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Educación, Socialismo y Postmodernidad



Partes: 1, 2

    1. Resumen
    2. Socialismo del
      siglo XXI
    3. El
      debate posmoderno
    4. El
      desarrollo endógeno
    5. Papel de las
      Universidades y las Misiones
    6. Bibliografía

    RESUMEN

    La educación formal
    (institucional o informal) responde a un proceso
    histórico social, a unas condiciones económicas
    políticas y sociocultural determinadas, no
    es un proceso neutro, que pueda ser percibido solamente desde el
    punto de vista organizacional, de las funciones, roles
    de los miembros que la conformar, sino que es eminentemente
    social y se rige por principios
    filosóficos políticos y culturales del tipo de
    hombre que
    desea formar una sociedad y/o
    nación
    particular.

    La educación, en
    cualquiera de sus manifestaciones, no ha sido ni será
    nunca neutra, mas aun en el contexto actual, en el contexto de
    la
    globalización, del debate
    posmoderno y de las propuestas alternativas o adversas, de nuevas
    formas de organización societal , en el
    cuestionamiento de lo que ha sido las consecuencias de las
    ciencias
    frente al exaltamiento de la revolución
    informática y concretamente frente a los
    cambios que vienen ocurriendo en nuestro país donde se
    intenta replantear un nuevo tipo de sociedad y se ha dado inicio
    a un numero importante de propuestas educativas, se hace
    imprescindible el abordaje de la educación desde la
    perspectiva filosófica y sociopolítica.

    1-INTRODUCCIÓN

    Desde el año 2003, el actual gobierno con las
    misiones Robinsón, Ribas y Sucre, dio inicio a una
    propuesta de carácter educativo, cuyo propósito
    central es dar respuesta a quienes históricamente por sus
    condiciones de pobreza han sido
    excluidos del sistema
    educativo. En el caso concreto de la
    Misión
    Sucre, que persigue incluir en los estudios universitarios a mas
    de 400 mil jóvenes se ha dado inicio a un proceso con 22
    programas que
    no solo persiguen la inclusión sino la creación de
    una nueva universidad que
    contribuya a su vez a la formación de un nuevo proyecto de
    país donde predomine la democracia
    participativa y protagónica, propulsar una economía de
    carácter colectivo cooperativista, donde se garantice la
    justicia
    social.

    El ministerio de educación ha señalado que
    esta misión podría durar de 7 a 10 años al
    tiempo que se
    va constituyendo la nueva política
    universitaria que tiene en la municipalización de la
    educación
    superior uno de sus principales propósitos.

    La municipalización o aldeas universitarias, que
    deben crearse en la mayoría de los municipios del
    país deben tener entre sus principios contribuir al
    desarrollo
    local y regional, pero con plena articulación al proyecto
    de país. No se trata de la típica descentralización educativa que solo busca
    deslastrar al estado
    nacional de una de sus principales responsabilidades como es la
    de garantizar la educación y mucho menos contribuir a la
    desarticulación de los Estados Nacionales como se hizo en
    el pasado reciente, con el aval y financiamiento
    de organismos públicos y privados nacionales e
    internacionales. Se trata de una universidad consona y
    comprometida con las realidades locales, que masifiquen sus
    potencialidades económicas pero no con fines de lucro
    individuales sino para el beneficio de todos cuya tarea
    fundamental sea enfrentar el problema de exclusión y
    pobreza contribuyendo al surgimiento de nuevas áreas de
    producción pero con condiciones diferentes
    a la del modo de producción y relaciones sociales del
    capitalismo.

    Sin embargo, es necesario advertir que muchas de estas
    propuestas de profunda intencionalidad de justicia social no
    están aun claramente definidas, salvo legítimos
    propósitos generales los cuales apoya la mayoría
    del país, los sustentos teóricos y
    filosóficos de esta nueva propuesta educativa tienen
    profundas ambigüedades y contradicciones que ponen en
    peligro sus buenos propósitos

    El gobierno ha anunciado su intención de enrumbar
    al país a un socialismo del
    siglo XXI el cual esta por definirse. Pero tanto el proyecto de
    país como el proyecto de educación que va a ser
    posible de ese nuevo hombre y esa sociedad deben ser el producto del
    debate no solo del presidente y de quienes lo acompañan en
    el gobierno, sino a través de un debate público del
    cual no puede ser excluido nadie entre esos las universidades
    tradicionales. Existe ya un consenso del papel excluyente de
    nuestras universidades, de su poca conexión y pertinencia
    con la realidad nacional, de haberse convertido en muchos casos
    en ghetos no solamente intelectuales
    sino en trinchera de oposición política del actual
    gobierno de no haber podido satisfacer la demanda de
    miles jóvenes en edades para estudiar, sino lo mas
    importante, no dar respuesta a los problemas
    fundamentales como son la pobreza y la
    justicia social.

    Al final las universidades, como todo el sistema
    educativo, han contribuido a legitimar más que a
    cuestionar el sistema de dominación y de desigualdad
    social. Sin embargo, a pesar de este reconocimiento, no
    podemos negar que en el seno de las universidades se han
    desarrollado y se desarrollan actividades de docencia,
    extensión e investigación que muchas veces enfrentadas
    a la propia institución, han perseguido el cuestionamiento
    y la transformación universitaria. Estos actores y estas
    experiencias no pueden ser excluidos.

    Estos actores y estas experiencias deben ser
    considerados en el debate sobre la nueva sociedad y la nueva
    educación del venezolano. Igualmente, el debate sobre la
    nueva universidad tiene que partir del seno de las universidades
    tradicionales, tanto las publicas como las privadas ya que ambas,
    sean autónomas o experimentales, están obligadas a
    responder constitucionalmente a una política nacional de
    educación. la autonomía no puede seguir legitimando
    feudos y privilegios particulares. Autonomía
    académica es la contribución desde las
    universidades a cogestionar los planes de desarrollo. La libertad de
    escoger autoridades y tomar decisiones académicas es
    siempre en el sentido de una gestión
    de lo colectivo, cuya máxima es siempre la nación
    venezolana. Universidades sostenidas económicamente con el
    erario público y bajo las directrices de las directivas de
    las políticas educativas nacionales no pueden estar
    excluidas por decisión propia y mucho menos por parte del
    Estado como garante de los bienes de la
    nación del nuevo proyecto de país.

    Es cierto que la urgencia de la demanda social no
    permite esperar a que se produzcan los cambios dentro de las
    tradicionales universidades pero tampoco se puede evadir la
    sustentación teórica y filosófica que genera
    el debate académico por que de lo contrario
    caeríamos en un vacío que nos llevaría al
    pragmatismo de
    la masificación educativo sin tener un norte poniendo en
    peligro la calidad
    académica.

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