Sociedad civil y política exterior: el movimiento de mujeres

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Argumento

Este ensayo
comienza con un análisis del proceso de
Beijing concebido no sólo como u cuestionamiento de las
relaciones sociales de género
sino también como el desarrollo de
un espacio público autónomo y negociador. Estudia
los mecanismos nacionales de vigilancia y rendición de
cuentas que
tienen a su cargo la tarea de analizar cómo las medidas
gubernamentales cumplen con los compromisos internacionales
adquiridos por los Estados y producen cambios tangibles en la
vida de la
mujer.

Se centra, asimismo, en el hecho de que no es
sólo en lo nacional donde se requiere de mecanismos y
recursos y de
procesos de
democratización múltiple, sino también en el
espacio internacional entendido como terreno de disputa en el que
se perfila y defiende los derechos de las mujeres y de
las ciudadanías democráticas.

Así, sobre la base de a dinámica reciente de desarrollo del
movimiento de
mujeres, Concluye en que la intervención de la ciudadanía en los procesos de política exterior y,
particularmente, de cooperación, concertación e
integración es necesaria para acentuar su
carácter democrático, conferirles
aceptabilidad, viabilidad, eficiencia y
permanencia, y evitar su alejamiento de las personas.

Entre las numerosas situaciones de injusticia y
desigualdad que encontramos en el Perú y en muchas
partes el mundo, la discriminación de género es una
de las más graves. En este contexto, las organizaciones sociales de mujeres y los
grupos
feministas promueven el compromiso tanto de varones y
mujeres, como el del Estado y
el de la sociedad
civil, con el logro de la equidad de
género.
Desde los inicios de las primeras sociedades
democráticas, basadas en el clásico principio
"Todos los hombres nacen libres e iguales …", las mujeres
constataron su condición de excluidas y denunciaron la
contradicción de una democracia
sin mujeres.
Así, excluidas del ámbito
público y de la ciudadanía de forma
sistemática los primeros movimientos, la teoría y la práctica feministas,
se centraron en legitimar y organizar lo que podemos
denominar las políticas de la
inclusión.
A lo largo de todo el siglo diecinueve sufragistas y
socialistas no cesaron de luchar por cambiar el inmutable
destino que la llamada "era de los cambios" continuaba
asignando a las mujeres. Cuestionaban la ideología de la naturaleza
diferente y complementaria de los sexos y se centraron en
conquistar el acceso a la esfera pública: el sufragio,
el trabajo
asalariado no proletario, la educación superior.
Ya en el siglo XX y tras la conquista de los
derechos políticos, las mujeres comprobaron las
enormes dificultades que comportaba su acceso igualitario al
ámbito público. Constatar la insuficiencia de
los derechos formales llevó al feminismo
a un nuevo resurgir organizativo y a una etapa de gran
vitalidad y creatividad teóricas.
En la denominada segunda ola del movimiento, en los
años sesenta, y en continuidad con los planteamientos
de la inclusión, se fundamentó la necesidad de
establecer mecanismos sociales y políticos capaces de
romper la dinámica excluyente del sistema
patriarcal, como la discriminación positiva y las
cuotas.
En esos mismos momentos el feminismo radical
comenzaba a desarrollar el crucial giro hacia el
análisis de la esfera privada, esfera que había
permanecido un tanto a la sombra en los enfoques anteriores.
Surgía así una nueva forma de entender y hacer
la política, actuando en el área de lo
prepolítico, en el área en que se dirime
qué debe ser y qué no objeto de "la
política" convencional, es decir de debate y
decisión pública y colectiva. Con las
políticas de "lo personal es
político" el feminismo comienza a abordar de forma
más o menos consciente el proceso de
redefinición de la realidad que incluía no
sólo esperar sino solicitar la intervención
pública o del Estado, vía derecho penal
y asistencia social, en áreas de la vida
tradicionalmente consideradas privadas o
personales.
Una fuerte desconfianza hacia las instancias
políticas, especialmente las estatales, fue parte de
la dinámica de los años ochenta, acentuada por
la presencia de gobiernos dictatoriales. Los feminismos
avanzaron en propuestas que ligaban la lucha de las mujeres
con la lucha por la "recalificación" y/o la
recuperación democrática.
Aparte de la imprescindible labor de los grupos
feministas de base, que siguen su continuada tarea de
concienciación, reflexión y activismo, ha
tomado progresivamente fuerza lo
que ya se denomina feminismo institucional. Este feminismo,
si bien reviste diferentes formas en los distintos
países occidentales, éstas tienen algo en
común: el decidido abandono de la apuesta por situarse
fuera del sistema y por no aceptar sino cambios radicales.
Así, un resultado notable de estas políticas ha
sido el hecho, realmente impensable hace sólo dos
décadas, de que mujeres declaradamente feministas
lleguen a ocupar importantes puestos en los partidos
políticos y en el Estado,
así como la creación de ministerios o instituciones interministeriales de la
mujer y la
proliferación en las universidades de centros de
investigaciones feministas.
En el ámbito internacional, uno de los temas
incorporados al interés y al quehacer de las Organización de las Naciones
Unidas (ONU) ha
sido el de la situación de las mujeres.
En 1975 la Asamblea General proclamó el
Año Internacional de la Mujer. Se instituyó el
Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer (1976-1985), con
la finalidad de examinar la condición y los derechos
de las mujeres, promoviendo su acceso a puestos de
decisión en todos los niveles. Al finalizar el
Decenio, la Conferencia
Mundial celebrada en Nairobi, Kenya, evaluó sus logros
y aprobó un conjunto de estrategias para el adelanto de la mujer.

La ONU ha aprobado también otros importantes
documentos
que afirman los derechos de las mujeres y promueven la
equidad de género. Entre ellos, debemos mencionar la
Convención para la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, y la
Declaración sobre la Eliminación de la
Violencia
contra la Mujer. Los acuerdos de varias conferencias y
reuniones cumbre convocadas por la ONU contienen
también análisis y disposiciones que expresan
compromisos con la equidad de género. Es el caso de la
Conferencia Mundial de Derechos
Humanos (Viena, 1993), de la Conferencia sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994)
y la Cumbre sobre Desarrollo
Social (Copenhague, 1995).
Asimismo, ha creado progresivamente instancias
especializadas que acopian información, constatan avances o
problemas
y formulan recomendaciones sobre los diferentes aspectos que
afectan la vida de los habitantes de la aldea global:
derechos humanos, medio
ambiente, trabajo,
salud,
educación, y muchos otros.
También ha celebrado de manera periódica
reuniones con participación de representantes de
todos los países para tomar acuerdos y establecer
compromisos sobre temas de interés general.

Pero, la pregunta y tema de este trabajo es:
¿cómo lograr que los propósitos y
compromisos formales adquiridos en el ámbito
internacional por los gobiernos se conviertan en realidades?
¿Cómo se da la participación de la
sociedad
civil en los ámbitos nacional, regional e
internacional para influenciar el contenido de las
declaraciones de compromisos?
Si bien aún existen conflictos
y críticas dentro del movimiento de mujeres acerca de
la participación de las feministas en los gobiernos y
de la negociación con ellos, mi propuesta es
que son necesarios tanto los mecanismos institucionales de
participación previos en países como el
Perú, en los que la poca autonomía y debilidad
de la sociedad civil la termina convirtiendo en algo
simplemente funcional al poder
estatal.
Por ello, «Beijing: algo más que
palabras» fue el lema adoptado por las
organizaciones de la sociedad civil de América
Latina y el Caribe que participaron en la Conferencia de
Beijing. Las organizaciones de mujeres de la sociedad civil
descubrieron que no bastaba con lograr documentos muy
avanzados y compromisos formales de los gobiernos. Para que
los propósitos se conviertan en realidades es
fundamental que se asignen recursos suficientes, y que se
efectúe un seguimiento al cumplimiento de los
acuerdos, en la forma de un monitoreo permanente.
¿Cómo se hace esto en un país
con un Estado debilitado por la crisis
fiscal y
cuyo paradigma
de funcionamiento y coordinación es una combinación
de paradigmas
preburocráticos, burocráticos y, recién
empieza a afrontar con relativa seriedad, un proceso de
modernización y distribución del poder?
¿Cómo lograrlo con un sistema
político cuyo sistema de partidos también
se encuentra en crisis y cuya sociedad civil es débil
y tiene poca autónomía?
Creo que la experiencia del proceso iniciado en
Beijing aporta lecciones importantes al respecto.
MARCO
CONCEPTUAL

Partes: 1, 2

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