¿Qué ha pasado con el conflicto armado en Colombia durante el gobierno de Uribe? (página 2)

Las bajas que sufren las guerrillas, generalmente son
combatientes de bajo rango, sin capacidad de decisión, a
excepción de algunos mandos medios,
comandantes de escuadra o de unidades pequeñas que
según parece, son reemplazados sin mayores complicaciones.
No de otra manera se explicaría la ecuación
según la cual, a mayores acciones
estatales, más numerosas las respuestas insurgentes
mediante el empleo de
todos los medios de lucha sin distinguir quien pueda caer como
resultado del funcionamiento de la maldita máquina de
guerra.

El reemplazo de combatientes irregulares plantea un
debate en el
sentido de establecer hasta donde la insurgencia goza de apoyo
popular, o lo que sería más grave aún,
cuantos efectivos potenciales permanecen disponibles y por
qué razón los organismos de inteligencia
del Estado no se
han ocupado del asunto.

Dos comandantes del Ejército se han retirado sin
cumplir su promesa de capturar por lo menos a uno de los jefes
del secretariado de las FARC, promesa
que hicieron pública, tal vez porque estaban seguros que la
cumplirían. Y no se puede decir que no se haya hecho lo
posible por golpear a la FARC en su propio espacio; todo lo
contrario, se sabe del cansancio de las tropas por la exigencia
del Comandante Supremo de intensificar la lucha y presentar
resultados tangibles para calmar la ansiedad de los electores de
hace cuatro años y de los potenciales en mayo
próximo. En el 2005, ochocientos militares fueron
evacuados de la región selvática oriental por estar
afectados de lesmaniasis, una complicada enfermedad que se ha
convertido en un enemigo tan peligroso como la guerrilla para el
Ejército.

La guerrilla por su parte debe sentirse realizada porque
sabe que ha puesto los dos últimos presidentes y
seguramente pondrá el tercero. A Pastrana lo patrocinaron
las FARC por incompetente y a Uribe le ayudaron involuntariamente
porque al atacar a la población civil alcanzaron el máximo
rechazo y cocinaron su derrota política. Ahora saben
que pueden incidir sicológicamente en los votantes en la
medida que su pronunciamiento se convierta en ilusión para
una parte de ellos, en especial, de los que esperan el
intercambio humanitario.

Algunos integrantes del grupo de
candidatos, esperan ansiosos el guiño de la guerrilla para
convencer a los electores. Mentiras y engaños se han dicho
en otros tiempos por algunos aspirantes con intenciones de llegar
al solio de Bolívar. Y
es que en este país todavía vivimos de cuentos y
promesas, de espectáculos grotescos que convierten a
lustrabotas, cuentachistes, futbolistas, chanceros, estriptiseros
y payasos en prohombres, generalmente dedicados a la
politiquería, que no a la política. Qué
desgracia que en pleno siglo XXI no haya un Bolívar, un
Nariño, un Córdova, incluso un Santander!
Será necesario importar un hombre, o una
mujer que una a
nuestro pueblo y que gobierne para todos y no sólo para
unos pocos, ni siquiera para los que lo eligen? Seguramente los
guerrilleros están conscientes que son ellos los que
deciden las elecciones y así lo asumen como parte de su
proyecto
político para la toma del poder por las
armas mediante
la combinación de todas las formas de lucha.

Para la guerrilla, la acción
militar está subordinada al objetivo
político, en otras palabras, lo militar no es el objetivo
principal, sólo un medio. En cambio,
pareciera que el Estado
descargara toda su responsabilidad en el aparato militar
convirtiéndolo en un fin y dejando de lado todos los
componentes de esa ciencia
denominada estrategia. No de otra forma se
entenderían las fugases operaciones
coyunturales en las que no se recupera el territorio y menos la
voluntad y el apoyo de la población civil, elementos
intangibles de gran valor en el
camino de la victoria, según los teóricos de la
guerra. Hospitales, escuelas, vías de comunicación, viviendas, servicios
públicos, recreación, fuentes de
empleo, son entre otras, realizaciones que consolidan el objetivo
después de una operación militar.

La Política de Seguridad
Democrática muestra entre sus
principales resultados, disminución de asesinatos, de
secuestros, de boleteos, de desplazados, de acciones violentas en
general, hechos que no se pueden negar y que permiten a los
colombianos un grado mínimo de seguridad en
relación a épocas negras, en especial durante los
gobiernos Samper y Pastrana, en las que el país estaba
divido territorialmente entre la guerrilla, los paramilitares,
los narcotraficantes independientes y la delincuencia
común, mientras uno de los presidentes se defendía
durante todo el período de acusaciones por infiltraciones
del narcotráfico en su campaña y el otro
soñaba con tener el premio Nobel por permitir el
nacimiento de otra Colombia, vecina
de la actual.

Pero subsisten graves taras que no permiten llegar a
niveles de seguridad adecuados para el ejercicio de los derechos ciudadanos y del
desarrollo
económico, aspectos básicos para la
consolidación de la democracia en
cualquier latitud. Una de ellas es la ineficiencia en la
inteligencia táctica y estratégica por parte de los
organismos dedicados a estas labores. En los dos últimos
cuatrienios, estas entidades han sido dirigidas por personajes
impreparados, inexperimentados y sin la madurez física y mental que
tal responsabilidad exige. Los nombramientos en cargos de tanta
seriedad se han hecho para pagar favores políticos y no
para mejorar la vida política del País. Y si a eso
le sumamos lo que supimos en semana santa sobre asuntos tan
graves como los del DAS y la Superintendencia de Seguridad y
Vigilancia, que entre el diablo y escoja.

Para no pecar por exceso, hemos de esperar que las
investigaciones aclaren completamente lo que se
supone que ha ocurrido, si embargo, para los que escuchamos por
la radio y
vimos por televisión
a ex funcionarios de esos organismos, hablando de las diabluras
que se orquestaban, no nos queda duda que allí se
hacía de todo, menos trabajar por la Política de
Seguridad Democrática. De mayor gravedad es lo que ha
dicho su actual Director en el sentido de posibles fugas de
información que permitieron la muerte de
diez de sus integrantes en una desconcertante operación
militar. Desconcertante porque nadie entiende qué
hacían diez personas no militares en una operación
de combate.

Sería muy interesante que las investigaciones
mostraran quien o quienes han estado detrás de estas
diabluras porque lo del DAS y la Superintendencia de Seguridad,
por leve que resulte después de los cotejos de rigor, debe
tener por lo menos un poderoso detrás del
poder.

En Colombia, todos los análisis sobre el conflicto
interno, concuerdan que es el narcotráfico, el principal
proveedor de recursos para la
guerra; ninguna otra actividad requiere de tanto dinero para
satisfacer el apetito de los productores y vendedores de armas,
muchos de los cuales, son miembros de clubes e instituciones
que proclaman el altruismo, se ponen el escudo en la solapa y van
a misa acompañados de las señoras que llevan velo
negro, asisten a desayunos con niños
pobres y hacen regalos en navidad a los
indigentes. Pues bien, los Estados Unidos
acaban de emitir un informe en el
cual dan cuenta del incremento de los cultivos ilícitos en
Colombia. Ellos si tienen los medios tecnológicos para
controlar y determinar la realidad de la situación en
materia de
crecimiento o disminución de las plantaciones de hoja de
coca, amapola o marihuana.

Mediante imágenes
obtenidas en tiempo real a
través de sus propios satélites,
están en capacidad de analizar metro a metro, minuto a
minuto el territorio colombiano y cuantificar los daños
ambientales que se causan para que los drogadictos puedan vivir
en paz mientras con su dinero se matan colombianos entre si en
una guerra fratricida que no es suya. Por eso se afirma que hoy
existen 36.000 hectáreas nuevas de cultivos
ilícitos a lo largo y ancho de Colombia para un total de
144.000, mientras en 1.999 había 122.500. Más grave
todavía es el problema de los sembrados malditos en las
fronteras, especialmente entre Ecuador y
Colombia, pues esta es una estrategia
maquiavélica que ni siquiera parece haberse entendido por
los organismos de seguridad del Estado. Algo similar ocurre en
las fronteras con Panamá,
Venezuela,
Brasil y
Perú.

Si el narcotráfico incrementa sus actividades y
el lucro lo reciben las guerrillas y los paramilitares, entonces
cabe preguntarse ¿cuáles son los logros de fondo de
la Política de Seguridad Democrática después
de tantas muertes? En los últimos cinco años las
operaciones contra cultivos ilícitos han dejado 82 muertos
y 115 heridos de la Fuerza
Pública. Esas muertes no son importantes porque los
militares, policías, guerrilleros y paramilitares son
gente del pueblo, hijos de campesinos, de panaderos de zapateros
de señoras que hacen el aseo y ofrecen tinto en las
oficinas de los vendedores de armas, de taxistas que han logrado
con gran esfuerzo que su hijo por lo menos sea bachiller. O,
acaso se sabe de un hijo de padre de la Patria, de un empresario, de
un ministro, de un sobrino de obispo, de un hermano de magistrado
que sea soldado o policía?

La lucha contra el narcotráfico en Colombia se ha
convertido en un juego al
gato y al ratón, en el que el escenario se cambia en
la medida de las acciones estatales y en el que hasta ahora los
Estados Unidos han invertido 4.000 millones de dólares y
Colombia unas tres veces más esa cifra en seis
años. Así entonces, cuando se ataca el flagelo en
Arauca, los narcos se desplazan al Guaviare, si se ataca en
Putumayo, se van a Nariño, si se los persigue en el Valle,
se corren para el Cauca. El informe de los Estados Unidos muestra
la extensión de cultivos ilícitos en ocho
departamentos más.

Hoy por hoy, tranquilas ciudades hace algunos
años, se han convertido en el refugio de maleantes que
cambiaron su manera de vivir y se fueron a dañar la
tranquilidad de gentes buenas que rezaban el rosario en las
noches y dejaban las puertas de sus casas abiertas mientras se
iban a visitar a la Virgen de Las Lajas. Pronto, estas ciudades
estarán como Cali o Medellín en la era de don Pablo
y los Rodríguez Orejuela. Y esto no lo ven los organismos
de seguridad porque están dedicados a espiarse entre
ellos, a ver que hace la mujer de otro
para extorsionarlo y sacarlo del puesto. Así no puede
funcionar ninguna política estatal, menos la de
seguridad democrática.

En Colombia, abundan ahora los expertos en seguridad
y defensa y reparten tarjetas con
títulos de asesor y consultor en un tema del que no tienen
por qué saber, pues ni siquiera prestaron servicio
militar, pero son ellos, imberbes jovenzuelos que hace poco
jugaban a la guerra en máquinas
monederas en las tiendas cercanas a la universidad, los
que hablan de tácticas bélicas y dictan
cátedra de estrategia. Se han tomado literalmente varios
organismos del más alto nivel, incluyendo ministerios y
comparten con amigos cercanos, responsabilidades para las que
nunca se han preparado. De esta manera, ningún plan, proyecto,
directiva o política, dará los resultados
esperados. Zapatero a tu zapato, dice el
refrán.

Es cierto que la guerra es tan importante que no se les
debe a los generales pero eso no implica que el tema lo manejen
adolescentes
con ínfulas de Napoleón. Ese a mi juicio, ha sido un gran
error en la ejecución de la Política de
Seguridad Democrática.

En Colombia los fracasos más grandes se han dado
por malos manejos en las instituciones encargadas de operar
asuntos de alto impacto social, como el Ministerio de la Salud, el ISS, Telecom,
Cajanal, Caprecom, Colpuertos y otras más, que fueron
manejadas por aventureros con ínfulas de estadistas.
Pareciera que igual situación se estuviera presentando en
el sector de la seguridad y defensa. Debemos preguntarnos
entonces, ¿cuánto ha invertido el País
preparando su gente y dónde están las personas que
en todos los campos acumularon una gran experiencia? Sabemos de
muchos que están en otros países y que forman parte
de la diáspora que llega a los cinco millones
porque en su patria no encontraron oportunidades.

Seguramente el presidente Álvaro Uribe
Vélez tiene la mejor intención de cumplir lo que ha
prometido pero en materia de seguridad y defensa, ha
estado muy mal acompañado durante su gobierno, en
especial porque mientras él juega de sur a norte, algunos
integrantes de su equipo lo hace de norte a sur. De esta manera,
lo que con tanta dedicación y entrega se hace por unos
pocos, a costa de su propia vida (y vida no hay sino una) se
opaca por parte de otros que hoy tienen al País en el ojo
del huracán por sus malos comportamientos y por su
desconocimiento del tema que manejan. Las caravanas en vacaciones
y puentes no significan que exista la seguridad requerida para
que los colombianos puedan vivir en paz. Alguna vez los militares
y policías deberán dormir en sus casas y entonces,
¿quién cuidará las carreteras en Colombia?
Esto no desvirtúa los logros alcanzados pero los
colombianos no se sienten protegidos completamente.

Y entonces, ¿todo está perdido?
Seguramente no. Los golpes y reveses deben servirnos para
recapacitar y aceptar los propios errores; la autocrítica
como medio eficaz de solución de problemas es
una buena ayuda cuando existe la intención de acertar.
Organizar un batallón con estos niñitos que hoy
planean la guerra desde el escritorio y posan para la prensa con
uniforme camuflado cuando los llevan de paseo a las unidades
militares y luego llevarlos al campo de combate en La Julia, La
Victoria, Barbacoas, La Cruz, Los Alisales, Orito y otros sitios
críticos en Colombia, me parecería apenas justo y
equitativo. ¿Por qué los muertos en este conflicto
tienen que ser de los estratos más bajos de la
población?

Una de las exigencias de la Política de
Seguridad Democrática debería ser la
prestación del servicio militar por parte de todos los
colombianos y colombianas, como lo dice la ley. Sólo
así sabremos qué es eso de la guerra!

Cuando la Política de Seguridad
Democrática se asuma con seriedad por todos los
organismos estatales encargados de ejecutarla y no sólo
por algunos, será posible disfrutar por parte de los
colombianos de todos sus derechos ciudadanos. Cuando se terminen
las repúblicas independientes al interior del Gobierno, la
eficiencia y
la eficacia
alcanzarán niveles de normalidad para mejorar las
condiciones mínimas para vivir en armonía; esto sin
desvincular del problema las soluciones de
tipo socioeconómico que deben acompañar el proceso que
desemboque en una verdadera paz.

José Luis Cadena Montenegro

Catedrático universitario, Geógrafo y
Politólogo, Profesional en Ciencias
Militares. Magíster en Ciencia Política,
Magíster en Planeación
Socioeconómica, Magíster en Geografía y
Ordenamiento Territorial, Doctor en Geografía,
especialidad en geopolítica, Universidad Nacional
Autónoma de México.

Escrito en mayo 2006.