Partidos de izquierda (página 2)

Partes: 1, , 3

4.- El enfrentamiento con Sendero
Luminoso

Las primeras reacciones de la izquierda ante el PCP-SL
fueron del asombro y menosprecio inicial a una tímida
condena de sus acciones. De
manera general le criticaron el uso del terrorismo,
en tanto no era "un método
de lucha revolucionaria" (Bernales 1980: 10), y su "vanguardismo". Es decir, se les objetaba que la
ejecución de sus acciones no fueran acompañadas
de una masiva y amplia movilización de los sectores
populares. Al respecto, el recién elegido Senador de la
República, Rolando Breña Pantoja, integrante del
UNIR y dirigente del PCP– Patria Roja, señalaba lo
siguiente:

No estamos de acuerdo con la utilización de
métodos
terroristas, porque en este momento solamente
contribuirán a incitar a la represión, a aislar a
la izquierda del pueblo y a darle argumentos a la derecha y al
gobierno para
reducir nuestros márgenes de acción. Nosotros no tenemos
participación en ninguna maquinación,
preparación e implementación de actos
terroristas, subversivos o desestabilizadores. Para nosotros lo
fundamental no es estabilizar o desestabilizar a un gobierno,
lo fundamental es luchar por el programa bajo
el cual fuimos elegidos en el proceso
electoral. (Breña 1980: 16).

Una opinión similar era compartida por Gustavo
Espinoza, dirigente del PCP Unidad:

[…] lo primero que debe quedar bien claro es
que la lucha de los comunistas es una lucha de masas; para
nosotros los actos aislados, las acciones individuales, los
métodos putchistas no solamente no son revolucionarios
sino que objetivamente benefician a los grupos
contrarrevolucionarios porque facilitan sus planes represivos.
En estos actos están involucrados los grupos derechistas
empeñados en reprimir al pueblo e imponer en el
país una dictadura.
Ningún grupo de
izquierda por luminoso que sea tiene capacidad organizativa ni
poder de
fuego suficiente para implementar una campaña de esa
magnitud y ninguna organización seria de la izquierda tiene
interés en deslizarse ahora por el
sendero de las formas armadas de lucha que no empleara tampoco
contra la dictadura castrense de Morales Bermudez. Lo de
campaña terrorista resulta cortina de humo. (1980:
10).

La condena al PCP-SL se mantuvo en esos
términos durante un tiempo
más. Aunque la izquierda fue variando su percepción y sus críticas conforme
las acciones subversivas tomaban otro cariz y se iban
expandiendo en el país durante los ochenta.

En su interpretación del conflicto,
la izquierda consideraba que la subversión tenía
una causa fundamental en la postración y
explotación social de los sectores populares que la
"democracia
burguesa" era incapaz de enfrentar y acabar. En ese sentido, el
uso de la violencia
para cambiar aquel "orden injusto" se legitimaba en la medida
que la ejercieran "las masas" y no una "vanguardia
iluminada" en su nombre y más aún empleando el
terrorismo en forma indiscriminada. "El derecho a la violencia
es legítimo y lo encontramos cuando Cristo echa a los
mercaderes del templo e insurge contra el orden mercantilista,
cuando Espartaco se rebela con los esclavos, en el mismo Santo
Tomás… lo vamos a encontrar siempre que los elementos
fundamentales de la vida humana sean violados por sistemas de
opresión y explotación del hombre. El
terrorismo nada tiene que ver con esta violencia…" (Bernales
1981).

La ambigüedad de la izquierda se evidenciaba
mucho más cuando sus dirigentes trataban de diferenciar
la lucha armada real que llevaba a cabo Sendero Luminoso, de un
proceso ideal que se imaginaba como de insurgencia
democrática y al que no habían renunciado.
Así Rolando Breña, senador y dirigente del
PCP-Patria Roja afirmaba que la sola acción terrorista
no podía desequilibrar una "situación política y
económica" desembocando en una situación
revolucionaria. Mientras que, Javier Diez Canseco, diputado y
dirigente de VR, sostenía que "la transformación
social se conquista a través de un proceso de lucha de
masas, masas organizadas que ven enfrentados sus derechos contra la
violencia de la reacción" (1981: 10). Ante tal
situación, no quedaba otra alternativa que la "violencia
revolucionaria que es una acción de masas" (Breña
1981: 10). Al ser considerada inevitable, una de las tareas de
la izquierda consiste entonces en "decirle al pueblo (…)
que no sea ingenuo y que sepa qué clase de
enfrentamiento vendrá en el momento en que vaya
avanzando en la conquista de sus derechos y quiera hacerlos
respetar (Diez Canseco 1981: 10). Lo que se cuestionaba no era,
en principio, la posibilidad de la violencia como parte de la
acción política; sino la forma y oportunidad con
que Sendero Luminoso imponía su particular
levantamiento.

En esta situación algunos sectores del gobierno
de Acción Popular acusaron a IU de ser "fachada del
terrorismo"33.
En ese contexto de acusaciones se promulgó el Decreto
Ley 046,
conocido como "Ley Antiterrorista". Tal medida desató
una cerrada oposición de la IU que la entendió
como una maniobra del gobierno para "debilitar y destruir las
organizaciones
populares y de izquierda y poder aplicar sin mayores
obstáculos su política
económica sujeta a las directivas del Fondo Monetario
Internacional" (Herrera 2002: 305). La oposición
izquierdista y aprista en el parlamento la consideró
inconstitucional, un "atentado contra la libertad de
prensa".

Según Gorriti, por un lado, dicha ley
consideraba como acciones terroristas "la destrucción o
deterioro de edificios públicos o privados, vías
de comunicación o transporte o
de conducción de fluidos o fuerzas motrices", y que "en
años siguientes, algunos dirigentes gremiales
provincianos, cuyas acciones de protesta habían incluido
el bloqueo de carreteras, por ejemplo, fueron detenidos y
procesados mediante la aplicación, en forma arbitraria,
de aquel artículo" (1990: 146). Muchos de esos
dirigentes gremiales militaban en partidos de IU y purgaron
prisión durante varios años acusados de
"terroristas". En 1984, el número de militantes de IU
presos y recluidos en el penal de Lurigancho (departamento de
Lima) sumaba 14234.
Y por otro, el articulado sobre la prensa y la
"apología" del terrorismo, criticado en forma vehemente
por la izquierda, nunca se aplicó, "ni siquiera
años después, cuando 'El Diario' pasó a
encontrarse bajo el control real
de Sendero" (Gorriti 1990: 147).

Aquella indefinición frente a la lucha armada y
las acciones del PCP-SL se mantuvo, aunque se empezaba a notar
ciertos matices en las declaraciones de sus máximos
dirigentes. Así con ocasión de una romería
a la tumba de José Carlos Mariátegui, en abril de
1982, Alfonso Barrantes, presidente de IU respondió de
la siguiente manera a un grupo de exaltados militantes
izquierdistas radicales: "deseo un buen viaje a los
compañeros que han escogido el camino de las armas, pero
este hecho de ninguna manera alterará el camino y el
cronograma que nos hemos trazado en IU"35.
Y a propósito del asalto al penal de Huamanga
(departamento de Ayacucho) en marzo de ese año, un
pronunciamiento de IU destacó: "el valor de la
entrega de la vida en defensa de sus ideales de los militantes
de Sendero Luminoso, señalamos nuestras discrepancias
con ellos, ya que en política no valen las buenas
intenciones sino las repercusiones y proyecciones concretas de
una determinada acción" por lo que no se discutía
la opción armada sino su oportunidad. Por entonces, el
PCP-SL era para IU un grupo "llevado por su fanatismo
dogmático" que daba argumentos a la "derecha
reaccionaria" para incrementar los abusos "y la opresión
contra el pueblo". En realidad, se percibía el carácter provocador de Sendero Luminoso,
pero aún no existía una objeción de fondo
a la violencia como parte de la acción
política.

El incremento de las acciones del PCP-SL en los
departamentos de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac,
durante los dos primeros años del gobierno de
Acción Popular, trató de ser contrarrestada con
el ingreso de las Fuerzas Armadas a fines de
198236,
con lo cual se fue configurando uno de los primeros escenarios
del conflicto armado interno. Sin embargo, a pesar de que las
acciones subversivas disminuyeron, su persistencia le fue
restando legitimidad a la democracia recién instalada.
Para Gonzales "lo significativo, dentro del problema de la
consolidación de la democracia en el Perú, es que
ésta fue tempranamente jaqueada por la acción
armada senderista (…) la democracia entendida como
reglas de juego en
torno al poder,
no sólo no se había consolidado sino que incluso,
desde su origen, encontraba grandes obstáculos para su
legitimación en tanto régimen
político" (1999: 144).

Al igual que la democracia, la mayoría de los
partidos integrantes de IU fueron cuestionados primero por la
acción del PCP-SL y tiempo después por la del
MRTA. Cada uno a su manera, llevaron a la práctica lo
que la izquierda pregonó con vehemencia durante la
década de los setenta, es decir, que el poder
político se conquista mediante la lucha armada y que la
revolución era inevitable. Al compartir
una matriz
ideológica similar, dichos partidos no pudieron asumir
una posición clara frente al tema de la "violencia
revolucionaria", ni deslindaron claramente con el pensamiento
y la acción del PCP-SL y del MRTA. Esta
indefinición junto a la ambigüedad frente a la
democracia fueron los gérmenes de futuras tensiones al
interior de IU que a la postre los llevó a su ruptura
cuando sus partidos integrantes se animaron a
encararlas.

Hacia 1983, la izquierda había logrado ganar
audiencia entre diversos sectores del país. Esto
quedó particularmente demostrando en noviembre de 1983
cuando IU ganó las elecciones municipales para la
Alcaldía de Lima. Alfonso Barrantes resultó
elegido como alcalde. La izquierda obtuvo el 29% del total de
votos emitidos en todo el país. IU triunfó en
siete capitales departamentales y 30 capitales
provinciales.

Sin embargo, el auspicioso resultado electoral no
modificó sustancialmente las arraigadas interpretaciones
y valoraciones de la democracia. La mayoría de los
integrantes de IU siguió contemplando un horizonte de
enfrentamientos en su camino hacia la construcción de un "poder popular" y una
auténtica "democracia popular". Aunque, en el corto
plazo, IU en tanto tal no dejó de contemplar con mucha
expectativa la posibilidad de acceder electoralmente al
gobierno en 1985 y llamaba la atención sobre la posible respuestas de
la "derecha civil y militar" en caso de ocurrir efectivamente
una victoria de IU. Agustín Haya de la Torre, diputado y
dirigente de la UDP, señala en ese sentido:

Hay que saber bien que las clases dominantes
sólo admiten las libertades democráticas cuando
éstas no atentan contra sus privilegios; pienso que
hacemos bien al buscar un consenso popular favorable a la
izquierda, pero sería suicida creer que la derecha
militar y civil va a respetar la Constitución en el caso de un triunfo
izquierdista. No podemos caminar sólo sobre el carril
electoral, hay que organizarse de manera que el pueblo
esté en capacidad de contestar con la violencia
revolucionaria a la violencia de los opresores
(1983).

En cuanto a Alfonso Barrantes, si bien su deslinde con
el PCP-SL fue público y notorio tras su encumbramiento
electoral, su liderazgo no
tuvo consenso en cuanto a dirimir cuál era la
posición de la IU frente a la lucha armada. En lo
personal su
postura era opuesta a ella, aunque compartía, cada vez
menos, con el resto de integrantes del frente izquierdista la
ilusión por una insurrección popular donde se
combinaran "todas las formas de lucha"; en tanto, su
opción por la integración definitiva al régimen
democrático fue cobrando mayor fuerza37.
Pero con el objetivo de
unir al frente, Barrantes, y su entorno, no terminaron de
confrontar definitivamente los campos ideológicos en IU,
sino hasta varios años después. Eso sí,
reforzó la oportunidad de aunar nuevos aliados,
especialmente en el caso del PCP Unidad, que había
conseguido colocar 129 regidores, 39 alcaldes distritales y 6
alcaldes provinciales en las elecciones municipales de
noviembre.

Las expectativas generadas por el éxito
electoral de 1983 postergaron la resolución de los
problemas
que se originaron con la fundación de IU, los que
tenían que ver con la autonomía de los partidos y
la naturaleza
del frente, la relación con las organizaciones gremiales
y populares, la aplicación del programa de IU, su
posición frente a la política económica y
a la contrainsurgente del gobierno de Acción Popular,
entre otros (Sanborn 1991: 315). Esta situación
motivó la pérdida de iniciativa de IU en la
escena política nacional y mantuvo su precaria
institucionalización, según Gonzales:

la inestabilidad interior de IU y la ausencia de una
propuesta hegemónica dentro de ella coadyuvaron para el
agudizamiento de las contradicciones que ya la caracterizaban.
De este modo, el frente se convirtió en un ámbito
de disputas de todo tipo: tácticas, estratégicas,
programáticas y personales. La IU hacía cada vez
menos favor a su nombre y las contradicciones la paralizaban.
El temor que se repitiera la experiencia chilena38
presionaba fuertemente sobre el ala reformista, que
buscaba desprenderse del ala radical para así evitar el
veto de los militares (1999: 222).

Sin una propuesta ideológica y política
que se convirtiera en hegemónica, la ambigüedad
discursiva y de acción política se mantuvo en IU.
Esta situación se vio reflejada en las conclusiones del
III Comité Directivo Nacional Ampliado del frente
izquierdista, realizado el 28 y 29 de abril de 1984. "IU no
renuncia por principio a ningún medio de lucha, ni forma
de organización. Combina todas y cada una de ellas, sean
legales o ilegales, abiertas o secretas, según las
circunstancias", empleando para ello "los medios menos
dolorosos posibles pues esto coincide con la aspiración
de las masas" (IU 1984: 15). En sus Lineamientos
Estratégico Generales, la IU se
definió:

Como un frente revolucionario de orientación
socialista para hacer la revolución, alcanzar la
liberación nacional y establecer un estado
democrático popular, en lucha por el socialismo; que
emerge como factor político aglutinador del conjunto de
fuerzas sociales que integran la clase obrera, el campesinado,
el semiproletariado, la pequeña burguesía y los
sectores medios, entre ellos los medianos productores y
comerciantes; y asume que el componente fundamental de su
estrategia
está relacionado con la cuestión del Poder y con
las formas y los medios para conquistarlos y debe basarse en la
movilización, organización y lucha revolucionaria
de masas.

Más precisamente, sobre la participación
en la democracia "formal", el Informe
Político del V Congreso Nacional del PCP-Patria Roja, en
abril de 1984, declaró que: "Si es indispensable y
necesario participar en ellas [en el parlamento y los
municipios], lo es también reconocer sus límites
y admitir que nuestro propósito no consiste en
fortalecerlo, sino más bien socavarlo haciendo evidentes
sus subterfugios" (Parodi 1993: 136). Ese mismo año, el
primer congreso del Partido Unificado Mariateguista
(PUM)39
afirmó que: "la lucha electoral y la que se
desarrolla en los espacios parlamentarios o municipales
conquistados, por convertirnos en alternativa de gobierno
dentro del Estado reaccionario son parte de la lucha
política de masas y de la forja del poder popular,
preparando fuerzas para la confrontación a que la
reacción empuja con la defensa intransigente de sus
privilegios" (1984).

En los meses siguientes, el gobierno de AP
enfrentó, en su etapa final, una grave crisis
económica y un agitado panorama social debido, entre
otras razones, a las movilizaciones de los gremios y las
organizaciones populares en defensa de sus condiciones de vida;
y, por otro, de la agudización del conflicto armado
interno con la incorporación a la "lucha armada" del
Movimiento
Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), desde enero de 1984,
y el incremento del número de víctimas como
consecuencia de la respuestas contrainsurgente de las Fuerzas
Armadas en las zonas declaradas en estado de
emergencia40.
En estas circunstancias, los rumores de un probable golpe de estado
militar circularon con intensidad en los medios
políticos y de la opinión
pública.

El balance de IU acerca de esta última etapa
consideraba "previsible una creciente agudización de las
contradicciones sociales, el resquebrajamiento de los soportes
políticos ideológicos y morales de las instituciones en las que se asienta el poder de
las clases dominantes y la expoliación y opresión
del imperialismo
norteamericano; y simultáneamente, una etapa de
polarización social, de crisis política, de
descomposición moral,
imposible de encontrar salida a través de modelos
neoliberales o reformistas" (Herrera 2002: 224). Por lo tanto,
ante el probable cierre de los espacios democráticos y
la cancelación de las libertades democráticas, IU
y las organizaciones políticas que la integraban,
tenían que asumir una postura clara, o bien en defensa
de la democracia y por ende de sus instituciones y reglas; o
bien preparar las condiciones organizativas y materiales
para enfrentar una ofensiva de un probable gobierno militar o
cívico –
militar, antesala de un hipotético desenlace
revolucionario. La forma en que intentó resolver el
PCP-Patria Roja este dilema permite constatar la existencia de
posiciones "radicales" y "reformistas" incluso al interior de
cada uno de los partidos integrantes de IU. El testimonio de
Jorge Hurtado, entonces dirigente del PCP– Patria Roja es
revelador al respecto:

En 1984, año en que se lleva a efecto el V
Congreso Nacional de nuestro partido culmina al interior de
Patria Roja una importantísima discusión en
cuanto a dónde debíamos concentrar la
atención del trabajo
político revolucionario.
El resultado de ese debate fue
afirmar el punto de vista de que el trabajo
del Partido, por las condiciones concretas que atravesaba el
país, debía concentrarse de manera prioritaria en
preparar las condiciones materiales y subjetivas [es decir,
organizativas] para el desarrollo
de la lucha armada, por cierto sin dejar de lado la importancia
del trabajo político de masas expresado entre otras
cosas en la consolidación de la unión de
Izquierda Unida, en el desarrollo y consolidación de la
Unión de Izquierda Revolucionaria -UNIR-41
y en avanzar en el trabajo en las organizaciones de
masas, etc.
Sin embargo, esta apreciación de carácter
general, de carácter estratégico quedó,
hasta cierto punto, congelada por el acuerdo táctico que
se da en el V Congreso en donde a la hora de abordar el
problema táctico se señala que la tarea principal
del partido era el trabajo para organizar la
participación en la lucha política electoral [es
decir, en las elecciones generales de 1985 y en las municipales
de 1986] (Herrera 2002: 208).

Otra organización que vislumbraba una
inevitable "agudización de las contradicciones sociales"
fue el PUM. Según este partido, las condiciones del
nuevo periodo de crisis del "sistema de
dominación" se verificaban en "el afianzamiento
profesional de las FFAA", en el alcance de la lucha de clases,
en las formas de autodefensa popular, la presencia del PCP-SL y
el MRTA, la aplicación por vez primera de la "guerra
sucia", la violencia generalizada y el clima de
inestabilidad. Entonces, ante tal coyuntura, su propuesta de
guerra revolucionaria implicaba "la forma de una guerra de todo
el pueblo, después de una vasta y prolongada
acción política de masas con una dirección centralizada y poderosos
movimientos regionales armados, que incluyen guerrillas
campesinas, y que se despliegan paralelamente y en unidad con
el levantamiento y el proceso de insurgencia democrática
y nacional de los obreros y todo el pueblo del país"
(PUM :28).

Hasta entonces, un conjunto de organizaciones,
integrantes de IU, pudo jugar con los márgenes legales
que la democracia proponía, y afirmarse
paradójicamente en las libertades liberales para
alimentar un proyecto
insurreccional contra el sistema que le daba pie. De hecho, el
PUM se afirmó en una estrategia de masas organizadas que
constituirían, en su proceso de enfrentamiento con el
"orden burgués", un "poder popular" alternativo,
superando sus marcos, pugnando permanentemente por hacerse del
"gobierno y el poder", "defendiendo y ampliando permanentemente
los espacios democráticos conquistados por el pueblo", y
en perspectiva de construir un partido revolucionario de masas
(PUM: 21). A pesar del radicalismo formal de sus integrantes,
PUM y UNIR, la IU se preparó para participar en las
elecciones generales de abril de 1985 y las municipales de
noviembre del mismo año.

Hasta entonces, en el seno de IU, se habían
perfilado dos corrientes. De un lado, se fue distinguiendo una
tendencia radical constituida principalmente por las
organizaciones maoístas y de la nueva izquierda: UNIR,
PUM y el FOCEP. Este bloque, ni monolítico, ni exento de
contradicciones, continuó con los estilos previos a la
democracia. Sus integrantes se empeñaron en la denuncia
de los gobiernos de turno, en los que veía la
continuación y el reflejo de las clases dominantes.
Además compartieron una íntima desconfianza hacia
las instituciones de la democracia, pero que no impidió
que participaran en ellas para demostrar sus límites y
deficiencias, y se apoyaron fervientemente en la
movilización social para mantener una identidad y
una vigencia política opositora al gobierno de Fernando
Belaunde (1980 – 1985) primero y después al de
Alan García (1985 – 1990), por lo que fue
permanente un rechazo a cualquier posibilidad de
acercamiento.

Además presentaron un estilo de
oposición que se apoyó en una constante
movilización social, centrado en la crítica de la política
económica, la denuncia de la corrupción, la denuncia de la estrategia
contrasubversiva y una creciente defensa de los derechos
humanos. Y por último, tuvo como planteamiento
máximo "hacer la revolución".

De otro lado, se hallaban un conjunto de
organizaciones -en particular, el PCR y el PSR-que atenuaban el
enfrentamiento con el régimen democrático y
valoraban positivamente su participación bajo sus
reglas, con una manifiesta atracción a un APRA
socialdemócrata hacia mediados de los ochenta. A la
cabeza de este sector se colocó Alfonso Barrantes, cuya
distancia con los sectores radicales del frente izquierdista se
consolidó al paso de su éxito como figura
pública representativa de IU, y tras ganar la
alcaldía de Lima en 1983. Esta tendencia, tanto en el
discurso
como en su acción política concreta, había
deslindado con el PCP– SL; aunque fue un sector
minoritario en el frente izquierdista, y fue calificada por el
otro grupo como "reformista".

El desarrollo de ambas posiciones fue paulatino y
marchó en forma paralela al despliegue de las
experiencias municipales y parlamentarias de IU durante de los
ochenta. Con el curso de los años un tercer agrupamiento
fue conformándose con los partidos y grupos (PCP Unidad,
Acción Política Socialista, Movimiento de
Afirmación al Socialismo) que se alinearon detrás
de un proyecto que incluyera a radicales y
reformistas.

Las divergencias de estilo de conducta
política de la izquierda fueron el correlato de las
ambigüedades frente a la democracia y su
indefinición ante la lucha armada. Según
Pásara, las izquierdas "efectuaron la mudanza sin haber
liquidado cuentas con
su herencia
ideológica; de allí las ambigüedades y
contradicciones con las cuales se mueven en este terreno"
(1988: 121).

Para las elecciones generales de 1985 se presentaban
con claridad dos tendencias en IU. Una, liderada por Alfonso
Barrantes y secundada por el PSR, el PCR y un sector de
izquierdistas que no militaba en ninguno de los partidos que
formaba parte de IU, que valoraba positivamente el desempeño izquierdista en las
instituciones democráticas y no se oponía al
manejo político que implicaba concesiones, acercamientos
y probables consensos con adversarios como el APRA. Y, otra
tendencia radical, representada por el PUM y el UNIR, que
concentrada en la cuestión del poder no admitía
concesiones a los "enemigos de clase" y pretendía la
creación de un poder popular contrapuesto a la
"democracia burguesa". Entre ambas tendencias, el PCP Unidad y
otras organizaciones menores, trataban de mantener una postura
equidistante.

La forma como encararon ambas tendencias la coyuntura
electoral de 1985 puso de manifiesto las diferencias existentes
en el seno de IU. Alfonso Barrantes, conforme su
aceptación en la opinión
pública aumentaba, viró hacia posiciones
abiertamente contrarias a la opción armada para llegar
al poder, lo que para la tendencia radical implicaba un
acercamiento a la derecha y por ende un abandono de los
principios y
postulados revolucionarios que animaron la creación de
IU. Cuando Barrantes aceptó su candidatura a la
presidencia marcó distancia con los dirigentes
izquierdaunidistas que sugerían un diálogo con los senderistas, declarando:
"yo no concilio con el terrorismo y el que lo haga dentro de IU
tiene las puertas abiertas para irse" (El Comercio
1985).

Asimismo, respecto a las ambigüedades discursivas
de los dirigentes izquierdistas señaló que: "si
Sendero [Luminoso] se convierte en la raya que obliga a una
definición, ya está tomada. No conciliaremos
jamás con el terrorismo, cualquiera sea su nombre o
naturaleza. Si los otros quieren buscar el diálogo o
acercarse a Sendero, tienen todo el derecho a hacerlo, pero esa
no es la posición oficial de IU"42.
En suma, la exacerbación de las contradicciones entre
las tendencias existentes en IU impidió encarar la
campaña electoral de mejor manera. Así por
ejemplo, el PUM privilegió la promoción de sus candidatos al parlamento
en desmedro del candidato presidencial (Herrera 2002:
281).

Derrotado en la primera vuelta, Alfonso Barrantes
declinó presentarse a una segunda vuelta electoral. Con
ello, el Comité Directivo Nacional de IU se
dividió. De un lado estaban quienes aprobaban ir a la
segunda vuelta para definir una oposición al futuro
gobierno aprista; de esta opinión eran el PUM, el PCP
Unidad y de manera menos clara el PSR y el PCR. De otro,
apoyaban el retiro de la segunda vuelta el UNIR43,
Acción Política Socialista (APS)44
y el Partido de Integración Nacional
(PADIN)45.
Finalmente Barrantes se abstuvo de participar, pretextando el
atentado ejecutado por militantes del PCP-SL contra el Dr.
Domingo García Rada, presidente del Jurado Nacional de
Elecciones. Así, Alan García, candidato del APRA,
asumió la presidencia.

La victoria del APRA inauguró un nuevo
escenario político. Por primera vez un partido
político con arraigo popular accedía al poder,
además de contar con una eficiente y eficaz
organización partidaria en todo el país. Alan
García había prometido durante su campaña
una serie de medidas que cambiarían la sociedad y
redundarían en beneficio de las grandes mayorías
nacionales que, hacia mediados de los ochenta, parecían
virar a opciones representadas políticamente por el APRA
e IU.

El hecho de que el Partido Aprista accediera al
gobierno mediante las elecciones contribuyó a la
legitimación del régimen democrático. Sin
embargo, esa legitimidad se fue erosionando gradualmente ante
la incapacidad de los gobiernos democráticamente
elegidos de contrarrestar el crecimiento y expansión del
PCP-SL y el MRTA, a lo largo de los ochenta y de los primeros
años de la década siguiente. Hasta 1985, la
acción del PCP-SL se había circunscrito
principalmente a los departamentos de Ayacucho, Huancavelica y
Apurímac46,
mientras que la del MRTA a la ciudad de Lima y de Huancayo
(departamento de Junín)47.

Durante los primeros meses de gobierno, la gestión de García consiguió
ganar las expectativas de los sectores moderados de IU, aunque
no significó un acuerdo o compromiso formal o
público con las intenciones reformistas del gobierno
aprista, sobre todo en cuanto a estrategia de lucha
contrasubversiva. El empeño por diferenciarse del APRA
gobernante no alejó del todo la evidente
atracción que ejercía el liderazgo de Alan
García sobre algunos sectores de IU, reflejado
notoriamente por la publicitada amistad de
aquel con Barrantes, quien señaló que dicho
frente no iba a caer en el antiaprismo pero tampoco en el
"seguidismo cortesano".

De ese modo, los aspectos de política
económica, donde el discurso del presidente
García ponía el énfasis en el desarrollo
de las zonas más pauperizadas del país,
especialmente en el sur andino, como parte de su estrategia
contrainsurgente, ganaron cierta anuencia entre sectores de la
dirigencia izquierdista. También causó un gran
impacto la decisión del Presidente de investigar a fondo
los sucesos de Pucayacu y Accomarca, en agosto de 1985;
así como, la destitución de altos mandos de las
Fuerzas Armadas que no dieron debida cuenta de esos hechos. Al
respecto, Barrantes manifestó: "ahora estamos seguros que se
va a sancionar enérgicamente a los oficiales y jefes
responsables de la matanza de Accomarca", y que "los
excesos48
que se han producido por un grupo de malos elementos no
pueden manchar a toda la Fuerza
Armada"49.
Esta evaluación positiva de los primeros meses
del gobierno aprista contrastaba con la lectura
que tenían los sectores radicales de IU acerca de la
naturaleza del APRA y las perspectivas de su
gobierno.

En el mes de noviembre de 1985 apareció un
comunicado de IU en la prensa escrita que sostenía que
el APRA es "una alternativa de modernización con
propósitos caudillistas y autoritarios, y sin el menor
ánimo de modificar la estructura
capitalista de nuestra sociedad"50.
En cuanto a materia
contrainsurgente reprochó la ausencia de cambios
sustanciales en la estrategia "antiterrorista", evidente en la
impunidad
con que se trataron los casos de Umaru y Bellavista, y el
retroceso del poder civil en las zonas de emergencia. El
gobierno aprista fue caracterizado como limitado por su
identificación con "el gran capital
industrial y la burguesía agraria"; "su estrategia
basada en la teoría de la pirámide social
(…) encubre y deforma las verdaderas contradicciones que
se dan en nuestra patria". Entonces, en esas circunstancias
sólo se presentan dos opciones: la del APRA y "la que
representa IU como expresión organizada del movimiento
social, democrático, popular y
antiimperialista"51.

Con tal declaración, IU intentó
colocarse a la izquierda del APRA, tratando de mantener un
perfil diferenciado, evitando en lo posible que su identidad se
diluyera ante la acción gubernamental aprista. Como
plantea Gonzales, cuando el APRA, bajo la conducción de
Alan García "asume un lenguaje que
entroncaba con el sentimiento popular y, más aún,
se apropia de banderas esgrimidas por la izquierda (como
revolución, cambio
social, antiimperialismo, lucha contra los poderes
económicos) y que habían identificado
también al APRA auroral", la IU se veía obligada
a "redefinir sus conceptos. Entre ellos (…) el de la
democracia" (1999: 203)52.

Ante el conflicto armado interno, las posiciones
divergentes respecto al sentido de la democracia y su
participación en ella, imposibilitaron que IU produjera
"una propuesta integral para combatir el terrorismo
–incluyendo el terrorismo de estado-" (Herrera 2002:
307). De hecho, las ambigüedades declarativas frente a la
subversión, en particular la del PCP-SL, contribuyeron,
en primer lugar, a que los adversarios políticos de IU
colocaran a todos sus partidos integrantes dentro de una misma
postura afín al empleo de la
violencia, lo que hizo prácticamente difícil
alejar de la opinión pública la asociación
de sectores de IU con la subversión.

En segundo lugar, paradójicamente, aquella
indefinición había alimentado y reforzado en los
sectores populares (sindicales, campesinos y estudiantiles en
particular), la idea de que el poder se conquista mediante la
lucha armada, convertida en sentido común en esos
sectores gracias al trabajo político desenvuelto por la
izquierda desde la década de los setenta. La existencia
de este sentido común facilitó el trabajo de
reclutamiento del PCP-SL y el MRTA entre los
simpatizantes y militantes radicalizados de los partidos
integrantes de IU, sobre todo, en el último tercio de la
década de los ochenta cuando la situación del
país parecía colapsar. Y, por último,
aquella ambigüedad motivó el paulatino retiro del
apoyo de la población que iba en busca de opciones
políticas más moderadas.

Hasta entonces, IU venía actuando en tres
espacios diferenciados: el parlamento, los municipios y las
organizaciones populares. En cada uno de ellos, la pugna entre
las tendencias existentes era evidente. Así, en el
parlamento, el PUM en particular y el UNIR, protagonizaron las
investigaciones
más importantes sobre violaciones de los derechos
humanos, con énfasis en el caso de las denuncias contra
las fuerzas del orden. Ello obedeció a consignas
partidarias a favor de presionar y forzar una crisis dentro del
gobierno aprista. De otro lado, algunos congresistas sin
militancia partidaria y parlamentarios del PSR encabezaron
comisiones sobre eventos del
conflicto armado interno e indagaron sobre sus causas,
elaborando y proponiendo propuestas alternativas a la
política contrasubversiva en curso. Pero estos esfuerzos
no encontraron apoyo ni en IU, ni en el gobierno, a pesar del
reconocimiento público de lo trabajado.

En los municipios, la izquierda encontró la
oportunidad de impulsar la creación de espacios de
participación popular en el nivel local, que
prefigurarían instancias de decisión y poder
paralelas al municipio, por lo que se fomentó la
creación de asambleas vecinales y la
organización de la población alrededor de sus
demandas inmediatas. Tales experiencias pusieron serios
límites a la perspectiva política (espacios de
"autogobierno de masas" contrapuestos al municipio en tanto
instancia de la democracia formal) que pretendieron atribuirle
los dirigentes del PUM y del UNIR. Conflictos
entre alcaldes y regidores de IU, entre éstos y sus
organizaciones políticas, y la priorización de
las necesidades inmediatas de los pobladores frustraron una
serie de experiencias de participación comunitaria en
curso53.

En cambio, en el ámbito de la
organización, movilización y lucha de los
sectores populares, la tendencia radical desplegó con
cierta eficacia sus
planteamientos políticos. De hecho los años del
gobierno de Alan García fueron igualmente agitados en
cuanto a huelgas y paralizaciones, incluso en mayor medida que
en el gobierno de Fernando Belaunde. Sin embargo, el ala
radical tuvo que enfrentar las pugnas reiteradas con los otros
partidos integrantes de IU por la influencia y el control de
las dirigencias de las más representativas
organizaciones populares, lo que implicaba el debilitamiento de
las mismas. De otro lado, la creciente presencia y
acción de los militantes del PCP-SL en esas mismas
organizaciones, pugnando por controlarlas y utilizando
métodos coercitivos y violentos, que contemplaba incluso
el "aniquilamiento selectivo" de sus competidores
izquierdistas, paralizaba la acción de las
organizaciones políticas de IU. ¿Cómo
enfrentar a "los compañeros equivocados", como
solía llamárseles en los predios de la tendencia
radical, probables compañeros de ruta?. Hasta entonces,
no había una respuesta clara al respecto.

El 18 de junio de 1986, presos acusados de pertenecer
al PCP-SL se amotinaron y tomaron algunos rehenes en tres
cárceles de Lima: Santa Bárbara -penal de
mujeres-, Lurigancho y El Frontón tratando de evitar ser
trasladados al penal Miguel Castro Castro. El gobierno
delegó en las fuerzas del orden la restitución
del principio de autoridad.
El saldo fue la muerte de
244 personas54.

Ocurrido el debelamiento del motín, el
Comité Directivo Nacional de IU emitió un
comunicado en el que condenó y rechazó la
provocación de los militantes del PCP-SL y
criticó la acción militar y policial que se
realizó "sin que agotaran los recursos
disuasivos normales" (Herrera 2002: 314). El 21 de junio,
Alfonso Barrantes declaró acerca de la necesidad de
restablecer el orden en los penales, pero que debía
"hacerse sin violar las normas
legales"55.
Al día siguiente, señaló que "el
Perú está de duelo por todas las víctimas
sin distinción alguna"56.
Por último, el 29 de junio, apareció un nuevo
comunicado del Comité Directivo Nacional en el cual se
demandaba el esclarecimiento de los hechos y la sanción
de todo aquel que resultase responsable de los "luctuosos
hechos"57.

En tal coyuntura, la izquierda se encuentra

enfrentada, como todo el país, ante hechos
consumados, corre ahora el riesgo de
quedar aislada de importantes segmentos de la ciudadanía y del pueblo en general al no
avalar las acciones del Estado y a la vez no tener una
estrategia para enfrentar, desde el pueblo y por cuenta propia,
el desafío terrorista. Lastrada por ciertas
mitologías mal digeridas, confunde la violencia con la
revolución, la parte con el todo, el medio con el fin.
Una cosa es afirmar que no puede haber revolución sin
violencia, y otra es atribuir un carácter revolucionario
a cualquier violencia contra el orden establecido" (1986:
9).

Hasta entonces, la disyuntiva, utilizando la
terminología izquierdista de la época, entre
"reforma" o "revolución" no había encontrado su
resolución al interior de IU. Por el contrario, esa
indefinida situación, que se agudizaba con la presencia
del PCP– SL y el MRTA, repercutía enormemente en
su desempeño político. Sin embargo, los
dirigentes y los partidos que se adscribían a ambas
tendencias eran conscientes de los réditos que les
traía la unidad en un mismo frente político
electoral. El PUM y el UNIR contaban con una considerable
presencia e influencia en el movimiento campesino,
barrial, magisterial y estudiantil. En suma, una importante
base social organizada con la que no contaban sus oponentes. En
tanto, Alfonso Barrantes, que tras su paso por la
Alcaldía de Lima se había convertido en una
figura central de la política nacional, era el candidato
presidencial izquierdista con mayores posibilidades de ganar en
las elecciones de 1990. En estas circunstancias ninguna de las
tendencias podía prescindir de la otra.

Poco antes de las fiestas patrias de 1986, se supo por
declaraciones de un diputado aprista, que el presidente de IU
sostenía reuniones con el Secretario General del PAP,
Armando Villanueva, con el propósito de ventilar la
posibilidad de presentar un candidato común a las
elecciones municipales de noviembre de ese año. Tal
noticia causó desconcierto en el frente izquierdista,
hasta que Barrantes mismo confirmó tales reuniones a
través de un mensaje televisado, donde reiteró
una vez más su llamado a un "gran acuerdo nacional" para
detener el proceso de violencia y hacer viable la democracia.
En la misma presentación deslindó duramente con
el PCP-SL, aclarando que era objetivo central de IU combatir a
la subversión, señalando finalmente que "hay
algunas pocas cosas que merecen ser apoyadas de la
acción del gobierno y muchas otras que requieren un
necesario cuestionamiento. No hemos caído ni caeremos en
la mezquindad de negar lo primero, ni mucho menos en la
conciliación de callar lo segundo"58.

Sin embargo, las "pocas cosas" que debían ser
apoyadas no configuraban un consenso en el frente de IU. Las
opiniones estaban divididas entre los radicales y su
insistencia en instrumentalizar la democracia en una
perspectiva de insurrección popular, considerando los
logros políticos del gobierno, en cuanto consenso y
apoyo popular, como derrotas políticas para la
izquierda; y, los sectores moderados, que aunque
señalaban la falta de una política
contrasubversiva coherente, encontraban en el empeño
renovador del presidente, una voluntad con la que era posible
establecer algún consenso hacia la pacificación,
el freno de la militarización y el cambio hacia
políticas que protegieran la economía popular.
En éste último sentido la propuesta de un "gran
acuerdo nacional" formulada por Alfonso Barrantes retomaba una
disposición propicia al diálogo que venía
desde tiempo atrás.

En esas circunstancias, IU participó en las
elecciones municipales del 9 de noviembre de 1986. Barrantes
fue el candidato en busca de la reelección para la
Alcaldía de Lima. Confiando en la popularidad que le
había deparado su gestión, no se
comprometió de lleno en la campaña electoral. En
tanto, Jorge del Castillo, candidato del APRA, desplegó
una intensa campaña electoral que contando con el
evidente apoyo presidencial le facilitó el triunfo en
las elecciones por un estrecho margen de votos. A pesar de
haber incrementado su caudal electoral con relación al
obtenido en la contienda electoral de 1983, IU perdió en
numerosas provincias de los departamentos de Cuzco, Puno y
Arequipa (Tuesta 2001). A fines de año, IU
concluía un periodo de gobierno municipal, con
desempeños dispares en las gestiones ediles, con muy
poca coordinación con los dirigentes
nacionales de IU, y con muy poca o nula estructuración
con las organizaciones partidarias. Las sucesivas derrotas
electorales de 1985 y de 1986, agudizaron los conflictos dentro
del frente izquierdista que, como señalaban voceros del
PCP Unidad, poco tenían que ver con horizontes
ideológicos, sino con diferencias personales y estilos
políticos que oponían especialmente a Javier Diez
Canseco, secretario general del PUM, y al mismo Alfonso
Barrantes. Tal oposición subordinó la dinámica de IU a la búsqueda de un
equilibrio
mínimo que no precipitara una ruptura, donde la figura
de Barrantes hacia las veces de fiel de la balanza y carta de
presentación de la legitimidad izquierdista en la
"democracia burguesa".

De ese modo, la percepción pública de
una izquierda cada vez más comprometida con la
democracia se apoyó en el liderazgo de Barrantes, con el
apoyo del PCR y del PSR, entre otros grupos menores. Analistas
de la época expresaron que lejos de apreciar en IU a un
potencial enemigo de la democracia, había que ubicarlo
como un eventual defensor de la misma, y quizás como un
combatiente más decidido debido a sus extendidos lazos
sociales:

En resumen, el periodo que va desde 1980 a 1986 es, a
pesar de los desencantos y frustraciones, una etapa en la que
las clases populares y los partidos de izquierda se van
adaptando a la democracia, asumiendo actitudes
más pragmáticas y ganando confianza en las
posibilidades de obtener cambios sociales dentro de las reglas
básicas del sistema" (Rospigliosi: 124).

Sin embargo, las críticas al liderazgo de
Alfonso Barrantes motivaron su renuncia a la presidencia de IU
en 1987. Renuncia, que fue el síntoma de un malestar
más profundo en la izquierda legal. La figura de
Barrantes, y el tipo de vínculo que se estableció
con él, habían compensado la falta de
consistencia de los partidos de IU para levantar por sobre sus
proyectos
particulares, uno común y sostenible en el tiempo. Jorge
del Prado presentó en el X Congreso Nacional del PCP,
realizado en 1991, una apreciación que ya acumulaba
años de un vínculo agobiante:

La renuncia de Barrantes a la presidencia de IU en
1987 cerró un ciclo de la crisis como una válvula
de escape para una situación ya insostenible. Pero la
crisis continuó al no resolverse su causa fundamental:
la ausencia de una auténtica unidad programática,
estratégica y táctica y de un proyecto nacional
claro" (Herrera 2002: 373).

En ese contexto, los militantes, en particular, los
jóvenes, exigieron a sus dirigentes una actitud
más consecuente con los postulados revolucionarios
enarbolados hasta entonces. La percepción de la
distancia entre los acuerdos partidarios y el cumplimiento de
los mismos provocó, en el caso del PCP– Patria
Roja por ejemplo, la separación de un importante
contingente de sus militantes y dirigentes.

En diciembre de 1986, apareció una Carta al
Partido, firmado por 11 dirigentes del PCP– Patria
Roja, dirigida a Alberto Moreno entonces Secretario General de
dicho partido. En ella, bajo un lenguaje partidario, se
criticaba a los máximos dirigentes por su alejamiento de
la Línea General, es decir de "preparar al partido para
la guerra", aprobada en su V Congreso, y las desviaciones
reformistas en las que habrían incurrido.

Existe también, a nuestro modo de ver, cierta
incomprensión y/ o inconsecuencia con la Línea
General del Partido, así como una peligrosa
distorsión de algunos aspectos medulares de la doctrina
del proletariado y del Partido particularmente en los referidos
al Estado, a la democracia burguesa, al problema del poder, a
la concepción de la táctica y la estrategia
revolucionaria, a la concepción dialéctica del
desarrollo objetivo, entre otros, que han conducido a una
sobrevaloración de la legalidad, a
la subestimación del trabajo de masas; a la renuncia de
la agitación y propaganda
revolucionarias, a la absolutización de la lucha por las
reformas –de acuerdo a una visión evolucionista de
la lucha de clases, a la subestimación y hasta
negación del papel de clase dirigente del proletariado,
a la virtual liquidación del aparato ilegal del partido,
y al abandono de los preparativos de la lucha armada por el
poder, más concretamente, para afrontar consecuentemente
la situación revolucionaria y la guerra civil que el V
Congreso y los posteriores plenos del CC [Comité
Central] prevén" (1986: 3).

El contingente de militantes y dirigentes que
abandonaron el PCP-Patria Roja dio origen al UNIR–
Bolchevique, que tiempo después se disolvió.
Algunos de sus integrantes se incorporaron a las filas del
PCP– SL y el MRTA. Estas rupturas ocurrieron
también en el PUM y en el PCP-Unidad, cada una tuvo sus
particularidades, pero tuvieron en común la lectura de
que el país transitaba aceleradamente a una
"situación revolucionaria".

Tras los dos primeros años de gobierno, la
gestión aprista comenzó a dar muestras de estar
llegando a los límites de su propuesta de
reactivación económica. No obstante, el gobierno
desplegó una política redistributiva en el campo,
especialmente en el llamado Trapecio Andino. Pero los
límites de su propuesta motivó finalmente la
movilización del campesinado, particularmente en Puno,
en medio del incremento de las acciones del
PCP-SL59.
En ese departamento, el PUM estableció la avanzada de su
propuesta, cada vez más radicalizada y orientada hacia
una acción armada60.

A ello se sumó la considerable presencia que el
PCP– SL había logrado en el país y el paso
del MRTA a una siguiente etapa de su guerra con la apertura del
Frente Nororiental en noviembre de 198761,
aumentando así el nivel de enfrentamiento con las
fuerzas del orden.

En este contexto, las posiciones radicales se
acrecentaban no sólo en IU, sino también en otros
sectores de la izquierda. Un evento donde se percibió
claramente este aspecto fue la Asamblea Nacional Popular (ANP)
organizada con especial empeño por el PUM, el PCP Unidad
y la UDP62,
en Villa El Salvador, en noviembre de 1987. Este evento resulta
ejemplar para ilustrar los empeños izquierdistas por
operativizar una estrategia de "poder popular" en la
gestación de un nuevo estado. La ANP se proponía
"el diseño, aunque fuera inicial, de un
régimen democrático alternativo", y a pesar de su
gran presencia de "masas" terminó, quizás
justamente por eso, proponiendo la convocatoria a un paro
nacional, negociando la forma de aquel entre el PUM y el PCP
Unidad, cada uno colocando a la ANP y a la Confederación
General de Trabajadores del Perú (CGTP) como la llamada
a dirigir el paro.

En dicho evento se enfrentaron con particular publicidad las
opciones más extremas de la izquierda. A ello
contribuyó el desempeño de la UDP, que se
acercó al PUM para sostener un punto de vista que
contemplaba la inevitabilidad de una confrontación
armada como fin del periodo de gobierno aprista. Un informe del
Comité Central del PCP Unidad analizaba el rol del PUM
en este sentido:

Como sabíamos de antemano, el PUM tiene una
concepción subjetiva sobre la situación actual,
considera que nuestro país vive ya una situación
revolucionaria -a veces la llama prerrevolucionaria-que
está a punto de hacer crisis y, por tanto, urge tomar el
control total del movimiento obrero para realizar acciones de
gran envergadura tendientes a derrocar al gobierno aprista para
posibilitar el inmediato acceso del movimiento popular al
poder" (Herrera 2002: 426).

Pero el PCP-Unidad dudaba de estas intenciones "en
apariencia radicales" del PUM, y las interpretaba mas bien como
"electoreras", efectuadas con el afán de ganar
hegemonía en el escenario de una ANP con
"aproximadamente 1200 organizaciones sindicales, sociales,
políticas, etc.", colmada de dirigentes proclives a ese
discurso. Una reunión posterior de delegados de la ANP
hizo mención a la urgencia de la autodefensa de masas
como "cuestión actual, central, vital, que de no ser
atendida en concreto
como una tarea cotidiana sería el más grave
error" (Herrera 2002: 429).

En el difícil proceso seguido por IU para
sostener en un sólo frente a las opciones moderadas y
radicales, la ANP contribuyó paradójicamente a
separar aún más a las tendencias en conflicto. Si
bien los moderados no se opusieron ni atacaron el evento, lo
dejaron pasar y a la postre, pudieron contemplar su
disolución en el curso de su propia y cada vez
más exigua dinámica. Para Lynch "lo más
significativo de este intento de desarrollo de la
representación corporativa fue que se presentaba como
radicalmente opuesta al 'parlamento burgués', y no como
una propuesta de ampliación o apertura de la democracia
representativa existente" (1999: 206).

Pero aquella no fue la única experiencia de
expresión práctica del radicalismo beligerante
que ya había comenzado a evidenciar sectores
mayoritarios de la izquierda, en particular el UNIR, el PUM y
el PCP-Unidad, interpelados permanentemente en su naturaleza
"revolucionaria" por la acción del PCP– SL y el
MRTA, quienes en un clima social convulso como el de fines de
los ochenta se convirtieron en importantes focos de
atracción de una militancia izquierdista cada vez
más radicalizada, para la que era necesario encontrar
respuestas frente al crecimiento de Sendero Luminoso y la
militarización, que victimaban a numerosos dirigentes y
militantes de la izquierda legal. Así, en el segundo
congreso del PUM, realizado en octubre en 1988, se diagnóstico que el país se
dirigía inexorablemente a una quiebra del
régimen democrático y a la militarización,
por lo que su "propuesta estratégica y táctica"
fue la de establecer un "viraje global" del partido "y del
conjunto de la IU y demás fuerzas de izquierda, para
enfrentar victoriosamente la confrontación que se
vislumbra como desenlace del actual periodo táctico"
(PUM 1988).

Tal proposición implicó el desenlace de
las propias tensiones dentro del PUM, donde un sector
significativo de dirigentes -varios de ellos autoridades
políticas locales y parlamentarios-intentó
revisar las conclusiones a las que la mayoría del
congreso iba llegando respecto a la necesidad de organizar una
estrategia insurreccional en perspectiva de un desenlace
militar hacia el año 1990. Santiago Pedraglio, dirigente
nacional del PUM del sector moderado afirmaba:

¿Qué significa proponer la
insurrección, aquí y ahora?. En primer lugar
renunciar al objetivo de que el movimiento popular cree un
nuevo escenario político en el Perú, derrotando a
la estrategia antisubversiva y a Sendero Luminoso,
partícipes de la guerra sucia. Significa precisamente
someterse a la lógica de los hacedores de la actual
violencia, minoritaria y antipopular.
¿Acaso porque hay más caos, más
terrorismo, más represión indiscriminada y un
mayor deterioro del régimen parlamentario, se generan
las condiciones para una situación revolucionaria?.
Quienes en el PUM nos oponemos a esta posición, creemos,
por el contrario, que esta violencia es un factor de derrota
del movimiento popular y de las fuerzas políticas que
aspiran a representarlo" (1988).

La aparición de un ala moderada dentro del PUM
implicó la emergencia de opciones que, sin renunciar a
las propuestas fundacionales acerca del rol decisivo de las
masas organizadas en la lucha política, argumentaban que
la admisión de la crisis del régimen no
conllevaba necesariamente a una crisis del país y el
tránsito a una "situación revolucionaria",
justamente por la persistencia y dinamismo de las luchas
sociales y la organización popular. Los moderados,
conocidos como los "zorros", en polémica con los
radicales (llamados "libios"), contemplaron la importancia y
necesidad de reunir en un acuerdo nacional a los sectores
políticos más dispuestos a frenar, dentro de los
marcos democráticos, la crisis y la guerra
subversiva.

Esta propuesta los aproximaba en cierto modo a las
propuestas de los partidos afines a Barrantes en IU (que se
habían reunido en la Convergencia Socialista), aunque
ese acercamiento no se dio del todo. Sin embargo, las
diferencias precipitaron la ruptura con el partido a fines de
1988, surgiendo de ella dos nuevos grupos políticos que
señalaron por su parte las germinales intenciones
insurreccionales del PUM63.

Los aprestos insurreccionales del PUM, que en la jerga
partidaria se expresaban en el "viraje" aprobado en el segundo
congreso, tuvieron un escenario privilegiado en Puno, donde la
posibilidad de abrir una "tercera vía" entre el camino
del senderismo y la arremetida de la militarización
(Rénique 2002), se nutrió mucho de las
peculiaridades de las redes sociales e
institucionales que alcanzó la izquierda en ese
departamento. Al final, los esfuerzos de desarrollar formas de
autodefensa cada vez más similares a una acción
insurreccional fueron abandonados.

Y por otro lado, el UNIR vivió también
el conflicto entre radicales y "electoreros" en su VIII y IX
Plenos de su Comité Central realizados en 1989 cuando,
como recuerda Hurtado, "con el nombre del 'gran viraje', se
aprobó la resolución de 'preparar al partido para
la guerra' (' preparar al partido y al pueblo para la
revolución' fue la consigna pública)", pero ya
entonces, según Hurtado, "ni el Partido, ni su
dirigencia, ni su militancia estábamos preparados
ideológica, política, organizativa y
materialmente para llevarla a la práctica" (Herrera
2002: 671). De hecho, hubo diversas situaciones en las que los
dirigentes de UNIR intentaron distinguirse de los subversivos,
con quienes se les asociaba64.
Sin embargo no lograron evitar la generación de
fracciones que simpatizaban decididamente con la lucha armada,
las que promovieron escisiones y nuevas adhesiones a los grupos
subversivos.

Por último, en marzo de 1990, algunos sectores
de militantes radicalizados del PCP-Unidad, encabezados por
Andrés Sosa Chanamé, abandonaron sus filas y se
integraron al Bloque Popular Revolucionario, otros, en tanto,
se organizaron en el clandestino Frente Patriótico de
Liberación (FPL), que luego se incorporaría al
MRTA65.