Servicios solidarios del Estado en un mundo globalizado

2. Estado social de Derecho en
   Costa Rica
3. Globalización
   y apertura económica
4. La
   disyuntiva de escoger un modelo
5. Resultados del
   modelo solidario
6. Conclusiones
7. Bibliografía

INTRODUCCIÓN

La globalización es un proceso
progresivo, acelerado hoy por a) la convergencia
tecnológica de las redes, la informática y las telecomunicaciones, b) la acción
de las empresas
transnacionales y c) los tratados de
libre
comercio. Las fuerzas del libre comercio, en
asocio con gobernantes complacientes en nuestros países
del tercer mundo, han venido infiltrando las políticas
de Estado,
desarticulado el desarrollo
social que caracterizó una mayoría de ellos y
propiciado la apertura y desregulación de los mercados y la
privatización de las empresas
públicas, causando en la mayoría de los casos,
pobreza y
exclusión de las clases más vulnerables.

Costa Rica, sin embargo, es todavía ejemplo de
desarrollo social, para una América
Latina cada vez más pobre. Su Estado Social de
Derecho, con instituciones
públicas prestando servicios al
costo y bajo el
principio de solidaridad, le
ha permitido niveles de desarrollo socio-económico, muy
superiores al promedio latinoamericano.

Sus instituciones estatales han sido por tanto, un
instrumento de desarrollo, generador de economías para las
empresas, pero sobretodo de bienestar para toda la población, pues no solo constituyen un
medio de distribución de riqueza, sino que le
generan un extraordinario excedente al consumidor.

ESTADO SOCIAL DE
DERECHO EN COSTA RICA

Costa Rica es hoy, posiblemente, el país
más solidario de América
Latina. Su Modelo de
Estado, creado en 1949, garantiza servicios
públicos que hoy son estratégicos, a casi la
totalidad de su población. Tal cosa solo ha sido posible,
a través de la acción y la regulación del
Estado.

Las políticas neoliberales en las últimas
dos décadas, han venido sin embargo, debilitando el Estado y
limitando ese modelo. Sus repercusiones, sobre todo en la
población de menores recursos, han
provocado que haya aumentado -en vez de disminuir- la brecha
social y la exclusión. El auge de los servicios privados
de salud y educación y el
deterioro de sus contrapartes públicas, son consecuencia
directa de la estrategia de
liberalización de mercados, desgravación tributaria
para algunos grupos y
reducción del Estado.

A pesar de todo eso, el modelo de empresas del Estado
que prestan servicios, sobre todo cuando estos se dan en monopolio
(pero regulado, para prevenir abusos); que opera por ley al costo y
con subsidios para quienes no pueden pagar su costo, ha sido el
medio por el que nuestro país ha garantizado acceso
universal a los más importantes servicios públicos:
salud, educación, agua potable,
energía
eléctrica, telecomunicaciones y seguros.

Nuestro Estado está cimentado, desde 1949, sobre
pilares constitucionales que podríamos resumir de la
siguiente forma:

2. Un Estado Social de Derecho, sustentado en el
   Artículo No. 50 de la Constitución Política: "El
   Estado procurará el mayor bienestar a todos los
   habitantes del país, organizando y estimulando la
   producción y el más adecuado
   reparto de la riqueza".
2. Educación gratuita y obligatoria,
   garantizada por el Artículo No. 78 de la
   Constitución Política: "La
   educación general básica es obligatoria.
   Esta, la preescolar y
   la educación diversificada son gratuitas y costeadas por
   la Nación".
3. La proscripción del ejército
   como institución permanente, según el
   Artículo No. 12 de la Constitución
   Política: "Se proscribe el ejército como
   institución permanente".
4. El Principio de Solidaridad Social,
   garantizado por el Artículo No. 74 de la
   Constitución Política: "Los derechos y beneficios a
   que este capítulo se refiere son irrenunciables. Su
   enumeración no excluye otros que se deriven del
   principio cristiano de justicia
   social y que indique la ley; serán aplicables por igual
   a todos los factores concurrentes al proceso de
   producción y reglamentados en una legislación
   social y de trabajo, a
   fin de procurar una política permanente de solidaridad
   nacional".
5. La prestación de servicios
   públicos por instituciones del Estado, que operan al
   costo, sin fines de lucro, en procura del desarrollo y el
   bienestar del país y sus habitantes, así
   garantizado por la Ley No. 7593 del 9 de agosto de 1996, de la
   Autoridad
   Reguladora de las Servicios Públicos (ARESEP) y la Ley
   No. 3226 del 28 de octubre de 1963, en el caso
   específico de telecomunicaciones.

Esas normas de nuestra
Constitución y legislación, han producido el
más universal acceso a los servicios básicos, que
país alguno haya podido lograr en América Latina, a
través de instituciones públicas como la Caja
Costarricense de Seguro Social
(CCSS), el Ministerio de Educación, las Universidades
Públicas y el Instituto Nacional de Aprendizaje
(INA), el Servicio
Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SNAA), el Instituto
Costarricense de Electricidad
(ICE), y el Instituto Nacional de Seguros (INS).

A través del Servicio Nacional de Electricidad
(SNE), creado por Ley No. 77 del 31 de julio de 1924 y convertido
más recientemente en la Autoridad de Servicios
Públicos (ARESEP), creada por Ley No. 7593 del 9 de agosto
de 1996, se asegura el país de que esos monopolios
públicos, permitidos para el Estado, no para los privados,
no abusen de su condición; y por el contrario, garanticen
siempre una operación al costo y en algunos casos con
subsidios cruzados, para hacer posible que todos los habitantes
del país tengan acceso a los mismos.

El ICE es quizá, la más emblemática
de las instituciones, que ha llevado servicios de electricidad y
telecomunicaciones a todo el país, con rasgos de
singularidad mundial, por las siguientes razones:

2. Presta, como una sola empresa, dos
   servicios estratégicas para el desarrollo del
   país.
2. Optimiza su gestión, al obtener economías de
   escala y
   compartir recursos: personal,
   maquinaria, vehículos, edificios, etc.
3. Comparte la misma infraestructura, tanto
   para los servicios de telecomunicaciones, como para los de
   energía eléctrica: por ejemplo, la
   postería.
4. Aprovecha una convergencia tecnológica cada
   vez mayor. Por ejemplo, la de cables eléctricos para
   distribuir las comunicaciones, a través de la tecnología del Power Line Carrier
   (PLC), y las
   fibras ópticas instaladas en el interior de los cables
   de muy alta tensión.
2. Obtiene beneficios del apalancamiento
   financiero entre los dos sectores. Por ejemplo, el sector de
   electricidad es intensivo en capital,
   tiene periodos de construcción y recuperación mucho
   más largos y una menor rentabilidad; mientras que le de
   telecomunicaciones requieren de menores inversiones,
   periodos de construcción y de recuperación
   más cortos y una mayor rentabilidad.
3. No paga el uso del espectro radioeléctrico,
   por ser una institución del Estado.
2. No paga derechos de paso en vías
   públicas o propiedades del Estado, por ser, de nuevo,
   patrimonio
   nacional.
3. No reparte dividendos, sino que genera
   riqueza para el país, beneficiando directamente a los
   ciudadanos y las empresas.
4. No gasta en mercadeo y
   publicidad.