En el actual mundo de economías globalizadas y
competitivas, de sociedades
mediatizadas, y de constantes avances científicos y
tecnológicos, quienes no cuenten con los elementos
esenciales para hacerle frente quedarán rezagados, no
lograrán satisfacer sus necesidades básicas, ni
alcanzarán una calidad de
vida digna que les permita, a su vez, ser útiles a la
sociedad.
Es por ello que ningún país que desee
desarrollarse y crecer puede ignorar que invertir en la educación y el
desarrollo de
sus niños
desde la más temprana edad es un imperativo
socio-económico, que, a largo plazo, dará sus
frutos al haber formado sujetos capaces de aportar al crecimiento
productivo y al desarrollo tecnológico, por contar con los
conocimientos y la creatividad e
invención adquiridos y/o desarrollados en sus primeros
años de vida y consolidados luego en la etapa de
formación.
Para hacer, hay que saber hacer y quienes no cuentan con
las herramientas
de ese saber carecen de las armas necesarias
para hacerse un lugar en el mundo.
El presente análisis intenta abordar un tema acuciante
para nuestra niñez y adolescencia:"El Trabajo
Infantil que vulnera los derechos de los
Niños"; en especial, en esta oportunidad, respecto de su
incidencia en la cuestión educativa, que comprende a la
franja etárea de niños y niñas de entre
cinco y catorce años de edad.
Para ello se comenzará por establecer el
significado del término "trabajo" y
contextualizar el tema a través de la opinión de
algunos especialistas en la materia y las
normas que
regulan el trabajo
infantil desde la Constitución Nacional, los Tratados
Internacionales, la Constitución de la Provincia de
Córdoba y la legislación nacional; para precisar
qué se entiende por trabajo infantil y concluir con su
incidencia en la educación.
El término trabajo deviene del verbo latino
"laborare" el que, entre sus muchas acepciones, significa
acción
de trabajar, física o intelectual;
esfuerzo humano aplicado a la producción de riqueza; penalidades,
miseria. La traducción al castellano de
este verbo se realiza a partir del latín
"tripaliare", torturar, que según la
definición del Diccionario
Enciclopédico Espasa , significa: acción y efecto
de trabajar, cosa producida por un agente, cosa producida por el
entendimiento; entre otras acepciones. Utilizado como
sinónimo de un sinfín de voces podemos darle un
sentido u otro. Desde un punto de vista económico,
político, del derecho y la sociología se considera que, es la
aplicación de las fuerzas intelectuales
y físicas del hombre a los
objetos exteriores para comunicarles utilidad y
valor, a fin
de que puedan servir para satisfacer nuestras
necesidades.
El trabajo – labor, supone un esfuerzo del hombre,
una comunicación de éste a las cosas, a
las que imprime un sello representativo de su personalidad,
aplicando sobre ellas no solo la fuerza
física sino la intelectual.- El trabajo es uno de los
principales factores activos de la
producción y el hombre no
puede realizar esta función
sin el auxilio de agentes internos y externos. Con él se
mueve o se transforma la materia, pero el hombre no logra dicha
acción sin fatiga, sin esfuerzo; aún para recoger
las riquezas espontáneas requiere de un esfuerzo. El
trabajo es la pena que tiene el hombre para vivir.
Podemos decir en forma genérica que "la
aplicación de las fuerzas intelectuales y físicas
del hombre a los objetos exteriores para comunicarles utilidad y
valor, a fin de que puedan servir para satisfacer sus
necesidades, es trabajo". Quedan inmersas dentro de este concepto las
actividades que realizan los niños y los adolescentes.-
En las sociedades modernas el trabajo a más de
constituir la fuente principal y la única, en la
mayoría de los casos, de recursos
económicos tiene una incidencia social ya que "constituye
el ámbito de socialización por excelencia de las
personas, el que organiza su cotidianeidad y la de sus hogares, y
les garantiza un lugar en esta sociedad. Consecuentemente,
aquellos miembros proveedores
típicos de ingresos del
hogar ven lesionadas seriamente sus posibilidades de establecer
sólidos lazos sociales cuando no están empleados.
Este mismo hecho es una fuente potencial de disrupción de
la vida familiar ya que precisamente esos individuos pueden
sumirse en una fuerte depresión
al no poder
continuar asumiendo el papel de proveedores, generando o
exacerbando conflictos en
el ámbito del hogar".
No tener un empleo se
traduce en un circulo perverso de marginación y
desventajas en los ámbitos de la educación, el
trabajo, la salud y la cultura.
En nuestro país, desde fines de la década
de los años ochenta, comienza a aumentar el desempleo,
situación que se sostiene salvo por pequeñas
fluctuaciones, y en la que factores como la crisis
económica, la hiperinflación y el impacto de las crisis
económicas extranjeras – México,
Sudeste Asiático, Rusia,
Brasil –
conducen a la creación de puestos de trabajo de baja
calidad, a un
proceso de
reestructuración económica en que se multiplica el
trabajo clandestino o en negro – y donde las máquinas
resultan ser mas baratas que los hombres-, a más de la
modificación de las regulaciones laborales de 1995, que
abarató los costos de
despido.
Es característica de este proceso, la elevada
inestabilidad laboral que
recayó especialmente en los jefes de hogar, principales
proveedores de ingresos de las familias. La desocupación ha sido la principal causa del
mantenimiento
de la pobreza y del
aumento de la intensidad de la misma. La agudización de la
desigual distribución de los recursos salariales
entre individuos y hogares, sumada al proceso de devaluación educativa, son parte del
fenómeno de exclusión
social.
Este proceso de exclusión determina el
desprendimiento de la clase
trabajadora y la hace viajar del trabajo formal hacia la
informalidad y la ilegalidad como modo de supervivencia (cirujeo,
mendicidad, mendicidad infantil, venta de drogas,
secuestros express, robos, comercio
ilegal, evasión de contribuciones, ocupación de
casas, entre otros), agravando aún más los proceso
de distribución social.
Es este proceso de exclusión – de pobreza, de
marginación – el que a su vez actúa como
factor principal, para que el sector más vulnerable de la
sociedad, los niños de los hogares de menores recursos,
abandonen la escuela ante la
necesidad de trabajar para mantenerse o para ayudar a mantener a
sus familias.
En nuestra legislación, a partir de la Carta Magna,
los tratados y
convenios internacionales, la Constitución de la Provincia
de Córdoba y la normativa nacional, podemos ir marcando
hitos que señalan el rumbo de la interpretación de los derechos reconocidos
a los habitantes del país y las garantías para que
los mismos sean efectivizados.
En todos estos documentos, de
una u otra forma, se destacan y reafirman constantemente,
valores como
la libertad, la
igualdad, la
solidaridad, la
dignidad de la
persona
humana.
Entre los derechos y garantías, y solo a manera
enunciativa, podemos mencionar la protección integral de
la familia,
trabajar, aprender, el derecho a la seguridad
social, la no discriminación, etc, siendo el Estado
garante del cumplimiento de los mismos, a través de su
responsabilidad preventiva y
subsidiaria.
En el plano de la educación, tanto la Ley Federal de
Educación N° 24.195, como la Ley de Educación
Provincial N° 8113 – Decreto Reglamentario N°
2590/92, Estructura del
Sistema
Educativo N° 8525 – de la Provincia de Córdoba
establecen y garantizan a toda la población el acceso a la educación
en todos los ciclos, niveles y regímenes especiales,
así como el ejercicio efectivo del derecho a aprender,
mediante la igualdad de oportunidades y posibilidades, haciendo
hincapié al fijar los fines de la educación, en que
la misma es para favorecer el desarrollo pleno de la
personalidad del educando, en forma integral, armoniosa y
permanente, y para integrarlo como miembro útil de la
sociedad, con una preparación laboral, técnica y
profesional que habilite a las personas para su
incorporación idónea al proceso de
desarrollo.
Establecen el principio de gratuidad de la
educación pública estatal así como la
obligatoriedad de la misma, fundamentalmente durante el
período de educación básica general y el de
asistencialidad, complementándolos con planes
específicos para el crecimiento armónico de la
niñez y de la juventud
mediante la implementación de programas
asistenciales de salud, alimentación,
vestido, material de estudio, etc., en especial para aquellas
familias que se encuentren en situaciones socio económicas
desfavorables.
Al tratar la estructura del sistema
educativo, la ley nacional establece tres etapas: la
educación inicia, que comprende el jardín de
infantes para niños de 3 a 5 años, siendo
sólo obligatorio el de 5 años; la educación
general básica, obligatoria, de nueve años de
duración a partir de los 6 años, y la educación
polimodal de tres años de duración como
mínimo, haciendo luego referencia a otros regímenes
especiales.
Por su parte, la ley de educación para la
Provincia de Córdoba establece la educación
básica general y la educación media. La primera
comprende el jardín de infantes de nivel inicial para
niños de cinco años, la educación primaria
completa de seis años y el ciclo básico de la
educación media, de carácter obligatorio y de tres años
de duración.
Este último a su vez constituye la primera etapa
de la educación media, que se completa con el ciclo
superior que durará tres años.
En lo que respecta a los derechos y garantías
referidos al trabajo, nuestra Carta Magna hace
referencia a ellos en los arts. 14 y especialmente en el 14 bis,
en el que se aseguran condiciones dignas y equitativas de labor,
jornada limitada, descanso y vacaciones pagos, retribución
justa, salario
mínimo vital móvil, igual remuneración por
igual tarea, al igual que en la Constitución de la
Provincia de Córdoba, en los trece incisos del art.
23.
Ahora bien, en lo que hace a la legislación
laboral referida al trabajo de los niños y
adolescentes, la misma consiste en: los convenios de la OIT,
ratificados por la Argentina y por la Ley de Contrato de
Trabajo 20.744 y sus modificaciones, en la que se establecen,
entre otras, disposiciones sobre capacidad,aprendizaje y
orientación profesional, edad mínima de
admisión al empleo, instrucción obligatoria y
prohibición de empleo de menores. Se suman a estas
disposiciones que aún subsisten de la antigua ley de
trabajo de mujeres y menores, ley 11.317; las del decreto
14.538/44 de aprendizaje y orientación profesional; y las
de la ley 25.013, art. 1° del contrato de
trabajo de aprendizaje; a más de las previsiones
existentes en los estatutos particulares que rigen las
actividades especiales y las cláusulas pactadas, en
relación a ellos, en los convenios colectivos de
trabajo.
Los Convenios de la O.I.T., a que hiciéramos
mención en el párrafo
anterior, y que hacen referencia al trabajo de menores y a la
edad mínima de admisión en los empleos, son hasta
la fecha doce. En el Convenio Número 138 de fecha 26 de
junio de 1973, ratificado por nuestro país por Ley 24.650,
luego de hacer referencia a los diez convenios anteriores sobre
edad mínima de admisión al empleo, en el cuarto
párrafo de su introducción expresa: "(…) ha llegado
el momento de adoptar un instrumento general sobre el tema que
reemplace gradualmente a los actuales instrumentos, aplicables a
los sectores económicos limitados, con miras a lograr la
total abolición del trabajo de los niños
(…)", y establece que los Estados que lo ratifiquen se
comprometen a seguir una política nacional que
asegure la abolición efectiva del trabajo de los
niños y eleve progresivamente la edad mínima de
admisión al empleo o al trabajo a un nivel que haga
posible el más completo desarrollo físico y mental
de los menores; a especificar la edad mínima de
admisión al empleo o al trabajo en su territorio (…); a
que ninguna persona menor de esa edad deberá ser admitida
al empleo o trabajo en ocupación alguna; y a que dicha
edad mínima no deberá ser inferior a la edad en
que cesa la obligación escolar, o en todo caso, a quince
años."
No obstante ello, y según lo previsto en el
párrafo 4 del mismo artículo, la República
Argentina, al ratificar el Convenio hizo uso de la opción
allí prevista que autoriza a los "miembros cuya economía y medios de
educación estén insuficientemente desarrollados" y
previa consulta con las organizaciones de
empleadores y de trabajadores interesadas (…) a especificar
inicialmente una edad mínima de catorce años". Se
establece además que la edad mínima de
admisión a todo tipo de empleo o trabajo que por su
naturaleza o
las condiciones en que se realiza pueda resultar peligroso para
la salud, la seguridad o la
moralidad de
los menores no deberá ser inferior a dieciocho
años; no obstante, es posible autorizar a adolescentes de
dieciséis años, cuando la legislación
nacional o la autoridad
competente, garantice plenamente la salud, la seguridad y la
moralidad de los adolescentes, y que estos hayan recibido
instrucción o formación profesional adecuada y
específica en la rama de la actividad
correspondiente.
En la Recomendación Número 146 de la OIT,
sobre la edad mínima de admisión al empleo,
adoptada en Ginebra el 6 de junio de 1973 se reconoció que
la abolición efectiva del trabajo de los niños y la
elevación progresiva de la edad mínima de
admisión al empleo constituye sólo un aspecto de la
protección y progreso de los niños y menores,
realizándose una serie de recomendaciones a fin de lograr
alcanzar como edad tope la fijada en el art. 2 del Convenio sobre
edad mínima de 1973, y proponiendo una serie de medidas
para atender fundamentalmente a aquellos
niños/adolescentes que por situación requieran de
una mayor protección para favorecer a su
desarrollo.
Como complemento de este Convenio y de la
recomendación 146, y ante la necesidad de adoptar nuevos
instrumentos para la prohibición y la eliminación
de las peores formas de trabajo infantil, en la octogésima
séptima reunión de la OIT, se adoptó, con
fecha diecisiete de junio de 1999, el Convenio Número 182,
ratificado por nuestro país mediante ley nacional 25.255.
En el mismo se considera que la eliminación efectiva de
las peores formas de trabajo infantil requiere una acción
inmediata y general, que tenga en cuenta la importancia de la
educación básica gratuita y la necesidad de librar
de todas esas formas de trabajo a los niños afectados y
asegurar su rehabilitación y su inserción social al
mismo tiempo que la
atención a las necesidades de sus familias.
Se reconoce que el trabajo infantil se debe en gran parte a la
pobreza, y que la solución a largo plazo radica en un
crecimiento
económico sostenido conducente al progreso social, y
en especial a la mitigación de la pobreza y a la
educación universal.
Cabe recordar que algunas de las peores formas de
trabajo infantil han sido objeto de otros instrumentos
internacionales, en particular el Convenio sobre el trabajo
forzoso, 1930, y la Convención suplementaria de las
Naciones Unidas
sobre la abolición de la esclavitud, la
trata de esclavos y las instituciones
y prácticas análogas a la esclavitud,
1956.
En el Convenio Nº 182 se establece que la
expresión "las peores formas de trabajo infantil" abarca:
a) todas las formas de esclavitud o las prácticas
análogas a la esclavitud, como la venta y el
tráfico de niños, la servidumbre por deudas y la
condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio,
incluido el reclutamiento
forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en
conflictos armados; b) la utilización, el reclutamiento o
la oferta de
niños para la prostitución, la producción de
pornografía o actuaciones
pornográficas; c) la utilización, el reclutamiento
o la oferta de niños para la realización de
actividades ilícitas, en particular la producción y
el tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los
tratados internacionales pertinentes, y d) el trabajo que, por su
naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es
probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de
los niños.
Los estados deberán elaborar y poner en
práctica programas de acción para eliminar, como
medida prioritaria, las peores formas de trabajo infantil, y
adoptar cuantas medidas sean necesarias para garantizar la
aplicación y el cumplimiento efectivos de las
disposiciones por las que se dé efecto al Convenio,
incluidos el establecimiento y la aplicación de sanciones
penales o, según proceda, de otra
índole.
Asimismo, deberán adoptar, teniendo en cuenta la
importancia de la educación para la eliminación del
trabajo infantil, medidas efectivas y en un plazo determinado,
con el fin de: a) impedir la ocupación de niños en
las peores formas de trabajo infantil; b) prestar la asistencia
directa necesaria y adecuada para librar a los niños de
las peores formas de trabajo infantil y asegurar su
rehabilitación e inserción social; c) asegurar a
todos los niños que hayan sido librados de las peores
formas de trabajo infantil el acceso a la enseñanza básica gratuita y, cuando
sea posible y adecuado, a la formación profesional; d)
identificar a los niños que están particularmente
expuestos a riesgos y
entrar en contacto directo con ellos, y e) tener en cuenta la
situación particular de las niñas.
La Recomendación sobre la Prohibición de
las Peores Formas de Trabajo infantil y la Acción
inmediata para su eliminación, son directrices a tener en
cuenta al momento de la elaboración de los programas de
acción, y para determinar y localizar dónde se
practican los tipos de trabajos donde los niños se
encuentran expuestos.
Luego de esta sintética reseña
legislativa, corresponde analizar el problema específico a
tratar. En primer lugar cabe recordar que con la sanción
de la Ley Nacional 23.849, en Septiembre de 1990, que ratifica la
Convención Sobre los Derechos del
Niño en nuestro país, se entiende por
niño a todo ser humano desde el momento de su
concepción hasta los dieciocho años de edad, y que
"en todas las medidas concernientes a los niños que tomen
las instituciones públicas o privadas de bienestar social
(…), una consideración primordial a que se
atenderá será el interés
superior del niño".
Su articulado hace especial mención del
reconocimiento del derecho de todo niño a un nivel de vida
adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual,
moral y
social, y establece que se adoptarán las medidas
apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas
responsables por el niño a dar efectividad a este derecho
y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y
programas de apoyo. Además, se reconoce el derecho que el
niño tiene a la educación, para que se pueda
desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental
y física del niño hasta el máximo de sus
posibilidades; y su derecho a estar protegido contra la
explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda
ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo
para su salud o para su desarrollo físico, mental,
espiritual, moral o social.-
En segundo lugar, y sin entrar a tratar en profundidad
como definir el trabajo infantil, podemos decir que no hay un
concepto preciso; en las distintas oportunidades en que se ha
tratado la cuestión, la noción del mismo
está determinada por la óptica con la que cada autor ha
tratado de delimitarla o interpretarla.
Así, al marco que brinda el Convenio Nº 182
de la OIT, ya relacionado, se puede agregar la definición
de trabajo Infantil que propone UNICEF cuando dice del mismo que
es "cualquier actividad -remunerada o no- que los niños
realicen, que implique explotación, que dificulte su
educación, signifique peligro o sea nociva para su
desarrollo físico, social, moral o
psicológico".
Es evidente que no toda participación laboral de
los niños queda comprendida dentro de estos conceptos ya
que hay actividades que niñas y niños desarrollan
en compañía de sus padres y donde se crea un
espacio para la transmisión de conocimientos
así como el desarrollo de habilidades, y no interfieren en
el desempeño escolar, ni en el desarrollo físico,
social, moral o psicológico de los mismos.
La característica principal que las concepciones
sobre trabajo infantil ponen de relieve es la
vulnerabilidad que caracteriza a vastos sectores de nuestra
población, que se encuentran por distintos factores
económicos, sociales, culturales, en riesgo de
exclusión social.
Hay quienes sostienen que el concepto de trabajo es un
duro eufemismo, porque en realidad se trata de "cartoneo", venta
domiciliaria de mercancías del más diverso origen y
carácter, trabajos artesanales y aprendizaje en talleres
varios. Desde luego, también es un eufemismo lo de
aprendizaje, que suele ocultar formas brutales de
explotación del trabajo infantil.
En "El Trabajo Infantil en la Argentina/01 –
Primer informe de
avance. Procesamiento y análisis de los datos aportados
por ECV/01.SIEMPRO/INDEC", presentado por la Secretaría de
Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, se concibió el trabajo infantil "como el
desempeñado por niños y niñas de hasta 14
años que -en el intento de procurar ingresos para su
propia subsistencia, o para ayudar a sus familias, o facilitar
que sus padres salgan a trabajar o buscar trabajo-, se hacen
cargo de las tareas del hogar, realizan un complejo espectro de
tareas (según residan en localidades urbanas o rurales),
mendigan o hasta incurren en actividades que transgreden en mayor
o menor grado las normas establecidas".
En base a datos de censos de población y encuestas de
condiciones de vida, realizadas por organismos oficiales y
privados, se ha ido estableciendo una curva ascendente a partir
de la década de los años ochenta, de niños,
adolescentes y jóvenes que se desempeñan como
trabajadores asalariados en situaciones de trabajo inadecuadas,
riesgosas y peligrosas.
Tan es así, que la Secretaría de Derechos Humanos
de la Nación
en cumplimiento del Convenio 182 de la OIT habilitó una
línea telefónica y una página web
de consulta, para recabar información y denuncias de sobre
niños explotados laboral y sexualmente, con el objetivo de
"identificar, localizar y erradicar en cada lugar del país
las practicas concretas de trabajo infantil".
El desempleo y la pobreza que afectan a vastos sectores
sociales, en la Argentina, son fenómenos que provocan
numerosas consecuencias negativas a nivel individual, familiar y
en toda la sociedad. Una de ellas es el fracaso escolar, que se
manifiesta en el bajo nivel de rendimiento en el aprendizaje,
elevados niveles de ausentismo y deserción temprana, que
ha venido incrementándose en los últimos
años, en forma alarmante, entre los niños,
adolescentes y jóvenes de las familias de los desocupados
más pobres, acentuado por la necesidad de una
incorporación temprana de los hijos a la actividad laboral
para contribuir al ingreso familiar.
Diversos estudios han probado, que se ha agudizado
notablemente la situación de las familias que se
encontraban en situación de pobreza, ampliándose
significativamente la proporción de hogares con niveles de
ingresos insuficientes para cubrir sus necesidades
básicas. No es extraño, entonces, que se quiebre la
tendencia declinante que venía registrando la
inserción laboral desde edades tempranas. De hecho,
actualmente es muy considerable el número de menores que
trabajan y/o se encuentran buscando empleo.
Atrás quedaron los tiempos en que la
postergación de la edad de ingreso al mercado de
trabajo se correspondía con la difusión de la
escolarización y la prolongación del tiempo de
permanencia de los niños y jóvenes en el sistema
educativo, a lo que contribuía la accesibilidad a
distintos niveles del sistema educativo, la situación
económica de las familias y las propias estrategias
familiares – en las que jugaban un papel significativo la
búsqueda de acceso a mejores oportunidades laborales para
los hijos a través de proveerlos de formación y de
certificados que los habilitaran en tal sentido – , así
como las pautas culturales.
Esta tendencia a la postergación de la edad de
ingreso a la actividad laboral se ha discontinuado en años
recientes, en el marco de la crisis, la reestructuración
económica, la evolución desfavorable del mercado de
trabajo y la significativa expansión de los hogares en
situación de pobreza.
En la Argentina de hoy el plan educativo en
marcha no está dando los resultados que requiere el
desarrollo y progreso de nuestro país. El rol de las
escuelas públicas ha cambiado.
La educación es una herramienta directa y
primaria en la conformación de la cultura y la identidad de
un individuo.
Esta es la razón por la que el período escolar
obligatorio se encuentra en la etapa de crecimiento y
conformación del niño.
Mariano H. Grandoli, en su trabajo "Desempleo, pobreza,
fracaso escolar y asignaciones familiares", refiere que en
diferentes informes
estadísticos presentados por varias instituciones se
denuncia el tema del fracaso escolar. Así, por emplificar,
el informe presentado por Daniel Filmus, por entonces director de
la Fac. Latinoamericana de Ciencias
Sociales, en el diario Clarín del jueves 20 de febrero
1997,p.51, del que surge que según una proyección
del censo 1991 realizado por el Misterio, no van a la escuela
alrededor de 455.169 chicos de entre 5 y 14 años (en todo
el país), pero en el caso de los jóvenes de entre
15 y 17 esa suma ascendería a 761.167, aproximadamente; o
bien un documento interno del Ministerio de Economía
fechado en diciembre de 1996, realizado en base a la encuesta
permanente de hogares que confecciona el Indec, en el que
consigna que jóvenes entre 14 y 19 años, que viven
en hogares con bajos ingresos (…) abandonan sus estudios a fin
de buscar trabajo.
Este objetivo solamente logra alcanzarlo una
minoría, mientras que en el resto de los hogares, de clase
media-baja hasta los que se encuentran en la cúpula de la
pirámide socioeconómica, los que desertaron de
sistema educativo fueron el 28% (Diario Clarín, lunes 24
de febrero 1997, ps.2/3).
Por su parte, en el "Informe Argentino sobre Desarrollo
Humano 1995" (preparado por la Comisión de Ecología y Desarrollo
Humano del Honorable Senado de la Nación
y el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-), destaca la
correlación que se advierte entre los niveles de pobreza y
dos indicadores
fundamentales para medir el desarrollo humano en el área
de la educación – la deserción y la
repitencia escolar – lo que "hace mas urgente la
consideración de éstas". También es
necesario – continúa el informe – "tener en
cuenta la interdependencia creciente entre los circuitos de
exclusión educativa y las zonas de marginalidad
económica social". Señalándose finalmente:
"En términos generales, la evolución de la
educación formal lleva a una profundización de la
brecha social a través de la segmentación y la discriminación", a la vez que se resalta
que la educación no está cumpliendo con la
función de otorgar igualdad de oportunidades, sino
más bien profundizando cierto tipo de diferencias (informe
citado p.127).
Es importante señalar que el referido fracaso
escolar se acentúa, entre los sectores mas postergados,
cuando se suma – a la pobreza y el desempleo – el analfabetismo
de los mayores. "Todos los diagnósticos
–expresó Emilia Ferreiro- coinciden: el
analfabetismo se concentra en los cinturones de pobreza de las
grandes ciudades, junto con el hacinamiento, la falta de agua potable,
el trabajo ocasional y mal pagado (…) en consecuencia, ya lo
sabemos y ha sido dicho mil veces: analfabetismo y pobreza van
juntos, no son fenómenos independientes; analfabetismo y
marginación social van juntos (…). El analfabetismo de
los padres está relacionado con el fracaso escolar de los
hijos".
Otro de los temas a que Grandoli hace referencia, es el
de la promoción de escolares, que a pesar de sus
reiteradas inasistencias injustificadas y sus magros logros
educativos, no satisfacen los objetivos
mínimos que es dable exigirles para su
promoción.
Un estudio realizado en la Universidad de
Belgrano, por su parte, profundiza este aspecto y establece que
son diversos los factores que contribuyen a aumentar los
índices de ausentismo por parte de los
niños/niñas de menores recursos, con su
correspondiente posibilidad de repetición y su
deserción. Algunos de ellos son:
- La llegada en buenas condiciones: los trabajos y la
necesidad de atención del hogar estimula el ausentismo
de los chicos. - Cuando existe la necesidad desde los padres para que
los chicos ayuden en el trabajo y en el cuidado de hermanos
menores. - Factores geográficos y climáticos,
especialmente en zonas en donde el colegio se encuentra a una
distancia considerable del hogar y en días de mal tiempo
es imposible la llegada la escuela. - El cansancio de los niños que trabajan o que
tienen responsabilidades familiares fuertes: cansancio que se
refleja en las tareas del hogar. - La posibilidad de disponer de tiempos diferenciados
para el trabajo y para la escuela. - Factores familiares en cuanto a la baja posibilidad
de ayuda para los niños por el bajo nivel educativo que
pudiesen poseer los padres.
Al respecto, Grandoli continúa diciendo que
numerosos alumnos llegan a quinto y sexto grado con serias
dificultades en lecto-escritura, lo
cual indica a las claras un aprendizaje insuficiente que no se
compadece con los niveles de escolaridad alcanzados, tales
falencias provocan al acceder a grados superiores, la
deserción de numerosos educandos que no pueden afrontar
mayores exigencias por exceder ellas su deficiente
preparación y sus escasos conocimientos.
Según datos suministrados por UNICEF-Telam, uno
de cada cuatro niños adolescentes argentinos está
en riesgo de abandonar sus estudios, o ha sido excluido del
derecho a aprender y asistir a la escuela, dichas cifras
coinciden con el diagnóstico de Córdoba capital y
provincia, realizado por el Centro de estudios de
Población y Desarrollo – CEPyD – para el
programa Juntos por la Educación.
En el mismo se consigna que, aunque el 98% de la
población cordobesa y capitalina mayor de 15 años
recibió algún grado de instrucción, el 22.4%
no ha completado el secundario. Según el Censo Nacional de
Población del 2001, 958.116 escolares (niños y
adolescentes) tiene dos o mas años de sobreedad. Significa
que se han atrasado en dos o mas grados o cursos, con respecto a
la edad prevista y generalmente debido a que se arrastran
aplazos, materias previas y repeticiones. Según los
expertos este grupo presenta
el riesgo de abandonar sus estudios. La región centro,
liderada por Córdoba, tiene un 22.6% de su
población de educandos en situación de
exclusión o riesgo educativo. La suspensión de
programas nacionales de apoyo a las escuelas pobres, el colapso
político fiscal en
varias provincias y el agravamiento de la crisis social, son
algunos de los puntos que se destacan en los fundamentos del
documento entregado a la Cámara de Diputados como causa de
los indicadores más negativos del 2001.
Sumado a ello, la escuela se ha transformado,
especialmente en zonas carenciadas y el interior del país,
en un centro de contención para los niños pobres y
sus familias, especialmente en torno a los
comedores escolares públicos.
Según un informe de la Agencia Télam, el
actual Ministro de Educación, Daniel Filmus, habría
señalado que un acuerdo de cooperación suscripto
con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia-Unicef, permitiría la
detección temprana de la deserción
escolar, que llega en algunos lugares del país al 25
%. Dicho acuerdo permitiría realizar acciones
conjuntas para promover una "educación de calidad para
todos los chicos", atendiendo a quienes se encuentran en
situación más vulnerable, ya que abarcará el
tema asistencial y procurará que los chicos tengan
condiciones de alimentación mínimas, como para que
el maestro pueda trabajar.
En sus declaraciones recalcó Filmus, "si los
chicos no tienen capacidad de lectura
critica, tienen escasísimas posibilidades de integrarse al
mercado de trabajo y van a ser condenados a perpetuidad a vivir
de los planes sociales", "un canje de deuda por mayor inversión en material social
permitiría dar vuelta la situación educativa del
país, haciendo que esos fondos lleguen a los que
más lo necesitan". "Este proceso de canje de deuda por
educación tiene un alto grado de racionalidad: si los
chicos se educan lo van a devolver en el futuro con su trabajo y
allí hay inversión; si no se educan habrá
que compensarlos de por vida y ahí tenemos más
gasto".
Las Agencias EFE y AP, en tanto, informan que la CEPAL
sostiene que los atrasos educativos siguen gravitando en la
persistencia de las desigualdades y en la exclusión social
de los jóvenes latinoamericanos, en una suerte de circulo
vicioso de la pobreza que el organismo llama a romper. Dicho
organismo menciona, también, el trabajo infantil y
juvenil, asociado a la pobreza familiar, como otro factor que
incide en la deserción escolar, fenómeno que
provoca no sólo costos privados sino también
sociales. En los países en los que el abandono
escolar se produce tempranamente, la permanencia en la
escuela hasta completar la primaria se traduciría en
ingresos laborales entre un 25 y 60% más altos. Un
drástico descenso de la deserción escolar, precisa
el CEPAL, "evita el trabajo infantil, permite acceder a empleos
mejor remunerados y en consecuencia, salir de la
pobreza".
Según datos oficiales de la OIT, 22 de cada 100
argentinos de entre 5 y 14 años han debido abandonar sus
estudios y sus juegos para
realizar trabajos que les permitan aportar a sus hogares
algún puñado de monedas para afrontar
requerimientos mínimos de subsistencia. Estas cifras
indican un grave regresión en relación con el
pasado inmediato, pues las estadísticas revelan que en 1995 el trabajo
infantil sólo involucraba a 250 mil chicos, y desde
entonces no cesó de acrecentarse, en el 2000, había
trepado de los 482.803 menores. En un primer intento por revertir
esta penosa situación, el gobierno nacional
ha suscripto un acuerdo con la
Organización de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) que dispondrá un sistema de becas para las
familias que necesitan del ingreso que aportan sus hijos, con el
fin de que estos puedan dedicarse a estudiar y abandonar la
calle, que, por cierto, es la peor de todas las aulas en
contextos de crisis como el actual. Se espera que la ayuda
económica a los hogares carecientes afiance la labor que
realiza la Comisión Nacional para la Erradicación
del trabajo Infantil (Conaeti), desde el 2000, y se espera que
dicho organismo se transforme realmente en el eficiente ejecutor
de una genuina política de Estado al
respecto.
Gerónimo Venegas, titular de la Unión
Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) dijo,
durante una conferencia en la
Exposición Rural de Palermo, que
según las estadísticas hay 180 mil niños
sometidos al rigor del trabajo rural en la Argentina, y la
perspectiva de este flagelo seguirá en aumento de la mano
de la creciente crisis económica. A pesar de la
legislación vigente que lo prohíbe expresamente, y
de los convenios internacionales ratificados por nuestro
país para evitar la explotación laboral de la
infancia, hay una enorme cantidad de menores insertados en el
ámbito del trabajo rural, incluso en la provincia de
Córdoba.
Después de la construcción, el trabajo rural es tal vez
el más duro que pueda realizarse. No solo por el grado de
prestación física que requiere sino por los riesgos
que se desprenden del manejo de muchos de los elementos que se
emplean en el campo moderno: maquinarias y sustancias
tóxicas que, como los agroquímicos, mal manipuladas
pueden tener gravísimas consecuencias, que van desde la
irritación ocular o epidérmica hasta afecciones en
las vías respiratorias, la perdida de la capacidad de
concentración y las secuelas de tipo neurológico.
La prudencia en su empleo está vinculada con un tino que
no necesariamente está a disposición de la
infancia. La fuerza física que hace falta para acarrear
los volúmenes de carga y los pesos que comporta el trabajo
de campo, también se echan de menos en los
niños.
Entre las razones por las que considera que se ha
reavivado y perdura el trabajo infantil en el campo menciona tres
factores fundamentales, el primero, la necesidad, determinada por
la creciente pobreza y las inclemencias de una situación
socioeconómica que empuja al entorno familiar a buscar el
centavo de la manera que sea, aunque manteniéndose dentro
de los límites de
la sociabilidad, es decir, sin incurrir en el delito. El
segundo es la existencia de quienes están dispuestos a
aprovecharse de esa mano de obra a buen mercado y lucran con ella
y con la diferencia dineraria que hacen a través de la
explotación ilegal de este trabajo en negro. Indica
Venegas "la mano de obra infantil es más barata, no solo
por la exigencia de un trabajo menor sino porque, al ser ilegal,
no pesan sobre el cargas sociales ni administrativas".
Hay otro elemento, mas elusivo, que se deriva de la
vigencia en algunas familias de pautas culturales superadas que
exaltan la responsabilidad temprana como reaseguro del futuro.
Este punto de vista no toma en cuenta, por ignorancia, el dato de
que los niños entregados a este proceso de desgaste
pierden en forma muy rápida la opción de formarse y
crecer intelectualmente.
La deserción escolar determina un estrechamiento
del horizonte laboral del niño, con la casi segura promesa
de un destino de pobreza y eventualmente de degradación
física e intelectual. Urge tomar medidas para poner freno,
al menos, a la tendencia en alza a explotar el trabajo infantil.
Ese crecimiento es innegable. En el cinturón verde de
Córdoba, por ejemplo, parte de la mano de obra inmigrante
que a partir de la crisis eligió retornar a su
país, está siendo reemplazada por el trabajo
infantil, según lo informado por Uatre.
Según el Instituto para el Desarrollo Social
de la Argentina (Idesa), uno de cada cuatro niños o
adolescentes que vive en un hogar con Plan Jefas y Jefes de Hogar
no estudia. Según un estudio, del total de jóvenes
urbanos entre los 12 y 18 años, el 63% está
cursando la secundaria, el 24% todavía cursa la primaria y
el 13% declara haber abandonado la escuela. De entre los
jóvenes pobres de este rango de edad, los que cursan la
secundaria son apenas el 57%, los que todavía están
en la primaria son el 26% y los que desertaron ascienden al
17%.
Pero el dato mas relevante es que entre los
jóvenes de este rango de edad de hogares que reciben el
Plan Jefes y Jefas de Hogar, sólo el 46% está en la
secundaria, el 27% está en la primaria y el 24% ha
abandonado la escuela, dice el informe. Mas adelante
continúa " si los jóvenes que viven en hogares que
reciben la ayuda asistencial, dejan de estudiar, con seguridad
serán los adultos pobres del mañana que
reclamarán al Estado mantener el Plan Jefas y Jefes de
Hogar. Así, el gasto asistencial alimenta un circulo
vicioso de reproducción intergeneracional de la
pobreza" (…) "es necesario repensar instrumentos que nacieron
bajo las emergencias que planteó la crisis. Esto implica
pasar de una lógica
puramente asistencialista a otra que tome como eje la
promoción social y exige atacar los factores estructurales
asociados a la pobreza, como por ejemplo controlar que los
jóvenes asistan a la escuela y a controles médicos"
(…) "una eficaz estrategia de
promoción social requiere condicionar el pago del subsidio
a determinados actos como la presencia del beneficiario en el
centro de trabajo o de capacitación o que sus hijos asistan al
colegio y a los controles de la salud" (…) "para que esto sea
posible es necesario modernizar los instrumentos de gestión
incorporando el concepto de Tarjeta Social, es decir aplicar una
plataforma administrativa que permita disponer en tiempo real
información, por ejemplo, sobre la asistencia a centros de
trabajo, cursos de capacitación, escuela, establecimientos
sanitarios".
En la editorial de La Voz del Interior, del
Sábado 12 de febrero de este año, y bajo el
título "El vergonzoso emblema de la crisis", dicho
matutino expresa "a diez años, aproximadamente, de haberse
declarado la crisis argentina, los indicadores económicos
a los que se suele apelar para seguir su evolución,
ostentan una mejoría, producto del
fuerte ingreso de divisas derivado
del abandono de la convertibilidad y del boom de la soja. Pero los
otros indicadores eficientes y, en el fondo, más veraces,
del estado de las cosas, son mucho menos placenteros.
La desocupación sigue siendo alta, a poco que se
sinceren los guarismos que cuentan como trabajadores a quienes
reciben planes de asistencialismo social, caritativamente
denominados planes trabajar. Pero la elocuencia de las cifras a
veces no golpea de inmediato a la vista, y la pobreza de muchos
hogares sólo suele ser percibida cuando se ingresa a ellos
o cuando se tiene una visión a vuelo de pájaro de
las villas de emergencia.
Hay, sin embargo, un indicador directo y patético
acerca de cómo se ha degradado el nivel de vida en la
Argentina. Este no es otro que la imagen de las
miríadas de chicos que deambulan por las calles en busca
de la moneda que les consienta el sustento o que puedan allegar a
sus hogares. Los semáforos de las ciudades grandes y
medianas suelen ser el punto de cita de los miles de niños
y adolescentes que mendigan o trabajan en la vía
pública sin concurrir a la escuela. Limpiavidrios o
malabaristas aficionados, a veces; simples mendigos, otras, la
imagen de la niñez librada a su suerte es el retrato del
abandono en que esta sociedad está dejando a muchos de sus
miembros más indefensos.
En la ciudad de Córdoba, la presencia de
niños mendigos se ha multiplicado varias veces en los dos
últimos años, al igual que la de adolescentes y
jóvenes que deambulan por las calles sin un objetivo
cierto. Las cifras que maneja la Municipalidad indican que
bordean los 2.500 o quizá hasta los 3.000 los
niños, adolescentes y jóvenes que desarrollan
actividades de fortuna en las distintas esquinas de la ciudad. Y
de ese total, hay al menos unos 150 pequeños que tienen
entre 4 y 8 años (…). En el Ministerio de la Solidaridad
de la Provincia se carece de datos y sólo se registran
unos 390 chicos de la calle que realizan cursos de
capacitación laboral o reciben asistencia
psicológica y clases de dibujo y
pintura.
La falta de precisiones sobre esta dolorosa realidad
debe ser enmendada lo antes posible, pues sólo con una
conciencia exacta
de los alcances del problema se podría comenzar a atacar
sus puntos más críticos. En este sentido, la
suscripción de un convenio entre la Subsecretaría
de Políticas
Sociales de la Comuna con la Universidad de Córdoba, para
que proveer a un censo que esté dotado de rigor
estadístico, es un paso adelante, que permitirá
superar la indefinición actual. (…) El ataque al
problema de la niñez desamparada es parte de una lucha
total contra la pobreza, que a su vez es inescindible de la
puesta en marcha de un proyecto de
país que parece habérsenos perdido en el camino
(…) Mientras tanto, el establecimiento de estadísticas
ciertas respecto al tema y el abordaje de políticas
razonadas y planificadas para proveer de auxilio,
contención y educación a niños y
adolescentes en riesgo, pueden ir paliando el problema y
preparando una recuperación a mayor escala".
La Argentina posee una extensa tradición en
materia de acuerdos y solemnes compromisos contraídos con
organismos internacionales para dar solución a sus graves
problemas y
atender legítimas aspiraciones, pero otra tradición
igualmente extensa, la de creer que basta con firmar documentos
para dar solucionadas las problemáticas, ha terminado casi
siempre por hacer estériles las mejores intenciones. Es
imperioso que no sea éste un eslabón que se agrega
a esa cadena de esperanzas frustradas.
El aumento de la deserción escolar es
incontenible y abre una funesta perspectiva de cara al futuro,
sobre todo en la actual etapa de la civilización,
caracterizada por la llamada "explosión de conocimientos".
De acuerdo con proyecciones de organismos internacionales y
fundaciones privadas del primer mundo (es decir, de ese mundo
cada vez más distante de nuestro voluntarioso optimismo)
durante el nuevo siglo la disponibilidad de materias primas no
será tan importante como la disponibilidad de materia gris
activada en el mayor nivel. El
conocimiento será un factor decisivo para definir la
independencia
o sumisión de los pueblos, y esto quizá no es
advertido claramente por la clase política nacional, que
sigue accionando y reaccionando con reflejos absolutamente
desfasados de la realidad contemporánea.
De la relación de hechos, estadísticas y
legislaciones formulada precedentemente surge, con crudeza, la
complejidad de causas, el abismo existente, la urgente necesidad
de actualizar y hacer cumplir los ordenamientos vigentes y la
adopción
de medidas, por parte de los estamentos responsables, para atacar
la desocupación, la pobreza, el trabajo infantil y el
fracaso escolar, teniendo en miras avanzar, en solidaridad
social, hacia respuestas mas equitativas que la hora
exige.
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