INTRODUCCION
Colombia se
encuentra en el umbral del siglo XXI, orgullosa pero amenazada,
frente al reto histórico de establecer y consolidar una
sociedad
dentro de la cual el Estado
pueda ejercer su verdadera autoridad y
cumplir con sus obligaciones
fundamentales, de acuerdo con la Constitución Política:
"…. Servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de
los principios,
derechos y
deberes consagrados en la Constitución; facilitar la
participación de todos en las decisiones que los afectan y
en la vida económica, política,
administrativa y cultural de la nación;
defender la independencia
nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
".
Hoy, todos estos objetivos
están en juego. Nuestra
mayor responsabilidad como gobierno es
construir un país mejor y más seguro para las
generaciones de hoy y mañana y asegurar que el Estado sea una
fuerza
más eficaz para la tranquilidad, la prosperidad y el
progreso nacionales. Debemos construir un Estado de
justicia
social que proteja a todos los ciudadanos y mantenga vigentes sus
derechos a la
vida, la dignidad y la propiedad, la
libertad de
creencia, opinión y de prensa.
Para que este propósito fundamental se vuelva
realidad para Colombia, debemos
superar las dificultades y situaciones cambiantes del
ámbito nacional e internacional. Debemos enfrentar los
retos de una economía
internacionalizada y otros heredados de nuestra historia y evolución. Nuestros retos determinantes se
han originado en la proliferación del narcotráfico y en el impacto
económico, político y social del proceso de
globalización.
No cabe duda que Colombia padece
de los problemas de
un Estado que aún no ha sabido consolidar su poder, una
falta de confianza en la capacidad de sus fuerzas armadas,
policía y sistema judicial,
de garantizar la permanencia del orden y la seguridad; una
crisis de
credibilidad en los distintos niveles y en las varias instancias
de gobierno; y
corrupción
en la conducta de los
sectores público y privado.
Todo esto ha sido fomentado y agravado por los
desestabilizadores efectos del narcotráfico, el cual, con sus vastos
recursos
económicos ha venido generando una violencia
indiscriminada, y al mismo tiempo ha
socavado nuestros valores hasta
un punto comparable solamente con la era de la prohibición
en los Estados
Unidos.
De esta forma, y a pesar de haber logrado 40 años
de crecimiento continuo, la economía colombiana
no ha podido canalizar los beneficios de su prosperidad hacia el
pueblo en general, ni ha logrado disminuir sus niveles de
pobreza en
forma significativa. La violencia y la
corrupción, alimentados por el
narcotráfico, han generado desconfianza entre los
inversionistas extranjeros, hecho que ha sido uno de los mayores
obstáculos en nuestro camino hacia la
modernización. La inversión extranjera es un elemento
esencial en la generación de empleo y en el
logro de una posición estable y próspera para
Colombia en un mundo ahora globalizado.
En resumen, las aspiraciones del pueblo colombiano, y
las labores de su gobierno, han sido frustradas por el
narcotráfico, y esto ha dificultado los esfuerzos del
gobierno en el cumplimiento de sus deberes constitucionales. Un
círculo vicioso y perverso de violencia y
corrupción ha agotado los recursos
indispensables para la construcción y éxito
de un Estado moderno.
Entendemos que el logro de nuestros objetivos
dependerá de un proceso social
y de gobierno que probablemente durará muchos años,
años en los cuales será de vital importancia
obtener un consenso duradero dentro de la sociedad donde la
gente entienda y exija sus derechos, al tiempo que
esté dispuesta a cumplir con sus deberes.
Frente a todo esto, mi gobierno tiene el compromiso
inexorable de fortalecer al Estado, recuperar la confianza de
nuestros ciudadanos y restaurar las normas
básicas de una sociedad pacífica. El logro de la
paz no es cuestión de una simple voluntad de hacerla; la
paz se debe construir; y sólo nos llegará mediante
la estabilización del Estado y una mayor capacidad de
garantizar a cada uno de los ciudadanos, en todo el país,
que tendrán seguridad y la
libertad para
ejercer sus derechos y libertades.
Las negociaciones con los grupos
insurgentes, ya iniciadas por mi gobierno, constituyen el
núcleo de nuestra estrategia, ya
que es crítico resolver un conflicto que
ya lleva 40 años como fuente de obstáculos para la
creación del Estado moderno y progresista en que Colombia
debe convertirse con urgencia. La búsqueda de la paz y la
defensa de las instituciones
democráticas exigirán esfuerzos continuos, fe y
persistencia para combatir con éxito las presiones y dudas
inherentes en un proceso tan lleno de dificultades.
La lucha contra el narcotráfico es otro de los
temas importantes del Plan Colombia.
Nuestra estrategia busca
adelantar una alianza entre los países productores y los
países consumidores de narcóticos, basada en los
principios de
reciprocidad e igualdad. El
tráfico en drogas
ilícitas constituye una amenaza transnacional compleja,
una fuerza
destructora en todas nuestras sociedades,
que conlleva consecuencias inimaginables para los consumidores
del veneno, y efectos arrolladores a partir de la violencia y
corrupción que generan sus inmensas ganancias. La
solución no se logrará con recriminaciones mutuas
entre países productores y consumidores. Nuestros
esfuerzos nunca serán suficientes a menos que formen parte
de una alianza de alcance realmente internacional para
combatir
el narcotráfico.
Colombia ha demostrado su indeclinable compromiso y ha
sufrido grandes sacrificios en la búsqueda de una
solución definitiva al fenómeno del
narcotráfico, al conflicto
armado, a las violaciones de derechos humanos
y a la destrucción del medio ambiente
ocasionada por los cultivos ilícitos.
Sin embargo, debemos reconocer que ahora, veinte
años después de la llegada de los cultivos de
marihuana a
Colombia, junto con un aumento en la producción de coca y amapola, el
narcotráfico sigue creciendo en importancia como fuerza
desestabilizadora; es una causa de distorsiones en nuestra
economía, de una reversa en los avances logrados en la
redistribución de tierras, una fuente de corrupción
en la sociedad, un multiplicador de la violencia, y un factor
negativo en el clima de inversión y lo que es más grave de
todo sirve como fuente de los crecientes recursos de los grupos
armados.
Colombia ha asumido el liderazgo en
la lucha mundial contra las drogas, en
sus enfrentamientos con los carteles, y a costa de las vidas de
muchos de sus mejores ciudadanos. Hoy, cuando el
narcotráfico tiene una estructura
más dispersa, más internacional y más oculta
y que por ello es más difícil de combatir el mundo
sigue ensayando nuevas estrategias.
Actualmente se destinan mayores recursos a la educación y a la
prevención que en épocas anteriores. Los resultados
se pueden ver en los niveles más altos de decomiso y
expropiación de fondos y propiedades producto del
narcotráfico.
Recientemente, Colombia ha montado operaciones para
destruir los laboratorios y redes de distribución. Estamos mejorando y
fortaleciendo la seguridad y el control de
nuestros ríos y espacio aéreo con el fin de
garantizar mayores decomisos, y estamos estudiando nuevos
métodos
de erradicación de los cultivos ilícitos. Los
factores directamente relacionados con el narcotráfico,
tales como el lavado de activos, el
contrabando de precursores químicos y el tráfico de
armas, son
componentes de un problema polifacético que exige una
reacción en todas partes del mundo donde hay producción, transporte o
consumo de
drogas
ilícitas.
En el camino hacia el éxito, también
necesitamos reformas en el corazón de
nuestras instituciones,
especialmente en las fuerzas armadas, con el fin de apoyar la
ley y
recuperar la confianza y la seguridad para todos los colombianos
en todos los rincones del país. Para consolidar y mantener
el estado de
derecho, es indispensable tener unas fuerzas armadas y de
policía fuertes, responsables y ágiles en su
respuesta, con un compromiso contundente por la paz y el respeto a los
derechos
humanos. Trabajaremos incansablemente hacia el éxito,
convencidos que nuestra obligación primordial como
gobierno es garantizar que nuestros ciudadanos puedan ejercer sus
derechos y libertades fundamentales sin miedo.
Pero al mismo tiempo la estrategia para la paz y el
progreso depende de la reforma y modernización de otras
instituciones, para que el proceso político pueda
funcionar como un instrumento eficaz de progreso económico
y de justicia
social. En este sentido, debemos disminuir las causas y factores
que generan violencia, mediante la apertura de nuevos caminos
hacia la participación social y la creación de una
conciencia
colectiva que responsabilice al gobierno por los resultados.
Nuestra estrategia en esta área incluye una iniciativa
específica para garantizar que dentro de cinco años
habrá acceso universal a la educación y un
sistema de
salud adecuado,
con especial atención para los sectores más
vulnerables y abandonados. Adicionalmente, trataremos de
fortalecer la administración local a fin de hacerla
más sensible y de más ágil respuesta a las
necesidades del ciudadano. Asimismo, fomentaremos una
participación activa del pueblo en general en la lucha
contra la corrupción, el secuestro, la
violencia y el desplazamiento de las personas y comunidades de
zonas de conflicto.
Por último, Colombia necesita ayuda para
fortalecer su economía y para generar empleo. El
país necesita un mejor y más justo acceso a los
mercados
internacionales donde nuestros productos son
competitivos. La colaboración de los Estados Unidos,
de la Comunidad Europea
y del resto de la comunidad internacional es indispensable para
el desarrollo
económico del país. Ese mismo desarrollo
servirá como una fuerza para combatir el
narcotráfico, ya que promete alternativas de empleo
lícito para las personas que de otra manera
recurrirían al crimen organizado o a los grupos
insurgentes que se alimentan del narcotráfico. Estamos
convencidos que el primer paso hacia una globalización en el sentido real de la
palabra es la creación de una solidaridad
global. Por ello Colombia busca el apoyo de sus socios en esta
empresa. No
podemos tener éxito sin programas de
desarrollo
alternativo en las áreas rurales y de un mejor acceso a
otros países para nuestras exportaciones
lícitas. Esta es la única manera de contrarrestar
el tráfico de drogas.
Hay razones para ser optimistas sobre el futuro de
Colombia, especialmente si recibimos una respuesta positiva de la
comunidad internacional en nuestros esfuerzos para crear una
prosperidad general acompañada de justicia social. Esto
permitirá que los colombianos avancemos hacia una paz
duradera.
El filósofo español
Miguel de Unamuno dijo que "La fe no es creer en lo invisible,
sino crearlo". Hoy una Colombia en paz, progresista y libre de
drogas es un ideal invisible; pero estamos comprometidos en
hacerlo una realidad en el futuro. Con un compromiso pleno, toda
nuestra determinación y recursos, y con la solidaridad y
apoyo de nuestros aliados internacionales en la lucha
común contra el flagelo del
narcotráfico, podremos forjar y forjaremos una
nueva realidad, una Colombia moderna, democrática y
pacífica, que entrará al nuevo milenio en plena
prosperidad, no en el vilo de la subsistencia, y sobre todo con
orgullo y dignidad como miembro de la comunidad
mundial.
PLAN COLOMBIA: PLAN PARA LA PAZ, LA
PROSPERIDAD Y EL FORTALECIMIENTO DEL ESTADO.
En el umbral del Siglo XXI, Colombia enfrenta el reto de
la consolidación de las responsabilidades centrales del
Estado. Debe recuperar la confianza entre sus ciudadanos, y
dentro de este proceso, las normas
básicas de convivencia social.
Es compromiso del gobierno recuperar las
responsabilidades centrales del Estado: la promoción de la democracia, el
monopolio de
la aplicación de la justicia, la integridad territorial,
la generación de condiciones para empleo, el respeto por los
derechos humanos y dignidad humana, y la conservación del
orden público.
Las debilidades de un Estado que todavía se
encuentra involucrado en un proceso de consolidación han
sido agravadas por las fuerzas desestabilizadoras del
narcotráfico. Las reformas progresistas de principios de
los noventa abrieron las puertas a una época de mejores
oportunidades para los colombianos, pero fueron distorsionadas y
compenetradas por influencias corruptoras en círculos
tanto económicos como políticos; fomentando la
violencia y la corrupción.
Recientemente, la relación financiera entre los
varios grupos armados y los narcotraficantes ha logrado
intensificar el conflicto armado, y ha limitado la capacidad del
Estado para cumplir con sus responsabilidades más
importantes.
La recuperación de esta capacidad por parte del
Estado exige un proceso de reconstrucción de la sociedad y
de la comunidad. En este sentido, la paz no es una
cuestión simplemente de voluntad política. Por el
contrario, se tiene que construir la paz gradualmente, y para
ello debe haber avances en la institucionalización y en el
fortalecimiento del Estado con el fin de garantizar la seguridad
y el respeto por los derechos y libertades de todos los
ciudadanos, en todas partes del territorio nacional.
Un punto central en la estrategia consiste en las
negociaciones con la guerrilla, que busca poner fin a conflictos que
han tenido cambios profundos con el paso del tiempo. Si esta
estrategia es exitosa, ello facilitará el proceso de la
construcción de la sociedad, además,
un acuerdo de paz negociado con la guerrilla sobre la base de la
integridad territorial, la democracia y
los derechos humanos fortalecería el estado de derecho
y la lucha contra el narcotráfico.
Al mismo tiempo, la paz también requiere de
actividades económicas fuertes y viables para que el
ciudadano pueda mejorar sus condiciones sociales y
económicas, creando así condiciones apropiadas para
una conciliación duradera. El gobierno ha propuesto una
estrategia económica, complementada con una estrategia de
desarrollo alternativo para lograr esta meta y para ofrecer
incentivos
para reducir los cultivos ilícitos. Su meta es promover
nuevas actividades económicas y actividades alternativas
en la agricultura
con atención especial a la recuperación del medio
ambiente y a
la protección de los ecosistemas
frágiles que han sido amenazados por los cultivos
ilícitos. La estrategia se forma con base en esquemas de
participación que involucran el sector privado, el Estado y
los beneficiarios mediante acciones
orientadas hacia la demanda que se
encuentra ligada a los mercados
nacionales e internacionales.
Un propósito central de la estrategia
también es la formación de una visión
colectiva entre el país consumidor, el
país productor y los demás países
involucrados en la cadena de las drogas
ilícitas, aplicando los principios básicos de
reciprocidad e igualdad. Esta
alianza debe facilitar una respuesta concertada a las amenazas
del narcotráfico, una de las actividades más
rentables del mundo.
El narcotráfico no sólo ha aumentado la
corrupción dentro de la sociedad y disminuido la confianza
en las actividades comerciales lícitas, sino que
también ha alimentado el conflicto. Representa una fuente
internacionalizada de financiación para los diferentes
grupos armados, y ha ayudado a aumentar su influencia
económica y su control
territorial. En Colombia y en otros países, con la
elaboración e implantación de una estrategia
integral para combatir los elementos principales responsables por
los cultivos ilícitos, la lucha contra el
narcotráfico ha logrado resultados positivos que
beneficiarán tanto a Colombia como al resto del
mundo.
Colombia ha venido trabajando hacia estos objetivos y ha
logrado éxitos notables en la lucha contra los carteles de
la droga y el
narcoterrorismo. Sin embargo, hoy Colombia enfrenta la peor
crisis
económica de su historia. Desgraciadamente,
la capacidad del gobierno de resolver el problema está
especialmente limitada en un momento cuando la violencia,
intensificada por el narcotráfico, se encuentra en
auge.
LAS DIEZ ESTRATEGIAS DEL
PLAN COLOMBIA.
1. Una estrategia económica que genere empleo,
que fortalezca la capacidad del Estado para recaudar impuestos, y que
ofrezca una fuerza económica viable para contrarrestar el
narcotráfico. La expansión del comercio
internacional, acompañada por un mejor acceso a los
mercados extranjeros y de acuerdos de libre comercio
que atraigan inversión
extranjera e interna son factores claves en la
modernización de nuestra base económica y para la
generación de empleo. Dicha estrategia es esencial en un
momento en que Colombia enfrenta su peor crisis económica
en 70 años, con un desempleo hasta
del 20 por ciento, lo cual a su vez limita severamente la
capacidad del gobierno para luchar contra el narcotráfico
y la violencia que éste genera.
2.Una estrategia fiscal y
financiera que adopte medidas severas de austeridad y ajuste con
el fin de fomentar la actividad económica, y de recuperar
el prestigio tradicional de Colombia en los mercados
financieros internacionales.
3.Una estrategia de paz que se apunte a unos acuerdos de
paz negociados con la guerrilla con base en la integridad
territorial, la democracia y los derechos humanos, que
además deban fortalecer el estado de derecho y la lucha
contra el narcotráfico.
4.Una estrategia para la defensa nacional para
reestructurar y modernizar las fuerzas armadas y la
Policía, para que estos recuperen el estado de derecho, y
proporcionen seguridad en todo el territorio nacional, en contra
del delito organizado
y los grupos armados y para proteger y promover los derechos
humanos y el Derecho
Internacional Humanitario.
5.Una estrategia judicial y de derechos humanos, con el
fin de reafirmar el estado de derecho y para asegurar una
justicia igualitaria e imparcial para todos, y al mismo tiempo
que promueva las reformas ya iniciadas en las fuerzas militares y
la Policía para garantizar que éstas cumplan con su
papel en la
defensa y respeto de los derechos y la dignidad de
todos.
6.Una estrategia antinarcóticos, en asocio con
los demás países involucrados en algunos o todos
los eslabones de la cadena: la producción, distribución, comercialización, consumo,
lavado de activos, de
precursores y de otros insumos, y el trafico de armas, para
combatir todos los componentes del ciclo de las drogas
ilícitas, y para impedir el flujo de los productos de
dicho tráfico que alimenta la violencia hacia la guerrilla
y otras organizaciones
armadas.
7.Una estrategia de desarrollo alternativo, que fomente
esquemas agropecuarios y otras actividades económicas
rentables para los campesinos y sus familias. El desarrollo
alternativo también contempla actividades de
protección ambiental que sean económicamente
factibles, con el fin de conservar las áreas
selváticas y poner fin a la expansión peligrosa de
los cultivos ilícitos sobre la Cuenca Amazónica y
sobre los vastos parques naturales que son a la vez áreas
de una biodiversidad
inmensa y de importancia ambiental vital para la comunidad
internacional. Dentro de este marco, la estrategia incluye
proyectos
productivos sostenibles, integrales y
participativos, en combinación con la infraestructura
necesaria y dedica atención especial a las regiones que
combinan altos niveles de conflicto con bajos niveles de
presencia del Estado, un capital social
frágil y degradación grave del medio
ambiente, como son el Magdalena Medio, el Macizo Colombiano y
el suroccidente de Colombia.
8.Una estrategia de participación social que
apunte a una concientización colectiva. Esta estrategia
busca desarrollar una mayor responsabilidad dentro del gobierno local, el
compromiso de la comunidad en los esfuerzos anticorrupción
y una presión
constante sobre la guerrilla y sobre los demás grupos
armados, con el fin de eliminar los secuestros, la violencia y el
desplazamiento interno de individuos y comunidades. Esta
estrategia también incluye la colaboración con
empresarios locales y grupos laborales, con el fin de promover
modelos
innovadores y productivos para así enfrentar una
economía más globalizada, fortalecer de este modo
nuestras comunidades agropecuarias y reducir los riesgos de
violencia rural. Adicionalmente, esta estrategia busca fortalecer
las instituciones formales y no formales que fomenten cambios en
los patrones culturales a través de los cuales se
desarrolla la violencia, y que se fortalezcan. Además
incluye la promoción de mecanismos y programas
pedagógicos para aumentar la tolerancia,
los valores
esenciales de la convivencia y la participación en asuntos
públicos.
9. Una estrategia de desarrollo
humano que garantice servicios de
salud y de
educación
adecuados para todos los grupos vulnerables de nuestra sociedad
durante los próximos años, especialmente incluidos
no solamente los desplazados o afectados por la violencia, sino
también los sectores sumergidos en condiciones de pobreza
absoluta.
10. Una estrategia de orientación internacional
que confirme los principios de corresponsabilidad, acción
integrada y tratamiento equilibrado para el problema de la
droga. Se
deben tomar acciones
simultáneas contra todos los eslabones de la cadena de
este flagelo. Asimismo, el costo de dicha
acción y de sus soluciones
debe recaer sobre los países involucrados habida cuenta de
su capacidad económica individual. El papel de la
comunidad internacional también es vital para el
éxito del proceso de paz, de acuerdo con los
términos del derecho
internacional y con el consentimiento del gobierno
colombiano.
I. EL PROCESO DE PAZ.
Colombia ha sufrido un conflicto armado durante
más de 35 años. El gobierno actual ha iniciado un
proceso de negociación que busca lograr un acuerdo de
paz negociado con la guerrilla sobre la base de integridad
territorial, la democracia y los derechos humanos. Si esta
estrategia tiene éxito, se fortalecería muy
rápidamente el estado de derecho, y la lucha contra el
narcotráfico en todo el país.
El proceso de paz obviamente es una de las prioridades
principales del gobierno. El presidente Pastrana ha asumido un
liderazgo
personal del
papel del gobierno junto con la colaboración del Alto
Comisionado para la Paz, quien es nominado directamente por el
Presidente. El Comisionado, cuyo cargo es de rango ministerial,
trabaja junto con los líderes de la sociedad y del sector
privado, quienes dedican pari passu sus esfuerzos hacia la
solución del conflicto.
El área desmilitarizada (o "zona de
distensión") fue creada por Ley para
garantizar la seguridad necesaria con miras a avanzar en las
negociaciones con la guerrilla. Esta ley permite que el
Presidente cree y suspenda un área de distensión
como expresión de la soberanía del Estado. La Ley solamente
restringe la presencia del Ejército y la Policía
dentro de dicha área y suspende órdenes de captura,
sin embargo, no restringe la actividad de los funcionarios
elegidos en el ámbito local o regional.
El proceso de paz es además parte de una alianza
estratégica en contra del narcotráfico, la
corrupción, y la violación de los derechos humanos.
Para que este proceso se vuelva factible y duradero, se necesita
un apoyo complementario en las áreas de seguridad y
defensa, una alianza entre la producción, el consumo, la
distribución y la comercialización de drogas, el lavado de
activos y el tráfico de armas; y un plan de desarrollo que
genere empleo y llegue a los más necesitados.
El conflicto armado y la sociedad
civil.
En el conflicto hay tres protagonistas. Al lado de la
guerrilla existen las FARC y el ELN, cuyas raíces son los
movimientos agrarios y la guerra
fría respectivamente. Del otro lado, existen los
grupos de autodefensa al margen de la ley, quienes buscan una
solución armada al conflicto guerrillero, y un
reconocimiento político mayor para su organización. Finalmente, y en medio del
fuego cruzado se encuentra la gran mayoría de los
colombianos, quienes en muchas ocasiones sufren en manos de los
actores armados.
El movimiento
guerrillero tiene sus raíces en los antagonismos
tradicionales del campo y de la política en la sociedad
colombiana, alimentados en parte por la retórica
ideológica de la confrontación
capitalista-comunista. Con el transcurso de los años, la
lucha para ampliar su presencia territorial y su
adquisición de influencia política y militar ha
sido financiada por la extorsión y el secuestro, y
más recientemente mediante "impuestos"
cobrados por los intermediarios del
narcotráfico.
En los últimos 30 años, Colombia ha
cambiado de una economía principalmente rural a una
economía urbana, y más del 70 por ciento de la
población vive actualmente en áreas
urbanas. De acuerdo con las encuestas
efectuadas, ante la terminación de la guerra
fría, el apoyo antes más ampliamente disponible
para la guerrilla ha disminuido a un cuatro por ciento de la
población. La guerrilla reconoce que bajo
estas circunstancias no podrá ganar el poder mediante
una lucha armada. A pesar del rechazo general de sus ideas y
métodos,
la guerrilla sigue buscando ventajas por medios
militares.
Como consecuencia, se ha iniciado el proceso de paz para
permitir que la sociedad en general tenga un papel central.
Existe un consenso social entre los representantes de la
sociedad, los intereses económicos y hasta entre los
grupos armados en el sentido de que la paz es una meta
inmediata.
Como resultado, la participación de la sociedad
en general se considera como necesaria para la aplicación
de presiones sobre los grupos armados con el fin de lograr una
solución política al conflicto armado y el respeto
por el derecho humanitario internacionalmente reconocido. El
aporte dinámico de la sociedad colombiana también
es esencial para el desarrollo de ideas y propuestas con el fin
de adelantar el proceso y garantizar la continuidad del consenso
en el sentido de que se requiere un acuerdo negociado, con la
participación de la comunidad internacional.
La situación actual.
El proceso de paz ha hecho avances reales en varios
frentes. En lo que respecta a las FARC, se creó una zona
de distensión para albergar las negociaciones y esto ha
sido una ayuda para que ambas partes formulen una agenda, proceso
que culminó en mayo de 1999. Ya que las condiciones han
sido satisfactorias, se puede dar comienzo a la fase de las
negociaciones.
En cuanto al ELN, el gobierno ha autorizado a un
grupo de
notables ciudadanos para que ayuden a negociar la
liberación de rehenes y ha aceptado iniciar conversaciones
activas como preparación para una convención
nacional, inmediatamente después de su
liberación.
El gobierno sigue luchando en contra de los grupos de
autodefensa al margen de la ley, pero este hecho no significa que
no esté dispuesto a buscar alternativas y maneras
pacíficas para desmantelar su infraestructura y sus
operaciones.
Durante el proceso de paz, el Ejército Nacional y
la Policía necesariamente seguirán aumentando sus
capacidades con miras a mantener una presencia efectiva en todo
el territorio nacional y asegurar un arreglo
pacífico.
Fundamentalmente, el logro de la paz recae sobre tres
pilares: primero, en los avances de los acuerdos ya logrados
entre el gobierno y las principales organizaciones
guerrilleras (FARC y ELN) para que se despejen como agentes
legítimos en diálogos serios para la paz. Segundo,
para lograr acuerdos parciales de acuerdo con la agenda de 12
puntos acordada entre el gobierno y las FARC, que asegure un
acuerdo de paz permanente antes del fin del gobierno actual. Y
tercero, y más importante que todo, los acuerdos deben
convertirse en una realidad.
El papel de la comunidad
internacional.
El papel de la comunidad internacional es esencial para
el éxito del proceso de paz. Más
específicamente, Colombia necesita apoyo en dos
áreas: la diplomático y la financiera. La comunidad
internacional podrá actuar como intermediaria, como
observador, o en una etapa posterior, como verificador del
cumplimiento de los acuerdos a que se haya llegado.
Adicionalmente, es muy importante que la comunidad internacional
rechace con todas sus fuerzas cualquier y toda acción
terrorista y violación del Derecho Internacional
Humanitario y que ejerza presión a fin de seguir
adelantando el proceso.
En el campo de las relaciones bilaterales, la
colaboración militar y de policía es vital. La
acción colectiva por parte de los países vecinos no
es solamente menos efectiva que la acción bilateral, sino
que puede servir como impedimento al proceso de negociación. En esta área
sería de mayor beneficio la coordinación de operaciones militares y de
policía, y el mejoramiento de seguridad fronteriza y el
apoyo de equipos y de tecnología.
Con referencia a la acción diplomática por
parte de los países vecinos, el gobierno de Colombia en
esta etapa delicada de negociación, prefiere el diálogo
bilateral y consultas confidenciales con los países
interesados en el proceso. En cualquier manifestación de
la participación internacional en el proceso de paz, es
necesario respetar las normas de derecho internacional y que sea
aceptable al gobierno colombiano. Debe existir una observancia
estricta a los principios de la no-intervención y la
no-interferencia con los asuntos internos del Estado, y esto
sólo puede ocurrir después de consultas con el
gobierno de Colombia y con el apoyo del mismo.
El gobierno de Colombia ha establecido un Fondo de
Inversión para la Paz como canal para asistencia
financiera directa a nivel internacional para el proceso de paz.
Este fondo se empleará para apoyar los proyectos de
desarrollo
económico y social hacia las áreas más
afectadas por el conflicto armado. Para este propósito, se
ha constituido un grupo de
consulta de expertos con el apoyo del BID, cuya función
será la de asesorar y vigilar el uso de los fondos en
varios países. Estos recursos se emplearán para
complementar los fondos ya asignados por el gobierno de
Colombia.
Un proceso de paz exitoso también tendrá
un impacto positivo sobre la lucha contra la droga, ya que el
gobierno podrá ampliar su implantación de la ley y
de los programas de desarrollo alternativo hacia las áreas
más involucradas en la producción de
narcóticos. La actividad guerrillera y el
narcotráfico son los problemas que,
aun entrelazados de cierta manera, tienen orígenes y
objetivos diferentes. La guerrilla opera bajo un esquema
revolucionario de tipo político militar que exige una
solución negociada, lo cual en ningún caso
sería aplicable a los narcotraficantes.
II. REENCAUZANDO LA ECONOMIA.
Visión general.
El gobierno de Colombia ha tenido que enfrentar la
herencia de
una economía en franco deterioro. El desempleo ha
llegado a un pico histórico de casi el 20 por ciento y el
producto interno
bruto ha pasado por su tercer trimestre consecutivo de
crecimiento negativo. Algunos choques externos (precios bajos
del café y
de otros productos básicos y daños mayores por
terremotos)
han agravado las debilidades económicas del país
(un déficit fiscal
creciente desde los tempranos años 1990 y problemas en el
sector bancario). El conflicto, y la situación de inseguridad
pública sirven para aumentar la erosión de
la confianza en la economía. A medida que las
oportunidades de empleo sigan desapareciendo debido a la
recesión económica, más y más
colombianos estarán buscando su forma de vida en un
comercio
desestabilizante en narcóticos y en otras actividades
ilegales.
El elemento central de la estrategia del gobierno es la
estabilización de la economía, y un regreso al
equilibrio
fiscal. Estas medidas establecerán una base para un
crecimiento sostenido en el comercio del
sector privado y en la inversión.
Esta confianza renovada, junto con un sistema bancario
saneado, finanzas
centrales estables, mejoras en el orden público, y el
aumento de exportaciones
colombianas junto con medidas para mejorar el clima para la
inversión crean un ambiente en el
cual el crecimiento del sector privado genera empleo.
Dada la necesidad de una consolidación fiscal,
Colombia necesita asistencia financiera para ayudar a cubrir su
presupuesto de
seguridad y antinarcóticos, lo mismo que las necesidades
apremiantes de inversión social. Al tiempo que los
narcotraficantes y los grupos rebeldes siguen
financiándose a través de los productos del
narcotráfico, el Estado se ha visto obligado a hacer
recortes en áreas críticas debido a la carga del
endeudamiento y el servicio del
mismo. (En los últimos cinco años la deuda total de
Colombia casi se ha doblado, subiendo de 19.1 por ciento del
PIB en 1995
hasta el 34 por ciento del PIB en 1999).
Como parte de los recortes presupuestales, se han presentado
reducciones dramáticas en las asignaciones a las Fuerzas
Armadas, la Policía y el sistema judicial
(20%).
Será necesario obtener apoyo externo a fin de que
el gobierno pueda consolidar sus reformas económicas y al
mismo tiempo aumentar el flujo de recursos para financiar el
esfuerzo militar y satisfacer las necesidades sociales. De este
modo el gobierno podrá establecer una base sólida
para el crecimiento
económico liderado por el sector privado y al mismo
tiempo garantizar que la situación económica actual
no genere empleo adicional en actividades criminales.
Medidas de estabilización.
El gobierno está trabajando para estabilizar el
ambiente macroeconómico, con énfasis especial en la
eliminación de desequilibrios en las cuentas fiscales
y los problemas del sector bancario.
Durante el último año, se han hecho
recortes en el gasto
público, la base para el IVA se
amplió, se estableció un impuesto especial
sobre las operaciones financieras y se implementaron controles
sobre la evasión de impuestos. El año entrante, la
mayor parte de los salarios de los
empleados públicos serán congelados y se
efectuarán mayores recortes en la burocracia y en
el gasto diferente al de la inversión.
Un nuevo conjunto de reformas estructurales, entre ellas
la racionalización de las finanzas
públicas regionales, reformas a la seguridad
social y la creación de un fondo de pensiones
regional, ha sido presentado al Congreso de la República.
Con esto se busca reducir el déficit fiscal estructural y
estabilizar el nivel de endeudamiento.
Las empresas y la
banca estatal
serán privatizadas con el fin de aumentar su productividad y,
aportar a la financiación del ajuste fiscal. ISA e ISAGEN,
dos electrificadoras de orden nacional y catorce distribuidores
de energía regionales de menor tamaño ya
están para la venta, al igual
que CARBOCOL. Tres bancos estatales
se privatizarán el año entrante.
Este ajuste fiscal ha sido difícil por dos
razones: la destrucción causada por el terremoto en el eje
cafetero en enero requiere de una inversión de casi el uno
por ciento del PIB, y la estrategia financiera diseñada
para impedir una crisis bancaria exigirá casi el doble de
esa suma.
El gobierno está coordinando sus actividades
estrechamente con las instituciones financieras internacionales.
En este momento está negociando con el Fondo Monetario
Internacional en relación con un programa de ayuda
para tres años con el fin de apoyar el plan del gobierno
para las reformas fiscales y estructurales. La ayuda del Banco Mundial
y del BID está prestando apoyo a los esfuerzos del
gobierno para reformar el sector financiero y las finanzas
públicas.
Adicionalmente, el gobierno ha preparado una red de apoyo social para
aliviar el impacto negativo que el ajuste fiscal tenga sobre los
sectores más vulnerables de la población. Con el
desempleo al nivel del 20 por ciento existe un grupo vulnerable
que incluye las familias desplazadas desde las áreas de
conflicto en todo el país. Los instrumentos de
política imitan las políticas
implementadas con éxito en países similares: obras
públicas específicas, subsidios para las
necesidades básicas (especialmente para los niños y
madres solteras) y crédito
enfocado. El gobierno está trabajando con los organismos
financieros para garantizar que el programa de
estabilización fiscal no perjudique los sectores
más vulnerables de la sociedad.
El gobierno necesita financiamiento
externo adicional con el fin de implementar su estrategia. Es
necesario proveer apoyo para reducir al mínimo el impacto
negativo de la consolidación fiscal sobre el desempleo y
otros problemas
sociales en el corto plazo, ya que estos, en último
caso fomentan la proliferación de actividades
criminales.
La promoción de comercio e
inversión.
Con una bonanza económica a principios de los
años 90, Colombia pudo reducir su desempleo hasta el ocho
por ciento, lo cual a su vez disminuyó en mayor grado la
influencia de los grupos del crimen organizado en las grandes
ciudades. La recesión ha afectado estas áreas
urbanas en forma grave, con un desempleo en Bogotá del 20
por ciento y en Cali de casi el 23 por ciento. Esta
situación se ha deteriorado ya que gran parte del producto del
narcotráfico se lava a través de las importaciones de
contrabando hacia Colombia, hecho que alimenta la violencia,
disminuye los ingresos fiscales
y ocasiona daños mayores en el empleo de las industrias que
compiten con el contrabando. De este modo, el desempleo tiene un
impacto grave como causa de desestabilización en las
ciudades y debe ser combatido mediante la reactivación de
la producción industrial.
En los últimos diez años, Colombia ha
abierto su economía, tradicionalmente cerrada, con una
rápida expansión tanto de exportaciones como de
importaciones.
Sin embargo, el sector agropecuario ha sufrido graves impactos ya
que la producción de algunos cereales tales como el trigo,
el maíz, la
cebada, y otros productos básicos tales como soya,
algodón y sorgo han resultado poco competitivos en los
mercados internacionales. Como resultado de ello, se han perdido
700.000 hectáreas de producción agrícola
frente al aumento de importaciones durante los años 90, y
esto a su vez ha sido un golpe dramático al empleo en las
áreas rurales que a la vez son la escena principal del
conflicto armado. La modernización esperada de la agricultura en
Colombia ha progresado en forma muy lenta, ya que los cultivos
permanentes en los cuales Colombia es competitiva como
país tropical, requieren de inversiones y
créditos sustanciales puesto que son de
rendimiento tardío.
A falta de un espacio para una expansión fiscal,
se requiere la inversión privada tanto interna como
extranjera para la recuperación y la generación del
empleo en negocios
lícitos. Sin embargo, esta nueva inversión se
encuentra amenazada por el deterioro en la confianza de los
inversionistas. En especial, la inversión extranjera es
necesaria no solamente para ayudar a satisfacer la necesidad
continua de la economía para nueva financiación,
sino además indispensable para la modernización del
eje industrial del país, lo cual proporcionaría a
su vez un alivio más rápido al problema del
desempleo.
Colombia ha desarrollado un plan
estratégico de diez años para aumentar su
comercio
exterior. Esto es vital para el desarrollo económico y
para contrarrestar las tentaciones del narcotráfico ya que
ello ayudaría en las iniciativas del sector privado y
aumentaría la inversión tanto extranjera como
interna en los sectores no tradicionales.
El plan involucra el desarrollo de inteligencia
comercial sobre la demanda
mundial y la promoción de integración regional e interregional bajo
lineamientos estratégicos. Al mismo tiempo, involucra el
diseño
de políticas
que reúnan a los sectores industriales, agrícolas y
de servicios bajo
una política de comercio, construyan una infraestructura
diseñada para mejorar la productividad y
apoyen la innovación tecnológica orientada
hacia exportaciones en forma adecuada y la formación de
capital
humano. En este esfuerzo, el gobierno atenderá
especialmente a la promoción de las empresas
pequeñas y medianas para la creación de empleo en
el sector privado.
El plan implica también la implantación de
medidas para atraer la inversión extranjera y promover la
expansión del comercio. Estas medidas incluyen el
cumplimiento de obligaciones
actuales bajo la Ronda de Uruguay,
especialmente en relación con la
administración aduanera, la protección de
propiedad
intelectual y la inversión. Adicionalmente, Colombia
tomará medidas para promover un ambiente favorable para el
comercio
electrónico con el fin de crear nuevas oportunidades
de negocios y
mejorar la competitividad
de los negocios actuales.
Colombia reconoce que la transparencia y el debido
proceso en la contratación estatal es un elemento esencial
para el logro de una mayor eficiencia en el
uso de los recursos públicos. Por este motivo está
comprometida con el esfuerzo de perfeccionar un convenio sobre
transparencia en la contratación estatal con la OMC.
Igualmente mira hacia sus mayores socios comerciales con
el fin de ampliar el acceso a sus mercados para los productos en
los cuales goza de una ventaja competitiva. El apoyo continuado
de los Estados Unidos y la Unión
Europea para el acceso preferencial a los mercados es vital
para el desarrollo económico de Colombia y para poner fin
a situaciones de violencia, ya que promueve iniciativas del
sector privado y ayuda a ampliar la inversión en sectores
no tradicionales; de este modo crea empleo que de otra forma
sería absorbido por el narcotráfico, por los grupos
alzados en armas, o por los grupos de autodefensa al margen de la
ley. En especial la oportuna ampliación de la
duración del ATPA sería de gran importancia, para
disminuir las incertidumbres que rodean tanto el comercio como la
inversión.
Del mismo modo, el alcance del ATPA debe ser ampliado
para hacerlo comparable con las condiciones concedidas a otros
países en la subregión, especialmente a los
productos cubiertos por la Iniciativa para el Caribe
(CBI).
En igual sentido se requiere del apoyo de la Unión
Europea a través del Sistema General de Preferencias
(SGP), cuya extensión para que cubra el período
2002-2004 es vital, lo mismo que en el caso del SGP Andino. El
impacto socioeconómico de este último como lo ha
evaluado la propia Comisión Europea ha sido muy efectivo
en la erradicación de cultivos ilícitos y la lucha
contra el narcotráfico, así como para la
promoción del comercio, la inversión y la
generación de empleo.
Colombia debe trabajar en conjunto con la comunidad
internacional para negociar acuerdos bilaterales de comercio
(BIT) como mecanismo para proteger las inversiones
extranjeras. Con la Comunidad Europea ya se han firmado tratados
bilaterales de inversión con dos miembros España y
Gran Bretaña y se han comenzando negociaciones con
Francia,
Alemania,
Italia y los
Países Bajos. Con Estados Unidos hay que avanzar
además lo más pronto que sea posible hacia acuerdos
de "cielos abiertos" con el fin de facilitar los servicios de
transporte
aéreo de carga y pasajeros. Con tal fin, Colombia
trabajará sobre el cumplimiento de normas internacionales
de seguridad aérea. Además, Colombia
estudiará las posibilidades de utilizar más
recursos del Banco Mundial y
del BID tales como IFC y MIGA, y buscará una
utilización más efectiva de programas
norteamericanos existentes tales como financiación OPIC,
EXIM y TDA, con el fin de promover actividades de
inversión.
Colombia debe crear el espacio para soluciones
alternativas a los cultivos ilícitos, al igual que
asegurar que los cultivos alternativos respondan a los retos de
un sector agrícola moderno. Esto generaría empleo
en el sector rural, lo cual sería vital para el
éxito de la estrategia general para la paz y el
desarrollo. Colombia necesita asistencia técnica y
financiera en las áreas de salud y requisitos
fitosanitarios, con el fin de reducir los costos de
producción, fomentar un mayor desarrollo de las
agroindustrias, y para adelantar avances en investigación y desarrollo
biotecnológico. En este sentido, Colombia asegurará
que su régimen para los productos biotecnológicos
sea transparente y eficiente.
III. LA ESTRATEGIA ANTINARCOTICOS.
El gobierno ha establecido la lucha contra la
producción y tráfico de drogas como una de sus
mayores prioridades. El narcotráfico constituye una
amenaza para la seguridad interna no sólo de Colombia sino
de otras naciones consumidoras y productoras.
Las enormes utilidades del narcotráfico y su gran
poder desestabilizador hacen que el narcotráfico se haya
convertido en un factor central en la generación de
violencia en todo el país. Por este motivo, el gobierno
deberá enfocarse en el problema y está comprometido
a combatirlo en las áreas del tráfico,
producción, consumo y cualquier otro elemento que apoye
dicha actividad y por ende amenace las instituciones
democráticas e integridad de la Nación.
El fortalecimiento de la Policía Nacional y de
las Fuerzas Armadas mediante un proceso de modernización,
reestructuración y profesionalización es un paso
esencial para que una y otras adquieran la capacidad de
restablecer el estado de derecho y restaurar la seguridad de los
colombianos en todo el país, y al tiempo impedir las
incursiones de grupos irregulares y de grupos delictivos,
especialmente los grupos asociados con el
narcotráfico.
El Gobierno Nacional se ha comprometido en implantar una
estrategia antinarcóticos a largo plazo, con los
lineamientos que se dan a continuación:
Estrategia basada en valores
humanos.
Las Fuerzas Armadas y la Policía, en sus
esfuerzos contra el tráfico de drogas, observarán
un código
de conducta que
asegure la preservación de las libertades
democráticas y la defensa de la vida, honra y bienes de los
ciudadanos. Esta estrategia dará prioridad a la
promoción del respeto y la protección de los
derechos humanos para todos los colombianos.
El fenómeno del conflicto interno se ha imputado
a la inestabilidad inducida por cuatro vectores cuyas
actividades agresivas fomentan una violencia física,
psicológica, social y política: las organizaciones
del narcotráfico, los grupos subversivos, los grupos de
autodefensa al margen de la ley y la delincuencia
común.
Aunque los movimientos guerrilleros tienen sus
raíces en las áreas rurales de Colombia, y por lo
menos, en parte, en una confrontación ideológica,
su lucha por ampliar su control territorial ha sido financiado
por las prácticas crecientes de extorsión y otras
actividades ilegales. Por lo menos el 30 por ciento de sus
ingresos de
hoy, provienen de "impuestos" cobrados sobre la hoja y pasta de
coca recaudados por los intermediarios en las áreas de
cultivo.
El narcotráfico constituye un elemento
desestabilizador para toda sociedad democrática, generando
inmensas sumas de dinero para
los grupos armados al margen de la ley. El narcotráfico
tiene efectos multiplicadores de gran peligro incluido el
producto del cultivo, procesamiento y tráfico, todos los
cuales han facilitado un aumento notable en el número de
grupos armados, y su capacidad bélica.
La guerrilla y los grupos de autodefensa al margen de la
ley amenazan al Estado con intentos de controlar el territorio
soberano mediante la interrupción del orden público
en asaltos, secuestros, retenes viales y ataques terroristas. Los
traficantes dependen de cultivos de coca y amapola en
áreas remotas fuera del control del gobierno, tanto el
tráfico como el procesamiento se realizan en el sur del
país donde existe una presencia fuerte de la guerrilla.
Mientras esta fuente independiente de drogas y de ingresos
permanece fuera del control de las Fuerzas Armadas y la
Policía, la guerrilla, los grupos de autodefensa al margen
de la ley y los narcotraficantes se fortalecerán y
representarán una amenaza mayor al Estado.
Objetivos estratégicos.
La meta de los próximos seis años es la de
reducir en un 50 por ciento el cultivo como procesamiento y
distribución de la droga.
Objetivo No.1:
Fortalecer la lucha contra el narcotráfico y
desmantelar las organizaciones de traficantes mediante esfuerzos
integrales
dirigidos por las Fuerzas Armadas: (1) combatir el cultivo
ilícito mediante la acción continua y
sistemática del Ejército y de la Policía,
especialmente en la región del Putumayo y en el sur del
país y fortalecer la capacidad de la Policía en la
erradicación de dichos cultivos. El gobierno no
tolerará ningún vínculo entre los miembros
de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional con
ningún grupo armado o fuerza al margen de la ley; (2)
establecer control militar sobre el sur del país con
propósitos de erradicación. Destruir las
instalaciones de procesamiento, y mejorar la intersección
de drogas y de precursores en los medios
terrestres, aéreos, marítimos y fluviales; (3)
restablecer el control gubernamental sobre las áreas clave
de producción de drogas.
Objetivo No. 2:
Fortalecer el sistema judicial y combatir la
corrupción: (1) fortalecer las instituciones de la
Fiscalía, las cortes, las defensorías y
especialmente las unidades de derechos humanos; (2) reforzar y
capacitar los cuerpos técnicos de investigación; (3) apoyar los grupos
anticorrupción responsables por la investigación de
funcionarios públicos; (4) reformar el sistema carcelario;
(5) aplicar las leyes sobre la
extradición; (6) obtener una propuesta para procesos
verbales en casos penales, y entre tanto, elaborar el reglamento
para los procedimientos
penales actuales llevados a cabo en audiencia
pública.
Objetivo No.3:
Neutralizar el sistema
financiero de los narcotraficantes y decomisar sus recursos
para el Estado: (1) fortalecer los esfuerzos anticontrabando; (2)
realizar un programa agresivo de decomiso de activos; (3)
congelar y decomisar cuentas bancarias
y activos en Colombia y en el exterior.
Objetivo No.4:
Neutralizar y combatir a los agentes de la violencia
aliados con los narcotraficantes: (1) aumentar la seguridad
contra el secuestro, la extorsión y el terrorismo;
(2) impedir la adquisición de armas por los grupos que se
benefician del narcotráfico, mediante esfuerzos
coordinados en el ámbito internacional.
Objetivo No. 5:
Integrar las iniciativas nacionales a los esfuerzos
regionales e internacionales: (1) compartir información e inteligencia
con otras agencias de seguridad en el país; (2) aportar y
coordinar con las operaciones y esfuerzos regionales e
internacionales.
Objetivo No. 6:
Fortalecer y ampliar los planes de desarrollo
alternativo en las áreas afectadas por el
narcotráfico: (1) ofrecer oportunidades de empleo
alternativo y servicios sociales a la población de las
áreas de cultivo; (2) promover campañas masivas de
información sobre los peligros de las
drogas ilícitas.
ELEMENTOS BASICOS DE LA ESTRATEGIA
ANTINARCOTICOS.
Aunque la lucha contra el narcotráfico es una
actividad principalmente de la Policía Nacional, los
vínculos estrechos de los traficantes con los grupos
armados al margen de la ley han obligado a las Fuerzas Armadas a
enfocarse en un aporte firme y decisivo a una lucha integral y
coherente contra esta amenaza.
Acciones complementarias de la
estrategia.
Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han
diseñado un conjunto de acciones para apoyar sus
respectivos roles y responsabilidades.
Derechos humanos y operaciones.
Todas las unidades de las Fuerzas Armadas deben asegurar
la protección de la democracia y de los derechos humanos
como responsabilidad prioritaria en la ejecución de
operaciones antinarcóticos, lo mismo que en la lucha
contra los grupos insurgentes y los grupos de autodefensa. Las
Fuerzas Armadas aumentarán su capacitación en derechos humanos antes,
durante y después de cada fase.
La protección de la población civil exige
esfuerzos adicionales en la lucha contra los grupos de
autodefensa al margen de la ley en las áreas de cultivo y
procesamiento.
Operaciones aéreas.
Consolidar el control sobre el espacio aéreo
nacional por todos los medios disponibles. Restringir el uso del
espacio aéreo (inteligencia de todas las agencias,
acciones de la Fuerza Aérea). Aumentar la autonomía
de vuelo para las operaciones de la Fuerza Aérea en
misiones de interceptación.
Proporcionar apoyo adicional para interceptación
con misiones más frecuentes y aumentando su cobertura
geográfica. Mejorar el programa de interceptación
aérea, con énfasis en el oriente del
país.
Operaciones fluviales y
marítimas.
Mejorar y aumentar el apoyo operacional para la Armada
Nacional y la Infantería de Marina. Mejorar los esfuerzos
en el control de las importaciones de precursores
químicos. Interceptar los precursores químicos en
acciones aéreas, terrestres, marítimas y fluviales
(Ejército, Infantería de Marina, Fuerza
Aérea, Policía Nacional). Mejorar controles para
interceptar el movimiento de
drogas en tierra por
parte de la Policía Antinarcóticos en los puertos y
aeropuertos.
Aumento de apoyo operacional de las Fuerzas Armadas
para la Policía Antinarcóticos.
Mayor uso de operaciones conjuntas con la Policía
Antinarcóticos. Fortalecer los esfuerzos conjuntos
entre Colombia y Estados Unidos. Mejorar la protección de
nuestras propias fuerzas. Integrar las fuerzas para la
obtención y análisis de inteligencia. Aumentar el
número de tropas empleadas en operaciones. Aumentar la
movilidad en las selvas, con énfasis en operaciones
aéreas y fluviales.
Mejorar la capacidad de las unidades para realizar
operaciones conjuntas nocturnas.
Operaciones contra laboratorios y centros de
acopio.
Destruir la infraestructura de producción
(Inteligencia, Ejército, Infantería de Marina,
Fuerza Aérea, Policía Nacional). Combatir los
grupos de protección armada de los traficantes
(Ejército, Infantería de Marina, Fuerza
Aérea). Aumentar la capacidad de la Policía
Antinarcóticos y las Fuerzas Armadas para detectar
laboratorios. Aumentar los medios de destrucción de la
infraestructura. Disminuir la capacidad de traficar en materias
primas y drogas (Inteligencia, Policía Nacional, Armada,
Ejército, Fuerza Aérea).
Erradicación de cultivos.
Fortalecer y aumentar el uso de operaciones conjuntas de
seguridad durante tareas de fumigación y
erradicación. Apoyar las nuevas estrategias del Programa
de las Naciones Unidas
para la Fiscalización Internacional de Drogas en las
pruebas y
desarrollo de agentes de control biológico ambientalmente
seguros y
confiables, con el fin de encontrar nuevas
tecnologías de erradicación.
Resumen.
El propósito de esta estrategia es fortalecer la
lucha contra el narcotráfico mediante la
coordinación de todos los elementos de las Fuerzas Armadas
y de la Policía en contra de los traficantes. Nuestra meta
es eliminar la producción de drogas a gran escala, de acabar
con la violencia y delincuencia a
gran escala de los
grupos armados, promover el respeto por los derechos humanos y
romper los nexos entre los grupos armados y el apoyo que reciben
de la industria del
narcotráfico.
IV. LA REFORMA DEL SISTEMA JUDICIAL Y LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Colombia se ha comprometido a construir un sistema de
justicia que sea equitativo y eficaz. Las reformas
garantizarán que el sistema sea transparente como
accesible e independiente. Estas reformas eficaces constituyen un
elemento clave en el restablecimiento de la confianza del
público en el Estado. Los problemas de Colombia involucran
el sistema de justicia penal en su totalidad.
Igualmente, afectan una serie de dependencias del
gobierno en las tres ramas de su actividad. La rama ejecutiva
trabaja estrechamente con la legislativa y la rama judicial para
asegurar una efectiva coordinación e implantación
de estas estrategias.
Consolidación del estado de
derecho.
Colombia investigará, procesará y
condenará a los narcotraficantes y otros delincuentes.
Estos delincuentes deben ser detenidos en cárceles de alta
seguridad, con el fin de impedir que continúen con sus
actividades de delincuencia desde los patios. De acuerdo con la
ley colombiana los criminales internacionales aquellos que han
violado las leyes de otros
países deben ser extraditados para ser juzgados en las
jurisdicciones donde se hayan recopilado las pruebas de sus
actividades. El gobierno garantizará que estos esfuerzos
adicionales para combatir el narcotráfico y los grupos
armados no se hagan a costa de la protección de la
democracia, de los derechos humanos y del estado de
derecho.
Para esta prioridad, Colombia fortalecerá sus
iniciativas con el fin de hacer cumplir las leyes nacionales y
multilaterales incluidas a) investigaciones y
capacitación multilaterales, y b)
protección efectiva de testigos y funcionarios judiciales;
extraditará a los delincuentes internacionales de acuerdo
con las leyes nacionales e internacionales; mejorará el
sistema carcelario con el fin de que cumpla con normas
internacionales de seguridad, incluidas facilidades adecuadas y
personal
capacitado y profesional; y extenderá iniciativas
multilaterales para fiscalizar y decomisar los embarques de
precursores.
Con el fin de restablecer la seguridad y el bienestar
del público se debe disminuir la incidencia del secuestro
y crimen común en las calles, en ambos casos
inaceptablemente altos, pero en muchos casos producidos por el
narcotráfico.
Las estrategias para esta prioridad incluyen el
desarrollo de programas antiviolencia en todo el país con
la participación de las Fuerzas Armadas y de la
Policía, el sistema de justicia y los líderes
comunitarios, con énfasis en los delitos
relacionados con el narcotráfico; y el diseño,
capacitación y dotación de una unidad
anti-secuestros para investigar y procesar a los
secuestradores.
Responsabilidad del sistema judicial.
Colombia se ha comprometido a respetar el estado de
derecho y seguirá fortaleciendo todos los aspectos de su
sistema judicial. Esto incluye el apoyo para la transición
continua a un sistema acusatorio (incluidos procesos
verbales e investigaciones
eficaces) y a una mayor agilidad de proceso en todo el sistema
judicial, con el fin de asegurar que habrá acceso
universal a la justicia sin importar la ubicación
geográfica o nivel de ingresos. El gobierno
liderará los esfuerzos para hacer que el sistema judicial
sea más justo y eficaz, más transparente y
más accesible.
Con este fin, el gobierno buscará disminuir la
impunidad mediante mejoras en el sistema de fiscalías,
investigaciones más efectivas y procesos más
ágiles. Proporcionará una coordinación
efectiva para la rama judicial, incluida la
comunicación abierta y orientación efectiva de
políticas entre las diferentes ramas y dependencias del
Estado responsables para la reforma judicial y su administración; aumentará la
capacitación de funcionarios judiciales, incluidos los
jueces, defensores y fiscales con el fin de garantizar que sus
decisiones sean transparentes para el público, y que el
resultado sea justo en todos los casos, incluidos los casos
militares en jurisdicciones civiles; implementará un plan
de estudios nuclear para el cuerpo técnico de
investigación en una academia única para su
capacitación; y garantizará el acceso del
público a la justicia y a una justa defensa en todo el
país.
La promoción, respeto y protección de
los derechos humanos.
El gobierno, bajo la coordinación de la oficina del
Vicepresidente de la República, se ha comprometido
totalmente a la protección y materialización de los
derechos fundamentales, de acuerdo con las obligaciones de
Colombia bajo los tratados y pactos
internacionales.
El gobierno está cumpliendo con sus obligaciones
internacionales mediante la divulgación de un
entendimiento más profundo de los derechos humanos a
través de los medios, y por medio de la aplicación
de un modelo
pedagógico para ser aplicado en las Fuerzas Armadas, con
apoyo político y material para el trabajo de
las unidades de derechos humanos y capacitación para
periodistas en derechos humanos y en el Derecho Internacional
Humanitario. Al mismo tiempo, el gobierno está trabajando
en colaboración con el Alto Comisionado para los Derechos
Humanos en Colombia.
El gobierno ha iniciado una estrategia contra la
impunidad. En el último año se han creado una serie
de comités interinstitucionales cuyo propósito es
el de insistir en la investigación y condena de los casos
más graves de violaciones de derechos humanos. Antes del
fin de 1999 el gobierno habrá conformado una
Comisión Permanente de Derechos Humanos y de Derecho
Internacional Humanitario. El gobierno ha enviado proyectos de
ley al Congreso de la República en materia de
desapariciones forzadas, delitos de lesa
humanidad (laesa humanitas) y la ratificación de la Corte
Penal Internacional.
Existe también una estrategia de
protección para las personas que trabajan en la defensa de
los derechos humanos, con el apoyo del Programa para Testigos y
Personas Amenazadas, y de una orden presidencial en el sentido de
que los funcionarios públicos deben proteger a los que
trabajan sobre los derechos humanos y apoyar su trabajo y el de
las ONG.
Eliminar la corrupción.
El producto del narcotráfico ha corrompido los
funcionarios de todas las ramas del Estado y al sector privado, y
se ha visto el deterioro de la confianza del público en
las instituciones civiles. Colombia continuará con sus
esfuerzos con miras a combatir la corrupción y garantizar
que los culpables sean sometidos a las sanciones administrativas
o penales del caso.
Estos objetivos se lograrán con la
consolidación de iniciativas existentes, incluido el
Programa Presidencial contra la Corrupción y la Unidad
Anticorrupción de la Fiscalía; y mediante la
divulgación efectiva de información financiera e
investigación rigurosa de la honestidad de las
personas antes y durante su vinculación laboral con el
Estado.
El gobierno trabajará a través del
Programa Presidencial y la Contraloría General de la
República para mejorar la transparencia de la
contratación estatal y de las transferencias hacia las
entidades territoriales.
Privar a los delincuentes del producto de sus
actividades.
La prevención del lavado de activos y el decomiso
del producto del narcotráfico (cuyo volumen se estima
en más de un billón de dólares anuales)
podrá financiar el esfuerzo para hacer cumplir la ley y
otras iniciativas sociales (incluidos la reforma
agraria, el desarrollo alternativo y el fortalecimiento de
las instituciones), elementos críticos para una paz
duradera.
Entre las estrategias para esta prioridad se incluyen:
la implantación efectiva de la legislación
existente con respecto a la confiscación de bienes y la
implantación de modificaciones para garantizar la
expedición de órdenes de decomiso de los bienes del
narcotráfico; el refuerzo de leyes e instituciones
existentes para combatir el lavado de activos, incluidas la
Unidad Especial de la Fiscalía y la Unidad de Análisis e Información Financiera;
la coordinación de las autoridades nacionales e
internacionales para garantizar el intercambio efectivo de
información y colaboración entre fiscalías;
la destrucción de los nexos financieros entre
narcotraficantes, guerrilla y autodefensas, por medio de
programas de aplicación efectiva de la ley y de
cooperación multilateral; la coordinación de
fiscales, investigadores y agentes aduaneros y sus
homólogos en el exterior en un esfuerzo para desmantelar
el mercado negro de
divisas; finiquitar el desarrollo de los mecanismos para
distribuir bienes confiscados en acciones de interdicción
multilaterales, de acuerdo al Derecho Internacional.
El Gobierno Nacional actuará en la forma
más rápida posible para lograr la
expropiación formal de los bienes decomisados a
narcotraficantes sindicados, especialmente en lo relativo a sus
propiedades.
Estas propiedades se utilizarán principalmente
para asentar pequeños agricultores y trabajadores
provenientes de las áreas de plantación de hoja de
coca, al igual que para familias desplazadas por la violencia
rural.
Combatir el contrabando y fortalecer la
interdicción de narcóticos.
Un elemento crucial en la eliminación del
narcotráfico es el bloqueo de las rutas de transporte de
drogas, precursores químicos y contrabando (lo cual muchas
veces representa la repatriación de dinero de las
drogas). Esto requiere de un esfuerzo conjunto en todos los
puertos de entrada a Colombia y a lo largo de todas sus
fronteras.
Entre las estrategias para combatir esta prioridad se
incluyen: la coordinación de la aplicación efectiva
en los mares, incluidos los esfuerzos conjuntos
entre la Armada Nacional, la Fiscalía y sus
homólogos extranjeros para incautar narcóticos y
químicos y juzgar efectivamente a los infractores; el
fortalecimiento y expansión de programas de seguridad
portuaria existentes, que incluya todos los puertos de entrada;
el mejoramiento de intercambio de información con las
contrapartes extranjeras en cuanto a sospechosos, rutas, y
patrones de métodos de transporte; el entrenamiento de
una Policía Aduanera que cuente con todo el equipo
necesario que garantice un control efectivo en los puertos y
aeropuertos; el fortalecimiento de cooperación
internacional en la lucha contra el contrabando;
colaboración estrecha con otros gobiernos, a fin de que el
sector privado se comprometa a adoptar medidas de
prevención y control del contrabando, implementando una
política de conocer al cliente y
obteniendo un mejor conocimiento
acerca de las actividades de sus clientes.
Reducción de la demanda.
Colombia es frecuentemente percibida como un país
productor de drogas ilícitas, pero la realidad es que el
consumo, aunque actualmente a niveles bajos, aumenta
rápidamente. Las campañas de prevención
frente al consumo de drogas ilícitas están
dirigidas principalmente a los jóvenes y diseñadas
para desestimular el consumo de drogas y controlar el abuso de
consumo de alcohol,
tabaco y
medicamentos que generen adicción. Las redes de tratamiento y
rehabilitación también serán ampliadas para
cubrir a un gran número de personas que hoy en día
no tienen acceso a ellas.
V. DEMOCRATIZACION Y DESARROLLO
SOCIAL.
El objetivo
principal de esta estrategia es reducir las causas y las
manifestaciones de violencia, progresiva y
sistemáticamente, fortaleciendo la participación
civil y la conciencia
colectiva. Esta estrategia busca asegurar una mayor confianza en
el gobierno local, participación comunitaria en
actividades contra la corrupción y ejercer mayor
presión sobre los grupos guerrilleros y otros grupos
armados para acabar con el secuestro, la violencia y los
desplazados. La estrategia también cobija la
participación comunitaria que genere las condiciones
sociales, económicas y culturales para la
erradicación de cultivos ilícitos en las
comunidades indígenas y campesinas.
Asistencia para las víctimas de la
violencia.
Una de las metas de la estrategia de paz es el
suministro de asistencia humanitaria adecuada para las
víctimas del conflicto armado, acorde con los principios
del Derecho Internacional Humanitario y la legislación
interna e incluye seguros y
compensación, rehabilitación física y
psicológica, mecanismos para cuantificar y determinar las
víctimas, y programas especiales para los más
afectados (niños, mujeres cabeza de familia, la
tercera edad y los grupos étnicos). El Gobierno Nacional
definirá un marco normativo, estableciendo niveles
mínimos de calidad y
responsabilidad institucional con base en indicadores y
procesos de vigilancia.
Con base en la Convención sobre los Derechos de
los Niños de las Naciones Unidas,
la asistencia humanitaria se concentrará principalmente en
las necesidades físicas y psicológicas de los
niños promoviendo su desarrollo y manteniéndolos
alejados de los grupos armados. Adicionalmente, incluye
rehabilitación, tratamiento psicosocial y entrenamiento y
educación
especial para los minusválidos, de acuerdo con sus
necesidades individuales y colectivas. Finalmente, la estrategia
comprende actividades para identificar y eliminar minas
antipersonales y para reducir el riesgo de
asentamiento en zonas de alto riesgo y de
conflicto, a través de la integración
económica y social.
Asistencia a los desplazados internos.
Las actividades en este campo buscan devolver los
desplazados a sus hogares y garantizarles su estabilidad a
través de programas de inversión social y
productiva en las zonas de conflicto. La estrategia del gobierno
Nacional para la asistencia a los desplazados estará
estrechamente coordinada con el proceso de paz y el esfuerzo para
incrementar la capacidad del gobierno local. Primordialmente, la
asistencia a los desplazados será función de los
Gobiernos municipales y de las ONG
colombianas bajo el liderazgo de la Red de Solidaridad Social.
El Gobierno Nacional también invitará a las
organizaciones internacionales a participar en el ámbito
municipal, para movilizar recursos adicionales y establecer
mecanismos de verificación de la situación
local.
De acuerdo con lo establecido en los Principios Rectores
para la Asistencia a Desplazados Internos, las actividades del
Gobierno Nacional buscan neutralizar las causas del
desplazamiento, mejorando la seguridad en las áreas de
mayor riesgo. En las áreas de conflicto, el Gobierno
Nacional estructurará un sistema de alerta temprana para
detectar amenazas inminentes de violencia, permitiendo de este
modo que se pueda actuar a tiempo. Si no es posible prevenir el
desplazamiento, el Gobierno Nacional proveerá lo necesario
para satisfacer las necesidades locales.
Se tomarán medidas para garantizar la
protección de los derechos de todos los desplazados y se
establecerán mecanismos para ofrecer asistencia
humanitaria de emergencia, como agua, nutrición, salud y
protección. Se dará especial atención a las
necesidades de personas de distintas edades, con servicios
especiales para los niños, las mujeres y las
minorías étnicas. Donde sea posible, el Gobierno
Nacional apoyará y promoverá las Comunidades de
Paz, a las cuales los desplazados pueden acudir y recibir
servicios sociales y protección física.
Estrategia para el desarrollo
alternativo.
Esta estrategia busca introducir alternativas
integrales, participativas, rentables y económicamente
sostenibles en áreas rurales, particularmente en aquellas
zonas afectadas por la combinación de conflicto intensivo,
presencia deficiente del Estado, capital social
bajo, pobreza, cultivos ilícitos y problemas
ambientales relacionados con ellos. Habrá especial
prioridad que garantice el mantenimiento
de proyectos productivos a largo plazo, principalmente para
cultivos permanentes, sin dejar de lado los cultivos
transitorios. La participación comunitaria
garantizará el aprovechamiento de las capacidades locales
y la demanda de los mercados nacionales e
internacionales.
La sostenibilidad se garantizará a través
de alianzas estratégicas, con la participación de
pequeños productores, inversionistas privados, los
gobiernos locales y el nacional y asociaciones de productores. Un
punto importante de la estrategia es el fomento de
inversión privada en actividades orientadas a la demanda,
con microempresas
y mecanismos para la preventa de las cosechas. Estos proyectos
serán apoyados por mecanismos financieros e
inversión en infraestructura física, como
carreteras, redes de transporte fluvial, proyectos de minería y
electrificación, vivienda, sistemas de
acueducto y saneamiento básico, e infraestructura
adicional para dar apoyo a iniciativas productivas.
La estrategia busca mejorar las condiciones sociales y
el ingreso de los campesinos directamente, y constituye el marco
de la política para el abandono de los cultivos
ilícitos. La anterior política está dirigida
principalmente a pequeños agricultores (menos de tres
hectáreas de producción) y a los trabajadores en
las plantaciones. La actividad se determina por la proximidad de
producción legítima a
mercados potenciales, el origen de las personas
productoras de los cultivos ilícitos y el potencial
agrícola de la tierra en
que se encuentran los cultivos ilícitos.
En las áreas de cultivo de amapola, al igual que
en aproximadamente una tercera parte de las áreas de
cultivo de coca, normalmente es viable sustituir la
producción ilícita de pequeños agricultores
por uno o más cultivos lícitos. En estas zonas se
intentará que los productores abandonen la
producción de cultivos ilícitos
suministrándoles asistencia para establecer cultivos
legales y rentables, ofreciendo servicios de educación y
salud, infraestructura municipal mejorada, y seguridad personal.
El gobierno municipal, el sector privado y las ONG colombianas
trabajarán con el Gobierno Nacional para establecer
cultivos sostenibles y fortalecer los nexos entre los productores
y los mercados urbanos locales.
Se estima que un 60 por ciento de las áreas de
cultivo de coca se encuentran alejadas de sus mercados
potenciales y son poco aptas para cualquier tipo de
producción agrícola sostenible. El Gobierno
Nacional estudia tres posibles maneras de ofrecer oportunidades
legítimas de ingreso a pequeños agricultores y
trabajadores de esas zonas. Primero, los agricultores y aquellos
en condiciones similares tendrán la oportunidad de salir
de las áreas de producción de coca y asentarse en
tierras decomisadas del narcotráfico o en tierras
suministradas por el Incora (Instituto Colombiano para la
Reforma
Agraria); segundo, se ofrecerán oportunidades
laborales en pequeñas empresas de áreas urbanas de
origen, para migraciones de productores de coca, para reducir el
incentivo económico de la migración;
tercero, el Gobierno Nacional trabajará con los grupos
indígenas y los gobiernos locales para impulsar
actividades económicas y ambientalmente rentables para
conservar áreas de forestación, en un esfuerzo para
frenar el avance de la frontera agrícola hacia ecosistemas
frágiles. El trabajo en
la conservación y la protección del medio ambiente
también genera empleo para los antiguos cultivadores de
coca.
El costo estimado de
la estrategia de Desarrollo Alternativo para 1999-2002 es de
570,8 millones de dólares; 342,5 millones se
utilizarán para proyectos de producción y
transferencia de tecnología, 100
millones para infraestructura en áreas rurales, 86
millones para la conservación y restauración de
áreas ambientalmente frágiles, y 42,3 millones de
dólares para apoyar el desarrollo de las comunidades
indígenas.
Desarrollo sostenible en áreas ambientalmente
frágiles.
El conflicto armado afecta el hábitat natural de
la misma forma que lo hace la expansión de la frontera
agrícola (legal e ilegal, la cual ha destruido cerca de un
millón de hectáreas de bosque desde
1974).
Estas zonas incluyen una alta proporción de
áreas de conservación y parques naturales, y existe
amplia evidencia para demostrar que este proceso de
expansión amenaza seriamente el resto de la Cuenca
Amazónica.
Para combatir el problema, se han tomado ciertas
acciones, entre ellas, la restauración de algunas
áreas como parques naturales, al igual que la
recuperación de los bosques1, con lo cual se busca hacer
un aporte a los objetivos mundiales de preservación de la
Cuenca Amazónica (como se observa en la Convención
sobre Cambios Climáticos). Adicionalmente, el Gobierno
Nacional facilitará la transición de la
producción agrícola insostenible hacia cultivos
más adecuados para las condiciones locales y regionales.
Finalmente, entre las actividades previstas se busca apoyar la
reforestación a pequeña escala y la
consolidación de mercados verdes para generar
posibilidades comerciales locales.
El papel de las comunidades locales y los
municipios.
Los ciudadanos buscan seguridad, orden, empleo,
servicios básicos y un mejor futuro para sus
hijos.
Los programas nacionales como aquellos para el
desarrollo alternativo, protección ambiental, desplazados
y asistencia para zonas de conflicto buscan la realización
de esas expectativas de los ciudadanos, reduciendo de este modo
los incentivos para
las migraciones o para cultivos ilícitos. Las comunidades
locales y los concejos municipales juegan un papel fundamental
para garantizar que estos programas nacionales lleguen a su
destino.
El fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos
locales en la ejecución y desarrollo de planes nacionales
de inversión, el trabajo con las ONG y empresas en la
resolución de problemas, y el desempeño de todos los órganos es
esencial para la estrategia de inversión social y
desarrollo alternativo en Colombia.
El Gobierno Nacional trabajará por medio de la
Red de Solidaridad Social, los ministerios y las ONG para apoyar
a los gobiernos municipales en el manejo de recursos y
habilidades técnicas,
en el manejo de desplazados, desarrollo alternativo y lucha
contra la pobreza. Cerca
de 150 comunidades que habitan en zonas donde el conflicto y los
cultivos ilícitos han interrumpido el suministro de
servicios básicos, donde se ha sufrido una
degradación ambiental y en las cuales existe un alto nivel
de pobreza, serán seleccionadas en un periodo de dos
años con el fin de que participen en programas de
fortalecimiento institucional. Líderes comunitarios
serán entrenados en técnicas de gobierno. Los
gobiernos locales serán entrenados para promover la
participación comunitaria en los procesos de toma de
decisiones y en la solución de problemas
sociales y económicos. La capacitación de
líderes locales permitirá establecer prioridades
acerca de las necesidades locales y las iniciativas para
implementar y diseñar los servicios básicos
requeridos, con el fin de que los recursos disponibles se
utilicen de la manera más efectiva y eficiente
posible.
Con el fin de maximizar la eficiencia, los
gobiernos regionales y locales trabajarán con el Gobierno
Nacional, empresas locales y ONG. La administración
municipal buscará invertir el recaudo local, los recursos
provenientes del presupuesto
nacional y las donaciones para apoyar organizaciones locales en
la satisfacción de las necesidades locales de alta
prioridad.
Con el fin de fortalecer el desarrollo institucional,
esta estrategia también promoverá una mayor
confianza, legitimidad y fe en las instituciones públicas.
Se fomentarán mecanismos formales e informales que
inculquen la tolerancia, la
justicia, la seguridad y los cambios en los patrones culturales
que incitan a reacciones violentas, al conflicto. Todo ello se
complementará con un apoyo activo para fomentar redes
locales de paz.
(NOTA: Los ínter títulos antecedidos de
dos guiones corresponden en el documento a textos en negrilla y
en altas y bajas).
Este documento esta disponible para consulta en la
página
web:
http://www.presidencia.gov.co/
Autor:
JUAN CARLOS BUILES
UNIVERSIDAD
EAFIT
jbuiles[arroba]hotmail.com