancel o cuota, y para garantizar la
igualdad de
oportunidades entre los estudiantes, se propone establecer o
ampliar un sistema de becas remuneradas para los menos
favorecidos, pero con la condición de que estos
"… muestren buen rendimiento académico y que
observen una conducta
correcta…" (BID-UES, 2005). Obviamente los fondos para
aumentar el número de becarios pasa por incrementar los
ingresos y ello sólo es posible si se aplica el Reglamento
Especial del Sistema de Cuotas Diferenciadas de Escolaridad. Esa
es, con otras palabras, la recomendación
(¿exigencia?) del BID, entre otras.

Sin embargo, en el caso del diagnostico sobre el sistema
de becas estudiantiles de la UES elaborado por el consultor Vigil
Icaza del proyecto BID-UES (2005), se recomienda "estudiar la
conveniencia de entregar las ayudas en forma de bonos de alimentación,
atención medica, etc. en ves de efectivo,
con el objeto de contribuir a que se destinen exclusivamente a
las finalidades académicas para las que se
otorgan".

A manera de ilustración, hemos de aclarar que en
algunas versiones ya practicadas en otros países, las
becas son reemplazadas por créditos a bajas tasas de
interés que deben ser reintegrados por los estudiantes
una vez graduados. De hecho en la década de los 70 del
Siglo XX en El Salvador funcionó un sistema similar
denominado "EDUCREDITO".

Por otro lado, está claro que la
intervención del Estado no desaparece en la propuesta
neoclásica, sino que se reduce a la aplicación de
instrumentos no distorsionantes; es decir, que no incidan en el
mecanismo de asignación automático del mercado. El
papel que se reserva para el Estado es el de aportar fondos para
las becas o subsidiar la tasa de
interés de los créditos que en todo caso
involucraría a la banca comercial,
tal como se hace en el Instituto Tecnológico Americano de
Educación Superior (ITAE)

Según otras formulaciones el Estado contribuye
directamente al financiamiento de las universidades
(complementando los ingresos por aranceles), sobre la base de
indicadores de eficiencia, incentivando aún más una
"sana competencia" que se traducirá en mayor
calidad en la prestación del servicio
educativo.

El punto central, en todo caso, es jugar con el concepto
de calidad, para premiar y castigar financieramente, ignorando
que dicho término es construido históricamente, que
responde a intereses concretos y que, por lo mismo, para mostrar
la supuesta calidad que exige el sistema precisamente hay que
hacer y enseñar lo que al sistema le conviene y le
gusta.

4. El lento, sostenido
y programado deterioro de la Universidad Nacional

En el plano argumentativo, o sea el del discurso, el
elemento fundamental de la estrategia para implementar la
lógica privatizadora ha sido acentuar la crisis de la UES
para crear las condiciones para su privatización total y
como fin último, al igual que se hizo antes con ANTEL, las
distribuidoras de energía eléctrica y otras
instituciones públicas, incluyendo la concesión a
FEPADE o ÁGAPE de los institutos tecnológicos como
el ITCA que a manera de ejemplo, cobra desde que se dio en
concesión, $ 5.71 en concepto de mora por cuota mensual
pagada extemporáneamente.

La falta de presupuesto para hacer frente al aumento de
la matrícula, para la incorporación de innovaciones
pedagógicas y tecnológicas, para mantener salarios
docentes
adecuados , administrativos y de servicios, realizar mejoras de
infraestructura, etc. acabó por conformar un sistema en
progresivo y franco deterioro institucional.

Esta situación genera un gran problema en el
desarrollo institucional porque al contar con un techo
presupuestario tan bajo se imposibilita la inversión en
equipo, docentes a tiempo completos, infraestructura,
laboratorios, etc. y esto limita la calidad
académica.

A su vez esto redunda en una abundante y mediocre oferta
de servicios, lo que hace más vulnerable a la cultura
profesional del país (Samayoa, 1994).

Como lo hemos afirmado, a través de la
degradación de la UES (vía presupuesto
insuficiente, además de los ataques viscerales de algunos
medios de
comunicación como El Diario de Hoy) se crea el espacio
para que se propaguen y legitimen, tanto desde fuera como desde
dentro de la universidad, supuestas soluciones
como la implantación de la lógica de la
privatización en general y el arancel en particular, que
en palabras de algunas autoridades no será un aumento de
cuota, sino una "readecuación" como ya lo manda el Sistema
de Cuotas Diferenciadas, aprobadas por el organismo legalmente
constituido como es la AGU ,en el caso de las de
aplicación general o los específicos de cada
Facultad de acuerdo con el art. 6 del Reglamento General de la
Ley Orgánica.

Por otro lado, quienes defienden la genuina
autonomía (docentes, trabajadores y estudiantes)
ciertamente han estado a la defensiva y en otros casos
simplemente inmovilizados. Se han limitado a atribuir el
deterioro universitario al ahogo presupuestario gubernamental,
negando con ello, la complicidad en el deterioro institucional,
ya sea por conveniencia de grupos,
incapacidad para analizar la situación e incluso para
defender o apoyar instituciones políticas extra
universitarias.

Sin embargo, y es justo reconocerlo, muchos de los
problemas que
actualmente tiene la universidad están relacionados con la
calidad de la enseñanza, la orientación de los
contenidos, la formación y forma de selección
de los docentes, el desarrollo de la investigación
humanística o aplicada y de programas de
extensión, etc., que evidentemente trascienden la falta de
presupuesto adecuado y oportuno.

Asimismo, dicho deterioro académico y
administrativo, y en gran medida el de servicios, son creados y
alentados por una política educativa inadecuada llevada
adelante por algunas autoridades universitarias desde principios
de los años 90, cuyas acciones, en
mayor o menor medida fueron clientelistas, nepotistas,
autoritarias e incluso corruptas que ciertamente no se apartan
demasiado de lo observado en el ámbito nacional. Los
gremios de trabajadores, docentes y las asociaciones
estudiantiles (no todas) obviamente tienen también mucha
responsabilidad, ya sea por omisión,
incompetencia, acomodamiento, falta de criterios
político-gremiales y hasta por complicidad.

Estos problemas, con mucha razón, son utilizados
como argumento por aquellos que pretenden imponer la
lógica de la privatización como solución
mágica. El hecho de que los estudiantes tengan que recibir
clases en condiciones inadecuadas , sucias y hasta
inhóspitas, con un nivel académico en permanente
deterioro, con pocos o nulos recursos pedagógicos y
tecnológicos a la vez que, inocentemente, temerosos de que
el título de las universidades privadas sea más
valioso, hace aparecer a la búsqueda de mayores ingresos a
través de otras formas de financiamiento -vinculadas
claramente con expresiones de privatización- como la
única opción para frenar el deterioro que atraviesa
la universidad.

En suma, en momentos en que muchos estudiantes, docentes
y buena parte de la sociedad han experimentado cierta
preocupación, se difunde masivamente que la única
solución consiste en aceptar ciertas formas veladas de
privatización, principalmente en el arancel, las cuotas
altas y la venta de servicios. Desde nuestra perspectiva, el
deterioro de la UES tiene la marcada intencionalidad de imponer
las condiciones para que la lógica de la
privatización aparezca como la panacea. De hecho,
así se ha entendido por parte de muchos docentes y
estudiantes, aunque en el caso de los trabajadores
administrativos y de servicios más parece obedecer a otras
razones e intereses puramente gremiales, políticos y hasta
personales.

En concreto, a través del deterioro inducido e
implementado desde adentro tanto como desde afuera de la
universidad, se puede cerrar una estrategia cuyo propósito
es conducir inevitablemente a largo plazo a la
privatización de la educación superior
pública salvadoreña en su totalidad. Por eso, hoy
la discusión crítica
de los intereses y argumentos que se encierran tras el discurso
privatizador se torna imprescindible, tal como lo aclaramos al
principio, y esa es la única intención de este
documento.

5. Transformaciones
en la estructura productiva nacional y consecuencias sobre la
Universidad

El proyecto BID-UES que apunta a transformar de plano la
única universidad pública del país, expresa
un movimiento
más profundo que remite a las transformaciones recientes
en la dinámica del desarrollo
económico salvadoreño. Esto es así,
porque las políticas implementadas y su
profundización en la década de los '90, han
modificado sustancialmente la estructura productiva,
económica, cultural y social en la que se inserta la
universidad actualmente.

Sintéticamente puede caracterízaselas
como: reforma y achicamiento del Estado (incluidas las privatizaciones), apertura externa a través
de los TLC,
liberalización financiera, flexibilización laboral, dolarización, etc. Estas transformaciones
trajeron consigo dos importantes consecuencias en lo que hace a
las condiciones de vida de la sociedad, que se manifiestan en la
creciente pauperización de grandes masas de la población:

Por un lado, se registró un crecimiento en
las tasas de desempleo y
subempleo, afectando a una proporción cada vez mayor de
la población. El creciente sector informal de la
economía es la prueba más palpable, pues
sólo hasta el año 2003 ya ascendía al
36. 4 % de la PEA (o sea 1,272.524 personas) según la
DIGESTYC (2005).
Por otra parte, tuvo lugar una progresiva
fragmentación y diferenciación entre los
trabajadores efectivamente ocupados.

Mientras una pequeña porción,
fundamentalmente de las capas medias, aún conserva empleos
de alta o mediana calificación y remuneración, la
mayoría debió dedicarse a tareas que por su
naturaleza requieren una formación cada vez menor (en las
maquilas por ejemplo). Las condiciones de trabajo se
deterioraron, la jornada laboral se alargó en la
práctica (muchas veces sin pago extra) y el salario real
descendió en picada con la dolarización, en
especial para los últimos, al menos en un 30.5 % con la
conversión de 8.75 de colón por dólar
USA.

Este esquema no reserva prácticamente
ningún lugar para la educación superior
pública y de acceso masivo. La educación superior
masiva, sólo pensada como reflejo o respuesta a las
demandas inmediatas del mercado, se transforma en un gasto
improductivo y oneroso desde la perspectiva del sistema. Los
trabajadores flexibilizados y degradados no requieren una
formación que vaya más allá de la
básica necesaria para realizar tareas sencillas, en las
maquilas o ciertos servicios, por ejemplo.

Resulta más barato entonces que los trabajadores
que necesariamente requieren una sofisticada capacitación, solventen sus estudios
superiores de manera individual a través del salario (en
la práctica mediante los ingresos de sus padres). El resto
queda privado de toda formación de orden superior, que
resulta superflua en relación con el papel que se les
reserva en el sistema productivo.

Esta claro que, sobre el acceso al sistema de
educación superior salvadoreño, la variable
pertinente es la socio-económica; en tal sentido,
prácticamente no hay dificultades académicas para
entrar a una de las 26 universidades privadas o a cualquiera de
los cinco institutos especializados mientras el estudiante tenga
para pagar los aranceles, las cuotas respectivas y hasta los
libros y
fotocopias que habrá de comprar en la misma.

Para el caso, de acuerdo con la investigación de
Joaquín Samayoa (1994), el 27% de las universidades cobran
cuotas diferenciadas por nivel de ingreso, el 65% de las
universidades admiten al 90% o más de los estudiantes que
solicitan ingreso y el 25% de las universidades ni siquiera
realizan pruebas de
admisión.

Las cifras que relacionan a los niveles de media y
superior son relativamente satisfactorios en el país, pues
más de un 90% de los bachilleres ingresa a la universidad
según la publicación del MINED "Educación de
El Salvador en cifras (1994)"; sin embargo, sobre la marcha se ha
detectado que un alto porcentaje de los estudiantes tienen que
trabajar.

En la actualidad se puede reafirmar esta tesis con
más radicalidad en tanto que se han detectado más
bien "trabajadores que estudian" y que buscan los fines de
semana para estudiar. Estos factores generan problemas en la vida
del estudiante y redundan en muchos casos en fracasos o en
mediocridad. Los factores de inequidad económica son
evidentes en la pirámide de escolaridad a escala
nacional.

A manera de ejemplo, para 1992 un número
porcentual muy bajo de los estudiantes de educación
superior, o sea el 7%, provienen de un 40% hogares de bajos
ingresos, mientras que un 57% provenía del 20% de hogares
con ingresos más altos; estos datos pernean a todo el
espectro de la educación superior y se agudizan en la fase
de egreso y de graduación (Samayoa, 1994).

Entonces, en este marco, que probablemente ha variado
poco hasta el presente año, lo ideal es un sistema
universitario adecuado a la creciente separación de los
grupos
sociales mediante la distinción entre universidades de
primera clase o de elite (UCA, Matías Delgado, ESEN,
Mónica Herrera) y universidades supuestamente de segunda
clase (Pedagógica, UMA, Luterana, etc.) ambas
privadas.

El período de transición hacia la
diferenciación en su forma definitiva está signado
por la progresiva transformación en los procesos de
trabajo, que en algunos casos implica la desaparición de
ciertas ocupaciones, y en otros una simplificación
creciente. Profesiones liberales ,anteriormente bien remuneradas,
como el médico o el odontólogo con clínica
establecida, o el abogado con buffet propio, por mencionar
algunos ejemplos, se han transformado mayoritariamente en puestos
de mediana y baja remuneración dentro de grandes empresas
(hospitales privados , por ejemplo) o cadenas especializadas de
servicio.

"Estas empresas tienen acceso a tecnologías
costosas, inaccesibles para un profesional autónomo. No se
trata simplemente de un cambio en la forma, sino en el contenido
mismo de las actividades, que se hacen más sencillas,
monótonas y requieren cada vez menos de una
formación universal. Este movimiento se reflejó en
un deterioro en la formación universitaria, en el
acortamiento de las carreras de grado y en reclamos generalizados
en lo que respecta a la adecuación entre la
formación y las necesidades del mercado" (Gómez, M.
2001).

En pocas palabras, este es el proceso oculto que se
manifiesta en las prácticas y el discurso de la
lógica de la privatización y que encarna en los
diversos intereses inmediatos de múltiples
sectores.

6. Los intereses concretos detrás de la
lógica de la privatización

La obtención de un beneficio directo es el motivo
inmediato de la constante presión a
favor de cierta modalidad de privatización y es en la
búsqueda de esos beneficios donde precisamente se batalla
por un sistema universitario adecuado a la creciente segmentación registrada en el proceso de
trabajo. Es en ese marco que salen a relucir los intereses de los
sectores hegemónicos, pero también el de los
populares, ante todo cuando surge la eterna problemática
del presupuesto de la nación,
año tras año, y no se equiparan salarios con
relación al costo de la vida real.

En tal sentido, reducir hasta donde se pueda el
financiamiento estatal de la universidad nacional
contribuiría a reducir el gasto fiscal, liberando recursos
que pueden encauzarse hacia otros usos que beneficien en forma
directa a ciertos sectores hegemónicos. Estas ventajas
abarcan, entre otras, el pago de la deuda pública,
fundamentalmente la externa.

A la vez, estos sectores son también partidarios
de la reducción del gasto fiscal en función del
impacto que tal reducción generaría sobre su carga
impositiva.

En ese rubro podríamos incluir a los proveedores y
contratistas del Estado (habitualmente empresas pertenecientes a
los grupos económicos locales), al vasto conjunto de
acreedores del mismo (incluyendo a bancos, AFPs,
organismos internacionales) a las empresas privatizadas y
sectores exportadores.

Asimismo, los grupos empresariales vinculados con la
enseñanza superior sueñan con una
privatización completa que dé lugar a un
sustancioso negocio que practica la elusión fiscal
utilizando la figura de ser "empresas sin fines de lucro".
Este mercado no sólo sería atractivo para las
universidades privadas locales, sino también para
universidades extranjeras que se encuentran en proceso de
internacionalización de sus servicios donde de hecho,
instituciones de México,
España
y Chile ya se han instalado en el país para explotar el
floreciente mercado de los postgrados.

A propósito de lo anterior, es bueno traer a
cuenta que, en la investigación realizada por Oscar
Picardo (2003), titulada "Informe Nacional sobre
Educación Superior de El Salvador" (I E S A L C) este
afirma que:

"en lo que se refiere a las finanzas de
las universidades privadas no hay mayores detalles, y a pesar de
ser sin fines de lucro, existe una percepción
de que "algunos propietarios" asumen cargos dirigenciales en las
instituciones asignándose salarios y viáticos muy
onerosos; no obstante, cruzando los datos de matrícula y
colegiaturas, versus los paupérrimos salarios de docentes,
se deducen ingresos significativos que permiten el crecimiento
del patrimonio,
además de otros ingresos por servicios asociados
(fotocopias, libros, parqueos, catálogos, carné,
derechos de exámenes, trámites académicos,
etc."

En el marco esbozado, también hay espacio para
ganancias asociadas con el sector financiero, pues la banca
comercial local normalmente suelen incluir algún sistema
de crédito
a los estudiantes -con subvención estatal- que
posiblemente se canalice a través del Banco Multisectorial
de Inversiones
(BMI) para afrontar el costo de los estudios, lo que abre un
nuevo segmento en el mercado de capitales. De hecho, el
Banco Salvadoreño ya publicita un crédito para
financiar estudios universitarios sea a nivel de grado o
postgrado, a través del Programa de Garantía para
pequeños empresarios (PROGAPE).

En cuanto a las grandes empresas, su interés
por la privatización está asociado con la
búsqueda de una universidad más afín con sus
necesidades y la lógica privada. Por un lado, estas
empresas reclutan la mayor parte de sus plantillas
técnicas entre los graduados universitarios y aspiran a
disponer de profesionales formados según sus
requerimientos, sin afrontar el costo de capacitación
directa e indirecta que ello implica. Además, desde su
punto de vista, las empresas financian parcialmente e
indirectamente la universidad al destinarse una parte de sus
impuestos a ésta.

Más aun, su interés por la
privatización reside en que el perfil de graduados de una
universidad privada -e igual nivel de preparación, que por
otra parte no es lo que hoy sucede- tiende a ser más
conveniente para este tipo de empresas: los graduados carecen de
una formación orientada sobre la base de principios
sociales y por tanto desarrollan una actitud de
mayor valoración hacia la actividad privada (Lindenboim,
2001).

Por su parte, los partidos
políticos de izquierda y de centro, y en ocasiones
incluso los intelectuales afines, ven a la universidad como una
potencial fuente de pensamiento autónomo y crítico
capaz de cuestionar el sistema vigente tanto desde su aspecto
ideológico como desde la acción política
directa, lo cual podría quitarles el protagonismo
mediático y de movilización tan necesario para un
político que vive de la política
partidista.

Los partidos políticos tradicionales
también han impulsado abierta o solapadamente las posturas
privatizadoras. De hecho, el FMLN, en una declaración al
parecer bastante precipitada a fines de 2005, hasta cierto punto
avala la implantación de la lógica de la
privatización de la UES, al apoyar una iniciativa
legislativa tendiente a firmar, sin mayor discusión entre
los sectores, en su momento, el mencionado préstamo con el
BID.

En algunos casos esta posición responde de manera
inmediata a sus vínculos directos con los intereses antes
mencionados. En otros, a un simple intento de control social
destinado a desactivar el histórico papel combativo de la
comunidad
universitaria. Pero no hay que olvidar también que la UES
se fue convirtiendo históricamente en una fuente de
financiamiento partidario, de captación y "fogueo" de la
futura dirigencia política nacional (casi todos los ex
comandantes del FMLN fueron en su momento lideres estudiantiles)
y de rédito político a través de la
propaganda y la
organización.

Es más, dentro de la propia universidad nacional
hay quienes no ven con mala cara el proyecto privatizador. La
conjunción de la necesidad de mayor presupuesto, con la
premisa de que es imposible conseguirlo, lleva a algunos sectores
del cuerpo docente a sostener que la única solución
es aplicar las recomendaciones del BID, particularmente el
referido a los aranceles. Aunque estas posiciones no suelen ser
mayoritarias es menester reconocer su presencia, fruto
también de la influencia neoliberal en los círculos
académicos.

En particular se destaca un sector entre los docentes e
investigadores vinculados al Consejo de Investigaciones
Científicas (CIC) que se ha visto especialmente
favorecido, con cierta razón, por la penetración
del financiamiento directo. Esta "aristocracia
científica" o "elite académica" (que por
cierto ya era tiempo que surgiera), generalmente vinculada de
manera estrecha con algunas autoridades de la universidad, o por
méritos realmente ganados en su práctica, apuesta a
encontrar en la implementación de la lógica de la
privatización una fuente de beneficios adicionales e
ingresos económicos, así como una
disminución de sus obligaciones
docentes. Lo mismo puede decirse de quienes hoy administran
exiguos recursos financieros y se sienten atraídos por la
posibilidad de manejar mayores fondos y acrecentar así su
influencia burocrática, como de hecho sucede en las
oficinas centrales de la UES y en algunos decanatos.

En síntesis,
de hecho, no sería correcto minimizar los avances que han
logrado en las últimos meses en dirección a la "nueva modalidad de
privatización" de la UES, especialmente a
través de la imposición sistemática del
ajuste presupuestario y la introducción de criterios
mercantiles en la enseñanza, donde incluso los docentes de
la institución pagan para cualificarse cuando realizan
estudios de postgrado, en abierta violación al
"Reglamento general del sistema de escalafón del
personal de la UES", en su numeral 19 ,literal f. Es, en
estos casos concretos, donde ya puede verse el avance de la
lógica de la privatización como la nueva mentalidad
con que se quiere manejar la institución.

Sin embargo, y en esto hemos de ser claros, los caminos
de la lógica de la privatización no se limitan a la
aplicación de aranceles directos ni sólo al aumento
de cuotas (disfrazado, claro está, de
actualización). En varias facultades de la UES los
criterios mercantiles se impusieron principalmente en los
estudios de postgrado, donde se encontró terreno
fértil para cobrar los cursos. Así, la Universidad
Nacional ya se dedica a la conquista de este jugoso
mercado.

En detrimento de los estudios doctorales (aún
inexistentes en la UES y las privadas) se ha registrado una
verdadera invasión comercial de diversos cursos de
postgrado y maestrías, en numerosos casos de pobre nivel
académico, orientados principalmente a otorgar nuevas
credenciales que en teoría contribuirán a facilitar
la inserción de los egresados en un mercado laboral cada
vez más estrecho y competitivo.

Partes: 1, 2

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