La Nacionalización del Petróleo en Venezuela (Antecedentes, Desarrollo y Situación Actual) (página 2)

La
Industria
Petrolera Moderna

Aunque en la zona del Mar Negro, principalmente Rumania,
también se explotaba y refinaba petróleo durante el siglo XIX, fue en
Estados Unidos donde adquirió mayor dinamismo y poder la
industria petrolera moderna, con el verdadero aprovechamiento de
un recurso que indudablemente ha contribuido a la
conformación del mundo actual.

Ya desde 1850 Samuel Kier, un boticario de Pittsburg,
Pennsylvania, comercializó el aceite negro
por vez primera bajo el nombre de "aceite de roca" o petróleo.
La técnica de perforar pozos y extraer petróleo por
bombeo se inauguró también en Pennsylvania, con
Edwin Drake, propietario del primer pozo que se explotó en
forma industrial en 1859. Esta iniciativa fue seguida por John D.
Rockefeller, quien creó un poderoso imperio petrolero: la
Standard Oil Co, nacida el 2 de enero de 1882 llegó a
controlar unas 40 empresas
dedicadas al transporte y
refinación de petróleo. En 1897, se crea la
Standard Oil of New Jersey, y luego, con el nombre de Exxon,
pasó a ser la compañía petrolera más
importante del mundo. Posteriormente, en 1911, de esta empresa se van a
desprender tres de las que más tarde serían parte
del Cártel conocido como Las 7 hermanas: la Standard Oil
of New Jersey, ya mencionada; la Standard Oil Company of New York
(Socony) y la Standard Oil of California (Socal).

Los inicios de la industria petrolera estuvieron ligados
fundamentalmente a la iluminación doméstica y urbana y la
calefacción. Fue durante el siglo XX, con el desarrollo del
motor de combustión interna, que el
petróleo adquiere verdadera importancia para la
producción industrial misma y el
transporte.

Años más tarde se descubrirían
yacimientos importantes en Rumania, Polonia, Rusia, las
Islas de Sonda y en gran parte de Estados Unidos.
Sin embargo, el tiempo
demostraría que todos los continentes (excepto la Antártica) poseen yacimientos de
petróleo, de mayor o menor importancia.

Concesión Petrolera: Concesión de
Soberanía

Entre la I y la II Guerra Mundial,
la industria dio el gran salto para diversificar los procedimientos
tecnológicos que permitieron la producción de
nuevos derivados de petróleo y convertirlo en la principal
y más estratégica fuente de energía del
mundo. En ese contexto, el hidrocarburo venezolano pasó a
tener especial preponderancia en el proceso de
redefinición de las modernas potencias
mundiales.

Para estos primeros años de actividad industrial
la figura de la concesión petrolera fue el instrumento
mediante el cual las compañías transnacionales
concertaron con los Estados propietarios para explorar y explotar
la riqueza de los yacimientos descubiertos en sus territorios.
Con el tiempo la obtención de tales concesiones y el
control por el
mercado petrolero
mundial, fue motivo de disputas entre las compañías
petroleras transnacionales, como también de guerras entre
naciones por el control de tales variables,
incluidas las de las reservas. Esto nos explica cómo
Venezuela, a
raíz de su condición de país petrolero se
convierte, fundamentalmente desde la segunda década del
siglo XX, en un actor de interés
para el monopolio
petrolero internacional.

En Venezuela la primera concesión para la
explotación de petróleo fue otorgada el 24 de
agosto de 1865 por Jorge Surtherland, Presidente Constitucional
del Estado
Soberano del Zulia, al ciudadano norteamericano Camilo Ferrand
para "taladrar, sacar y exportar petróleo o nafta en todo
el estado
Zulia", concesión que caduca al año siguiente por
incumplimiento de contrato.

En 1878 se otorga una concesión a Manuel Antonio
Pulido Pulido para explotar el petróleo descubierto en su
hacienda "La Alquitrana", para lo cual creó la
Compañía Minera Petrolia del Táchira que
comenzó a operar efectivamente, es decir, con
producción comercial, en 1883. Ese mismo año, se
produce otra concesión que es entregada a Horatio Hamilton
y Jorge Phillips sobre el lago de asfalto de Guanoco, y que fue
posteriormente traspasada a la New York and Bermudez
Company.

La actividad petrolera venezolana se inicia pues con la
creación, en 1878, de la Compañía Nacional
Minera Petrolia del Táchira, cuya producción apenas
alcanzaba para dotar de kerosén a las ciudades vecinas. Su
importancia radica en que no sólo es la primera empresa
fundada por un grupo de
venezolanos, encabezado por Manuel Antonio Pulido, sino que
además desplegó todas las actividades de la
industria petrolera, tanto la de aguas arriba como la de aguas
abajo, al extraer, procesar y comercializar los hidrocarburos
en nuestro país; una compañía, si se quiere,
de integración vertical.

Tanto la producción de La Petrolia como la del
lago de asfalto natural de Guanoco (Estado Sucre) en 1890, por
parte de la New York and Bermúdez Company (NY&BC),
ocurren mucho antes de que el mundo conozca la enorme utilidad
comercial y estratégica que tendrán los
hidrocarburos. Aún sin imaginar el auge futuro de esta
industria, nuestro territorio se convierte en objetivo de
las potencias imperialistas debido al interés comercial
que ya generaba la explotación del asfalto.

En efecto, en 1901 el asfalto venezolano es el pretexto
no declarado por la NY&BC, para participar como financista en
la llamada Revolución
Libertadora contra el gobierno de
Cipriano Castro. Igualmente, entre diciembre de 1902 y febrero de
1903, las armadas de Inglaterra,
Alemania e
Italia bloquean
las costas de Venezuela, con el argumento de que el presidente
Castro no estaba cumpliendo sus "compromisos internacionales".
Ante esta agresión a la soberanía nacional, Cipriano Castro
proclama su célebre frase: "Venezuela, la planta insolente
del extranjero ha profanado el sagrado suelo de la
patria".

El 14 de agosto de 1905, Cipriano Castro había
promulgado una Ley de Minas que
se constituyó en la base legal de las concesiones
petroleras. Esta Ley permitía el traspaso de concesiones y
derechos a la
explotación del petróleo por lapsos de 50
años, con beneficios impositivos para el estado venezolano
de dos bolívares por hectárea de superficie de la
concesión.

A pesar de ello, en diciembre de 1909, comenzando el
gobierno de Juan Vicente Gómez le son restablecidos los
derechos concesionarios a la NY&BC. Tras esta decisión
del dictador Gómez, John Allen Tregelles y N.G. Burch,
apoderados de la empresa
británica The Venezuelan Develoment Co., reciben una
concesión de 27 millones de hectáreas que
incluía los estados Sucre, Delta Amacuro, Monagas,
Anzoátegui, Carabobo, Zulia, Falcón,
Táchira, Mérida, Lara, Trujillo y Yaracuy. Por
cuanto la concesión Tregelles-Burch fue cancelada en 1911,
en 1912 el venezolano Max Valladares obtuvo una concesión
que cubría el mismo territorio, para traspasarla al
día siguiente a la Caribbean Petroleum, subsidiaria del
General Asphalt.

En estos primeros años, la explotación del
recurso petrolero en Venezuela quedó en manos de la
angloholandesa Royal Dutch Shell, y la Standard Oil, de los
Estados Unidos.

A finales de 1912 la Caribbean Petroleum pasó a
estar bajo el control de la Royal Dutch Shell iniciando,
además del negocio de asfalto, exploraciones en la
búsqueda de petróleo. Es así como en 1913 se
descubre el primer campo petrolero en Venezuela, el campo
Guanoco, al completarse con éxito
la perforación del pozo Barbabui 1. La Caribbean
Petroleum, dueña mayoritaria de la NY&BC y subsidiaria
de la Royal Dutch Shell, intensificó la exploración
geológica en todo el territorio nacional y en 1914
perforó también con éxito, en la costa
oriental del Lago de Maracaibo, el pozo Zumaque I, que con su
producción inicial de unos 200 barriles diarios (b/d),
permitió el descubrimiento del primer campo venezolano de
importancia mundial, el campo Mene Grande.

Pero fue en diciembre de 1922 cuando el potencial
petrolero del país resultó plenamente confirmado
con el reventón del pozo Barroso 2, también en el
Zulia, pues durante nueve días arrojó de manera
incontrolada unos 100.000 b/d. Para valorar la importancia de ese
nuevo descubrimiento, basta señalar que para ese momento
en el país se producían poco más de 6.000
b/d.

Para 1928, Venezuela está produciendo más
de 290.000 b/d, exportando unos 275.000 b/d, con lo que el
país se ubica como el segundo productor mundial de
petróleo y el primer exportador. Sus niveles de
producción fueron fuertemente incrementados con el paso
del tiempo, hasta 1970, cuando alcanza su techo máximo de
3.780.000 b/d. Venezuela fue desde 1928 hasta 1970, el primer
país exportador de petróleo en el mundo.

Las primeras concesiones otorgadas en Venezuela
estuvieron regidas por las legislaciones mineras vigentes en la
época. A finales del siglo XIX y durante las dos primeras
décadas del XX no había en el país leyes propiamente
petroleras. En 1917 durante la Primera Guerra
Mundial, iniciada ya la exportación de hidrocarburos venezolanos y
recién nombrado Gumersindo Torres como Ministro de Fomento
–responsable en ese momento de todo el sector minero–, se
decide suspender el otorgamiento de nuevas concesiones y someter
a revisión las condiciones en que venían siendo
concedidas.

Hasta esa época en Venezuela las empresas
sólo cancelaban los impuestos
regulares correspondientes a cualquier actividad
económica, pero nada pagaban por el derecho mismo a la
explotación del recurso. Tomando entonces como ejemplo los
regímenes concesionarios de los principales productores de
esos años, EE.UU. y México, se
llegó a la conclusión de que en Venezuela, por
estar esta actividad dirigida casi exclusivamente a la
exportación y ser los yacimientos venezolanos de mejor
calidad, la
regalía debía ser superior al promedio de la de las
tierras públicas en EE.UU.

Es así como en octubre de 1918 se promulgó
el primer Decreto Reglamentario del Carbón,
Petróleo y Sustancias Similares, que fijó la
regalía entre 8% y 15% y se estableció,
también por vez primera que, una vez finalizada la
concesión, debían las minas revertir a la nación
–con todos sus edificios, maquinarias y obras anexas–
sin pago alguno por parte del gobierno.

En julio de 1920 se aprobó la primera Ley de
Hidrocarburos, fijándose el mínimo para la
regalía en 15%. En esta Ley se estableció
también la figura de las reservas nacionales, concepto
según el cual, una vez finalizado el período
inicial de exploración, la mitad de la superficie
explorada revertía a la nación
y el gobierno debía negociar esas reservas, obligado por
ley, en condiciones más ventajosas para la nación,
superando los mínimos en impuestos y regalías. Se
redujo además el área de las concesiones y se
reafirmó inequívoca-mente la propiedad
estatal de los yacimientos.

Disgustados por estas medidas, las
compañías extranjeras y sus aliados, los
comerciantes de concesiones, lograron derrotar al ministro Torres
en sus incipientes intentos nacionalistas. Se promulgaron
así nuevas leyes de hidrocarburos en 1921 y 1922 y Torres
fue removido del Ministerio de Fomento. Las
compañías llegaron incluso a participar
directamente en la redacción de estas nuevas leyes.
Además de reducir los tributos y
regalías, permitieron que todas las concesiones otorgadas
desde 1918 se ajustaran a la nueva ley, disminuyendo así
sus aportes fiscales.

La ley de 1922 se mantuvo vigente, salvo reformas
menores en 1925, 1928, 1935 y 1936, hasta la ley de 1938. Con
esta última, ya ocurrida la muerte del
dictador Gómez, se introdujeron algunos cambios respecto a
la legislación precedente. Se autorizó por vez
primera al Estado a desarrollar directamente actividades
petroleras mediante la creación de empresas o institutos
autónomos, se incrementaron nuevamente las regalías
para nuevas concesiones otorgadas sobre reservas nacionales, se
elevaron los impuestos de exploración y el inicial de
explotación y se limitaron las exoneraciones de impuestos
de importación solamente a los
artículos realmente necesarios para las actividades
específicas de la concesión.

La más trascendente de las leyes de hidrocarburos
anteriores a la nacionalización, fue la promulgada por el
Congreso Nacional en marzo de 1943, luego de una gran consulta
nacional. Se fraguó con el antecedente de la
nacionalización mexicana de 1938, en medio de la Segunda
Guerra Mundial y dentro del clima de la
política
de buena vecindad del presidente Franklin Delano Roosevelt, y
sufrió desde su promulgación hasta 1975 sólo
dos reformas parciales y puntuales en 1965 y 1967.

Esta Ley de 1943 se logró por primera vez
establecer en el país un régimen único y
uniforme para todas las concesiones de hidrocarburos, tanto para
las otorgadas con anterioridad, como las que se
concederían posteriormente, mediante el mecanismo de la
conversión. Estableció la posibilidad legal de que
los antiguos títulos o contratos fuesen
convertidos en nuevos títulos, libres de todo defecto y
quedando los anteriores sin vigencia.

Con esto los concesionarios se acogían a la nueva
legislación, con sus mayores cargas impositivas, pero el
gobierno renunciaba a cualquier reclamo originado por la
situación anterior. La duración de todas las
concesiones de explotación, las nuevas y las convertidas,
se estableció en 40 años contados a partir de esa
fecha, es decir, el vencimiento se pospuso para el año
1983, aun cuando algunas de las viejas concesiones estaban ya
próximas a su fecha de vencimiento.

La ley no sólo uniformó, sino que
también incrementó los impuestos y regalías.
Las regalías, por ejemplo, de un máximo de 15%, y
promedio de 9%, pasaron a un mínimo de 16,66 % de lo
producido medido a boca de pozo, que sólo en casos
excepcionales, al declinar la capacidad productiva de los
yacimientos, se podría disminuir para preservar el
valor
comercial de la explotación. Se estableció la
soberanía impositiva del Estado, reconociéndole la
atribución, por medio de leyes de impuesto sobre la
renta, para modificar los tributos.

Esta Ley continuó vigente hasta el año
2001 en todo su articulado, con la excepción única
del artículo 3 que fue derogado por un dictamen de la
Corte Suprema de Justicia de
1991, a fin de permitir la Apertura Petrolera de los años
90 del pasado siglo XX, por la vieja PDVSA en detrimento del
interés colectivo nacional.

De
la Privatización a la Nacionalización
de la Industria Petrolera en Venezuela

En el contexto de los años 70 del pasado siglo XX
se producen una serie de hechos geopolíticos de gran
trascendencia internacional como por ejemplo, la crisis
energética y el fortalecimiento de la OPEP en la
defensa del negocio petrolero frente al cartel de las
compañías. Ello viene a favorecer una nueva
orientación en la política petrolera nacional,
expresada en la reforma del Impuesto Sobre la
Renta a los fines de aumentar el impuesto sobre los ingresos netos
petroleros, la fijación estatal de los precios de
exportación del petróleo venezolano, la Ley de
Reversión Petrolera (1971), la Ley que Reserva al Estado
la Industria del Gas Natural
(1971) y la Ley del Mercado Interno de los Hidrocarburos
(1973).

Con la promulgación el 30 de julio de 1971 de la
Ley de Bienes Afectos
a Reversión en las Concesiones de Hidrocarburos, el Estado
venezolano se propuso desarrollar las disposiciones
constitucionales y las de la entonces vigente Ley de
Hidrocarburos de 1943 para que se cumpliera eficientemente la
finalidad de que, vencidas las concesiones en 1983, fueran
transferidos al Estado los bienes, instalaciones y equipos
incorporados a todas las fases de la industria, sin
indemnización alguna. Después de promulgada esta
Ley se detectaron infracciones relacionadas con el
desmantelamiento de instalaciones petroleras y en la
reducción del nivel de inversiones en
la industria, porque creían tales compañías
que el capital
invertido en la adquisición de bienes y equipos no
serían indemnizados.

Una vez sancionada la Ley empezó a tomar cuerpo
la argumentación de emprender en lo inmediato la
Nacionalización del petróleo. Es así como el
recién electo presidente Carlos Andrés
Pérez, aprovechando el nacionalismo
en boga, interrumpió el debate sobre
los proyectos de Ley
introducidos en el Congreso Nacional por el Movimiento
Electoral del Pueblo (MEP) y el Partido COPEI, y decide adelantar
con una acción
ejecutiva la reversión petrolera.

De esta manera, el Ejecutivo Nacional, reunido el 22 de
marzo de 1974 en Consejo de Ministros, dictó el Decreto
N° 10 cuyo artículo 1 establecía la
creación de una Comisión Ad Honorem que
tendría por objeto garantizar que el Estado asumiera el
control de la industria petrolera.

Para la fecha, y antes que Venezuela, ya habían
nacionalizado su petróleo países como México
(1938), Indonesia (1965), Argelia (1971), Irak y Libia
(1973). Arabia Saudita lo haría en 1979.

El 16 de mayo de 1974 fue instalada la Comisión
Presidencial de Reversión Petrolera que debía
analizar la posibilidad de rescate inmediato de la industria. Es
importante señalar que dicha Comisión estaba
integrada por todos los sectores de nuestra sociedad,
desde los partidos políticos hasta las
universidades.

Con la Ley que Reserva al Estado la Industria y el
Comercio de
los Hidrocarburos, elaborada por la Comisión Presidencial
de la Reversión Petrolera y presentada al Presidente de la
República, en acto solemne, el 23 de diciembre de 1974,
surgió la esperanza de abrir caminos en la búsqueda
de una nacionalización que realmente fuera para el pueblo
venezolano, que creara y afianzara la autonomía de
decisión.

Paradójicamente, el Ejecutivo Nacional (Carlos
Andrés Pérez) formuló e introdujo una
modificación sustancial al proyecto original
de la Ley (que fue promulgada como la Ley Orgánica el 29
de agosto de 1975, con vigencia desde el 1° de enero de 1976)
que desvirtuó la esencia, propósito y razón
de ser de una auténtica nacionalización, como la
historia reciente
lo demuestra.

Ciertamente, el Ejecutivo Nacional incluyó en el
artículo 5°, el siguiente contenido:

"En casos especiales y cuando así convenga
al interés público, el Ejecutivo Nacional o los
referidos entes podrán, en el ejercicio de cualquiera de
las señaladas actividades, celebrar convenios de
asociación con entes privados, con una
participación tal que garantice el control por parte del
Estado y con una duración determinada. Para la
celebración de tales convenios se requerirá la
previa autorización de las Cámaras en sesión
conjunta, dentro de las condiciones que fijen, una vez que hayan
sido debidamente informadas por el Ejecutivo Nacional de todas
las circunstancias pertinentes."

Además, contra lo previsto, el Estado venezolano
pasó a indemnizar a las concesionarias por más de
cuatro mil trescientos millones de bolívares (Bs.
4.300.000.000), cantidad que superaba los beneficios que ellas
pudieran haber alcanzado de continuar operando hasta 1983, fecha
prevista para la reversión en las respectivas leyes
anteriores. Por otra parte, estas compañías
habían ya recuperado varias veces su inversión inicial. El pago de esta
indemnización fue "justificado" en el Proyecto de Ley de
Nacionalización de la Industria Petrolera en atención al artículo 101 de la
Constitución Nacional de esa
época.

Un día después de la promulgación
de la Ley de Nacionalización es creada Petróleos de
Venezuela, S.A. por decreto del Ejecutivo Nacional el 30 de
agosto de 1975. Es importante señalar que desde su
inició se organizó bajo una estructura
casi idéntica a la preexistente.

Amén de la empresa pública nacional CVP
fundada en 1960, cada concesionaria privada fue convertida en una
filial, con sus respectivos contratos de asistencia
técnica y comercialización. Así la Creole
pasó a llamarse Lagoven; la Shell, Maraven; la Mobil,
Llanoven y otras diez filiales, todas ellas con nombres
terminados en "ven". Esta irracional estructura fue defendida
argumentando que la nacionalización debería
producir la menor alteración en la actividad operativa
diaria. La alta gerencia de
esas compañías transnacionales pasó a
constituir los equipos gerenciales de estas "nuevas" filiales y
los equipos técnicos y profesionales se mantuvieron
prácticamente inalterados, todo ello bajo el pretexto de
que el Estado venezolano desconocía los procesos de
comercialización internacional del petróleo y no
contaba con la tecnología apropiada
para garantizar que la industria siguiera operando con la misma
eficiencia.

Así, la actividad petrolera en el país
quedó bajo la responsabilidad de Petróleos de Venezuela
S.A. (PDVSA), como casa matriz, y sus
14 filiales, pero en realidad quedó en manos de los mismos
que habían dominado el negocio petrolero antes de esta
"nacionalización". En 1977 se produjo la primera
reorganización, reduciendo las filiales operativas de 14 a
7 al absorber las más grandes a las pequeñas.
Más tarde ese mismo año se redujeron las filiales a
cinco (5). En 1978, a cuatro (4) y en 1986, a tres (3): Lagoven,
Maraven y Corpoven. En julio de 1997 se aprobó una nueva
reestructuración que eliminó esas filiales y
creó tres grandes empresas funcionales de negocios que
integraran la corporación: PDVSA Petróleo y
Gas; PDVSA
Exploración y Producción; PDVSA Manufactura y
Mercadeo y
PDVSA Servicios,
responsables de ejecutar la actividad operativa. Éstas
entran en acción desde el 1° de enero de
1998.

En orden de jerarquía, el Ministerio de
Energía y Minas ocupaba el más alto nivel y bajo su
responsabilidad quedaba definir el lineamiento principal para el
sector petrolero. Le seguía en jerarquía PDVSA, la
cual supervisa y controla a las operadoras. Finalmente, las
filiales se encargan de ejecutar los planes y programas
operativos de la industria. Esta estructura, sin embargo,
será desconocida por PDVSA, la cual llega a convertirse en
el centro principal, y casi exclusivo, del diseño
de políticas
nacionales en materia
petrolera.

En medio de este proceso de disminución del rol
del Estado, el petróleo pasó de ser el tema central
en el debate político en Venezuela, salvo en coyunturas
muy particulares, a estar ausente de la confrontación
pública y democrática. Así como a principios del
siglo XX las concesiones petroleras fueron el mecanismo de
penetración del capital transnacional, la vieja PDVSA se
encargó de propiciar las condiciones para una nueva
entrega del petróleo y se fue convirtiendo en un enclave,
una agencia capturada, al servicio de
intereses no nacionales.

La estatal petrolera venezolana se montó desde su
surgimiento bajo un esquema que iba en detrimento de nuestra
soberanía, con diversas estrategias como
la Internacionalización o adquisición de
capacidades refineras en el exterior desplegada a principios de
los años 80 del pasado siglo y posteriormente en otras que
se concibieron bajo la denominada Apertura Petrolera, con la cual
se abre puerta franca al capital transnacional en correspondencia
con la
globalización neoliberal.

La Apertura Petrolera: Reprivatización del
Negocio

La Apertura Petrolera fue, sin duda, la más
importante de las fórmulas adoptadas durante la
última década del siglo XX, para responder
acríticamente a las exigencias y condiciones de la
globalización neoliberal. Con ella se
inició un proceso que transfirió del sector
público al sector privado, fundamentalmente al capital
transnacional, importantes actividades de la industria de los
hidrocarburos en el país, que desde la
nacionalización habían estado reservadas al Estado
venezolano. Además, los pasos dados en esa dirección acarrearon muy elevados costos para el
fisco nacional. Con la Apertura se avanzó hacia una
profundización de la autonomía de PDVSA y sus
filiales respecto al Estado, tratando de hacer de ella un Estado
dentro del Estado.

Muy variados factores participaron en esa historia de
debilitamiento del anterior Ministerio de Energía y Minas
(MEM) frente a una PDVSA que escapaba cada vez más a los
lineamientos y control del Estado venezolano. Factores que van
desde la instauración de un nuevo orden mundial y la
globalización de orientación neoliberal, hasta la
crisis venezolana expresada en la deslegitimación que
sufrió su sistema
político y el deterioro de sus partidos, pasando por
el surgimiento y fortalecimiento de un liderazgo
"tecnocrático" dentro de la industria y el reclamo de
tinte neoliberal en la redefinición del papel del Estado.
La calidad de la función
del MEM se fue deteriorando con el pasar de los años,
mientras PDVSA se fue fortaleciendo y consolidando, alcanzando
mayores niveles de independencia
y autonomía frente al Estado, con gran menoscabo del
aporte fiscal al
mismo y a contracorriente de los más altos intereses del
pueblo venezolano, el auténtico propietario del recurso
petrolero.

Fue en este marco que PDVSA llegó a convertirse,
por iniciativa propia y por omisión de otros, forzando
caminos y llenando vacíos, en el centro principal, y casi
exclusivo, de diseño de políticas antinacionales en
materia petrolera. La Apertura Petrolera tuvo aquí su
origen, y su justificación se fundamentó en el
polémico artículo 5°, el mismo que modificara
"oportunamente" Carlos Andrés Pérez, durante la
aprobación de la Ley Orgánica que Reserva al Estado
la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos en el Congreso
Nacional, para permitir la participación privada en el
negocio petrolero.

Entre 1986 y 1987 se volvió al viejo
régimen de concesiones, al iniciarse lo que se
llamó la "Apertura Petrolera", esta vez bajo la modalidad
de convenios operativos y asociaciones estratégicas para
reactivar campos, producir crudo, explotar gas natural costa
afuera, explorar áreas prospectivas, crear empresas
mixtas, competir libremente en los mercados
petroleros, y explotar y comercializar el carbón. En 1992,
la vieja PDVSA inició un proceso masivo de
"tercerización" que ocasionó una pérdida,
nunca antes vista, de la efectividad nacional para manejar la
industria petrolera y terminó dejándola
prácticamente en manos de compañías
extranjeras.

Inicialmente, la Apertura Petrolera generó 2.000
millones de dólares en inversiones extranjeras para PDVSA.
Pero, a partir de 1992, la visión de los ejecutores del
proceso de Apertura afectó negativamente la capacidad
tecnológica y gerencial nacional para manejar la empresa
y, por ende, la soberanía venezolana sobre la
industria.

En 1996, las exploraciones en áreas petroleras
del país estaban a cargo de consorcios extranjeros (Mobil,
Nerón, Dupont Conoco, Amoco, LL&E y Benton de Estados
Unidos; Veba, de Alemania; Elf Aquitane, de Francia;
British Petroleum, de Inglaterra; Nipón, de Japón;
Maxus, de Argentina; Norcen, de Canadá; China NPC, de
China; y Repsol, de España).
Igualmente ocurrió con los convenios operativos, en los
cuales participaron también empresas nacionales de capital
privado, tal como Polar, Inelectra y Arco, dejando al
pequeño inversionista un máximo de
participación de 10%.

A partir de 1992, la alta gerencia de PDVSA, que hasta
entonces se nos había presentado como un modelo de
eficiencia gerencial y empresarial, comenzó a perder
control de la rentabilidad
de la empresa. Mientras que la producción se elevó
un 50%, los costos operativos se incrementaron en un 175%, de
manera que la diferencia entre costo de
producción y precio de
venta de cada
barril se redujo tanto que, de seguir esa tendencia, la empresa
no sería rentable para Venezuela, pero sí para el
capital inversionista extranjero.

La Apertura petrolera, con sus esquemas de convenios
operativos para la reactivación y explotación de
áreas nuevas y asociaciones estratégicas para la
producción, tuvo como uno de sus objetivos
principales el control de la producción y
comercialización de los crudos pesados de la Faja del
Orinoco. Más aun, el sector privado buscaba, aplicando la
cartilla neoliberal, controlar definitivamente las áreas
petrolera, industrial y de servicios. Bajo mecanismos de
tercerización (outsourcing), la
estrategia se
centró especialmente en la producción de gas
natural y el área de servicios, que resultó ser un
aspecto medular, particularmente la informática.

PDVSA, punta de lanza de estos intereses, llega a ser
considerada para ese momento un ‘Estado’ dentro del
Estado. Prueba de ello es lo que se generó a partir del
descubrimiento realizado por Lagoven, filial de PDVSA, de grandes
yacimientos de gas libre en el oriente venezolano.
Inmediatamente, Shell International Gas Limited promueve la idea
de exportar gas licuado a Estados Unidos y Lagoven, para tramitar
la viabilidad del negocio propuesto por la Shell, demanda ante
el Tribunal Supremo de Justicia la nulidad de varios
artículos de la Ley de Hidrocarburos y de la Ley que
Reserva al Estado la Industria del Gas Natural, los cuales
protegían a la Nación contra los intereses de las
empresas extranjeras. Fue tanta la presión
ejercida, que la Corte Suprema de Justicia falló a favor
de Lagoven, creando así el marco legal para la
realización del proyecto, el cual recibió el nombre
de "Cristóbal Colón".

La internacionalización de la empresa
degeneró en la transferencia de recursos e
ingresos petroleros venezolanos hacia el exterior. Otro agravante
fue la existencia de empresas que resultan no auditables para
Venezuela, debido a trabas contables y jurídicas propias
de la internacionalización. Además, algunas
refinerías en el exterior, donde se invirtieron más
de 2.500 millones de dólares, fueron un mal negocio, ya
que en muchos casos se adquirieron equipos técnicamente
obsoletos e instalaciones pertenecientes a
compañías en graves dificultades financieras. De
hecho, muchas de ellas no podían refinar crudos pesados
venezolanos, por lo que PDVSA comenzó a comprar crudos a
otros países para poder utilizar dichas
refinerías.

Quizás el mayor de los problemas
gerenciales lo constituyó la "tercerización"
(outsourcing). Para la década de los 90, PDVSA ya
había logrado la experticia en materia tecnológica
necesaria para manejar sus actividades, incluyendo los aspectos
administrativos y la automatización de los procesos
técnicos de la empresa. Pero, repentinamente y sin
explicaciones justificadas, se entregó este conocimiento a
empresas de servicios extranjeras, las cuales comenzaron a
satisfacer las necesidades de PDVSA de manera tan excluyente que
afectaron la capacidad gerencial y tecnológica nacional
para manejar la empresa. Este factor impidió la
generación de empresas de servicios nacionales e
incrementó desproporcionadamente los costos operativos de
PDVSA.

De haber continuado esta tendencia privatizadora, la
situación de la Corporación se agravaría en
la década 2000-2009. El costo del
Plan de
Inversiones de PDVSA en ese período sería de 50 a
55 millardos de dólares (75 a 82 billones de
bolívares), de los cuales solamente el 38% se
destinaría a actividades propias de la empresa, mientras
que el 42% (unos 33 billones de bolívares) se
destinaría a la tercerización.

En 1997, durante la gestión
de Luis Giusti, quien actualmente es un alto funcionario de la
Shell y asesor en el área de energía del presidente
Bush, se creó la empresa de servicios informáticos
INTESA. Ella contó con 40% de capital accionario de PDVSA
y 60% de SAIC (Science Applications International Corporation).
SAIC es una empresa que
ha montado los sistemas de
defensa y ataque aeroespacial mundial del Departamento de Defensa
de Estados Unidos y tiene como administradores al general Wayne
Downing (ex comandante en jefe de las fuerzas especiales de
Estados Unidos), al general Jasper Welch (ex coordinador del
Consejo Nacional de Seguridad de
Estados Unidos) y al almirante Bobby Ray Inman (ex director de la
Agencia Nacional de Seguridad y antiguo director de la CIA). SAIC
también presta sus servicios a otras empresas petroleras
del mundo, incluyendo las competidoras de PDVSA.

INTESA terminó controlando desde sus servidores todos
los datos
financieros, presupuestarios, de instalaciones físicas
operativas y de negocios de PDVSA. De esa manera, información que se califica como
confidencial, y que es de importancia fundamental para la
seguridad y defensa de nuestra soberanía, volvió a
quedar en manos de una empresa transnacional. Es importante
señalar que diversos miembros de PDVSA, así como
parlamentarios del Congreso Nacional, se opusieron sin
éxito a que INTESA manejara de esa manera toda la
información y operaciones de la
empresa petrolera venezolana. Finalmente, en junio de 2002,
debido a un informe de la
Contraloría General de la República que
objetó el contrato de servicios entre PDVSA e INTESA, se
decidió rescindir este contrato y reestructurar el manejo
informático automatizado de la empresa
petrolera.

Convenios Operativos

Con una duración de 20 años por cada
convenio, inversionistas y operadores privados asumieron la
producción de crudo de algunos campos supuestamente
inactivos o que requerían inversiones para aumentar su
nivel de extracción. Fueron firmados 33 convenios
operativos en 1992, 1993 y 1997. En los contratos de la segunda y
tercera ronda, específicamente, se cede la
soberanía jurídica del país, al establecer
que cualquier diferencia será resuelta en tribunales
internacionales y no se ponen límites a
la profundidad permitida en las perforaciones. El no establecer
un límite a la profundidad, ha permitido que en más
de uno de los campos objeto de estos convenios se hayan
encontrado y están en producción nuevos
yacimientos. Se han topado con esta suerte, por ejemplo, las
contratistas de los campos de Quiriquire y Jusepín (Estado
Monagas) y Pedernales (Estado Delta Amacuro).

Los convenios operativos no son en realidad simples
contratos de servicios sino verdaderas concesiones petroleras. El
fin último de estas iniciativas era la
re-privatización de la industria petrolera. Dada la forma
en la que se ejecutaron estos esquemas de negocios, se
terminó violando ciertas potestades del Estado venezolano
pues se cedieron a terceros actividades claramente reservadas a
éste como las de exploración, perforación y
producción.

A esto se suma que los contratos de las asociaciones
estratégicas y los convenios operativos, autorizados por
el extinto Congreso de la República durante la segunda
gestión del expresidente Rafael Caldera, fueron violados
reiteradamente por las anteriores juntas directivas de PDVSA y
las empresas privadas participantes, a espaldas de lo autorizado
inicialmente por los legisladores. Las empresas petroleras
internacionales participantes adeudan desde el año 2000
hasta junio de 2005 más de 4 millardos de dólares
en impuestos y regalías.

Asociaciones "Estratégicas"

Habiendo creado la falsa matriz de opinión acerca
de la disminución de las reservas del crudo venezolano y
la supuesta falta de interés traducida en la escasa
inversión por parte de las empresas transnacionales, en
1994, el Directorio de PDVSA aprobó diez áreas para
desarrollar bajo la figura de Asociaciones para la
Exploración a Riesgo de Nuevas
Áreas y la Producción de Hidrocarburos Bajo el
Esquema de Ganancias Compartidas. Es así como el capital
privado internacional siguió controlando la
exploración y explotación de crudos convencionales,
ligeros y medianos, que son el centro del negocio petrolero en
Venezuela. El instrumento de esta operación fue denominado
Participación del Estado en la Ganancia (PEG). Fue
denunciado en su oportunidad como una medida que mantenía
la figura de las antiguas concesiones.

En el caso de estas asociaciones se ha encontrado, por
ejemplo, que aunque los contratos estipulaban una
producción de hasta 100 mil barriles, por los que se
pagaría una regalía de 1%, las empresas
extraían hasta el doble aplicando al conjunto la misma
ganancia, cuando debían pagar por los 120 mil restantes
30% más. Han existido casos además, en que las
empresas han ocupado hasta el doble de los terrenos de
explotación, sin estar autorizados para ello.

La
Orimulsión

La tendencia privatizadora que caracterizó a la
Apertura petrolera, tuvo en la Orimulsión su ejemplo
más significativo. Los crudos pesados y extrapesados que
se localizan en la Faja del Orinoco (el mayor reservorio de
hidrocarburos del mundo) no presentaban, antes de la
nacionalización, interés comercial para su
explotación como hidrocarburo. Para desarrollar
comercialmente ese patrimonio de
la nación, PDVSA crea un producto
más barato, que escapa a las regulaciones internacionales
sobre hidrocarburos. Nace, entonces, el "bitumen", el cual es
promocionado como combustible industrial diseñado para
plantas de
generación de electricidad,
fábricas de cemento,
plantas de fertilizantes y complejos químicos, y como
sustituto del carbón y el aceite pesado o fuel oil. La
filial de PDVSA Bitúmenes Orinoco, S.A. (BITOR), nace en
1988 para producir y comercializar la Marca Registrada
Orimulsión.

Lo que no dijo PDVSA en su momento, con respecto a la
viabilidad comercial de la Orimulsión, fue que su
contribución fiscal era muy inferior al resto de los
hidrocarburos producidos en Venezuela. Usando como argumento el
alto nivel de tecnología y las inversiones requeridas, el
esquema previsto para el desarrollo de la Orimulsión era
la participación del capital privado, esquema que
también se aplicó en las áreas de petroquímica, carbón y suministro de
servicios industriales. En 2004, el MEM anunció que no
continuaría promoviendo la comercialización de la
Orimulsión por la muy baja retribución al fisco. La
viabilidad comercial de ese nuevo combustible se sustentaba en
regalías de 1% e impuesto sobre la renta de
34%.

¿Qué obtuvo la nación
venezolana de PDVSA durante la Apertura
Petrolera?

Los aportes de PDVSA al fisco nacional disminuyeron
significativamente en los últimos años. En 1981, el
ingreso bruto de PDVSA por producción de hidrocarburos
alcanzó los 19.7 mil millones de dólares y
pagó al Estado por ingresos fiscales un monto de 13.9 mil
millones de dólares. En contraste, en 2000 PDVSA obtuvo
ingresos brutos por 29.3 mil millones de dólares y
canceló al Estado 11.3 mil millones de dólares, Es
decir, por cada dólar de ingreso bruto, PDVSA pagó
al Estado en 1981, 71 céntimos en rentas, regalías
e impuestos y en 2000 solamente 39 céntimos.

*Millones de bolívares (PDVSA
1976 al 2002)