Seguridad Ciudadana

El trabajo contiene una investigacion sobre seguridad
ciudadana. Una definicion historica del concepto y su
aplicacion en los municipios. Para ello se ha tomado como ejemplo
el municipio de las condes, el cual ha demostrado ser
tremendamente eficiente en su accion antidelincuancia siendo un
modelo ha
seguir por los demas municipios.

Introducción

La propuesta de políticas
públicas en torno al tema de
la seguridad
ciudadana implica reconocer que ésta es una
aspiración permanente de los ciudadanos, cuyos límites
son bastantes difusos. Por lo tanto, el planteamiento de políticas
públicas en este tema implica, en primer lugar, reconocer
ese dinamismo permanente e inherente a la
situación.

Cuando se plantean políticas publicas, puede
hacerse mas bien en términos clásicos, y entonces
comenzamos a hablar de políticas publicas referidas al
diagnostico y al seguimiento de la situación de la
seguridad, o de políticas publicas referidas a la
prevención de la inseguridad o
a la represión sobre la comisión de delitos que
atentan contra la seguridad, o a la sanción de estos
delitos, e
incluso a la rehabilitación de los transgresores de las
normas
sociales.

Desde la visión particular de los municipios,
debemos plantearnos que las causas de esta sensación o
percepción de inseguridad no
necesariamente son objetivas ni objetivables. Son de carácter
muy subjetivo, ya que si se analizan las estadísticas disponibles nos damos cuanta
que la sensación o percepción
de inseguridad que los ciudadanos expresan, esta bastante
sobredimensionada en relación con lo que efectivamente
esta pasando en la sociedad
contemporánea, no sólo en Chile, sino en
el mundo.

Entonces, la pregunta que surge es ¿por
qué la población se acerca a los municipios
permanentemente con una percepción tan fuerte de
inseguridad?. No cabe duda que los vecinos están situados
en un marco cultural que propende a inseguridad; un marco
cultural que estipula el individualismo, el consumismo, que
presenta situaciones socio económicas extraordinariamente
desintegradas. Estamos hablando de un contexto de violencia
creciente e las relaciones sociales, incluso al interior del
núcleo familiar, y en una sociedad que
estimula el aislamiento. La sociedad actual desincentiva la
recreación colectiva para estimular la
recreación individual, e incluso genera infraestructura y
espacios públicos orientados en esta lógica
mas que en un enfoque de vida social colectiva, donde el centro
de la actividad es compartir con otro y generar espacio de
confianza entre los vecinos.

En este contexto cultural se expresan un conjunto de
consecuencias que dicen relación con agudos problemas
sociales, con las limitaciones de desarrollo que
presentan nuestras ciudades y nuestro país, y con la
debilidad de nuestras instituciones
para abordar un fenómeno individual, cada ves más
atomizado y mas desintegrado.

Abordar esta situación implica esfuerzos de
modernización muy relevantes para todas las instituciones,
incluidos, por supuesto, los municipios, pero también esta
tarea incluye a las fuerzas policiales y a los actores
judiciales.

Evidentemente produce inseguridad la comisión de
delito que no
tienen sanción, que no tiene represión y que, en su
grado máximo, lo hemos visto en estos días, cuando
la gente se pasea por Chile
después de fallos judiciales muy claros. Estos son
fenómenos colectivos que atentan contra la
percepción de seguridad objetiva de la población, pero también sobre la
percepción de seguridad sico-social de los ciudadanos, que
es el fenómeno mas complejo. No cabe duda de que la
sensación de impunidad lleva al desarrollo de
conductas mas violentas y a incrementar una espiral que produce
una especie de norma de "ley de la selva",
donde el mecanismo central que se desarrolla es la autodefensa
mas que la mutua protección.

Todos estos elementos y análisis de ellos llevan a preguntarse que
se puede hacer o como podemos aportar.

Lo primero que llama la atención es la indefinición con
respecto a lo que se espera del rol municipal en este tema. Para
los vecinos, el municipio es el gobierno, y, por
lo tanto, la institución que debe resolver los problemas
concretos que tiene la gente.

Seguridad ciudadana como
definición histórica.

No tener una agresión violenta es el primer y
principal significado de la seguridad; saber respetada la
integridad física y, por
extensión, "lo propio". Estar seguro significa
por sobre todo poder
disfrutar de la privacidad del hogar sin miedo a ser asaltado y
poder circular
tranquilamente por las calles sin tener un robo u otra
agresión. Esta seguridad física, cuasi
corporal, concierne pues a las reglas básicas de
convivencia pacifica. No vasta, empero, la ausencia de miedo a
una muerte
violenta. Al hablar de seguridad ciudadana o seguridad publica
hacemos alusión a una dimensión mas amplia que la
mera supervivencia física. La seguridad es una
creación cultural que hoy en día implica una forma
igualitaria (no jerárquica) de sociabilidad, un
ámbito compartido libremente por todos. Esta forma de
"trato civilizado" representa el fundamento para que cada
persona pueda
desplegar su subjetividad e interacción con los
demás. Esta en juego la vida
no sólo de la persona
individual, sino igualmente de la sociedad. Dada lo fundamental
de esta dimensión y, por ende, el peligro que involucra
toda la transgresión, la percepción de amenaza
puede ser extremadamente sensible.

Como es sabido las estadísticas registradas a partir de los
años 40 por la policía de investigaciones y
carabineros varían mas la actividad policial que la
actividad delictual. Resulta entonces difícil averiguar en
que medida el miedo responde a un aumento efectivo de la delincuencia y
de la violencia. En
todo caso, no estamos ante un fenómeno reciente; el miedo
ante el delito
común o a la violencia tiene una larga historia, pero alcanza
dimensiones alarmantes a raíz de los procesos de
urbanización e industrialización. La violencia se
traslada del campo a la ciudad, donde el desarraigo de los
emigrantes, las desigualdades sociales y la inestabilidad
laboral
favorecen la delincuencia.
Autores de comienzos de siglo destacan como el trabajo
fabril fomenta la desorganización de la familia
tradicional, el abandono del niño y la aparición
masiva de vagos y mendigos; todo ello acentuado por el alcoholismo y
la frecuente impunidad. El temor provocado por el deterioro del
antiguo orden de convivencia toma cuerpo en las llamadas "clases
peligrosas". Mas que la criminalidad (acotada) es la violencia
(difusa) la que imprime a la "cuestión social" su
virulencia.

En este periodo se consolida el papel
ancestral del estado como
garante de la paz social y de la seguridad publica. A los
procedimientos
propios de un estado de derecho
se agrega una intervención activa que combina mecanismos
represivos con medidas preventivas y promocionales. La
acción estatal dispone acciones
(justicia
penal) y de incentivos
(estado
asistencial). Tanto la ley penal como
las medidas sociales que se guían por una idea de sociedad
basada en una familia legitima
y un trabajador disciplinado. El estado es
fuertemente regulador y no vacila en vulnerar principios
liberales con tal de afirmar el disciplinamiento
social.

Hasta mediados de siglo el miedo al delito esta
vinculado a acciones
individuales y concentrada en los sectores populares. En los
años 70 aparece una nueva modalidad de delincuencia
violenta y de violencia política; aumentan
los robos y los delitos comunes con fines políticos. En la
medida en que la sociedad se polariza políticamente
también aumentan los conflictos
intergrupales tanto en las ciudades como en el campo (huelgas,
tomas de tierra). En
septiembre de 1972, ocho de cada diez personas entrevistadas era
de la opinión que en Chile se vivía un clima de
violencia. Ya no es el delito sino un ambiente
generalizado de violencia difusa el que generaba miedo.
Éste adquirió una dimensión desconocida
hasta entonces con la intervención militar. Aparece una
nueva forma de violencia; el propio estado abandona el marco
jurídico. La represión estatal es particularmente
intensa en 1973.

En los años 70 y 80 la sociedad chilena se
encuentra dominada por una verdadera "cultura de
miedo": miedo al comunista, al subversivo; miedo al
"cáncer invisible" y omnipresente que corroe al cuerpo
social. Miedo a la represión y al delator; miedo a ser
"descubierto" en alguna (no se sabe cuál) imprudencia. Las
"reglas del juego" quedan
suspendidas, la arbitrariedad del poder provoca estrategias de
disimulación y autocoerción. La desconfianza del
otro se instala en toda la vida social, incluido el hogar. No
todo es violencia política;
también aumenta la delincuencia. El control estatal
no logra opacar la disgregación producida por la crisis
económica y el desempleo. En
pleno gobierno militar
los robos con violencia aumentan 77% entre 1980 y 1986. Sin
embargo el fenómeno solo alcanza niveles de alarma publica
bajo el régimen democrático.

La democracia
pone fin a la represión, pero no al miedo. La
transición esta acompañada de un temor
físico que, a falta de amenaza explícita, se
cristaliza nuevamente en la delincuencia. A partir de 1990 se
afianza la percepción de que la delincuencia ha crecido y
que esta fuera de control. Desde
entonces las encuestas
señalan a la delincuencia como uno de los problemas
prioritarios de los chilenos.

Más importante que el aumento de cuantitativo es
el cambio
cualitativo: hay mas asaltos a mano armada, ellos afectan
también a hogares en comunas del "barrio alto" y comienzan
a operar bandas organizadas. Ademas adquiere visibilidad un
factor que comienza a cristalizar el miedo al delito: la droga. En 1977
y 1992 los detenidos por trafico de estupefacientes aumentan de
254 a 10.119, según datos de
carabineros

El sentimiento de
inseguridad

Las encuestas de
opinión confirman los sentimientos que afloran en los
grupos de
discusión: la inseguridad cotidiana está asociada a
la delincuencia. Casi ocho de cada diez personas entrevistadas
por CEP-PNUD en julio de 1997 estiman muy probable o medianamente
probable que pueda ser víctima de un robo o intento de
robo en la calle, seis de cada diez presumen que ello les puede
ocurrir en su hogar, la mitad de las mujeres entrevistadas temen
ser víctima de una agresión sexual o
violación y cuatro de cada diez entrevistados consideran
muy o medianamente probable otro tipo de agresión
(pandillas, etc.). Este miedo se proyecta en un miedo al otro. La
imagen del
otro es de la de un agresor potencial que amenaza en cualquier
momento y en cualquier lugar. El miedo a una violencia
descontrolada se condensa en la imagen del
delincuente drogado; él simboliza la perdida de todo lazo
social y de toda norma moral.

Ahora bien, el aumento notable del miedo al delito y a
la violencia en los años recientes no corresponde,
según vimos, a un incremento similar de la delincuencia.
La encuesta
CEP-PNUD de 1997 permite contrastar la percepción de los
entrevistados acerca de las probabilidades de ser una
víctima de un delito. En el cuadro se indica una
proporción significativa, pero el hecho deviene motivo de
alarma a raíz de ciertas razones adicionales (ver cuadro
1).

Al sentimiento generalizado de inseguridad contribuye,
por una parte, el hecho de ser agredido en mas de una
ocasión; un 5.3% de dichos entrevistados había
sufrido dos o mas robos sin violencia en lugar publico y un 2%
fueron de dos o mas asaltos en el hogar. Tales situaciones
potencian el sentimiento de vulnerabilidad. Por otra parte, es un
hecho novedoso que las víctimas pertenecen a todos los
grupos
sociales. Las víctimas de robo sin violencia tanto en
la calle como en el hogar pertenecen preferentemente al nivel
socioeconómico alto (32% y 13%) seguido del nivel
socioeconómico medio (21% y 7%) y del nivel
socioeconómico bajo (15% y 7%).

En años recientes los delitos contra la propiedad
aumentan significativamente en las comunas pudientes, mientras
que los delitos contra personas son más numerosos en las
comunas populares. En el pasado parecía existir una clara
delimitación de lo que eran lugares y grupos
peligrosos. La amenaza era acotada social y
geográficamente. De los grupos de discusión antes
mencionados se desprende que las deslimitación actual
transforma a la ciudad entera en territorio hostil e incrementa
incertidumbre.

A la alarma publica contribuyen también los
medios de
comunicación masiva. La "crónica roja" concita
un amplio interés
publico, y es tenue la distinción entre la información detallada del acontecer social
y el relato sensacionalista. La conmoción es
todavía mayor cuando la imagen viva del delito se
introduce, por medio de la
televisión, al hogar. Incluso el espacio intimo
aparece entonces indefenso.

La inseguridad provocada por la
impunidad.

Finalmente, es menester mencionar un cuarto factor que
incide en el sentimiento generalizado de inseguridad: la (real o
supuesta) impunidad del delito. Nueve de cada diez entrevistados
por CEP-PNUD en 1997 expresaban poca o ninguna confianza en que
la ejecución de un delito grave recibiera castigo en un
tiempo
razonable (ver cuadro 2). Sólo entre los entrevistados en
zonas rurales existía algo mas de confianza. Tal vez por
eso solamente algo mas de la mitad de los entrevistados que
había sufrido algún tipo de robo realizo la
denuncia correspondiente. Las denuncias disminuyen cuando se
trata de un secuestro,
venganza o alguna agresión por pandillas.

En el caso de agresión sexual, ni siquiera la
cuarta parte de las entrevistadas hicieron la denuncia. La
percepción de que el delito queda sin sanción
posiblemente influya en la evaluación
negativa que hace la sociedad del poder judicial.
En todo caso, genera desconfianza y acentúa el sentimiento
de impotencia y frustración. La situación parece
estar fuera de control. No debe sorprender entonces el pesimismo
reinante. Según encuestas de Paz Ciudadana la
proporción de personas que opina que la delincuencia
había aumentado respecto al año anterior
subió de un 59% en 1993 a un 74% en 1996, para bajar al
69% en 1997 (Paz Ciudadana – Adimark, 1997). Es decir, dos
tercios de las personas estiman que la situación va a
empeorar aun más. Opinión tan masiva indica que, al
menos en la percepción de la gente, los mecanismos de
seguridad son deficientes.

La seguridad
publica.

La seguridad ciudadana es considerada una tarea
primordial del estado. Desde antiguo corresponde al estado velar
por "la ley y el orden". Para ello cuenta con el instrumentario
tradicional: control policial (preventivo y represivo) y medidas
legales. En relación con la policía es menester
constatar la permanente disminución de la dotación
de Carabineros e Investigaciones
con respecto al numero de habitantes. De acuerdo con estimaciones
de Hugo Frühling a cerca del personal
efectivamente operativo, en 1933 y 1941 había un
policía por 277 habitantes: la relación bajó
a 440 habitantes por policía en 1990 y a 454 habitantes
por policía en 1994. En años recientes, sin
embargo, hubo un fuerte incremento del aporte fiscal a la
labor policial. Mientras que el aporte fiscal a
Carabineros e Investigaciones disminuyó en un 13.5% entre
1986 y 1990, entre 1990 y 1996 aumento en 9.3%, respondiendo a
las demandas de la opinión publica. A ello se agregan
aportes municipales y privados (Frühling, H.
1997).

Existe asimismo un conjunto de medidas legales
destinadas a combatir mejor el delito. Se creo en 1991 el Consejo
Nacional para el Control de Estupefacientes y en 1993 la Dirección de Seguridad Publica e
Informaciones; se facilitaron los tramites para denunciar delitos
de hurto y robo; se incrementaron las potestades policiales para
investigar el tráfico ilícito de estupefacientes y
se tipificaron nuevos delitos (lavado de dinero). La
iniciativa más relevante, empero, concierne a la amplia
reforma al poder judicial.
No se trata tan solo de perfeccionar el sistema de
justicia penal
sino de simbolizar, por medio del poder judicial, la responsabilidad que asume la sociedad entera por
la seguridad.

La privatización de la
seguridad.

La desconfianza en los mecanismos públicos de
seguridad ha dado mayor protagonismo a los mecanismos privados.
El creciente miedo al delito motiva conductas elusivas y medidas
de seguridad domestica. Especialmente en Santiago está a
la vista el aumento explosivo del mercado privado
de seguridad. La privatización se hace visible en la
proliferación de alarmas, en la presencia de 14.000
guardias privados, en el cierre de calles. Acorde con el estudio
de la fundación Paz Ciudadana, en 1994 los chilenos
gastaron cerca de 100 mil millones de pesos en diversas formas
privadas de seguridad (ver cuadro 3).

Ahora bien, según se desprende de los grupos de
discusión realizados, la gente se da cuenta del circulo
vicioso: los equipos de alarma a la ves crean mas alarma. Se hace
evidente que la seguridad se ha vuelto un negocio y que, en
definitiva, lo que hace falta es una renovación de los
lazos sociales.

En efecto, la seguridad ciudadana es fundamentalmente un
asunto ciudadano. No obstante, la cooperación ciudadana
parece limitada.

La encuesta de
Paz Ciudadana de 1996 documenta la retracción al espacio
privado como principal reacción frente a la delincuencia.
Apenas la mitad de los entrevistados cuanta con la ayuda de los
vecinos (ver cuadro 4). Un estudio realizado en tres comunas de
Santiago confirma los resultados: la cooperación entre
vecinos no constituye una opción masiva. Prevalece pues el
síndrome de "fortaleza asediada", cada cual defendiendo su
hogar.

El deterioro de lo
publico.

La razón de fondo del miedo al otro parece
radicar en las grandes y aceleradas transformaciones que vive la
sociedad chilena. Ellas tienen su expresión mas notoria en
el deterioro de las pautas básicas de sociabilidad. El
vecino, el prójimo, aparecen como personas extrañas
con las que se comparte poco o nada. Resultados de la encuesta
CEP-PNUD nos muestran en primer lugar que casi dos tercios de los
entrevistados estima difícil o muy difícil
organizar a la gente para enfrentar un problema en el barrio.
Sólo en el sector socioeconómico alto y en la zona
rural se encuentra algo mas de confianza en poder organizar a los
vecinos.

En segundo lugar, resalta el hecho de que la gente suele
confiar sólo en su propia familia. Casi
seis de cada diez entrevistados no confían en que alguien
que no pertenezca a su hogar le ayudara a resolver un problema.
Nuevamente las personas de zonas rurales y de nivel
socioeconómico alto se declaran mas confiadas en recibir
ayuda externa.

El tercer resultado concierne a la fuerte desconfianza
cuando se trata de esperar ayuda frente a una agresión en
un lugar publico. Casi nueve de cada diez entrevistados tienen
poca o ninguna confianza en que la gente que pase por allí
acuda en su ayuda (ver cuadro 5).

En este caso, las personas de nivel
socioeconómico alto son todavía más
desconfiadas. Incluso en la zona rural menos de un tercio de los
entrevistados manifiestan alguna confianza. Estas cifras
desoladoras señalizan cuan resquebrajado se encuentra el
cuidado del otro en los espacios compartidos.

Precisamente la esfera publica es uno de los
ámbitos mas dañados por los cambios sociales. En
Chile se ha deteriorado ese ámbito en que estar juntos
exterioriza una pasión y un interés
compartido por la vida común. Cuando las personas acuden a
un centro comercial o a un estadio, tal vez comparten emociones, pero
no un bien publico. El gran dinamismo de la sociedad chilena
descansa sobre estrategias
individuales y no en un animo de sociedad. Parecería no
existir un "nosotros" capaz de hecerse cargo de la vida en
sociedad.

UN MODELO DE
CONTROL: EL CASO DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS
CONDES

Desde un punto de vista comunal, el control de la
delincuencia esta sujeto a una serie de restricciones que tiene
que ver con la descentralización que necesariamente debe
existir en una sociedad. Dichas restricciones guardan
relación con facultades que de suyo no le corresponde
desarrollar o definir a los municipios, sino que a la sociedad en
su conjunto. Entre las principales encontramos:

1.- Las Municipalidades no tiene control sobre los
medios de
represión, vale decir, no dependen del municipio las
políticas de prevención y gestión
policial, como así mismo las dotaciones especificas de la
policía.

2.- La definición de las penas según
delito no es algo que dependa de la Municipalidades; para ello
existe un sistema de
sanciones que es determinado a través del código
penal.

3.- El sistema de la administración de las sanciones es
desempeñado por un ente autónomo que en este caso
es el poder judicial.

4.- Finalmente, la aplicación de las sanciones,
esto es, el sistema carcelario, tampoco depende de los gobiernos
locales.

Ahora bien, aun cuando ninguna de dichas funciones es
realizada por los municipios, ello no obsta para que exista una
adecuada colaboración entre aquel y las demás
instituciones que desempeñan las actividades mencionadas.
Así, por ejemplo, dicha cooperación de hecho existe
y se manifiesta de diversas formas, tales como las transferencias
de recursos que
realiza el municipio hacia instituciones policiales, judiciales y
carcelarias. Sin perjuicio de lo anterior, los municipios pueden
tener un nivel de contribución en el combate contra la
delincuencia mucho mayor, el cual podría expresarse de
diversas formas. En este sentido, la experiencia desarrollada por
la Municipalidad de las Condes es alentadora.

¿Cuales han sido los ámbitos de
colaboración y cuales son sus resultados?. A
continuación realizaremos una breve síntesis
en materia de
control de la delincuencia que se han implementado en la comuna
de Las Condes.

 1.- Se encuentra un conjunto de señales, en
concreto
anuncios, que se realizan respecto del combate de la
delincuencia. Es decir, se establece una posición clara
respecto al tema y la voluntad de llevar adelante una
política activa en contra de la delincuencia. La
importancia de esta acción radica en que se genera una
señal, la que, sin lugar a dudas, es internalizada por los
delincuentes al momento de tomar sus decisiones.

2.- Desde un punto de vista de la prevención y la
auto protección, a principios de
1993 se tomo un conjunto de medidas tendientes a incentivar e
incorporar a la comunidad, las
cuales se tradujeron en la autorización y cierres de
pasajes y levantamientos de panderetas, generándose un
sistema de subsidios para aquellos sectores que no cuentan con
recursos para
ello. Ello permitió, por una parte, una practica que en
algunos casos ya se estaba desarrollando y por otra, fomentar
mecanismos eficientes de auto protección, como así
mismo aumentar las señales disuasivas.

3.- Como instancia de acción colectiva se realizo
una consulta popular donde las personas de la comunidad
definieron el set de prioridades de inversiones
municipales, entre las cuales se ratifico el control de la
delincuencia. La importancia de dicha consulta es que
permitió organizar a la comunidad en torno al tema,
como asi mismo, generar una instancia de legitimación de
las decisiones municipales.

4.- Como parte de una política integral de
generar costos a la
delincuencia se desarrollo el proyecto de
"FISCALIAS MUNICIPALES", el cual fue producto de un
diagnostico de seguimiento de causas penales de delito cometidos
en la comuna. Dicho diagnostico arrojo como resultado el que las
probabilidades asociadas de detención, proceso y
condena de delincuentes era inferior al 4%, esto es que 4 de cada
100 delitos denunciados terminaban en condena. En este caso, como
es obvio, la idea era de hacer mas ciertas las probabilidades v
que los delincuentes detenidos por delitos cometidos en la comuna
fueran procesados. Es decir, claramente aumentar los costos esperados
de la delincuencia.

 5.- A mediados de 1993 se estableció un
sistema de patrullaje comunal el cual, aun cuando en principio
fue diseñado para que fuera desarrollado por el sector
privado con el objetivo de
liberar recursos policiales, en la practica tuvo como resultado
final un sistema mixto en que cada patrulla estaría
compuesta por un funcionario municipal (inspector) y un
funcionario policial. En este caso, la idea central fue de
contribuir con la labor policial, proveyendo un sistema disuasivo
en contra de delincuencia, a través de aumentar las
probabilidades de captura o detección "in fragante" de
actos delictuales.

6.- Finalmente, como parte de un sistema de
prevención de riesgo a termino
del año 1993 se diseño
un sistema de línea telefónica de emergencia, el
cual consistía en que las personas daban aviso al iniciar
su temporada de vacaciones. La utilidad de este
sistema es que permitía establecer áreas de
riesgo,
focalizando de forma mas adecuada la labor de patrullaje y
mejorando los sistemas de
información de riesgos entre la
comunidad y las autoridades competentes.

En general, la importancia del modelo de las Condes
reside en que a través de una adecuada coordinación entre policía,
municipio y comunidad, al parecer es posible reducir de manera
considerable los riesgos de robo y
en general la delincuencia a nivel local.

Desde un punto de vista analítico se puede
señalar que el modelo de Las Condes posee tres objetivos
esenciales tendientes a aumentar los costos esperados de
delinquir, o lo que es lo mismo reducir los beneficios esperados
de la actividad delictual. El primero de dichos objetivos se
dirige a reducir los beneficios por la vía de aumentar las
probabilidades de detección o captura de los delincuentes,
a través de un aumento del patrullaje; el segundo a
aumentar los costos del proceso o de
la probabilidad de
que los delincuentes serán sometidas a este, a
través de la "Fiscalía Municipal"; y el tercero,
disminuir la rentabilidad
de la actividad delictual propiamente tal, por la vía de
aumentar las instancias de prevención de parte de las
personas, lo cual implica ya sea reducir el universo de
posibilidades del delincuente o alterar su estructura de
costos y riesgos.

 Un aspecto interesante a considerar es que a
través de los sistemas de
patrullaje ha sido posible liberar recursos policiales
considerables, toda vez que se ha hecho mas eficiente el sistema
de notificaciones policiales (mas de 1217 en el primer trimestre
de 1995), las que sin lugar a dudas distraen recursos altamente
valiosos.

Ademas de lo anterior, el sistema de patrullaje, el cual
ha sido complementado recientemente con otros servicios
comunales (defensa civil), ha permitido mantener un contacto
permanente con los problemas comunales, tales como el estado de
las calles, alumbrado, traslado de personas a centros
hospitalarios, o asistencia en caso de accidentes de
transito.

La delincuencia en el contexto
general de Santiago.

Resulta interesante analizar ahora el caso de otras
comunas donde las tasas de denuncias son las mas altas del
país y en particular de Santiago. A este respecto, se han
seleccionado las comunas de Vitacura, Providencia, Santiago, La
Reina, La Cisterna y Ñuñoa. Ello permitirá
extraer conclusiones mas validas respecto del modelo aplicado en
Las Condes.

Entre 1987 y 1994, se aprecia que las principales
caídas en las tasas de denuncias se encuentran en las
comunas de Las Condes y Providencia, las cuales son inferiores a
1987 y al promedio de caída de la Provincia de Santiago
(ver cuadro 6).

Ahora bien, al analizar la variación para el
periodo 1992-94 (ver cuadro 7), observamos que las comunas que
mayor caída muestran son: Las Condes, Providencia y
Vitacura, las que alcanzan el -49%, -37,9% y -29,4%,
respectivamente. Dichas caídas son incluso
significativamente superiores a la correspondiente a la Provincia
de Santiago (en las tres comunas se duplica al valor
provincial).

Lo anterior merece dos comentarios con relación
al análisis desarrollado en el
trabajo:

1.- En las tres comunas señaladas, Las Condes,
Providencia y Vitacura, a partir de 1992 comienza a darse una
serie de señales en materia de
control de la delincuencia, las que son similares entre si, esto
es, fiscalías anti-delincuencia, instructivos
anti-delincuencia, transferencias de equipos y recurso
significativos a las unidades policiales, patrullaje, sistemas de
control informático, encargo de casas, etc.. Dichas
comunas han sido las mas activas en cuanto a emitir
señales en contra de la delincuencia, incluso con
antelación al reconocimiento global del problema por parte
del gobierno en la materia (fines de 1993).

2.- El que las caídas observadas entre 1992 y
1994 sean considerablemente superiores en dichas comunas
implicadas, de algún modo, que en ellas se realizaron
esfuerzos importantes en el combate de la delincuencia, cuyos
resultados superaron el promedio provincial (-13,6%), y por lo
tanto, las tendencias globales, lo cual, no cabe duda que estuvo
asociado a la aplicación de las medidas como las
indicadas. Dichos esfuerzos son claros en el sentido de que en
los tres casos los niveles de delincuencia de robo alcanzaron su
máximo en 1992 (177,2 Las Condes, 147,4 Providencia y
251,9 Vitacura) y posteriormente comenzaron a caer.

En resumen, los anteriores antecedentes confirman la
hipótesis de que en la medida que se
transmitan señales claras y se implementen
políticas concretas en este ámbito, la delincuencia
se ve afectada en forma significativa.

Carabineros y gobierno
municipal.

La creciente demanda por
seguridad a principios de los ’90, expresada a
través de las encuestas de opinión publica,
presiono no sólo al gobierno central sino también a
las municipalidades, designadas por el recién elegido
gobierno democrático, dispusieron de la realización
de diversas actividades de diagnostico con el fin de definir
políticas. En dichos diagnósticos el tema de la
seguridad ciudadana fue recurrente. Las medidas adoptadas por las
municipalidades para responder a dicha demanda
contemplaron la mayoría de las veces el traspaso de
recursos materiales a
Carabineros como la donación de vehículos y la
construcción de retenes y
subcomisarias.

En el panorama general destacan los municipios de
Santiago y Las Condes. Esta ultima comenzó una
campaña de seguridad ciudadana con la entrega de un
folletos con recomendaciones elaboradas por carabineros para
disminuir el riesgo de ser víctimas de delitos. Con la
elección de Joaquín Lavin como alcalde, la
campaña de seguridad ciudadana adquiere notable
importancia. Recién elegido hizo aprobar un fondo para
financiar proyectos
relativos a seguridad ciudadana propuestos por las juntas de
vecinos. Otras medidas fueron la autorización de cierres
de pasajes ciegos y el aumento de la altura permitida para
panderetas de 2 a 2.5 metros de altura. Asimismo dispuso la
creación de una "fiscalía anti-delincuencia" cuyo
objetivo era
defender a las víctimas de delitos y hacerse pare ante los
Tribunales de Justicia por aquellos delitos que afecten a los
vecinos.

En 1993 entro en operación un nuevo organismo
integrado por funcionarios municipales denominados inicialmente
"serenos" y más tarde "Las Condes 133", que tenia por
objetivo desarrollar labores de vigilancia para la
prevención de la delincuencia en la comuna. Carabineros
cuestiono la propuesta original por lo que en definitiva se
acordó que en los vehículos de vigilancia
viajaría un inspector municipal y un carabinero. Otras
medidas contemplaron la instalación de cámaras de
seguridad siguiendo el modelo implementado por la municipalidad
de Santiago. Finalmente se conoció el proyecto de
instalación de alarmas en todas las casas y departamentos
de la comuna. Estas alarmas estarían conectadas con
carabineros. Cabe destacar dentro del programa de
seguridad ciudadana de la comuna de Las Condes, la construcción de una comisaria financiada
completamente por el municipio con una inversión de mas de 400 millones de
pesos.

En Las Condes al igual que en otras comunas de Santiago,
la mayor parte de la inversión en seguridad ciudadana se realizo
en equipamiento e inmuebles destinados a carabineros.

En esta política de donaciones se
estableció una relación distinta entre la autoridad
municipal y carabineros. La primera mostró ahora un fuerte
interés por el desempeño de carabineros en la comuna y la
utilización eficiente de los recursos entregados. Asimismo
ejerció presión
para que la actuación de la policía uniformada
fuera coherente con las políticas de seguridad ciudadana
elaboradas por la municipalidad.

No siempre se percibió que carabineros actuara
con la dedicación requerida. Ha existido algún
grado de conflictividad cuando se trata de desarrollar proyectos en que
carabineros debe coordinarse con civiles. Según lo
manifestaron, por ejemplo, entrevistados de las comunas de
Santiago, Las Condes y Pedro Aguirre Cerda, el trabajo conjunto
entre personal
municipal y carabineros ha sido un proceso de aprendizaje no
exento de dificultades.

Ha sido la alcaldía de Las Condes la que ha
tenido las mayores discrepancias publicas con carabineros. En
1993, esta institución criticó fuertemente el
proyecto que creaba un organismo municipal para efectuar labores
de vigilancia en la comuna, y cuyos funcionarios se denominaron
"serenos". Como hemos dicho, se acepto que junto al funcionario
municipal viajara un carabinero, lo cual de toda maneras parece
ser más eficiente en términos de utilización
de personal que el patrullaje que realiza carabineros que emplea
dos o tres funcionarios.

En Marzo de 1997 la alcaldía polemizó con
carabineros que detuvo a funcionarios municipales que realizaban
tareas de transito dentro del proyecto de "semáforos
móviles", acusándolos de usurpación de
funciones. La
acción generó un intercambio publico de opiniones
con carabineros. El alcalde Lavin interpreto la medida como una
expresión de molestia por criticas que había
realizado a carabineros por un supuesto descuido en un procedimiento
policial. Carabineros desmintió terminantemente que se
tratara de una represalia. Carabineros vigiló la labor de
estos funcionarios. Lavin señalo como una
"niñería" la actitud de la
policía uniformada. Señalo que "… nos encontramos
que al lado de un semáforo había un uniformado.
Es decir un funcionario municipal y otro policial a la misma hora
y en el mismo lugar". Concluyo que "Hay un tema de fondo:
carabineros tiene que aceptar colaboración. Nadie intenta
usurpar sus funciones".

En julio del mismo año, ante un informe de la
fundación Paz Ciudadana que señalaba un aumento en
el numero de delitos cometidos en Las Condes, el alcalde
reaccionó sosteniendo que "carabineros debe darnos una
explicación. Le hemos entregado 15 radio patrullas y
30 motos para que incrementen la vigilancia, pero la delincuencia
en ves de bajar ha crecido". Carabineros habría respondido
que estudiaba la devolución de los vehículos
donados.

Esta situación de discrepancia entre al autoridad
municipal y carabineros tenderá a repetirse a medida que
las municipalidades sigan entregando equipamiento a la
policía uniformada. El hecho de que carabineros dependa
del gobierno, hace que muchas veces las prioridades no sean las
mismas definidas por la municipalidades. Esto podría hacer
crecer la tentación de establecer cuerpos policiales
comunales, como de alguna forma lo esbozo el proyecto "serenos"
de la municipalidad de Las Condes. De hecho, el sistema en que
viaja un funcionario municipal y un carabinero se ha replicado en
otras comunas como Pedro Aguirre Cerda por ejemplo. En este tipo
de proyectos los entrevistados de ésta y otras comunas
como la de Santiago sostuvieron que la institución
policial no se integraba adecuadamente con la autoridad comunal
en la coordinación de estrategias de seguridad
ciudadana.

Con todo la evaluación
del resultado de los planes de seguridad ciudadana aplicados en
varias comunas, especialmente en Las Condes y Santiago es
positiva. En el balance
general, la relación con carabineros ha sido de
creciente colaboración, aun cuando han existido
dificultades puntuales.

Conclusión.

En general, las estadísticas disponibles sobre el
aumento de la delincuencia permiten señalar
que:

1.- El crecimiento
económico del país y la alta
concentración urbana son fenómenos que se
encuentran aparejados al desarrollo de la delincuencia. Lo
anterior implica que la delincuencia no se atribuye de manera
uniforme en el país, y en el caso particular del robo, los
riesgos asociados al mismo, difieren de una comuna a
otra.

2.- Desde un punto de vista del proceso policial-penal,
las probabilidades de aprehensión y detención
presentan una tendencia decreciente. De igual modo, las
probabilidades asociadas de proceso y condena han caído en
los últimos 18 años, lo cual implica que los
delincuentes hoy enfrentan menores riesgos.

3.- El control de la delincuencia a nivel local se
encuentra sujeto a un conjunto de restricciones que están
dadas por el hecho que las municipalidades no pueden alterar o
desarrollar las funciones que son propias de otros órganos
de la
administración y del Estado.

No obstante, a lo anterior, la evidencia disponible
muestra que
cuando se dan señales claras en términos de abordar
el tema, a través de políticas de
prevención, disuasión y de aumento de la probabilidad de
sanción, la delincuencia se reduce en forma
importante.

Tal es el caso de las comunas de Las Condes, Providencia
y Vitacura. En concreto, a
través de alterar los riesgos asociados de
detección y sanción, asi como también, la
disminución de la rentabilidad
de la industria
criminal se han obtenido resultados que muestran una
mejoría en el nivel de seguridad ciudadana.

Bibliografía.

• Encuesta Nacional sobre Seguridad Humana CEP-PNUD,
  1997
• Informes Fundación Paz Ciudadana.
• "La Segunda" días 25 de marzo y 23 de julio.
  1997
• Blanco, Rafael; Hugo Frühling. (1995)
  "Proposiciones de políticas publicas en materias de
  seguridad ciudadana". En "Seguridad ciudadana y
  políticas publicas". Blanco Rafael; Hugo Frühling y
  Eugenio Guzmán (Santiago, Universidad
  Andrés
  Bello, CED e Instituto de Libertad y
  Desarrollo).
• Guzmán Eugenio (1995). "Causas del aumento de
  la delincuencia: un modelo de control". (Santiago, Instituto de
  Libertad y
  Desarrollo).
• Seguridad ciudadana, democracia y
  participación. Ministerio de Interior; Dirección de Seguridad Publica e
  Informaciones.
• Cuadernos del CED Nº 27.Temas
  Policiales.

Apéndice: cuadros
estadísticos

CUADRO 1

Probabilidad percibida de ser
víctima, y víctimas efectivas de un
delito.

Cuna probable cree usted o alguien de
su hogar puede ser víctima de…?

Cuantas veces en los últimos
doce meses ha sido usted o algún miembro de su hogar
víctima de…?

CUADRO 2

CUADRO 3

CUADRO 4

CUADRO 5

CUADRO 6

INDICE DE LAS TASAS DE
DENUNCIA

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

Las Condes 100 79,6 77,1 117 148,8 177,2 125,8
90,4

Providencia 100 81,9 60,3 116 130,3 147,4 130,5
91,5

Santiago
100 108,8 112,7 140,3 145,5 120,7 134,6 143,2

Ñuñoa 100 108,8
123 141,6 144,5 143,9 140,6 117,1

Vitacura 100
92,4 105,9 192,9 214,4 251,9 244,9 180,8

La Reina 100 90 106,8 140,3
149 162,9 162,4 136,3

La Cisterna 100 98,7 85,3 102,1 113,4 96,2
99,5 103,8

Prov. Santiago 100 95,2 93,5 117,7 128,8 113,7 108,9
98,3

CUADRO 7

VARIACION DE LAS TASAS DE
DENUNCIA

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 %92-94

Las Condes -20,4 -3,2 51,8 27,2 19 -29 -28,2
-49

Providencia -18,1 -26,4 92,7 12,2 13,2 -11,5 -29,9
-37,9

Santiago 8,8 3,6 24,5 3,8 -17 11,5 6,4
18,6

Ñuñoa 8,8 13 15,2 2,1 -0,4
-2,3 -16,7 -18,6

Vitacura -7,6 14,6 82,2 11,2 17,5 -2,8 -27,4
-28,2

La Reina -9 17,4 31,4 6,2 9,3 -0,3 -16,1
-16,3

La Cisterna -1,3 -13,6 19,7 11 -15,2 3,4 4,3
7,9

Prov. Santiago -4,8 -1,7 25,9 9,4 11,7 -4,3 -9,7
-13,6

Este trabajo fue enviado por:
Francisco Silva y Gabriel Sepulveda
Estudiantes de licenciatura en Gobierno, Gestión
Publica y Ciencia
Política
Universidad de
Chile
pipe_silva[arroba]hotmail.com