Procesos de integración en Latinoamérica: El ALBA como alternativa posible (página 2)

En la década de los 60s nuevas tentativas
integracionistas se dan parte en el escenario latinoamericano y
caribeño. La primera de estas consistió en la
gestación de la Asociación Latinoamericana de
Libre Comercio
(ALALC) cuyo marco jurídico fue el Tratado de Montevideo
de 1960. Originalmente, los países signatarios de dicho
acuerdo fueron Argentina, Brasil, Chile,
México,
Paraguay,
Perú y Uruguay. A los
que luego se le unirán Colombia y
Ecuador en
1961, Venezuela en
1966 y Bolivia en
1967. El ALALC pretendía favorecer la integración económica regional como
forma esencial para el fomento del desarrollo
socio-económico entre sus miembros. Para ello se
pensó constituir una región de libre comercio en un
periodo de doce años, el cual luego fue ampliado a veinte
años.

Vale la pena recalcar que los debates de cómo
debía ser dicho proceso de
integración estuvieron representados por dos grupos con
posiciones encontradas. Por un lado, la idea de
integración acelerada en base a un proyecto
supranacional era promovida por Chile, Venezuela y Colombia; por
el otro, la concepción de un proceso de integración
gradual era sostenida por Argentina, Brasil y México. Este
último grupo
logró concertar el apoyo de otros países miembros
con lo que consiguió pasar su formula de
integración. No es una casualidad que hayan sido los tres
países latinoamericanos industrialmente más
desarrollados los que hayan propuesto la integración
gradual fundamentada en las prácticas y avances de
desarrollo nacionales.

El ALALC promovió el diálogo y
las iniciativas concretas para facilitar la integración.
Sin embargo, muchas de estas se quedaron en su marco
jurídico e intencional, y no fueron traducidas en su
totalidad en mecanismos prácticos. En esa misma
dimensión cabe destacar la declaración de Punta del
Este de 1967 donde los presidentes de los Estados miembros de
la
Organización de Estados Americanos y el primer
ministro de Trinidad y Tobago acordaron desarrollar lo que
sería el Mercado
Común Latinoamericano en un plazo no mayor de quince
años. Este reimpulso del ALALC propició acuerdos
subregionales con miras a la integración total.

En 1965, con la independencia
de gran parte de las naciones caribeñas se crea una nueva
ola del movimiento
integracionista, reflejada ésta en articulación de
la Asociación Caribeña de Libre Comercio conocida
como CARIFTA por sus siglas en inglés.
Esta asociación perseguía la unión
económica de sus integrantes para negociar como bloque en
el mercado internacional. Sus esfuerzos estaban encaminados al
incremento, liberalización y diversificación del
intercambio comercial, así como a la promoción de un sistema de justa
competencia como
forma de proteger la pequeña empresa en los
países miembros. El CARIFTA finalizó en 1973 dando
paso a la formación de la Comunidad del
Caribe.

Por su parte, en 1966, Suramérica veía la
germinación de dos fuertes iniciativas que estaban siendo
promovidas por la ALALC de cara a la integración regional.
El primero de estos esfuerzos fue la constitución del Grupo Andino (GA) cuya
formulación tiene lugar con la Declaración de
Bogota de 1966, siendo firmada por los gobiernos de Colombia,
Chile, Venezuela, Perú y Ecuador. Bolivia se
adhirió al GA un año más tarde. Las
actividades formales del Grupo Andino comenzaron en 1969 con la
instalación en Perú de su organismo
rector.

El segundo paso suramericano a favor de la
integración tiene que ver con la creación de la
Corporación Andina de Fomento (CAF), entidad financiera
para la promoción del desarrollo y la cooperación
andina. En este sentido, la CAF ha funcionado como banco
múltiple, cuyas políticas
de financiamiento
no solo han beneficiado a los países andinos, sino que han
sido expandidas a otros Estados de América
Latina y el Caribe.

La última señal integracionista de la
década de los 60s fue el Tratado de la Cuenca del Plata,
acuerdo de cooperación regional signado en 1969 por los
gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Los
objetivos del
mismo promovían la investigación científica para la
protección y aprovechamiento de los recursos
naturales, la cooperación recíproca en materia de
educación
y sanidad, así como el desarrollo de las vías y
procesos de
comunicación y transporte,
entre otros.

Tres fueron las principales acciones para
la integración en América
Latina y el Caribe durante los años 70s. La primera de
ellas tuvo lugar en el Caribe en 1973 cuando el CARIFTA se
transformó en la Comunidad del Caribe (CARICOM), la cual
contempló como parte integral de sus funciones el
desarrollo de un Mercado Común (Deere & Esty, 2002).
El CARICOM promueve la cooperación económica y
técnica, así como la coordinación de la política exterior
entre sus Estados miembros. En este sentido, el CARICOM se ha
planteado como objetivos de futuro la unidad monetaria y la
creación de un mercado interno único. En la
actualidad, el CARICOM cuenta con quince Estados miembros, cinco
países asociados y cinco países
observadores.

Con la constitución del Sistema Económico
Latinoamericano y del Caribe (SELA) en el año 1975 tiene
lugar la segunda iniciativa en materia de integración que
se da en el subcontinente en la década de los 70’s.
El SELA tiene como objetivos promover la cooperación
técnica para favorecer la integración, al mismo
tiempo que
actúa como entidad de consulta y coordinación para
la concertación de estrategias y
posiciones comunes entre sus miembros, de manera que puedan ser
presentadas como bloque único en la relación que
estos puedan tener con otros actores en el plano
internacional.

El tercer importante paso para la cooperación e
integración de esta época fue el nacimiento de la
Organización del Tratado de
Cooperación Amazónica (OTCA) en 1978. Integrada por
Bolivia, Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú,
Surinam y Guyana, la OTCA tiene como componente medular la
conservación del medio ambiente
y la utilización racional del los recursos
naturales de la Amazonía.

A los veinte años de la creación de la
ALALC un nuevo enfoque toma curso en la propuesta de
integración de la región. Es así como en
1980 la ALALC se transformó en la Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADI). A
diferencia de ALALC, ALADI promueve un modelo de
integración semejante a los parámetros de libre
comercio planteados por la Organización Mundial de Comercio.
Sobretodo, la ALADI fomenta un regionalismo abierto cuyo objetivo
ulterior es la creación a largo plazo del Mercado
Común Latinoamericano.

Aunque la idea de desarrollar un mercado común
Sudamericano se remonta a los años 80s, cuando Brasil y
Argentina iniciaran formales acuerdos de comercio bilateral; no
es hasta 1991 cuando se creó la entidad que daría
curso a la concreción de las estrategias para alcanzar
dicha meta. El Mercado Común del Sur (MERCOSUR)
nació con la intención de generar los mecanismos y
vías político-administrativas para fomentar un
proceso de integración orientado a facilitar el desarrollo
de sus países miembros, y esto con un marcado sentido de
justicia
social.

El MERCOSUR está integrado por Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay. Este ha logrado un gran avance en lo que se
refiere a la eliminación de aranceles para
los productos de
la región. No obstante, no se puede afirmar lo mismo en lo
relativo a la circulación de factores de producción y a la armonización de
políticas macroeconómicas.

En el mismo año, 1991, se forma el Grupo de los
Tres, el cual cuenta con la participación de Colombia,
México y Venezuela, y cuya idea primordial consiste en
desarrollar un área de libre comercio de bienes y
servicios
entre sus partes, al mismo tiempo que se facilita el acceso a la
inversión. Entre los principales temas de
discusión que han tenido espacio en el Grupo de los Tres
están: energía, trasporte y
telecomunicación, medio ambiente,
pesca y
agricultura;
así como la cooperación del Grupo con
Centroamérica y el Caribe en asuntos de desarrollo
turísticos y vías de
comunicación.

Asimismo, en América Central aparece el Sistema
de la Integración Centroamericana (SICA), integrado por
Costa Rica, El
Salvador, Honduras, Guatemala,
Nicaragua y Panamá. A
quienes más tarde se sumo Belice como miembro pleno, y la
Republica
Dominicana como Estado
asociado.

Por otro lado, en 1994 fue establecida la
Asociación de Estados del Caribe (AEC), la cual
está integrada por veinticuatro naciones de la cuenca del
Caribe, teniendo como objetivo común el fortalecimiento de
la cooperación técnica para el desarrollo
económico y la protección del medio ambiente de
la región. Entre los temas comunes debatidos en como
relevantes para el llamado Gran Caribe se encuentran: turismo sostenible,
transporte, desastres
naturales y comercio, entre otros.

Un nuevo episodio de proceso de integración
Latinoamericana se abre con la entrada en vigencia de la Comunidad
Andina de Naciones (CAN). Aunque sus intenciones originales
se remontan a la década de los 60s, es en 1997 cuando los
Estados de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela
suscriben el acuerdo que da inicio a sus actividades. El objetivo
principal de la CAN es propiciar un modelo de desarrollo regional
más acelerado, equilibrado y autónomo, que a la vez
pueda ser expandido a todo el subcontinente. En este sentido,
todas las estrategias de integración han quedado
delimitadas a tres grandes ejes de trabajo: 1-
Profundización de la integración comercial, 2-
Desarrollo y competitividad; y 3- Política exterior
común, cooperación política y
social.

Los avances emanados de la experiencia andina han sido
solidificados con la creación de la Comunidad
Sudamericana, la cual representa la fusión del
CAN, del MERCOSUR y Chile como forma de propiciar mecanismos para
el diálogo y la concertación política en
América del Sur. Con esto se persigue alcanzar un mayor
nivel de cooperación en aspectos políticos,
económicos, socioculturales e intercambio de información; así como en temas
relacionados a infraestructura física.

En sentido general, todas estas iniciativas reflejan el
caminar histórico de los procesos y proyectos
integracionistas que han surgido en América Latina y el
Caribe desde mediado del Siglo pasado. Los cuales se han
caracterizado por la definición de aparatos
burocráticos que, mal que bien, han dado curso a los
actuales lazos de cooperación existentes en la
región. Los cuales sobrevividos a los vaivenes
políticos, económicos y sociales que han
caracterizado la historia de esta parte del
hemisferio.

III- El
Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)

Con la entrada en vigencia del Tratado de Libre
Comercio de Norteamérica (TLCN) aparece un nuevo
elemento en los procesos de integración sostenidos hasta
el momento en el continente. Cada país del subcontinente,
con excepción de Cuba,
había mantenido, de alguna u otra forma, fuertes
relaciones bilaterales con los Estados Unidos de
América (EUA). Pero en el marco de la integración
regional, era la primera vez que Canadá y EUA se acercaban
en forma conjunta a un país Latinoamericano con fines de
intercambio comercial. Es más, el TLCN es la primera
experiencia de libre comercio entre países vecinos con
marcados niveles diferenciados de desarrollo (Taylor &
Thomas, 1999).

El TLCN aparece en un momento crucial en el que las
ideas neoliberales son abiertamente promovidas como
prerrequisitos para el desarrollo económico. Dichas ideas
estaban traducidas en el conjunto de reformas de ajuste
estructural que cada gobierno de la
región debía seguir para asegurar la
‘estabilidad’ nacional. Esto siguiendo los
parámetros y ‘sugerencias’ de las Instituciones
Financieras Internacionales (IFI), representadas en el Banco Mundial
y el Fondo Monetario
Internacional, y que luego pasarían a ser conocidas
como el "Consenso de Washington" (Franco, 2003; Harris, 2002;
Wrobel, 1998; Smith, Acuña & Gamarra,
1994).

En síntesis,
el discurso
neoliberal promovido por el Consenso de Washington se materializa
en un modelo económico que visualiza el desarrollo como
resultado directo de la apertura al libre mercado, prescindiendo
del Estado en su papel regulador y mediático del mismo
(Harris, 2000; Kay & Gwynne, 2000; Green, 1995). Facilitando
así el establecimiento de un Darwinismo económico
magistralmente representado en modelo chileno de los años
de Pinochet (Green, 1995).

La puesta en marcha de los llamados ‘ajustes
estructurales’ no solo generó mayor inestabilidad en
todos los países que fueron aplicados, sino que
despertó un renovado descontento social expresado en
protestas callejeras que en su mayoría estuvieron marcadas
por sucesos violentos (Ibid).

Sin embargo, la acelerada liberalización
económica no necesariamente genera aspectos positivos para
los países menos desarrollados en sus negociaciones
bilaterales con otros países de mayor desarrollo, ya que
estos últimos cuentan con una posición preferencial
para la competitividad (Khor, 2005; Green, 1995). En este
sentido, el TLCN presenta unas características singulares
ya que el mismo no ha podido responder a las expectativas
mexicanas en materia de acceso al mercado (Wrobel, 1998), pues
los EUA mantienen una alta demanda de
liberalización para con sus socios, a la vez que crea
barreras internas de protección (Carlsen, 2005).
Recordemos aquí que México ha acordado bajo las
negociaciones trilaterales con Canadá y EUA la
liberalización total de sus productos agrícolas
para el año 2008 (Khor, 2005). Sin embargo, los EUA no han
asumido decisión alguna para la eliminación de sus
subsidios agrícolas en ninguno de los acuerdos de libre
comercio que dicho país ha suscrito (Gibbs & Wagle,
2005).

Por otro lado, uno de los pocos aspectos positivos del
TLCN tiene que ver con la creación de mecanismos y
estrategias para la protección del medio ambiente,
así como a temas relacionados a la salud y al derecho
laboral. El TLCN es el primer acuerdo internacional que
incluye estos temas en la agenda de libre mercado. Además,
el TLCN ha creado un proceso para favorecer la
participación de la sociedad civil en
sus negociaciones, aspecto poco común en las leyes y
mecanismos de comercio
internacional (Garvey, 1995). A pesar de esto, para que esos
dispositivos puedan actuar con independencia y a plena capacidad
de acción
deben ser estructuralmente mejorados, a la vez que deben ser
dotados de los recursos financieros necesarios (Deere & Esty,
2002).

En 1994, basado en la experiencia del TLCN, los Estados
Unidos de América promueven la idea del Acuerdo de Libre
Comercio de las Américas (ALCA). La misma tuvo como
preámbulo la propuesta de la "Empresa de las
Américas" impulsada por la
administración Bush (padre) a mediados de 1990. Pero
es en la Primera Cumbre de las Américas celebrada en Miami
en 1994, cuando treinta y cuatro de los países del
continente deciden poner en marcha un proceso para la
integración hemisférica basada mera y
exclusivamente en las estrategias de libre mercado. Dicho
proyecto aparece en un momento

A pesar de que el TLCN se perfilaba como el modelo a
seguir en las negociaciones para el ALCA, éstas no han
dado cabida a los temas de salud, trabajo y medio ambiente que
fueron incluidos en el convenio Norteamericano. En la actualidad,
el documento base para la articulación del ALCA no cuenta
con criterio alguno para dar seguimiento a estos tópicos.
En este sentido, el ALCA no parece prestar atención a las problemáticas
laborales, salariales, ambientales, entre otras, generadas en
México a partir su entrada en el TLCN (Estevadeordal et.
al, 2004).

También ha habido discrepancia en cuanto a la
forma de aplicación del ALCA ya que los EUA sostienen la
expansión del TLCN en una modalidad de
país-por-país (Green, 1995), mientras que ciertos
países Latinoamericanos, particularmente Brasil, abogan
por un modelo de negociación conjunta (Chambers & Smith,
2002). Lo cual parece tener pleno sentido ya que en los pactos de
libre mercado asumidos hasta el momento entre Norte y Sur han
estado caracterizado por una desventaja proporcional para los
países con menos desarrollo, lo cual se refleja en las
prácticas discriminatoria asumidas por las naciones
más desarrolladas (Gibbs & Wagle, 2005).
Además, los acuerdos de libre comercio, como el ALCA,
están generalmente fundamentados en principios de
reciprocidad, los cuales no permiten un trato diferenciado entre
las partes generando así mayor desigualdad entre los
signatarios, según su nivel y capacidad de desarrollo
(Khor, 2005).

Si bien es cierto que el ALCA podría significar
una reducción en los precios de los
artículos de consumo para
la clase urbana,
no es menos real que, a la par, podría multiplicar la
pobreza no
solo en el área rural, sino en los espacios citadinos.
Muestra de
ello se ha visto con la aplicación del los ajustes
estructurales y sus estrategias de liberalización
económica en países de la región (Green,
1995; Smith, Acuña & Gamarra, 1994), así como
por las acciones proteccionistas, específicamente en el
sector agrícola, establecidas en los países
más desarrollados (Gibbs & Wagle, 2005; Guadagni &
Kaufmann, 2004). Por otro lado, la acelerada
liberalización económica emanadas en las
negociaciones del ALCA pueden facilitar e incrementar el
deterioro del patrimonio
ambiental, y con ello la regresión en el desarrollo
sostenible del hemisferio (Estevadeordal et al., 2004;
Franco, 2003; Harris, 2000).

La celebración el pasado noviembre de la IV
Cumbre de las Américas en Mar de Plata, Argentina no
cumplió con su cometido de dejar definitivamente
establecida el área de libre mercado del continente. Por
el contrario, al igual que en otros encuentros previos, dicho
conclave fue el detonante de protestas masivas en contra la
puesta en marcha del ALCA. Parecería que esta
situación junto a otras consideraciones planteadas en
materia de acceso a mercados,
subsidios agrícolas y niveles diferenciados de desarrollo
fue la que motivo a los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay,
Uruguay y Venezuela a frenar la agenda de libre comercio del
modelo ALCA (Valente, 2005)

Pero, ¿cuáles podrían ser entonces
las estrategias de integración que aseguren el desarrollo
sostenible de Latinoamérica y el Caribe en su
relación comercial internacional interna y externa?
¿Que características tendría que definir la
integración Norte-Sur en América? La breve
reseña histórica de las iniciativas de
integración tenidas en el continente americano parece
reflejar que esta cuestión no tiene respuesta
única. De aquí que en la siguiente sección
nos proponemos presentar lo que podría ser una alternativa
posible para la integración regional.

VI- La Alternativa Bolivariana para las
Américas

La Alternativa Bolivariana para las Américas
(ALBA) comienza
a vislumbrarse en el año 2001. Esta aparece con el deseo
manifiesto del gobierno de Venezuela de promover un modelo
diferente de integración regional opuesto a las
iniciativas del ALCA (Valencia, 2005). En este sentido, la
administración Chávez ha iniciado
ciertas prácticas de política exterior que se
perfilan como independientes del movimiento neoliberal, las
cuales le han otorgado de cierto liderazgo en
el panorama internacional (Ellner, 2001). Con estas iniciativas,
al decir de Ellner, "Chávez, más que cualquier otro
presidente Latinoamericano, era sospechoso de la creación
de una zona de libre comercio en el hemisferio sin darle a las
naciones de América Latina el tiempo necesario para
prepararse para la competencia internacional" (2001, p.21). Es
así como Venezuela, haciendo uso de la llamada
‘diplomacia petrolera’ está promocionando un
modelo no mercantil de construcción social, modelo que prioriza
las relaciones solidarias entre sus Estados miembros (Gambina,
2005; Báez, 2004).

El ALBA comienza a materializarse con los acuerdos
firmados entre los gobiernos de Cuba y Venezuela en Diciembre de
2004 (Trujillo, 2005). Dichos convenios buscan garantizar el
intercambio de bienes y servicios para el beneficio mutuo de
ambas naciones, en aspectos no sólo económicos sino
también de carácter social. Con la inclusión de
Bolivia como tercer miembro del acuerdo en Abril del presente
año, las estrategias del ALBA comienzan a expandirse de
manera más sólida e integral. Además, con
los acuerdos petroleros que crean a Petroamérica
(MERCOSUR), Petrocaribe y Petroandina, el ALBA parece estarse
abriendo paso como modelo real de cooperación solidaria
(Zibechi, 2005).

Entre los componentes esenciales de la Alternativa
Bolivariana para las Américas se encuentra la necesidad de
los países miembros de diseñar un plan
estratégico que garantice un modelo productivo
fundamentado en el uso racional de los recursos y las ventajas
existentes de cada una de las partes. Con lo cual se habilita a
una estrategia
conjunta que impulsa el desarrollo endógeno, la seguridad y
soberanía alimenticia, los aspectos
culturales y sociales relacionados al proceso productivo,
así como la cooperación técnica en salud,
educación, energía, entre otros (López,
2005; Tavares, 2005). En otras palabras, según afirma
Gibbs, el ALBA suscita un modelo de desarrollo "basado en el
fortalecimiento de los sectores productivos nacional como la
agricultura y la industria
versus maquiladora – tipo industrial que no parece resolver
las causas soterradas de la pobreza o
estar construyendo economías sostenibles" (2006, p.275).
Resumiendo, el modelo ALBA está cimentado sobre la base de
la necesaria participación del Estado en asuntos de salud,
educación y energía como forma de asegurar
servicios esenciales para sus ciudadanos y ciudadanas (Gibbs,
2006; Valencia, 2005)

Dicho esto, ¿cuáles son los retos que el
ALBA tendría que enfrentar para lograr sus
objetivos?

En primer lugar, algunos intelectuales
latinoamericanos describen a Chávez como una figura
mesiánica cuyo poder
político está creando una influencia negativa en la
región. Otros lo califican de ‘jacobino’ o
como un ‘agitador de izquierda’ (Ellner, 2001). Esta
imagen sobre
el líder
de la llamada ‘Revolución
Bolivariana’ puede afectar la aceptación del ALBA en
ciertas esferas sociales e intelectuales. En cierto modo porque
dicha caracterización tiende a ser confundida con la
imagen de ‘mano dura’ que represento a los regimenes
militares en la historia reciente del continente. No obstante, la
más cercana identificación que podría
hacerse del Chavismo está asociada al populismo
radical. En particular, por su dimensión creadora de
mecanismos de participación capaces de responder a los
sectores menos privilegiados (ídem).

El ALBA tiene que seguir ganando terreno en el panorama
Latinoamericano, aprovechando el marcado apoyo que existe en la
región de cara a la integración (Seligson, 1999).
Para ello, los gobiernos de Bolivia, Cuba y Venezuela
podría adoptar una estrategia conjunta de
invitación formal o de expansión de los acuerdos
con aquellos países que desde ya se benefician de la
‘diplomacia petrolera’. Pues, recordemos que
ésta es uno de los componentes básicos del modelo.
Asimismo, desde el ALBA se debe seguir enfatizando si no el
rechazo a la firma de convenios de libre comercio con EUA, la
re-evaluación
de los mismos. De manera que estos contemplen criterios alusivos
a desarrollo diferenciado y trato preferencial para las naciones
menos desarrolladas (Carlsen, 2005).

En otra dimensión, las estrategias enmarcadas en
el ALBA en cuanto a la temática medioambiental y el uso
racional de los recursos naturales debe ser desarrollada en su
plena capacidad. Esto como forma de potenciar la
preservación de los recursos naturales y la biodiversidad
en las políticas generales de desarrollo (Guadagni &
Kaufmann, 2004). En particular, porque las acciones destinadas a
la construcción de infraestructuras físicas con
fines energéticos en Sudamérica no se compaginan
con los principios enarbolados por el ALBA. Además, este
tipo de acciones puede malograr los derechos de comunidades
indígenas y de otras poblaciones rurales.

En cuanto las áreas de salud, energía y
agricultura, se precisa reforzar la creación e
incorporación de tecnologías que faciliten el
denominado desarrollo endógeno. En particular, el ALBA
demanda de una mayor elaboración de los aspectos
relacionados a la propiedad
intelectual de los pueblos, en su rechazo del actual modelo de
propiedad
intelectual asumido en las negociaciones del ALCA.

Finalmente, se debe preservar la flexibilidad del
Plan
Estratégico de manera que las necesidades en las naciones
integrantes del acuerdo puedan encontrar cabidas en los
mecanismos formales de negociación solidaria no
mercantilistas. En este sentido, la ampliación de los
mecanismos consultivos y de participación para la sociedad civil
debe ser claramente establecida en cada uno de los países
miembros. Esto como forma de asegurar la participación
democrática en las decisiones que afectan a las
economías nacionales (Adams, 2003; Harris,
2002).

V-
Conclusión

En la medida en que el ALBA favorezca un modelo de
integración regional que reconozca las diferencias en los
niveles de desarrollo de cada uno de sus integrantes, al mismo
tiempo que priorice las relaciones solidarias en los mecanismos y
entidades formales, entiéndase en sus aspectos legales;
podríamos afirmar que dicho modelo se perfila como una
fuerte alternativa posible para la integración en
América Latina y el Caribe.

Cuatro son los aspectos generales que, a mi entender,
deberían definir dicho proceso. En primer lugar, se debe
potenciar la cooperación interna entre los Estados del
subcontinente, esto sin pretender el aislamiento en la economía global, pero
sí con la marcada intención de crear una
experiencia de intercambio netamente Latinoamericana, por lo
menos en sus etapas iniciales y de crecimiento. La misma
tendría que contar con un marco temporal en
relación a las necesidades y ventajas que cada país
presenta.

Segundo, se precisa del fortalecimiento de los
mecanismos de participación social como forma de asegurar
y fomentar el apoyo político, la prevención de la
corrupción
y el respeto de los
derechos fundamentales en las políticas y estrategias de
desarrollo. Para esto debe considerarse la gama cultural de los
pueblos de Latinoamérica, facilitando un mejor
entendimiento de los procesos locales, nacionales y regionales en
materia de cooperación y diálogo.

En lo que al desarrollo ambiental se refiere,
éste no debe estar supeditado al desarrollo netamente
financiero. En este sentido, hace falta un mayor proceso creativo
para el aprovechamiento racional y la conservación de los
recursos naturales, así como para la creación de
mecanismos y tecnologías para el uso de los recursos
energéticos renovables.

Finalmente, no se debe prescindir de la
participación del Estado tanto en el sector productivo,
como en la generación y suministro de los servicios
esenciales de educación y salud. Si bien es cierto que
esto no debe anular la participación del sector privado,
el Estado debe
conservar y fortalecer su papel regulador y mediático en
dicha intervención.

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Autor

Francisco Burgos

Nació en Santo Domingo, Republica Dominicana en
1972.

Realizó su licenciatura en Psicología
Clínica en la Universidad
Nacional Pedro Henríquez Ureña, además de
realizar estudios de postgrado en Pedagogía Social en el Instituto
Tecnológico de Santo Domingo y la Universidad de Sevilla.
Adicionalmente, Francisco ha cursado ciertos estudios
Teológicos en el Instituto de Centroamericano de Ciencias
Religiosas.

En la actualidad, Francisco Burgos es un candidato en la
maestría en Desarrollo Sostenible en ‘The School for
Intenational Training’.